Desde los territorios donde construyó su carrera en la comunicación comunitaria, Ivonne Pico Flórez repasa en Señales los cuatro años de Gustavo Petro. Habla de reformas sociales, paz total, polarización y elecciones. Y sostiene que la próxima votación será, en buena medida, un plebiscito sobre la promesa de cambio que llegó al poder en 2022
El gobierno de las periferias
A su juicio, el gobierno logró concretar reformas sociales importantes. Entre ellas destaca la reforma previsional y la reforma tributaria progresiva, orientada a una mayor redistribución fiscal. También señala los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), que registraron reducciones paulatinas y significativas en los índices de pobreza monetaria durante el período presidencial. En esa misma línea, considera que la reforma agraria ocupó un lugar central dentro de la gestión, especialmente por tratarse de uno de los puntos fundamentales del Acuerdo de Paz firmado en 2016.
Para Pico Flórez, el país termina este ciclo con mayores niveles de justicia social. Explica que Petro fue elegido por sectores históricamente excluidos de las decisiones nacionales: los jóvenes, las periferias, los departamentos olvidados y regiones tradicionalmente relegadas como el Pacífico, el Caribe y amplias zonas selváticas. Según plantea, esos territorios se convirtieron en el rostro principal de la gestión presidencial.
La comunicadora observa además que las constantes visitas del mandatario a ciudades intermedias y regiones alejadas de los centros de poder ayudaron a consolidar un vínculo directo con esas poblaciones. La popularidad con la que concluye su gobierno, afirma, ofrece pistas sobre el impacto de las políticas impulsadas durante estos años, especialmente entre los adultos mayores y los sectores populares. También destaca las inversiones realizadas en educación pública, tanto en grandes ciudades como en regiones históricamente marginadas, iniciativas que, según entiende, podrían ampliar las oportunidades de acceso a una educación de calidad, fortalecer la investigación científica desde los territorios y reducir la concentración del conocimiento en las grandes capitales.
La disputa por el relato del cambio
La idea de que Petro deja un país políticamente más inestable le parece una lectura incompleta. Más que generar nuevas tensiones, sostiene, la llegada de un dirigente como él permitió visibilizar fracturas sociales, económicas y políticas que ya existían en una sociedad gobernada durante décadas por élites tradicionales. En ese contexto ubica también los permanentes conflictos del presidente con los grandes medios de comunicación. Sin embargo, considera que uno de los aspectos relevantes de su administración fue el impulso dado a iniciativas de comunicación comunitaria y alternativa, concebidas como herramientas de democratización de la información en los territorios. No casualmente, señala, gran parte de las entrevistas, anuncios y acciones de gobierno circularon por plataformas digitales y espacios comunicacionales distintos a los canales masivos convencionales.
Esa condición de figura disruptiva explica, según la periodista, por qué Petro continúa despertando adhesiones y rechazos con la misma intensidad. A diferencia de gran parte de la dirigencia política tradicional, remarca que no proviene de una casta familiar, ni de clanes regionales, ni de estructuras asociadas a las alianzas que históricamente vincularon política y criminalidad en Colombia. Lo define ante todo como un líder social que construyó su trayectoria en los sectores populares y que trasladó esa legitimidad al escenario institucional.
Una sociedad atravesada por sus fracturas
Para Pico Flórez, el respaldo que conserva se sostiene precisamente en esa legitimidad social acumulada a lo largo de su carrera. Al mismo tiempo, reconoce que esa figura genera resistencias, particularmente entre sectores medios y altos de la sociedad. Considera que buena parte de esas generaciones crecieron atravesadas por las narrativas de una guerra interna de más de sesenta años y que Petro representa una ruptura con las formas tradicionales mediante las cuales el país interpretó históricamente el conflicto. Por eso, sostiene, su liderazgo también funciona como un espejo de las divisiones profundas que persisten en la sociedad colombiana: las fracturas entre centro y periferia, entre regiones y entre distintas visiones sobre el pasado y el futuro del país.
Desde esa perspectiva, entiende que las elecciones presidenciales también adquieren un carácter plebiscitario respecto del legado político de Petro. En su análisis, la candidatura de Iván Cepeda, dirigente del Pacto Histórico y reconocido defensor de los derechos humanos, representa la continuidad de un proceso de transformación iniciado en 2022. Frente a ello, identifica una narrativa opositora sintetizada en una consigna simple: detener ese cambio.
