domingo, 17 de mayo de 2026

Memoria, ciencia y saqueo: La Biblioteca Popular Vigil reconstruye su patrimonio

La sospecha llevaba años flotando alrededor del antiguo Observatorio de la Biblioteca Vigil. Entre versiones cruzadas, recuerdos fragmentarios y documentos dispersos, persistía una pregunta que nunca terminaba de resolverse: ¿qué había pasado con los instrumentos originales del observatorio tras la intervención de la institución durante la dictadura?

Durante mucho tiempo, esa incógnita se mezcló con otro episodio ampliamente conocido: el robo de una de las lentes de los telescopios en 1979. Los alumnos de la escuela secundaria señalaron entonces a Carlos Sfulcini y Raúl Pangia —integrantes del personal civil de inteligencia que ocupaban cargos directivos— y también a Ramón Telmo Alcides Ibarra, alias "Rommel", asesor pedagógico de la institución.

Existen numerosos registros de aquellas denuncias. Sin embargo, hasta hoy se desconoce el destino de las lentes originales construidas junto al sistema completo de telescopios y la cúpula fabricada por la firma Zeiss.

Así reconstruye la historia Roberto Frutos -hijo de Raúl Frutos, uno de los fundadores de la institución-, quien desde hace años participa del proceso de recuperación institucional y patrimonial de la Biblioteca Popular Vigil. Según detalla, en Señales, más allá de aquel episodio de las lentes, dentro de la institución persistía otra hipótesis: que algunas piezas del observatorio podrían haber terminado en el Observatorio Municipal entre 1978 y comienzos de los años ochenta.

La reconstrucción comenzó a tomar forma a partir de una revisión exhaustiva de documentos de archivo, testimonios incorporados a causas judiciales y nuevos relatos recuperados en el último año y medio, en paralelo al proceso de reapertura del observatorio de la Vigil. 

La reapertura del observatorio fue también una pieza clave de la investigación. Aunque todavía faltan numerosos elementos y las condiciones distan de ser ideales, el observatorio volvió a funcionar hace más de un año y medio con observaciones abiertas al público y talleres astronómicos. Mientras esa actividad recuperaba el vínculo con la comunidad, el trabajo de archivo avanzaba en silencio.
La pista del Municipal
Con toda esa información sistematizada, los investigadores llegaron finalmente a una conclusión concreta: dos piezas fundamentales del antiguo observatorio estaban efectivamente en el Observatorio Municipal. Se trataba de un telescopio de 300 milímetros y de un filtro monocromador Lyot, un dispositivo especializado para observaciones solares directas. La reconstrucción se apoyó, señala Frutos, en el trabajo realizado dentro del juicio por delitos económicos, junto a las abogadas de la APDH y al equipo del área de Memoria y Archivo de Vigil.

Cuando consideraron que el nivel de certeza era suficientemente sólido, iniciaron consultas institucionales. Así llegaron al actual director del Complejo Astronómico Municipal, Sebastián Bosch, quien abrió las puertas del observatorio y recibió la documentación reunida. Según relata Frutos, Bosch comprendió rápidamente la situación y permitió verificar en el lugar lo que sospechaban desde hacía décadas: las piezas faltantes del Observatorio de Vigil permanecían allí desde hacía casi cincuenta años, probablemente entre 1978 y 1980.

Con esa constatación comenzó una nueva etapa, ya no solo histórica sino también jurídica e institucional. La investigadora y docente de la Universidad Nacional de Rosario Natalia García elaboró junto al resto del equipo una presentación ante la Fiscalía para reconstruir toda la trama documental del caso. A partir de esa exposición, el fiscal Federico Reinares envió un oficio a la Municipalidad solicitando precisiones sobre el origen y la situación patrimonial de las piezas.

La respuesta oficial llegó después de varias demoras administrativas. La Municipalidad confirmó que tanto el telescopio de 300 milímetros como el filtro monocromador Lyot se encontraban en el Observatorio Municipal desde aproximadamente 1978 y que habían sido incorporados al patrimonio municipal como una donación de la Biblioteca Vigil. El problema apareció inmediatamente después: no existe ningún registro formal que respalde esa supuesta donación.

Ni en expedientes judiciales, ni en la documentación de la intervención de la Biblioteca Vigil, ni en archivos municipales apareció constancia alguna del acto administrativo. Frente a eso, la Fiscalía pidió que se remitiera toda documentación respaldatoria. La última respuesta oficial, enviada a fines de marzo, terminó de profundizar las dudas: la Municipalidad reconoció que no existe legajo del acto de donación ni documentación que lo respalde. Lo único disponible es una planilla simple donde consta el ingreso del instrumental al patrimonio municipal, acompañada además por fechas consideradas "difusas" por el equipo, que ahora buscan reconstruir cómo se realizó aquel procedimiento.

A partir de esa información, el grupo impulsó una nueva iniciativa en el Concejo Municipal. El proyecto fue presentado directamente ante la presidencia del cuerpo legislativo con el argumento de que toda donación al municipio debe ser controlada y aprobada por el Concejo, tal como establece la normativa vigente. El pedido apunta a que el Ejecutivo municipal restituya las piezas al Observatorio de la Biblioteca Vigil y que se investigue de qué manera esos elementos permanecieron durante décadas en el Observatorio Municipal sin que existiera información pública clara sobre su procedencia.

La preocupación, sin embargo, no se limita a esas dos piezas. Quienes impulsan la reconstrucción aseguran haber visto parcialmente inventarios del Observatorio Municipal donde aparecen otros elementos incorporados entre 1978 y 1983 bajo la categoría genérica de "donación", sin mayores precisiones. Y recuerdan además que del observatorio original de la Vigil faltan todavía numerosos componentes, entre ellos oculares y portaoculares. Por eso reclaman que la investigación se amplíe a todos los bienes cuyo origen pueda generar dudas.
El saqueo patrimonial
La reconstrucción del patrimonio saqueado de la Biblioteca Vigil tampoco termina en el observatorio. Frutos sostiene que todavía existen numerosos bienes dispersos cuya historia permanece inconclusa. Algunas piezas del antiguo Museo de Ciencias Naturales, por ejemplo, pudieron ser localizadas con el paso de los años. Parte de ese material había sido trasladado al Museo Provincial de Ciencias Naturales "Florentino Ameghino" de Santa Fe y otra parte al Museo Gallardo. En el caso del Ameghino, los objetos fueron efectivamente restituidos, mientras que en el Gallardo se reconoció oficialmente su procedencia. Allí, plantea, sí existía documentación de la intervención que respaldaba aquellas transferencias. Con el observatorio ocurrió algo completamente distinto: no apareció ningún documento que justificara el traslado de los instrumentos.

Pero el universo de bienes perdidos es mucho más amplio. Los integrantes de la Vigil creen que todavía falta rastrear una enorme cantidad de elementos pertenecientes a distintas áreas de la institución. La Escuela de Música, recuerda Frutos, contaba con una importante dotación de instrumentos musicales de los que hoy no existe ningún registro. También faltan pinturas de gran valor artístico y patrimonial, además de miles de libros vinculados al histórico fondo editorial de la institución, cuya mayor parte se presume destruida. A eso se suman bienes muebles y propiedades distribuidas en distintos puntos de Rosario, de la provincia e incluso en otras jurisdicciones. Entre ellas mencionan el predio recreativo y deportivo de Villa Gobernador Gálvez, una de las tantas propiedades cuya situación todavía continúa bajo investigación judicial.

Todas esas líneas forman parte de la causa por delitos económicos vinculada al vaciamiento de Vigil, expediente en el que también se incorporó la denuncia por el telescopio recuperado. Dentro de esa misma causa, la Justicia Federal dictó recientemente el procesamiento de Jorge Alberto Menegozzi, una figura que para quienes impulsan la investigación representa uno de los principales responsables del despojo y la destrucción de la institución durante el proceso liquidatorio.

Menegozzi había sido tesorero de la intervención desde el 1º de agosto de 1977 hasta marzo de 2005. Durante casi veintiocho años continuó administrando las cuestiones económicas de la liquidación y sólo abandonó el cargo cuando la Asamblea para Recuperar Vigil —creada un año antes— comenzó a denunciar públicamente maniobras irregulares y posibles delitos cometidos durante ese proceso. Para Frutos, su permanencia durante casi tres décadas lo convierte en una figura central de todo el entramado económico que acompañó la destrucción de Vigil.
La causa judicial
El procesamiento adquiere además un valor simbólico y político más amplio. Quienes siguen la causa señalan que, históricamente, los avances judiciales en delitos de lesa humanidad lograron alcanzar principalmente a responsables militares, policiales o integrantes de las fuerzas de seguridad, mientras que los civiles que colaboraron con esos mecanismos represivos rara vez fueron investigados o llevados a juicio. En el caso específico de Vigil, sostiene Frutos, gran parte de las responsabilidades posteriores a la intervención inicial de la patota de Agustín Feced recayeron precisamente sobre civiles: abogados, contadores, tasadores y escribanos que participaron del proceso de desguace institucional.

