Se presentó un nuevo proyecto que reemplaza la ley vigente de 1972 y que tiene en cuenta los actuales procesos de convergencia tecnológica. Los licenciatarios podrían brindar al mismo tiempo servicios de telefonía, Internet y cable incentivando la competencia y la calidad del servicio. "Argentina Digital", que declarará de interés público el desarrollo y regulación de las tecnologías de la información, las comunicaciones y sus recursos asociados, estableciendo y garantizando neutralidad en las redes
El Jefe de Gabiente, Jorge Capitanich; los ministros de Planificación Federal, Julio De Vido, y de Economía, Axel Kicillof, y el secretario de Comunicaciones, Norberto Berner, anunciaron en el microcine del Palacio de Hacienda que se enviará al congreso un proyecto de Ley que declarará de interés público el desarrollo y regulación de las tecnologías de la información.
El ministro De Vido destacó, al respecto, “el esfuerzo enorme que ha hecho el Gobierno nacional para llevar hasta el último rincón de la Argentina la fibra óptica”.
“Vamos a tener redes que le permitan a la gente acceder al mayor universo de información y comunicaciones posible dentro de lo que técnicamente los argentinos estamos en condiciones de ofrecer”, destacó el titular de Planificación, quien señaló que “su finalidad es posibilidad el acceso, para la totalidad de los habitantes de la República Argentina, a los servicios de la información y comunicaciones en condiciones geográficas y sociales equitativas, con los más altos parámetros de calidad”.
Mencionó como ejemplos de alcance a “la Televisión Digital Abierta, fibra óptica, el satélite (Arsat 1) que va a pisar todas y cada una de las regiones del país para llevar de manera neutral, amplia, universal y generosa la información”.
Durante una conferencia de prensa desde el Microcine del Palacio de Hacienda, el ministro aclaró: “Esta norma es de orden público y excluye de su objeto cualquier tipo de regulación de contenidos”. Se anticipó de esa manera a posibles “operaciones mediáticas o políticas” que pretendan hacer tras el anuncio del proyecto.
De Vido garantizó, en ese sentido, “la más plena y absoluta libertad” para “inyectar contenidos” a la red. Y resumió los primeros artículos del proyecto que llevará la firma de la primera mandataria:
- “Las disposiciones de esta ley tienen como finalidad garantizar el derecho humano a las telecomunicaciones, reconocer a las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) como un factor preponderante en la independencia tecnológica y productiva de la Nación”.
- “Promover el rol del Estado como planificador, incentivando la función social que dichas tecnologías poseen; como así también la competencia y generación de empleo mediante el establecimiento de pautas claras y transparentes que favorezcan el desarrollo sustentable del sector”.
- “Establecer, con claridad, la distinción entre los mercados de generación de contenidos y el de transporte de los mismos. De manera que la influencia en uno de esos mercados no mejore ni genere prácticas de distorsiones en el otro”.
Por su parte, el secretario de Comunicaciones, Norberto Berner, explicó que “la ley que se está modificando es de 1972 que, más allá del contexto político, yo tampoco había nacido pero tampoco internet, los teléfonos celulares y todo lo que conocemos hoy como telecomunicaciones era un sueño”.
A modo de ejemplo, relató qué abarcan los artículos de la ley. “Cada vez que cada uno de nosotros accede a internet esa empresa no pueda modificar los parámetros de acceso: si yo quiero entrar a la página A que pueda hacerlo con las mismas características, velocidad que a la página B, C o DW, dijo Berner y señaló que el objetivo es que "no puedan degradar el acceso".
"Estamos garantizando la libertad de expresión”, sostuvo para luego agregar que también se procurará “desagregar las redes” para “desmonopolizar” el sector de las telecomunicaciones.
Berner anunció, además, que en caso de ser aprobado el texto del proyecto “se va a eliminar la larga distancia en los servicios de telefonía” y resolverá “una enorme cantidad de vacíos legales que teníamos” en los servicios.
Por su parte, el ministro de Economía, Axel Kicillof, aseguró que el sector de las nuevas tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) ha tenido “un crecimiento significativo en la evolución de las ventas, y hoy representa un porcentaje importante de los gastos de la familia”.
Kicillof dijo que el Servicio de la comunicación es hoy un Derecho Humano porque “sin internet estamos descolados del mundo”. Señaló que se trata de “un derecho a la comunicación, a la participación política, social y cultural2.
