miércoles, 19 de noviembre de 2025

El Gobierno acelera el ajuste en Radio y Televisión Argentina y relanza un plan de retiros voluntarios

El Gobierno de Javier Milei avanza en una profunda reestructuración de Radio y Televisión Argentina y ultima los detalles de un nuevo plan de retiros voluntarios que abrirá en los próximos días, con el objetivo de reducir de manera significativa la plantilla de alrededor de 2400 trabajadores entre la TV Pública y Radio Nacional. La iniciativa forma parte del proceso de "achique y modernización" que la Casa Rosada impulsa desde el inicio de la gestión, y podría derivar en nuevas depuraciones antes de fin de año.
Radio y Televisión Argentina (RTA) es una Sociedad Anónima Unipersonal que tiene a su cargo la gestión de Televisión Pública, Radio Nacional, Canal 12 TV Pública Regional y el servicio Radiodifusión Argentina al Exterior.
La medida será instrumentada por Javier Lanari, titular de la Secretaría de Medios y Comunicación, que tras los últimos cambios quedó bajo la órbita del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Su desembarco coincidió con un reordenamiento interno para acelerar decisiones que, según reconocen en el Gobierno, "se demoraron más de lo previsto".

Hoy, la TV Pública tiene unos 1300 empleados y Radio Nacional cuenta con cerca de 1100. Según el Ejecutivo, estos números reflejan un "crecimiento desproporcionado" durante las gestiones kirchneristas. Sin embargo, la comparación oficial —que equipara la dotación de Radio Nacional con la de Radio Mitre— es cuestionada: Mitre tiene alrededor de 300 trabajadores concentrados en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que Radio Nacional administra 57 emisoras distribuidas en todo el país y opera además el sistema de Radiodifusión Argentina al Exterior (RAE). La emisora cabecera del sistema es LRA1 Buenos Aires, que articula la red de transmisión federal.

Pese a estas diferencias estructurales, el Gobierno mantiene la decisión de avanzar en un esquema de retiros voluntarios, cuyos montos serán "acordes al rango y a la antigüedad". El número final de la reducción se mantiene en reserva.

Un operativo demorado y una intervención que buscará estirarse
La apertura del plan depende de que la nueva Secretaría sea formalmente habilitada por decreto, algo que en el Ejecutivo esperan completar en los próximos días. Con ese paso cumplido, la implementación quedará en manos del interventor de los medios, Carlos Curci —exvocero de la Sociedad Rural—, quien asumió en julio tras la salida de Eduardo González, un funcionario de la órbita de Diego Chaher, responsable de los planes de privatización.

La intervención, aplicada desde el inicio del gobierno libertario, deberá renovarse nuevamente en febrero. Al tratarse de la segunda prórroga, el Gobierno necesitará justificarla ante los organismos de control. "Queremos mantener el control para normalizar", insisten en Casa Rosada. La falta de avances durante la gestión de González y de Héctor Caballero en Radio Nacional todavía genera malestar interno: "Se perdió mucho tiempo con ellos", afirman.

El desembarco de Curci se complementó con el nombramiento de Bárbara Pintelos en la Subsecretaría de Medios. De perfil técnico y formación económica —sin experiencia en comunicación—, fue seleccionada, según fuentes oficiales, por su capacidad para "ordenar y achicar".
Está claro que la "reorganización" – término que tanto usan y que remite a la época más oscura de nuestra Historia – es para este gobierno el vaciamiento del Estado. En este caso, de la radio pública que garantiza la soberanía informativa, la identidad cultural y el desarrollo económico de nuestra Patria, dijo la FATPren, en julio del 2024
El impacto ya visible en la red federal
Más allá del plan de retiros, los cambios en Radio Nacional ya son perceptibles en el aire. Por decisión del Gobierno, numerosas señales de FM de la red federal fueron transformadas en repetidoras de contenidos producidos desde Buenos Aires, lo que redujo drásticamente la generación de información local y desconectó a las emisoras de sus comunidades de referencia.

A esto se suma la eliminación de las redes sociales de cada radio local, que hasta entonces permitían difundir noticias de la región, mantener vínculo con oyentes y producir contenidos propios. Trabajadores y exdirectivos advierten que estos recortes comprometen la función federal del sistema público, cuya misión histórica es garantizar presencia informativa en todo el territorio, especialmente en zonas donde no operan emisoras privadas.

Hacia una pantalla "más competitiva" y el fantasma de la privatización
En paralelo, el Gobierno trabaja en un cambio integral de imagen para la TV Pública, con modificaciones gráficas, tipográficas y de programación. "Queremos una pantalla más entretenida y competitiva con los canales privados", repiten en el Ejecutivo.

Solo después de estabilizar la estructura y el presupuesto, señalan, se reactivaría la discusión sobre una eventual privatización, una posibilidad que el oficialismo dejó trascender en distintas oportunidades pero que aún no tiene plazos definidos.

Con sindicatos en alerta y dudas sobre el alcance real del ajuste, la apertura del retiro voluntario marcará un punto de inflexión en el sistema de medios estatales: una red federal históricamente orientada a garantizar acceso a la información pública en todo el país enfrenta, probablemente, la mayor transformación desde su creación.

La Corte Suprema reafirmó la libertad de expresión y rechazó una demanda contra Mirtha Legrand

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó este martes la validez de la cobertura televisiva realizada en el programa de Mirtha Legrand sobre la desaparición de una bebé en Mar del Plata, al rechazar la demanda por daños y perjuicios presentada por los exfuncionarios M. B. y O. B. contra la conductora, su producción y los medios involucrados.

El origen del conflicto: acusaciones de difamación e intromisión en la vida privada
La causa se originó a raíz de la difusión televisiva de información que los actores consideraron difamatoria en cuatro emisiones del ciclo conducido por Rosa María Juana Martínez Suárez, con participación de Candilejas SA, TeveEspectáculos SA y América TV SA, entre 2000 y 2001.

En esos programas se abordó el denominado caso de Rocío Cigarreta, una investigación penal abierta por la desaparición de una recién nacida en una clínica marplatense. Durante el debate televisivo, distintos invitados y la propia conductora mencionaron hipótesis que vinculaban a los dos funcionarios —directa o indirectamente— con la desaparición y con una supuesta red de tráfico de niños.

Según los demandantes, esa vinculación era falsa y les ocasionó graves perjuicios. La demanda también denunció la difusión de datos íntimos de su familia y de sus hijas menores —como lugares de nacimiento, condición de adopción y referencias a estudios de ADN—, información que, afirmaron, violaba órdenes judiciales y normas de protección de menores. Para ellos, la conducta mediática no fue neutral ni informativa, sino que los señaló públicamente como implicados en un delito extremadamente grave.

Un fallo alineado con la doctrina protectora de la expresión
El máximo tribunal ratificó su jurisprudencia histórica en materia de libertad de expresión, que incluye las doctrinas Campillay y la real malicia, orientadas a garantizar un debate público amplio y robusto.

Los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, siguiendo el dictamen de la Procuración General, remarcaron que los programas de Legrand se desarrollaron dentro del "legítimo interés social", dada la gravedad de los hechos investigados y su evidente trascendencia pública.

La Procuración: pluralidad de voces y ausencia de real malicia
El dictamen del Procurador Fiscal fue categórico: el tratamiento del caso estaba amparado por la libertad de expresión y no vulneró el honor de los funcionarios.

El análisis subrayó que la desaparición de una recién nacida, la posible sustracción del cuerpo de otro bebé para encubrirla y la hipótesis de una red de tráfico de niños constituían hechos de altísimo interés público, suficientes para justificar la cobertura.

En los programas participaron todas las partes involucradas o vinculadas al expediente judicial, incluidos los propios actores, médicos, autoridades de la clínica, periodistas que investigaron el caso y abogados de los distintos protagonistas. La Procuración afirmó que allí se ventilaron múltiples hipótesis disponibles en ese momento, lo que impedía atribuir a la conductora o a la producción una intención maliciosa o una difusión deliberada de falsedades.

También descartó que la exposición de datos familiares configurara una violación grave de la intimidad: la información difundida, sostuvo, no superó el umbral necesario para restringir el derecho a informar cuando existe un interés público dominante.

Conclusión de la Corte
Al confirmar la sentencia de la Cámara Civil que había rechazado la demanda, la Corte expresó:
Los actores no probaron real malicia: no acreditaron que Legrand o los medios conocieran la falsedad de la información o actuaran con notoria despreocupación por la verdad.

El tratamiento mediático no fue parcial ni falso: se expusieron todas las versiones disponibles sin manipulación ni ocultamiento.

El interés público justificó la cobertura, incluso cuando incluía menciones a aspectos sensibles de la vida privada de los funcionarios.

