Entre Ríos: El zar del juego expande su grupo mediático para el proceso que viene

El dueño de Canal 9 Litoral compró diarios. Sería una primera etapa de expansión del empresario mediático y binguero. Las relaciones políticas

Por: Federico Malvasio @fedemalva

Jorge Aníbal Pérez, dueño de Canal 9 Litoral, expande su proyecto mediático en Entre Ríos. Seguramente para el proceso político que viene. Incierto esta vez, sobre la continuidad o no del peronismo.

El empresario dio a conocer este domingo en el portal Ahora, subsidiario del canal, la adquisición de los diarios El Heraldo de Concordia y El Día de Gualeguaychú.

En un juego de palabras, la presentación expresa: “Decimos que en Entre Ríos ahora es Ahora, porque este fin de semana dan sus primeros pasos Ahora El Día de Gualeguaychú y Ahora El Heraldo, de Concordia, conformando así el grupo de medios provincial más grande de Entre Ríos con presencia real y concreta en dos de las principales ciudades de la provincia, además de la ciudad capital”. En el caso del matutino gualeguaychuense se suma la Radio Cero.

El grupo mediático saluda a “un equipo profesional de máximo nivel, con producción integral de primera línea, compuesto por los profesionales más destacados en la zona de influencia” y resalta que lo que “se genera en Entre Ríos abona y marca el camino de un trabajo en equipo con otras unidades de la compañía, que cuenta con estudios y medios en Capital Federal y Mar del Plata”.

El rumor sobre lo que se anunció oficialmente este domingo circuló durante la semana en el ámbito de la comunicación. A Página Política llegó la información con otros elementos, además de los presentados por el mismo grupo. Pérez pretende meter una pata en los diarios de Paraná y desplegar una plataforma de radios en el interior de la provincia. En esta capital se produciría contenido que se retrasmitiría en las frecuencias que se adquieran en ciudades cabeceras. Eso es, por ahora, una idea.

Juegos de amigos

Jorge Pérez es un hombre de importantes vínculos al juego de azar, lo que indefectiblemente lo asocia a los gobiernos de turno,  de quienes dependen las autorizaciones para operar salas de juego.

Al empresario, que controla NeoGame y explota casinos y salas, se lo asoció a la política en la esfera pública en 2015 cuando su nombre quedó pegado al del entonces gobernador Sergio Urribarri en una causa judicial en la que se investigó un supuesto pago de dádivas a partir de una tarjeta azul de un auto Audi A1 que el zar del juego le extendió al mandatario.

La denuncia la hizo el ahora innombrable abogado para el “progresismo” vernáculo, Rubén Pagliotto.

El 24 de junio de 2015 Urribarri participó de un cocktail que tuvo lugar en el Hotel Howard Johnson de Paraná en el lanzamiento de una  nueva programación de Ahora. El entonces gobernador fue acompañado por los intendentes Gustavo Bordet y Blanca Osuna.

El año pasado se puso al aire, todos los domingos, un bingo televisivo que consiste en comprar los cartones en las agencias oficiales y luego jugar viendo la tele.

Pérez fue uno de los principales beneficiarios de la pauta oficial durante el gobierno de Cristina Kirchner, según informes que se publicaron oportunamente.

En la mente del empresario está la idea que el próximo gobernador será Rogelio Frigerio. En el oscuro camino del rumor aseguran que al diputado nacional de Juntos por el Cambio le mostraron el proyecto mediático para conseguir, también, una vía de financiamiento a cuenta. Este sitio consultó en el campamento de Frigerio y la respuesta fue que no hay nada de eso.

Fuente: Página Política

Periodistas de la Agencia France Presse percibirán derechos de autor en las redes sociales

Por: Rafael Jiménez Claudín
Todos los periodistas que trabajen para la Agence France Presse (AFP) recibirán una cantidad mínima anual de 275 euros brutos, equivalente al importe de la compensación por derechos conexos recaudado por AFP, informa la FIP

Las Federaciones Europea e Internacional de Periodistas (FIP y EFJ) valoran este acuerdo que marca una nueva etapa en la remuneración de los periodistas por el uso de sus contenidos en las plataformas digitales.

Tras el acuerdo formal entre AFP y los sindicatos de periodistas SNJ, SNJ-CGT y FO, afiliados FIJ/EFJ, todos los periodistas de la red AFP recibirán una cantidad mínima anual de 275 euros brutos, equivalente al pago del importe de los vecinos derechos recaudados por AFP.

