La discusión por la modificación del Área de Protección Histórica reabrió una disputa sobre patrimonio, planificación urbana y participación ciudadana. Referentes vecinales, urbanistas y especialistas advierten en Señales que la iniciativa podría alterar uno de los paisajes más emblemáticos de Rosario y reclaman mayor debate público antes de avanzar con cambios normativosLa discusión sobre la modificación del Área de Protección Histórica (APH) del entorno del Monumento Nacional a la Bandera volvió a instalarse en la agenda pública de Rosario. En ese debate participan activamente referentes vecinales y especialistas que desde hace años siguen de cerca la preservación del patrimonio urbano de la ciudad. Entre ellos se encuentran Ilka Luetich Podestá, presidenta de la Vecinal Monumento Nacional a la Bandera y una de las voces más visibles en la defensa del entorno histórico del monumento y Diego Kleiner, vecino del sector e integrante de distintas acciones ciudadanas vinculadas al seguimiento de proyectos urbanísticos que impactan en la zona.
La controversia comenzó a raíz de una excepción urbanística impulsada para habilitar una construcción en el entorno del monumento. Diego Kleiner recordó que los vecinos se enteraron de manera repentina de la iniciativa, presentada inicialmente por un particular a través del Ejecutivo municipal y luego trasladada al Concejo Municipal. Según explicó, el proyecto contemplaba la construcción de un edificio que, técnicamente, ni siquiera podía ser considerado una torre, ya que se apoyaría sobre las medianeras, una característica que, a su entender, agrava aún más el impacto urbano al extender la superficie edificada.
Lo que en un principio se presentó como una excepción terminó derivando, según los vecinos, en una propuesta de modificación normativa de alcance mucho mayor. Kleiner señaló que la excepción original no habría conseguido los apoyos necesarios debido a que algunos concejales cuestionaban el uso de esa herramienta. Sin embargo, la situación dio un giro cuando el expediente avanzó bajo la forma de un proyecto de modificación de ordenanza. "Nos encontramos con otro agravio", sostuvo, al advertir que ya no se trataba de una excepción puntual sino de un cambio en las reglas urbanísticas vigentes.
La manzana que mira al ríoVecino de la zona de Santa Fe y Buenos Aires, Kleiner explicó que el problema excede cualquier afectación particular. Lo que está en discusión, afirmó, es una modificación normativa que alcanzaría prácticamente a toda la denominada Manzana 99, delimitada por avenida Belgrano, Santa Fe y Buenos Aires. Ese triángulo urbano constituye, según describió, la presentación visual del Monumento Nacional a la Bandera hacia el río Paraná.
La preocupación radica en que la propuesta oficial alcanzaría casi la totalidad de esa manzana, actualmente comprendida dentro del Área de Protección Histórica del Parque Nacional a la Bandera, con excepción de un pequeño sector. De aprobarse el cambio normativo, advirtió, podrían construirse edificios de hasta 35,5 metros de altura frente al monumento.
Para los vecinos, las consecuencias serían múltiples. Kleiner enumeró impactos directos sobre las viviendas linderas, vinculados a la alteración de los vientos, la pérdida de asoleamiento, el aumento de las sombras y la sobrecarga de servicios urbanos que ya presentan dificultades. Mencionó problemas recurrentes de provisión de agua y energía eléctrica, y sostuvo que una mayor densificación agravaría una infraestructura que actualmente muestra señales de saturación.
Sin embargo, consideró que la cuestión más relevante trasciende los inconvenientes cotidianos. A su juicio, el principal riesgo es la afectación del Área de Protección Histórica del Monumento a la Bandera. "Es la parte más vieja y la que tenemos que preservar de nuestra ciudad", explicó. Si ese entorno se transforma radicalmente, agregó, Rosario corre el riesgo de perder una porción fundamental de su identidad urbana e histórica.
Kleiner remarcó además que el monumento constituye un espacio de cohesión social para toda la ciudadanía. Allí confluyen expresiones colectivas de distinto signo político, deportivo y cultural. "Más allá de cómo nos afecta a los vecinos que vivimos cerca, afecta a toda la ciudadanía", sostuvo. Recordó que se trata del único monumento del mundo dedicado a una insignia nacional y destacó la enorme carga simbólica que representa para los rosarinos.
