Palo Oliver denunció que la reforma penal "habilita prácticas propias de regímenes autoritarios"

El diputado provincial del Frente por la Soberanía cuestionó con dureza el proyecto impulsado por el gobierno santafesino para modificar el Código Procesal Penal. Alertó sobre allanamientos sin control judicial, declaraciones sin abogado defensor, detenciones por averiguación de antecedentes y restricciones de circulación en barrios. "Las garantías constitucionales no son para delincuentes: son para todos los ciudadanos", sostuvo.

La discusión sobre seguridad pública en Santa Fe volvió a tensar una frontera delicada: la que separa el endurecimiento de las políticas penales de las garantías constitucionales que sostienen el sistema democrático. Y en medio de ese debate, el diputado provincial Fabián 'Palo' Oliver, referente del Frente por la Soberanía, eligió un tono sin medias tintas para cuestionar el proyecto de ley impulsado por el gobierno provincial bajo el nombre de "Herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública".

Un paquete de reformas que, según Oliver, "se parece más a un Estado totalitario"

En diálogo con Señales, en Aire Libre Radio Comunitaria, Oliver describió la iniciativa como un paquete de reformas que, lejos de fortalecer el Estado de derecho, "se parece más al ordenamiento de un Estado totalitario que al de un Estado democrático". Su crítica no se concentró solamente en aspectos técnicos del Código Procesal Penal, sino en las consecuencias concretas que, según advirtió, podrían alterar la vida cotidiana de cualquier ciudadano santafesino.

A lo largo de la conversación, el legislador fue trazando un mapa inquietante de la reforma propuesta: mayores facultades para la policía, posibilidad de allanamientos sin control judicial inmediato, declaraciones tomadas sin presencia de abogados defensores, incorporación del juicio en rebeldía, admisión potencial de pruebas obtenidas de manera ilícita y mecanismos excepcionales para determinados barrios. Todo eso, sostuvo, implica un corrimiento peligroso del sistema democrático hacia formas de control estatal que creían superadas.

El corazón de la discusión: seguridad pública versus garantías constitucionales

Oliver insistió en desmontar una idea que, según dijo, suele instalarse en el debate público: la de que el Código Procesal Penal existe únicamente para proteger delincuentes. "En realidad hay que tener en cuenta que es un código que rige para todos los ciudadanos", explicó. Desde su mirada, las garantías constitucionales no son privilegios para personas acusadas de delitos, sino límites concretos al abuso de poder estatal. "Son medidas que protegen al ciudadano de los abusos de poder básicamente", señaló.

El diputado consideró que el proyecto del Ejecutivo vulnera precisamente esos límites. Y para explicarlo eligió ejemplos sencillos, alejados del tecnicismo jurídico. Uno de los puntos que más preocupación le genera es la posibilidad de que la policía pueda interrogar personas en sede policial sin la presencia de un abogado defensor.

Para el legislador, el problema no es hipotético ni abstracto. Tiene que ver con la relación histórica entre las fuerzas de seguridad y los abusos institucionales.

Más poder para la policía y menos control judicial

"La presencia de un abogado tiene que ver con garantizar los derechos que tiene ese ciudadano y que no haya abuso institucional ni abuso de poder ejercido por la policía", afirmó. Desde su perspectiva, eliminar o relativizar esa garantía básica abre la puerta a mecanismos de coerción incompatibles con el sistema constitucional argentino.

Pero la preocupación de Oliver no termina allí. Otra de las modificaciones que considera especialmente grave es la posibilidad de que la policía disponga allanamientos y luego informe a la fiscalía, sin control judicial previo. En el esquema actual, recordó, la policía actúa como auxiliar del Ministerio Público de la Acusación y bajo supervisión judicial. Con la reforma, advirtió, pasaría a ocupar un rol protagónico que altera el equilibrio del sistema acusatorio.

La policía dejaría de ser auxiliar para convertirse en actor principal

Ese cambio, dijo, no es menor. "La policía ya no sería auxiliar, sino actor principal", resumió. Y en una provincia marcada por reiteradas denuncias de violencia institucional, corrupción policial y connivencia con organizaciones criminales, otorgar semejante margen de acción genera, según Oliver, un riesgo enorme.

El diputado evocó entonces un hecho reciente que, a su entender, revela la contradicción central del discurso oficial. Mientras el gobernador anunciaba estas reformas, un policía de Rosario era condenado a ocho años de prisión por apremios ilegales cometidos durante un allanamiento y por el robo de un cargamento de estupefacientes. Lo paradójico, subrayó, es que ese procedimiento sí había contado con autorización judicial.