La directiva de la Unión Europea de 2019 sobre derechos de autor y derechos afines en el mercado digital, incorporada a la legislación francesa, obliga a las plataformas a negociar con los editores y las agencias de noticias el contenido que reproducen a cambio de una remuneración. Esta remuneración se debe a la explotación por parte de las plataformas de los derechos conexos de editores y agencias sobre el contenido. La directiva estipula que parte de esta remuneración debe ser devuelta a los periodistas.

El acuerdo tiene una duración determinada y finalizará el 31 de diciembre de 2024, cuando los sindicatos confían en renegociar al alza este convenio.

El acuerdo, firmado el 27 de abril 2022 entre los sindicatos y la dirección de AFP, es una continuación del acuerdo de licencia firmado en noviembre de 2021 entre la Agencia y Google para reconocer "derechos relacionados con los derechos de autor" y remunerar el contenido captado por la plataforma.

Tras la firma de este acuerdo entre las dos empresas, la ley francesa impuso negociaciones entre AFP y los sindicatos para determinar la "parte adecuada y justa" a pagar a los autores, es decir, a los periodistas. El acuerdo viene a cerrar el final de las discusiones y es el primero de este tipo en Francia.

El convenio también incluye un compromiso unilateral por parte de la dirección de aplicarlo a todos los periodistas de AFP, independientemente de su área geográfica de trabajo y de su estatus, incluso en países donde la legislación nacional no reconoce la existencia de derechos conexos.

El Secretario General de la FIP, Anthony Bellanger, ha felicitado a los sindicatos franceses por este acuerdo que marca un primer paso para compartir la remuneración de los derechos conexos con los periodistas: "Es un reconocimiento de su condición de autores que hará posible, en cierta medida, para reequilibrar la distribución de la riqueza entre los periodistas de la Agencia".
Fuente: Periodistas.Es

Un país que no tiene medios públicos fuertes esta resignando su soberanía comunicacional

El pasado viernes al mediodía, asumió la nueva Comisión Directiva del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (CiSPren) (2022/2025), encabezada por María Ana Mandakovic y Miguel Apontes. En el acto se expresó la necesidad de seguir luchando por un gremio fortalecido para un país más justo, igualitario y equitativo.

En el inicio de la jornada, las autoridades de la Junta Electoral, José Ángel Villalba y Hugo Caric leyeron el Acta Nº 13 del comicio y nombraron a las nuevas autoridades para el período 2022/2025.

En el acto dirigieron la palabra el secretario Adjunto, Miguel Apontes, y la secretaria General, María Ana Mandakovic. En un primer momento, habló el secretario Adjunto, quien sostuvo que luego de cuatro años de gestión se ordenó la administración del sindicato y hoy existen numerosos proyectos próximos a concretar. "Tenemos desafíos importantes en un momento muy particular que vivimos. La situación de una Argentina con 18 millones de pobres y con un fuerte avance de la derecha, nos afecta a las y los trabajadores de prensa, con todo lo que significa la pérdida del poder adquisitivo del salario y también el de las y los compañeros de la autogestión que apenas subsisten".

Por su parte, la secretaria general reelecta María Ana Mandakovic (foto) destacó haber alcanzado los objetivos propuestos en el período anterior y contextualizó que la gestión pasada si bien fue en el marco de dos años de macrismo y dos de pandemia, "no se dejó de tener iniciativa política, pudimos seguir adelante y fortalecer la organización sindical. Más allá de que asumió un gobierno nacional y popular en el que todavía no vemos que los trabajadores y trabajadoras de prensa de este país podamos salir a disputar la renta. Por eso pensamos que hay que seguir trabajando el sindicato para estar aún más fuertes".

También Mandakovic se refirió a las fuertes dificultades de discutir lo que queremos hoy, debido a que los medios hegemónicos siguen marcando la agenda y lo que tenemos que hacer. "Nosotros los trabajadores tenemos que dar esa batalla y generar esa disputa puesto que los únicos que se benefician son los mismos de siempre". Y agregó que, "Hay una falta de políticas de comunicación que no son ingenuas. Hace falta fortalecer los medios públicos. Un país que no tiene medios públicos fuertes esta resignando su soberanía comunicacional."

En su alocución, se refirió además al sector autogestionado. "Esos medios existen, generan trabajo genuino y tenemos que pensar cómo hacer para lograr su sostenibilidad y sustentabilidad". En este sentido, destacó la implementación del Retrapren como herramienta para poder trabajar y circular por la provincia y otorgarle identidad a las y los compañeros autogestionados. Por otra parte, también señaló como un logro de la gestión anterior la incorporación y construcción del Cispren en Fatpren.

