Lanzaron la Asociación Federal de Editores de la República Argentina

La sala Capitular del Cabildo de Buenos Aires fue el lugar elegido para presentar la Asociación Federal de Editores de la República Argentina (AFERA), que aglutina en su corta existencia más de 35 diarios pequeños y medianos y webs del país. La nueva entidad fue presentada con una fuerte impronta Federal en su composición y plantea bregar por la pluralidad y transformarse en una herramienta para colaborar a solucionar la problemática de estas empresas y sus particularidades

"La libertad de expresión debe ir acompañada de las políticas de gobierno que debe sostener la pluralidad", manifestó el presidente de AFERA, Gustavo Isaack, durante la presentación de este ente.
"Pretendemos fomentar el debate de las políticas del sector, aunque esto pueda incomodar a algunos", afirmó Isaack pero aclaró "no pretendemos hacer ni oficialismo, ni oposición, ni venimos a competir ni separarnos ni dejar de pertenecer a asociaciones existentes, sino a fijar posiciones para enriquecer la discusión de los temas que nos preocupan y ocupan a diario ".
El acto se llevó a cabo ante un nutrido grupo de empresarios del sector, la presencia del Secretario de Medios de la Nación, Alfredo Scoccimarro, legisladores y miembros de la justicia.
En su discurso, planteó una serie de demandas como la falta de debate de los temas que aquejan a los medios del interior, la direccionalidad de la publicidad privada y la presión impositiva hacia los medios gráficos en general.
Entre los reclamos, cuestionó el desinterés de algunos legisladores por conocer la realidad de las pequeñas y medianas empresas gráficas durante el debate previo en el Congreso a la aprobación de la ley que declaró de interés público la producción de papel para diarios y que aún no está reglamentada. "Algunos legisladores no tuvieron siquiera la delicadeza de escucharnos, y tampoco se interesaron por las problemáticas de los medios pequeños de sus provincias", se quejó.
Además Isaack evaluó como una preocupación "la concentración de la publicidad privada masiva y continua en los medios más grandes, algunos de los cuales exigen exclusividad a costa de grandes descuentos". En ese sentido afirmó que se trata de una práctica de competencia desleal que debilita "así a los medios más pequeños que no pueden competir", argumentó.
Llamó a los diputados y senadores a tomar ese tema "como propio y a que busquen la alternativa que sin interferir en las decisiones de la empresas privadas puedan desarticular esa especie de dumping publicitario que perjudica y presiona a los medios más débiles".
Al finalizar su discurso en diálogo con la prensa titular de AFERA aseguró que la asociación no tiene en carpeta un proyecto de ley sobre publicidad pero que están dispuestos a sentarse de debatir todos los temas con autoridades nacionales, provinciales y municipales.
"Tampoco podemos dejar de mencionar nuestra preocupación por la presión impositiva sobre los diarios, que se plasmó en la gestión de Cavallo como ministro de economía", sostuvo y propuso a las autoridades conformar los grupos de trabajo para avocarse al tema "para así asegurar la pluralidad".
La agrupación la integran más de 35 diarios de todo el país entre ellos Ámbito Financiero, Diario Popular, Crónica, Buenos Aires Herald, BAE, El Argentino, El Comercial de Formosa, La Mañana de Neuquen, El Diario de Carlos Paz, El Diario de Madryn, El Independiente de La Rioja, Comercio y Justicia de Córdoba, El Ciudadano y la Gente de Rosario, el Diario de Chaco, El Sol de Mendoza, El Zonda de San Juan, Noticias de la Costa y Noticias de Viedma y Patagones entre otros.

Grupo UNO y PáginaI12
El presidente de AFERA, Gustavo Isaack, aclaró a Perfil.com que el Grupo UNO de Vila-Manzano "fue invitado como otras entidades, pero por ahora no forma parte, lo mismo PáginaI12". El director de Ambito Financiero sostuvo que "hubo una operación (N.de R.: se refería a Clarín) que se instaló para tildarnos de oficialistas, pero ¿acaso hay una asociación de editores opositora? No somos ni oficialistas ni opositores", insistió.
¿Se trata de una nueva asociación que confrontará con AdEPA? Un editor de un diario contestó a este portal: "Muchos diarios de AFERA ya pertenecen a AdEPA, como a otros asociaciones del interior que nadie escucha. En realidad, AFERA nace porque muchos editores del resto del país sienten que AdEPA no vela por sus intereses en la industria, acá el Gobierno no tuvo nada que ver".
Perfil.com intentó obtener alguna precisión de Sergio Szpolski sobre AFERA, pero el dueño de Newsweek y CN23 respondió: "Hablá con el presidente... Solo habla él, para eso lo elegimos".
Fuentes: Ámbito Financiero y Perfil.com