Patrimonio, identidad y símbolos nacionalesSobre esa dimensión histórica profundizó Ilka Luetich Podestá. La dirigente vecinal recordó que el Monumento Nacional a la Bandera no sólo es una obra única por su escala, sino también porque está emplazado exactamente en el lugar donde Manuel Belgrano enarboló por primera vez la bandera argentina el 27 de febrero de 1812. Agregó además que el creador de la enseña patria residió durante un mes frente al actual monumento, en la vivienda de la familia Echevarría, donde vivía María Catalina Echevarría, reconocida por haber confeccionado la primera bandera.
Luetich Podestá, cuya vecinal abarca el sector comprendido entre Pellegrini, el río Paraná y calle San Martín, planteó que el debate excede una discusión urbanística. A su entender, involucra elementos constitutivos de la identidad nacional. Reflexionó sobre el papel que cumplen los símbolos en la construcción de una comunidad política y recordó que toda nación se articula alrededor de emblemas, héroes fundacionales y relatos de origen. La bandera, el escudo, el himno y la escarapela forman parte de ese entramado simbólico, señaló, por lo que cualquier intervención sobre el espacio que los representa adquiere una dimensión especialmente sensible.
También cuestionó el origen mismo del expediente. Para la dirigente, el pedido inicial de excepción constituía un privilegio otorgado a un particular y vulneraba el principio de igualdad ante la ley. "No hay que admitirlo", afirmó, al sostener que la normativa debe aplicarse de manera uniforme para todos los ciudadanos.
La presidenta vecinal expresó además su preocupación por el cambio de rumbo que tomó la iniciativa dentro de la administración municipal. Según indicó, en un corto lapso el expediente dejó de referirse a un caso puntual para convertirse en una propuesta de modificación integral del Área de Protección Histórica del Parque Nacional a la Bandera y también del Área de Protección Histórica de la Aduana. En ese contexto, interpretó que la discusión sobre el aumento de alturas parece responder más a una lógica inmobiliaria que a criterios de preservación patrimonial. "Es como si hubiera una lógica empresarial detrás de lo que estamos viendo", advirtió.
La ciudad que se planificaba con los vecinosEl debate, sin embargo, también reavivó una discusión más amplia sobre los mecanismos de construcción de la ciudad. Durante una actividad realizada en el Colegio de Arquitectura y Urbanismo Distrito 2 Rosario, donde se presentó un
libro de la arquitecta Mirta Levín sobre las experiencias de planificación urbana de Rosario, surgieron reflexiones acerca de las formas históricas de participación ciudadana. Allí se recordó cómo, durante distintas etapas de gestión municipal, técnicos y vecinos trabajaban conjuntamente para definir prioridades urbanas y proyectar transformaciones consensuadas.
Entre las experiencias evocadas apareció uno de los primeros procesos de participación ciudadana desarrollados durante los inicios de la gestión de Hermes Binner en barrio San Francisquito. En aquella oportunidad, profesionales municipales se reunieron con los vecinos para conocer de primera mano las necesidades del sector. La demanda principal no fue una gran obra ni un emprendimiento emblemático: los habitantes reclamaron veredas y pasillos que les permitieran acceder con mayor facilidad al interior del barrio. A partir de esas conversaciones comenzaron a elaborarse los proyectos, en un ejemplo que los participantes del encuentro destacaron como una forma de pensar colectivamente la ciudad y definir, entre todos, qué Rosario se quiere construir.
Aquella experiencia de participación ciudadana fue evocada como un contraste con el presente. Durante meses, los vecinos no sólo habían discutido junto a los técnicos municipales cuáles eran las prioridades de su barrio, sino que también participaron de la ejecución de las obras. Sabían cuánto costaba cada intervención porque eran responsables de comprar los materiales y acompañar el proceso de construcción de veredas, pasillos y desagües. Cuando los trabajos concluyeron, el resultado fue mucho más que una mejora urbana: generó un sentido de pertenencia difícil de alcanzar cuando las decisiones llegan de manera unilateral. No era un proyecto impuesto desde arriba, sino una respuesta construida colectivamente a necesidades concretas.
Las voces de la planificación urbanaEsa reflexión sirvió de antesala para
recuperar voces que, desde distintos ámbitos, vienen manifestando preocupación por el rumbo que ha tomado el debate urbanístico en Rosario.
Uno de esos testimonios fue el del diputado provincial Joaquín Blanco, quien, durante la presentación de un libro dedicado a las experiencias de planificación urbana rosarina, vinculó la discusión actual con un problema más profundo. Según sostuvo, Rosario atraviesa un momento en el que incluso cuestiones urbanísticas están siendo debatidas en la Justicia, una situación que, a su entender, revela la necesidad de liderazgos capaces de convocar y escuchar.