Tenemos que darle visibilidad no sólo a los medios privados, sino también a los autogsetivos."Nos costó mucho conseguir una Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, entonces no tenemos que resignarnos y es necesario fortalecer el sector autogestivo. De ellos también dependemos poder asegurar una soberanía comunicacional".

Ya en vista a la nueva etapa, agradeció a quienes se sumaron por primera vez a esta experiencia. "Cuando decíamos que íbamos a dar vuelta este sindicato era en serio. Llevamos adelante una iniciativa que se basa en cuatro puntos: se armó una Comisión Directiva con equidad. Equidad en tanto nuevas generaciones, igualdad de género – sumamos 14 compañeras y disidencias-, equidad de compañeros en territorio, y fortalecimiento de las y los compañeros que vienen del sector cooperativo".

La dirigente bregó por seguir defendiendo a la comunicación como un derecho humano y un Cispren fuerte para un país más justo igualitario y equitativo.

Entre las autoridades presentes estuvo el Director de Radio Nacional Córdoba, Luis Zanetti, el abogado laboralista César Arese, y Jimena Massa, Coordinadora del Programa de Género de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la FCC.

En la jornada participaron las y los dirigentes de diferentes seccionales y delegaciones de la provincia y también estuvieron presente y acercaron su saludo referentes de: Carla Gaudenssi y Agustin Lecchi (SiPreBA), Liliana Oviedo (Sindicato de Prensa de San Juan), Fernando Díaz (Sindicato de Prensa de Salta); Oscar Gigena (Secretario General de Asociación de Prensa de Tucumán), Nelson Namuncurá (Sec. General de Prensa de Viedma), Mónica Baeza (Comodoro Rivadavia) Danilo Belloni (Sec. Gral Bahía Blanca): Laura López Silva (SiPreBo, La Plata), Milton Fernandez (La Pampa), Rocío Daval (Esquel), Atilio Ramírez ( Sindicato de Prensa de Corrientes), Belén Cortina (Tandil) Silvina Riol (Sindicato de Prensa de Entre Ríos), Ricardo Domínguez ( Sindicato de Prensa de Formosa), Flavio Domínguez y Romina Vega (Sindicato de Prensa de Neuquén), Edgardo Carmona (Sindicato de Prensa de Rosario), Pablo Giménez, Alejandro Britos, Cintia Mignone y Ale Benito (Asociación de Prensa de Santa Fe).

Aprovechando la presencia de representantes gremiales de diferentes puntos del territorio nacional, luego se reunieron para debatir la situación de la prensa y del país.
Fuente: cispren.org.ar

El Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia realizó su primera reunión tras su recuperación

Autoridades del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) participaron de la Primera Plenaria Presencial del Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia (ConACAI), luego de la recuperación y actualización del espacio hace dos años.

El encuentro, realizado en el auditorio del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER), tuvo como eje la puesta en valor del rol fundamental de las niñeces y adolescencias, haciendo foco en la importancia que tiene la promoción y ampliación de derechos desde una perspectiva plural, multidisciplinaria y, por sobre todo, federal. En este sentido, la función del ConACAI es asesorar en el diseño de políticas públicas en materia de comunicación e infancias con la mirada puesta en los derechos humanos. El Consejo funciona bajo la órbita de la Subdirección de Fiscalización y Control de la Dirección Nacional de Servicios Audiovisuales de ENaCom.

Durante la reunión estuvieron presentes Gustavo López, vicepresidente de ENaCom; María Florencia Pacheco y Alejandro Gigena, directores del Ente; María Sucarrat, subdirectora de Medios Comunitarios y Pluralidad de Voces; Martín Klimberg, director nacional de Servicios Audiovisuales; Cielo Salviolo, secretaria ejecutiva del ConACAI, y Mónica Beltrán, directora de Comunicación de la Defensoría del Público. La actividad fue coordinada por Claudio Bravo, subdirector de Fiscalización y Control de ENaCom, y Dolores Espeja, coordinadora del ConACAI.

Al respecto de este primer encuentro presencial, el vicepresidente de ENaCom, Gustavo López, sostuvo: "El ConACAI es un instituto que nació hace once años, a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y hace dos años que asumimos la gestión y retomó la fuerza original que tenía que tener. No solo pensamos en acciones de prevención o reparatorias, sino también en acciones positivas". En relación con esto último, comentó las distintas iniciativas que se vienen planificando desde el espacio con la finalidad de realizar acciones de capacitación, sensibilización y visibilización de los problemas de las infancias en los medios de comunicación. "Se ha propuesto la creación de los premios ConACAI; de un festival audiovisual que atienda a las audiencias infantiles; también, la producción e impresión de materiales gráficos; capacitaciones en todo el país para productores, canales y realizadores, para que tengan una mirada especial de protección hacia las infancias, y estamos pensando en organizar el primer encuentro nacional de las infancias por el derecho a la comunicación, junto con conversatorios y la creación del archivo audiovisual del ConACAI. Esta es una institución que ha venido para quedarse y desde ENaCom vamos a seguir trabajando para una comunicación no solo democrática y plural, sino fundamentalmente de calidad y que cuide a las audiencias infantiles", afirmó López.

