Allanaron la redacción de "La Brújula 24"

En un flagrante ataque a la libertad de prensa, personal de la Policía Federal allanó esta mañana los estudios de radio y la redacción del portal Bahiense La Brújula 24 en busca de material relacionado con las escuchas del caso Suris

El procedimiento fue ordenado por el Juez Federal bahiense Santiago Ulpiano Martínez, quien intenta impedir que salgan a la luz nuevos y comprometedores audios que surgen de la causa.
Curiosamente, en estas conversaciones que iban a ser difundidas en los próximos días por La Brújula 24, Suris, detenido desde enero de 2014 por liderar una banda narco, deja entrever los supuestos vínculos que mantenía con el Poder Judicial.
Con esta vergonzosa demostración de poder, la Justicia Federal de Bahía Blanca no sólo quiere secuestrar esas escuchas, sino que además intenta obligar a La Brújula 24 a divulgar los nombres de sus fuentes informativas que le permitieron acceder a esa prueba fundamental y que a través de su difusión pública dejaron en evidencia todos los vínculos existentes entre Suris, el empresario Leonardo Fariña y altos funcionarios de la Policía, violentando los derechos constitucionales que le asisten a los medios de comunicación para mantener en secreto la identidad de esas fuentes.

La escucha del caso Suris que querían silenciar
Fuente: La Brúbula 24

Sabbatella: “Nuestra obligación es tratar los otros planes en forma igualitaria, no simultánea”

Por: Federico Poore
El 8 de octubre se aprobó la adecuación de oficio de Clarín. ¿Cómo sigue esto?
Ahora hay que llevar el caso al Tribunal Nacional de Tasación para que tase [las licencias]. Después AFSCA determina qué es lo que se concursa, y las licencias se ponen a concurso público.

O sea que no hay forma de que Clarín pueda volver al camino de la adecuación voluntaria
No, la adecuación voluntaria está finalizada. Clarín intentó hacer trampa, el Estado detectó la trampa y suspensión la adecuación voluntaria. El AFSCA les dio todas las posibilidades. Primero le permitió sumarse a la adecuación voluntaria presentada por su socio el 5 de diciembre [de 2012], luego recibió un plan de adecuación en noviembre [de 2013] y para febrero ya había admitido ese plan. Propone dividirse en seis unidades, y esas unidades cumplen con los requisitos de la ley: ninguna de ellas está excedida de los límites. Pero en el siguiente paso, cuando traen los nombres –y AFSCA obviamente tiene que investigar si no hay vínculos societarios– nos damos cuenta que existe esa trampa. Por lo cual es mentira lo que dijo el Grupo Clarín de que hemos aprobado un plan que después le desaprobamos. Lo que aprobamos es una estructura de cómo iba a quedar conformado el grupo, sin nombres. También es mentira que no le informamos y que no respondieron. Le informamos sobre los vínculos societarios que estaban teniendo.

Se refiere a la famosa Nota 640, cuestionada por los directores por la oposición
Ahí dijimos: ustedes dicen que se dividen, pero los fiduciarios de los fideicomisos que administran las Unidades 1 y 2 son socios de estudios jurídicos cruzados. Ellos contestan que no, que no hay vínculo societario, que si lo hubiera estarían violando el Artículo 48 [de la Ley de Medios]. Reconocen que tienen que ser independientes. Pero los propios vínculos con su estudio ya son una sociedad comercial. No son dos médicos que comparten un consultorio: son dos médicos que abrieron una clínica. De hecho, esos abogados son socios en otras empresas, por fuera del famoso estudio jurídico. Pero aún sacando los abogados, Ernestina, Magnetto, Aranda y Pagliaro tienen sociedades cruzadas en Argentina, Panamá, Nueva Zelanda y Estados Unidos.