No hubo afectación demostrada del derecho a la intimidad ni a la imagen de los demandantes ni de sus hijas menores.
"Los dichos de los entrevistados, las preguntas y comentarios de la conductora y el modo en que fueron dispuestas las entrevistas por la producción no excedieron el legítimo interés social que ampara la libertad de expresión y justifica cierta intromisión en la vida privada", señaló el tribunal.

Con su resolución en "B. M. y otros c/ M. S., R. M. J. y otros s/ daños y perjuicios", la Corte Suprema vuelve a enfatizar que la libertad de expresión ocupa un lugar preferente en el sistema constitucional argentino, especialmente cuando se trata de asuntos de interés público que involucran a funcionarios o figuras que participan de la vida institucional.

El fallo se suma a una línea jurisprudencial que exige demostrar de manera contundente la difusión consciente de falsedades para restringir la labor periodística, reafirmando el principio de que una democracia requiere un debate abierto, plural y sin temores a represalias infundadas.

Ver fallo completo:

Trump minimiza el asesinato de Khashoggi y hostiga a periodistas

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla con los periodistas durante un encuentro con el heredero saudí Mohammed bin Salman en el Despacho Oval, en presencia del vicepresidente JD Vance y el secretario del Tesoro, Scott Bessent

"A mucha gente no le gustaba ese caballero". Con frases como esta, Donald Trump intentó restar importancia al asesinato del periodista del Washington Post Jamal Khashoggi durante su reunión del 18 de noviembre en la Oficina Oval con el príncipe heredero y gobernante de facto de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman (MBS), señalado por organismos internacionales como responsable de ordenar la operación que terminó con la muerte del reportero en el consulado saudí en Estambul. Además, Trump arremetió contra los periodistas que le hicieron preguntas incómodas, llegando incluso a amenazar a la cadena ABC News con retirar su licencia de emisión.

El encuentro entre Trump y MBS marcó la primera visita del príncipe a Estados Unidos desde el asesinato de Khashoggi en 2018, un caso que desató una amplia condena internacional. Durante la rueda de prensa, Trump rechazó las preguntas sobre la implicación del príncipe en el crimen y afirmó que "las cosas pasan" y que MBS "no sabía nada" de la operación que resultó en la muerte de Khashoggi. También defendió al heredero saudí, calificando como "increíbles" sus esfuerzos en derechos humanos, pese a que informes de inteligencia estadounidense vinculan directamente al príncipe con la aprobación de la operación.

"Te guste o no, las cosas pasan. (Bin Salman) no sabía nada de eso. Y podemos dejarlo ahí. No tienes que avergonzar a nuestro invitado haciendo una pregunta así", respondió Trump a una periodista que interrogó al visitante sobre los informes que apuntaban a su responsabilidad.

Mientras MBS esbozaba una sonrisa, Trump regresó sobre la reportera y le pidió que identificara su medio. Cuando Mary Bruce respondió que trabajaba para ABC, el presidente la descalificó: "Lo peor de lo peor, uno de los peores en la industria".

Trump fue más allá cuando la corresponsal de ABC News volvió a preguntarle, esta vez por la falta de transparencia del gobierno sobre los documentos relacionados con Jeffrey Epstein, un antiguo amigo del presidente.

Amenazas a ABC News y a la FCC
No conforme con sus críticas hacia los periodistas, Trump amenazó directamente a ABC News con retirar su licencia de emisión. "ABC noticias falsas. Una de las peores en el rubro", interrumpió el mandatario, cortante, y negó cualquier conflicto de intereses. "No tengo nada que ver con los negocios de mi familia. Me alejé de eso", aseguró Trump. "Le diré algo. Creo que se le debería retirar la licencia (de transmisión) a ABC, porque sus noticias son falsas y erróneas", continuó y elogió al presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, a quien él mismo había nombrado. "Debería estudiar esto", añadió, insinuando que la FCC podría revisar la licencia de la cadena.

Estas amenazas no son nuevas. Trump ha recurrido repetidamente a la expresión "fake news" para desacreditar a medios críticos, y en el pasado ya había presionado para retirar licencias a emisoras que no se alineaban con su visión, como ocurrió con la cadena NBC.

El enfrentamiento con ABC News tampoco fue un incidente aislado. En septiembre, Trump había elogiado a Carr después de que éste presionara a las emisoras para sacar del aire al presentador Jimmy Kimmel, quien había hecho comentarios sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk. Además, el presidente sugirió la retirada de licencias a otros medios, entre ellos NBC.
La corresponsal de ABC News en la Casa Blanca, Mary Bruce, durante la comparecencia de Donald Trump y el príncipe heredero y primer ministro saudí, Mohammed bin Salman, en el Despacho Oval.

Rechazo de la FCC a las amenazas de Trump
La comisionada demócrata de la FCC, Anna Gómez, reaccionó con contundencia, recordando que la agencia no tiene autoridad para decidir si la cobertura informativa de los medios es aceptable o no. "No tiene ni la autoridad legal ni el derecho constitucional de perseguir a las emisoras por su periodismo. Estas amenazas suenan ominosas, pero están vacías", afirmó.
Trump y el "escándalo Epstein"
La ofensiva del presidente contra la prensa incluyó también una reciente polémica sobre el caso de Jeffrey Epstein. Durante un vuelo en el Air Force One, Trump mandó callar a la periodista de Bloomberg, Catherine Lucey, a quien insultó llamándola "cerdita" después de que ella preguntara sobre la desclasificación de documentos relacionados con Epstein, su amigo cercano. "Silencio, cerdita", respondió, señalándola con el dedo.

El ataque verbal generó una ola de indignación entre periodistas. Jake Tapper, presentador de CNN, calificó el comportamiento de Trump como "repugnante y completamente inaceptable", mientras que la expresentadora de Fox News Gretchen Carlson lo describió como "repugnante y degradante". Bloomberg emitió un comunicado defendiendo a sus reporteros, recordando que su labor es "un servicio público esencial" y reafirmando su compromiso con una cobertura justa y precisa.

Una visita polémica
La visita de MBS a Washington fue recibida con críticas debido a su implicación en el asesinato de Khashoggi, pero Trump no vaciló en defender al príncipe saudí. La Casa Blanca anunció que Arabia Saudita sería designada como "aliado importante no miembro de la OTAN" y que se firmaría un acuerdo de defensa estratégica con el reino, subrayando la estrecha relación militar y económica entre ambos países.

Durante la cena celebrada en la Casa Blanca, Trump destacó la importancia de la cooperación bilateral y afirmó que el príncipe había hecho "un trabajo fenomenal", elogiando sus esfuerzos en materia de seguridad e inversión económica en Estados Unidos.

Sin embargo, mientras Trump respaldaba a MBS y mantenía un tono agresivo hacia la prensa, el caso Epstein continuaba proyectando una sombra sobre su gobierno, y las tensiones con los periodistas seguían aumentando.

El impacto tras las declaraciones
Las palabras de Trump en la Oficina Oval —y su intento explícito de exonerar a Mohammed bin Salman del asesinato de Jamal Khashoggi— desencadenaron una inmediata condena internacional. La viuda de Khashoggi, Hanan Elatr, exigió públicamente una reunión con el príncipe y calificó la defensa de Trump como una afrenta a la memoria de su esposo.

"No hay justificación para asesinar a mi marido. Aunque Jamal era un hombre bueno, transparente y valiente, muchas personas quizá no estaban de acuerdo con sus opiniones y su deseo de libertad de prensa", escribió en X.

Desde el ámbito profesional, Sara Qudah, directora regional del Comité de Protección de los Periodistas para Oriente Medio y Norte de África, recordó que la afirmación de Trump —según la cual MBS "no sabía nada"— "contradice directamente un informe de la CIA que concluye que el príncipe heredero lo aprobó". También acusó al presidente de intentar "minimizar y justificar los ataques contra la prensa", especialmente al sugerir que "a mucha gente no le gustaba" Khashoggi.

La desaparición y muerte de Jamal Khashoggi
Jamal Khashoggi, columnista del Washington Post y uno de los críticos más visibles de Mohammed bin Salman y de la familia real saudí, ingresó el 2 de octubre de 2018 al consulado saudí en Estambul para tramitar documentos necesarios para casarse con su prometida turca, Hatice Cengiz. Nunca salió del edificio.

Aunque Riad aseguró inicialmente que Khashoggi abandonó el consulado, 17 días después admitió que había muerto durante una supuesta pelea en el interior. Turquía y diversos organismos internacionales rechazaron esa versión casi de inmediato.

El 15 de octubre, una inspección conjunta de autoridades turcas y saudíes encontró pruebas de que el periodista había sido asesinado dentro de la sede diplomática y que la escena del crimen había sido manipulada por expertos químicos. Se cree que su cuerpo fue desmembrado y disuelto en ácido, lo que impidió su recuperación.