Por su parte, la directora de ENaCom María Florencia Pacheco expresó: "La voz principal es la de las niñeces y adolescencias como protagonistas. Su participación activa en todo el trabajo que realizamos es vital y es un derecho fundamental que no podemos dejar de lado, ya que se trata del derecho a ser oídos. Nuestros esfuerzos no deben perder de vista este punto de partida". Además, agregó: "Los medios de comunicación y las nuevas tecnologías son espacios que las niñeces y adolescencias habitan. Por eso, desde ENaCom trabajamos para que sean espacios seguros y cercanos a sus realidades".

Asimismo, el director de ENaCom Alejandro Gigena aseguró: "Es vital resaltar la trascendencia de la representación federal en el ConACAI, siempre que permita que los debates y propuestas que surjan en relación con la comunicación audiovisual –y cuando involucra y refiere a las niñas, niños y adolescentes– sean proyectados a partir de las distintas perspectivas, realidades y diversidades sociales, culturales, entre otras. Y que se observen y adviertan en las diferentes regiones y provincias de la Argentina".

Finalmente, la coordinadora del ConACAI, Dolores Espeja, declaró: "Fue un encuentro emocionante, porque es la primera vez que nos reunimos de manera presencial desde la reinauguración del espacio en el 2020 y esto nos permitió recuperar los modos de interacción propios de los tiempos prepandémicos. Contamos con el acompañamiento de las autoridades de ENaCom, con quienes pudimos compartir experiencias y preocupaciones, con consejeros y consejeras de todo el país, comprometidos con la promoción y protección de los derechos de las infancias en los medios audiovisuales de sus respectivos territorios".

El ConACAI tiene como objetivo proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes en su vinculación con los medios audiovisuales, estimular la apropiación crítica del audiovisual y las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y promover la producción de contenidos de calidad en los servicios de comunicación audiovisual dirigidos a las audiencias infantiles y juveniles.

En esta línea, es prioridad para ENaCom la protección y promoción de los derechos de las infancias en materia comunicacional, así como el asesoramiento y la capacitación de los medios de comunicación en los lenguajes, temáticas y formas de abordar los contenidos desde una perspectiva de derechos humanos en las niñeces y adolescencias, propiciando además una comunicación accesible, democrática, equitativa y federal.

Fuente: ENaCom

Libertad de expresión en Argentina: fortalezas de la democracia y deudas persistentes

La organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) publicó esta semana un informe mundial en el que se enumeran los puntos positivos y las debilidades que afectan al ejercicio del periodismo y la comunicación en Argentina

Por: Emmanuel Colombi y Sebastin Lacunza
La Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, elaborada por la organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) y difundida este 3 de mayo, da cuenta de fortalezas que los argentinos han podido construir a lo largo de cuatro décadas de democracia, pero también expone deficiencias que se tornan estructurales.

Dos aspectos centrales de la libertad de expresión en la Argentina remiten a logros colectivos, de acuerdo a la clasificación de RSF realizada sobre la base de encuestas exhaustivas a periodistas, sociólogos, abogados y académicos, entre otros referentes.

Por un lado, su Constitución y su legislación garantizan la libertad de expresión de acuerdo a altos estándares internacionales. Los denominados delitos de opinión, como calumnias, injurias y desacato, fueron eliminados del código penal hace años. La preservación de las fuentes y el secreto profesional están ampliamente protegidos por la ley, la censura directa no está contemplada y tampoco tienen lugar exigencias administrativas abusivas para el ejercicio profesional.

Como es sabido, la letra de la ley no es suficiente a la hora de garantizar derechos. Aquí entra en juego el segundo aspecto que permite a la Argentina ubicarse en una posición de relativa solidez en el contexto internacional: el alto valor que tiene la libertad de expresión entre sus ciudadanos. En forma creciente desde 1983, la sociedad, los periodistas, en particular, y la dirigencia democrática, en general, han demostrado capacidad de reacción ante ataques graves a la libertad de expresión.