Marcelo Stubrin y Gerardo Milman sostienen que AFSCA no pidió la opinión de la Comisión Nacional de Defensa a la Competencia (CNDC)
En el Artículo 48 la ley establece que antes de autorizar [la transferencia de licencias] el AFSCA tiene que evaluar estos cruces. La CNDC debe evaluar que las empresas no se cartelicen o lleven a cabo prácticas desleales, pero después de que estén constituidas las empresas.

Clarín y los representantes de la oposición argumentan que el Grupo no tuvo tiempo para defenderse
Es también es falso. Sabían que el cruce entre sociedades estaba prohibido y lo escondieron. La principal preocupación que debe tener el directorio de este organismo es si las empresas de medios cumplen o no con la ley. Es mentira que el miércoles 8 tenían que estudiar el expediente. Lo que no sabían es que yo iba a tratar el dictamen sobre tablas, pero eso está dentro de las facultades de cualquier director.


Si Milman o Stubrin agarraban el expediente en septiembre, ¿podían encontrarse con todo lo que se le planteó a Clarín? ¿No hubo varios elementos nuevos el 8 de octubre?
Las condiciones [impuestas] a las señales ya estaban en el expediente. Los vínculos societarios en relación a Nueva Zelanda o Panamá, [no]... pero los vínculos entre los estudios jurídicos sí. Hubo muchas cosas nuevas, pero si mirás el acta del directorio no hubo ningún pedido de cuarto intermedio. La otra cosa es que ya pasaron quince días.

¿En qué sentido?
[Milman y Stubrin] estudiaron y leyeron el dictamen. ¿Y entonces? ¿Se puede o no se puede tener empresas cruzadas en Panamá, en Nueva Zelanda, en Estados Unidos? Suponete que no les gustó votar sobre tablas. Quince días después, ¿Milman y Stubrin respondieron a mi pregunta? ¿A Milman le parece razonable que se le dé una señal [a otro licenciatario] sin perder el control [sobre esa empresa]?

¿Se va a mantener el esquema original de las seis empresas?
Puede ser que sea sobre la misma lógica de lo que se aprobó. No estamos obligados, pero puede ser. Mantener la misma estructura [que presentaron en noviembre de 2013] es una posibilidad.

¿Le van a dejar a Clarín la Unidad 1, la que tiene TN y Radio Mitre?
Clarín no puede tener la Unidad 1 y la Unidad 2. O mantiene la 1 o mantiene la 2. Veremos cuál es el plan del concurso.

Los otros grupos
¿Qué pasa con los planes de adecuación de Telefónica, Telecentro, Prisa...?
Hay tres planes que no se trataron: Telefé, Prisa y [los medios de Raúl] Moneta. Hay 40 planes de adecuación. Se trataron 37. Tres, no. La obligación es tratarlos en forma igualitaria, con la misma vara, no en forma simultánea. Las prioridades las establece el AFSCA y sus equipos y ya se trataron 37 de 40 expedientes.

El único grupo plan grande es el del Grupo Ick
Se trató DirecTV, Supercanal, Telecentro, el Grupo Índalo... Ojo, no están terminados. Se admitió su plan de adecuación, no están "cerrados". Cerrados hay siete. [Planes] clausurados, de los [grupos] grandes no hay ninguno.

Hace un año su argumento era "no podemos desconcentrar a los más chicos sin desconcentrar primero al más grande porque en tal caso agudizaríamos la concentración". Luego, el argumento de AFSCA fue que todos los planes iban a ir "al ritmo de Clarín". La pregunta es, ahora que se trató el plan de Clarín, si hay alguna fecha para tratar estos otros planes
No sabemos una fecha, pero vamos a tratar todos los planes. La intención del organismo es no agudizar un problema que teóricamente tiene que venir a resolver. Nuestra función es combatir la concentración mediática, sea con la empresa que sea.