Triunfo de los trabajadores de Clarín: Reincorporaron a Ismael Bermúdez

El reconocido periodista de Clarín, Ismael Bermúdez, fue reincorporado hoy, jueves 8, a sus tareas habituales luego de que la patronal lo hubiera obligado a jubilarse pese a que él tenía la disposición y la capacidad como para seguir cumpliendo normalmente con su trabajo.
Tras esta arbitrariedad, los trabajadores de Clarín, en las condiciones difíciles que les supone no contar con una comisión interna ni libertad sindical por la política represiva de la patronal, se dieron a la tarea de juntar firmas para reclamarle al diario de los Noble/ Magnetto que diera marcha atrás con la decisión. Más de 120 firmas bajo el título "Ismael debería seguir trabajando entre nosotros" fueron presentadas a la patronal, mientras el petitorio seguía circulando y cosechaba más adhesiones.
Hoy, en medio de ruidosos aplausos, prácticamente una ovación, se produjo el reingreso del periodista a la Redacción, en lo que es sin dudas un prometedor triunfo de los trabajadores.
La Naranja de Prensa

Trabajadores de PáginaI12: Los grandes diarios, unidos para frustrar la paritaria

Los trabajadores de PáginaI12 repudiamos la actitud de la cámara que reúne a los diarios más influyentes del país, que con Clarín y La Nación a la cabeza dilata desde hace nueve meses la negociación paritaria, y en particular la del representante de PáginaI12, que no reconoce la finalización del acuerdo de 2011 para evitar asumir su responsabilidad de negociar un adelanto que impida la depreciación de nuestros salarios.
La paritaria de los diarios de la ciudad de Buenos Aires comenzó en junio de 2011 con el planteo de quince puntos que incluyen un básico de 5.800 pesos para la categoría de aspirante, una colaboración mínima equivalente al diez por ciento del sueldo básico de redacción, la incorporación de los trabajadores de sitios web al régimen de prensa y mejoras en los adicionales por antigüedad y guardería.
La respuesta de los representantes de la Asociación de Editores de Diarios de Buenos Aires (AEDBA), que conducen La Nación y Clarín e incluye a Perfil, Ámbito Financiero, El Cronista Comercial, La Razón y PáginaI12, osciló entre promesas de estudiar los reclamos, excusas para justificar la falta de respuestas, contrapropuestas míseras para ganar tiempo e inclusive intentos de avanzar sobre conquistas como el Estatuto del Periodista Profesional o el Convenio Colectivo de 1975.
En diciembre, ante la finalización de los acuerdos de 2011, la delegación paritaria incorporó a los reclamos distintas propuestas de adelantos salariales hasta la firma de la recomposición de 2012, que por primera vez se dará en el marco de una negociación colectiva. La respuesta de la patronal fue el rechazo de plano, sin ofrecer una contrapropuesta. Además pidieron posponer cualquier acuerdo hasta marzo para “homogeneizar” los cronogramas de los distintos diarios, presentaron una propuesta de escalafón con valores insignificantes, y, ante el pedido de un 30 por ciento de aumento anual, ofertaron un 15 por ciento en tres cuotas.
En el caso de PáginaI12, cuyo acuerdo concluyó el 31 de diciembre, dos meses después del rechazo de AEDBA al adelanto salarial nos enteramos por el negociador de la cámara, Pedro Etcheverry, que para el representante de esta patronal, Carlos Prim, nuestro acuerdo sigue vigente y terminará recién en abril.
Ante esta lamentable actitud, los trabajadores de PáginaI12 hacemos público nuestro repudio, exhortamos a la cámara que conducen Clarín y La Nación a cubrir de inmediato el desfasaje que perjudica a los trabajadores cuyos acuerdos ya finalizaron (incluidos los de diarios y agencias de noticias que no integran AEDBA pero participan de la paritaria) y solicitamos al Ministerio de Trabajo que utilice todas las herramientas a su alcance para poner fin a las chicanas y dilaciones que desde hace nueve meses hermanan a las principales patronales del país.
Asamblea de trabajadores de PáginaI12

Fallo ejemplar de la justicia jujeña sobre libertad de expresión: “Los jueces no están exentos de la crítica"