Ese mismo mes, un informe de la CIA concluyó que el asesinato fue ordenado directamente por Mohammed bin Salman, contradiciendo la versión saudí de que agentes renegados habían actuado por su cuenta. En noviembre, Turquía presentó grabaciones de audio filtradas desde el consulado que documentaban la planificación, ejecución y tortura sufrida por Khashoggi en sus últimos minutos de vida.

En 2019, un informe de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos responsabilizó al Estado saudí por la "ejecución extrajudicial premeditada". Un año después, el Departamento de Estado estadounidense concluyó también que agentes del gobierno saudí tenían responsabilidad directa en el crimen.

El Congreso, entonces de mayoría demócrata, intentó obligar a Trump a revelar los informes de inteligencia que vinculaban a MBS con el asesinato, pero el presidente se negó sistemáticamente. Incluso afirmó que la CIA "no había llegado a ninguna conclusión".

Intereses cruzados: política, negocios y armas
La defensa férrea de Trump hacia el príncipe heredero ha sido interpretada por críticos y analistas como parte de una relación marcada por importantes intereses económicos. Trump y su familia mantienen estrechos vínculos financieros con Arabia Saudita, incluyendo inversiones en campos de golf, licencias de marca y acuerdos con fondos de capital saudí.

Ahora esos lazos se han extendido del ámbito privado al estatal. Durante la visita de MBS, ambos gobiernos firmaron acuerdos de seguridad, defensa y energía, entre ellos la autorización del presidente para vender aviones caza F-35 a Arabia Saudita, algo sin precedentes para un país árabe y con potencial para alterar el equilibrio militar en Oriente Medio.
Foto: Reuters - Evelyn Hockstein
Fuentes: ABC, Reuters, EFE, AP

domingo, 16 de noviembre de 2025

Jáchal frente al silencio oficial: la Asamblea que denuncia una nueva contaminación minera

La Asamblea Jáchal No Se Toca vuelve a alertar sobre una posible contaminación en el dique Cuesta del Viento y acusa a las autoridades de omisión y encubrimiento. Una década de resistencia frente a la megaminería en San Juan
Una década de resistencia en defensa del agua
Desde hace más de una década, en el norte de San Juan, una voz colectiva se mantiene firme frente al avance extractivo. Allí, donde el acuífero de Pampa del Chañar sostiene la vida de todo el pueblo de Jáchal, nació en febrero de 2015 la Asamblea Jáchal No Se Toca, un movimiento que convirtió la defensa del agua en una forma de resistencia persistente y organizada. Primero enfrentaron los derrames de cianuro y mercurio provenientes de la mina Veladero, operada por Barrick Gold en las nacientes del río Jáchal. Luego, ante el abandono estatal, impulsaron causas judiciales y exigieron controles ambientales serios, transparentes. Y en cada embate, la asamblea sostuvo una resistencia civil que, más de una vez, chocó con la represión de los gobiernos.

El origen del nuevo conflicto: miles de peces muertos
La historia continúa. En estos días, la asamblea denunció ante la Justicia que las causas oficiales sobre la muerte de peces en el dique Cuesta del Viento eran falsas. Aportaron pruebas y reclamaron que se investigue una posible contaminación. Para hablar de ello hablamos en Señales, con Saúl Zeballos, integrante del colectivo.

Apenas había terminado su presentación cuando Zeballos retomó la escena donde todo empezó: "La aparición de miles de peces muertos en el dique Cuesta del Viento fue el lunes 3 de noviembre", recordó. Apenas tres días después, el 6 de noviembre, la Secretaría de Ambiente de San Juan difundió –solo por los medios– que la mortandad se debía a "falta de oxígeno disuelto". Nada más. Ningún informe técnico, ninguna explicación ampliada.

Mediciones independientes que contradicen al Gobierno
La asamblea no se quedó con ese anuncio. Se organizaron, contrataron profesionales y el viernes 7 de noviembre pasaron casi todo el día—desde las once de la mañana hasta las siete de la tarde—midiendo el oxígeno disuelto en diferentes puntos del embalse. Los valores que obtuvieron, precisó Zeballos, fueron contundentes: el máximo llegó a 9,16 mg por litro y el mínimo a 7,84 mg por litro. Muy por encima de los 6 mg/l que los pejerreyes —la especie afectada— necesitan para sobrevivir sin problemas. "La falta de oxígeno disuelto no es la causa", afirmó. "Nos están ocultando una contaminación minera."

La denuncia penal y las primeras contradicciones oficiales
Con esa convicción, el martes siguiente se presentaron en la Fiscalía del Juzgado de Jáchal, en la Unidad Fiscal, para formalizar la denuncia penal. Allí se enteraron de que el fiscal ya había iniciado, una semana antes, una investigación de oficio por "envenenamiento de aguas". La Asamblea sumó entonces una declaración testimonial y fotografías que mostraban los valores detectados, tanto máximos como mínimos, además del registro de los profesionales realizando la toma de muestras. Para Zeballos, lo más revelador era la simultaneidad: mientras las mediciones confirmaban niveles óptimos de oxígeno, continuaban apareciendo peces muertos en la orilla. "La causa no es el oxígeno disuelto", insistió.
El riesgo de encubrimiento y un oficio sospechoso
La fiscalía, explicó, debía profundizar la investigación. Y en esa declaración testimonial les recalcaron que si no se realizaban análisis completos del agua, la situación podía derivar en un encubrimiento. Lo "tragicómico", como lo describió, fue descubrir que el 4 de noviembre —el mismo día en que el fiscal abrió la investigación de oficio— la Secretaría de Ambiente había enviado un oficio al Departamento de Hidráulica, responsable de las aguas superficiales y subterráneas de la provincia. Un oficio que, lejos de ser técnico, tenía forma de comunicado periodístico.

El pueblo se moviliza: productores y vecinos exigen controles
La sensación de ocultamiento creció. Al día siguiente, productores locales, dependientes del río Jáchal para sus cultivos y ganadería, convocaron a una manifestación en la plaza pública. Invitaron a la organización y la Asamblea los acompañó. La exigencia era clara: pedirle al intendente que realizara los análisis de agua. No era un pedido caprichoso. Existía una ordenanza, llamada "Agua Segura", que obligaba al municipio a realizar un análisis mensual. Pero, desde que asumió en diciembre de 2023, el intendente Matías Espejo no había realizado ninguno. Tenía a disposición 70 millones de pesos para hacerlo en 2024 y no los usó; tampoco los 123 millones presupuestados para 2025.

"Necesitamos los análisis ahora —explicaron en la plaza— para tranquilizar a la población o para tomar medidas si los resultados salen mal." No se podía seguir abasteciendo a la gente con agua sin saber qué contenía.

Las respuestas del intendente: dilaciones e indignación social
El intendente estuvo presente en la reunión, pero sus respuestas resultaron, según Zeballos, "absolutamente absurdas". Dijo que esperaba contar con resultados para montar una línea de base y luego organizar un monitoreo. La fecha que mencionó —6 de diciembre— despertó indignación. "La mortandad de peces es ahora", le advirtieron. El funcionario, señaló Zeballos, no parecía dimensionar la gravedad del momento.

El mercurio como amenaza histórica
Para la Asamblea, el panorama es claro: en la mina Veladero el proceso de obtención de metal dore —una aleación de oro, plata y otros metales valiosos que muchas veces, aseguran, se contrabandean— se realiza mediante lixiviación con cianuro. De ese mismo proceso surge mercurio, que no puede obtenerse de otra forma. Cuando ocurren derrames, se derraman ambos: cianuro y mercurio. Y este último, remarca Zeballos, es el contaminante más tóxico que ingresa en la cuenca del río Jáchal.

No hablaba en abstracto. Según sus registros, ya llevan confirmados por análisis dieciocho derrames mineros que incluyeron contaminación con mercurio. Recordó incluso que en el primer derrame de Barrick Gold, allá por el año 2000, la abogada de la empresa, Jimena del Valle Daneri, declaró que la compañía y el gobierno provincial habían decidido arrojar hipoclorito de sodio al río para neutralizar el cianuro. Y los análisis del expediente judicial de aquel entonces lo demostraron: cuarenta kilómetros río abajo, un día después, el cianuro ya no aparecía; pero el pico de mercurio sí.
Advertencias globales: la memoria de Minamata
La preocupación de Zeballos no se detiene en el presente; se sostiene sobre antecedentes históricos y alarmas globales. Mientras explicaba la gravedad de la situación, recordó que la contaminación persistente con mercurio no es un fenómeno menor. "Tenemos un antecedente mundial: la bahía de Minamata, en Japón", señaló, evocando aquel caso emblemático donde, durante décadas, la población consumió pequeñas cantidades de mercurio sin saberlo, hasta que la acumulación produjo la enfermedad de Minamata. Por eso, insistió, lo importante hoy no es solo analizar el dique Cuesta del Viento, sino también los ríos que alimentan toda la cuenca.