¿Hay chances de que algún otro grupo se le aplique la adecuación de oficio?
Cualquiera que esté en un proceso de adecuación voluntaria e intente hacerle trampa a la ley puede correr la misma suerte e ir a la adecuación de oficio. Todos tienen las mismas exigencias. A todos se les dio mucho tiempo, pero una cosa es usar el tiempo para cumplir con la ley –no es fácil vender– pero otro es usar el tiempo para hacer trampa.

El 10 de octubre se cumplen cinco años de la ley de medios. ¿Qué éxitos y fracasos acumuló en este tiempo?
El primer año la ley estuvo parada totalmente. Y en cuatro de esos cinco años, también estuvo frenada la adecuación. Es decir que en materia de adecuación la ley solo estuvo vigente un año... Y a pesar de eso hago un balance muy positivo. Pero vimos una profunda transformación, un anclaje federal que rompió la lógica del área metropolitana de Buenos Aires. La ley ha hecho que en muchas ciudades del interior esté la primera radio, la primera señal [de TV] o la primer productora audiovisual. Hay cientos de nuevas radios y canales en todo el país. La exigencia de contenidos locales e independientes ha logrado 6.000 horas de contenidos nuevos. Hay 160 cableoperadores nuevos en el país, muchos de ellos cooperativas. Hay radios y canales de pueblos originarios, de universidades, de escuelas...

No mencionó ningún fracaso
Hubo concursos que tuvimos que hacer de vuelta. Fue un proceso de ensayo y error, porque la ley es nueva. Quizás los precios de los pliegos [para participar de concursos para otorgar nuevas licencias] para las organizaciones populares y sin fines de lucro hacían justamente que estas organizaciones no pudieran participar. Los fondos del FoMeCA se podrían haber puesto antes... Pero insisto: no es una ley que se pudo aplicar tranquila desde el primer día.

Ir hacia una adecuación de oficio, ¿no favorece la judicialización del proceso de desconcentración de Clarín?
¿Qué pueden ir a decir a la justicia? "¿Quisimos hacer trampa y nos descubrieron?"

Bueno, en 2009 encontraron jueces amigos
Eso puede pasar. Pero lo cierto es que el AFSCA no puede aprobar un plan que viole la ley. "Che, para que no vayas a la justicia, aprobémosle este mamarracho". La ley hay que cumplirla.

La oposición argumenta que hubo una orden política para avanzar con la adecuación de oficio
No hubo ninguna orden política. La única directiva que me dio la presidenta fue hacer cumplir la ley, sin excepciones para nadie. Nunca hablamos de un expediente en particular.

¿No cree que la aplicación accidentada o fallida de la Ley de Medios le da letra a quienes quieren cambiar o derogar la ley?
Los que quieren derogar la ley lo quieren hacer porque son representantes de esos intereses corporativos. No creo que haya una aplicación fallida de la ley. Todo lo contrario: hay quienes intentan violarla y nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer.
Fuente: Buenos Aires Herald

El diario La Nación seguirá sin pagar una deuda a la AFIP

Es porque la Corte Suprema repuso una medida cautelar de 2003, que le permite al diario computar las contribuciones patronales como crédito fiscal para el IVA. Hace cinco años el Gobierno Nacional propuso un canje de deuda, pero el matutino no se acopló porque así hubiera reconocido la deuda

