En Rosario, cada día más de 150 personas son detenidas por averiguación de antecedentes, en su mayoría jóvenes de barrios populares. La policía los retiene por no portar DNI, por su vestimenta, color de piel o por tener tatuajes. Son trasladados a comisarías lejanas, perdiendo sus trabajos o changas diarias, y en muchos casos sufren reiteradas detenciones. Estas prácticas se desarrollan en un contexto en el que bajaron los homicidios, pero se intensificaron las políticas punitivas, con un despliegue masivo de fuerzas de seguridad federales y provinciales en los barrios.
La investigación impulsada por equipos de la Universidad Nacional de Rosario junto a la Multisectorial contra la Violencia Institucional fue coordinada por la antropóloga e investigadora Eugenia Cozzi. Se desarrolló entre el segundo semestre de 2024 y el primero de 2025, a partir del trabajo territorial con jóvenes de entre 15 y 30 años. Los encuentros se realizaron en seis barrios distribuidos en cuatro distritos de la ciudad: Tablada, en el distrito Sur; Triángulo, Moderno, Alvear y Toba, en el distrito Oeste; Las Flores Sur, en el Sudoeste; y Empalme Graneros, en el distrito Noroeste. En esos espacios, la escucha directa, los intercambios y el registro colectivo permitieron construir un mapa común de prácticas policiales que se repiten, con variantes, en cada territorio. A través de talleres comunitarios, se documentaron prácticas policiales abusivas, allanamientos violentos, robos, amenazas, detenciones arbitrarias y estrategias de resistencia barrial frente a estas situaciones.
Eugenia Cozzi remarcó que estas situaciones no son hechos aislados, sino parte de un marco político donde "las políticas públicas tienden a volverse cada vez más punitivas" a pesar de la baja de homicidios. "Aparece esa paradoja: cierta tranquilidad o ausencia de conflicto armado, pero con una presencia policial más extendida que permea la vida cotidiana de las personas", explicó. Cozzi también advirtió sobre el impacto de la ley de microtráfico, que, en la práctica, habilita allanamientos que con frecuencia derivan en abusos.
El informe invita a pensar alternativas: ¿es posible construir barrios seguros sin vulnerar derechos? ¿Qué políticas públicas pueden garantizar tranquilidad sin criminalizar la pobreza? Y sobre todo: ¿paz para quién?
En el marco de la presentación elaborada por diversas organizaciones sociales junto a equipos universitarios, se reunieron en Rosario distintas voces de la defensa pública, referentes de derechos humanos, del movimiento indígena, organizaciones barriales y académicos. Desde una mirada situada y territorial, reflexionaron sobre las consecuencias de las políticas públicas de seguridad, la criminalización de la pobreza, la impunidad de las fuerzas represivas y las violencias estructurales que atraviesan los barrios populares. A continuación, se presentan testimonios registrados y difundidos en
Señales por Aire Libre, Radio Comunitaria.
El panel de apertura estuvo integrado por voces provenientes de distintos ámbitos del trabajo institucional, académico y territorial. Participaron Cintia Pinillos, en representación de la Universidad Nacional de Rosario; Gustavo Palmieri, del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura; Horacio Crespo, del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de la provincia de Santa Fe; Santiago Bereciartua, de la Secretaría de Políticas de Prevención de la Violencia Institucional del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal; y Julieta Riquelme, de la Multisectorial contra la Violencia Institucional. La coordinación de la mesa estuvo a cargo de Evangelina Benassi, docente e investigadora de la Escuela de Trabajo Social de la UNR.
Al inicio del evento, tomó la palabra Cintia Pinillos (foto), decana de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, en su carácter de anfitriona. En su intervención, resaltó la relevancia de la presentación del informe ¿Paz para quién?, un relevamiento comunitario y colaborativo sobre prácticas policiales y de las fuerzas de seguridad en espacios públicos y/o privados de barrios populares de Rosario.
Durante su discurso, Pinillos subrayó la necesidad de ampliar la conversación pública, reconociendo que es posible —e incluso necesario— pensar desde la diferencia y la divergencia. En este sentido, enfatizó que el conocimiento académico no puede producirse al margen de su contexto, sino que debe generarse en diálogo permanente con el entorno, con los actores territoriales y con las instituciones.
Asimismo, afirmó: "Creo firmemente que esa es una de las misiones fundamentales de la Universidad Pública. Una misión que tal vez siempre estuvo presente, pero que en los últimos tiempos —al menos aquí, en la Universidad Nacional de Rosario, y particularmente en nuestra Facultad— hemos asumido con mayor claridad".
Pinillos sostuvo que la universidad no debe presentarse como portadora de un saber cerrado, exclusivo o jerárquico desde una única lógica científica. Por el contrario, planteó que el conocimiento se enriquece en el vínculo con otros saberes, adquiere mayor pertinencia y se vuelve más útil para pensar nuevas formas de construcción de políticas públicas.
Finalmente, destacó que, en ámbitos tan sensibles como los abordados en el informe, es fundamental seguir apostando a que las políticas diseñadas desde el Estado estén cada vez más alineadas con la sociedad que aspiramos a construir, una sociedad que, según sus palabras, "sin duda, representa un horizonte posible".
Ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda
Durante el panel de apertura, el Secretario del Servicio Provincial Público de la Defensa Penal, Santiago Bereciartúa, dio inicio a su intervención con una contundente reflexión sobre el contenido del informe presentado. En sus palabras, subrayó cómo el documento "cristaliza y pone en evidencia algo que ya sabíamos, pero que aquí se manifiesta con particular crudeza: la existencia de una diferenciación ciudadana dentro de la ciudad de Rosario, como también ocurre en otros puntos del país, aunque con características específicas en nuestra región". En este contexto, Bereciartúa advirtió que "se configura así una división de hecho entre ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda".