La propuesta técnica de la Asamblea y el presupuesto ignorado
Ese planteo fue uno de los reclamos que la Asamblea llevó al intendente el día anterior. Allí también se enfrentaron a nuevas excusas: había que definir puntos de muestreo, había que decidir qué elementos analizar. Para cerrar esa puerta, llegaron con un presupuesto completo: un muestreo integral de 14 puntos en aguas de río y 12 puntos en agua de consumo humano, con determinación de todos los elementos relevantes para la situación actual. El costo total era de 27 millones de pesos, y la exigencia era realizarlo de inmediato. Si se hacía recién a mediados de diciembre —como temían que sucediera— todo podría resultar inútil. "Suponemos que esa es la fecha que les ha dado Barrick Gold para estar tranquilos, para que ya no se detecte nada", dijo Zeballos con ironía amarga.

La red hídrica comprometida
La lista de cursos de agua que requiere análisis es amplia y vital: el río Potrerillos, el río Las Taguas, el río La Palca, el río Blanco, el río Jáchal, todos ellos alimentan el dique Cuesta del Viento. Y luego, aguas abajo, la misma agua llega a las zonas cultivables de Jáchal y a diversas poblaciones rurales que dependen de acuíferos conectados a esa misma cuenca.

Metales en el doré y un posible contrabando millonario
Mientras hablaba de las aguas, Zeballos retomó al pasar un dato que había mencionado antes: dentro de los lingotes de metal doré —la aleación de oro y plata que produce la minera— viajan también otros metales preciosos que no se declaran y, por lo tanto, se contrabandean. "Millones que van de regalo", apuntó el periodista. Zeballos asintió: "Totalmente". Y agregó un dato que, aunque no pueden probar, consideran altamente sugestivo: que la empresa que realiza la separación del oro y la plata —una refinadora ubicada fuera de Argentina— no le cobra a Barrick Gold por ese trabajo. Lo que se queda esa refinadora es todo lo que no es oro ni plata. "Muchísimo dinero", remarcó.

El agua que llega a Jáchal: pureza amenazada
La conversación sobre el agua llevó inevitablemente a la pregunta sobre qué bebe hoy la población de Jáchal. Zeballos explicó que, debido a la preocupación creciente desde que Veladero comenzó a extraer metales en 2005, en el año 2010 el gobierno provincial construyó un acueducto para abastecer al centro urbano. Él mismo recordó cómo creció tomando agua del río Jáchal, potabilizada apenas con cloro. Ese río siempre tuvo trazas naturales de oro y arsénico, pero nunca mercurio. El acueducto inaugurado en 2010 trae agua desde la cuenca de Pampa del Chañar —o Acuífero de Huachi, como lo llaman localmente— donde inicialmente se perforaron dos pozos y ahora son tres. El agua viaja por 22 kilómetros hasta el centro de Jáchal. "Esa agua es pura, apta para consumo humano", aclaró. También se clora, pero no contiene metaloides como boro y arsénico ni metales pesados como el mercurio.
El dique sigue arrojando peces muertos
El panorama en el dique, sin embargo, sigue siendo desolador. Zeballos confirmó que hasta el día anterior continuaban apareciendo peces muertos; un vecino incluso envió un video que lo demostraba. La mortandad persiste pese a que ya pasaron doce días desde la aparición de los primeros miles de peces sobre la orilla. Para Zeballos, la gravedad del cuadro hace aún más inexplicable —o más sospechosa— la pasividad municipal. "El intendente tendría que haber tomado la decisión de hacer los análisis el 4 de noviembre, apenas nos enteramos de la situación", señaló. Pero eso no ocurrió. "Es una inutilidad manifiesta con mayúsculas, o una traición manifiesta también con mayúsculas en contra del pueblo de Jáchal por no querer hacer los análisis."
Silencios oficiales y connivencia institucional
Mientras la mortandad de peces persistía y las respuestas oficiales seguían sin aparecer, la Asamblea comenzaba a preguntarse qué podía ocurrir en los próximos días. Zeballos lo dijo sin rodeos: esperaban que se descubriera la verdad. "No es posible que las autoridades provinciales mientan y que las municipales no quieran hacer los análisis", sostuvo. Y para explicar ese mecanismo de silencios, relató que el organismo encargado del agua potable en la provincia, OSE —Obras Sanitarias Sociedad del Estado—, había sido rebautizado irónicamente por la Asamblea como "Ocultamiento Sistemático Sociedad del Estado". A su entender, todas las instituciones provinciales operaban con un mismo objetivo: preservar los intereses de las corporaciones mineras, como Barrick Gold y Shandong Gold, socias en la mina Veladero. No los derechos de quienes habitan la región.

Una ofensiva política contra la Ley de Glaciares
En ese escenario, sostuvo, el avasallamiento de derechos se volvía cotidiano. El gobernador Marcelo Orrego, agregó, impulsa una modificación de la Ley de Glaciares para habilitar más proyectos megamineros en las nacientes de los ríos. "No les conforma haber generado contaminación intermitente con los derrames de Veladero; quieren meter más corporaciones para que contaminen más y nos dejen sin agua", dijo. Y recordó que los pueblos cordilleranos carecen de la abundancia hídrica que caracteriza a regiones como la Mesopotamia. El río Jáchal, explicó, debería traer un caudal normal de 10 metros cúbicos por segundo; en ese momento bajaba con apenas cuatro o cinco. "Peor si lo contaminan y peor si ocultan los derrames", afirmó.

La impunidad histórica de la megaminería
La memoria reciente del pueblo lo confirma. En septiembre de 2015, relató Zeballos, un técnico llamado Saúl Fabián Díaz firmó un análisis que indicaba cianuro cero en todos los puntos de muestreo. Fue recién cuando la Asamblea logró que el intendente de entonces encargara un estudio a la Universidad Nacional de Mendoza —cuyos resultados hicieron públicos— que aparecieron los metales pesados en exceso. Solo entonces Barrick Gold aportó los análisis reales: cianuro libre, cianuro total, mercurio total, y toda la contaminación hasta entonces silenciada. Aquella no fue la única omisión. La misma empresa y el gobierno de la provincia ocultaron el segundo derrame de 2016 durante una semana, y también el tercero, en marzo de 2017. Los tres episodios fueron confirmados por la propia minera y por las autoridades provinciales. Y aun así, Veladero continuó operando sin obstáculos.

Zeballos recordó que el propio Código de Minería, en su artículo 274 inciso E, establece que una mina debe ser cerrada de manera definitiva ante tres violaciones o accidentes graves. Para la Asamblea, la situación es clara: Barrick Gold incumple ese código, como también la Ley de Residuos Peligrosos, la Ley de Glaciares y la Ley General del Ambiente. "Es una corporación minera ilegal que desarrolla su actividad acá, y todos los organismos miran para otro lado", afirmó. En San Juan, nadie fue condenado por el derrame de septiembre de 2015.

La causa judicial que prescribió y la lucha por reabrirla
La causa judicial tampoco avanzó como esperaban. El juicio oral en Comodoro Py debía realizarse este año, bajo la responsabilidad de la jueza María Romilda Servini, quien recibió el expediente en 2018, luego de que el juez Casanello completara la instrucción y procesara a funcionarios. Nada ocurrió en esos seis años. Hace pocos meses, Servini declaró la prescripción de la causa. El abogado ad honorem de la Asamblea, Enrique Viale, trabaja ahora para que el tribunal de alzada revierta la decisión y permita finalmente la realización del juicio. "Acá hay impunidad garantizada para las corporaciones megamineras", lamentó Zeballos.

Un país que debate la Ley de Glaciares mientras crece el extractivismo
El debate sobre la Ley de Glaciares cobró todavía más relevancia cuando, el día anterior, el ministro del Interior, Diego Santilli, visitó la región de Cuyo y fue consultado por la prensa. Santilli se mostró cauteloso: dijo que era un reclamo de los gobernadores y que debía discutirse cuidando el ambiente, pero permitiendo producir. Afirmó que el potencial minero del país era enorme y que el debate se daría en el Congreso, aunque sin fecha ni borrador definido. Como ejemplo, mencionó lo que obtiene Chile en exportaciones —más de 40.000 millones de dólares— frente a los 4.000 millones de Argentina. El tema, afirmó, está en la agenda nacional y provincial.