Por eso consideran que el avance de la causa contra Menegozzi representa un antecedente importante dentro de la investigación de los delitos económicos cometidos durante la dictadura y sus años posteriores. Más aún si se tiene en cuenta que muchos de los principales responsables ya fallecieron. Todos los interventores de Vigil, recuerda, están muertos; y salvo los dos primeros, la mayoría eran civiles. En ese contexto, sostiene que juzgar a quienes todavía permanecen con vida constituye una forma indispensable de reconstrucción histórica y reparación judicial.

La discusión, sin embargo, excede el plano penal. Para Frutos, las deudas del Estado con Vigil siguen plenamente vigentes. Y aclara que no se trata de una deuda con la actual comisión directiva sino con la comunidad que construyó la experiencia cultural, educativa y social de la biblioteca popular. Vigil, remarca, fue una mutual y una biblioteca sostenida por sus socios y vecinos; por lo tanto, sus verdaderos propietarios fueron siempre quienes la habitaron y le dieron vida. Por eso considera que la reparación pendiente es, ante todo, una deuda social.
En esa línea, entiende que los tres niveles del Estado —municipal, provincial y nacional— todavía tienen obligaciones pendientes tanto en materia de investigación como de reparación. Desde la Asamblea para Recuperar Vigil, formada en 2004, sostienen la misma idea: primero deben investigarse y juzgarse los delitos cometidos; después, avanzar en políticas concretas de reparación.

Los referentes de la institución reconocen que existieron algunos avances importantes. Entre ellos mencionan la causa Feced III y IV, donde fueron juzgados los crímenes de lesa humanidad cometidos contra directivos y socios de Vigil. También destacan el lento avance de la causa por delitos económicos, impulsada —según describen— en medio de enormes dificultades y resistencias judiciales. Pero creen que todavía falta un paso decisivo: una ley reparatoria integral.

La ley sancionada en 2012 permitió recuperar apenas una pequeña porción de los bienes que habían quedado bajo control provincial. Para Frutos, ahora resulta necesario un nuevo marco legal que reconozca de manera integral los crímenes cometidos contra la institución y establezca mecanismos concretos de reparación y sostenimiento. Esa norma, subraya, debería garantizar no sólo la devolución patrimonial sino también la continuidad de las actividades que hoy desarrolla la institución recuperada.

Actualmente Vigil sostiene cerca de cincuenta talleres culturales y educativos, además del observatorio astronómico, el teatro, la biblioteca, las áreas artísticas y el espacio de memoria y archivo. Toda esa actividad, construida nuevamente desde abajo después de décadas de destrucción, constituye para sus integrantes la prueba más contundente de que la institución sigue viva. Pero también la razón por la cual consideran imprescindible una reparación estatal capaz de asegurar que ese proyecto colectivo pueda sostenerse y profundizarse en el tiempo.
Qué fue la Biblioteca Popular Vigil
Natalia García suele decir que la historia de la Biblioteca Vigil todavía desafía cualquier intento de síntesis. Dedicó años a reconstruir aquella experiencia en su tesis "El caso Vigil. Historia sociocultural, política y educativa de la Biblioteca Vigil (1933-1981)", un trabajo que resultó fundamental para rastrear no sólo el crecimiento extraordinario de la institución, sino también el saqueo de su patrimonio durante la dictadura.

Gracias a ese trabajo colectivo hoy se recuperan piezas robadas y avanza una causa judicial contra un extesorero de la institución por administración fraudulenta. La investigación se sostiene, además, en la pericia de Sergio Arelovich y en el trabajo de Gabriela Durruty, representante legal de la comisión directiva de Biblioteca Popular Vigil e integrante de la APDH.

Cuando García reconstruye lo que significó la Biblioteca Vigil en las décadas del 60 y 70, evita definirla únicamente como una biblioteca popular. La describe, más bien, como una experiencia social, educativa y cultural extraordinaria, no sólo para la Argentina sino también para América Latina. Su singularidad, indica, radicó en haber nacido en una barriada obrera —la entonces Tablada de Villa Manuelita, al sur de Rosario— y haber logrado, en muy pocos años, construir una estructura institucional inmensa.

Ese crecimiento estuvo ligado a un mecanismo financiero inusual para la época: la rifa de la Vigil. Miles de números se vendían no sólo en Rosario y Santa Fe, sino en distintas provincias del país. Ese circuito económico permitió levantar escuelas, sostener una editorial que publicó más de noventa títulos, crear un museo de ciencias naturales, una Universidad Popular y un complejo de siete pisos donde convivían talleres, cursos y espacios culturales. Allí se podía aprender mecanografía y, al mismo tiempo, asistir a actividades vinculadas con las vanguardias latinoamericanas del arte y el muralismo, atravesadas por el clima político y cultural de los años sesenta y setenta.

La Biblioteca Vigil incluía además un enorme sistema bibliotecario, espacios recreativos y deportivos y la llamada "Colonia", más de veinte hectáreas frente al río Paraná destinadas a actividades sociales. Había jardín de infantes, escuela primaria y secundaria. Para García, la clave es comprender que La Vigil condensaba muchas instituciones dentro de una sola organización: culturales, científicas, educativas, mutualistas, asistenciales e incluso productivas.
Ciencia popular en el sur rosarino
Entre todas esas dimensiones, el observatorio astronómico ocupó un lugar emblemático. García sostiene que esa apuesta por la astronomía no fue una extravagancia aislada, sino una consecuencia lógica de la propia concepción popular de la institución. La Vigil buscaba poner a disposición de los sectores trabajadores los bienes culturales, científicos y tecnológicos más avanzados de su tiempo. No había improvisación: la institución convocaba especialistas, buscaba asesoramiento técnico y montaba infraestructura de primer nivel. Lo excepcional, remarca, era que semejante despliegue no estuviera concentrado en una elite científica cerrada, sino en una organización barrial que decidía llevar "la mejor ciencia y tecnología" al sur rosarino.

La compra del instrumental astronómico fue aprobada por una asamblea multitudinaria. La Vigil llegó a tener más de veinte mil socios activos, y fueron esos socios quienes votaron la adquisición del equipamiento en Alemania. La operación contó con el asesoramiento de especialistas como Victorio Campolongo —cuyo nombre hoy lleva el Planetario Municipal de Rosario— y culminó hacia fines de los años sesenta. Para García, ese episodio resume la lógica institucional de la Vigil: una comunidad capaz de aprobar inversiones millonarias porque entendía que el acceso al conocimiento debía ser colectivo y popular.

La historiadora detalla que los documentos conservados en el Archivo Histórico de la Vigil permitieron reconstruir con precisión las características del telescopio. Incluso, durante la investigación, recibieron información enviada desde Alemania por la propia empresa óptica fabricante, lo que permitió corroborar inventarios y especificaciones técnicas. Aquella firma, recuerda García, ya no produce telescopios, aunque sigue vinculada a la industria óptica de avanzada.

El instrumental adquirido por La Vigil correspondía a un sistema denominado Zeiss, de allí el nombre de Carl Zeiss fabricado en Alemania. Se trataba de un doble telescopio compuesto por un refractor de 150 milímetros y un reflector de 300 milímetros: uno funcionaba mediante lentes y el otro mediante espejos. Más allá de esas características, García subraya un elemento menos conocido pero decisivo: el filtro monocromador tipo Lyot, diseñado para estudios solares. Ese dispositivo terminó orientando el perfil científico del observatorio hacia el patrullaje solar, un campo que entonces adquiría creciente importancia debido al desarrollo de las comunicaciones satelitales.

La historia del observatorio, sin embargo, no comenzó con la compra del telescopio. García reconstruye un proceso previo que incluyó charlas de astronomía amateur impulsadas por Campolongo durante las décadas del cincuenta y sesenta, luego la apertura de una escuela de astronomía en la Universidad Popular y finalmente la construcción del observatorio astronómico. El telescopio y la cúpula llegaron desde Alemania y fueron montados durante meses.
La operación tuvo una dimensión económica y política considerable. El equipamiento costó 27 millones de pesos moneda nacional y contó con el aval de la provincia de Santa Fe durante la gestión de Aldo Tessio. La provincia actuó como garantía económica y política para obtener las divisas necesarias y concretar la compra internacional. "No fue un asunto sencillo", resume García, al recordar una inversión que todavía hoy parece desmesurada para una biblioteca popular de barrio, pero que en aquellos años expresaba la ambición cultural y científica de toda una comunidad.

La historia del observatorio astronómico de la Biblioteca Vigil no terminó con la llegada del telescopio alemán ni con la fascinación que despertaba en el sur rosarino. Natalia García explica que, detrás de aquella cúpula instalada a fines de los años sesenta, existía una estructura científica compleja y profesionalizada que logró articularse con instituciones nacionales e internacionales desde una biblioteca popular de barrio.

