“De ninguna manera. En absoluto cajonearemos la Ley de Radiodifusión”, dijo a Crítica de la Argentina Gabriel Mariotto, interventor del ComFeR y uno de los invitados a la charla sobre “Medios de Comunicación en Democracia”. Y exhibió como muestra el estado de la fusión entre Multicanal y Cablevisión que el Gobierno ya publicó en el Boletín Oficial pero no terminó de autorizar. “Estamos analizando si se ajusta a la ley”.
Pero esta vez no hubo carteles contra Clarín, sino voces que admitieron que “pararon” las críticas al multimedio por “una bajada de línea de reducir la conflictividad”. Se habló de medios pero sin críticas a Clarín. La agrupación de jóvenes kirchneristas que militan en La Cámpora organizaron un acto en la sede del Partido Justicialista de Matheu 130, para analizar el nuevo proyecto de Ley de Radiodifusión que el Gobierno exhibió con bríos durante la etapa más dura de la pulseada con el grupo.
La fusión de cables saca chispas
El pacto de convivencia entre el Gobierno y Clarín, informado ayer por este diario, dejó una mecha que se había encendido en el tiempo de la batalla: el recurso extraordinario en la Corte Suprema que impediría la fusión por Cablevisión y Multicanal, presentado por la fiscal de la Cámara Comercial Alejandra Gils Carbó en abril. La iniciativa judicial había sido funcional al interés del oficialismo por encontrar una fórmula para contrarrestar la escalada crítica de Clarín.
Carbó mencionó en su recurso ante la Corte que el Grupo Clarín contradice la Ley de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales –promovida por el mismo diario en 2003– que impide a los inversores extranjeros poseer más del 30% del capital de empresas de medios de comunicación. Según la fiscal, el Grupo Fintech Advisory Inc., controlado por el mexicano David Martínez, es un “fondo especulativo” (vulgarmente denominado “fondo buitre”), que absorbió el 40% de la nueva estructura de Cablevisión, mientras que Clarín se aseguró el 60%. Ahora, la Corte deberá definir si acepta el recurso extraordinario de Carbó. La fiscal ya recibió siete pedidos de juicio político y dos denuncias penales en Comodoro Py, por afectar con sus intervenciones judiciales los intereses comerciales del Grupo Clarín. Sin embargo, la semana pasada, la Cámara Federal descartó que tuvieran competencia para investigar a una fiscal ordinaria. Por otra parte, en el marco del acuerdo por dar por finalizadas las hostilidades entre el Gobierno y Clarín, como anticipó ayer este diario, el Grupo explora nuevos interlocutores en el oficialismo para armonizar la relación política. La semana pasada, en las oficinas de la consultora de César Mansilla, Jorge Rendo, lobbysta del Grupo Clarín se reunió con Sergio Massa, intendente de Tigre y hombre de consulta del matrimonio K. La información fue confirmada en la intendencia de Tigre, aunque le atribuyeron un carácter “ocasional”. Massa es candidato a ocupar un cargo ministerial –incluso se menciona la Jefatura de Gabinete– si se realiza una recomposición luego del 25 de mayo.
Fuente: Crítica de la Argentina
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