Carcajadas y lágrimas. Así recibieron el fallo de la Corte Suprema que declara la constitucionalidad de la Ley Audiovisual las partes en disputa. Con celebraciones en las filas del kirchnerismo, con enojo y recursos desesperados en el Grupo Clarín. Para unos, se trata, al fin, de la posibilidad de democratizar la comunicación e iniciar el imperio de la pluralidad de voces. Para otros, la ruina de la libertad de expresión y una amenaza contra la democracia. Baruch de Spinoza, el filósofo judío holandés -que además de intentar acercarse a la realidad con la mirada del pensamiento se dedicaba en la vida cotidiana a pulir lentes para ver mejor, ya que era óptico- tenía una máxima que bien se podría aplicar a este momento. "Ni reír, ni llorar: comprender". Una tarea necesaria para que la sociedad no caiga en falsos entusiasmos ni fatalismos.
La Ley Audiovisual de Servicios de Comunicación Audiovisual (popularmente conocida como Ley de Madios), votada hace cuatro años por el parlamento, no constituye ni una panacea democrática ni es la catástrofe fascista que algunos quisieran ver. Se trata de un intento reordenamiento del mapa de los medios ajustado a ciertas normas del mercado, cuyo vértice menos favorecido podría ser el Grupo Clarín, a costa de que otros grupos capitalistas -seguramente, como se demostró en este último tiempo, cercanos al gobierno o, por lo menos, reproductores seriales de su discurso- se beneficien de las licencias que el grupo dirigiro por Héctor Magnetto deba desprenderse.
Si es que se desprende, ya que la Ley Audiovisual contempla la posibilidad de que la desinversión promulgada se realice a través del traspaso a terceros (testaferros) de las licencias cuestionadas. Tal sería la operación que el mismo Martín Sabatella dejó entrever al señalar que el grupo Fintech Advisory, socio minoritario del Grupo Clarín, podría presentar un plan de reacomodamiento -esto a pesar de que es un grupo estadounidense, que no podría ser propietario de medios, según la ley, pero que obtendría una "contemplación gubernamental" en base a los tratados recíprocos de inversión firmados con los Estados Unidos (pese a que las empresas argentinas tienen inversiones en el gran país del norte cercanas al grado cero). Todo esto si, finalmente, algunas empresas no pasan a manos de Marcela o Felipe Herrera, hijos de Ernestina Herrera de Noble, tal como hiciera el empresario de medios kirchnerista Daniel Vila, que traspasó algunas de sus empresas a su hija Barbarita, hoy empresaria de medios K.
En términos técnicos y de mercado, es razonable que se plantee la desinversión de un grupo empresario con una posición mayoritaria y un exceso de empresas que tienen a la monopolización de ese mercado. En términos políticos, si esta desinversión se realizara sin testaferros y se otorgaran las licencias de acuerdo al modo de operar del kirchnerismo, las empresas que ganarían esas señales liberadas corresponderían al empresariado oficialista, que ha copado paulatinamente gran parte de los medios que se han sumado no a la "pluralidad de voces", sino a la concentración de voces a favor del Estado y su gobierno. El uso de la pauta oficial, la supresión de medios opositores y el imperio de una voz única a su favor ha sido una marca del kirchnerismo desde que gobernaban en la patagónica Santa Cruz. En la concepción kirchnerista de los medios de comunicación, la opción más deseable es la que acalle a las voces opositoras.
Que se trata de una ley de carácter empresarial se demuestra mediante la convalidación de despidos o aumento de tarifas que el fallo propone a los afectados por la desinversión, concretamente, el Grupo Clarín. La variante de pago son, como siempre, los trabajadores. Porque, tal como señala Horacio Verbitsky, el objetivo real de la Ley Audiovisual es que el grupo dirigido por Magnetto reduzca su tamaño en un 35 a 40 por ciento.
La zanahoria de la Ley Audiovisual es el 33 por ciento de las señales que deberían ser otorgadas a organizaciones sin fines de lucro. Esto no sucede y, por el contrario, una serie de dificultades son planteadas a cualquier medio alternativo deseoso de obtener los beneficios de la nueva ley. Sin contar los costos que demanda la mantención física de las instalaciones de un canal de televisión, a los que hay que sumar los salariales, se debe agregar el costo de los pliegos de licitación de las señales de los canales TDA (que cuestan alrededor de $100 mil pesos), a la vez que la exigencia de demostrar un patrimonio de garantía de alrededor de un millón de pesos. Unos requisitos impensables para los medios alternativos. Sin embargo, no se quedan ahí las dificultades: ese 33 por ciento del espectro reservado a las organizaciones sin fines de lucro también incluye a la Iglesia, los sindicatos (la burocracia sindical) y ONG que podrían ser fundaciones -incluso, la Fundación Noble-. Finalmente, los elevados costos de mantención de los canales provocarían que los medios alternativos deban depender de la publicidad privada u oficial. La privada, seguramente, se opondría a sostener la voz de los trabajadores, ya que iría en contra de sus propios intereses existenciales. La oficial, como marca la experiencia, intentaría que esa voz se ajuste a los requerimientos del gobierno kirchnerista. El apoyo a la Ley Audiovisual en función de ese 33 por ciento ubica a sus festejantes (quienes prefirieron denominarse parte de quienes apoyan, pero de manera crítica) dentro de un marco objetivamente kirchnerista, además de estéril.
Existe una tercera posibilidad, que es la de avanzar en una verdadera democratización de la palabra, en una verdadera pluralidad de voces garantizada por erigir medios públicos. Es decir, la propiedad estatal de las instalaciones y la obligación de su financiamiento, pero sin que el Estado tenga injerencia en los contenidos, sino que los medios de gestión pública sean conducidos a través de las organizaciones sociales, culturales, deportivas y partidos de la sociedad civil. Esto no es una utopía realizable sólo en el socialismo, sino que hay ejemplos de gestión de medios de esta naturaleza en la historia de la televisión alemana o el siempre mentado ejemplo de la BBC de Gran Bretaña. De cualquier manera, la voz que está ausente en el debate en la guerra entre el Estado y su tendencia a monopolizar con su discurso ("el relato") los medios de comunicación y Clarín y su tendencia a erigirse como una gran empresa con posiciones dominantes para asegurar su existencia, es la de los trabajadores, la de los medios alternativos, la de los verdaderos otros de esta nación que, en realidad componen las mayorías populares. Ni Corpo, ni Korpo. Hay otras posibilidades para que la democracia y la pluralidad existan, para que en los medios sea esa otra palabra.
Fuente: Infobae