Los archivos institucionales, especialmente los informes departamentales anuales conservados por la Vigil, permiten reconstruir parte de esas actividades. El observatorio se dedicó principalmente al patrullaje solar diario y a la fotografía astronómica. Pero la docente insiste en desmontar una imagen simplificada del proyecto: el observatorio no era únicamente un telescopio dentro de una cúpula. Funcionaba como un verdadero centro científico, con laboratorio fotográfico, aulas, un "patio de sombras", instrumental óptico complementario y calculadoras científicas de avanzada.

Había también un equipo humano en constante formación. Muchos de quienes comenzaron allí como aficionados o colaboradores terminaron profesionalizándose. García recuerda el caso del doctor Jorge Feugeas, uno de los integrantes del observatorio, quien años después continuó su carrera en el exterior y se convirtió en un investigador destacado del CONICET. La historia de esos científicos quedó marcada por una escena brutal: un día, tras la intervención militar, simplemente les comunicaron que debían abandonar el lugar.

La Vigil, además, había desarrollado un entramado tecnológico inusual para la época. El observatorio trabajaba en estrecha articulación con el centro de cómputos IBM de la institución, indispensable para procesar los datos obtenidos durante las observaciones solares. García rescata especialmente el papel de las mujeres que trabajaban allí, encargadas de sistematizar y programar la información científica. Entre ellas menciona a Teresa, una maestra convertida en programadora, cuya trayectoria considera "otra historia interesantísima", incluso por las resistencias que enfrentó dentro del propio universo tecnológico dominado por IBM.

Ese trabajo científico se conectaba con redes académicas y observatorios de distintos lugares del mundo. La Vigil mantenía vínculos con el Instituto de Astronomía y Física del Espacio, con observatorios de Buenos Aires, La Plata y San Miguel, y más tarde el equipo rosarino fue apadrinado por uno de los institutos astronómicos más importantes de Alemania. Al mismo tiempo, participaban de redes amateur y asociaciones astronómicas. García subraya el carácter extraordinario de esa experiencia: toda esa producción científica y tecnológica sucedía desde una biblioteca popular enclavada en el sur de Rosario.
Dictadura y destrucción

La irrupción de la dictadura militar en 1977 destruyó ese entramado. García sostiene que la intervención iniciada en febrero de ese año implicó un vaciamiento de toda la experiencia Vigil. La represión incluyó secuestros, detenciones ilegales y torturas contra miembros de la comisión directiva, además del cierre de proyectos educativos y culturales. Las escuelas fueron vaciadas de sus contenidos pedagógicos más progresistas y numerosos docentes quedaron cesanteados.

A partir de entonces comenzó un proceso sistemático de desmantelamiento patrimonial que la autora de la investigación define como un verdadero "genocidio cultural". El observatorio quedó paralizado y gran parte de su instrumental desapareció. Durante décadas circularon rumores sobre el destino de esas piezas, hasta que investigaciones recientes permitieron reconstruir parte del recorrido del equipamiento robado.

García marca que, tras años de trabajo con archivos, fotografías, testimonios, inventarios y documentación judicial —incluidos documentos obtenidos en Alemania—, pudieron establecer la "trazabilidad" de algunas piezas. Esa reconstrucción permitió confirmar que uno de los telescopios, el reflector de 300 milímetros, junto con el filtro Lyot, se encuentra actualmente en el Observatorio Municipal de Rosario.
La reparación pendiente
García ya no habla en potencial. Afirma que las pruebas reunidas permiten sostener con claridad que esos instrumentos pertenecieron a la Vigil y que su permanencia fuera de la institución constituye una continuidad del despojo iniciado durante la dictadura. "Estamos hablando de un delito que se sigue cometiendo", advierte, mientras reclama reconocimiento y reparación para hechos ocurridos hace casi cincuenta años.

Sin embargo, García insiste en que el saqueo no puede entenderse como una serie de robos aislados. Habla de una liquidación patrimonial sistemática, planificada y prolongada en el tiempo. En algunos espacios, como la Universidad Popular, la destrucción fue inmediata y material: entraron, saquearon y devastaron todo. El nivel de despojo, dice, resulta difícil de traducir incluso hoy.

"La Vigil fue saqueada hasta en los detalles más mínimos", señala. Se robaron desde edificios completos hasta tornillos. En los inventarios figuran remates de materiales de todo tipo: lentes importadas de Alemania, mobiliario, herramientas, objetos cotidianos. Incluso las sábanas de las cunas de la guardería infantil fueron inventariadas y subastadas. Para García, esa minuciosidad revela la profundidad de la destrucción.

García enumera mecanismos diversos: remates, abandonos, apropiaciones, transferencias irregulares, quemas y biblioclastía. Y aclara que el proceso no terminó con el retorno democrático. La apropiación patrimonial continuó legitimada judicialmente a partir de 1983, cuando el juez Villate tomó la causa y permitió que interventores, liquidadores y tesoreros siguieran administrando y desmembrando bienes de la institución durante décadas. Recién en 2008 se cerró formalmente la liquidación.
Uno de los casos paradigmáticos fueron los terrenos que la Vigil poseía en Villa Gobernador Gálvez. Según García, esas tierras fueron transferidas al municipio bajo la promesa de realizar obras que nunca se concretaron y posteriormente terminaron revendidas al frigorífico Paladini. "Donde se toca aparece un nuevo capítulo", resume, como si la historia de la Vigil todavía siguiera desplegando capas ocultas.

Para la historiadora, el sentido profundo de ese arrasamiento excede el daño material. La dictadura no buscó únicamente destruir edificios, libros o telescopios. "Quiso destruir pensamiento y afectos", sostiene. En ese punto aparece una definición política central de su lectura histórica: la Vigil era "subversiva" porque alteraba el orden social dominante.

Lo que esa experiencia proponía —explica García— era otra forma de construir comunidad. Relaciones sociales colectivas en lugar de competitivas; vínculos democráticos en vez de autoritarios; acceso masivo al conocimiento frente a la lógica elitista. La Vigil demostraba que la cultura, la ciencia y la educación podían organizarse desde una matriz popular y comunitaria. Y justamente por eso, concluye, se convirtió en un objetivo a destruir.

La docente de la UNR también subraya el papel que tuvieron las ciencias sociales en la reconstrucción de esa memoria. Destaca que el trabajo historiográfico, los archivos y la investigación educativa pudieron aportar pruebas concretas en causas vinculadas a delitos de lesa humanidad. En un presente que describe como especialmente adverso para las universidades públicas y los organismos científicos, García reivindica al equipo de reconstrucción patrimonial, organismos de derechos humanos y la propia comunidad de la Vigil para sostener la reconstrucción histórica y judicial de uno de los proyectos culturales más extraordinarios que conoció Rosario.

La memoria que volvió al aire
Tras la emisión de las entrevistas en Señales, comenzaron a llegar al programa distintos mensajes de oyentes que compartían sus propios recuerdos vinculados a la Biblioteca Vigil.

"Encontré hace unos días mi carnet de la Vigil. Me alegró mucho. Ese carnet me permitió sacar en la mutual un crédito con el que pudimos anticipar la compra de nuestra casa. Además, con la famosa rifa, mis padres ganaron su primer televisor", escribió María Rosa.
Hugo, por su parte, reconstruyó una escena familiar que remite al alcance de aquella experiencia: "Mi papá y mi mamá vivían en San Nicolás en 1969. Se ganaron un premio de la Rifa Vigil: un millón de pesos y un auto 0 km, un Fiat 600. Con ese dinero pudieron comprar un fondo de comercio, una panadería muy grande en un pueblo". Y agregó: "Hoy mi nieta va a esa escuela secundaria. Estoy muy orgulloso".

También escribió Pepa, vecina de barrio Villa Urquiza, para recordar a Rafael, "un vecino que ya no está entre nosotros" y que viajaba por distintas provincias vendiendo la rifa. "Contaba orgulloso que muchas veces le tocó llevar los premios a sus ganadores", señaló.
Otro de los mensajes recuperó escenas más íntimas de aquella experiencia cotidiana: "Este y otros tantos libros compraba mi padre para mí y mis hermanos. Además de los discos que ganó con la rifa".