"No hay grieta en la defensa de las corporaciones": la denuncia política
Para Zeballos, esa coincidencia política es reveladora. "En la protección a las corporaciones megamineras no hay grieta", aseguró. Presidente, gobernador e intendente —de distintos partidos— actuaban, en su opinión, como socios. Y en ninguna de esas discusiones aparecían las comunidades. "Esa modificación de la ley es a costa de nuestros derechos, a costa de pueblos sacrificables", dijo. Con 25.000 habitantes, Jáchal quizá no parezca importante para los grandes poderes, pero para quienes nacieron allí, seguir viviendo en su tierra es un derecho adquirido mucho antes que la llegada de cualquier corporación minera.

Una voz que persiste en medio de tanto silencio oficial, la voz de la Asamblea Jáchal No Se Toca continuara sosteniendo la memoria del agua.

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La importancia del fotoperiodismo y la necesaria separación entre información y propaganda

Se han extendido en el periódico las imágenes que no son obra de reporteros gráficos que trabajen bajo los principios éticos del periodismo
Por: Soledad Alcaide, 
Defensora del Lector
Cada vez se publican más fotos en El País que no han sido tomadas por fotógrafos que trabajen bajo los principios del periodismo. Al principio eran imágenes imposibles de conseguir de otro modo, como en aquellos sucesos donde solo existen las captadas por testigos con el móvil. Sin embargo, poco a poco, el periódico ha aceptado que empresas, marcas, partidos políticos, artistas e instituciones cuelen sus instantáneas, en las que el control de su imagen prevalece sobre la información. Las expresiones que se escriben en los pies de foto para estos casos, como pool, foto cedida, por cortesía, "en una imagen de...", son eufemismos que ocultan que ningún fotógrafo del periódico (o de una agencia de noticias) fue al lugar de los hechos o, aún peor, que no se le permitió hacer su trabajo.

El redactor jefe de Fotografía, Moeh Atitar, afirma que esta última es una situación cada vez más frecuente: "No es que no queramos o no podamos ir, que también sucede; es que no tenemos la opción de estar". Un ejemplo reciente ha sido el concierto de Radiohead del 4 de noviembre en Madrid, una rara vez en la que se detalló lo ocurrido en el pie de foto de la crónica: "Thom Yorke (...), en una imagen proporcionada por el grupo, ya que no dejó entrar a fotógrafos de medios".

Como lo habitual es que no se indique nada, este pequeño glosario ayudará al lector a discernir qué tipo de foto tiene delante:

Imagen difundida por. La foto de la noticia en la que se informó el lunes de que el fondo de inversión estadounidense Apollo ha comprado una participación mayoritaria del Atlético de Madrid retrata a Miguel Ángel Marín, Enrique Cerezo y Robert Giovone, socio del fondo. El pie de foto indica: "En una imagen difundida por el Atlético tras el acuerdo". No se trata de una fotografía periodística, sino promocional, hecha por el club de fútbol sin más testigos. En casos similares también se usan las fórmulas "foto cedida", "una imagen de", o "difundida por", y es raro que figure el autor.

Pool. El juicio al fiscal general del Estado en el Tribunal Supremo ha sido otra muestra de un espacio inaccesible al fotoperiodismo, mientras un enjambre de fotógrafos trabajaba cada día en el exterior del edificio. Salvo en la primera jornada, el día 3 de noviembre, en la que el tribunal dio entrada a un reportero gráfico de la agencia Efe, la Sala de lo Penal ha estado vedada. La jefa de prensa del tribunal explica que han acreditado a 27 periódicos y siete agencias y, por razones de espacio, no se puede permitir la entrada a todos sus fotógrafos. En todos los juicios de España, recalca, las cámaras solo acceden el primer día, porque estos deben ser "públicos, pero no publicitados".

Por eso, las únicas imágenes del primer fiscal general del Estado en el banquillo del Supremo son capturas de pantalla de la señal institucional de vídeo, que usaron los redactores de tribunales para seguir las sesiones. Tenían muy baja calidad, que se ha sufrido especialmente en la edición impresa. No habrá, por tanto, fotografías en la hemeroteca que en el futuro puedan emplearse como documento histórico.

En el papel, se ha dado una sola foto de Álvaro García Ortiz en el primer día del juicio, publicada el día 4. La firma corresponde a J. J. Guillén, de la agencia Efe, y, a continuación, entre paréntesis, se añadió la palabra pool. No solo resulta un término críptico para los lectores, quienes me han transmitido su confusión, sino que estrictamente no debe aplicarse a esta situación.

En la definición del manual de la Escuela de Periodismo de Columbia, News Reporting and Writing (1977), del profesor Melvin Mencher, un pool es un pacto entre los fotógrafos o reporteros que cubren una noticia, que eligen de entre ellos un número limitado de profesionales para entrar al acto y luego comparten el material resultante.

En el juicio del fiscal general no hubo ningún acuerdo entre los medios, sino que fue el Supremo el que designó a Efe, como se ha hecho durante décadas, según su jefa de prensa. Es lo mismo que hacen otras instituciones como la Casa del Rey o el Gobierno. Por ejemplo, cuando Pedro Sánchez se reunió en enero con Volodímir Zelenski en el foro de Davos (Suiza), un fotógrafo de La Moncloa tomó la instantánea y luego se distribuyó con el crédito de pool.

Lo que debería ser un acuerdo entre los profesionales se convierte en esos casos en una imposición. Esto limita el derecho a la información, ya que solo permite un punto de vista periodístico. Por eso, ni siquiera debería llamarse pool.

Cortesía. El crédito en una foto "por cortesía de" es otro eufemismo para las imágenes promocionales. En la reseña de un mini calefactor de bajo consumo publicada este miércoles en Escaparate, el pie de foto indica "por cortesía de Amazon". La expresión resulta desafortunada porque sugiere que la marca ha tenido un detalle, cuando la imagen tiene una clara función publicitaria.

Conclusión. Las fotos cumplen un papel informativo y, casi siempre, se convierten en la prueba documental que da fe de los hechos, como ha ocurrido con los miles de imágenes de cómo Israel arrasaba Gaza. Cuando el Libro de Estilo señala que El País debe esforzarse "por presentar diariamente una información veraz, lo más completa posible, interesante, actual y de alta calidad" también incluye la fotografía. Pero admitir fotos de fuentes con tanta frecuencia baja ese listón.

Sería inadmisible que el periódico renunciara a defender el derecho a la información. Por eso, resulta imprescindible denunciar públicamente cada vez que se obstaculiza el fotoperiodismo, como ocurrió con Radiohead. Para ello, hace falta una revisión profunda de cómo se acreditan las imágenes: aclarar su origen, unificar criterios y eliminar eufemismos que confunden. Al poner en valor la labor de los fotoperiodistas, ayudaremos a los lectores a diferenciar un trabajo periodístico de la propaganda.

Juego clandestino: el fallo que reavivó el rol de Armando Traferri y la pata política sin juzgar

En Santa Fe, el reciente fallo que condenó al exfiscal regional Patricio Serjal y al empleado del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Nelson Ugolini, estremeció nuevamente la política y la justicia de la provincia. La sentencia no solo confirmó la existencia de una estructura destinada a proteger el negocio del juego clandestino, sino que también detalló con precisión la participación de una pata política que habría sostenido ese entramado. En ese contexto, el nombre del senador Armando Traferri volvió a cobrar relevancia: los jueces lo señalan como organizador de una asociación ilícita que articulaba recaudación, cobertura judicial y financiamiento de campañas.

Una primera cuestión es cómo Traferri se encuentra al borde de una condena que parece irreversible. En la sentencia contra Serjal, los jueces lo mencionan 104 veces en un fallo que tiene casi el doble de páginas. Lo hacen porque consideran que no se puede describir ni comprender el funcionamiento de la organización criminal sin aludir al rol predominante del senador, según informó Hernán Lascano en La Política Online.

Entre quienes más reclaman que la justicia avance sobre el costado político se encuentra el diputado provincial Fabián Palo Oliver, una voz persistente desde el inicio del escándalo. En diálogo con Señales dijo que la condena a Serjal y Ugolini constituye "una bocanada de aire fresco" y, sobre todo, una reivindicación del MPA, cuyo cuerpo de fiscales, según sostiene, decidió avanzar en la investigación incluso cuando implicaba indagar a compañeros de oficina y a funcionarios que habían compartido durante años la estructura interna del organismo.

Oliver recuerda que desde un principio denunció que la causa no había sido armada, y que la acusación de Traferri acerca de una supuesta persecución impulsada por el exministro Marcelo Sain era insostenible. Lo explica con una línea temporal simple: la investigación comenzó en 2017, Sain asumió en diciembre de 2019, y la repercusión pública del caso llegó en 2020, cuando los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra solicitaron el desafuero del senador. "Había importantes indicios de que Traferri era uno de los actores fundamentales de esa asociación ilícita", afirma. Por eso, señala que en algún momento "habrá que pedirle disculpas" a ambos fiscales, no solo porque no armaron una causa, sino porque fueron desplazados por las maniobras que —según él— logró activar el propio legislador investigado.