Por: Gustavo Ahumada
Desde hace más de 10 años una medida cautelar favorece a la Asociación de Editores de Diarios de Buenos Aires (AEDBA), pero principalmente al diario La Nación. Hoy la Corte Suprema repuso la cautelar a favor de los diarios lo que les permite evitar el pago de una deuda impositiva de más de 280 millones de pesos.
La decisión judicial es de 2003 pero la causa llegó al máximo tribunal en 2009, después de una sentencia contraria dictada por la Cámara Contencioso Administrativo y Tributaria Federal que ordenaba su levantamiento. Entre 2012 y 2013 hubo dos audiencias de mediación entre las partes, pero no se llegó a ningún acuerdo.
Con la firma de los jueces Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, y la disidencia de Elena Highton de Nolasco (el juez Eugenio Zaffaroni no firmó la sentencia), se resolvió revocar la sentencia de la Cámara Contencioso Administrativo y reponer la medida cautelar porque que “no debe considerarse en mora a la entidades actoras que hayan cumplido con sus obligaciones fiscales con los alcances concedidos por aquella medida”.
Es que la medida cautelar dictada once años atrás extendió un “beneficio” para computar las contribuciones patronales como crédito fiscal para el IVA. Aunque en 2009 el gobierno nacional, a través del decreto 1145, propuso un régimen de “canje de deuda” para que los medios deudores se acoplaran para así canjear lo que debían pero AEDBA , cuyas cara visible es el diario La Nación no se acopló porque hubiera significado el reconocimiento de la deuda.
El año pasado la AFIP firmó una resolución que instauró un régimen de regularización impositiva pero que excluía a los beneficiados por esa medida cautelar de 2003. Los que para los jueces significó una exclusión “infundada y arbitrariamente a los medios de prensa de la posibilidad que se le otorga al resto de los sectores, erigiéndose en una discriminación ilegítima”.
La Corte Suprema consideró que “se encuentra amenazada la libertad de expresión” porque “la magnitud de los montos involucrados” – se calcula que la deuda fiscal ascendería a unos 280 millones de pesos- “ponen en serio riesgo de desaparición a las empresas del sector” cosa que “justifica el mantenimiento de la medida cautelar”. El argumento usado por los jueces es el que utilizó AEDBA que dijo que de ejecutarse esas deudas se conduciría “a la quiebra de muchos medios integrantes” de la asociación y se afectaría “la prensa libre”. Además de reponer la medida cautelar, la Corte Suprema le pidió a la jueza de primera instancia que lleva adelante la causa, Rita Ailán, que “arbitre los medios necesarios para resolver de forma urgente la cuestión de fondo.

Resolución de la Corte en la causa “Asociación Editores de Diarios de Bs. As. (AEDBA) y otros c/ EN - AFIP s/ medida cautelar”

Para Peñafort es "absurdo" que los medios pidan no pagar impuestos
"Piden un régimen especial para no estar obligados, como el resto de los mortales", dijo la jurista que representó al Estado nacional en defensa de la constitucionalidad de la ley de medios sobre sobre la reposición de la medida cautelar que permite a La Nación seguir sin pagar una deuda millonaria a la AFIP. Para el jefe de Gabinete, el fallo de la Corte Suprema tiene una "clara intencionalidad política"
La abogada Graciana Peñafort, que asesoró en la elaboración de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, consideró que el fallo de la Corte Suprema que mantiene una medida cautelar para que los grandes diarios no paguen impuestos "es absurdo" y cuestionó a los medios hegemónicos por "pretender que se elabore un régimen especial para ellos". Para el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, el fallo tiene una “clara intencionalidad política”.
Ayer, la Corte falló en favor de mantener una medida cautelar de más de diez años, que permite a diarios como La Nación continuar ser exceptuados del pago de impuestos reclamado por la AFIP.
"Este fallo deja sin posibilidad a que el Estado recaude y eso implica que está en juego una política del sistema previsional", afirmó la jurista que representó al Estado nacional en defensa de la constitucionalidad de la ley de medios ante el máximo tribunal del país. "Piden lo absurdo, que se elabore un régimen especial para que ellos, por ser diarios, no estén obligados a pagar los impuestos como el resto de los mortales", señaló Peñafort.
En declaraciones a radio América, la abogada recordó que en 2003 los diarios y revistas presentaron una medida cautelar por un decreto que modificó una disposición que en plena crisis de 2001 "permitió descontar de lo que se pagaba por el IVA lo que se pagaba de aportes previsionales y que generaba mucha evasión imposible de comprobar".
Además, subrayó la vigencia de la ley 26.982 que modifica el Impuesto al Valor Agregado y establece un régimen especial de aportes según la facturación de cada diario y que, dijo, "la Corte ignoró supinamente" en su fallo de ayer.
"Detrás de los medios chicos están los grandes deudores que no quieren pagar y la Corte permite esta situación", aseguró la abogada al señalar que "todos los diarios del país adeudan en virtud de una deuda incobrada 80 millones de pesos y sólo Clarín debe 101 millones de pesos".
“Un fallo con intencionalidad política”
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, consideró hoy una "afrenta al funcionamiento de las instituciones republicanas y democráticas" de la Argentina la decisión del máximo tribunal que mantiene la vigencia de una cautelar que le otorga protección judicial al diario e impide a la AFIP cobrarle una deuda.
"Es un fallo que demuestra claramente la parcialidad de la Corte Suprema y que viola un principio esencial que está en la Constitución, que es la igualdad ante la ley", dijo Capitanich en rueda de prensa en Casa de Gobierno. Para el jefe de Gobierno, la decisión de "otorgarle un privilegio a ese diario es una afrenta a todos los argentinos" y consideró que "se trata de un fallo de naturaleza política y con intencionalidad política".
Fuente: InfoJus Noticias