Escuchá las entrevistas completas:
Fotos: Micaela Pertuzzo, Biblioteca Vigil, oyentes de Aire Libre, Radio Comunitaria

sábado, 16 de mayo de 2026

Leila Guerriero: Dolor de ausencia

La levanté y la acuné, el cuerpo todavía tibio y flojo, le dije amor, mi amor, aunque ya estaba fuera de este mundo, yacente, yerta, y le besé la cabeza
Por: Leila Guerriero

Entonces la levanté. Con la mano derecha la levanté de la camilla y me puse su cuerpo de tres kilos sobre el hombro, la acuné, le dije palabras de amor. La levanté igual que cuando estaba viva y maullaba por la casa y se movía como una diva hierática y yo corría jocosamente detrás de ella hasta que la levantaba, la ponía sobre mi hombro derecho, y ella disfrutaba y ronroneaba durante unos minutos hasta que se hartaba y quería bajar. La levanté y la acuné, el cuerpo todavía tibio y flojo, le dije amor, mi amor, aunque ya estaba fuera de este mundo, yacente, yerta, y le besé la cabeza, un fruto liviano y suave, y después de unos minutos volví a dejarla donde la habían puesto y me fui. Y no al otro día, pero sí al siguiente, el brazo derecho empezó a dolerme. Qué extraño, dije entonces, porque no había hecho esfuerzos raros, más bien había estado ocupándome de las tareas de la agonía y del alivio, de la internación y el acompañamiento, del abandono de la vida. Entonces fui al traumatólogo y me dijo que no era grave, que el músculo estaba presionando un nervio, que podía solucionarse fácilmente con unas aplicaciones de equis cosa, y fui en peregrinación hasta su consultorio en viajes tristes dos, tres veces por semana, y recibí un tratamiento efectivo que disminuía el dolor, y mientras el traumatólogo me decía cosas que eran ciertas ―el músculo presiona, el nervio se queja, el cuerpo sabe, inflama para desinflamar― yo empecé a pensar que mi brazo había absorbido el peso de la muerte, que el amor muerto se me había encarnado. Y me pareció bien que me doliera, me pareció bien que su muerte se prolongara en mi vida, en mi brazo ardiente, en el rayo del dolor, y mientras el dolor disminuía pensaba: "Doleme ahora, amor, porque es todo lo que va a quedar, este resto, el dolor de tu falta!. Pensaba, digo, lo que dice ese poema de Donald Justice: "Prolonga ahora el dolor si eso es todo lo que hay que prolongar".
Foto: NiseriN - Getty Images iStockphoto
Fuente: Diario El País

viernes, 15 de mayo de 2026

Prensa Santa Fe exige reincorporación de trabajadora despedida en LT9 y apunta a Orlando Vignatti

La Asociación de Prensa de Santa Fe (APSF) repudió el despido de una trabajadora de radio LT9, al considerar que se trató de una represalia por su participación en las asambleas realizadas ante la falta de pago de salarios por parte de la empresa Onda9 SA.

Según denunció el gremio, el personal de la emisora se encuentra en "estado de alerta y asamblea permanente" debido a una serie de irregularidades, entre ellas el incumplimiento en el pago de haberes "en tiempo y forma".

La APSF señaló que Onda9 SA, propiedad del grupo rosarino encabezado por Orlando Vignatti, comunicó el despido de una trabajadora en el marco del conflicto laboral y tras las medidas de protesta llevadas adelante por el conjunto del personal.

"Desde la APSF exigimos a la empresa la inmediata reincorporación de nuestra compañera despedida y alertamos el agravamiento del conflicto en caso de no revertirse la medida", expresó la entidad en un comunicado.

Además, el sindicato informó que tanto la falta de pago de salarios como el despido fueron denunciados ante el Ministerio de Trabajo de la provincia. En ese sentido, advirtió que la situación podría derivar en "medidas más extremas" por parte de los trabajadores de LT9, que continúan en asamblea permanente.

Prensa Rosario denunció agresiones contra periodistas en Granadero Baigorria

El Sindicato de Prensa Rosario expresó su "repudio y enorme preocupación" por las agresiones sufridas por equipos periodísticos que realizaban coberturas en la zona de El Espinillo, en Granadero Baigorria, donde continuaba la búsqueda del joven Benjamín Scerra.

Según el comunicado difundido por el gremio, los hechos ocurrieron en un contexto de fuerte tensión, cuando personas presentes en el lugar increparon y atacaron a trabajadores de prensa mientras desarrollaban su tarea informativa. El sindicato cuestionó además la actitud de los efectivos policiales, señalando que decidieron retirarse del lugar en lugar de garantizar la seguridad y la integridad física de periodistas y camarógrafos.

Entre los episodios denunciados, el SPR indicó que el equipo de Telefe Noticias sufrió empujones y tironeos durante la cobertura. Incluso, señalaron que a una periodista le arrebataron el micrófono en medio de los incidentes. Al mismo tiempo, denunciaron que fueron pinchadas las ruedas del móvil de El Tres TV.

El comunicado también menciona que otros medios presentes, entre ellos Radio y Televisión Santafesina, lograron retirarse minutos antes del momento de mayor conflictividad y pudieron transmitir la información desde una zona segura.

Desde el sindicato recordaron además que días atrás mantuvieron una reunión con el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, a quien le plantearon la necesidad de garantizar condiciones de seguridad para el trabajo periodístico.

"El desarrollo del trabajo periodístico es esencial para una sociedad informada y para la vida en democracia", remarcaron desde el SPR, al tiempo que reclamaron tanto al Estado como a las empresas periodísticas un compromiso activo en defensa de la libertad de prensa y de la protección de las y los trabajadores de medios de comunicación.

domingo, 10 de mayo de 2026

La Rambla en disputa: polémica por el parque acuático y la defensa del último acceso público al Paraná

La Municipalidad de Rosario y el Gobierno de Santa Fe avanzan con un proyecto para instalar un parque acuático en la Rambla Catalunya, una iniciativa que ya abrió un fuerte frente de conflicto político, ambiental y vecinal alrededor del futuro de uno de los últimos espacios de playa pública de la ciudad. Las críticas apuntan directamente al intendente Pablo Javkin y al gobernador Maximiliano Pullaro, a quienes distintos sectores acusan de impulsar una privatización de la costa norte rosarina.

Entre los cuestionamientos aparecen la falta de consulta popular, la ausencia de estudios de impacto ambiental difundidos públicamente y la posibilidad de que el predio termine teniendo sectores cerrados, rejas y acceso pago. La polémica volvió a instalar el debate sobre el acceso público al río Paraná, el escaso espacio libre que conserva la extensa costa rosarina y el modelo de desarrollo urbano impulsado sobre la costanera.

El reclamo desde la comunidad del río
En ese contexto, el presidente de la Asociación Santafesina de Guías e Instructores de Kayak, Diego Rana Algrain, se convirtió en una de las voces más visibles del reclamo colectivo. Referente de la comunidad náutica y participante activo de distintas iniciativas vinculadas a la defensa del acceso público al río y de la cultura ribereña rosarina, describió en Señales el conflicto no sólo en términos urbanísticos, sino también personales y afectivos.

Para él, la Rambla representa directamente su vida. Contó que nació en barrio La Florida, a pocos metros de ese espacio, y que desde chico su relación con el lugar estuvo atravesada por la vida cotidiana junto al río. Recordó los parrilleros, los asados de domingo con su padre y los vínculos que fue construyendo allí desde la infancia. "Yo me crié ahí. Me hice mis amigos, forjé mi identidad. Me relacioné con el río de chico, con el kayakismo. Todo lo que yo soy se lo debo a ese espacio prácticamente", sostuvo. Y aseguró que esa experiencia no es individual sino compartida por muchísimas personas que sienten que les "están robando su tierra", su "lugar más sagrado", al que definió como "un oasis de vida en medio de la ciudad".

Una ribera cada vez más reducida
El dirigente remarcó que el proyecto pone en riesgo unos 300 metros de costa pública con playa, arena y árboles. Según explicó, sobre un total de aproximadamente 900 metros de costa accesible, la intervención avanzaría sobre casi un tercio de lo que todavía queda libre y gratuito. "Se están apropiando de casi un tercio de lo que nos queda para hacer un proyecto privado encima, donde va a estar enrejado y va a haber que pagar entrada", denunció.

Rana Algrain aclaró que la oposición no pasa por rechazar un complejo de piletas o un parque acuático en sí mismo. Incluso reconoció que puede tratarse de una propuesta atractiva para chicos y para el turismo. El problema, insistió, es la ubicación elegida. A su entender, Rosario tiene muchos otros lugares disponibles para desarrollar un emprendimiento de esas características sin afectar un sector históricamente utilizado para el deporte, la recreación y el contacto con la naturaleza. "No tiene por qué estar un complejo como este de cara al río", afirmó, y comparó el caso con otros complejos termales de la región que funcionan alejados de la ribera.

También vinculó la discusión con un proceso histórico de pérdida de acceso público a la costa. Señaló que antiguamente existían playas incluso en la zona céntrica de Rosario y que, con el paso de los años, el crecimiento urbano, los emprendimientos privados y las instituciones ocuparon gran parte de esos terrenos ribereños. Según planteó, la ciudad quedó reducida a una franja mínima de costa pública, por lo que considera "una locura" que sea el propio Estado el que impulse una nueva cesión de esos espacios.
El referente náutico describió además el impacto que tendría la obra sobre múltiples actividades que actualmente conviven en la zona: kayak, kitesurf, windsurf, natación, pesca, beach volley y el movimiento de embarcaciones que cruzan hacia las islas. A eso sumó el uso recreativo permanente que miles de personas hacen de La Florida durante todo el año, incluso fuera de la temporada de verano. "Cada vez más gente se está volcando al río porque se da cuenta de que estar en la naturaleza le hace bien", sostuvo, y señaló que la demanda social apunta justamente a ampliar el espacio público y no a reducirlo.