Avanzando en su exposición, el funcionario puntualizó uno de los factores que contribuyen a esta desigualdad: la discriminación por el color de piel. Al respecto, relató una situación reciente: "Lo menciono porque, justo antes de llegar, vi un video del actor Oski Guzmán, en el que relataba cómo fue demorado por personal policial para la verificación de su identidad y terminó siendo víctima de violencia física. Él mismo señalaba que el motivo aparente fue su color de piel. Aunque parezca obvio, sigue impactando escucharlo en primera persona y de manera tan emotiva".
Este caso, según Bereciartúa, resulta especialmente ilustrativo de una problemática estructural: "Lo que pone en evidencia ese testimonio —y que también se refleja en este informe— es que ciertas políticas públicas terminan generando una fractura social profunda. En este sentido, la relevancia del informe es doble: no solo visibiliza esta problemática, sino que, al contar con el respaldo académico de universidades, nos permite utilizarlo como una herramienta válida dentro del ámbito judicial, ya sea para impulsar acciones o exigir medidas concretas".
A lo largo de su intervención, también puso el foco en el impacto social de las políticas de seguridad aplicadas, y planteó una inquietante interrogante que el propio informe propone: "Una de las preguntas que formula el informe —y que considero sumamente elocuente— es: ¿A qué costo alcanzamos esta paz? Es cierto que las tasas de homicidios han disminuido, y eso es algo que todos deseábamos. Pero cuando observamos el costo social que ha tenido el paquete de políticas públicas implementadas, vemos que existe un hostigamiento generalizado hacia ciertos sectores de la población".
Desde su perspectiva, muchas de estas prácticas no solo son contraproducentes, sino también prescindibles: "A mi entender, muchas de estas prácticas son, además de ineficaces, innecesarias. Si se eliminaran ciertos niveles de hostigamiento estatal, posiblemente los índices de homicidios seguirían bajando del mismo modo", apuntó.
No obstante, Bereciartúa también reconoció ciertos avances dentro del sistema de seguridad, en particular en el ámbito penitenciario. "Hay políticas de seguridad que han demostrado resultados positivos, especialmente en el ámbito intramuros. En el sistema penitenciario, por ejemplo, ha sido eficaz el manejo de la comunicación hacia el exterior respecto a personas privadas de libertad consideradas de alto perfil", explicó. Sin embargo, advirtió que existen otras medidas que escapan a una lógica preventiva y responden más bien a un criterio punitivo: "También existen otras restricciones que, si bien se aplican dentro del mismo ámbito, tienen una clara naturaleza retributiva y no pueden justificarse bajo criterios de seguridad pública".
En este marco, Bereciartúa fue categórico al señalar una responsabilidad compartida por todos los estamentos estatales: "Como Estado, en sus tres poderes, debemos reconocer que estamos diseminando más dolor del necesario con el objetivo de reducir la violencia", remarcó.
Uno de los ejemplos más claros, según su exposición, es el de las demoras policiales por verificación de identidad, práctica que consideró poco transparente y difícil de evaluar en términos de resultados: "Es un caso paradigmático que expone la falta de evaluación de eficacia de algunas medidas. En el marco de una audiencia de habeas corpus, solicitamos conocer cuántas de las personas demoradas en este contexto efectivamente estaban siendo buscadas por la justicia. La respuesta de los representantes del gobierno provincial fue que no era posible determinar ese porcentaje, ya que, según explicaron, cuando la persona resulta estar efectivamente evadida o prófuga, no se deja constancia en un acta de demora, sino que se formaliza directamente como un acta de aprehensión. Esto impide cualquier análisis riguroso de la eficacia de esta práctica".
Finalmente, el Secretario cerró su participación rescatando el valor del informe como herramienta crítica y transformadora: "En síntesis, ¿Paz para quién? no solo interpela, sino que ofrece elementos clave para pensar y actuar sobre las políticas públicas de seguridad desde una perspectiva crítica, ética y legal".
No hay paz posible mientras el Estado siga considerando sospechoso al que vive en un barrio popular
En su intervención, Julieta Riquelme, integrante de la Multisectorial contra la Violencia Institucional, compartió una reflexión cruda y profundamente arraigada en la experiencia cotidiana de los barrios populares. Partiendo de una de las preguntas que propone el informe, señaló: "¿Qué más estamos construyendo si convivimos con el terreno pericial como parte de nuestro paisaje? Nada, para nosotros es cotidiano, y no digo que está bueno, digo que nos toca estar, y estamos en eso".
Desde su lugar como militante y habitante de estos territorios, Riquelme enfatizó la falta de participación real en la toma de decisiones que afectan a sus comunidades: "Son pocas las personas que se acercan a nuestros barrios para preguntarnos qué necesitamos. En lugar de eso, lo único que llega es más presencia policial, patrulleros y todo lo demás".
En esta línea, cuestionó abiertamente el accionar policial y su sesgo clasista y racial: "La policía sigue actuando como si ser pobre fuera un delito, como si tu color de piel fuera un delito, como si tu vestimenta fuera un delito". Y subrayó que el problema no se reduce a conductas individuales, sino que forma parte de una política estructural: "Entonces, charlar sobre eso, y también decir que no se trata que si hay policías buenos o policías malos, sino que pasa por una política de estado, que decide que la seguridad se garantiza con más represión, con más cárcel, con más control, pero solo un sector de la sociedad".
Desde su experiencia personal y la de su entorno, Riquelme expuso la normalización de prácticas violentas e ilegales por parte del Estado: "Eso me parece que quienes estamos acá lo tenemos muy claro y que somos muy pocas las personas, de hecho, que podemos levantar la mano y decir que nosotros convivimos con eso todo el tiempo y que en menos de un mes, al menos una vez fuimos detenidos por la policía por averiguación de antecedente o llevado a una cárcel o a una comisaría por no portar el DNI, por ejemplo, porque estos son cuestiones".