La periodista lamenta que gran parte de la campaña electoral se haya concentrado en profundizar prejuicios y antagonismos antes que en debatir proyectos de país. A su entender, uno de los daños más profundos provocados por el prolongado conflicto colombiano es la dificultad para construir una idea compartida de nación. La guerra, la violencia y el desplazamiento forzado, tanto interno como externo, han dejado una sociedad que muchas veces continúa funcionando bajo lógicas de supervivencia antes que de construcción colectiva.
La paz total: entre la apuesta y la frustración
En ese escenario apareció Gustavo Petro hace cuatro años. Pico Flórez recuerda que su ascenso se produjo después de un período político que considera especialmente negativo y en medio de la crisis social expresada por el estallido de protestas. Su propuesta, afirma, logró instalar una narrativa de esperanza en un país acostumbrado a que la política se organizara alrededor de la guerra. Incluso después del plebiscito de 2016, cuando una mayoría votó en contra del acuerdo de paz con las FARC, Petro emergió para muchos sectores como una posibilidad de imaginar un horizonte diferente.
Sin embargo, advierte que proyectar una utopía nacional sigue siendo una tarea compleja mientras persistan múltiples formas de violencia en los territorios. Aunque el acuerdo de paz permitió la dejación de armas de uno de los principales actores armados del conflicto, la salida de las FARC dejó espacios de poder que pronto comenzaron a ser disputados por nuevas estructuras criminales. En numerosas regiones, explica, esas reconfiguraciones terminaron girando alrededor de un mismo eje económico: el narcotráfico.
Ese contexto condicionó uno de los proyectos más ambiciosos de la administración Petro: la llamada "paz total". Pico Flórez considera que la iniciativa buscaba dar continuidad al proceso iniciado con las FARC y ampliar las negociaciones hacia otros actores armados, incluido el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y diversos grupos ilegales que hasta entonces eran considerados exclusivamente organizaciones criminales. La intención consistía en abrir espacios de diálogo y otorgar reconocimiento político a actores que tradicionalmente solo habían sido abordados desde una lógica punitiva.
No obstante, reconoce que los resultados estuvieron lejos de las expectativas iniciales. Las negociaciones no avanzaron como el gobierno esperaba, ni con el ELN ni con otros grupos armados presentes en los territorios. Mientras tanto, las dinámicas de coerción, control social y violencia continuaron afectando a numerosas comunidades. Para la comunicadora, esa dificultad para traducir la apuesta de la paz total en resultados concretos constituye uno de los desafíos más complejos y una de las principales deudas que deja el gobierno de Gustavo Petro al finalizar su mandato.
Al abordar el tema de la seguridad, uno de los ejes centrales del debate político colombiano, Pico Flórez evita las conclusiones tajantes sobre la política de "paz total", una de las apuestas más ambiciosas y discutidas del gobierno de Gustavo Petro. Aunque reconoce las dificultades y los resultados limitados obtenidos durante estos años, se resiste a calificar la iniciativa como un fracaso absoluto.
Desde su perspectiva, uno de los principales méritos de la propuesta fue haber reinstalado en la agenda pública la necesidad de seguir buscando salidas negociadas al conflicto armado. Recuerda que Colombia venía de décadas en las que predominó una visión centrada casi exclusivamente en la confrontación militar. Las administraciones anteriores, sostiene, difícilmente contemplaban la posibilidad de abrir escenarios de negociación política con los actores armados. En cambio, la experiencia del Plan Colombia y la histórica presencia militar de Estados Unidos reforzaron una lógica de seguridad basada en la guerra y la coerción.
Por eso considera significativo que el gobierno haya intentado plantear nuevamente la discusión sobre la naturaleza política de los conflictos armados y la necesidad de construir espacios de diálogo. Aun así, admite que hubo errores y limitaciones importantes en la implementación de la estrategia. Su expectativa es que esas dificultades no terminen clausurando futuras posibilidades de negociación, especialmente porque, en última instancia, cualquier avance en esa dirección apunta a proteger a las poblaciones más vulnerables de los territorios, aquellas que conviven diariamente con la presencia de grupos armados y con las múltiples dinámicas asociadas al narcotráfico.
