viernes, 29 de agosto de 2014

21 puntos, 10 años, discretos festejos

Por: Sebastián Lacunza, @sebalacunza
El miércoles por la noche tuvo lugar la celebración por los diez años del lanzamiento de los "21 puntos por el derecho a la comunicación", un documento elaborado por la Coalición por una Radiodifusión Democrática que fue tomado en 2008 por el kirchnerismo como base para elaborar la ley de medios, la que finalmente fuera sancionada en 2009, declarada constitucional por la Corte Suprema en 2013 y aún pendiente de ejecución en varios de sus aspectos centrales.

El marco, las presencias, las ausencias y los discursos escuchados en el auditorio principal de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, con capacidad para 700 personas, dieron la pauta de la imagen que devuelve el espejo de aquellos "21 puntos".
El lugar elegido para la conmemoración tuvo sentido. El decálogo tuvo amplio consenso entre los docentes de Sociales, algunos de ellos contribuirían luego a la redacción de la ley y gran parte apoyaría el contenido, pese a que un sector cuestiona hoy al gobierno nacional por lo que entiende como una deficiente aplicación de la norma.
La Coalición y los 21 puntos encontraron su germen en sindicatos, radios comunitarias y cooperativas que vieron una ventana para tratar de cambiar el sistema de medios una vez que Néstor Kirchner llegó a la Casa Rosada. En el cierre del acto, el abogado Damián Loreti, exdirector de la carrera de Comunicación y aportante a la letra de la ley de medios, explicó que hace diez años optaron por redactar una serie de principios (los 21 puntos) para inscribir el derecho a la comunicación en el paraguas más amplio de los derechos humanos, un ámbito con mucho dinamismo y tradición de lucha. Hacia 2004, la redacción de un prematuro texto legislativo de radiodifusión, como había habido otros en las dos décadas previas, se hubiera chocado con la realidad de que el gobierno de Kirchner se llevaba bien con Clarín.
En su momento, el consenso obtenido por los 21 puntos fue amplio y rompió fronteras. A los sindicatos, los docentes de las universidades públicas, los medios comunitarios y las cooperativas se sumaron de inmediato varias decenas de organizaciones de diverso tipo y partidos políticos. Los apoyos a aquellos principios generales llegaron incluso a ONG y especialistas que, una vez conocido el texto de la ley de medios, marcarían criterios diferentes para alcanzar los objetivos planteados o, más claramente, se plegarían a la postura de medios y opositores que denunciaron que la norma fue concebida para "silenciar voces".
El acto del miércoles tuvo una impronta kirchnerista pero no excluyente. Se hicieron presentes Agustín Rossi y Mariano Recalde (Carlos Tomada envió un mensaje). En el plano académico, los sindicatos y las ONG, también predominaron voces afines al oficialismo, aunque, por ejemplo, se acercaron un docente que trabajó en el proyecto de ley de radiodifusión del Consejo para la Consolidación de la Democracia en tiempos de Raúl Alfonsín y un experto del opositor Libres del Sur.
Si bien se escucharon evocaciones de tono épico sobre la gestación de la ley de medios, la jornada no desbordó de entusiasmo ni de público. No sobraron, por ejemplo, estudiantes de una facultad a la que asisten miles, mientras el grueso de la concurrencia fue aportado por el Sindicato Argentino de Televisión.
El panorama fue contrastante con la ebullición generada cuando se inició el debate público en 2008 y la indignación reflejada en las calles por las maniobras judiciales para demorar cuatro años la decisión sobre la constitucionalidad. Si en 2004 se inició un proceso variado y dinámico, diez años más tarde, la militancia parece bastante menos entusiasmada y no tan diversa.
Unos cuantos principios del decálogo pasaron a ser estructurales en la letra de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Por ejemplo, "las frecuencias son administradas por el Estado", "el 33% de las frecuencias debe ser para entidades sin fines de lucro", "promover la producción informativa local" o "la radiodifusión no es un simple negocio comercial", lo que habilita el ejercicio del derecho por parte de organizaciones sociales, gobiernos o universidades. Al respecto, tal como fue abordado en la noche del miércoles por algunos oradores, se plantea el desafío de cómo sostener y gestionar los medios por parte de comunidades y organizaciones sin fines de lucro que no cuentan con fondos ni experiencia para hacerlo.
En cambio, algunas de las recomendaciones de los 21 puntos están igual o peor que hace diez años. La tercera cierra con una frase concluyente: "Estará prohibida por ley la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial". A la luz de los criterios comunes que exhiben los gobiernos nacional, de la Ciudad, y de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe (ver acá), todo está por ser hecho al respecto, para lo que sería necesaria otra ley, ya que el objetivo excede norma de medios sancionada en 2009.
El punto 6 del manifiesto indica que "deben adoptarse políticas efectivas para evitar la concentración". Ello, que fue el núcleo de la disputa judicial con Clarín, está contemplado en la ley de medios con criterios similares a los de los países del norte de Europa y Estados Unidos. Sin embargo, los avances al respecto han sido escasos o nulos, ya que la AFSCA, a diez meses de la declaración de constitucionalidad de la ley, no aprobó ninguno de los planes de desinversión de los principales actores: Clarín, Telefónica, Uno, Prisa, Cadena 3, Indalo, etcétera. Tan sólo fueron declaradas "admisibles" algunas adecuaciones, una fase muy primaria, por lo que, si no se producen novedades, este aspecto nodal de la ley seguirá en un limbo.
También se encuentra en el debe el punto 12, que estipula que "los medios estatales deberán ser públicos y no gubernamentales" (otro pecado que atraviesa distintos colores políticos) o la transparencia en la información de las frecuencias disponibles.
A diez años del lanzamiento de los 21 puntos, el vaso no explica si está medio lleno o medio vacío.
Fuente: Viernes, Ámbito Financiero