Finalmente, reivindicó el valor del informe como una advertencia urgente sobre el rumbo de las políticas de seguridad actuales: "Este informe es una advertencia: no hay paz posible mientras el Estado siga considerando sospechosos al que vive en un barrio popular. La paz verdadera no se construye con más patrulleros, se construye con justicia social, con respeto, con trabajo y con derechos".
Violencia institucional y desigualdad territorialDurante su intervención, Gustavo Palmieri, representante del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, aportó una mirada estructural sobre las formas contemporáneas de la violencia institucional. Subrayó que no se trata de una ausencia del Estado en los barrios populares, sino de su presencia bajo formas punitivas y selectivas. "No son barrios donde el Estado está ausente. La pregunta es: ¿qué forma toma ese Estado?", planteó. En ese marco, denunció la persistente devaluación de derechos en los sectores más vulnerados: "No es lo mismo ser libre en un barrio que ser libre en otro. En un barrio popular, la libertad está siempre amenazada: según qué hagas, cómo mires, cómo seas".
Palmieri también destacó la necesidad de fortalecer la articulación entre instituciones estatales, organizaciones sociales y universidades, reconociendo tanto su potencial como su dificultad: "Articular es fácil de decir, pero siempre es lo más difícil de hacer", sostuvo. En relación con los proyectos educativos y de intervención en contextos de encierro, celebró la participación universitaria y el trabajo en territorio: "Si es útil que entremos nosotros, también es útil que entren otros", dijo, en alusión a la importancia de abrir los espacios carcelarios a la sociedad civil. El comisionado del Comité advirtió que algunas de las propias prácticas de seguridad son las que terminan generando nuevas formas de inseguridad: "Parte de estas políticas de seguridad son, justamente, las que generan nuevas formas de inseguridad".
Remarcó también la importancia del trabajo articulado con organizaciones sociales y de la escucha sostenida en el tiempo. "Cada vez que hacemos una visita, nos reunimos también con familiares y organizaciones sociales. Con la Multisectorial contra la Violencia Institucional tuvimos varias reuniones. Necesitamos saber qué tenemos que mirar, pero también recibir información que no siempre aparece durante una semana de visitas: qué se acumula, qué se ve en el tiempo", explicó. En esa línea, defendió el acompañamiento a proyectos territoriales: "No porque haya dinero, sino porque facilitamos que se realicen. Facilitamos el acceso a lugares donde hay personas privadas de libertad, lugares restringidos. Nos parece importante que universidades e instituciones también entren. Si es útil que entremos nosotros, también lo es que entren otros. Y que ese acceso sea un derecho".
Por último, destacó el valor del trabajo presentado en el informe, señalando que no solo describe metodologías de intervención en contextos de encierro o en espacios abiertos, sino que también asume una posición política frente a las violencias: "Este documento tiene valor porque no solo describe metodologías para trabajar en espacios de encierro o abiertos, sino que también toma posición frente a situaciones de violencia. Articula respuestas desde la seguridad y desde lo social".
¿Quién es el enemigo público número uno?
En esa instancia, también pidió la palabra el profesor Oscar Lupori, reconocido referente en derechos humanos, docente universitario y uno de los fundadores del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo en Rosario, además de miembro fundador del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Desde su vasta trayectoria, compartió una serie de preguntas e inquietudes que invitan a pensar el papel que cumplen distintos actores sociales en la reproducción de la violencia y la criminalización de determinados sectores.
Comenzó su intervención cuestionando el rol de los medios de comunicación y su influencia en la construcción social del miedo: "Los medios masivos, ¿qué papel cumplen en esto? ¿Cuál es el esquema y la estructura de nuestros noticieros? ¿La inseguridad de cada día y el infortunio, la tragedia, inesperada, el incendio de la casa, el choque en la ruta, el choque en la calle. ¿Cuánto tiempo lleva?".
A continuación, se detuvo en el funcionamiento del sistema penal y su lógica fundacional, asociada a una idea de enemigo social: "¿El derecho penal y las cárceles fueron pensadas para hacer justicia en la sociedad o fueron pensadas también en base al esquema que en la sociedad hay un sector peligroso para el conjunto? El derecho penal y los tipos penales están configurados sobre la base del enemigo, que siempre es de la gente de baja condición".
En ese mismo sentido, identificó cómo este sistema se enfoca selectivamente en un grupo social específico, al que se le asigna el lugar del enemigo público: "¿Quién es el enemigo público número uno ahora? Los jóvenes, y los jóvenes de cierta característica".
Más adelante, se refirió a la realidad del sistema carcelario en Argentina, poniendo el foco en la población que lo habita y en las condiciones de detención: "Y las cárceles nuestras, en el noventa y cinco por ciento, quienes la habitan, jóvenes entre dieciocho años y treinta y cinco años, ¿no es así? Y las cárceles, ya que usted hablaba de tortura, la primera tortura no es la cárcel. Antes de ninguna tortura, ¿qué es? La superpoblación de las cárceles".
En sintonía con su análisis del sistema penal y los mecanismos de criminalización de los sectores populares, Oscar Lupori agregó una observación clave sobre el concepto de paz que circula en el discurso público: "La paz que hay es muy relativa porque es una paz arreglada y es una paz que significa que hay un poco menos de homicidios pero sigue funcionando el narcotráfico, sigue funcionando lo que es los reducidores del choreo, sigue funcionando la complicidad policial, sigue funcionando la prostitución organizada —no el hecho de las trabajadoras sexuales sino lo que lucran a costilla de— sigue funcionando todo un desplazamiento de control sobre territorios barriales".
Cuestionó el verdadero propósito de estas acciones represivas y su impacto real en los barrios: "Que en el fondo, vos decís, vienen a proteger o vienen a hacer control sobre la gente, ¿y vienen a qué? Por ejemplo, yo me pregunto este detalle nomás: Gendarmería ahí en las vías del ferrocarril entre Paraná y Felipe Moré, permanentemente, ¿es disuasoria de qué? ¿Qué hace Gendarmería ahí? ¿Cuánto le sale a la ciudad eso?".