Respaldo a los trabajadores de prensa en lucha

El Plenario Autoconvocado de Delegados de Prensa Escrita, Radial y Televisiva, reunido el jueves 23 de octubre, expresa su más decidido respaldo a la lucha que desarrollan los trabajadores de prensa del Grupo 23, amenazados con 10 despidos
Tras realizar asambleas en distintos lugares de trabajo y una masiva asamblea general, la respuesta de los compañeros tuvo su primer logro: los portavoces de la patronal, cuya conducción comparten Sergio Szpolski y Matías Garfunkel, redujeron la dureza de su discurso y, a la vez, las expectativas de ajuste. De esa manera, la amenaza original pasó de 10 probables despedidos a 6, mientras que se manifestó que no enviarán de manera inmediata telegramas de despido. De todas formas, el achique fue ratificado.
El Plenario de Delegados también expresa su total solidaridad con la lucha de la asamblea y la comisión interna de Canal 7, cuyo primer avance, tras una jornada de paro, ha sido la convocatoria por parte de la dirección del canal de una mesa de diálogo y la respuesta a varios de los reclamos.
Denunciamos, además, la brutal represión policial, con palos, gases y balas de goma, sufrida por los compañeros del diario Hoy de La Plata, en lucha contra los despidos, la precarización laboral y la persecución gremial.
Las acciones de los compañeros ponen de relieve que los trabajadores de prensa tenemos reservas para luchar. Razones no nos faltan: la apertura de una causa penal a la Interna de Perfil, la persecusión gremial contra las internas de Crónica y BAE, el reciente despido injustificado de una compañera en Publiexpress, la apertura de retiros voluntarios, el incumplimiento de la misérrima paritaria acordada por la burocracia de la Utpba y el rápido deterioro de las condiciones de trabajo por la falta de inversión de las empresas, forman parte de los ataques patronales de los últimos meses.
Este Plenario se compromete con todas las luchas en curso y llama al conjunto de los trabajadores del gremio a apoyarlas y sostenerlas.
Plenario Autoconvocado de Delegados de Prensa Escrita, Radial y Televisiva