En este punto, cabe hacer una aclaración. Los derechos a la información y a la libertad de expresión enfrentan acechanzas en la Argentina, pero no hay homicidios de periodistasen lo que va del siglo, los ataques físicos graves son esporádicos, la censura se ve forzada a buscar mecanismos sutiles y no se registran encarcelamientos a causa del ejercicio profesional. Ésta, lamentablemente, no es la realidad en muchos países ni la tendencia en América Latina, de allí que Argentina se ubique entre los de mejor clasificación de la región (29 entre 180 países analizados).

Con esta salvedad, mencionaremos preocupaciones que nuestra organización hizo públicas en los últimos años. Muchas de ellas están relacionadas a la falta de sustento económico y voluntad política de fomentar la diversidad.

En 2019, RSF elaboró un exhaustivo informe que dio cuenta de una concentración de la propiedad de los medios inaceptablepara la pluralidad informativa. El trabajo expuso que los medios de comunicación están en pocas manos y tienen intereses cruzados con negocios lucrativos en las áreas de las telecomunicaciones, la obra y los servicios públicos y la medicina privada, entre otros. A veces, la opacidad impide conocer quiénes son los verdaderos propietarios y el Estado actúa con negligente complicidad.

La concentración tiene un territorio: el área de Buenos Aires prevalece mucho más allá de lo debido sobre el resto del país a la hora de la producción y tematización de la información.

La publicidad oficial y privada suele ejercer una presión contraria a la libertad de expresión. Gobiernos de todos los signos y niveles jurisdiccionales disponen de presupuestos voluminosos que reparten con criterio arbitrario, confundiendo publicidad oficial con los legítimos subsidios que puede utilizar un Estado para garantizar la diversidad. Los estamentos privados también caen en la práctica de premios y castigos para orientar opiniones y procurar silencios.

La precariedad laboral y económica torna débil al ejercicio periodístico. En las provincias más necesitadas, suele haber una nítida colusión de intereses de las autoridades políticas y las elites empresariales. No es casual que los hechos de violencia —incluidos los abusos policiales y los ataques parapoliciales— y las represalias laborales contra periodistas sean más frecuentes y más graves en las provincias y ciudades con mayor pobreza.

Los poderes fácticos suelen encontrar eco en los tribunales para acallar periodistas por vía de la represalia económica. A falta de herramientas penales, optan por demandas civiles que penden como una amenaza extorsiva. RSF ha alertado sobre interpretaciones absurdas y abusivas del derecho por parte de jueces permeables.

Hace años que la confrontación política argentina deriva en un debate crispado y poco constructivo, y los medios no sólo no son ajenos, sino que contribuyen a esa cacofonía. Como una consecuencia potenciada por las redes sociales, la discusión se particulariza sobre la figura de periodistas que no siempre tienen la libertad, ni la capacidad económica, ni el sosiego para defenderse de ofensas y hacer su trabajo en condiciones aceptables.

Los medios públicos y comunitarios pueden ser baluartes de la ampliación de horizontes en un marco de pluralidad, no como subsidiarios de lo que los privados no hacen, sino como protagonistas del ecosistema informativo. Para cumplir esa función, resulta indispensable que el Estado implemente formas de gobierno de los medios públicos que trasciendan el color partidario de la Casa Rosada y que eleve la vara de la calidad de los procedimientos informativos. Lo mismo cabe para las provincias y los municipios. La ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sancionada en 2009 establece lineamientos al respecto. Hace falta el compromiso de todas las fuerzas políticas para cumplirlos y tornarlos permanentes.

Grandes actores de Internet han censurado contenidos y emisores amparados en el secretismo de sus decisiones. El Estado no debe descansar en la decisión de esos gigantes de la red para enmarcar el debate público, sino que debe ser articulador de regulaciones transparentes y democráticas.

Un aspecto problemático es que algunas de las limitaciones a la libertad de prensa señaladas transcurren entre gobiernos de distinto signo, que expresan cosmovisiones diferentes. A veces, los objetivos y los intereses conspiran contra la prensa libre; y otras, falla la praxis. El resultado puede ser similar.

Apoyada en fortalezas cruciales que el pueblo argentino supo conseguir tras el fin de la dictadura, la dirigencia tiene la posibilidad de avanzar más decididamente en el camino del derecho a la información.