Cepeda y su compañera de fórmula, Aida Quilcué, líder indígena, celebran un mitin en Cartagena
La figura de Iván Cepeda aparece, en este contexto, como una de las continuidades más visibles del proyecto político inaugurado por Petro. Pico Flórez recuerda que Cepeda es hijo de Manuel Cepeda Vargas, dirigente de la Unión Patriótica asesinado en 1994, y destaca que gran parte de su trayectoria pública estuvo dedicada a la defensa de los derechos humanos y a la promoción de procesos de paz.
A su juicio, uno de los rasgos más significativos de su perfil político radica precisamente en haber convertido una experiencia personal atravesada por la violencia en una militancia activa por la reconciliación. Víctima directa del conflicto colombiano, Cepeda eligió construir una carrera pública centrada en la búsqueda de la paz, transformando esa causa en el núcleo de su identidad política.
Si finalmente es visto como el heredero de Petro, argumenta la periodista, no será tanto por una continuidad personal entre ambos dirigentes como por la voluntad de profundizar el proceso de transformación iniciado durante estos años. Según explica, la propuesta política que representa Cepeda se apoya en pilares como la justicia social, la ampliación de derechos, la inclusión y una agenda ética particularmente estricta en materia de lucha contra la corrupción.
En ese sentido menciona también la incorporación de figuras como Iván Velásquez, reconocido defensor de los derechos humanos y referente regional en materia de transparencia institucional, como parte de un proyecto político que busca consolidar una alternativa distinta a las estructuras tradicionales del poder colombiano.
Pico Flórez no oculta además su propia identificación con ese horizonte político. Reconoce que apoyó la llegada de Petro al gobierno porque la interpretó como el primer paso hacia un modelo democrático más inclusivo, con mayores niveles de justicia social y orientado al bienestar colectivo. Desde esa mirada, considera que el desafío actual consiste en profundizar reformas ya iniciadas y avanzar en otras que permanecen inconclusas.
Entre ellas menciona particularmente la reforma del sistema de salud, una de las iniciativas que más resistencias encontró durante el gobierno. Según su análisis, detrás de las dificultades para aprobarla operan intereses económicos y políticos de sectores poderosos que continúan condicionando el debate legislativo.
Al mismo tiempo, destaca que Cepeda posee un capital político propio que trasciende cualquier vínculo con Petro. Lo encuentra especialmente en su trayectoria judicial y en el enfrentamiento que mantuvo con el expresidente Álvaro Uribe. Recuerda que fue Cepeda quien impulsó diversas denuncias que terminaron llevando a los tribunales a una de las figuras más influyentes de la política contemporánea colombiana, un proceso que, contra muchos pronósticos, captó la atención nacional e internacional. Para ella, esa capacidad de confrontar a los sectores más poderosos del país constituye una credencial propia y una de las principales fortalezas de su liderazgo.
Sin embargo, reconoce que la continuidad de la "paz total" se ha convertido en uno de los puntos más vulnerables de la campaña. Las fuerzas de derecha, afirma, han utilizado los resultados limitados de esa política para cuestionar el proyecto político representado por Cepeda. Aun así, considera que muchas de esas críticas simplifican un debate complejo y dejan de lado aspectos fundamentales, como la necesidad de construir una paz con enfoque territorial que atienda las particularidades de cada región del país.
Si esa propuesta suma o resta votos es algo que, según admite, terminará definiéndose en las urnas. Lo que sí observa es que el discurso de la seguridad y la mano dura ha recuperado fuerza en la campaña electoral. Se trata de una bandera históricamente asociada a la derecha colombiana y que hoy reaparece con intensidad tanto en los sectores vinculados al uribismo como en nuevas expresiones políticas de perfil más disruptivo.
La periodista identifica en algunos de esos liderazgos rasgos similares a fenómenos recientes de otros países latinoamericanos, particularmente aquellos que construyen su popularidad alrededor de propuestas radicales en materia de seguridad. En su opinión, muchas de esas iniciativas carecen de sustento jurídico, político o económico, pero logran conectar con amplios sectores de una sociedad preocupada por la inseguridad y el deterioro del orden público.