Que uno de los fallos más importantes sobre la libertad de prensa de la justicia jujeña se conozca recién cuatro meses después de haberse emitido, puede motivar muchas interpretaciones, de las cuales no están exentas las cuestiones políticas y la realidad mediática de Jujuy
Por: Roberto Pellegrino
El 7 de noviembre del año pasado el Superior Tribunal de Justicia emitió un fallo revocando la indemnización que debía pagar a la jueza Alicia Guzmán el diario El Tribuno de Jujuy, por haber publicado el caso de una mujer a quien le quitaron sus hijas mellizas de apenas tres años por orden judicial y que vivió un calvario hasta poder recuperarlas.
La doctora Guzmán es presidente del Tribunal de Familia de la Provincia, e hija del histórico caudillo Horacio Guzmán. A sus manos llegó una disputa sobre tenencia de menores entre sus padres. La jueza zanjó la cuestión ordenando un allanamiento a las 8 y media de la mañana en el domicilio de la madre, donde sacaron a las niñas de la cama en medio de llantos y gritos cuando ella se encontraba al aire por una FM local.
Allí empezó el calvario de esa mujer. Durante ocho meses no tuvo más noticias de sus hijas, pero inició una campaña de denuncia a través de todos los medios periodísticos, en la vía pública, en los pasillos de Tribunales. En ese proceso denunció actitudes de la jueza como haber ocultado el expediente, parcialidad por amistad con la abuela paterna de las niñas, entre otras acusaciones que fueron recogidas por todos los medios de Jujuy.
Recién esta semana el fallo del Superior Tribunal adverso a la doctora Guzmán fue dado a conocer un diario digital de esta ciudad. Llama la atención el hecho de que el medio involucrado silenció la cuestión, a pesar de que lo favorece y sienta un precedente importante en la libertad de prensa. Seguramente las razones de esta actitud por parte de El Tribuno de Jujuy no sólo sean periodísticas o empresariales sino también políticas. Como el hecho es trascendente y sienta jurisprudencia en el tema de la libertad de prensa, parece necesario darle la difusión que hasta ahora no tuvo.