En uno de los pasajes más duros de su planteo, sostuvo que detrás del proyecto existe un negocio económico antes que una política pública vinculada al acceso ciudadano al río. Según explicó, la iniciativa sería financiada con recursos del Estado provincial y luego concesionada a un privado. Mencionó particularmente a la empresa Costanera Rosario —a la que identificó como una firma municipal ligada políticamente al Ejecutivo local— como la futura administradora del complejo y del estacionamiento proyectado frente al predio.

Rana Algrain cuestionó además la falta de controles sobre esa estructura. Aseguró que el estacionamiento actualmente es un espacio público que también podría destinarse a proyectos abiertos para la comunidad, como un parque o un skatepark. En cambio, denunció que terminará convertido en otra fuente de recaudación privada. "Va a ser toda una caja de plata que les va a quedar a ellos", afirmó.

"La Rambla no se toca": la organización en el territorio
Mientras el conflicto escala, vecinos y organizaciones comenzaron a organizarse. El miércoles realizaron una asamblea en la Rambla Catalunya que, según relataron, tuvo una convocatoria masiva pese a realizarse de noche y en una zona alejada del centro de la ciudad. Allí formaron grupos de trabajo, comenzaron contactos con concejales y avanzaron en la preparación de recursos de amparo para intentar frenar el proyecto.

El dirigente explicó que, según entienden, la iniciativa no pasó ni pasaría por el Concejo Municipal porque avanzaría mediante un decreto del Ejecutivo. Aunque aclaró no ser especialista en cuestiones legales, indicó que las organizaciones ya enviaron cartas al intendente, al gobernador, a la presidenta del Concejo y al cuerpo legislativo local para expresar formalmente el rechazo de más de veinte organizaciones sociales, deportivas y ambientales. El reclamo central es que el parque acuático pueda realizarse en otro lugar sin afectar la Rambla.

También denunció la falta de instancias de diálogo abiertas por parte del municipio. Dijo que hasta el momento ningún funcionario municipal se acercó a conversar con los vecinos y organizaciones, aunque confirmó reuniones previstas con la Comisión Ecológica del Concejo y con distintos concejales, incluidos representantes del oficialismo. Según planteó, el único que puede revertir la situación de manera directa es el propio intendente, ya que el proyecto lleva su firma. "Esperemos que se dé cuenta de que está cometiendo un grave error", expresó.

La discusión pública se amplificó además por la difusión televisiva de imágenes y presentaciones oficiales sobre el futuro parque acuático. Durante el programa radial se mencionó especialmente una cobertura televisiva en la que funcionarios municipales y responsables de Costanera Rosario mostraban con entusiasmo cómo sería el nuevo espacio. Según describieron, las cámaras enfocaban el sector de ingreso a La Florida y el área donde funcionaba el bar Mordisco, mientras se explicaba dónde estaría emplazado el parque. Para los sectores críticos, esas imágenes evidencian el reemplazo de árboles, paisaje natural y espacio público ribereño por estructuras artificiales y concesionadas.

Frente a ese escenario, las organizaciones convocaron a una jornada abierta en defensa de la Rambla Catalunya, de la costa y de la playa pública rosarina, un espacio que muchos consideran uno de los últimos refugios de acceso libre al Paraná dentro de la ciudad.
El conflicto escala y se organiza la protesta
El frío de la tarde no alcanzó para vaciar la Rambla Catalunya. Desde las tres de la tarde, vecinos autoconvocados, nadadores, organizaciones ambientales y familias se fueron acercando con banderas, carteles y termos bajo el brazo para rechazar el proyecto impulsado por el Ejecutivo provincial que prevé la instalación de un parque acuático sobre la costa rosarina. "No al parque acuático en La Rambla", se leía sobre una de las banderas extendidas frente al río Paraná, convertido por unas horas en escenario de una asamblea abierta atravesada por el enojo, la preocupación y la defensa del acceso público a la costa.

No hubo identificaciones partidarias. La convocatoria se sostuvo desde una consigna repetida una y otra vez por quienes tomaban el micrófono: la defensa del río como parte de la identidad rosarina y el rechazo a cualquier iniciativa que avance sobre los espacios públicos y la naturaleza. "La Rambla no se toca", coreaban mientras el viento golpeaba desde el Paraná.

El debate por la privatización de la costa
Entre los primeros testimonios apareció la voz de integrantes del grupo de nadadores que utilizan el río durante todo el año. Desde ese sector denunciaron que el proyecto no apareció de manera improvisada sino que, según afirmaron, fue mantenido "tapado" hasta último momento para impedir una organización anticipada del rechazo social. Según explicaron, el emprendimiento reduciría cerca de un 40 por ciento el acceso público y gratuito a la costa y beneficiaría solamente a sectores privados.

La crítica apuntó también al modo en que se presenta la iniciativa. Mientras algunos vecinos observaban los renders y las imágenes difundidas oficialmente, desde la asamblea insistían en que "las fotos son hermosas" y "los dibujitos son bonitos", pero advertían que detrás de esa estética se esconde una privatización del río. En ese sentido, denunciaron además la presencia de funcionarios municipales dentro del directorio de la empresa Costanera Norte, algo que, según sostuvieron, dificulta cualquier posibilidad de freno institucional desde el propio Ejecutivo local.

La discusión rápidamente se amplió hacia un problema histórico de Rosario: el acceso restringido a la costa. "La ciudad tiene más de treinta kilómetros de costa y está privatizada con un montón de clubes", señaló uno de los presentes, antes de proponer que, si el proyecto realmente necesita instalarse, se haga dentro de predios privados como el Yacht Club Rosario y no sobre uno de los pocos espacios abiertos y gratuitos que quedan frente al río.
Proteger la Rambla de la costa Rosarina del Río Paraná - ¡Firmá la petición! https://c.org/hLZGSLH9zZ

Las voces de la asamblea
Otro vecino enumeró los clubes y complejos costeros que ya cuentan con piletas privadas. Después de repasarlos, levantó la voz para sintetizar el malestar general: "Basta de piletas acá. Acá está el río". La frase fue acompañada por aplausos y por una advertencia que resonó entre los presentes: "Si tenemos que hacer un acampe acá, lo vamos a hacer. La costa la vamos a defender".

Las intervenciones también conectaron el reclamo ambiental con las desigualdades urbanas. Un hombre de la zona noroeste contó que junto a otros vecinos viene reclamando mejoras para el Polideportivo Cristalería, donde nadan durante el verano. Relató que impulsaron pedidos formales para lograr el cerramiento del lugar y que la nota fue acompañada por firmas de centros de salud, escuelas, iglesias y centros de jubilados del barrio, pero nunca obtuvieron respuesta.

La misma línea profundizó una mujer que cuestionó la lógica del proyecto en una ciudad atravesada por problemas básicos de infraestructura. Para ella, el parque acuático implica directamente "privatizar la playa". Consideró "irracional" hacer circular agua por toboganes pagos mientras en barrios populares, como el barrio Toba o Cañaveral, vecinos deben caminar varias cuadras cargando bidones para conseguir agua potable. "En lugar de que corra agua por los toboganes, que lleven agua a los barrios populares", reclamó.

Uno de los discursos más extensos y emotivos llegó de parte de Belén, integrante de la organización Nuestros Árboles Rosario. Agradeció primero la presencia de quienes, pese al clima, decidieron acercarse a "proteger el río y la costa". Luego cuestionó con ironía una publicación periodística que describía el proyecto como respetuoso del entorno natural. "Es una joda", dijo sin rodeos.

Belén explicó que desde la organización contabilizaron al menos 62 árboles que podrían verse afectados por la obra. Enumeró palos borrachos, sauces y palmeras distribuidos en toda la zona de la Rambla y advirtió que el lugar ya sufre un exceso de cemento. "Los árboles no necesitan más cemento", insistió, mientras describía las pequeñas cazuelas rodeando los troncos y la falta de tierra y césped para sostener el ecosistema costero.

También cuestionó el argumento oficial que presenta el parque acuático como un espacio pensado para las infancias. Según sostuvo, para muchos chicos y chicas de Rosario la Rambla constituye el único contacto posible con el río Paraná, especialmente para quienes no pueden pagar clubes, balnearios privados o complejos recreativos. "Las infancias que no tienen acceso al parque acuático, a los clubes o a La Florida, su única manera de acceder al río es esta Rambla", expresó. "Defendamos también a las infancias. Su primer contacto con el río es este lugar".

Su intervención derivó luego hacia una crítica más amplia a la política urbana local. Enumeró conflictos recientes vinculados al Parque Independencia, Parque Sunchales y Parque de las Colectividades, y acusó a la gestión municipal de profundizar un modelo de ciudad basado en la cementización constante. "Nos quieren llenar de cemento", lamentó, mientras vinculaba esa expansión con problemas estructurales de servicios básicos, cortes de luz y dificultades de acceso al agua.