"Imagínense si la policía va a tener la libertad de ingresar a un domicilio sin autorización de un juez", planteó. La frase quedó flotando como síntesis de una preocupación más amplia: el temor a que el Estado amplifique herramientas coercitivas sin resolver antes los problemas estructurales de las fuerzas de seguridad.

El regreso de prácticas que parecían desterradas
Oliver tampoco ocultó su alarma frente a la posibilidad de detener personas en la vía pública y retenerlas hasta 48 horas por averiguación de antecedentes. Para él, esa medida remite a prácticas que parecían desterradas desde hace décadas. "Esto había quedado muy atrás", afirmó, sorprendido de que una herramienta semejante reaparezca en el debate legislativo santafesino.

En su análisis, muchos ciudadanos quizás no perciban inicialmente estas reformas como una afectación directa de sus derechos. Sin embargo, cree que la aplicación concreta terminaría revelando sus consecuencias. "Van a aparecer situaciones que van a dar mucho que hablar y que van a preocupar", anticipó.

La defensa oficial del proyecto se apoya en la necesidad de fortalecer las políticas de seguridad pública. El gobierno de Maximiliano Pullaro argumenta que la provincia necesita herramientas más ágiles frente al delito y el narcotráfico. Oliver no desconoce los problemas de seguridad ni tampoco los resultados que el Ejecutivo exhibe en algunas estadísticas, especialmente en Rosario.

De hecho, reconoció que hubo una reducción importante de ciertos delitos y homicidios. Pero inmediatamente aclaró que ninguna política pública puede avanzar por encima de la Constitución. "El límite tiene que ser el respeto al debido proceso", remarcó.

La concentración de poder

Para el legislador, el gobierno construye una falsa dicotomía: seguridad o garantías. Y en esa tensión, cree que se está inclinando peligrosamente hacia la concentración de poder estatal. La ruptura del equilibrio institucional aparece, entonces, como uno de los núcleos centrales de su crítica.

Oliver recordó que Santa Fe tardó años en abandonar el viejo sistema inquisitivo y consolidar el sistema acusatorio. El nuevo modelo fue aprobado en 2006 y comenzó a implementarse plenamente recién en 2014. Ese proceso implicó redefinir funciones entre fiscales, jueces y policías, buscando mayor transparencia y control institucional.

Por eso considera particularmente grave que ahora se habilite a fiscales a fijar condenas mediante decreto en delitos con penas excarcelables. "Eso violenta el sistema acusatorio", sostuvo. Para él, la reforma implica un retroceso hacia esquemas donde la concentración de facultades debilita el derecho de defensa y reduce controles.

Estados de excepción en los barrios: la otra frontera del proyecto
Otro de los aspectos que más lo inquietan es la posibilidad de instaurar mecanismos similares a estados de excepción en determinados barrios. La propuesta permitiría al Ministerio de Seguridad restringir circulación o disponer controles especiales en zonas definidas.

Oliver imagina la escena desde la experiencia cotidiana de cualquier trabajador. "Imagínense una trabajadora volviendo a su casa a las diez de la noche y que sea detenida porque no se puede transitar en ese horario", describió. Desde su mirada, eso atenta contra libertades elementales.

Para explicar la gravedad institucional de esas medidas, apeló a una comparación contundente: los estados excepcionales sólo deberían existir ante situaciones extremas, como guerras o catástrofes. Aplicarlos en barrios urbanos, argumentó, supone naturalizar restricciones incompatibles con la vida democrática.

Cárceles, aislamiento y derechos humanos: "Si excede la privación de libertad, es venganza"

Pero quizá el tramo más intenso de su análisis apareció cuando abordó las modificaciones previstas para la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad. Allí el debate dejó de centrarse únicamente en garantías procesales y se trasladó hacia las condiciones humanas dentro de las cárceles santafesinas.

Oliver fue categórico: "La modificación de la ley 14.243 es terrible". Esa norma regula el régimen penitenciario y la ejecución de la pena privativa de libertad. Y enseguida planteó una definición conceptual que atraviesa toda su postura. Para él, la pena legítima que impone el Estado es la privación de la libertad. Todo lo que exceda eso se convierte en venganza.