El fallo de primera instancia
El Tribuno publicó tres notas los días 27 de febrero, 1º de marzo y 16 de abril del 2008 dando la versión de la madre sobre los hechos. La doctora Guzmán se sintió agraviada por estas notas y presentó una denuncia por “daño moral” contra el periódico ante la Sala III de la Cámara en lo Civil y Comercial. El Tribunal quedó integrado por tres mujeres: como presidente la jueza Norma Issa, y vocales las juezas Marisa Rondón y Olga Villafañe de Griot.
¿Qué dijeron las tres magistradas sobre su colega Alicia Guzmán? En primer lugar, que “las publicaciones periodísticas eran agraviantes a su honor y honra”. Además calificó la decisión de publicarlas, afirmando que “revelaron un ejercicio imprudente del derecho de informar, pues la accionada (El Tribuno) no verificó la veracidad de las imputaciones ni reservó la identidad de la Juez interviniente”. También estimó que “las crónicas en cuestión no eran merecedoras del espacio periodístico, porque no excedía del interés individual de la denunciante ni era atinente, en modo directo, a la comunidad” y que, “en la forma en que habían sido relatadas, podían ocasionar una gran preocupación en el ánimo del lector desprevenido que confía en la protección del funcionamiento de la justicia”.
Asimismo aseguró que las fechas de las publicaciones dieron cuenta de la intención de desacreditar a la Magistrada de modo sistemático, con notoria despreocupación por verificar la realidad de los hechos denunciados.
Lo más grave de la sentencia pensada por la jueza Norma Issa es que pone condiciones a la libertad de prensa. “Reconocemos como incuestionable la garantía de la libertad de expresión, pero ello no significa que el periodismo quede exento del deber de reparar los daños causados por la difusión de noticias falsas o erróneas o que invadan la privacidad, pues esa libertad no significa impunidad. El Tribuno avanzó sobre el derecho al buen nombre y consideración pública de la jueza, poniendo un manto de sospecha sobre su actuar y la objetividad e imparcialidad de sus decisiones en causas que involucran a menores de edad.
La reparación del Superior Tribunal
El Tribuno apeló el fallo de primera instancia por inconstitucional, que la obligaba a pagar una indemnización de tres sueldo más los intereses a la denunciante y la causa se elevó al Superior Tribunal de Justicia. Casi dos años se tomó la corte jujeña para pronunciarse sobre el caso y casi a fines del año pasado emitió su sentencia adversa a la jueza Alicia Guzmán.
El fallo es importante porque es la primera vez que se usa la doctrina de la real malicia en un caso periodístico en la provincia. La doctrina de la real malicia es una teoría que, en derecho , se utiliza para los casos de calumnias o injurias publicadas por cualquier medio de difusión masiva, vertidas respecto de funcionarios públicos, personalidades públicas o cualquier persona involucrada en alguna cuestión de interés público.
Firmado por el juez Sergio González y con la adhesión unánime de los otros integrantes, José Manuel Del Campo, María Eugenia Bernal, Clara de Falcone y Sergio Jenefes, el Superior Tribunal desarma parte por parte los argumentos de las tres juezas solidarias con la hija del desaparecido caudillo jujeño.
Al considerar la importancia de lo que estaban haciendo, los jueces expresaron que “no siempre es fácil vislumbrar el límite entre el ejercicio del derecho a la información y el abuso de él con el consecuente menoscabo de los derechos personales y el honor. Corresponde a los jueces, pues, concretar una interpretación axiológica que los armonice, y precisa que “planteada en esos términos, no hay duda que el caso trasunta cuestión constitucional que justifica nuestra intervención conforme lo prevé el art. 8 de la ley 4346”.
Los máximos jueces jujeños precisaron que “sobre la cuestión, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos acuñó la responsabilidad subjetiva en la célebre causa New York Times vs. Sullivan, fallada en 1964, en relación a publicaciones que involucraban la actuación de funcionarios gubernamentales y públicos. Tuvo entonces su carta de nacimiento la teoría de la ‘real malicia’” que considera que el medio periodístico sólo puede ser condenado cuando obra con real malicia, es decir que conoce la falsedad de las declaraciones y lo mismo las publica o que manifiesta notoria despreocupación por investigar los hechos.
Sigue el Superior afirmando que “en nuestro ámbito, la Corte Suprema de Justicia de la Nación adoptó de esos precedentes la teoría de la real malicia al resolver, en 1986, el caso "Campillay en el que se fijó la práctica de incluir la información atribuyendo directamente su contenido a la fuente pertinente, utilizando un tiempo de verbo potencial o dejando en reserva la identidad de los implicados en el hecho ilícito".
Los jueces de la corte jujeña consideraron que la actuación del Tribuno en este sentido fue correcta, porque las notas citadas utilizaron este mecanismo, entrecomillando las declaraciones de la mujer que perdió sus hijas y utilizando los verbos potenciales.
Destaca la sentencia que “cabe ahora establecer si el hecho de que la fuente no sea objetiva, obliga a sumar alguno de los otros dos recaudos (usar el verbo potencial o reservar la identidad del involucrado). Entiendo que no. Uno de los objetivos que subyace a la exigencia de citar la fuente contenida en la jurisprudencia de la Corte, consiste en que el informador, al precisar aquella, deja en claro el origen de las noticias y permite a los lectores atribuirlas no al medio a través del cual las ha recibido, sino a la causa específica que las ha generado."
“En efecto, en las tres crónicas resulta indubitable no sólo la fuente (se identifica a los denunciantes con nombre, apellido e imagen fotográfica), sino la calidad de partes en las respectivas causas judiciales a las que aluden. La redacción de las tres crónicas tampoco dejan dudas acerca de que todo cuanto en ellas se difunde es atribuible a las fuentes y ajeno a la opinión o apreciación del periodista o del medio”.
“Los títulos de las crónicas que transcribe la sentencia no alcanzan para modificar lo dicho pues no hacen más que reflejar el parecer de la fuente y, en todo caso, expresan una aceptable síntesis de su contenido para a los efectos de atraer su lectura sin que pueda de él inferirse comentario, acotación o interpretación del desempeño la Jueza sino, en todo caso, del actuar o el sentir de los denunciantes. Siendo así, para el lector resultaba indubitable la parcialidad y subjetividad de la fuente”.
En otro sentido, el Superior se pregunta “si esa doctrina no es aplicable a la actora porque su situación no es la de los funcionarios públicos, en tanto a los jueces no les cabe salir a defender sus sentencias ni ejercer el derecho de réplica. Entiendo que, en el caso, no encuentro justificado equipararla a un ciudadano común porque los jueces en el ejercicio de nuestro ministerio somos parte de ese universo, y no gozamos del privilegio de estar exentos de la crítica".
Tampoco advierte campaña difamatoria. “Ni las tres publicaciones denunciadas son tantas ni considero significativo que se hayan sucedido en un lapso relativamente breve. En otro orden, la valoración del grado de interés de las noticias o la conclusión de que éstas fueron difundidas para "generar más escepticismo en la sociedad respecto de la calidad del servicio de justicia que presta el Estado y a agudizar las suspicacias sobre la idoneidad de los jueces" son apreciaciones subjetivas del juzgador que en modo alguno pueden dar sustento a la condena”.
En síntesis y para concluir, por los fundamentos dados entiendo corresponde aplicar al caso la doctrina de la "real malicia", y, en su mérito, eximir de responsabilidad a la demandada, en tanto atribuyó las noticias publicadas a una fuente perfectamente identificable, transcribiendo en forma sustancialmente fiel lo manifestado por aquélla y sin que la actora demostrara que el medio periodístico conocía de la falsedad de los hechos o que fue injustificadamente negligente en averiguarla.

