La incesante modalidad tuitera de combinar números con letras impactó en nuestra escena política nacional, como los “numerónimos” 13S, 8N, 20N, 7D. Los primeros tres refieren a hechos de movilización masiva y popular, donde se manifestó el descontento contra el Gobierno nacional, a un año del gran 54% de la reelección presidencial. El último constituye una fecha instalada desde el discurso oficial como una bisagra o punto de inflexión.
El kirchnerismo hizo de su pelea con su ex socio Clarín, una épica donde todo queda tocado por esa gran polarización. Una suerte de regreso en forma de caricatura del “Braden o Perón” de mitad del siglo pasado. Atrás quedó la ley de bienes culturales, la suspensión por diez años de las licencias mediante el decreto 527/2005 y el otorgamiento de la fusión entre Multicanal y Cablevisión.Detrás de esa construcción comunicativa de lucha antimonopólica y contra las corporaciones, hay varias preguntas que no pueden responder: ¿por qué hasta el momento no se constituyeron los tribunales de defensa de la competencia? ¿Por qué, en las diversas ramas de la economía, la concentración y la extranjerización crecieron en forma regular durante los últimos diez años? ¿Por qué un sector como el financiero, que quedó tan desprestigiado luego de la crisis de finales de 2001, es el que más ganó en la última década? ¿Por qué grandes corporaciones como la minera logran el silencio de medios estatales y privados? ¿Será por una abultada pauta publicitaria que esconde represiones, puebladas en su contra y la contaminación que envenena nuestros glaciares y cursos de agua dulce?
En el terreno mediático, el grupo concentrado Clarín es el blanco de la mayoría de los ataques del relato oficial. Mientras tanto, otros grupos mediáticos concentrados e infractores de la Ley 26.522 de Comunicación Audiovisual, como Telefónica, Vila Manzano, Moneta, o Cristóbal López gozan de la distracción oficial a la hora de aplicar la ley.
Sin embargo, uno de los grandes incumplidores de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es el propio Gobierno nacional. Quien se erige como referente de la pluralidad de voces, pero que en forma contraria utiliza sus medios socios, amigos y propios para reflejar sólo una voz: la oficial.
Dentro de los cambios institucionales que venía a incorporar la Ley 26.522, estaba la creación de una Comisión Bicameral (ocho diputados y ocho senadores) que controle su seguimiento, la conformación de una autoridad de aplicación con participación de la oposición parlamentaria y la creación de la figura del defensor del público.
La Comisión Bicameral para el seguimiento de la LSCA sólo funcionó dos veces en tres años, el 10/12/2009 y el 16/10/2012. Supuestamente debía ser el principal control parlamentario de aplicación de la ley.
Recién en octubre se convocó por segunda vez a esta comisión para proponer los/las directores en la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y en RTA (Radio y Televisión Argentina, Canal 7 y Radio Nacional) por parte de la segunda y tercera fuerza de la oposición parlamentaria. No obstante, trabaron la designación del director del FAP, el doctor Alejandro Pereyra, a través de impugnaciones infundadas. El objetivo: mantener alejado del directorio de la Afsca a uno de los abogados que más conoce sobre la regulación de los medios de comunicación en el país.
Otro tema de discrecionalidad se observa en la TV Digital. Donde actualmente se reproducen en forma “experimental” las señales de los medios amigos del Gobierno, como es el caso de C5N, Telefe, 360, CN23, el canal de la Uocra, etc. En ningún caso hubo concurso para establecer quiénes pueden transmitir por TDA y quiénes no. Podrían estar allí las televisoras comunitarias, pero no es el caso.
Se intentó realizar un concurso de 220 señales de TV digital pero numerosas dificultades (entre ellas falta de oferentes) llevaron a anular el concurso. En el caso del sector sin fines de lucro, uno de los motores y causas de la LSCA, las trabas vinieron por el lado del elevado valor de los pliegos –entre $ 70 mil y $140 mil– y por no contemplar una política de fomento de este sector.
El 7D surge como un gran decorado. Dar vuelta el relato oficial y buscar el acceso a la información sigue siendo una premisa para quienes queremos pluralidad de voces en nuestra nación.
*Secretario de Prensa del Movimiento Libres del Sur – FAP
Fuente: Diario Perfil