Blanco recordó que la ciudad fue durante décadas una referencia nacional por la articulación entre visión política, conocimiento técnico, participación ciudadana y gestión pública. Esa combinación, afirmó, permitió desarrollar transformaciones urbanas de gran profundidad. En ese sentido, advirtió que la política no puede sustituir el saber técnico, sino conducirlo democráticamente. Para el legislador, las decisiones urbanas sólo adquieren verdadero sentido cuando el conocimiento especializado forma parte central de la gestión pública.
La misma preocupación fue expresada por el arquitecto y urbanista Enrique García Espil, ex ministro de Planeamiento Urbano y Medio Ambiente de la Ciudad de Buenos Aires, quien durante años observó de cerca la experiencia rosarina y reconoció la influencia que ejerció sobre otras ciudades del país.
García Espil admitió que observa con interés el crecimiento económico que experimenta Rosario, pero manifestó su inquietud ante la posibilidad de que ese desarrollo se traduzca en proyectos inmobiliarios de gran escala frente al Monumento Nacional a la Bandera. A su juicio, el crecimiento urbano no puede quedar librado exclusivamente a las lógicas del mercado. Debe formar parte de una planificación equilibrada, guiada por un Estado capaz de regular dónde y cómo se construye.
El urbanista sostuvo que una ciudad no debe permitir cualquier intervención en cualquier lugar. Por el contrario, debe orientar el crecimiento hacia los sectores que realmente lo necesitan y preservar aquellos espacios que poseen un valor histórico, simbólico o cultural irremplazable. La tarea pendiente, señaló, consiste precisamente en encontrar ese equilibrio entre desarrollo y preservación.
Las intervenciones de Blanco y García Espil resonaron con fuerza entre los vecinos que siguen de cerca la discusión. Para Ilka Luetich Podestá, ambas exposiciones reflejaron una sensación compartida por buena parte de quienes participaron de aquellas jornadas: la impresión de que muchas decisiones se están imponiendo sin el debate público necesario.
La dirigente recordó que la arquitecta Mirta Levín acompañó, junto a la Academia Nacional de Arquitectura y Urbanismo, la postura crítica expresada por el Colegio de Arquitectos frente al pedido de excepción original, oposición que se profundizó aún más cuando la discusión pasó a involucrar una modificación integral del Área de Protección Histórica.
Pero el debate no se limita a cuestiones patrimoniales. También involucra interrogantes sobre el modelo de ciudad y el acceso a la vivienda.
¿Más densidad o más especulación?Luetich Podestá puso sobre la mesa una serie de datos que, según entiende, contradicen los argumentos oficiales acerca de la necesidad de aumentar la densidad urbana en el sector. Durante el período intercensal comprendido entre 2010 y 2022, señaló, la población de Rosario creció en aproximadamente 55.000 habitantes, mientras que el parque habitacional incorporó unas 100.000 viviendas nuevas.
La pregunta que surge, planteó, es por qué se insiste en promover nuevas construcciones de alta gama en una de las zonas más valiosas de la ciudad cuando existen indicadores que muestran un importante stock habitacional ocioso. Citó, en ese sentido, estimaciones que hablan de unas 32.000 viviendas vacías en Rosario.
Para la presidenta vecinal, el aumento de edificabilidad en el entorno del monumento no resolvería ningún déficit habitacional. Por el contrario, considera que podría contribuir al encarecimiento del suelo urbano, incrementar el valor del metro cuadrado y elevar los costos de alquileres y viviendas. El resultado, advirtió, sería una ciudad cada vez más inaccesible para amplios sectores de la población.
La paradoja se vuelve aún más evidente, sostuvo, cuando se observa la coexistencia entre miles de viviendas desocupadas y miles de personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad habitacional, incluyendo quienes viven en la calle.
Infraestructura bajo presiónA esos cuestionamientos se suman las dudas sobre la capacidad de la infraestructura urbana para soportar una mayor densificación. Luetich Podestá relató que reside junto al edificio de la Aduana y describió problemas que considera alarmantes. Mencionó, por ejemplo, la inundación del subsuelo del histórico inmueble, del que se extrajeron grandes cantidades de agua durante tareas de drenaje. Según relató, entre los líquidos extraídos también aparecieron aguas servidas, sin que hasta el momento existieran explicaciones satisfactorias por parte de las autoridades competentes.