Reconoció que existen presos de alto perfil que organizaron delitos desde las cárceles y que el Estado debe tomar medidas de control. Sin embargo, insistió en que ninguna política penitenciaria puede vulnerar pactos internacionales ni derechos fundamentales.

La posibilidad de aislamientos extremos aparece como uno de los puntos más sensibles. Oliver cuestionó que un detenido pueda salir apenas media hora cada quince días. "Eso atenta contra derechos fundamentales", afirmó.

A partir de allí, el diputado desplazó la discusión hacia un terreno menos visible en el debate público: las condiciones reales de detención y la corrupción dentro del sistema penitenciario. Según sostuvo, el gobierno evita discutir esos problemas estructurales y prefiere endurecer castigos.

 
El sistema penitenciario y los "nichos de corrupción" que nadie discute
"Lo que hay que hacer es combatir los nichos de corrupción", planteó. Y agregó que también resulta indispensable mejorar las condiciones laborales del personal penitenciario, además de las condiciones de vida de los detenidos.

Cuando habló de la cárcel de Las Flores, el tono de Oliver se volvió especialmente duro. Describió como "inhumanas" las condiciones tanto para los presos como para quienes trabajan allí. A su entender, el deterioro del sistema penitenciario termina reproduciendo más violencia y más criminalidad.

La cárcel, dijo, debería ser un espacio donde una persona pueda reinsertarse socialmente después de cumplir una condena. Pero las condiciones actuales producen exactamente lo contrario: "Salen delincuentes profesionales y con mejores condiciones para delinquir".

Una cárcel nunca debería ser el infierno
En ese contexto, también cuestionó la carga simbólica de llamar "El Infierno" a una nueva cárcel próxima a inaugurarse. Para Oliver, esa denominación no es inocente. Expresa una concepción punitiva basada en la humillación y la degradación antes que en la resocialización.

"Una cárcel nunca debería ser el infierno", sostuvo. Y detrás de esa frase apareció una discusión mucho más profunda sobre el sentido mismo del castigo en democracia.

A lo largo de toda la entrevista, Oliver insistió en que el debate no puede reducirse a una confrontación entre garantismo y mano dura. Según explicó, la verdadera discusión es hasta dónde una sociedad está dispuesta a resignar derechos fundamentales en nombre de la seguridad.

El diputado cree que el proyecto oficial avanza peligrosamente sobre esa frontera. Y teme que, en nombre de una demanda social legítima frente a la violencia y el narcotráfico, se terminen naturalizando mecanismos de excepción que luego resulten difíciles de revertir.

En su lectura, el riesgo es doble. Por un lado, habilitar abusos policiales y judiciales. Por otro, degradar progresivamente el sistema democrático bajo la idea de que ciertas garantías son obstáculos para combatir el delito.

 
El debate que viene en la Legislatura santafesina
Por eso insiste en que el debate legislativo debe darse con profundidad y sin apresuramientos. "Vamos a discutirlo", aseguró varias veces durante la conversación. También reclamó explicaciones concretas del gobierno sobre algunas de las medidas más extremas incluidas en la reforma.

Mientras tanto, el oficialismo mantiene firme su decisión de avanzar. El proyecto ya comenzó a generar fuertes controversias políticas, jurídicas y sociales en Santa Fe. Y el gobierno insiste en que necesita aprobar estas herramientas para consolidar su estrategia de seguridad.

Oliver, sin embargo, observa otro escenario posible. Uno donde el endurecimiento penal termine habilitando prácticas que la democracia argentina construyó precisamente para evitar. Su advertencia atraviesa toda la entrevista como un hilo conductor: cuando las garantías constitucionales comienzan a relativizarse, el problema deja de afectar solamente a quienes delinquen. El alcance termina siendo mucho más amplio.

Porque, según repite, el Código Procesal Penal no fue pensado para proteger criminales. Fue diseñado para proteger ciudadanos. Y en esa definición, insiste, se juega buena parte de la calidad democrática de una sociedad.

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El cantor, el exilio y la voz popular: la historia de Horacio Guaraní según Enrique Llopis

En una entrevista en Señales (Aire Libre Radio Comunitaria), el músico y escritor Enrique Llopis repasa su libro El exilio de Horacio Guaraní, donde reconstruye la vida del cantor popular, su construcción identitaria, la persecución de la Triple A y los años de destierro en Venezuela, México y España. Entre memoria personal, investigación histórica y cultura popular, el relato traza una genealogía de la canción argentina.