El funcionario indicó que “cuando uno observa con el dinamismo que prospera en este sector” ve que “en todos los servicios de comunicación ha habido un viraje hacia todo lo que son los datos”. Destacó que “hoy a través de internet podemos hablar, podemos ver películas”.
“Cuando uno ve todos esos mercados, lo que encuentra es que para telefonía móvil hay tres compañías; para telefonía fija hay tres compañías; para banda ancha, hay tres compañías, y para cable, dos compañías”, informó el titular de la cartera de Hacienda e indicó que esta ley buscará desarticular esos oligopolios.
Kicillof indicó que “son cinco las compañías que se dividen el 88 por ciento de las ventas y tampoco es así en todo el mundo. Esto hace falta adecuarlo a la modernidad”.
El ministro explicó que “por un lado están las redes, el trasporte, el vehículo” y por otro los contenidos. “Lo que este proyecto de ley se propone es poner como servicio público esa infraestructura, regulando la velocidad y la tarifa para que se posibilite la inversión pero que a cada uno de nosotros nos llegue un solo cable”, señaló.
“Lo que llega dentro de ese cable es absolutamente libre. Esta ley no trabaja contenidos”, remarcó el funcionario y dijo que lo que “tenemos que garantizar es que todo el mundo tenga acceso”.
Por último, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, indicó que la redacción del proyecto de Ley fue un trabajo en equipo de las áreas de los ministros presentes y que finalmente revisó la Secretaría de Legal y Técnica. “El objetivo es lograr universalidad de acceso con calidad equivalente”, señaló.
“Este proyecto modificará la ley 19.798 de 1972 con más de 40 años de vigencia. Tenemos un país extenso geográficamente que cuenta con 40 millones de habitantes, y una enorme distribución geográfica poblacional. Por eso debe inexorablemente el Estado tener la capacidad regulatoria para estimular la igualdad de oportunidades”, dijo, y remarcó: “No hay ninguna posibilidad del acceso universal sin el Estado”.
Señaló que “las empresas buscan maximizar sus rentabilidad. Y si es así, es más rentable establecerse en el Área Metropolitana de Buenos Aires”. “Es allí -continuó- donde el Estado tiene que intervenir para garantizar la universalidad y la calidad homogénea del servicio”.
Capitanich explicó que “esta ley tiene un objetivo estratégico, que es construir una Argentina digital que permita la sustitución de la conectividad analógica”, y aseguró que se tratará de una “ampliación de derechos”.
Además señaló que la ley implica que este servicio estará bajo “jurisdicción federal en lo contencioso administrativo”, y que establecerá la “inviolabilidad de las comunicaciones”. “Esperemos que esto sea escuchado en el norte del mundo”, bromeó.
El proyectoEl proyecto declara de interés público el desarrollo y la regulación de las TICs y sus recursos asociados, estableciendo y garantizando la completa neutralidad de las redes. Asimismo, propone la inviolabilidad de las comunicaciones por correspondencia, ya sea de aquella que se efectúe por medio de TICs autorizadas, entre las que se incluyen los tradicionales correos postales, el correo electrónico o cualquier otro mecanismo que induzca al usuario a presumir la privacidad del mismo.
Además, establece la creación de una Licencia Única Nacional para servicios TIC, permitiendo que los actuales licenciatarios puedan brindar servicios de comunicación audiovisual y, a su vez, que los licenciatarios de servicios de comunicación audiovisual puedan brindar servicios TIC. De esta manera, los servicios de telefonía móvil y fija, internet y televisión ahora llegarán a los hogares a través de un solo acceso, permitiendo a cada usuario elegir el servicio y/o la empresa más conveniente a sus necesidades, utilizando la misma red.
Por otra parte, se establecerá una velocidad mínima obligatoria de transmisión de las redes que se actualizará cada dos años y garantizará un acceso de calidad y equitativo en todo el territorio nacional. Además, se creará el fondo del Servicio Universal para conectar las regiones en las que los licenciatarios no inviertan, y estará conformado por aportes obligatorios de los licenciatarios y administrado por el Estado nacional.
En tanto, habrá coordinación entre las autoridades nacionales, provinciales y municipales para lograr el despliegue de las redes de telecomunicaciones. Y la administración, gestión y control del espectro radioeléctrico y los recursos orbitales permanecerá en manos del Estado.