El diputado relata que Edery, uno de los fiscales más comprometidos en causas de crimen organizado y balaceras vinculadas al narcotráfico, terminó relegado a la Unidad de Siniestralidad Vial y Delitos Culposos, donde investiga incidentes de tránsito, mientras que Schiappa Pietra atravesó un hostigamiento similar. Lo que ambos iniciaron, afirma, fue continuado por otros cinco fiscales y cristalizado finalmente por los jueces, quienes dieron forma a una sentencia contundente: nueve años de prisión e inhabilitación perpetua para Serjal; cinco años de cárcel e inhabilitación por diez años para Ugolini. "Con eso se cerró la pata judicial", asegura, pero no así la política.

Los jueces sostuvieron que Traferri cumplió el rol de reclutador: primero de Gustavo Ponce Asahad y luego del propio Serjal. Su función habría sido garantizar la protección desde adentro del MPA y también desde afuera, utilizando distintos resortes políticos para blindar el funcionamiento del juego clandestino de Leonardo Peiti, el financista que aportaba dinero a la red y que, según el paquete probatorio, pagaba cuotas tanto a fiscales como al senador. Incluso se cita un monto de 200 mil dólares cuyo destino, según el propio Peiti, habría sido financiar campañas políticas.

Para Oliver, resulta insostenible que la causa no avance sobre el legislador. "Sería un escándalo que no se lo procese", remarca, y asegura que los indicios superaron largamente la categoría de indicios para convertirse en prueba. "La justicia no tiene escapatoria", sentencia, convencido de que el procesamiento debería concretarse en los próximos días, tras lo cual Traferri tendrá derecho a la defensa, amparado por el principio de inocencia, pero sin poder eludir la instancia judicial.

El diputado recuerda también el freno político que tuvo la causa cuando, en 2020, el Senado votó el pedido de desafuero: cuatro votos a favor, dos abstenciones y trece en contra. Para él, allí se mezclaron intereses corporativos, ingenuidad y protección explícita. Desde entonces, sostiene, se desarrolló una trama paralela: el ataque a Edery y a Schiappa Pietra, la denuncia impulsada por los fiscales Socca y Moreno —este último actual camarista— contra una testigo protegida clave para encarcelar a Alvarado, y las maniobras para desplazar a Edery del MPA. "La denuncia era infundada", asegura. De hecho, se probó que la fiscalía había aportado información detallada sobre las líneas telefónicas de Ortigala, pese a que algunos funcionarios declararon lo contrario ante la Legislatura, como el entonces fiscal y actual juez Rébola, a quien Oliver acusa de haber mentido ante la Comisión de Acuerdos.

El silencioso entramado mediático que acompañó la defensa política de Traferri
En un espacio menos visible pero decisivo, los grandes medios de comunicación mostraron un patrón inquietante. Registros acumulados, emisiones radiales revisadas cuadro por cuadro y editoriales analizadas durante meses evidenciaron lo que se describe habitualmente como un gesto de omisión calculada: el nombre de Armando Traferri casi nunca aparecía, y cuando se mencionaba en el juicio, ese silencio no fue casual.

Oliver describe ese escenario como un entramado amplio, donde la baja calidad democrática no se expresa únicamente en la política o en los tribunales, sino también en la forma en que ciertos medios deciden qué nombrar y qué callar. Para él, la calidad institucional se deteriora cuando existe protección hacia personas que han defraudado la administración pública o cometido delitos. No habla de todos los medios, pero sí de un grupo reducido y poderoso que durante años evitó mencionar al senador Traferri incluso cuando la justicia avanzaba sobre la trama del juego clandestino.

El diputado recuerda cómo, en algunas coberturas, se hablaba de "actores políticos involucrados", como si esos actores no tuvieran rostro, historia ni apellido. Esa estrategia de anonimización, afirma, contribuyó a crear una zona de sombra en torno de Traferri, un territorio donde el silencio mediático funcionó como escudo. Por eso valora especialmente a quienes, desde espacios periodísticos más pequeños o independientes, decidieron nombrar las cosas por su nombre, abrir micrófonos y permitir que se discutiera lo que muchos preferían dejar fuera de escena.

A lo largo de los años, insiste Oliver, su espacio político sostuvo una posición clara: el senador Traferri debía comparecer ante la justicia como cualquier ciudadano. En su mirada, la figura de los fueros parlamentarios había sido convertida en un privilegio impropio, un refugio para evitar la imputación y el procesamiento. El diputado se permite una reflexión autorreferencial: asegura que la posibilidad concreta de imputar a un funcionario público en Santa Fe hoy existe gracias a una presión construida colectivamente, no solo por legisladores como él, sino también por algunos medios y por un puñado de actores políticos que se animaron a plantear públicamente que ningún cargo debe servir para evadir la justicia.

Ese trabajo, reconoce, fue lento. Algunas cosas llevan tiempo, repite, pero finalmente suceden. Hoy, afirma sin rodeos, ya no se puede sostener la idea de que Traferri no esté procesado. “No hay forma de que no se lo procese”, insiste, convencido de que el escenario político y judicial de la provincia cambió lo suficiente como para que el blindaje mediático y legislativo pierda eficacia.

Para Oliver, la historia reciente de Santa Fe no puede comprenderse sin observar el entramado de protección que operó en paralelo a los procesos judiciales y a los debates legislativos. Sostiene que el caso Traferri, más allá de sus implicancias penales, abre una discusión profunda sobre el tipo de democracia que la provincia quiere sostener, el rol de los medios en la construcción de impunidad y la necesidad de reglas claras para evitar que el silencio termine convertido en un actor político más.

Entre Vicentín, el juego clandestino y las corporaciones: ¿cómo se financia la política en Santa Fe?
El diputado Oliver lleva años insistiendo en que Santa Fe necesita discutir, de una vez por todas, una ley de financiamiento electoral. Habla del tema con la convicción de quien empuja la misma agenda desde 2018, aunque, según subraya, jamás hubo siquiera una posibilidad concreta de tratarla en comisión. Cada dos años, el proyecto pierde estado parlamentario y su espacio político vuelve a presentarlo, un gesto que evidencia más las resistencias ajenas que la falta de voluntad propia.

Oliver sostiene que la propuesta es simple: permitir que las personas físicas puedan aportar hasta dos sueldos mínimos vitales y móviles, y prohibir que las personas jurídicas financien campañas electorales. Esa restricción busca dos objetivos centrales: cortar con la llamada “patria contratista”, ese esquema por el cual empresas aportan a campañas esperando favores políticos, obra pública u otros retornos; e impedir que fondos del delito organizado o economías ilícitas se infiltren en la política como mecanismo de lavado.

En su análisis, la ausencia de una ley de financiamiento evidencia la necesidad de un debate que muchos prefieren evitar. "¿Quiénes no quieren discutirla?", plantea, para luego señalar a los grandes partidos políticos, que más tiempo pasan en campaña y reciben aportes sin la transparencia necesaria. Para reforzar su argumento, Oliver evoca el caso Vicentín. Recuerda el silencio absoluto con el que, en su opinión, reaccionaron dirigentes de esas fuerzas e incluso cómo algunos intendentes y legisladores salieron a respaldar públicamente a la empresa bajo la consigna "todos somos Vicentín". Él, en cambio, la calificó desde el primer día como la mayor defraudación que recuerda la provincia y el país. Hoy, existen catorce exdirectores imputados y procesados, algunos incluso detenidos.

Ese escenario, dice, demuestra que el paso del tiempo ordena las cosas y permite revisar lo que cada uno dijo en su momento. Allí vuelve sobre otro punto neurálgico: el pedido de procesamiento del senador Traferri, cuya causa por presuntos vínculos con el juego clandestino se mantiene en el centro de la escena política santafesina. Para Oliver, esta situación evidencia la urgencia de discutir reglas claras y mecanismos que eviten la interferencia de intereses económicos, legales o ilegales, dentro de la política y del financiamiento partidario.

Su planteo es que las campañas deben tener un piso de gasto, que el Estado debe garantizar aportes básicos y que es imprescindible establecer condiciones de igualdad. Las grandes corporaciones económicas que apoyan a candidatos de los partidos mayoritarios no lo hacen gratuitamente, insiste. Y agrega que esa influencia se remonta a 1983, cuando los partidos tradicionales comenzaron a resignarse ante los intereses de los grupos económicos más poderosos del país.

Para Oliver, en esa larga cadena de concesiones, silencios y financiamientos opacos se encuentran muchas de las dificultades que hoy atraviesa la Argentina. La falta de una ley moderna y transparente de financiamiento político representa una deuda urgente que la dirigencia mayoritaria aún no se anima a saldar.