Un libro sobre el cantor y su exilio

En Señales, el cantautor rosarino Enrique Llopis fue presentado como una de las voces más comprometidas de la canción popular argentina. Compositor y autor de una obra extensa vinculada a la memoria cultural y las luchas populares, Llopis llegó con un nuevo libro bajo el brazo: El exilio de Horacio Guaraní. Identidad y lucha de un cantor popular, una investigación que se detiene en la vida, el compromiso político y los años de destierro de una figura central del folclore argentino.

El libro se detiene especialmente en una etapa decisiva en la biografía de Guaraní: la persecución política, las amenazas de la Triple A y el exilio que lo llevó a atravesar Venezuela, México y España, lejos de la Argentina pero sin romper el vínculo con una identidad popular que, según se desprende del libro, lo acompañó de manera persistente incluso en la distancia.

La relación de Llopis con la obra de Guaraní no es reciente. A fines de los años noventa había publicado Cantor enamorado, un disco homenaje en el que eligió rescatar la faceta más romántica del llamado "Potro", buscando ampliar una figura que muchas veces había quedado reducida exclusivamente a la canción de protesta. Esa misma línea de lectura vuelve ahora en el libro, aunque con un foco más político e histórico.

Hamlet Lima Quintana y la formación de una mirada

El músico recordó que este trabajo se inscribe en una serie más amplia de investigaciones personales sobre artistas con los que no solo compartió admiración, sino también vínculos concretos de vida y trabajo. La serie, explicó, se abrió simbólicamente tras la muerte del poeta Hamlet Lima Quintana, con quien sostuvo una relación de más de veinticinco años. A partir de ese vínculo inicial, fue accediendo a otras figuras de la poesía y la canción popular, muchas de las cuales en su juventud le resultaban lejanas desde Rosario, cuando la idea de vivir de la música apenas comenzaba a insinuarse como posibilidad.

Llopis recordó también aquellos primeros encuentros con Lima Quintana en peñas estudiantiles organizadas a fines de los años sesenta y comienzos de los setenta, donde el poeta aparecía rodeado de estudiantes y militantes culturales. En ese tiempo, la relación era más bien afectiva y comunitaria: asados, mateadas previas, conversaciones informales. Con los años, ese vínculo inicial se transformó en trabajo compartido y amistad sostenida, en un intercambio que, por la diferencia generacional, también funcionó como una puerta de acceso a otros mundos de la cultura popular.  

"Regalito" y la construcción de un mito popular

En ese recorrido personal apareció también la figura de Horacio Guaraní, a quien Llopis conocía desde Rosario, cuando el artista visitaba con frecuencia el Teatro El Círculo. Allí, gracias a un vecino que trabajaba como acomodador, él y un grupo de amigos lograban ingresar a los conciertos de quien ya era un referente indiscutido del folclore. En ese recuerdo aparece incluso una de sus canciones emblemáticas, Regalito, alrededor de la cual Llopis recupera una historia poco conocida.

Según relata, existe una anécdota que ubica la primera grabación de esa obra en manos de una soprano china de la ópera de Pekín, quien la había interpretado en el Teatro Colón durante una visita artística. En aquella presentación, fuera de programa, la cantante habría elegido una canción argentina como gesto de homenaje, algo habitual en artistas que viajan y toman repertorios locales para dialogar con el público anfitrión. La pieza elegida fue justamente Regalito, cantada en castellano, en un momento en que Guaraní aún no tenía el reconocimiento que alcanzaría después.

El episodio adquiere, en el relato de Llopis, un tono casi fundacional: un compositor todavía desconocido intentando hacerse escuchar desde la sala, mientras su obra comenzaba a circular sin su control directo. Incluso, recuerda, Guaraní contaba que en aquella ocasión sintió la frustración de no poder gritar desde la butaca que esa canción le pertenecía.

Identidad, nombre y origen: Eraclio y Horacio Guaraní

A partir de allí, el relato se desplaza hacia la construcción de identidad del propio Horacio Guaraní. Su nombre real, Eraclio Catalín Rodríguez Cereijo, aparece como punto de partida de una historia atravesada por adopciones, desplazamientos y revelaciones familiares. El apellido Rodríguez proviene de la familia que lo crió luego de una infancia marcada por el abandono y la adopción informal, mientras que el nombre artístico "Horacio Guaraní" surge de una deformación afectiva del trato cotidiano: un italiano que lo llamaba Horacio en lugar de Eraclio, y la posterior recuperación consciente del origen indígena que él mismo descubrió ya de adulto.