Los problemas, aseguró, no se limitan a ese edificio. A medida que avanzan las conversaciones entre vecinos, aparecen otros casos de subsuelos anegados en distintos puntos del Bajo rosarino. A ello se suman antecedentes recientes vinculados a fallas energéticas, como la presencia prolongada de generadores de emergencia y la explosión de una central eléctrica ocurrida meses atrás.
Para los vecinos, todos esos episodios plantean una pregunta central: quién está planificando el crecimiento de la ciudad y sobre qué bases técnicas se lo está haciendo. "Si uno no mira la infraestructura de abajo y quiere irse para arriba, vamos a terminar muy mal", resumió Luetich Podestá.
La discusión volvió entonces al corazón del conflicto: el impacto que tendría la modificación normativa sobre uno de los espacios más emblemáticos de Rosario.
El Colegio de Arquitectos recurrió a una comparación gráfica para explicar su posición. Se preguntaron qué ocurriría si alguien propusiera construir una torre frente a la Torre Eiffel. A su entender, la respuesta sería inmediata en cualquier ciudad que valore su patrimonio. Por eso consideran que la posibilidad de levantar edificios de gran altura frente al Monumento Nacional a la Bandera constituye una alteración inadmisible de su entorno histórico y visual.
Luetich Podestá insistió en la necesidad de que voces calificadas provenientes del ámbito académico, profesional y patrimonial se sumen al debate. Pero también reivindicó el papel de los vecinos. Quienes habitan diariamente la zona, argumentó, poseen un conocimiento directo del territorio que debería ser reconocido en las instancias de decisión.
Incluso fue más allá. Consideró que en temas de semejante trascendencia la participación ciudadana debería tener carácter vinculante. No se trataría únicamente de escuchar opiniones, sino de incorporar efectivamente la voluntad de quienes conviven con las consecuencias de las decisiones urbanísticas.
Riesgo de una progresiva torreización de todo el sector históricoEn esa misma línea, cuestionó que modificaciones de semejante magnitud puedan resolverse mediante una mayoría simple dentro del Concejo Municipal. A su entender, alterar un área de protección histórica debería requerir consensos mucho más amplios, cercanos a una mayoría agravada de dos tercios.
La preocupación aumenta porque, según sostienen, si se modifica la protección histórica más importante de la ciudad, difícilmente puedan preservarse otras áreas patrimoniales en el futuro. "Si ya se toca el área de protección histórica más importante que tiene Rosario, ¿qué se puede esperar del resto de la ciudad?", fue una de las preguntas que atravesó la conversación.
Para los vecinos, la situación resulta aún más difícil de comprender porque Rosario ha sido históricamente reconocida por la calidad de sus políticas de planificación urbana. Desde la inauguración del Monumento Nacional a la Bandera, en 1957, gobiernos de distintas orientaciones políticas mantuvieron criterios de preservación que permitieron resguardar su entorno. Por eso observan con desconcierto que ahora sean emprendimientos privados quienes impulsen cambios que afectan uno de los principales símbolos urbanos de la ciudad.
La sensación predominante es que todavía no existen respuestas claras sobre las razones de la urgencia. Después de casi dos meses de debate, participación en comisiones, presentaciones públicas y audiencias, los vecinos aseguran que siguen sin conocer cuál sería el beneficio concreto para el conjunto de la ciudadanía. Esa falta de explicaciones, admiten, es una de las principales fuentes de incertidumbre y angustia.
A esa inquietud se suma otro elemento. Luetich Podestá recordó que en octubre del año anterior se aprobó un programa de sostenibilidad patrimonial destinado precisamente a brindar herramientas para la conservación de inmuebles protegidos. Entre esos mecanismos se encontraba el Derecho de Edificación Transferible (DED), una herramienta que permite compensar a propietarios de edificios patrimoniales mediante la transferencia de capacidad constructiva hacia otros sectores de la ciudad.
La existencia de ese instrumento alimenta una nueva pregunta: si la normativa patrimonial acababa de incorporar herramientas específicas para atender este tipo de situaciones, ¿por qué fue necesario avanzar tan rápidamente hacia un pedido de excepción?
Durante las investigaciones realizadas por los vecinos apareció además otro tema que consideran preocupante: el funcionamiento del Fondo de Preservación Urbanística. Según explicaron, se trata de un mecanismo creado por ordenanza para financiar acciones vinculadas al patrimonio urbano. Sin embargo, sostienen que existe muy poca información pública sobre su funcionamiento efectivo.