Desde una mirada estructural, propuso redirigir el foco hacia las políticas públicas de base: "Y me pregunto cuáles son las políticas económicas y sociales para que haya un poco más de justicia y entonces la gente no sea peón del narcotráfico ni consuma y se haga bolsa".
A su vez, convocó a pensar de forma crítica el rol del sistema educativo en la reproducción de las desigualdades: "¿Cuál es la política económica y social y educativa que favorece que los muchachos no dejen el secundario? ¿Cómo es la reforma, la refundación de la escuela primaria para que los chicos no tengan tantos problemas de aprendizaje en nuestros barrios?".
Y cerró celebrando el espacio de debate abierto por el informe y su presentación: "Todas son preguntas que tenemos que hacernos. Bienvenidos que acá en la universidad se pueda dialogar de esto".
El problema es cultural
También participó del diálogo Daniel Naporichi, referente del Comité Organizativo y Cultural de los Pueblos Originarios de Rosario, quien compartió una reflexión centrada en la invisibilización histórica de los pueblos indígenas y afrodescendientes, así como en la falta de una perspectiva cultural y étnica en los distintos poderes del Estado, especialmente en el ámbito judicial.
Desde su experiencia comunitaria, Naporichi denunció: "Hay muchos jóvenes en las comunidades indígenas que son perseguidos por la Policía por no tener documentos, son golpeados". A partir de esa situación concreta, sostuvo que "la verdad que hoy en día la justicia necesita una perspectiva indígena también".
En su análisis, señaló que este vacío no es casual ni reciente, sino parte de un problema estructural y profundo, vinculado a la formación de quienes legislan y juzgan: "Y eso se vio también como una falta de cultura, quizás un problema cultural que hubo en la Convención Constituyente. Se vio eso, no hubo enseñanza para que la justicia tenga una perspectiva indígena, no la hubo. Ni siquiera hubo el reconocimiento a los afro argentinos, a indoafro argentinos. No hubo reconocimiento de eso tampoco. O sea, el problema es cultural hoy en día".
Más adelante, puso en duda el compromiso real de la clase política con los sectores históricamente marginados: "Y la pregunta que nos debemos hacer, ¿qué papel cumplen los legisladores locales y provinciales? ¿Intereses políticos o intereses sociales? Esa es la pregunta que nos debemos hacer".
Con tono crítico y directo, subrayó que esta tensión entre intereses políticos y derechos fundamentales es una realidad que los pueblos originarios padecen a diario: "Y lamentablemente nosotros, como pueblos indígenas, lo debemos decir, lo vemos a diario, a mi entender. Que muchas veces juegan los intereses políticos sobre los derechos de los indoafro argentinos. Pesan más los intereses políticos que los ideales, que los derechos. Y eso se ve diariamente, y eso se vio en la Convención Constituyente".
Sobre el cierre, Naporichi advirtió sobre el riesgo de que estas discusiones no se traduzcan en acciones concretas: "Lamentablemente, como pueblos indígenas, debemos decirlo: lo vemos a diario, al menos así lo entiendo yo. Muchas veces, los intereses políticos se imponen por encima de los derechos de los pueblos indoafroargentinos. Los intereses pesan más que los ideales y los derechos, y eso es algo que se ve todos los días. También quedó en evidencia durante la Convención Constituyente".
Finalmente, retomó las preguntas planteadas por otros oradores, conectando su reflexión con el debate más amplio sobre el rol de los medios y el sistema político: "Y vuelvo a plantear la pregunta: ¿qué rol juegan los medios masivos en todo esto? ¿Qué responsabilidad tienen los legisladores provinciales y locales cuando priorizan intereses políticos? Esto, como bien señaló hoy un compañero, también tiene que ver con la justicia. ¿Están actuando en función de los intereses sociales, del pueblo, o simplemente responden a conveniencias partidarias? Porque, como dijo alguna vez un sabio, el verdadero origen de la democracia está en la voluntad del pueblo".
Estamos todos atravesados por estas subjetividades
El doctor Horacio Crespo, actual funcionario del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano y con reconocido trabajo territorial, aportó una mirada crítica sobre las formas en que las ideologías dominantes atraviesan incluso a los sectores más comprometidos con la transformación social. Su reflexión se centró en el impacto profundo del neoliberalismo en las subjetividades colectivas.
Con claridad, Crespo planteó que "el neoliberalismo, sabemos perfectamente que no es un gobierno, pero estamos todos atravesados por esas subjetividades". Desde esa perspectiva, relató una contradicción que observa con frecuencia en distintos ámbitos: "En muchas ocasiones, compañeras y compañeros con los que marchábamos, en marcha de protesta los 24 de marzo y demás. Al otro día se transforman en un energúmeno que rechazan y maltratan a otros sujetos racializados, o por la causa que sea".
Al señalar que esta tensión va más allá de los gobiernos de turno, Crespo advirtió que "más allá de quién esté gobernando, las características de ese gobierno, estamos metidos en un gran problema de nuestras subjetividades".
En ese sentido, llamó a asumir una responsabilidad personal y colectiva frente a estas contradicciones: "Con las cuales creo que tenemos que poder lidiar y, en primer lugar, hacer ese esfuerzo cada una, cada uno de nosotros".
Seguridad es vida con dignidad
Durante el receso del encuentro,
Señales dialogó con Norma Ríos, histórica militante de derechos humanos, integrante de la Mesa Directiva de Rosario de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), miembro de la Comisión Directiva del Museo de la Memoria y personalidad distinguida del movimiento de derechos humanos de la ciudad. Ante la pregunta central del informe, ¿Paz para quién?, Ríos ofreció una reflexión profunda y crítica sobre el concepto de seguridad, sus múltiples sentidos y su vínculo con las desigualdades estructurales.
"Bueno, yo creo que eso de la paz para quién tiene mucho que ver con la pregunta de seguridad. ¿Qué entendemos por seguridad? ¿Seguridad para quién?", planteó de entrada. Y agregó: "Es decir, nosotros, incluso todos, tomamos el concepto de seguridad hablando solo de la policía y del aparato represivo. En realidad, por ejemplo, para la APDH la seguridad es otra cosa".
Desde una visión social del derecho, sostuvo: "Partiendo de la base de que la sociedad es dividida en clases, seguridad e inseguridad nunca es lo mismo para cada quien. Entonces nosotros decimos, para nosotros seguridad es que un chico tenga comida, que tenga salud, que tenga educación, que tenga sus padres en su casa todo el tiempo posible con esos muertos que tuvimos hace 100 años por las 8 horas de trabajo y demás. Seguridad es eso, es la vida con dignidad, es la vida con posibilidades".
En ese sentido, advirtió sobre las consecuencias dramáticas de las políticas represivas en los territorios populares: "Es una de las cosas que nosotros vemos ahora y lo que genera todo este horror de la represión salvaje en los barrios. Allí lo decían, yo creo que el informe está hecho muy seriamente, está con gente genuina, con gente que vive la desesperación".
Ríos retomó parte del contenido del informe para resaltar una situación especialmente dolorosa que se da en los sectores más empobrecidos: "Ellos comentaban algo así como: ¿Qué está pasando? A veces los atendemos, como mencionó uno de los disertantes, y al día siguiente, si tienen que golpearte, lo hacen sin problema. Porque, en realidad, muchas familias están divididas: por un lado, algunos son policías, y por el otro, con suerte, trabajadores. Y esta es una situación dramática que se vive todos los días".
Desde su experiencia en los juicios por delitos de lesa humanidad, compartió una observación sobre quienes hoy integran las fuerzas de seguridad: "La gente no elige ser gendarme o policía por vocación, sino porque es lo que le queda en este contexto. Muchos te dicen: "Tengo obra social", como si eso justificara todo. En los juicios por delitos de lesa humanidad, los propios gendarmes nos contaban: "Tenemos la suerte de estar en blanco, de cobrar más o menos bien, pero estoy desesperado por recibirme y poder irme". Después no sé si realmente se van o no, pero al menos, en ese momento, expresan una inquietud muy real".
Sin embargo, fue clara al señalar que esa supuesta "paz" que se presenta como objetivo de las políticas públicas no es para todos: "Entonces la paz se busca para alguna gente que desarrolla tranquilamente sus negocios. Y el caso de los narcos es uno".
Ríos denunció con firmeza los vínculos entre sectores del poder y el narcotráfico: "Acá cuando dicen hay menos muertos, lo que hay son arreglos de la política para que no los jodan. Si pagan, todos sabemos que la plata de los narcos va a la política, a las grandes inmobiliarias, etc. No queda en el pobre y infeliz del barrio, que necesariamente tiene que ser parte de eso, porque de última es una mercancía como cualquier otra para vender, y son los que ponen los muertos, los presos, etc. A ellos nada".
Desde esa mirada, valoró el enfoque del informe: "Creo que hacen un buen análisis de eso. Nosotros sufrimos las 24 horas del día. Hay barrios distintos. Yo vivo en un barrio muy popular, muy de trabajadores, y obviamente no vivimos tanto esos problemas, pero entiendo que están hablando de barrios un poco más marginales".
Finalmente, remarcó el crecimiento desordenado y desigual de la ciudad, con sus consecuencias sociales: "Rosario está cada día más extendida, más grande, más dolorosa, porque se extiende sin agua potable, se extiende sin cloacas, se extiende sin pavimento, se extiende sin luz, se extiende sin trabajo".
Y cerró con una valoración clara del trabajo presentado: "Pero me parece que lo fundamental es que este trabajo que están haciendo, y muy importante que por lo menos se ponga sobre el tapete".
Los jóvenes son los más perseguidos
Durante el encuentro, Norma López, concejala de la ciudad de Rosario por el bloque Justicia Social, también respondió a la pregunta central del informe: ¿Paz para quién?. En su reflexión, resaltó el impacto del título y su relevancia para pensar el presente: "Es muy provocador y está muy bien que así sea, porque es la construcción de nuevos consensos, ¿no?".
Desde esa mirada, advirtió que actualmente en Rosario se están consolidando nuevas formas de acuerdo social que merecen ser cuestionadas: "Hoy en la ciudad hay nuevos pactos, acuerdos y una nueva construcción de los sujetos sociales".
López señaló que las políticas actuales de seguridad no son responsabilidad exclusiva del gobierno de turno, sino el resultado de una serie de decisiones compartidas: "El gobernador Maximiliano Pullaro, por un lado —y quiero destacar que esto fue acompañado por todos los partidos políticos—, impulsó las modificaciones que hoy rigen en materia de persecución penal y en las leyes de protección de niños, niñas y adolescentes".
Sin embargo, remarcó que la forma en que se implementan esas políticas sí corresponde al actual gobierno provincial: "Este gobierno, con Maximiliano Pullaro al frente y Pablo Cococcioni como ministro de Seguridad, ha decidido avanzar con una política de persecución dirigida principalmente a los jóvenes y a los sectores más empobrecidos".
A partir de su experiencia en el territorio, López denunció prácticas sistemáticas de discriminación y perfilamiento racial en los operativos policiales: "Cuando tenemos la piel más oscura, o vestimos de cierta manera, es muy probable que nos detengan en determinados lugares. En cambio, si alguien pertenece a ciertos barrios o tiene un tono de piel y una vestimenta que encajan con lo que socialmente se considera respetable, no se lo percibe como sospechoso. Esa idea de que el aspecto define la peligrosidad es una gran mentira".
Desde el Observatorio de Violencias por Motivos de Género 'Mercedes Pagnutti', del que forma parte, trabaja directamente con jóvenes en instituciones educativas: "Recorremos mucho las escuelas, y, sobre todo, lo que significa escuchar a los pibes y darles herramientas, porque ya saben qué les van a revisar, qué les preguntan, dónde los paran y cómo los coerciona la policía a los más jóvenes".
En cuanto al sistema penitenciario, denunció el creciente cierre del acceso a espacios de control y acompañamiento por parte de legisladores y organismos de derechos humanos: "Nosotros, como políticos y legisladores de la ciudad, nos cuesta muchísimo ingresar al sistema carcelario. No pudimos ingresar a la cárcel de mujeres, cuando antes lo hacíamos más habitualmente, incluso en lo que era el gobierno de Miguel Lifschitz, cuando Pullaro era ministro de seguridad".
Señaló también que las condiciones de vida dentro de los penales se han endurecido: "Ahora es muy difícil ingresar, viven castigadas, no les permiten hacer talleres. Eso es muy cruel".
Finalmente, advirtió sobre un fenómeno que considera alarmante: el modo en que la crisis social puede llevar a ciertos sectores a tolerar o incluso justificar la violencia estatal: "Creo que el empobrecimiento de la sociedad hace que algunos sectores admitan prácticas violentas de parte de los gobiernos".
¿Qué hacemos ahora, si ya ganamos el fallo y lo hacen igual?
En su exposición, Marcelo Marasca, secretario a cargo de la Dirección Regional de Prevención de la Violencia Institucional, se refirió a los efectos concretos de las reformas recientes en la normativa policial y sus consecuencias en el territorio. Comenzó contextualizando: "A partir de mediados de 2024, la Ley Orgánica del Personal Policial, regula la facultad de detener sin orden judicial —específicamente el artículo 10 bis de dicha ley provincial, conocido por la mayoría de los abogados y lamentablemente también por muchos que han sufrido esta situación—, establece que la policía puede detener a una persona para averiguar su identidad o sus antecedentes".
Marasca explicó que la modificación de esa norma introdujo una nueva figura que abrió la puerta a una interpretación arbitraria por parte de las fuerzas de seguridad: "La modificación de esa ley incorporó una facultad policial con una relación también bastante difícil. De detenerte si no podía identificarte, digo, si había resistencia a ser identificado, dice la ley, pero la policía empezó a interpretar eso como no tener DNI encima".
Esto derivó rápidamente en una escalada de detenciones irregulares: "Entonces, empezamos a tomar conocimiento de la existencia de una gran cantidad de detenciones diarias. Por diez días pasamos de menos de diez a más de cien por día, entre los meses de junio y julio del año pasado".
Frente a esa situación, iniciaron un proceso de litigio: "A partir de ahí empezamos un litigio para declarar la ilegalidad de esa interpretación de ese artículo, que culminó en diciembre […] con un fallo de la Cámara de Apelaciones de Rosario, declarando ilegal esa forma de interpretar el artículo. Todo lo cual parecía que es un cuento que termina bien, ¿no? Litigamos, ganamos y la policía no puede detenerte por no tener DNI".
Sin embargo, advirtió que el problema persiste: "Lamentablemente, sigue pasando. ¿Por qué sigue pasando? Porque la policía aprendió a cómo hacerlo, y que nos cueste mucho declararlo ilegal".
Explicó cómo las actas policiales comenzaron a incluir justificaciones falsas para sostener las detenciones: "Al principio, las actas estaban mal completadas y en el acta de detención simplemente consignaban que la persona era detenida por no tener el DNI. Con el tiempo, y después de que se les solicitara a través de jueces de cámara, aprendieron que debían agregar un motivo concreto que justificara la sospecha. Entonces comenzaron a inventar justificaciones: decían que la persona se escondía detrás de un contenedor de basura, que revisaba las puertas de los autos, que intentaba forzar una puerta o que caminaba y cambiaba de dirección. Esta serie de fundamentos empezó a aparecer en las actas, lo que complicaba mucho impugnar la detención ante un juez, porque aunque el motivo fuera falso, al menos figuraba uno".
Frente a ese escenario, comenzaron un trabajo territorial activo para entender lo que sucedía después del fallo judicial: "En ese momento es que empezamos a realizar las reuniones en los barrios y empezamos a conocer qué pasaba después del fallo, y, a partir de ahí, empezar a pensar en acciones de prevención, de sanción y de reparación a partir de esa realidad que no estaba apareciendo".
Y se preguntó, como lo hacen quienes trabajan en terreno: "¿Y ahora qué hacemos? Porque ahora el fallo ya lo ganamos, esto no se puede hacer, y lo hacen igual. ¿Y ahora qué hacemos?".
Desde esa experiencia, reconoció que el trabajo jurídico debe estar anclado a lo territorial: "Cada vez que regresábamos a la defensa, nos preguntábamos: ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo revertimos este proceso? Así, comenzamos a pensar —y aún seguimos trabajando todos los días— en nuevas estrategias para revertir esta situación en cada caso concreto".
Una de esas estrategias, explicó, es la del litigio caso por caso: "Ahora litigamos uno por uno, cada habeas corpus individual, en cada caso en donde lo hayan detenido solo por no tener DNI".
Y cerró con una afirmación contundente sobre el rol que debe asumir la defensa pública: "La defensa no puede aislarse en discusiones jurídicas tan alejadas de lo que pasa en el territorio, y la única forma de conocer lo que pasa es que los que están ahí te lo cuenten. Y la única forma de que te lo cuenten es estando al alcance, estando presente, siendo una cara reconocible que responda cuando te llaman y que te conteste los mensajes, y que haya ida y vuelta en ese quehacer cotidiano de enfrentar la violencia".
El Obrador: "una primera escucha" y construir redes de cuidado
Leticia Kettle, coordinadora del Centro Cultural El Obrador, ubicado en el barrio 23 de Febrero, relató cómo acompañan a los jóvenes desde 2013, a través de proyectos como Nueva Oportunidad. Señaló que su espacio funciona como "la primera escucha" y que desde ahí se articulan con el centro de salud, desarrollo social y otras instituciones para acompañar a los jóvenes y sus familias, incluso en situaciones legales.
Destacó la importancia de generar confianza y abrir espacios para que los chicos puedan compartir sus experiencias: "pudieron charlar bien y contar un montón de experiencias que por ahí nosotros ya sabíamos, pero que estaba bueno que las pudieran poner en común y aparte para escucharse entre todos porque me parece que las mejores estrategias se construyen en conjunto".
En relación a la violencia institucional, contó cómo surgen estrategias prácticas para cuidarse y crear redes de contención: "a un joven se lo llevaron saliendo del taller de carpintería del Obrador, pero podés decirle: 'Mirá, estoy saliendo del taller, del Obrador, me voy a mi casa'… no ponerse de punta diciendo 'mis derechos son estos', pero sí, por lo menos, dejar claro desde dónde venís, o que hay otra gente que sabe que saliste de ahí y no llegaste a tu casa".
Resaltó la relevancia de la solidaridad y la comunidad entre los jóvenes: "hacer esa red que también muestre que uno no está solo, y entonces no pueden hacer cualquier cosa con uno… lo pensaba como una forma de atenuar un poco la situación".
Finalmente, valoró la labor de los espacios culturales para generar convivencia y nuevas formas de relacionarse: "una de las cosas que pensamos es cómo convivir, cómo poder encontrar maneras de convivir donde podemos escuchar entre todos y armar algo nuevo".
Entre talleres, comunidad y resistencia frente a la represión
Nicky, militante del Movimiento Evita desde su adolescencia, compartió su recorrido territorial y la experiencia colectiva en los barrios donde desarrollan talleres y espacios comunitarios. Valoró especialmente que el proyecto "notara lo que nos sucedía con los pibes", reconociendo que "no solo lo vieron, sino que se hicieron parte del proceso, acompañándonos con empatía".
Desde su mirada, relató las violencias cotidianas que viven los jóvenes en los barrios: "Me llaman y me dicen: 'Nicky, tuve que colaborar porque estaba andando en bici, y la bici podía ser presuntamente robada porque mi amigo tiene un tatuaje'". Describió situaciones de hostigamiento policial, represión y estigmatización que —dijo— "se vuelven comunes, se suman al hambre y al dolor de nuestros territorios".
Frente al discurso de una "Rosario pacificada", cuestionó: "¿Paz para quién?". Y advirtió que "esa paz no muestra lo real: cómo se vive en las cárceles, en los barrios, o por qué un nene de 16 años termina golpeado dentro de la chata de un policía". Vinculó estas prácticas al "Plan Bandera" y a "una política de represión cada vez más fuerte".
Recordó los talleres donde, junto a abogados y vecinos, aprendieron herramientas para enfrentar estas situaciones: "Nos decían: 'No deberían llevarte, pero te van a llevar igual'". Subrayó el valor de esos espacios para acompañar a los pibes y a sus familias, "porque lo padece una familia entera, no solo el pibe".
Finalmente, destacó el trabajo de Casa Pueblo, espacios comunitarios de acompañamiento a jóvenes y personas con consumos problemáticos. Allí —contó— "los más golpeados, los que el sistema descarta, están adentro, haciendo música, cocinando, rapeando". Desde esos lugares, afirmó, buscan construir comunidad y dignidad: "La calle tiene que ser un lugar que podamos transitar, un lugar que sea para todos. Porque lo lindo, lo bueno, también nos pertenece".
El narco se mete en la vida cotidiana de los barrios
En el transcurso de la reunión, Marisa (Maru), coordinadora de Red Puentes Rosario, un dispositivo comunitario de abordaje del consumo problemático dirigido a mujeres y diversidades, compartió una mirada directa desde el territorio sobre el avance del narconegocio en los barrios populares, particularmente en Las Flores, donde vienen trabajando sostenidamente desde hace tres años.
"Estamos instaladas ahí en el barrio hace tres años. Vemos cómo avanza el narconegocio y se expande hacia nuestras vecinas, nuestros vecinos y los pibes y las pibas del barrio", afirmó. En ese marco, describió el impacto de estas redes en la vida cotidiana de las familias: "Las Flores es un barrio focalizado, donde tenemos mucha policía. Si bien trabajamos entre las instituciones y las organizaciones, vemos cómo ese narconegocio también se dispara hacia un montón de lugares".
Remarcó que no se trata solamente de narcomenudeo, sino de la consolidación de estructuras que ocupan un rol creciente en la economía informal del barrio: "No solamente es el narcomenudeo, que hace que entre algún dinero hacia las familias, sino que terminan siendo los prestamistas del barrio, los que tienen las tarjetas de las mujeres empeñadas. Y no solo es para el consumo, sino para la vida diaria".
Maru denunció que la exclusión territorial —marcada por la falta de servicios públicos básicos— deja a los barrios aún más expuestos a estas dinámicas: "Van tomando un protagonismo altísimo, sobre todo en esos barrios donde nos sentimos que estamos excluidos de la ciudad. Porque si no te entra el bondi, llega un horario y no tenemos transporte, no tenés dónde cargar una tarjeta, no todo el mundo tiene acceso a un teléfono con Internet".
Explicó que muchas veces, incluso la conectividad depende de la presencia de espacios comunitarios: "Los vecinos a veces van a los dispositivos, donde ya tienen las contraseñas y pueden comunicarse desde ahí".
En ese contexto, el narconegocio va ocupando lugares que el Estado no cubre: "El avance narco se nota en el negocio, en cómo las familias, que su economía está muy mal —y sobre todo en este momento— recurren a ellos, no solamente los pibes y las pibas para el consumo, sino familias para un gasto extra, para avanzar algo en su casa, para ponerse un pequeño negocio. Entonces, terminan siendo los prestamistas".
Pero ese acceso a recursos también tiene consecuencias: "Ponen en peligro, porque después, si no pudiste pagar, si no pudiste juntar, te invaden la casa, te saquen las cosas que tenés". Maru compartió el caso de una compañera de la red: "Tuvo que pedir para alquilar en otro lado, y después, como no pudo pagar a tiempo, le sacaron el televisor, que es un montón, porque tiene sus hijos".
Así, denunció una estructura narco que no solo avanza por la vía del consumo, sino por medio del control económico y territorial: "Vemos ese narconegocio que avanza de diferentes formas, no solo en el consumo y en el narcomenudeo, sino que se van apoderando de diferentes necesidades de los vecinos y las vecinas. De eso no se habla".
Finalmente, subrayó que el impacto más fuerte lo sufren las mujeres, que en estos contextos de crisis y abandono estatal, cargan con las mayores responsabilidades: "Las mujeres son las más golpeadas, porque es la que está al cuidado y es la que tiene que dar de comer, la que tiene que vestir, la que tiene que llevar a la escuela. Entonces, siempre son las mujeres las que empeñan sus tarjetas. No solo por el consumo, sino para ir sobreviviendo".
Nos vigilan, pero hay otra vigilancia más arriba
Entre las voces que participaron del evento, Anabel 'Ani' Amarillo, integrante de la ONG Nuestra América, una de las sedes de los talleres que terminaron enriqueciendo el informe, aportó una reflexión que vinculó la vigilancia social contemporánea con una metáfora clásica del pensamiento crítico.
"Una reflexión que estuve leyendo estos días, que era la reflexión del panóptico. No sé si lo conocen. El panóptico está en una cárcel. Seguramente lo habrán visto mis compañeros en algunos documentales de gente que está en cana", comenzó señalando.
Explicó luego el concepto al que hacía referencia: "El panóptico es la cárcel gigante donde tiene una torre en el medio y montones de torres hacia los costados. O sea, Foucault —que es un filósofo, un polémico— describe cómo el poder funciona en la sociedad moderna. Dice que lo hace a través de un sistema de vigilancia".
Amarillo retomó la idea foucaultiana como una clave para pensar la estructura del control social actual: "Ese panóptico lo define como una forma de poder donde el que vigila ve a todos los que están presos y los presos no lo ven".
Finalmente, reflexionó sobre la vigencia simbólica de esa figura: "Entonces pensaba yo: nosotros estamos viendo que nos están vigilando, pero en realidad hay otra vigilancia que hay que ver, que seguramente está mucho más arriba, que seguramente es la que está pensando la forma de seguridad para que el pueblo no se despierte".
Si conocés tus derechos, te pegan igual
Desde la Casa de la Mujer y la Diversidad en barrio Moderno, otro de los dispositivos comunitarios seleccionados para el trabajo, Graciela Zenas compartió su experiencia y preocupación sobre los efectos de la desinformación y la sistemática violencia institucional en los barrios populares.
"La falta de conocimiento en los barrios populares es tremenda —comenzó diciendo—, y a veces hacer valer nuestros derechos o que nos respeten... Al no conocer nuestros propios derechos, quedamos vulnerados ya de por sí. Como decían, la calle es para todos, no solamente para algunos".
Zenas subrayó el impacto que produce el miedo cotidiano en estos territorios: "Imaginate si aquellos que tienen conocimiento tienen temores, aquellos que viven en los sectores, en los barrios populares, el miedo es tremendo".
Recordó, además, cómo las violencias institucionales son moneda corriente en el barrio: "Nosotros fuimos los que más preguntamos por muchas violencias institucionales que sufrimos. Nosotros no tenemos derecho ni siquiera a decir: disculpá, ¿tenés un papel de allanamiento para entrar a mi casa? No. Estás durmiendo con tus hijos, te patean la puerta, te golpean, te rompen todo, se van como si nada. Se llevan las cosas que están adentro —que fue una de las cosas que había pasado—. La misma policía se llevó plata de la casa. ¿A quién le reclamás? Si en el operativo no te mostraron un papel que decía qué comisaría es".
La indefensión frente a las detenciones arbitrarias también fue parte de su relato: "O cuando agarran a los pibes en los comandos radioeléctricos, ¿a qué comisarías denunciás? ¿Qué hacés?".
Sin embargo, destacó la importancia del conocimiento de derechos como herramienta de defensa y organización: "Nos sirvió muchísimo esto de decir y reconocer: tenés derecho a decir, bueno, listo, no tengo DNI, o está en trámite".
Y recordó un caso concreto que lo demuestra: "El conocimiento le llevó a uno de los chicos del barrio a plantarse con el comando, a decirle: mirá, flaco, no tengo DNI, pero recién me soltaron. Por decir 'yo reconozco mi derecho', porque a mí un abogado me dijo. Ah, ¿sí? ¿Conocés tu derecho? Bien, lo levantaron igual, lo cagaron a palos, solo por el simple hecho de decir 'yo reconozco mi derecho'".
Relató que esto no fue un caso aislado: "Después no fue Marcelo, fue Santiago. Lo agarraron a Santiago, le dijeron: 'Varón, ustedes nos dijeron que era nuestro derecho', y me levantaron y me cagaron a palos. Y le dijo: 'Pará, pará, yo no fui, fue Marcelo, no fui yo'", contó, provocando risas en el auditorio.
Zenas fue clara al señalar la raíz del problema: "Ellos están en todo conocimiento de los derechos que tenemos. Ahora está en las autoridades policiales, que son quienes tienen que hacer valer nuestros derechos civiles y respetarlos, a querer cumplir nuestro derecho. Hacerlo valer".
Lee el informe:
Fotos: Cristian Maio
Fuente: Señales, Aire Libre, Radio Comunitaria