El tramo más personal de su relato apareció cuando habló de salud pública. Contó que convive con endometriosis, una enfermedad crónica, y que puede afrontar un tratamiento privado porque tiene empleo, aunque muchas otras mujeres no cuentan con esa posibilidad. Describió demoras de meses para acceder a estudios médicos y mencionó el caso de una paciente que lleva más de un año esperando la reparación de un equipo hospitalario. "Tienen plata para un parque acuático y no para un aparato de salud pública", cuestionó, antes de definir la situación como "terrible" y "vergonzosa".

Aun atravesada por la tristeza y el cansancio, Belén cerró su intervención llamando a sostener la organización colectiva. "Que esta comunidad no se apague", pidió. El mensaje funcionó como síntesis de una tarde donde la defensa del río terminó reuniendo reclamos ambientales, urbanos y sociales bajo una misma consigna.
Mientras el sol empezaba a caer sobre el Paraná, las organizaciones terminaron de definir las próximas acciones. La agrupación "El Paraná no se toca", una de las participantes de la jornada, convocó para este lunes a las 9.45 a una concentración frente al Concejo Municipal. Además, para el miércoles a las 18 se anunció un corte y movilización desde Córdoba y Oroño hacia el Monumento a la Bandera. La advertencia final quedó flotando entre los aplausos y los bombos: el río, dijeron, no puede transformarse en una plataforma para negocios turísticos mientras se pierde naturaleza y acceso público.

Escuchá la entrevista completa y voces de la asamblea:

Las infancias del horror: el juicio que por primera vez pone a los niños víctimas de la dictadura en el centro de la escena

En diálogo con Señales, la periodista Mariana Steckler analizó el alcance histórico del juicio Laguna Paiva II, el proceso judicial que investiga como delitos de lesa humanidad el abandono, las torturas y las violencias sufridas por niñas, niños y adolescentes durante el terrorismo de Estado. Desde Santa Fe, donde se desarrollan las audiencias, Steckler reconstruyó el funcionamiento del circuito represivo, el rol del D2 y la persistencia de las marcas del horror en los cuerpos y en la memoria de los sobrevivientes 
La historia judicial argentina en materia de delitos de lesa humanidad vuelve a abrir una puerta inédita. El juicio Laguna Paiva II, que se desarrolla en Santa Fe, no sólo revisita el engranaje represivo que durante la última dictadura persiguió a trabajadores ferroviarios, militantes sindicales y familias enteras ligadas a la tradición obrera de Laguna Paiva. También coloca, por primera vez, el foco sobre quienes durante décadas quedaron relegados a un lugar secundario en los relatos judiciales: las niñas, niños y adolescentes que fueron secuestrados, torturados, abandonados y obligados a sobrevivir en medio del terror estatal.

La periodista santafesina Mariana Steckler, que sigue de cerca las audiencias para Periódicas, define el proceso como un hecho "histórico y fundante" dentro de las causas de lesa humanidad en Argentina. Para ella, el juicio expresa también la evolución que atravesaron estos procesos judiciales desde el regreso de la democracia. Los juicios, sostiene, se transformaron con el tiempo no sólo por las estrategias jurídicas sino también por la manera en que fueron cambiando los testimonios y el lugar otorgado a las víctimas. "Lo principal es que las víctimas puedan atestiguar como puedan, con todo el respeto que merecen y con todo el tiempo que hay que darles", explica. En esa transformación, dice, también fue decisiva la persistencia de abogados, abogadas y organismos de derechos humanos que durante décadas sostuvieron las investigaciones.

En el caso de Laguna Paiva II, destaca especialmente el trabajo de la APDH Rosario y menciona a integrantes del equipo querellante como Noelia Sarsa, Federico Pagliero, Norma Ríos y Julia Giordano. Para Steckler, la relevancia inédita del juicio radica en que los crímenes cometidos contra niñas, niños y adolescentes en 1980 "hoy van a ser juzgados como delitos de lesa humanidad".

Durante mucho tiempo, recuerda, esas experiencias fueron interpretadas apenas como consecuencias indirectas del terrorismo de Estado. "No son daños colaterales", remarca. Hubo una época en que, explica, el foco estaba puesto exclusivamente en el secuestro de los padres y madres, mientras que el destino de sus hijos quedaba diluido en un segundo plano. Ahora, en cambio, la justicia intenta reconstruir qué ocurrió con cada uno de esos chicos y chicas.

Steckler enumera escenas concretas que aparecen en las audiencias y que permiten dimensionar la magnitud de esos crímenes: niños secuestrados junto a sus padres, sometidos a torturas, abandonados o víctimas de abusos. Habla de 16 niñas y niños de entre un año y medio y 15 años, de una nena de 12 años que quedó sola a cargo de cinco hermanos menores y tuvo que enfrentar el hambre sin ayuda adulta. Habla también de un adolescente de 14 años secuestrado junto a su padre, obligado a soportar torturas y a presenciar cómo hacían lo mismo con su familia.

"Esos crímenes tienen que ser juzgados", insiste. Y plantea que quienes cometieron esos hechos deben sentarse en el banquillo de los acusados y responder por ellos, independientemente de la edad que tuvieran las víctimas.

El cambio de perspectiva judicial y social, sostiene la periodista, se vincula directamente con una transformación más profunda en la manera de entender las infancias. "Se empieza a considerar sujeto de derecho a ese niño o a esa niña", señala. Durante años, explica, existió la idea de que un niño, por depender de adultos para sobrevivir, no podía ser considerado plenamente víctima de delitos como la privación ilegítima de la libertad. Esa lógica, afirma, hoy comenzó a resquebrajarse.

Steckler comenta que conversó sobre estas cuestiones con trabajadoras sociales y especialistas en infancias, quienes le explicaron cómo evolucionó la mirada jurídica. El hecho de que una persona necesite cuidados o asistencia no elimina su condición de sujeto de derecho. "Con los niños pasa lo mismo", resume. Aunque dependan de personas adultas para su bienestar, sus derechos pueden ser vulnerados, y quienes los vulneran deben ser investigados y sancionados.

En ese sentido, el juicio Laguna Paiva II aparece también como una continuidad del largo recorrido argentino en materia de memoria, verdad y justicia. Steckler recuerda que el país se convirtió en referencia internacional por la cantidad de genocidas juzgados, aun en un contexto actual donde —advierte— existen discursos negacionistas y sectores políticos que reivindican prácticas vinculadas al terrorismo de Estado. Frente a eso, reivindica la persistencia de organismos de derechos humanos, de las Abuelas, de abogados y militantes que sostuvieron durante décadas un consenso social construido alrededor del "Nunca Más".

Pero además del aspecto jurídico, el proceso vuelve a poner sobre la mesa otra dimensión compleja: la memoria corporal de quienes atravesaron la violencia estatal siendo apenas niños o incluso bebés. Para explicar esa huella, Steckler menciona el caso de Ángela Urondo Raboy, hija del poeta santafesino Francisco Paco Urondo. Relata que Ángela contó alguna vez cómo soñaba reiteradamente que había estado secuestrada en el D2 santafesino, algo que después descubrió que efectivamente había ocurrido cuando tenía apenas 11 meses de vida.

La periodista encuentra allí un punto de contacto con la historia de Macarena Gelman, nieta del poeta Juan Gelman, quien también habló públicamente sobre las marcas que dejó en su cuerpo y en su subjetividad la violencia sufrida antes incluso de nacer. Macarena estaba en el vientre de su madre cuando ésta fue secuestrada.
Steckler reconoce que no pretende hacer una interpretación psicológica de esas experiencias, pero sí registrar lo que las propias sobrevivientes narran: la sensación de que aquello vivido quedó inscripto de alguna manera en el cuerpo y en la memoria profunda. "¿Cómo eso quedó guardado en su piel, en su cuerpo, en su subjetividad?", se pregunta al recuperar los testimonios de Ángela Urondo y Macarena Gelman.

En muchos casos, señala, esas marcas tardaron décadas en poder nombrarse. Recién de adultas algunas víctimas lograron hablar, denunciar y reclamar justicia. "Es muy difícil de sanar", resume.

Incluso dentro de quienes atravesaron estas experiencias existe una discusión sobre cómo nombrarse. Aunque en términos jurídicos prevalece la palabra "víctimas", porque es la categoría utilizada para juzgar los delitos, muchas de estas personas prefieren definirse como "sobrevivientes". Para ellas, explica Steckler, esa palabra contiene una dimensión activa: la posibilidad de haber sobrevivido para contar lo ocurrido, denunciarlo y exigir justicia.

El juicio Laguna Paiva II también obliga a volver sobre uno de los engranajes centrales del terrorismo de Estado en Santa Fe: el funcionamiento del D2 y de los centros clandestinos que integraron el circuito represivo provincial. Para la periodista Mariana Steckler, recuperar esa historia implica comprender que la represión no ocurrió en lugares lejanos o abstractos, sino "a la vuelta de la esquina", en pleno corazón de las ciudades.