Los interrogantes son múltiples. Desconocen, por ejemplo, si continúa recibiendo aportes provenientes de la Tasa General de Inmuebles, cómo se calculan las compensaciones derivadas de mayores edificabilidades autorizadas y de qué manera se administran esos recursos. También cuestionan la escasa publicidad de los montos involucrados y la falta de información sobre el destino final de los fondos.
Según señalaron, en los últimos años el fondo habría sido subejecutado y una parte importante de los recursos se destinó a edificios públicos, cuando originalmente también contemplaba la preservación de inmuebles privados con valor patrimonial. Sobre todas estas cuestiones, afirman, todavía no han obtenido respuestas satisfactorias.
La falta de acceso a la información pública aparece así como otro de los ejes centrales del conflicto. Incluso los concejales de la oposición, sostienen, encuentran dificultades para acceder a datos más precisos.
Consultados sobre la posibilidad de mantener una reunión con el intendente, los vecinos admitieron que no la han tenido y expresaron sus dudas acerca de la voluntad política de revisar el proyecto. A su juicio, existe una decisión clara del Ejecutivo de impulsar la modificación normativa.
El interrogante sobre los estudios técnicosDiego Kleiner insistió, además, en la ausencia de estudios técnicos que respalden la propuesta. Enumeró la falta de análisis de asoleamiento, conos de sombra, perfiles edilicios, vientos, volumetrías e impactos urbanos específicos. Para él, resulta llamativo que una iniciativa capaz de alterar de manera tan profunda un sector histórico de la ciudad avance sin contar con documentación técnica exhaustiva.
La comparación que utilizó fue contundente: aseguró que un trabajo práctico escolar suele contener más información que la presentada hasta el momento en el expediente. Esa carencia, sostuvo, empobrece el debate y dificulta la toma de decisiones fundamentadas.
Finalmente, volvió a aparecer la cuestión de la participación ciudadana. Tanto Kleiner como Luetich Podestá coincidieron en que los mecanismos de consulta se han ido degradando y que la opinión de los vecinos parece tener cada vez menos incidencia real sobre las decisiones que afectan su entorno.
Participación ciudadana y disputa políticaEn ese contexto recordaron un proyecto impulsado por el ex concejal Leonardo Caruana que propone otorgar carácter vinculante a la opinión de los vecinos cuando modificaciones urbanísticas excepcionales alteren significativamente las condiciones de vida de un barrio. Para quienes hoy encabezan la defensa del entorno del monumento, esa iniciativa representa una herramienta posible para equilibrar las decisiones técnicas, políticas y ciudadanas en discusiones que involucran la identidad misma de la ciudad.
A medida que avanzaba la discusión, la defensa del patrimonio aparecía cada vez menos asociada a la preservación de edificios aislados y más vinculada a una idea amplia de ciudad. Para los vecinos movilizados, el patrimonio no se reduce a una construcción determinada: involucra el paisaje urbano, la memoria colectiva y la propia identidad de Rosario.
En el caso del Monumento Nacional a la Bandera, esa dimensión adquiere una relevancia particular. Diego Kleiner insistió en que se trata de un espacio de cohesión social que trasciende cualquier pertenencia política, deportiva o ideológica. Es un lugar al que la ciudadanía vuelve una y otra vez para celebrar, reclamar, recordar o manifestarse. Precisamente por esa capacidad de convocar a todos, consideró que su preservación debería ser una causa compartida por el conjunto de la sociedad.
Sin embargo, tanto Kleiner como Ilka Luetich Podestá perciben que, hasta el momento, han sido fundamentalmente los vecinos quienes han debido asumir la tarea de visibilizar la importancia del tema. Según les transmitieron distintos actores involucrados en la discusión, la movilización vecinal habría sido determinante para frenar, al menos provisoriamente, el avance de la iniciativa que busca flexibilizar las alturas permitidas dentro del Área de Protección Histórica del Parque Nacional a la Bandera.
La estrategia elegida para sostener esa resistencia ha sido la presencia permanente en los ámbitos institucionales donde se debate el proyecto. Cada semana, los vecinos asisten a las reuniones de la Comisión de Planeamiento y Urbanismo del Concejo Municipal. La decisión surgió después de múltiples encuentros con concejales de distintos bloques, quienes les recomendaron seguir de cerca cada instancia del proceso legislativo.
La lógica es simple: observar de primera mano cómo se desarrollan las discusiones y, al mismo tiempo, recordarles a los representantes políticos los compromisos asumidos públicamente. "Si alguien cambia su voto, después va a tener que mirarnos a los ojos", fue una de las reflexiones que sintetizó ese espíritu de vigilancia ciudadana.