¿Un fallo político?
La relación entre la justicia y el poder político es indudable por múltiples razones. En primer lugar por el mecanismo de selección de los magistrados, una tarea a cargo del Ejecutivo y los diputados, en segundo lugar porque se trata de personas –por lo menos en los cargos más importantes—que estuvieron antes en la actividad política o en funciones de gobierno, pertenecientes al partido oficialista y al de la oposición.
Que este Superior Tribunal haya sentenciado en contra de la hija de Horacio Guzmán y beneficiado al diario El Tribuno de Jujuy, de propiedad de un reconocido dirigente justicialista, el ahora diputado nacional Rubén Rivarola tiene múltiples significaciones.
En primer lugar, constata la desaparición casi completa del Movimiento Popular Jujeño de la escena política de la provincia. Por otro lado, revela la nueva composición política de la justicia, con la influencia de los nuevos socios del poder (hay que recordar que Rivarola fue uno de los más entusiastas apoyo de la designación de la radical Clara Falcone como integrante del Superior Tribunal).
En segundo lugar, refleja una intrincada trama que une a los principales medios de Jujuy con el poder político y judicial. En el Superior Tribunal figura también el hermano del actual vicegobernador de la provincia y presidente de la Legislatura, dueño del grupo mediático que más factura al Estado provincial, RadioVisión S.A.
¿Cómo compatibilizar esto con un fallo que amplía la libertad de prensa en la provincia, mejorando la calidad de la democracia y sus instituciones? La doctrina de la real malicia integra los principios jurídicos establecidos, y fue aceptada por los dueños de los principales diarios del país. Forma parte de la modernidad jurídica y solamente jueces ineptos o corruptos pueden ignorarla.
Más allá de todas cuestiones, el fallo del Superior Tribunal sienta un precedente invalorable para la libertad de prensa en Jujuy.
Fuente: La Hora de Jujuy
El fallo completo

Lorenzetti: El fallo sobre publicidad oficial "hay que cumplirlo"

El titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, instó ayer a cumplir con el fallo de ese tribunal vinculado a la distribución de la publicidad oficial, al asegurar que "la sentencia hay que cumplirla, no es un tema opinable" y criticó la Ley Antiterrorista
Una de las cuestiones que volvió ayer a resaltar en declaraciones a radio La Red se refirió a la publicidad oficial cuyo reparto discrecional, a su entender, podría afectar la libertad de expresión. En el acto de apertura del 'año judicial', Lorenzetti había señalado el martes que "no debemos censurar la crítica" porque, dijo, "forma parte de la libertad de expresión" y añadió que "lo mismo hemos dicho sobre aquellos mecanismos indirectos como la publicidad oficial que también pueden afectar la libertad de expresión".
Ayer, el presidente de la Corte instó al cumplimiento del fallo de ese tribunal vinculado a la distribución de la publicidad oficial a favor de la editorial Perfil. "No puede haber fallos de la Corte que gusten y otros que no gusten, nosotros no podemos fallar de acuerdo al gusto, sino a la ley; a la Constitución", argumentó. En ese sentido, Lorenzetti insistió en que la sentencia de la Corte que obliga al gobierno a una igualitaria distribución de la publicidad oficial, en el caso de una causa promovida por Perfil basada en el caso de "Río Negro", debe ser cumplida y recordó que "acá hay un caso que viene desde primera instancia, segunda instancia, llega a la Corte y la Corte lo resuelve". Sin embargo, el magistrado aclaró que "la ejecución no la hace la Corte, sino que vuelve a primera instancia y ahí depende de lo que pidan los abogados y de ese juez". "Nosotros ya hace rato que no tenemos ese caso, lo que sabemos es que el juez ha aplicado sanciones para que se cumpla con esa sentencia y la sentencia se tiene que cumplir, no se puede opinar", reiteró y advirtió que "la sentencia es como una ley, hay que cumplirla, no es un tema opinable".
Fuente: Agencia DyN

Disputa del gobierno uruguayo con Clarín retrasó el decreto de TV digital

El Ejecutivo deberá modificar una norma anterior que ya está pronta para la firma de Mujica
La disputa entre el gobierno y el grupo Clarín por una banda del espectro radioeléctrico retrasó la firma del decreto de televisión digital, pese a que ese asunto es de gran urgencia para el Poder Ejecutivo.

El secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, informó a El Observador que una resolución judicial dilató la firma de la nueva reglamentación debido a que el Poder Ejecutivo se verá obligado a introducirle ciertas modificaciones a otra norma."Antes de que salga el decreto (de TV digital) el presidente tiene que firmar otro decreto, que fue impugnado y debemos modificarlo", dijo Breccia.
Según supo El Observador en base a otras fuentes del gobierno, fue el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) el que anuló un decreto de 2006 y eso trastocó parte del esquema jurídico en el que estaba apoyado el proyecto sobre la TV digital.
Una norma firmada por el presidente José Mujica, en julio de 2011, quitó algunas señales que tenía la empresa Cablevisión (perteneciente al grupo Clarín) y destinó parte de ese espectro a la televisión digital. Ese decreto estaba apoyado en el anulado por el TCA del año 2006.
De este modo, es necesario volver a redactarlo para poder determinar con precisión con cuántas señales se contará para la TV digital, explicaron a El Observador fuentes oficiales.
Breccia dijo que la modificación del decreto de 2011 estará pronta en los próximos días y recién allí podrá emitirse también la norma que regulará el nuevo sistema de televisión. "Solo falta la firma del presidente", dijo.

Los antecedentes
Durante el gobierno pasado, un decreto del Poder Ejecutivo de 2006 permitió a las empresas del grupo Clarín, Bersabel SA y Visión Satelital SA (Cablevisión), unir sus 15 señales de Montevideo y las nueve de Canelones. Esa norma fue recurrida ante la Justicia por otros operadores privados al entender que le daba más potestades a la compañía de cable multinacional que a las uruguayas.
Ahora el TCA dictaminó que efectivamente era ilegítima esa norma.
Pero allí surgió un nuevo problema: es que ese decreto había sido tomado como base por el gobierno de Mujica para elaborar otra norma: el decreto 231 de julio de 2011. Por medio de esa resolución, el Poder Ejecutivo resolvió liberar un segmento del espectro radioeléctrico para la TV digital.
Lo hizo quitándole espacio a la empresa Cablevisión. Además, mudó de lugar las señales del grupo Clarín, para reservar otro espacio. Ese lugar reservado es el más codiciado por las empresas telefónicas porque permitirá el desarrollo de las redes de cuarta generación (4G). Esas bandas están aún sin adjudicar.

Quejas
Cuando comenzó el debate para establecer las bases que regularán el desarrollo de la televisión digital a futuro, el gobierno a través del Ministerio de Industria abrió un procesó de consulta pública. Esa instancia fue aprovechada por Cablevisión para lanzar su reclamo sobre el decreto 231/011. "Lo dispuesto (...) implica lisa y llanamente la reducción de las 24 frecuencias utilizadas actualmente a tan solo 10 frecuencias, con la consiguiente pérdida de más de la mitad del espectro oportunamente concedido y, por ende, una disminución muy significativa de la cantidad de señales susceptibles a ser brindadas a clientes de las firmas Bersabel SA y Visión Satelital SA".
En el escrito, firmado por el representante de la empresa, Guillermo Valente, se informa que se presentó un "recurso administrativo" ante el gobierno. La normativa decía que las nuevas reglas comienzan a regir 18 meses después de firmado el documento por el presidente Mujica, en julio de 2011.
La empresa considera queel proyecto de decreto para regular la TV digital "es ilegítimo" y solicita al Ministerio de Industria que "no se continúe adelante (...) evitando de esa forma males aun mayores a los ya ocasionados a los comparecientes pero que a su vez involucren a personas físicas y/o jurídicas". Ese escrito fue presentado ante el gobierno el 7 de octubre del año pasado.
Ahora, para solucionar todo el enredo jurídico, el gobierno deberá elaborar un nuevo decreto que sustituya al de 2011, en el que se quitarán señales a Cablevisión, pero al mismo tiempo se lo cambiará de lugar para dejar libres las frecuencias aptas para desarrollar la tecnología 4G, dijeron fuentes oficiales.

Los planes oficiales
Tras recibir las opiniones de todos los que presentaron visiones en la consulta pública, el Ministerio de Industria redactó una propuesta de decreto que está a estudio del presidente Mujica.
El texto reserva 20 canales nacionales y nueve en cada departamento. De todas formas, según explicaron a El Observador fuentes del Poder Ejecutivo, eso no implica que luego se asignen todas esas señales. En el gobierno diferencian el concepto de reserva de la asignación.
El borrador de decreto establece que de esos 20 canales que se reservan, seis serán públicos (entre los que se incluye a Televisión Nacional), siete son para "servicios de radiodifusión de televisión comunitarios" y otros "siete canales para asignar a titulares que brinden servicios de radiodifusión de televisión comerciales".
Además, establece que las frecuencias serán otorgadas por plazos de 15 años con opción a prórroga. Hoy día las licencias no tienen plazos pero son revocables por parte del gobierno. Ese es uno de los aspectos que cuestiona la Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos.
El mayor debate está en qué hacer en el sector privado. El gobierno respetará la asignación de los tres canales comerciales (Monte Carlo, Saeta y Teledoce), pero discuten si, de las otras cuatro frecuencias que quedarán disponibles, asignarán uno, dos o tres canales más.