Mientras recorría las inmediaciones de la excomisaría cuarta de Santa Fe —hoy convertida en espacio de memoria— Steckler describía el peso simbólico de esos edificios que durante años permanecieron ocultos bajo la rutina cotidiana. La excomisaría, ubicada en el macrocentro santafesino, formó parte del circuito represivo articulado alrededor del D2. Durante mucho tiempo existieron indicios sobre lo que había ocurrido allí, relatos fragmentarios, sospechas y testimonios, pero no pruebas concluyentes. Hasta que una remodelación cambió todo.

Cuando comenzaron a picar paredes dentro del edificio, los obreros descubrieron sectores huecos. Detrás de esas paredes aparecieron documentos escondidos durante décadas: papeles, registros y archivos que habían permanecido ocultos desde la dictadura. Steckler relata la escena como un hallazgo estremecedor. Los documentos comenzaron a ser recuperados y preservados cuidadosamente para reconstruir de manera documental el funcionamiento del aparato represivo santafesino.

Ese descubrimiento, explica, modificó incluso la percepción social sobre la magnitud del terrorismo de Estado en la provincia. "Antes pensábamos que hubo uno o dos lugares", señala. Pero la reconstrucción posterior reveló que existían centros clandestinos de detención insertos en medio de barrios y zonas urbanas comunes, muy cerca de las casas y de la vida cotidiana de los vecinos.

Para la periodista, la recuperación de esos espacios como sitios de memoria tiene una importancia política y social fundamental. La memoria, sostiene, es la herramienta que permite impedir la repetición del horror vivido por la sociedad argentina durante la dictadura.

En el banquillo de los acusados no sólo aparecen ex policías vinculados al circuito represivo. También está sentado Víctor Hermes Brusa, ex funcionario judicial y luego juez federal de Santa Fe, una figura históricamente asociada al poder judicial santafesino y a largos años de impunidad. Steckler admite que escuchar los testimonios de las víctimas describiendo la manera en que Brusa actuaba dentro del engranaje represivo provoca todavía hoy estupor. Hablan de un hombre que se movía "con tranquilidad y con impunidad", plenamente consciente del poder que ejercía.
La periodista no oculta la indignación que le genera verlo llegar a las audiencias sin estar detenido en una cárcel común. Recuerda especialmente la primera audiencia del juicio, realizada por videollamada, en la que algunos imputados aparecían desde sus domicilios, "tomando mate con la esposa", mientras del otro lado declaraban sobrevivientes que arrastran décadas de trauma. "Eso realmente duele", reconoce, aunque también entiende que forman parte de los tiempos y limitaciones de la justicia.

En conversaciones con integrantes de la querella, Steckler encontró otra lectura posible sobre el caso Brusa. Una de las abogadas le dijo que, más allá de las condenas, el proceso judicial destruyó las aspiraciones de poder y prestigio que el ex juez había construido durante años. "Hace diez años que está pasando de juicio en juicio", le recordó.

La causa también vuelve a poner en primer plano la persecución sistemática que sufrió Laguna Paiva por su tradición obrera y sindical. La dictadura, explica Steckler, buscó quebrar deliberadamente la organización de los trabajadores ferroviarios y desarticular el entramado colectivo construido alrededor del sindicalismo. Allí menciona a Catalino Páez, militante del PRT, y recuerda la experiencia de la agrupación "La Lucha", organizada en el ferrocarril Belgrano, que reclamaba mejores condiciones laborales y defendía derechos de los trabajadores.

Para Steckler, el objetivo represivo fue claro: destruir la organización colectiva y disciplinar al mundo del trabajo. “Sabían perfectamente lo que hacían: ir contra los trabajadores. Y, perdón por este breve paréntesis político-partidario, pero, como advirtió Cristina Fernández de Kirchner, vienen por los trabajadores, vienen por el trabajo”. Eso fue lo que buscó la dictadura, afirma al analizar el modo en que el terrorismo de Estado atacó no sólo a individuos, sino también a las formas de solidaridad y organización popular.

Otro aspecto central del juicio tiene que ver con su carácter público. Originalmente, sólo estaba previsto transmitir la apertura y el cierre del proceso. Sin embargo, el equipo jurídico de la APDH Rosario logró que el tribunal autorizara la difusión completa de las audiencias. Steckler considera esa decisión una conquista importante porque permite que la sociedad conozca en detalle lo ocurrido.

Las audiencias, explica, incluyen testimonios extremadamente sensibles. Algunas víctimas ya habían declarado en Laguna Paiva I y, por recomendación de equipos de salud mental, la querella solicitó que se incorporaran grabaciones anteriores en lugar de obligarlas a repetir relatos traumáticos. Otras personas, en cambio, decidieron volver a declarar o testimoniar por primera vez. Cada intervención supone volver sobre experiencias de secuestro, tortura, violaciones y abandono sufridas hace más de cuatro décadas.

La periodista subraya además un dato que considera fundamental: los hechos juzgados ocurrieron en 1980. Aunque el imaginario social suele concentrar la etapa más brutal de la dictadura entre 1976 y 1978, las prácticas represivas continuaban activas años después. En Santa Fe seguían produciéndose secuestros, tormentos y ataques contra familias enteras, incluyendo niñas, niños y adolescentes.

Steckler habla de las víctimas con admiración. Dice que impresiona verlas declarar frente a sus represores, sosteniendo testimonios atravesados por décadas de dolor y memoria. Muchas pertenecen a las mismas familias o forman parte de comunidades pequeñas donde victimarios y sobrevivientes convivieron durante años en la vida cotidiana.

Allí aparece otro de los nombres que sobrevuelan el juicio: Eduardo Enrique Riuli, ex oficial ayudante de la División Informaciones D2, ya condenado anteriormente por delitos de lesa humanidad y nuevamente imputado en esta causa. Steckler cuenta que una colega periodista había trabajado con él en un programa de radio sin saber quién era realmente ni cuáles habían sido los crímenes cometidos durante la dictadura. Esa convivencia silenciosa con represores en localidades pequeñas como Laguna Paiva es, precisamente, una de las heridas que estos procesos judiciales intentan reparar.

"La justicia también viene a reparar eso", sostiene. No se trata únicamente de dictar condenas, sino de romper décadas de impunidad social, de impedir que quienes participaron del terrorismo de Estado puedan seguir circulando como ciudadanos anónimos mientras las víctimas cargan en soledad con las consecuencias del horror.

Mientras el juicio continúa desarrollándose en Santa Fe, Steckler sigue cubriendo las audiencias y anticipa que el proceso probablemente se extenderá más allá de la feria judicial de invierno. El veredicto todavía parece lejano, pero el juicio ya produjo un movimiento histórico: poner en el centro de la escena judicial aquello que durante años fue negado o minimizado. Porque el terrorismo de Estado no sólo secuestró y desapareció militantes; también persiguió, disciplinó y quebró infancias. Y esas marcas, cuarenta años después, siguen vivas en los cuerpos y en la memoria colectiva argentina. 

Escuchá la entrevista completa:

Pagaron durante décadas y aún no tienen vivienda: crece el conflicto de los ahorristas de Bauen Pilay

Miles de familias denuncian incumplimientos, cambios de condiciones y adjudicaciones inciertas en los planes de Bauen Pilay. Mientras avanzan los reclamos judiciales y las protestas, los autoconvocados aseguran que el sueño de la casa propia quedó atrapado entre demoras, evasivas y promesas incumplidas
Patricia Alejandro, integrante del Grupo Colectivo Autoconvocados de Bauen Pilay, sostiene en Señales que la organización de los damnificados nació cuando comprendieron que sus situaciones no eran casos aislados. Durante años, cuenta, cada persona acudía individualmente a la empresa para reclamar respuestas sobre sus contratos, pero se encontraba siempre con la misma explicación: había que seguir pagando, cumplir con el contrato, participar de licitaciones y, si no se obtenía una adjudicación, esperar a completar las 240 cuotas para recién entonces conocer qué departamento se asignaría.

Según relata Patricia, una gran parte de los integrantes del colectivo decidió no participar de las licitaciones porque el propio contrato establecía condiciones que, aseguran, la empresa dejó de cumplir hace mucho tiempo. Explica que originalmente se preveían adjudicaciones mensuales: dos departamentos por sorteo y dos por licitación. Sin embargo, sostiene que desde 2014 ese esquema dejó de respetarse. Afirma que durante largos períodos no hubo ni sorteos ni licitaciones mensuales y que, cuando existían, muchas veces las unidades ofrecidas estaban fuera del radio constructivo previsto contractualmente.

Esa situación, remarca, generó que muchas personas optaran por no licitar. "Claramente no querían ser adjudicadas en una unidad que no era lo que correspondía", señala Patricia, al describir cómo numerosos suscriptores entendían que aceptar esas condiciones implicaba resignar lo pactado originalmente.

Su caso personal resume la angustia que atraviesan muchos de los adherentes al sistema. Patricia cuenta que aportó durante 18 años y medio y que hoy está a apenas 17 cuotas de finalizar el plan. Lejos de sentir alivio, asegura vivir el tramo final con preocupación e incertidumbre. Teme llegar al último pago y que la empresa pretenda adjudicarle una vivienda mediante un "sorteo extraordinario" en un lugar que sigue siendo, según describe, "un signo de pregunta".