Los vecinos denuncian además que el Ejecutivo intentó acelerar los tiempos de tratamiento del proyecto. Según relataron, la propuesta de modificación normativa fue incorporada un lunes y, casi de inmediato, se buscó convocar a una reunión conjunta con otras comisiones para habilitar su llegada al recinto apenas unos días después.
A juicio de quienes se oponen a la iniciativa, semejante velocidad resulta incompatible con la magnitud de la decisión que se pretende tomar. Modificar las reglas que protegen el entorno histórico del principal monumento de la ciudad, sostienen, requiere debates amplios, análisis rigurosos y participación ciudadana efectiva.
La sensación predominante es la de estar frente a un procedimiento que limita los tiempos necesarios para la deliberación pública. Los vecinos hablan de un proceso acelerado que dificulta el acompañamiento de la ciudadanía y restringe las posibilidades de intervenir en una discusión que consideran trascendental para el futuro urbano de Rosario.
Esa percepción de desigualdad también aparece cuando comparan el acceso que distintos actores han tenido a los espacios de decisión. Luetich Podestá sostuvo que los propietarios del inmueble que dio origen al conflicto lograron mantener reuniones con concejales mucho antes de que los vecinos pudieran hacerlo. Mientras tanto, relató, quienes representaban la oposición al proyecto debían atravesar múltiples requisitos administrativos para acceder a encuentros similares.
La dirigente también cuestionó el tratamiento mediático del tema. Considera que la difusión alcanzada por los impulsores de la iniciativa fue muy superior a la obtenida por los vecinos que intentan defender el área histórica. Por eso valoró especialmente los espacios de comunicación que permitieron amplificar una discusión que, según entiende, afecta a toda la ciudadanía y no únicamente a quienes viven en el entorno del monumento.
En ese contexto llegó incluso a utilizar una palabra que había escuchado recientemente y que, a su entender, describe el riesgo que enfrenta la ciudad: "urbicidio". El término, explicó, remite a la destrucción o degradación de los elementos que conforman la identidad urbana de una comunidad.
Pese a las tensiones, los vecinos reconocen que el proyecto todavía enfrenta obstáculos políticos. Según afirman, la iniciativa continúa sin reunir los consensos necesarios para abandonar la Comisión de Planeamiento y llegar al recinto con garantías de aprobación. Entienden que el oficialismo no avanzará mientras no tenga asegurados los votos suficientes y observan con atención los debates internos que atraviesan distintos bloques del Concejo.
Esa situación explica la decisión de mantenerse en estado de alerta permanente. La preocupación es que una eventual modificación del escenario político permita acelerar nuevamente el tratamiento de la propuesta.
Una discusión sobre el futuro de RosarioMás allá del resultado inmediato de la discusión, el conflicto dejó instalada una pregunta de fondo acerca de la forma en que Rosario toma decisiones sobre su desarrollo urbano. Para quienes encabezan la defensa del Área de Protección Histórica, la discusión ya no se limita a la construcción de un edificio o a la altura permitida en una manzana determinada. Lo que está en juego es el modelo de ciudad, el valor asignado a la memoria colectiva y el lugar que ocupa la participación ciudadana en los procesos de planificación.
Por eso, al finalizar la conversación, tanto Luetich Podestá como Kleiner insistieron en una idea que atravesó todo el debate: defender el entorno del Monumento Nacional a la Bandera es también defender la identidad de Rosario. Y hacerlo implica reclamar algo que consideran tan importante como la preservación del patrimonio mismo: que la voz de los vecinos sea escuchada y tenga incidencia real en las decisiones que transforman la ciudad.
La entrevista concluyó con la promesa de continuar siguiendo un conflicto que, lejos de agotarse en una discusión técnica sobre alturas y edificabilidad, expone tensiones más profundas acerca del patrimonio, la planificación urbana y la relación entre el poder político y la ciudadanía. Quedó pendiente la participación del investigador patrimonial Pablo Mercado, cuya presencia había sido anunciada para aportar una mirada histórica especializada sobre las construcciones y los inmuebles que forman parte de uno de los paisajes urbanos más emblemáticos de Rosario. Su ausencia no impidió, sin embargo, que quedara en evidencia el núcleo de una disputa que hoy enfrenta dos visiones contrapuestas sobre el futuro de la ciudad.
Escuchá la entrevista completa:
Ver también: La disputa por el paisaje del Monumento: rechazan cambios en las áreas históricas protegidas, Construir ciudad, construir acuerdos: Rosario y el legado de una planificación que marcó una época
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