AFSCA llama a audiencia pública para discutir el proyecto del plan de transición a la TV Digital

La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) dio a conocer el proyecto que fija las condiciones para la transición hacia la TV Digital Terrestre en Argentina, que ratifica el apagón analógico para 2019
A través de su publicación en el Boletín Oficial (ver completo abajo), el ente regulador informó que el texto, denominado Plan Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual Digitales, será sometido a audiencia pública y abierta fijada para el 19 de septiembre próximo.
De esta manera, la Autoridad cumple con lo establecido en lo referente a TV Digital por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N° 26.522 sancionada en 2009, y por el decreto 1147 del mismo año, que definió la norma ISDB-Tb como estándar para implementarla.
El proyecto mantiene como fecha del apagón analógico septiembre de 2019, 10 años después de la entrada en vigencia del decreto, aunque deja abierta la posibilidad de que AFSCA la modifique en base al grado de implementación de la TDT.
Para los actuales licenciatarios de canales de TV abierta, el Plan establece la asignación de una señal digital que respete el área de cobertura asignada en la licencia y le dé capacidad para transmitir el mismo contenido en definición Full HD, que hasta el apagón deberá transmitir el mismo contenido que el analógico.
Este punto viene a reglamentar una situación que ya viene dando en la realidad, porque los canales de TV abierta a nivel nacional (América TV, TV Pública, Canal 9, Telefe y Canal 13), así como canales provinciales y municipales públicos y privados, desde hace tiempo están transmitiendo a modo de prueba en señales asignadas tanto para sus transmisiones analógicas como las digitales.
Adicionalmente, a dichos concesionarios se les otorgará acceso al servicio de transmisión a dispositivos móviles para que pueda emitir por esta vía sus propios contenidos.
Además de los licenciatarios obligados, AFSCA incluye la figura de licenciatarios vinculados, que serán todos aquellos emisores que se obtengan autorización para comenzar a transmitir en TV Digital, y cuyas señales serán vehiculizadas a través de alguna de las señales concesionadas a los licenciatarios obligados.