Fuente: Agencia TelAm

Nuestras fotos en Facebook no son públicas

La Cámara Civil confirmó una condena por daños y perjuicios contra una redactora y la editora de un blog periodístico por la utilización de una fotografía extraída de las redes sociales. Se trató de imágenes de un evento que ilustraban una nota sobre el "mundo careta". El fallo resaltó que la publicación de la foto "no equivale a autorizar su divulgación"

La Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó una sentencia que responsabilizó a un portal de noticias por la utilización de una fotografía extraída de las redes sociales, sin autorización ni consentimiento, en las cuales se ilustraba con la imagen del accionante una nota en la que se cuestionaba "el accionar de personas que se exponen en las redes sociales

exponiendo una vida que no es la real, de forma ficticia y poco honesta"

El actor en los autos "O., P. c/ O., M. J. y Otro s/ daños y perjuicios", se sintió afectado por el artículo, en el que se publicaron una serie de fotografías sucesivas y rotativas del él mismo participando en un evento y que fuera publicado en el portal periodístico. El actor demandó a la periodista y a la editora.

Esta última manifestó, por su parte, que las imágenes cuestionadas eran de "fácil y libre acceso, por la configuración de privacidad con las que fueron publicadas" en las redes por el accionante y que fueron tomadas del buscador Google con una consigna que responde al tópico de la nota, esto es, "felicidad, piletas, tragos".

Concluyó que "mal puede pretender que se le requiera su consentimiento, cuando su publicación ya fue consentida previamente y subida a las redes sociales de público acceso".

En los autos la sentencia de primera instancia hizo parcialmente a la demanda por considerar que "la conducta desarrollada por la demandada importó la lesión al derecho a la imagen del actor, pues utilizó las fotografías del actor, sin que nada permita concluir que se configura alguna de las excepciones a las que alude el art. 31 de la ley 11.723.". Esta decisión fue confirmada por la Alzada.

Para los camaristas Claudio Ramos Feijoo, Lorena Maggio y Roberto Parrilli el actor "en ningún momento consintió la difusión de su imagen" y que la circunstancia de que haya hecho uso de su imagen en su perfil de la red social Facebook o que la misma hubiera sido obtenida de Google "de ningún modo habilita a un tercero para que haga uso de ellas sin autorización del titular del derecho personalísimo".

Los vocales advirtieron que la publicación "no responde a un interés público sino a un interés personal independientemente de su motivación", y que "prestar conformidad para fotografiarse en un evento privado y publicar dicha imagen en el perfil de una red social (más allá de la privacidad que se le quiera otorgar a esa publicación), no equivale a autorizar su divulgación por parte de un tercero en un blog personal".

"(…) lo anterior no importa un bill de indemnidad para que la emplazada pueda incurrir en un accionar que importe vulnerar dicho derecho personalísimo respecto del actor. Puede ocurrir que el accionante haya o no prestado su consentimiento para la inclusión de su imagen en estos sitios, lo que no quita ni justifica que la accionada pueda hacer uso libre de la misma sin su autorización", añadieron.

Los vocales advirtieron que la publicación "no responde a un interés público sino a un interés personal independientemente de su motivación", y que "prestar conformidad para fotografiarse en un evento privado y publicar dicha imagen en el perfil de una red social (más allá de la privacidad que se le quiera otorgar a esa publicación), no equivale a autorizar su divulgación por parte de un tercero en un blog personal".
Fuente: Diario Judicial

Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual: Qué sigue vigente y qué no

Por Luis Lázzaro*
Marco introductorio de Néstor Piccone: "Desde el año 2003/2004 hasta el 2009 fueron más de mil charlas/asambleas/encuentros/ debates en clubes, sociedades de fomentos, iglesias, bares, sindicatos con Plenarios de Delegados, con las Fuerzas Armadas 500 integrantes de las tres fuerzas, Congresos de bomberos voluntarios. Sobre el final se hicieron 15 audiencias públicas. oficiales. Fueron regionales y una en el senado y otra en diputados con más de 100 exposiciones, cada una".

A poco de asumir, el gobierno de Mauricio Macri dictó el Decreto 267/2015 mediante el cual disuelve los organismos legalmente creados mediante las leyes 26.522 Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y 27.078 Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC), incluyendo la liquidación de organismos de representación parlamentaria, federal y multisectorial, dado que los directorios de los organismos disueltos integraban a tres (3) representantes parlamentarios y dos (2) representantes del Consejo Federal, de los cuales uno (1) representaba al a comunidad académica. Lejos de ser una mera reforma administrativa, la (des)regulación avanzó sobre la estructura de propiedad del sector para convalidar e incrementar la concentración, al tiempo que sometió todas las reglas a principios mercantilistas en materia de comunicación. A fin de facilitar la comprensión del proceso de re-regulación operado desde el cambio gubernamental en 2015 dividimos el proceso en 4 pasos que permitirán analizar con mayor claridad el escenario:

Paso 1 Captura del organismo regulatorio por el ejecutivo
En los primeros días del 2016 el gobierno de Mauricio Macri publicó el Decreto 267/2015 mediante el cual disuelve los organismos legalmente creados a través de las leyes 26.522 (AFSCA) y 27.078 (AFTIC), incluyendo la liquidación de organismos de representación parlamentaria, federal y multisectorial, dado que los directorios de los organismos disueltos integraban a tres (3) representantes parlamentarios y dos (2) representantes del Consejo Federal , de los cuales uno (1) representaba al a comunidad académica.

