miércoles, 10 de abril de 2024

Milei ataca la libertad de expresión y el derecho a la información para encubrir los resultados de sus políticas

Desde el comienzo de su mandato, el Gobierno nacional dejó en claro su hostilidad al trabajo de la prensa, con la suspensión de la Pauta Oficial, las limitaciones inéditas en la cobertura de actos oficiales, la intervención de los medios públicos y la represión a trabajadores de prensa durante el tratamiento de la Ley Ómnibus.

Luego intentó avanzar con el cierre ilegal de la Agencia TelAm sin pasar por el Congreso, cuyos trabajadores resisten con un acampe que supera el mes, y el silenciamiento de TV Pública y Radio Nacional que, por primera vez en democracia, no pudieron informar sobre el Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia que conmemora el golpe genocida.

Ahora, en una nueva escalada, el mandatario agredió a una periodista por declaraciones realizadas durante una entrevista, deseó la quiebra de un grupo de medios que dejaría a 630 trabajadores en la calle y, más grave aún, publicó un extenso texto plagado de agravios y ataques a la labor periodística.

Milei habla de “una libertad de expresión para todos” pero su ataque a los medios de comunicación y a la tarea de prensa sólo socava el verdadero derecho a la información para la población y, por tanto, de una verdadera libertad de expresión. En el mismo sentido, afirma que “nadie puede evitar que hablemos”; lo invitamos a que lo haga en todos los medios, no solamente en los que él elija.

Esta nueva arremetida contra la prensa se da mientras se conoce que el presidente se informaba con un bot de precios de supermercados de la red social X que, en realidad, era falso. Ésta es la demostración más cabal que el reemplazo de lxs trabajadorxs de prensa por plataformas digitales sin regulación alguna termina en una multiplicación escandalosa de la información falsa, en la que cae el propio gabinete nacional.

Todo esto ocurre en el marco de un fuerte ajuste sobre la población con una inflación superior a los dos dígitos mensuales, aumentos de tarifas, suspensión de la ayuda a comedores, despidos masivos de estatales y salarios que quedaron en su mayoría bajo niveles de pobreza. Es inocultable que el gobierno quiere atacar a la prensa para evitar que se informe sobre la dramática situación que se está desarrollando en el pueblo producto de las políticas oficiales.

Llamamos al presidente Javier Milei a cesar sus agresiones a la prensa, que además son caldo de cultivo y validan futuros ataques a trabajadores de prensa, y a respetar la labor periodística. Lo convocamos también a que cumpla con sus obligaciones de funcionario público y denuncie en la justicia los actos de los que tuviera conocimiento que pudieran constituir un delito.

Rechazamos la censura en los medios públicos y el intento de cierre de la Agencia TelAm.
Por el respeto irrestricto al Estatuto del Periodista Profesional y los Convenios Colectivos de Trabajo.
Por salarios por encima de la línea de pobreza. Investigación y castigo de los responsables de la represión a trabajadores de prensa.

Los presidentes autoritarios descalifican para silenciar
Nuevamente FoPeA se ve en la obligación de expresarse por el tenor de las declaraciones del Presidente de la Nación contra el periodismo
Debemos recalcar que la generalización y la descalificación sistemática que se evidencia en las declaraciones del Presidente, pero sobre todo en su último posteo en X, constituyen una metodología autoritaria que desprecia los principios más elementales de una sociedad democrática. 

La descripción del comportamiento que hace el Presidente es un agravio gratuito e injustificado hacia una mayoría de periodistas que ejerce su trabajo con apego al rigor y la ética profesional

En una seguidilla de declaraciones por medios y redes sociales, Javier Milei atacó con nombre y apellido a periodistas que ejercen su derecho a preguntar o analizar la situación política del país. También, en una modalidad que se ha convertido en una lamentable costumbre, generalizó sobre una supuesta corrupción que según su punto de vista, afecta a toda la profesión.

En su último posteo en X, el Presidente aseveró: “Creemos en una verdadera libertad de expresión. Pero para todos. No solamente para algunos”. Si así fuera, debería respetar el derecho de que todos expresen su forma de pensar. También, de que todo el periodismo pueda acceder a la información que su gobierno tiene la obligación de brindar. Esto no está sucediendo. Solamente quienes cuentan con la simpatía oficial  pueden obtener las respuestas buscadas. La información oficial se ha convertido en una dádiva.