Comentó Martín Becerra desde su cuenta de Twitter @aracalacana

Fuente: Prensario, Boletín Oficial

Rosario: Violencia, drogas y fútbol

“Rosario: violence, drugs and football”, realizado por Vice News, muestra la problemática de las drogas en la ciudad. El documental cuenta con el testimonio de Sergio Berni que relaciona el problema "con una policía corrompida y asociada al narcotráfico" y compara la aparición de Los Monos con la situación en los carteles México y ColombiaEn su página Vice News edita: "En Rosario, la tercera ciudad más poblada de Argentina, asentamientos precarios conocidos como villas miserias están acosados ​​por la pobreza y el crimen. El consumo de narcóticos ha crecido entre la población y ha dado lugar a una violenta guerra de drogas.
Narcotraficantes locales han logrado infiltrarse en la policía, la economía de Rosario, y su sociedad, especialmente a través de los grupos de hinchas, conocidos como "barras bravas", de dos equipos de fútbol de la ciudad: Rosario Central y Newell Old Boys. Y en las villas, las pandillas tienen fortificados quioscos, conocidos como bunkers, donde las drogas se venden a plena luz del día.  "El narcomenudeo son bunkers que venden marihuana y cocaína en pequeñas dosis", sostiene uno de los entrevistados.

El lunes comienza la “restricción” a la publicidad extranjera en la televisión

Se aplicará el artículo de la Ley de Medios que establece que los avisos que sean emitidos por los canales de aire nacionales sean 60% de producción local
Por: David Cayón
A partir del próximo lunes el Gobierno sabrá con anticipación las publicidades que se verán en la televisión en la Argentina.
Luego de varios meses de prueba, la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) dispuso que a partir de la semana entrante se deberán adelantar los datos de quienes trabajan en los spots televisivos de aire con el fin de controlar que los mismos sean de producción nacional.
La medida es en cumplimiento del artículo 81 del Capítulo VIII de la Ley de Medios 26.522 y obliga a las agencias de publicidad y de medios, a comunicar, a través de un aplicativo de la AFIP y con carácter de declaración jurada, la marca, la empresa y la residencia de quienes participaron desde la creación, los actores, la filmación y la producción, ya que sólo podrán emitirse al aire por los canales nacionales aquellas publicidades en donde el 60% del personal sea argentino.
Aunque en un principio la medida había generado bastante resquemor en el sector publicitario, ahora reconocen que lograron ser escuchados por la AFSCA y ser tenidos en cuenta en la reglamentación de la norma.
“Nosotros entendemos esta medida como una ley que busca defender la producción nacional como lo hacen varios países del mundo, y venimos trabajando desde hace tiempo con la AFSCA y realmente nos escucharon”, explicó a El Cronista Gabriel Maloneay, presidente de la Asociación de Agencias de Publicidad (AAP).
En la Argentina se producen 100 largos al año y más de 1.500 publicidades tanto para el mercado local como el exterior.
La exportación de “ideas” se convirtió para muchas agencias en el salvavidas que necesitaban para poder sortear los incrementos de los costos locales, por lo que la restricción a las publicidades extranjera generaba temor a una posible represalia del exterior –si no nos compran, no les compramos–. Consultado sobre este punto, el también presidente de Craverolanis aseguró que en la Argentina “las campañas globales nunca representaron más del 10%” y que, además, “se logró que la AFSCA reconociera los acuerdos de reciprocidad económica” como para reconocer un cupo de spots realizados en el exterior.
“Esto es solo para las señales nacionales, si una marca de, por ejemplo, perfumes, quiere pasar un aviso realizado en el exterior lo puede hacer en las señales de cable”.
Otro punto que generaba discusión entre los anunciantes era que el Gobierno exigiera que le muestre con anticipación los spots ya que eso atentaría con los contratos de confidencialidad que firman las agencias con sus clientes. Sin embargo, el publicista descartó esa posibilidad asegurando que “sólo hay que comunicar quienes son los que trabajan y de qué marca se trata; no hay que comunicar ni la idea ni el producto. No hay una censura previa”.
Por último, Maloneay explicó que “no existe una aprobación o no” del aviso por parte de la autoridad de aplicación, sino que el proceso es “si alguien denuncia que entiende que un aviso no es de producción nacional, lo denuncia y comienza una investigación”.