Los tiempos apuran para el cambio tecnológico
Para el Ministerio de Industria, los tiempos apuran y la intención era ya contar con las reglas de juego para la televisión digital en vigencia. Sin embargo, eso todavía no sucedió. El presidente José Mujica reconoció que es uno de los temas que le demandan mayor esfuerzo y lo tiene sobre su escritorio. A su juicio, la asignación de nuevos canales de televisión tiene que ser algo pensando, evaluado y proyectado en función de la concepción que el mercado uruguayo es pequeño y por eso hay que tener "prudencia" a la hora de otorgar nuevas señales. Para el presidente José Mujica es "de fantasía" y "casi una novela" pensar que se puede llegar a tener 20 canales de televisión abierta nacionales con el nuevo sistema digital. El mandatario viene dedicando parte de su tiempo de las últimas semanas a "estudiar" el proyecto de decreto que tiene ya desde hace un tiempo y que dará marco al nuevo sistema de televisión digital terrestre (TDT), dijo a El Observador. Tras conocer el proyecto de decreto elaborado por Industria, la Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos -que nuclea a todos los operadores vigentes- alertó que el mercado publicitario local no estaba en condiciones de sostener tantos medios de comunicación.
Fuente: El Observador

Demanda en puerta en contra del Grupo Clarín

Obligaciones y compromisos que ascienden a cientos de millones de dólares comprometen estabilidad del holding, según fuentes
Sin duda que los eventos deportivos generan millones, en términos monetarios en todo el mundo y el país no está ajeno. Para el Grupo Clarín, que tiene la exclusividad en Paraguay de la transmisión del deporte rey, el fútbol, no todo fue color de rosa, ya que tendría una deuda incumplida con la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), por lo que se le avecina un conflicto judicial, según aseguraron fuentes cercanas.
Los datos manejados señalan que en los próximos meses se viene una demanda por varios millones de dólares contra del Grupo Clarín, lo que le acarrearía más inconvenientes de los que ya posee en la región. La deuda es debido a que no se pagaron ciertas obligaciones por las transmisiones deportivas, según se supo.
Hay que destacar que desde el próximo año la transmisión de los eventos deportivos pasará a tener un costo de US$ 11 millones mediante un contrato que brinda la exclusividad de los derechos a la empresa Teledeportes, propiedad del Grupo, en el período 2013 al 2020; este es uno de los factores más importantes dentro de las negociaciones para la eventual venta del conglomerado de empresas asentadas en el país. Sin embargo, la deuda con los clubes de primera división, hasta hoy, ya asciende a 88 millones de dólares.
Con este panorama sería imposible que la empresa siga con sus operaciones en Paraguay, motivo por el cual estaría obligada a despojarse de parte de sus empresas, explicaron las fuentes.

Sustento del negocio
Uno de los factores que permitió al Grupo Clarín para que pueda mantener el liderazgo en el mercado de TV es la exclusividad de las transmisiones del fútbol nacional.
Fuentes del sector de la TV paga afirmaron que el 70% de lo que abona la empresa Teledeportes a los clubes de fútbol está sustentado por lo que ingresa en concepto de venta de la señal de Cablevisión a sus 118 mil abonados. Mientras que el restante 30% sería solventado mediante la venta de la señal de Unicanal a las empresas de cable del interior y la publicidad en las transmisiones deportivas.

Teledeportes se llamó a silencio
Directivos de Teledeportes Paraguay, empresa propietaria de los derechos de televisación del fútbol paraguayo hasta finales del 2012 y con posibilidades de extender con la APF hasta el 2020, no respondieron ayer a los llamados de nuestro medio.
Ante lo acontecido con las reuniones de directivos de la APF con el Gobierno, intentamos obtener las versiones de los responsables de Teledeportes Paraguay, Ricardo López y Gustavo Berna, sin obtener ninguna respuesta.
Todo indica que los directivos de la empresa dueña de los derechos de las transmisiones del fútbol paraguayo no brindarán ningún tipo de declaraciones a los medios de comunicación hasta que se resuelva la continuidad del contrato o alguna acción del Gobierno paraguayo con el proyecto "Fútbol para Todos".