El Presidente, como cualquier ciudadano, tiene derecho a decir su verdad. A lo que no tiene derecho, ni él ni nadie, es a acusar y ensuciar impunemente a todo un sector de la sociedad que cumple con los mandatos acordados en la Constitución y acuerdos internacionales para que la información, que es un bien social, llegue a toda la ciudadanía. Como ya lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un funcionario público y sobre todo el presidente de una Nación deben ejercer una tolerancia mayor hacia las expresiones “que se emiten en circunstancias o sobre asuntos que poseen gran relevancia social”.

Que un jefe de Estado agravie a periodistas y celebre la eventual pérdida de fuentes de trabajo resulta doblemente grave por la evidente asimetría de poder y por la falta de empatía y compromiso con el pueblo de la Nación al que representa en su carácter de mandatario. El respeto a las normas que rigen su conducta y función debe ser siempre prioritario. Como organización que vela por la calidad y la ética en el periodismo, FoPeA propicia la autocrítica permanente. Sin embargo, el límite siempre son el agravio y las generalizaciones. Recordamos, como ya lo hemos hecho anteriormente, que la violencia verbal puede derivar en violencia física contra algún periodista.

Una democracia sólida se construye sobre la base del disenso, pero siempre partiendo del respeto mutuo. Jamás desde el discurso estigmatizante e inquisidor.

La responsabilidad de elevar la calidad del debate público es tanto de los periodistas como de los funcionarios públicos. Y todos deben contribuir a luchar contra la desinformación, flagelo capaz de paralizar a una sociedad por el pánico y la incertidumbre. En ese sentido, resulta peligroso que desde las más altas esferas del poder se den por ciertas y se difundan informaciones o indicadores que no han sido previamente chequeados, como ha ocurrido en los últimos días. En estos casos, es cuando más claro asoma el papel del periodismo profesional y la prensa como institución garante de información contrastada, cierta y contextualizada. 

Sería muy positivo si desde tan elevada investidura se denunciara ante la Justicia, con  pruebas concretas, a quienes no cumplan con los requisitos que impone la ética periodística.

Qué dijo Milei
Libertad de expresión. Para todos
Hace algunos días cuando recibimos a la General Richardson en Buenos Aires aprovechamos la oportunidad para presentar una nueva Doctrina de Política Exterior para la Argentina. 

Durante esa presentación dijimos que parte de nuestra visión es que creemos en una verdadera libertad de expresión. Pero para todos. No solamente para algunos. 

El periodismo se ha acostumbrado, a lo largo de las últimas décadas, a que deben ser tratados como profetas de la verdad única e incontrastable, a los que no se puede criticar, ni desmentir, ni corregir. Si alguien osa cometer esa imprudencia, es castigado al unísono por todos los miembros de la corporación y sus agrupaciones. 

Lo indignante de todo esto no es la pretendida superioridad de quienes ejercen un rol que, en esencia, es efectivamente noble. Sino que al igual que ha ocurrido con todo el resto de las cuestiones vinculadas a la política, el periodismo se ha corrompido, ensuciado y prostituido al calor de los sobres y la pauta oficial. 

La extorsión es moneda corriente. La mentira, la difamación, la calumnia son algo frecuente también. Primero te pegan, y después te pasan la factura. Cifras siderales. Pero como la mayoría de los políticos son los que pagan, quedan presos de su propia trampa, ya que nunca pueden contestar los ataques a riesgo de que expongan sus negocios. 

El problema de muchos periodistas con los que integramos La Libertad Avanza es que no le debemos nada a nadie. No tenemos negocios con nadie. Y no nos vamos a quedar callados frente a las operaciones, la mentira, la calumnia, la injuria o la difamación. Vamos a contestar. Vamos a decir nuestra verdad. Vamos a bajarlos de esa Torre de Marfil en la que creen que viven. 

Porque libertad de expresión significa que nadie puede evitar que hablemos. 

Ni siquiera los sagrados periodistas. 

Viva la libertad carajo...!!!

Otras Señales

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