Con todas estas piezas sobre la mesa, Oliver insiste en que el procesamiento de Traferri es imprescindible para recuperar credibilidad en las instituciones. Afirma que, si la justicia no avanza, él mismo podría presentar un pedido formal. "Soy funcionario público —dice— y con leer el fallo tengo derecho a pedirlo". En su mirada, el tiempo de las excusas se agotó. "Hoy no se puede sostener más que Traferri no esté procesado", repite. Mientras aguarda que la justicia avance, insiste en que el caso puede ser una bisagra para pensar no solo cómo se investiga el delito organizado, sino cómo se financia la política santafesina y quiénes se benefician de sus silencios.

Un muro de protección política frustró el desafuero de Traferri en 2020
El viernes 18 de diciembre de 2020, el Senado rechazó el pedido de desafuero del senador Armando Traferri. La solicitud, presentada por dos fiscales rosarinos, obtuvo solo cuatro votos positivos y tres abstenciones, sin alcanzar los dos tercios necesarios para su aprobación.

En esa votación se abstuvieron los senadores Armando Traferri (PJ–San Lorenzo), Lisandro Enrico (UCR–General López) y Rodrigo Borla (UCR–San Justo). A favor votaron Alcides Calvo, Ricardo Kaufmann, Marcelo Lewandowski y Marcos Castelló, todos del PJ–Lealtad. En contra, se pronunciaron los senadores Rubén Pirola, Raúl Gramajo, José Baucero, Guillermo Cornaglia, Osvaldo Sosa, Eduardo Rosconi y Cristina Berra, junto a los radicales Felipe Michlig, Orfilio Marcón, Germán Giacomino, Hugo Rasetto y Leonardo Diana. Con doce votos en contra, cuatro a favor y tres abstenciones, el Senado rechazó por amplia mayoría la solicitud de desafuero.

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sábado, 15 de noviembre de 2025

Territorios que laten: la lucha por la agricultura familiar en Santa Fe

En el norte santafesino, donde los caminos de tierra se estiran entre montes, pastizales y poblaciones que resisten el paso del tiempo, la agricultura familiar campesina e indígena sigue siendo una pieza vital del entramado social. Allí, en esos parajes donde la vida rural conserva un espesor humano que parecen haber olvidado las grandes ciudades, surgió un llamado urgente: aplicar de manera efectiva la Ley Nacional 27.118, la llamada Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar. Las familias productoras la reconocen como un instrumento clave para garantizar soberanía y seguridad alimentaria en todo el país, pero también como una herramienta que podría devolverles derechos largamente vulnerados. El reclamo se volvió más fuerte después de un encuentro reciente en La Lola, un predio del Instituto de Cultura Popular (InCuPo) en Reconquista, que reunió a organizaciones campesinas, referentes territoriales y actores políticos preocupados por la desarticulación institucional que afecta al sector.

De aquella jornada surgió un documento en el que se denuncia un abandono profundo: el cierre del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena (INAFCI), la falta de convocatoria al Consejo Nacional del área, la inexistencia de presupuesto para la aplicación de la ley, los obstáculos para acceder a la tierra, las carencias de infraestructura básica, las trabas para la comercialización y la ausencia total de financiamiento específico. Todo eso compone un paisaje complejo, en el que las comunidades rurales intentan permanecer a pesar de que las condiciones muchas veces les juegan en contra.

La jornada también recuperó un valor intangible pero decisivo: el de la comunidad. En varias intervenciones se definió a la agricultura familiar como "el corazón más humano del sistema productivo", un modo de nombrar esa forma de vida en la que la producción de alimentos se conjuga con el arraigo y con prácticas que cuidan el ambiente. Se remarcó que sin agricultura familiar no hay territorio vivo, y que estas familias han demostrado históricamente su capacidad para trabajar en equilibrio con la naturaleza, incluso en zonas de enorme riqueza natural pero también de alta fragilidad ambiental. Cuando el encuentro llegó a su fin, quedó una frase resonando con la fuerza de lo evidente: las familias rurales no piden compasión, sino reconocimiento y respeto.
Un encuentro necesario
La licenciada Mariana Cian, integrante de InCuPo y referente clave en la articulación territorial, explicó en Señales, que la reunión en La Lola fue impulsada por la convergencia de varios intereses. Por un lado, el Instituto de Cultura Popular, que desde hace décadas acompaña procesos de organización campesina en toda la región. Por otro, la iniciativa del diputado provincial Sergio Rojas, quien se acercó a InCuPo y a Fundapaz para interiorizarse sobre la situación actual de la ruralidad y de los agricultores familiares. Esa inquietud inicial derivó en la decisión de construir un espacio de encuentro donde las organizaciones pudieran reflexionar sobre su presente, compartir sus problemáticas y, al mismo tiempo, delinear propuestas.

Participaron organizaciones de los departamentos San Javier, General Obligado y Vera. También estaba prevista la participación de grupos del departamento 9 de Julio, que finalmente no pudieron asistir debido a las distancias y a dificultades de movilidad. Pese a eso, la jornada reunió a unas quince organizaciones, lo que representó un número significativo teniendo en cuenta que muchas familias se encuentran en contextos económicos que complican hasta los traslados más básicos. El interés fue tal que hubo que establecer cupos. La necesidad de verse las caras, de conversar, de poner en común lo que cada comunidad vive, dio al encuentro un clima particular: una mezcla de preocupación y esperanza.

Uno de los puntos más discutidos fue la falta de implementación de la Ley de Agricultura Familiar en Santa Fe. Aunque la provincia está adherida a la norma nacional, no existe presupuesto asignado ni programas ejecutándose. Las organizaciones insistieron en que se trata de una ley que prevé asistencia técnica, inversiones en infraestructura, apoyo para el acceso a la tierra y herramientas de financiamiento que hoy están completamente paralizadas. La ausencia de políticas públicas visibles agrava las dificultades que enfrentan quienes viven de la producción agroecológica, ganadera o hortícola en pequeña escala.
Los dos niveles del reclamo
La jornada permitió identificar con claridad que el reclamo debe darse en dos niveles. En primer lugar, en el nivel local, donde muchas organizaciones tienen vínculos debilitados o inexistentes con los presidentes comunales, intendentes o referentes municipales. Esa desconexión dificulta trámites, gestiones, articulaciones de proyectos y hasta diálogos básicos para resolver problemas cotidianos. El segundo nivel involucra al Estado provincial, que es el responsable de tomar decisiones estructurales y de articular políticas que no pueden depender solo de los gobiernos locales.

Para ordenar esos planteos, el encuentro produjo un documento que se transformó en una hoja de ruta. La intención es presentarlo a los municipios y comunas, pero también elevarlo al Ministerio de la Producción de Santa Fe. De hecho, pocos días después tuvo ingreso formal en la provincia acompañado de un pedido de audiencia. El objetivo final es abrir un canal de diálogo que hoy no existe, y que las organizaciones consideran urgente para empezar a revertir la situación.

Ecos del cierre del INAFCI
Una de las heridas más visibles del sector es el cierre del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena. Durante años, ese organismo brindó presencia estatal, representación política, asistencia técnica, acompañamiento territorial y herramientas concretas para la producción. A través de programas como Prohuerta, que articulaba con el INTA, se distribuían semillas, pollitos camperos y otros insumos que permitían a las familias sostener sus huertas, mejorar sus gallineros o diversificar sus producciones. Pero más allá de los recursos, lo que aportaba era algo menos visible y a la vez fundamental: un interlocutor institucional que conocía el territorio y que actuaba como puente entre el Estado y las comunidades.

El cierre dejó un vacío que las organizaciones sienten de manera profunda. Hoy no hay representación específica, no hay técnicos que recorran los parajes, no hay articulación para acompañar proyectos productivos o para atender emergencias. Lo que antes se resolvía por cercanía y seguimiento constante ahora depende de gestiones aisladas, comunicaciones informales o peregrinajes a oficinas distantes.

A eso se suma un contexto económico que golpea fuerte. La inflación, el costo de los combustibles, la pérdida del poder adquisitivo y la falta de respuestas a los reclamos provocaron un proceso de desmovilización: muchas organizaciones se reúnen menos que antes, o lo hacen con mayor dificultad. Por eso el encuentro de La Lola fue vivido como un acto político en sí mismo: volver a verse, volver a escucharse, volver a nombrar las cosas en común.
El Estado ausente
En cuanto al papel del gobierno provincial, el diagnóstico fue categórico. Las organizaciones entienden que en lo que va de esta gestión no hubo respuestas concretas para la agricultura familiar. Existen algunas iniciativas vinculadas a las direcciones de género o de ambiente, pero se trata de acciones acotadas, que no llegan a consolidar una política estructural. Algunos grupos lograron presentar proyectos específicos y obtener financiamiento para actividades relacionadas con la participación de mujeres, o se articularon planes derivados de la Ley de Bosques. Sin embargo, esos programas no alcanzan a la totalidad del sector ni cubren sus necesidades principales.