Cuadro comparativo Decreto 267/2015 vs 26.522 + 27.078 Paso

2 Los servicios audiovisuales se convierten en datos TIC
Asimismo, el Decreto 267/2015 realizó una operación quirúrgica sobre la regulación de los servicios audiovisuales por abonados (sistema mayoritario de acceso a la televisión en la Argentina) sacándolo de los alcances de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para asimilarlos al sector de las telecomunicaciones. Los bienes informativos y culturales se convierten así en intercambio de datos por las redes electrónicas, siendo despojados de la tutela como bienes sociales. Como se aprecia en el cuadro de más abajo, tal modificación liquida, además, las regulaciones de concentración y propiedad cruzada así como los topes de mercado, que impedían el control monopólico del sector. También deja la puerta abierta para la extranjerización sin límites de la televisión paga, ya que lo asimila con un mero sistema de transmisión de datos de telecomunicaciones. Tales regulaciones habían sido declaradas constitucionales y en línea con los estándares regulatorios internacionales por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2013 en el caso Clarín. Al mismo tiempo, el Decreto dispuso un período de protección de dos (2) años para que Clarín consolide sus posiciones en el sector antes de abrir la competencia con las empresas telefónicas (Telefónica, Telecom, Claro, etc.). En síntesis, bloqueó el ingreso de las Telcos al mercado audiovisual (ya resuelto en 2014 con Argentina Digital pero respetando los topes de concentración) y abrió las puertas para el ingreso de Clarín a Nextel primero y Telecom después.

Paso 3: Traje a medida para los negocios en el mercado audiovisual
Por otro lado, el Decreto 267 estableció un sistema de renovación indefinida de las licencias y retoma el criterio de los 90 de permitir la compra y venta de licencias sin autorización previa, asimilando la prestación de servicios culturales e informativos con la comercialización de lavarropas o bienes de uso. También eliminó el requisito de las audiencias públicas previas que había instalado la ley 26.522. Asimismo autorizó la colocación de bonos y obligaciones negociables en el mercado financiero hasta un 30%, lo que se había prohibido en el régimen anterior para garantizar la transparencia en la titularidad de las licencias de los prestadores audiovisuales, por el impacto social de su servicio. El Decreto desregula la propiedad de los medios (o los re-regula a favor de los poderosos) al liberar los topes de mercado y los límites a la cantidad de licencias en el caso de los servicios que no utilizan espectro radioeléctrico, al tiempo que sube las máximos permitidos en radio y televisión abierta tanto en el plano local como nacional.

Finalmente y para que se entienda el carácter “a medida” de este DNU se agrega un cuadro de la situación correspondiente a las empresas del sector audiovisual de Grupo Clarín según se lo mire con las leyes dictadas por el Congreso Nacional (que implicaba una adecuación empresarial en 6 unidades) o lo que resultó de la aplicación de este Decreto: permitir la concentración corporativa y autorizar una nueva fase de concentración vertical con Telecom.

Estructura previa a la fusión con Telecom

*En su propuesta de adecuación, el Grupo cuenta como 1 las licencias absorbidas en una misma ciudad aunque a veces se trata de 3 o más empresas (caso Mar del Plata) Temporariamente, el Decreto 267 no solo puso un cerco para impedir al ingreso de Telefónica (mas tarde también a Claro) al mercado de cable sino que mantuvo la restricción de que el prestador satelital sólo podar dar ese servicio. De esta manera se impedía a Telefónica o Claro competir contra Cablevisión mediante servicios satelitales de televisión al hogar.