Gobierno de Paraguay ya no quiere Cablevisión y deja la “cancha libre” para Tigo
La adquisición por parte de la telefónica sería del 80%, el resto quedaría en manos de Gustavo Pedrozo
Mientras el Gobierno dijo “no” al Grupo Clarín, debido a que el modelo de negocios no convence, según fuentes extraoficiales, la compañía que quedó solitariamente con la posibilidad de adquirir las empresas del conglomerado es Millicom, que opera en el país con la denominación de la telefónica Tigo.
Los trascendidos indican que Gustavo Pedrozo, poseedor del restante 30% se despojaría solo del 10%, quedándose con el 20% de las firmas, con lo que el Grupo Clarín se despojaría de la totalidad de su paquete accionario en el país, que asciende a 60%.
Con este panorama Tigo se apropiaría del 80% de las empresas y Pedrozo se quedaría con el 20%, siendo un socio estratégico en la operación. Los montos de las transacciones aún se desconocen exactamente, pero se sabe que ascienden a más de US$ 150 millones.
Fuentes de Tigo no admiten hasta el momento las negociaciones que se manejan, afirmando que en la operación de Paraguay no manejan informaciones concernientes a compras de empresas en el país.
Al ser consultada, Emily Hunt, responsable de relaciones con inversores de Millicom, no respondió al correo electrónico enviado por este medio.
En ocasión del ofrecimiento de las empresas al Gobierno paraguayo se había referido que uno de los principales motivos del deseo de salir del país por parte del Grupo Clarín es la incursión de la telefónica Tigo. La firma de telefonía móvil es la que mayor dinero mueve en el mercado en el que se desempeña y la que mayor cantidad de abonados posee, lo que le facilitaría sus operaciones en TV paga.
Todas las negociaciones que se lleven hasta el momento carecen de validez hasta que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) haga los estudios correspondientes y sea aprobada por el directorio el traspaso del paquete de acciones que pertenece al Grupo Clarín y al empresario Pedrozo.
Fuente: Diarios La Nación y Última Hora

Cortan la luz al diario uruguayo de capital argentino La República

La compañía pública de electricidad de Uruguay cortó hoy el servicio al diario La República, de capitales argentinos, por el impago de una deuda de 2,6 millones de pesos (unos 135.000 dólares) pese a las quejas de la publicación, que considera la acción "un ataque a la libertad de expresión"
Empleados de Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE) ingresaron este miércoles a las 10.44 hora local (12.44 GMT) a la sede del diario en Montevideo para suspender el servicio eléctrico, informó al Canal 10 de televisión uno de los periodistas de La República, Walter Pernas.
En señal de protesta, varios trabajadores de este medio interrumpieron el tráfico en la calle por la que se accede al periódico, cuya rotativa está paralizada desde el corte.
"No estamos apoyando al directorio de la empresa sino nuestros puestos de trabajo para asegurar que 300 familias puedan seguir viviendo", indicó Pernas.
El lunes UTE dejó de suministrar energía eléctrica a 1410 AM Libre, la emisora de radio del grupo de La República, denominado Multimedio Plura, que es propiedad de unos inversores argentinos encabezados por el empresario Gustavo Yocca y que cuenta también con el canal de televisión por cable TVLibre.
Según los medios locales, en agosto de 2010 Multimedio Plural firmó un convenio con UTE para saldar la deuda contraída desde 2007 en un plazo de 5 años, pero en octubre de 2010 el grupo de medios de comunicación no pagó la primera cuota.
En diciembre de 2011, el ente público solicitó una notificación judicial para el cobro con un plazo límite que, de no cumplirse, significaría la suspensión del suministro de energía.
La semana pasada, el directorio de UTE ratificó esa postura y le comunicó a las empresas afectadas la fecha del corte.
En respuesta al proceder de la compañía eléctrica, el rotativo publicó el martes un artículo titulado "UTE silenció a La República", en el que defiende su actuación ante la circulación de "informaciones falsas y verdades a medias".
Entre otras cosas, la publicación considera "una gran injusticia" e "histórica" la medida y aclara que la empresa no pagó la última factura porque "UTE insiste en mantener unificada la deuda por los servicios corrientes con la del convenio".
"El convenio, estipula claramente que ante incumplimiento del cliente, UTE debe recurrir a la vía judicial, no contemplándose la posibilidad de corte del suministro de energía, por lo que al hacerlo viola al convenio celebrado", agrega.
Según el diario uruguayo El País, Yocca se encuentra en Angola, integrando una misión comercial que acompaña al secretario de Comercio del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Guillermo Moreno.
En enero de 2011, el grupo liderado por Yocca compró el 50 por ciento de las acciones de La República, que desde hace varios años atravesaba serias dificultades económicas y cuyo director era el periodista uruguayo Federico Fasano.
Fundado hace un cuarto de siglo, La República cuenta con cerca de 300 empleados.
Fuente: Agencia EFE