AFSCA puso "el carro delante del caballo" en el conflicto con Clarín

A 5 años de la Ley Audiovisual: en el conflicto interminable. “Mientras el gobierno nacional se encaminaba a la celebración del primer lustro de la sanción de la LSCA en un Congreso Internacional, se conoció una novedad en la adecuación de los grupos concentrados a los nuevos topes establecidos en la ley que sacudió el contexto…”
Por: Santiago Marino*
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) argentina cumplió hace pocos días 5 años desde su sanción. Durante ese período, dividido en diferentes etapas, el conflicto entre el Grupo Clarín y el gobierno nacional resultó estructural. El período actual incluye novedades casi cotidianas que se encuadran en un enfrentamiento constante y acapara todas las miradas en un proceso que debería ser más amplio y complejo.
En tal contexto, mientras el gobierno nacional se encaminaba a la celebración del primer lustro de la sanción de la LSCA en un Congreso Internacional (que debatió aspectos presentes y futuros de la regulación del sistema de medios con especialistas nacionales e internacionales), se conoció una novedad en la adecuación de los grupos concentrados a los nuevos topes establecidos en la ley que sacudió el contexto.
El miércoles 8 de octubre, pocas horas antes de una nueva reunión del Directorio de AFSCA , Martín Sabbatella (Presidente designado por el PEN) informó en una conferencia de prensa que presentaría esa misma tarde un informe en el que solicitaría terminar el proceso de adecuación voluntaria del Grupo Clarín y pasar a la adecuación de oficio, a partir de lo cual será el organismo el que decidirá qué empresas deberá vender el Grupo, y ejecutará los concursos para tal fin.
La presentación de Sabbatella sostenía que “los análisis realizados por los equipos técnicos de la AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual) demuestran los intentos de seguir haciendo trampa para burlar la ley”. Se denunciaban dos maniobras. En primer lugar, la existencia de vínculos societarios y comerciales entre los administradores y miembros propuestos para las unidades 1 y 2 en las que se dividiría el Grupo Clarín. En segundo término, un conjunto de condicionamientos por parte del vendedor a los compradores.
En la reunión del Directorio de esa misma tarde se aprobó la presentación por 5 votos (de los representantes vinculados al gobierno nacional) y 2 abstenciones (de los representantes de la oposición, quienes manifestaron que no pudieron evaluar el expediente), a partir de lo cual comienza otra instancia en el conflicto. Sabbatella manifestó además que la AFSCA haría presentaciones en otros organismos estatales para que se investigue si el Grupo Clarín cometió otro tipo de delitos vinculados a este proceso.
A partir esta decisión muchas lecturas resultan posibles. Entre ellas se destacan las que focalizan en el conflicto eterno como mecanismo útil para ambos contendientes, tal como lo sostienen el Dr. Martín Becerra y el periodista Sebastián Lacunza , quienes aportaron los análisis más claros sobre el acontecimiento y sus impactos.
La decisión de AFSCA volvió a poner en el centro de la escena el enfrentamiento entre el Gobierno y el Grupo Clarín. Esto implica poner el carro delante del caballo en materia de aplicación de la LSCA y la democratización del sistema audiovisual nacional. La AFSCA decidió avanzar en la adecuación de oficio del Grupo Clarín a partir de razones y aspectos atendibles, pero que también están presentes en los planes de otros grupos, que fueron aprobados. El campo comunicacional argentino estaba atento a la reunión de Directorio de octubre para conocer si se tomarían decisiones respecto del caso de la empresa Telefe y su eventual incumplimiento , pero esto se mantiene pendiente a 5 años de sanción de la LSCA. El impacto de la decisión sobre el caso Clarín podría ser la demora en la aplicación integral y en la resolución de este conflicto. Esto parece inevitable. El grupo volverá a victimizarse con planteos tales como “El gobierno busca desguazar Clarín” y seguirá su estrategia de frenar con medidas judiciales la aplicación integral de la ley. De este modo, la lectura pasa a ser estrictamente política, en un escenario de conflicto que quizá resulte “gana-gana” para ambos contendientes. Y en el que lo mejor de la LSCA quede otra vez demorado.
*Santiago Marino es Doctor en Ciencias Sociales, Magister en Comunicación y Cultura. Director de la Maestría en Industrias Culturales (UN Quilmes), docente e investigador UN Quilmes, UBA y del Salvardor.
Nota: Las presentaciones se realizaron ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (ProCELAc), la a Unidad de Información Financiera (UFI) y la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Fuente: observacom.org