Medios temen salida de inversores por nueva intervención del Gobierno
La AFSCA va a contrarolar cada aviso publicitario en los canales de TV. "Parece que sólo quieren la propaganda estatal", se quejaron
A partir del próximo lunes, el Estado a través de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) controlará cada uno de los avisos publicitarios que emitan los canales de televisión. El mecanismo no es sencillo, y el mundo de las agencias, anunciantes y productoras lo ve con gran preocupación.
Alejandro Pereyra, abogado especialista en medios de comunicación, advirtió que "no se trata de otra cosa más que de una nueva intromisión del Estado dentro de la actividad privada, cuando en realidad no resuelven la seguridad, la educación ni el resto de los problemas".
"Esta reglamentación tiene origen en la ley de Medios", dijo Pereyra y la comparó con el proyecto que impulsa el Ejecutivo para modificar la ley de Abastecimiento. "Es igual, se mete en la producción, en el cuánto, el cómo, el dónde y si no lo cumplen, en la Ley de Abastecimiento se aplica una multa y en ley de Medios te aplican la caducidad de la licencia", advirtió.
El trámite comienza en la página de la AFIP: antes que nada hay que ingresar la clave fiscal. De ahí se pasa al Registro de Publicidades. Para esto las agencias, productoras, intermediarios y anunciantes deberán contar con "la reinscripción anual sin vencer". Si todo esto funciona, empieza la inspección de rigor.
Según Pereyra, "por un lado vamos a tener las DJAI de la publicidad y por otro un cepo publicitario, porque ponen topes a la publicidad del Estado nacional, local o provincia, sobre los medios privados", con el solo objetivo de perjudicar.
La solicitud, que tiene carácter de Declaración Jurada, "tiene una serie de pasos pero cada paso va complejizando la situación y que termina con un detalle tan exhaustivo que te piden hasta el nombre de los participantes de cada publicidad", explicó el letrado.
"Esto es una nueva intromisión del Estado", dijo y agregó que "generará un problema gravísimo". Según Pereyra, el cambio en las reglas de juego provocará la retirada de inversores. "Esto se traduce en menor empleo y mas precarización", alertó.
El publicista Gabriel Dreyfus aseguró que la nueva regulación es una excusa, y no es un tema contra la publicidad, sino otro avance del Gobierno sobre la libertad de expresión.
"Si quieren sólo la publicidad estatal tienen que decirlo y listo", dijo Dreyfus e ironizó: "Boca echó ayer a Bianchi, nosotros no sé que esperamos para echar a un Bianchi que tenemos y nunca nos sacó campeones".
Para el publicista la nueva normativa "es imposible" de aplicar. "Nunca se vio una cosa así; la publicidad es propia del un mundo libre", enfatizó en diálogo con Radio Mitre.
Para Dreyfus, el objetivo del Gobierno es imitar el sistema que se había instalado en Rusia en la época del comunismo "en serio", cuando "no había publicidad". "Si el Partido Obrero estuviera en el Gobierno esta imbecilidad no pasaría", lanzó.
Como se dijo, el mecanismo es de lo más complejo: primero, el Estado se interesa por una serie de cuestiones relacionada a la publicidad y el producto, luego si el sistema considera que esta parte del examen estatal ha sido superado, comienza la inspección exhaustiva del aviso. Y finalmente como dijo Pereyra, indagará sobre el personal que trabajó en la confección del aviso.
Si se aprueban todos estos pasos, solo queda la cuestión fiscal donde la AFIP solicita que la productora, coproductora, agencia y el anunciante.
Fuentes: El Cronista, InfoBae

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