La campaña del miedo y la seguridad
El clima electoral se volvió aún más tenso tras el asesinato del candidato Miguel Uribe Turbay, un hecho que Pico Flórez describe como profundamente doloroso y perturbador para la democracia colombiana. El crimen, afirma, reactivó los recuerdos de una de las etapas más oscuras de la historia política nacional: aquella marcada por el asesinato sistemático de candidatos presidenciales y dirigentes políticos.
La sensación de que la política vuelve a desarrollarse bajo la sombra del miedo genera una preocupación transversal en todo el sistema político. Según señala, los esquemas de protección de los principales candidatos se reforzaron considerablemente después del atentado, reflejando la gravedad del momento.
Más allá del impacto inmediato, Pico Flórez considera necesario preguntarse quiénes resultan beneficiados por hechos de esta naturaleza. A su entender, el asesinato fortaleció especialmente a sectores que promueven respuestas más punitivas y que reivindican el uso de la fuerza como herramienta principal para enfrentar los problemas de seguridad.
Esa reacción le despierta una preocupación adicional. Recuerda que Colombia ya atravesó experiencias similares durante los años de la llamada “seguridad democrática”, una etapa en la que amplios sectores de la sociedad legitimaron estrategias de combate que posteriormente derivaron en graves violaciones a los derechos humanos. Entre ellas menciona el caso de los llamados “falsos positivos”, que dejaron miles de víctimas y continúan siendo una de las heridas más profundas de la historia reciente del país.
Por eso advierte que el desafío para Colombia no consiste únicamente en responder a las demandas de seguridad de la población, sino también en evitar que el miedo vuelva a convertirse en el principal ordenador de la política nacional.
Abelardo de la Espriella, candidato de extrema derecha a la presidencia de Colombia, cerró su campaña en la ciudad de Medellín
Dentro del campo opositor, Pico Flórez observa una disputa que, aunque se desarrolla dentro del mismo espacio ideológico, expresa sensibilidades diferentes. A su entender, Paloma Valencia encarna la continuidad más clara del establecimiento político, económico y social colombiano. La identifica como la representante de los sectores tradicionales del poder, aquellos con los que históricamente se han sentido cómodos las élites económicas, buena parte de los grandes medios de comunicación y los grupos que dominaron la escena política antes de la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia.
Según su análisis, Valencia concentra buena parte del respaldo de las clases medias y altas urbanas, sectores que suelen observar los problemas sociales desde una perspectiva más distante de las realidades territoriales y menos vinculada a las discusiones sobre justicia social que atravesaron el ciclo político inaugurado en 2022.
Muy distinto es el caso de Abelardo de la Espriella. Pico Flórez lo ubica dentro de una corriente política que busca combinar elementos presentes en liderazgos contemporáneos como los de Nayib Bukele y Javier Milei. Lo describe como una figura construida alrededor de la provocación, la exhibición de riqueza y una narrativa que reivindica el éxito individual, la opulencia y la idea de que todo es posible para quien logra imponerse por sus propios medios.
La periodista considera especialmente delicado que un discurso de esas características encuentre receptividad en una sociedad como la colombiana, atravesada durante décadas por el narcotráfico y por las huellas culturales que dejó ese fenómeno. A su juicio, Colombia todavía no ha realizado una reflexión profunda sobre las consecuencias que produjeron figuras como Pablo Escobar y sobre los valores que quedaron instalados en amplios sectores sociales a partir de aquella experiencia.
Por eso observa con preocupación la emergencia de dirigentes que no parecen sentir incomodidad frente a esos antecedentes y que incluso construyen parte de su identidad pública alrededor de vínculos con personajes asociados al mundo criminal. En el caso de De la Espriella, menciona particularmente su trayectoria profesional como abogado defensor de narcotraficantes y otros actores ligados a estructuras mafiosas.
Lo que está en juego en Colombia
Más allá de las intenciones explícitas de ese discurso, considera que existe el riesgo de que termine legitimando ciertos deseos o aspiraciones presentes en una parte de la sociedad colombiana: la fascinación por el poder, la riqueza rápida y la capacidad de imponerse por encima de las reglas. En ese sentido, interpreta que el candidato está captando una porción importante del voto urbano desencantado con los partidos tradicionales y seducido por propuestas que prometen soluciones inmediatas, especialmente en materia de seguridad.