Paso 4: Convergencia y concentración: fusión Clarin – Telecom

El Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) avaló el 21 de diciembre de 2017 la fusión entre Cablevisión S.A. y Telecom Argentina con el objetivo de constituir una nueva empresa para el servicio de cuádruple play, es decir una combinación de telecomunicaciones fijas y móviles, distribución de video e internet. Cablevisión Holding SA (luego Telecom S.A.) queda como entidad controlante de Telecom Argentina SA como sociedad continuadora de Cablevisión SA. El negocio asciende a unos 80 mil millones de pesos por año y una cartera que supera los 25 millones de clientes al sumar las cuatro líneas de operación. Cablevisión Holding controla el 42% del mercado de telefonía fija en el país, 34% de telefonía móvil, 56% de las conexiones a internet por banda ancha fija, 35% de la conectividad móvil (con posiciones monopólicas en muchas ciudades del centro y norte del país) y el 50% de la TV de pago (la Ley 26.522 sólo autorizaba hasta un 35%, igual que en EE.UU.) La falta de convocatoria y constitución del Consejo Federal de Comunicaciones (CoFeCo) también convierte en inaplicables varias de sus misiones y funciones, que siguen vigentes, a saber: fijar pautas y jurados para concursos, confeccionar el calendario de eventos de interés público (fútbol y otras disciplinas), presentar y requerir informes, etc. Su composición actual, luego de la reforma macrista es la siguiente: un (1) representante de cada una de las provincias y de la CABA, b. un (1) representante por los prestadores privados de carácter comercial que tengan su principal actividad en el ámbito de los servicios de radiodifusión, telecomunicaciones y digitalización; c. un (1) representante por los prestadores privados sin fines de lucro; d. un (1) representante por el Consejo Interuniversitario Nacional; e. un (1) representante por los medios públicos de todos los ámbitos y jurisdicciones; f. un (1) representante por entidades sindicales de los trabajadores de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; g. un (1) representante por los Pueblos Originarios reconocidos ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI); h. dos (2) representantes de las Asociaciones de Usuarios y Consumidores registradas con actuación en el ámbito de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y de los Medios de Comunicación Audiovisual. Decreto 690/2020 En el marco de la pandemia de COVID 19, y en un primer movimiento de sentido contrario a la lógica impuesta por el macrismo en el sector, el presidente Alberto Fernández dictó en agosto de 2020 el Decreto 690 que considera a Internet y el acceso a las comunicaciones como parte del ejercicio de un derecho humano. Las buenas intenciones del Decreto han quedado en la práctica sin efectos concretos gracias a la complicidad judicial con las grandes empresas.

1 Como se sabe, las Resoluciones de ENaCom en materia de aumentos tarifarios fueron apeladas por las empresas y rechazadas por la justicia. En consecuencia tanto Telecom, como Telefónica, Claro o Telecentro aplican aumentos sin control con protección judicial

*Periodista, docente universitario de Derecho de la Comunicación. Mg. en Educación, Lenguajes y Medios

Fuente: Diario Mar de Ajó

El Grupo de Puebla clama por la dignidad y los derechos de Julian Assange frente a las autoridades británicas

El periodista Julian Assange, ciudadano australiano y fundador de WikiLeaks, es el protagonista de un extraordinario caso de persecución judicial y diplomática que afecta el derecho internacional en muchos sentidos.

Trabajando como periodista, Assange toma una decisión que le está costando la vida: decide exponer, respectando las reglas del periodismo, documentos confidenciales y diplomáticos de Estados Unidos que son revelaciones de bárbaros crímenes de guerra y de lesa humanidad.

El caso Assange es comprendido por juristas e intelectuales de todo el mundo como un ejemplo de extrema degradación político-jurídica en el que la excepción se convierte en regla y en el que el derecho internacional se deja dominar por el sentido extraterritorial estadunidense de guerra preventiva contra enemigos, creando reglas ad hoc para alcanzar determinados fines.

Está en juego no solamente la atención a los derechos personales y de integridad física, sino también la libertad de expresión, el ejercicio profesional del periodismo, el derecho a la información, la protección de las fuentes, y el derecho a ser tratado como un ser humano digno dondequiera que esté, especialmente en el estado actual de encarcelamiento de máxima seguridad bajo la custodia del sistema penitenciario británico.

Como si no fuera suficiente, pesa sobre Julián Assange la inminente posibilidad de extradición a Estados Unidos, en flagrante violación a los principios e reglas del derecho internacional humanitario.

Por estas razones, las y los integrantes del Grupo de Puebla reaccionan frente a la escandalosa persecución, y apelan al Gobierno de Reino Unido, en particular a la Ministra del Interior, Sra. Priti Patel, que haga prevalecer los principios fundamentales de derecho y de justicia y no permita la extradición de Julian Assange, también para que este caso no se convierta definitivamente en un ejemplo de grave injusticia internacional.

Dilma Rousseff, Ernesto Samper, Fernando Lugo, Ricardo Patiño, Iván Cepeda, Aloizio Mercadante, Aída García Naranjo, Carol Proner, Andrés Arauz, Marco Enríquez-Ominami, Mónica Xavier, Carlos Ominami, Daniel Martínez, Camilo Lagos, Gabriela Rivadeneira, Celso Amorim y Esperanza Martínez