No a las amenazas de despidos en Grupo Veintitrés

El jueves 23 tuvo lugar una gran jornada de movilización del gremio de prensa impulsada por los delegados frente a las amenazas de despidos en las Revistas Premium del Grupo Veintitrés

En primer lugar, el Plenario de Delegados Autoconvocado se reunió en la redacción de Tiempo para expresar su solidaridad con los compañeros afectados y, además, respaldar a la interna y la asamblea de trabajadores de prensa de la TV Pública, que paró ese día contra la censura y la persecución gremial.
El Plenario también discutió la situación del gremio, signada por un reflujo transitorio con una ofensiva de las patronales, el gobierno y la burocracia contra la organización de base en las redacciones. Este escenario tiene que ver con el cambio de etapa que el propio gobierno mostró en su política de represión a las luchas contra los despidos como en Gestamp y Lear.
En este cuadro, la mejor alternativa para oponerle a la ofensiva patronal es avanzar en forma definitiva hacia la construcción de un nuevo sindicato para todos los trabajadores, sin exclusiones y basado en la democracia sindical. La Naranja propuso, con buena recepción por parte de la mayoría de los presentes, realizar un plebiscito en todas las redacciones para que los compañeros se pronuncien sobre este tema. Un nuevo sindicato, independiente y de lucha, daría un fuerte impulso a todas las luchas parciales que nos toca encarar en esta etapa y nos plantearía la posibilidad de retomar la iniciativa.

"Unidad y al que no le gusta..."
En segundo lugar, concluido el plenario, se realizó una masiva asamblea general de todos los trabajadores del Grupo 23, que cortó la calle Amenábar, frente a las oficinas de RRHH del Grupo y las redacciones de Tiempo, Miradas al Sur, Radio América, El Argentino y El Sensacional. La concurrencia superó por lejos a todas las asambleas generales realizadas previamente, lo que ratifica que todos los compañeros, más allá del divisionismo que impulsa la patronal, nos reconocemos como parte del mismo grupo periodístico y que, por lo tanto, si tocan a uno, nos tocan a todos.
La presencia de más de 150 compañeros que discutieron y votaron bajo el sol agobiante de ese día revela, por un lado, la enorme preocupación que produce la amenaza de despidos y, por otro, muestra el potencial de lucha y movilización que existe entre los trabajadores.
También se escucharon con fuerzas las denuncias por retraso en el pago de salario y en el pago de las colaboraciones.
Finalmente, la asamblea resolvió paro general en todo el grupo ante el primer despido en cualquier medio. Además, se aprobó realizar una nueva asamblea general el 6 de noviembre, cuando vence el plazo legal de cobro de salarios de octubre, precedida por asambleas por empresa.
La jornada generó un un gran entusiasmo entre los compañeros del Grupo 23, reforzado por el anuncio de la empresa que reduce los retiros voluntarios de 10 a 6 trabajadores y relativiza la fecha de inicio de los mismos. Desde ya que es sumamente insuficiente, pero es un primer recule de la patronal.
¡Vamos por el triunfo de la lucha de los compañeros de las Premium y de todo el Grupo Veintitrés!
¡Vamos por un nuevo sindicato democrático, independiente y de lucha para poner de pie a los trabajadores de prensa!
La Naranja de Prensa
Foto: ‏@elsensareda