Se trata, según explica, de un electorado que privilegia respuestas punitivas frente a la delincuencia y la violencia, muchas veces sin detenerse a analizar las causas estructurales de esos fenómenos ni las múltiples desigualdades que atraviesan la vida económica, social y cultural del país.
Cuando se proyecta hacia el resultado electoral y sus posibles consecuencias regionales, Pico Flórez entiende que una eventual victoria de Iván Cepeda tendría un significado que excedería las fronteras colombianas. Más que hablar de una continuidad de la izquierda en el poder, prefiere referirse a la consolidación de un ciclo progresista que podría seguir impulsando transformaciones sociales y políticas en la región.
Recuerda que, durante buena parte de la llamada ola progresista latinoamericana, Colombia permaneció como una excepción junto a otros países gobernados por fuerzas conservadoras. Por eso considera que la continuidad de un proyecto reformista enviaría una señal importante en un contexto internacional donde, según observa, avanzan propuestas orientadas hacia posiciones cada vez más conservadoras y restrictivas en materia de derechos sociales.
Desde su perspectiva, un eventual triunfo de Cepeda podría reafirmar agendas vinculadas a la inclusión, la protección de sectores vulnerables, el fortalecimiento de políticas públicas para jóvenes, mujeres, niños y diversidades, así como una mayor presencia del Estado en áreas estratégicas del desarrollo social.
En cambio, advierte que un regreso de la derecha al gobierno probablemente implicaría un giro brusco en materia de políticas sociales. Considera que muchos de los temores promovidos durante la campaña que llevó a Petro al poder terminaron demostrando ser infundados. Recuerda que Colombia no se convirtió en una dictadura ni reprodujo escenarios similares a los que algunos sectores pronosticaban. La propia realización de elecciones competitivas, señala, constituye una evidencia de ello, aunque reconoce que persisten territorios donde la violencia continúa condicionando el ejercicio pleno de la democracia.
A su juicio, uno de los aportes más significativos del gobierno de Petro fue haber instalado a Colombia en debates globales vinculados con el cambio climático y la protección ambiental. Esos temas, afirma, otorgaron al país una visibilidad internacional distinta y fortalecieron su papel dentro de las discusiones geopolíticas contemporáneas.
El futuro como legado
También destaca los avances logrados en materia de reforma agraria, uno de los pilares históricos del Acuerdo de Paz. Según explica, durante estos años se aceleraron procesos de titulación de tierras, compra de predios y entrega de hectáreas a campesinos y comunidades étnicas, además de la formalización de pequeñas y medianas propiedades rurales destinadas a futuros proyectos productivos. Para ella, la continuidad de esas políticas sería uno de los aspectos más relevantes de un eventual gobierno encabezado por Cepeda.
Otro punto que considera fundamental es el fortalecimiento de los mecanismos de justicia transicional. Sostiene que ningún proceso de reconciliación puede consolidarse sin verdad, justicia y reparación para las víctimas. En ese marco, valora especialmente que durante este período comenzaran a producirse avances concretos dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), incluyendo resoluciones y reconocimientos de responsabilidad por parte de antiguos integrantes de las FARC y miembros de la fuerza pública involucrados en graves violaciones de derechos humanos.
Pico Flórez cree que un gobierno de derecha difícilmente mantendría el mismo nivel de respaldo político y presupuestario para estos procesos, algo que, a su entender, podría comprometer avances esenciales para la consolidación de la paz.
Finalmente, subraya que el legado del gobierno del cambio no se limita a las grandes reformas estructurales. También menciona políticas orientadas a la primera infancia y a la protección social de los sectores más vulnerables. Considera que los indicadores positivos registrados en esos ámbitos constituyen una de las expresiones más concretas del impacto que tuvieron las políticas públicas impulsadas durante estos años.
Para la periodista, cuando un gobierno logra mejorar las condiciones de vida de niñas y niños está construyendo algo más que bienestar inmediato: está sembrando expectativas de futuro. Y es precisamente en esa idea de futuro donde, según concluye, se juega buena parte del significado político de la elección que Colombia enfrenta.
Escuchá la entrevista completa:
Fotos: Cristian Garavito, El Espectador; Federico Rios, The New York Times
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