Tampoco hubo convocatorias a espacios de discusión, ni mesas de trabajo permanentes, ni encuentros impulsados por el Estado para abordar los problemas del territorio. A nivel nacional, el panorama es similar: no existen nuevos ámbitos de participación, no se convocó al sector ni se abrieron discusiones sobre políticas públicas.

Frente a ese vacío, la capacidad de organización de las propias familias adquiere un valor decisivo. El documento presentado al Ministerio de la Producción es un primer paso, pero todavía no hay certezas sobre las respuestas que llegarán. Lo que sí existe es la convicción de que el camino debe construirse colectivamente, recuperando herramientas que funcionaron en otros momentos y diseñando nuevas estrategias para los desafíos actuales.
La migración juvenil y la ruralidad que se vacía
Uno de los temas que surgió con fuerza en el encuentro fue la situación de los jóvenes. Muchas familias ven cómo sus hijos migran hacia ciudades como Rosario, San Lorenzo o incluso localidades más pequeñas, en busca de trabajo temporal o empleos en la construcción. La falta de oportunidades en los parajes rurales empuja esa migración, que termina debilitando el tejido comunitario y envejeciendo el campo.

La preocupación no se limita al aspecto económico. La pérdida de jóvenes implica la pérdida de continuidad productiva, de cultura, de prácticas agroecológicas heredadas, de vínculos familiares. También significa que el futuro de esos territorios queda en duda. Por eso, las organizaciones insisten en pensar una ruralidad integral, donde la vida pueda desarrollarse con dignidad: con acceso a energía, agua segura, conectividad, educación, salud, caminos transitables y oportunidades laborales que no obliguen a abandonar la tierra.

La discusión, dijeron, no puede reducirse a infraestructura o producción. Tiene que ver con un proyecto de vida. Con que las familias puedan elegir quedarse sin que esa decisión implique resignaciones constantes.
Las dificultades para comercializar
La comercialización fue otro punto crítico del encuentro. En muchas localidades no existen ferias, mercados o espacios institucionales para vender la producción. Lo que antes se resolvía en mercados regionales —iniciativas itinerantes organizadas desde el Estado que reunían a pequeños productores en distintas localidades— hoy prácticamente no existe. Aquellos encuentros, recordaron los presentes, no solo garantizaban ventas sino también visibilidad y vínculos con consumidores urbanos.

Sin esos espacios, la comercialización queda reducida a ventas directas, pedidos por mensaje o entregas casa por casa. Pero incluso cuando hay demanda, la logística es un obstáculo mayor: los costos de traslado son altos, las distancias largas, los caminos a veces intransitables, y muchas familias no cuentan con vehículos adecuados ni con equipos de frío para conservar sus productos. Todo eso encarece la actividad y limita su alcance.

Además, surgió un debate en torno a la ASAL, la agencia santafesina que garantiza la seguridad alimentaria. Si bien nadie cuestionó la importancia de garantizar alimentos seguros, se señaló que los requisitos y procedimientos muchas veces están pensados para otro tipo de producción, y que las familias rurales no siempre pueden cumplirlos por falta de infraestructura o por la distancia a las sedes donde deben realizarse los análisis. En algunos casos, trasladar un producto para su certificación implica recorrer entre 80 y 100 kilómetros, lo cual no siempre es viable.

Las organizaciones propusieron pensar políticas más flexibles y adecuadas al territorio, sin renunciar a la calidad ni a la seguridad alimentaria, pero sí evitando que los requisitos se conviertan en barreras insalvables.

El valor de seguir organizándose
A pesar de todas las dificultades, el encuentro en La Lola dejó un mensaje alentador. La participación fue alta, el interés evidente y el compromiso notable. Las organizaciones, dijeron los referentes, están dispuestas a seguir analizando el contexto, a repensar estrategias y a plantear qué pasos deben darse para asegurar que sus demandas sean atendidas.

El documento que surgió de la jornada será la herramienta para abrir diálogos y audiencias. Pero más allá de eso, el encuentro en sí mismo fue una demostración de fuerza: en un momento de desmovilización generalizada, verse, hablar y proponer fue una forma de resistencia.

Mariana Cian, al cierre del proceso, agradeció el interés por visibilizar lo que ocurre en el norte santafesino y se comprometió a difundir cualquier avance que surja de las gestiones. Porque ese es, finalmente, el propósito de toda esta movilización: que las comunidades rurales sigan existiendo, que puedan vivir con dignidad, que sus producciones sean valoradas y que las políticas públicas acompañen a quienes sostienen el alimento cotidiano de millones de argentinos.

En un contexto donde el costo de los alimentos se ha disparado, se hace cada vez más evidente la necesidad de reconocer y valorar el aporte de la Agricultura Familiar. Esta forma de producción, que pone en primer plano la calidad de los alimentos y el acceso justo para la población, cobra especial relevancia como una alternativa viable frente a los precios elevados del mercado. Para quienes defienden y acompañan este modelo, el camino pasa por facilitar el acceso a los productos de la Agricultura Familiar a través de canales directos como ferias, almacenes populares y cooperativas. Según afirman, este tipo de producción no solo asegura alimentos frescos y de calidad, sino que también respeta el equilibrio con el medio ambiente y promueve el bienestar humano, garantizando prácticas que cuidan tanto la salud de las personas como la del planeta.

En ese territorio vasto, donde la ruralidad guarda todavía un pulso humano y comunitario, la agricultura familiar resiste. Resiste desde la tierra, desde la organización, desde la memoria colectiva y desde la certeza de que su existencia no es solo necesaria para quienes la habitan, sino para toda la sociedad. Esa resistencia, hoy, es más que un reclamo: es un llamado urgente a mirar el país desde sus bordes más vivos.
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Lee el documento de las organizaciones: Fotos: Diputado Provincial Sergio Rojas, Manos de la tierra, Prensa UTT

viernes, 14 de noviembre de 2025

Tomás Yankelevich compró Chilevisión a Paramount

Vytal Group, un holding controlado por Tomás Yankelevich junto a Jorge Carey y Edgar Spielmann, quienes encabezarán el proyecto. Calificaron la acción como "un logro significativo haber concluido con éxito este proceso, desarrollado en un entorno altamente competitivo".

Paramount Skydance confirmó este viernes que alcanzó un acuerdo para vender Chilevisión al holding Vytal Group, en una operación que deberá cumplir previamente con las condiciones habituales para este tipo de transacciones.

La venta del canal chileno se suma a la decisión de Paramount de desprenderse también de la señal argentina Telefe.

Según informaron Paramount y Chilevisión mediante un comunicado, la estación televisiva continuará operando "bajo su administración actual" mientras se obtienen las autorizaciones regulatorias correspondientes.

Reacciones y contexto
"Chilevisión es uno de los canales más vistos hoy en Chile, como también el más valorado por las audiencias, y confiamos en que seguirá desarrollándose bajo su nueva dirección", declaró Kevin MacLellan, presidente de Paramount International.

"Paramount agradece sinceramente a los excepcionales trabajadores en Chile, cuya dedicación y talento han sido fundamentales para el éxito del canal durante estos años", agregó MacLellan.

El nuevo dueño de Chilevisión
Tras el acuerdo, el canal privado pasará a manos de Vytal Group, un holding controlado por Tomás Yankelevich junto a Jorge Carey y Edgar Spielmann, quienes encabezarán el proyecto.

En junio de este año, Vytal Group Ltd fue registrada en Companies House —el registro de sociedades del Reino Unido— y, según los antecedentes allí disponibles, el director y productor argentino Tomás Yankelevich posee más del 75% de la sociedad.

Jorge Carey, abogado y expresidente ejecutivo de Chilevisión entre 2017 y 2021, actualmente es propietario de CNN Chile.

Edgar Spielmann, ingeniero civil industrial chileno y también ingeniero en arquitectura naval formado en la Academia Naval de Estados Unidos, fue fundador y primer director ejecutivo de la Fundación País Digital, además de ocupar cargos ejecutivos en Fox Latinoamérica, Canal 13 y VTR.

Declaración de Vytal Group
Respecto de la compra, Vytal Group destacó que se trata de "un logro significativo haber concluido con éxito este proceso, desarrollado en un entorno altamente competitivo".

La firma agregó: "Agradecemos a todas las empresas y personas que participaron con compromiso y profesionalismo en cada una de las etapas. Para nuestro grupo de inversionistas, es especialmente significativo poder comenzar a trabajar junto al talento y los colaboradores de Chilevisión para contribuir en conjunto al desarrollo de una industria que apreciamos por su dinamismo, creatividad y relevancia cultural".

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