El canal 10 deberá explicarle a la Defensoría del Público censura a diputado

Las autoridades de Canal 10 de Tucumán deberán explicar en Buenos Aires porque discriminan al diputado José Cano. La Defensoría del Público aceptó el planteo realizado por el referente tucumano, quien había denunciado a la emisora estatal por censurar su actuación política. El organismo nacional los convocó a una audiencia esta semana y les recordó que los medios públicos deben garantizar el pluralismo y el derecho a la información de todos los ciudadanos.
La novedad fue comunicada el viernes a Cano mediante una nota firmada por Cintia Ottaviano, defensora del público de los Servicios de Comunicación Audiovisual. Ante ese organismo, creado por la denominada Ley de Medios, el diputado tucumano denunció a Canal 10 por discriminarlo al momento de difundir su actividad como representante de la provincia en el Congreso de la Nación.
Ottaviano informó a Cano que la Defensoría del Público se puso en contacto con las autoridades de Canal 10 para programar una audiencia que se concretaría en el transcurso de esta semana. ?Este encuentro tiene por objeto generar un espacio de diálogo propiciatorio para atender cada una de las demandas que usted realizara en su denuncia y para poner en conocimiento del canal los objetivos y las obligaciones para los medios públicos. En ese sentido, le informamos a Canal 10 que debe respetar el pluralismo político, garantizar el derecho de información de los ciudadanos y difundir las actividades de los poderes públicos en el ámbito nacional y local", reza el escrito firmado por la funcionaria nacional.
La presentación de Cano enumeró al menos 50 hechos institucionales, protagonizados por el referente del Acuerdo Cívico, que nunca fueron difundidos por la emisora que administran la Provincia y la UNT. Según la presentación realizada hace más de un mes, la censura se mantiene en forma sistemática desde hace más de cinco años y resulta evidente con el trato dispar brindado a los principales referentes del oficialismo incluyendo al gobernador, a todos los intendentes de su signo político y a sus legisladores nacionales y locales.

El intendente Amaya también denuncia a Canal 10
El intendente intimó a la emisora estatal ante el AFSCA por no informar sobre sus actividades
“Los programas de producción propia vienen acentuando un direccionamiento desequilibrado y arbitrario que trasunta en un accionar que omite dar a conocer actos importantes de la gestión municipal”. Este es uno de los argumentos que el intendente capitalino Domingo Amaya esgrimió para intimar a Canal 10, único canal público de la provincia, a que informe sobre sus actividades oficiales y sobre asuntos de la ciudad.
De acuerdo con el jefe municipal, la omisión restringiría las libertades de información e impediría que la comunidad pudiera “contar con la totalidad equilibrada de la información”. El planteo fue dirigido al presidente del Directorio de la emisora -integrada por representantes de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y del Gobierno-, Mauro Feldman.
“El Estado debe salvaguardar el derecho a la información, participación y desarrollo del estado de derecho, así como los valores de la libertad de expresión”, sostiene el escrito. Además, considera que se “retacea”y limita la información. La Intendencia remitió copias de la nota al gobernador, José Alperovich, y a la rectora de la UNT, Alicia Bardón.
Por otro lado, concretó también una denuncia ante la oficina local de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca). En esa demanda se adjuntaron como prueba registros del Departamento de Información Pública de que el Canal habría recibido, pero no emitido material.
Al ser consultado por La Gaceta, el vicepresidente de la señal, Alejandro Laurnagaray de Urquiza, rechazó que se omita información del municipio. “Durante el programa periodístico de la mañana se habla habitualmente de temas de la Municipalidad y se invita a funcionarios. En el horario del noticiero, en tanto, dos veces por semana salen micros de la Municipalidad”, precisó el funcionario. Subrayó que el Canal no está “obligado” a emitir todos los videos que se envían. “Hay criterios para armar la agenda de los informativos. La Municipalidad y sus noticias forman parte de nuestro interés. Quiero creer que esto no es una chicana política”, advirtió Laurnagaray de Urquiza.
Hace un mes, el diputado radical José Cano había iniciado una demanda similar. Había afirmado sentirse discriminado por “motivos políticos” ante la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación. Laurnagaray de Urquiza, había contestado que Cano sí había aparecido en la pantalla, pero que en ocasiones se negaba a brindar entrevistas.
Fuentes: Contexto y La Gaceta
Ver anterior: Diputado denuncia a Canal 10 ante la defensoria del público

¿Y Telefe, Prisa, Moneta? Estábamos concentrados en Clarín, no llegamos

Fuente: Revista Noticias