Relata que, después de la pandemia, los planes tradicionales como el suyo comenzaron a ser adjudicados casi exclusivamente en el complejo Los Pasos, ubicado en el límite entre Rosario y Funes. Allí, explica, Los Pasos 1 ya está prácticamente terminado y habitado, mientras que Los Pasos 2 y 3 se encuentran casi totalmente adjudicados. Frente a ese panorama, se pregunta qué unidades quedarán disponibles para los miles de suscriptores que aún continúan pagando y no recibieron ninguna vivienda.
No somos inversionistas, queríamos una vivienda
Patricia también cuestiona con firmeza la manera en que la empresa define a quienes integran el sistema. Dice sentirse molesta cuando Bauen Pilay los presenta públicamente como "inversionistas". Para ella, esa definición distorsiona completamente la realidad de quienes contrataron estos planes. "Nadie del colectivo son convocados es inversionista", sostiene, y remarca que nunca buscaron lucrar con el sistema ni especular inmobiliariamente. Lo que perseguían, insiste, era simplemente la posibilidad de acceder a una vivienda digna.

En relación con los cambios implementados por la empresa a lo largo de los años, Patricia asegura que jamás fueron consultados. Recuerda que al momento de firmar el contrato recibió una cláusula anexa en la que la empresa informaba que, debido a la expansión de Rosario, comenzaría a construir y comprar terrenos en el Gran Rosario. Allí se ofrecía la posibilidad de aceptar o rechazar una eventual adjudicación fuera de la ciudad. Patricia afirma que firmó expresamente por la negativa.

Sin embargo, sostiene que después de aquella instancia nunca volvió a recibir información por parte de la empresa sobre modificaciones en la operatoria ni sobre el hecho de que las nuevas compras de terrenos se concentraban exclusivamente fuera de Rosario. Asegura que jamás se le brindó la posibilidad de decidir si quería continuar o no bajo esas nuevas condiciones.

La integrante del colectivo también apunta contra el rol de los organismos de control y del Poder Judicial. Recuerda que en 2003 la Inspección General de Justicia prohibió a Pilay continuar comercializando los planes de locación de obra al considerar que no se ajustaban a derecho. Según explica, la empresa presentó un recurso para impugnar esa resolución y continuó comercializando los planes durante años, hasta que en 2013 llegó una sentencia definitiva de Cámara.

Para Patricia, lo más grave es que durante todo ese tiempo miles de ciudadanos siguieron adquiriendo planes sin saber que existían cuestionamientos legales sobre el sistema. "El Poder Judicial no hizo nada para acelerar los tiempos y proteger a los ciudadanos", afirma, mientras define la situación como algo que "claramente roza una estafa".

En los últimos días, incluso, volvió a intentar abrir un canal de diálogo con la empresa para encontrar una salida negociada al conflicto. Patricia relata que buscó conocer si existía "algún ofrecimiento razonable" que permitiera alcanzar un acuerdo pacífico y evitar que la situación continuara escalando. Pero la respuesta que recibió terminó profundizando todavía más su malestar.

Según cuenta, al mencionar declaraciones públicas realizadas por Gonzalo Crespi —integrante del directorio de Pilay—, donde se afirmaba que quienes habían contratado dentro del radio original tendrían finalmente su departamento en esa zona, la respuesta empresarial fue tajante: "Esta no era una iglesia".

La frase quedó resonando entre los integrantes del colectivo. Patricia admite que comprende que una empresa "no es una iglesia", pero cuestiona que sus representantes realicen promesas públicas que luego nadie explica cómo piensan concretar. "Si un miembro del directorio sale a los medios a decir que los ciudadanos que contrataron dentro del radio van a tener su departamento dentro del radio, uno entiende que existe una intención real de cumplirlo", plantea. El problema, dice, aparece cuando los damnificados intentan obtener precisiones concretas y sólo encuentran evasivas.
El reclamo por departamentos "en el aire"
Mientras tanto, la preocupación crece entre quienes llevan décadas aportando. Patricia asegura que existen personas que ya destinaron más de 100 mil dólares al sistema y todavía no tienen ninguna vivienda adjudicada de manera efectiva. Entre 2025 y 2030, explica, cientos de contratos alcanzarán mensualmente la cuota 240, es decir, el momento en que deberían recibir una solución definitiva.

Sin embargo, sostiene que muchas de las adjudicaciones actuales son "forzosas". Describe que, al llegar al final del plan, numerosos suscriptores son derivados automáticamente a Los Pasos 2 o Los Pasos 3. El contrato, recuerda, establece que una persona puede rechazar hasta tres veces una adjudicación si la zona o las condiciones no resultan acordes a lo pactado. Pero en la práctica —denuncia— las opciones son aceptar o iniciar acciones judiciales mediante carta documento para exigir una unidad dentro del radio constructivo original.

A eso se suma otro elemento que, según el colectivo, vuelve todavía más incierta la situación: muchas de las adjudicaciones se realizan sobre proyectos que aún no existen materialmente. "Se están adjudicando departamentos en el aire", resume Patricia, al cuestionar que no haya unidades concretas construidas que respalden las promesas realizadas por la empresa.

Para la referente del colectivo, el problema ya excede largamente un conflicto contractual entre particulares. Sostiene que la magnitud de afectados transforma el caso en una cuestión pública que requiere intervención estatal. Recuerda que Bauen Pilay nació en Santa Fe y que son miles los santafesinos alcanzados por incumplimientos similares.

Por eso, desde el primer momento, los autoconvocados buscaron respaldo institucional en todos los niveles del Estado. Patricia relata que acudieron al Concejo Municipal de Rosario, donde —según dice— todos los funcionarios se mostraron "indignados" frente a la situación y prometieron acompañamiento. Sin embargo, afirma que cuando llegó el momento de discutir nuevas excepciones urbanísticas para que la empresa continuara construyendo, el cuerpo terminó autorizándolas pese a los pedidos del colectivo.
¿Dónde está nuestra plata?
Los damnificados habían solicitado que, antes de habilitar nuevos desarrollos, se exigiera a la empresa regularizar la situación de quienes mantienen contratos incumplidos. También reclamaron explicaciones sobre el destino de los fondos aportados durante años por miles de suscriptores. "¿Dónde está nuestra plata? ¿Dónde están nuestros departamentos?", resume Patricia como las preguntas centrales que todavía no encuentran respuesta.

Pese a la falta de respuestas concretas, el colectivo volvió recientemente al Concejo para insistir con sus reclamos y solicitar investigaciones sobre los terrenos adquiridos por la empresa y las condiciones legales y ambientales de los proyectos inmobiliarios en marcha.

Las gestiones también alcanzaron a la Legislatura provincial y a la Secretaría de Comercio Interior de Santa Fe. Patricia asegura que en todos los encuentros perciben preocupación e indignación por parte de los funcionarios, aunque hasta ahora ninguna medida concreta. "No tenemos uno que haya tomado seriamente el tema", lamenta.

La crítica alcanza también al Poder Judicial. Desde febrero, integrantes del colectivo se concentran regularmente frente a los tribunales provinciales de Rosario para exigir que avancen las causas judiciales iniciadas contra la empresa. Patricia sostiene que existen cientos de expedientes pendientes de resolución y que muchos jueces aún no dictan sentencia. "La justicia nos está dejando desamparados", afirma, mientras insiste en que no están pidiendo favores sino que los funcionarios "cumplan con su trabajo".
Movilizaciones y un conflicto que sigue creciendo
A pesar del desgaste y la frustración acumulada, el colectivo insiste en mantener la visibilidad pública del conflicto. Patricia reivindica que los ahorristas cumplieron "al pie de la letra" con cada obligación contractual y asegura que es la empresa la que incumple sistemáticamente.

En ese marco, convocó a una movilización simultánea en Rosario y Santa Fe para exigir respuestas concretas. La protesta fue anunciada para el miércoles 13 de mayo a las 16, frente a las sedes de Pilay en Oroño 166, en Rosario, y en Juan de Garay 2599, en Santa Fe capital.

El llamado final estuvo dirigido especialmente a quienes todavía continúan pagando sus cuotas en silencio. Patricia reconoce el cansancio, la decepción y la sensación de abandono que atraviesa a muchos ahorristas, pero sostiene que la única herramienta que les queda es la movilización colectiva. "Si arreglamos, lo vamos a ganar entre todos", afirma.

Mientras tanto, el conflicto continúa creciendo y acumulando interrogantes. Miles de familias siguen esperando respuestas concretas sobre un sueño que comenzó como la posibilidad de acceder a la vivienda propia y que, con el paso de los años, quedó atrapado entre promesas incumplidas, expedientes judiciales demorados y un futuro cada vez más incierto.

Escuchá la entrevista completa:

Otras Señales

Quizás también le interese: