El ex diputado nacional cuestiona en Señales el RIGI como estrategia de desarrollo, advierte sobre el poder creciente de las grandes corporaciones tecnológicas y reclama un Estado capaz de regular la inteligencia artificial sin resignar soberanía. En ese recorrido también reivindica la Televisión Digital Abierta como la prueba de que la innovación tecnológica puede convertirse en una política pública con impacto productivo, industrial y social
El énfasis de la nadaOsvaldo Nemirovsci (foto) no cree que los anuncios del Gobierno sobre convertir a la Argentina en un polo de desarrollo de inteligencia artificial tengan, por ahora, un correlato real. Detrás de la promesa del gobierno de Javier Milei, que presenta al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) —y su versión ampliada, el denominado "Super RIGI"— como la herramienta para atraer inversiones tecnológicas de escala global, el ex diputado nacional observa más una construcción discursiva que una política de desarrollo.
Su definición es deliberadamente provocadora: se trata de "polvo en el viento". Incluso ensaya otra imagen, todavía más contundente: lo que hace el Gobierno en esta materia es "el énfasis de la nada", acompañado por "cierto barroquismo para palabras devaluadas".
Nemirovsci, ex diputado nacional por Río Negro, coordinador general del Consejo Asesor del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre y analista de políticas públicas, ha dedicado buena parte de sus trabajos a estudiar la relación entre comunicación, tecnología, democracia y soberanía. Desde esa perspectiva, interpreta que la apuesta oficial por la inteligencia artificial como eje casi excluyente de la política científica y tecnológica responde antes a una definición ideológica que a una estrategia de desarrollo.
Según plantea, el Gobierno busca exhibir a la Argentina ante el mundo como "el país con mayor libertad", con "las políticas más liberales de la historia de la humanidad". Bajo esa lógica, sostiene, se diseñó un régimen de inversiones pensado para garantizar que los grandes capitales no encuentren obstáculos a su rentabilidad y puedan retirar recursos del país con amplias facilidades.
Para Nemirovsci, el RIGI expresa un extremo ideológico: la idea de que la ausencia de controles es, en sí misma, una ventaja competitiva. Desde esa mirada, cuestiona el esquema tributario previsto por el régimen porque considera que resulta ampliamente perjudicial para el Estado argentino.
Enumera que contempla beneficios como la exención de impuestos como Ganancias e Ingresos Brutos, facilita la salida de capitales al exterior y no establece condiciones que históricamente estuvieron vinculadas a los procesos de promoción industrial: la incorporación de proveedores nacionales, la participación de pequeñas y medianas empresas en las cadenas de valor o la generación de empleo argentino.
"El RIGI no pide mano de obra nacional", resume.
Habla desde su experiencia en Bariloche, donde reside y conoce de cerca uno de los entramados tecnológicos más importantes del país: el desarrollado alrededor de INVAP y su articulación con ARSAT. Allí, recuerda, unas 200 o 250 pymes participan como proveedoras de materiales, insumos y componentes, conformando un ecosistema productivo que, a su juicio, el nuevo régimen ignora.
Para el ex legislador, ese modelo de incentivos no apunta a construir capacidades nacionales, sino a enviar una señal política al mercado internacional: mostrar que la Argentina está dispuesta a desregular como pocos países.
Peter Thiel, Palantir y el debate que faltaEn esa discusión ubica también la cercanía del Gobierno con Peter Thiel y con Palantir Technologies, la empresa de análisis de datos e inteligencia artificial vinculada al empresario.
Nemirovsci aclara que su preocupación no pasa simplemente por la existencia de una compañía tecnológica, sino por la concepción política que atribuye a Thiel. Lo describe como un empresario que "juega a la ciencia política con mucha fuerza" y que sostiene que el capitalismo no necesita de la democracia para desarrollarse.
Esa idea, advierte, entra en tensión con la tradición democrática que, según su visión, debe orientar la actividad económica. También considera que esa concepción atraviesa la manera en que Thiel entiende la inteligencia artificial.
"No es la inteligencia artificial científica; es la de él", plantea, diferenciando entre una tecnología orientada al conocimiento y otra vinculada a determinados intereses empresariales y estratégicos.
Por eso considera que una eventual expansión de ese universo tecnológico en la Argentina debería abrir un debate público más profundo. Aunque reconoce que quizás hoy no sea una preocupación cotidiana para millones de personas, sostiene que debería serlo porque la inteligencia artificial y la automatización ya están modificando las relaciones laborales y las condiciones de vida.
El reemplazo de tareas humanas por sistemas robotizados, explica, dejó de ser una hipótesis de ciencia ficción. Menciona las discusiones internacionales sobre la posibilidad de establecer mecanismos como un salario universal para quienes pierdan definitivamente sus empleos por la automatización y observa que sectores como la industria automotriz y el transporte avanzan cada vez más hacia procesos con menor incorporación de trabajadores.
"Esto está ocurriendo", afirma. No se trata, dice, de un escenario futuro lejano, sino de una transformación que ya comenzó.
En uno de los pasajes más gráficos de la conversación, Nemirovsci recurre a una metáfora para explicar la dimensión del fenómeno. Dice que suele pensar a Peter Thiel y Palantir como una versión "casi documental" de las películas de terror, zombis y ciencia ficción.
La diferencia, explica, es que esas historias pertenecen a la ficción, mientras que aquello que representa Thiel "existe, ocurre". Esa es la razón por la que busca instalar el debate: no porque la inteligencia artificial sea una amenaza en sí misma, sino porque considera necesario discutir quién la conduce y bajo qué reglas.
La tecnología no es el problema; la ausencia de reglas, síNemirovsci rechaza cualquier interpretación que lo ubique en una postura contraria al avance tecnológico. Aclara que está "lejísimos" de quienes históricamente intentaron frenar las innovaciones por temor a sus consecuencias.
Recuerda, como ejemplo, a los agricultores franceses que en el siglo XVIII destruyeron máquinas cosechadoras y trilladoras porque temían perder sus empleos. Su posición, afirma, está en las antípodas: cree que el desarrollo tecnológico debe mejorar la vida humana.
La inteligencia artificial, y también la futura evolución hacia tecnologías como la inteligencia cuántica, forman parte de un camino científico que considera irreversible. El desafío, sostiene, no es detener ese proceso, sino acompañarlo con instituciones capaces de equilibrar sus efectos.
"Hay que tomarla, es un camino de la ciencia, es un camino de la tecnología, es un camino del mundo digital", plantea.
El punto central, para él, está en establecer regulaciones que impidan que las grandes corporaciones tecnológicas acumulen un poder capaz de afectar las bases de las sociedades democráticas.
Esa preocupación, explica, viene de lejos. Recuerda que en 2006, cuando era diputado nacional, presentó junto a la entonces legisladora Rosario Romero un proyecto sobre delitos informáticos que terminó derivando en modificaciones al Código Penal.
En aquel momento, el escenario digital era mucho más limitado: los debates giraban alrededor del correo electrónico y de las primeras formas de comunicación informática. Sin embargo, ya advertían sobre la necesidad de establecer límites legales frente a los nuevos usos de la tecnología.
Desde entonces, sostiene, insistió en la necesidad de crear una institucionalidad específica para abordar el mundo digital. Incluso durante gobiernos con los que tuvo afinidad política —"yo soy peronista", aclara— planteó la creación de un organismo que reuniera las áreas dispersas entre Economía, Ciencia y Tecnología, Cancillería y otros sectores vinculados a las comunicaciones.
Su propuesta era avanzar hacia un Ministerio de las Comunicaciones y de la Informática que pudiera diseñar políticas públicas y establecer una estrategia nacional frente al crecimiento de las plataformas digitales.
Para Nemirovsci, esa sigue siendo la única forma de equilibrar el poder de las grandes compañías algorítmicas, las denominadas GAFAM —Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft— y las nuevas empresas vinculadas a la inteligencia artificial.
"Lo único que puede detener en tiempo el avance descontrolado de las empresas algorítmicas es una regulación que vaya equilibrando el poder de estas empresas y de esta tecnología con el derecho", sostiene.
A su entender, algunos países ya avanzan en esa dirección. Destaca especialmente el trabajo regulatorio de la Unión Europea, menciona los avances de España y los intentos realizados por Chile. En contraste, considera que la Argentina quedó rezagada.
La disputa por el control de los recursos estratégicosCuando la conversación avanza hacia el impacto económico y ambiental de los grandes proyectos vinculados a la inteligencia artificial, Nemirovsci vuelve sobre una idea que considera central: apoyar la tecnología no significa aceptar cualquier modelo de implementación.
Su posición, insiste, está lejos de cualquier rechazo al progreso. Cree que el avance tecnológico puede mejorar la vida de las personas, pero bajo una condición: debe estar conducido por la sociedad y no exclusivamente por intereses privados.
"Cada paso tecnológico tiene que tener una figura humana visible, notoria y personalizada a su frente", plantea. Para eso, propone transparencia, códigos abiertos que permitan comprender cómo funcionan los desarrollos digitales y una formación educativa que prepare a las nuevas generaciones con pensamiento crítico.
Desde su perspectiva, la escuela tiene un papel fundamental. La alfabetización tecnológica, sostiene, no debe limitarse al aprendizaje de herramientas, sino incluir una mirada humanista capaz de comprender las consecuencias sociales de cada innovación.
La preocupación aparece, especialmente, cuando imagina la administración privada de algoritmos en áreas estratégicas para un país. Menciona la salud, el transporte, los sistemas bancarios y las redes energéticas como sectores donde las decisiones automatizadas podrían quedar subordinadas a criterios exclusivamente económicos.
Para explicarlo, plantea escenarios extremos: una empresa que decidiera interrumpir el suministro eléctrico durante dos días para reducir costos energéticos, o un sistema sanitario cuya infraestructura tecnológica quedara paralizada en medio de una emergencia porque una decisión empresarial priorizó la rentabilidad sobre la seguridad pública.
No se trata, aclara, de negar la participación privada, sino de establecer límites cuando están en juego derechos básicos.
Ese es también el punto desde el cual vuelve a cuestionar la visión asociada a Peter Thiel. Si el empresario sostiene que el capitalismo puede desarrollarse sin democracia, Nemirovsci plantea exactamente lo contrario: la democracia debe ser capaz de conducir al capitalismo.
"No planteo un modelo económico diferente al capitalismo", aclara. La discusión, explica, pasa por definir quién orienta ese sistema y con qué objetivos.
A lo largo de la historia, sostiene, existieron modelos capitalistas con una fuerte dimensión social, solidaria y comunitaria que generaron niveles de bienestar superiores a los producidos por un capitalismo sin límites.
La pregunta de fondo, entonces, no es tecnología sí o tecnología no. Es quién establece las reglas.
Desregulación como modeloDesde esa perspectiva, Nemirovsci observa una contradicción entre el rumbo que toma la Argentina y el camino que recorren otros países.
Mientras varias regiones avanzan hacia marcos regulatorios para limitar el poder de las grandes plataformas tecnológicas, sostiene, el Gobierno argentino profundiza una política basada en la desregulación.
En ese punto señala especialmente al ministro Federico Sturzenegger, a quien define como "un adalid de la desregulación exagerada".
Su crítica, explica, no se limita al campo tecnológico. Como ejemplo menciona los proyectos destinados a flexibilizar las restricciones para la venta de tierras a extranjeros, una discusión que, desde su mirada, involucra cuestiones económicas pero también estratégicas.
Habla desde la experiencia patagónica. Recuerda que la región tiene una historia marcada por conflictos limítrofes y que la protección de determinados territorios fronterizos responde a razones de soberanía, no a posiciones xenófobas.
Menciona la tensión histórica con Chile hace más de cuatro décadas, cuando ambos países estuvieron cerca de un enfrentamiento armado por cuestiones territoriales, y sostiene que esas experiencias explican la existencia de determinadas restricciones legales.
También recuerda un caso en Río Negro donde, según afirma, un empresario árabe adquirió unas 10.000 hectáreas de manera irregular. Para él, ese episodio representa el riesgo de una lógica donde la eliminación de controles se presenta como sinónimo de modernización.
La misma preocupación la traslada al terreno tecnológico.
Mientras la Argentina ofrece beneficios fiscales y regulatorios a grandes inversiones a través del RIGI y el denominado Super RIGI, Nemirovsci observa que otros países avanzan en sentido inverso: regulan para que las inversiones produzcan beneficios concretos en las sociedades donde llegan.
Menciona el caso europeo y recuerda las investigaciones y sanciones contra grandes plataformas digitales. Señala especialmente las discusiones alrededor de Meta y las responsabilidades exigidas a sus autoridades por el uso de las redes sociales.
El contraste, según su análisis, es evidente: mientras algunos Estados buscan equilibrar el poder de las empresas tecnológicas, la Argentina corre el riesgo de entregar ventajas sin exigir compromisos equivalentes.
Con una expresión contundente, define ese modelo como "un manual de baratura ética nacional".
La frase sintetiza, según explica, una política donde el país se presenta como un territorio barato para los grandes capitales: barato en impuestos, barato en controles y barato en exigencias.
Río Negro como ejemplo del debateNemirovsci vuelve sobre su provincia para explicar cómo esa lógica se expresa en el territorio.
Recuerda que Río Negro adhirió al RIGI nacional y aprobó además un régimen propio. Su preocupación se concentra especialmente en las zonas portuarias vinculadas al desarrollo energético, como Punta Colorada en San Antonio Oeste, donde cuestiona que los organismos públicos tengan una participación limitada frente a los inversores privados.
Menciona el proyecto asociado a los buques licuefactores de gas y advierte que un esquema donde municipios y provincias quedan sin capacidad efectiva de intervención puede generar espacios sin controles suficientes.
"Ese es el reino de la entrada de la droga, del viva la pepa", afirma para describir lo que considera una consecuencia extrema de la ausencia de supervisión estatal.
Frente a ese escenario, insiste en que su planteo no busca excluir a las empresas. Por el contrario, sostiene que deben formar parte del proceso de construcción de reglas.
También deben participar, afirma, las universidades, la comunidad científica, las cooperativas, los actores sociales y el Estado.
La regulación adecuada, plantea, no puede surgir de una sola parte, sino de una inteligencia colectiva capaz de acompañar una transformación que siempre avanza más rápido que las instituciones.
"La tecnología siempre va más veloz que el derecho; tenemos que correr muy de atrás", resume.
Tecnología, empleo y una economía en tensiónNemirovsci rechaza también las visiones apocalípticas sobre el futuro laboral.
No imagina una guerra entre humanos y máquinas ni un escenario donde la inteligencia artificial termine enfrentándose a las personas. Tampoco cree que la respuesta sea destruir tecnología para preservar empleos.
La convivencia entre trabajadores y sistemas automatizados, sostiene, es posible.
Reconoce que existen estimaciones que proyectan la pérdida de alrededor de 90 millones de puestos de trabajo en el mundo como consecuencia de la robotización, pero recuerda que otras proyecciones calculan una creación similar de nuevos empleos vinculados a esas mismas tecnologías.
El resultado, afirma, todavía no está definido.
El desafío es construir un marco político y económico que permita aprovechar la innovación sin sacrificar derechos laborales ni capacidades productivas.
Sin embargo, considera que la Argentina atraviesa hoy un escenario particularmente complejo para discutir ese futuro.
Asegura que, aunque el deterioro productivo tiene antecedentes previos, los últimos dos años profundizaron la crisis hasta niveles que define como "catastróficos".
Según su diagnóstico, con excepción de sectores como la minería, la energía y el petróleo, prácticamente todas las ramas de la economía muestran retrocesos. Incluye allí a la industria automotriz, textil, del cuero, del caucho, el comercio y también al agro.
Ese proceso, advierte, tiene consecuencias directas sobre el empleo y el poder adquisitivo.
Cuestiona la idea de que una baja de la inflación sea suficiente para describir una mejora económica. Para millones de trabajadores, sostiene, el problema central es que el salario dejó de alcanzar.
Incluso quienes tienen empleo formal, con obra social, vacaciones y aguinaldo, enfrentan dificultades para sostener su nivel de vida.
Nemirovsci señala una paradoja que considera inédita: trabajadores registrados que siguen siendo pobres.
A su entender, una economía que pierde capacidad productiva, empleo y salario difícilmente pueda presentarse como preparada para liderar una transformación tecnológica.
Por eso concluye que las promesas de grandes desarrollos de inteligencia artificial y empresas algorítmicas, en el contexto actual, corren el riesgo de convertirse en una ilusión más que en un verdadero proyecto nacional.
La Televisión Digital Abierta como otra idea de desarrolloHacia el final de la conversación, la mirada de Nemirovsci vuelve sobre una experiencia concreta que, para él, funciona como ejemplo de una política tecnológica con una lógica diferente: la Televisión Digital Abierta (TDA).
El dato que dispara el recuerdo es el comportamiento del mercado durante el Mundial. A diferencia de lo ocurrido en Qatar 2022, el actual ciclo mundialista no produjo un aumento significativo en la venta de televisores de gran tamaño. Sin embargo, sí generó un crecimiento notable en la demanda de antenas para acceder a la señal digital abierta.
Para Nemirovsci, ese fenómeno tiene un significado que excede el consumo tecnológico. Es, según su interpretación, una reivindicación de una política pública que ayudó a crear y poner en marcha durante ocho años.
"Yo puse el alma ahí", recuerda al hablar del proceso de construcción de la TDA. Durante ocho años estuvo al frente como coordinador general del Consejo Asesor del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre, desde donde participó del diseño, la implementación y la expansión de una política pública que considera una de las experiencias tecnológicas más exitosas de aquellos años.
Aclara, además, que la Televisión Digital Abierta nunca fue concebida como una herramienta partidaria, una crítica que, sostiene, se instaló desde algunos sectores que la definieron como "la televisión kirchnerista".
Para él, esa interpretación desconoce el verdadero objetivo del proyecto. La TDA fue pensada como un sistema de estandarización tecnológica para modernizar toda la televisión argentina, no solamente la televisión pública.
Recuerda que las primeras pruebas se realizaron junto con señales privadas como Canal 13 y Telefe, además de otros actores del sector audiovisual, compartiendo información técnica y conocimientos para acompañar la transición hacia la digitalización.
El impacto, sostiene, fue mucho más amplio que la incorporación de una nueva tecnología de transmisión.
La implementación de la TDA permitió recuperar capacidades industriales vinculadas a la fabricación de antenas, cables y equipamiento electrónico. Generó exportaciones hacia países vecinos como Bolivia, Chile y Paraguay y abrió oportunidades laborales vinculadas a la producción audiovisual.
También destaca la creación de polos audiovisuales en universidades nacionales de todo el país, donde se llegaron a producir unas 7.000 horas de contenido.
Ese entramado permitió el surgimiento de nuevos trabajos para actores, guionistas, directores, técnicos, maquilladores y trabajadores vinculados a la industria cultural.
Para Nemirovsci, esa experiencia representa exactamente el modelo que reclama cuando habla de tecnología y soberanía: una política donde el conocimiento, el Estado, las empresas, las universidades y la sociedad pueden formar parte de un mismo proceso de desarrollo.
Una señal del futuro posibleEl crecimiento reciente de la venta de antenas, que estima en un 2.500 por ciento, refuerza para Nemirovsci esa lectura.
Explica que los televisores actuales ya incorporan internamente la tecnología necesaria para recibir la señal digital y que, por eso, dejaron atrás los conversores que se fabricaban durante los primeros años de implementación.
También reivindica las ventajas técnicas del sistema: una imagen en alta definición de 1080 píxeles, una calidad superior a muchos servicios tradicionales de televisión y una transmisión sin el retraso que suelen tener otras plataformas.
"Uno ve los goles en tiempo real, ve las camisetas con el color real, ve el verde del pasto de la cancha en el color real", describe para explicar la diferencia tecnológica.
Pero su satisfacción no está puesta solamente en la calidad de imagen.
La importancia de la TDA, en su relato, está en demostrar que el desarrollo tecnológico puede seguir otro camino: uno donde una innovación no sea solamente una oportunidad de negocios para grandes corporaciones, sino una herramienta para generar capacidades propias.
En ese sentido, la experiencia de la televisión digital abierta funciona como el contrapunto de toda la conversación. Frente a un modelo basado en incentivos y desregulación, Nemirovsci reivindica una estrategia donde la tecnología se articula con la producción, el empleo, la educación y la soberanía.
La discusión, entonces, vuelve al punto de partida.
La inteligencia artificial no es, para él, el problema. Tampoco lo son las nuevas tecnologías ni la llegada de inversiones internacionales. El desafío consiste en decidir bajo qué reglas se desarrollan y quién tiene la capacidad de orientar ese proceso.
Porque, en su mirada, la diferencia entre una tecnología que concentra poder y una tecnología que amplía derechos no está en la herramienta.
Está en la política que la conduce.
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Fotos: Archivos Señales, Ina Fassbender / AFP