Ese descubrimiento, según reconstruye Llopis, no fue menor. El propio Guaraní habría recibido de su madre la confirmación de que su linaje biológico lo vinculaba con pueblos originarios guaraníes, una revelación que no solo reordenó su historia personal sino que también operó como toma de posición simbólica y política. Desde entonces, el nombre artístico dejó de ser un apodo para convertirse en una afirmación de identidad.

El libro también recupera el contexto histórico en el que esa afirmación se vuelve significativa: una Argentina donde lo indígena ocupaba un lugar de invisibilidad estructural, incluso por debajo del gaucho en la jerarquía cultural dominante. En ese sentido, Llopis traza un paralelo con la obra temprana de Atahualpa Yupanqui, quien con apenas dieciocho años ya había compuesto Camino del indio, introduciendo por primera vez la figura del indígena en la canción popular como sujeto visible.

Caminar por la soledad junto a la vida de un amigo

En esa línea, el exilio de Guaraní aparece no solo como una consecuencia política de la persecución —marcada por amenazas de la Triple A y el clima represivo de la época— sino también como una prolongación de esas tensiones identitarias. El destierro en Venezuela, México y España no lo alejó de su obra, pero sí lo colocó en una situación de distancia forzada respecto de la tierra que, a pesar de todo, seguía siendo el centro de su producción simbólica y afectiva.

En España, donde el exilio de Horacio Guaraní había extendido su voz lejos de la Argentina, Enrique Llopis lo vivió de cerca, sin mediaciones. No lo reconstruye desde archivos ni testimonios ajenos: lo cuenta como experiencia compartida, como convivencia. "Hay cosas que no me las contaron, yo las compartí con él", sintetiza al recordar aquel tiempo en el que el artista y el símbolo coincidían en la vida cotidiana.

Desde esa cercanía, Llopis describe a Guaraní no como un cantor famoso en el sentido convencional, sino como una figura cuya dimensión simbólica desbordaba la categoría misma de artista. Su presencia, sostiene, atravesaba incluso las fronteras ideológicas. No era extraño —recuerda— que personas que no coincidían con sus ideas políticas lo admiraran igualmente, al punto de que incluso policías que debían detenerlo esperaban a que terminara de cantar para pedirle un autógrafo antes de llevarlo preso. En un tiempo sin teléfonos móviles ni registros inmediatos, la figura de Guaraní se construía en la memoria directa, en la escena viva.

Esa potencia, agrega, se traducía en algo concreto: la capacidad de arrastrar públicos y definir destinos culturales. Su sola presencia en un escenario, explica Llopis, podía garantizar el éxito de un festival y, de hecho, contribuyó a la supervivencia de numerosos encuentros folklóricos que aún hoy existen. No era solo un número artístico dentro de una grilla, sino una toma de posición colectiva.  

Rosario: un fiero combate (y no era por leprosos ni canallas)

Para ilustrarlo, el músico retrocede a un episodio vivido en Rosario, en el Club Provincial, a fines de los años sesenta. Aquella noche coincidieron en el escenario Horacio Guaraní y Roberto Rimoldi Fraga, en un festival que reunía figuras centrales del folclore como Daniel Toro, Los Trovadores, Los Fronterizos, Los Chalchaleros y el Chango Rodríguez. El público, recuerda, quedó dividido en bandos casi irreconciliables.

La tensión no era solo musical. Rimoldi Fraga era leído como un cantor de perfil nacionalista, en un contexto donde ese término estaba cargado de disputas políticas e interpretaciones contrapuestas. Llopis insiste en que esa lectura simplificada del nacionalismo como sinónimo de derecha responde a una "trampa del léxico" que no se corresponde con la historia política latinoamericana, donde lo nacional estuvo muchas veces ligado a proyectos de liberación. En esa clave, menciona experiencias como el Frente de Liberación Nacional en distintos países de África y América Latina, para subrayar que las categorías europeas no siempre explican las dinámicas del continente.

Aquella noche en Rosario terminó en violencia. Hubo gritos, sillazos y enfrentamientos entre sectores del público. El festival derivó en una pelea generalizada. En medio del caos, la organización llegó a cortar el sonido a Guaraní, pero él, lejos de retirarse, continuó cantando a capela desde un escenario más bajo, acercándose físicamente a la gente. Esa imagen, dice Llopis, condensa una época y una grieta cultural que ya estaba instalada mucho antes de volverse palabra recurrente.

En medio del relato, el músico rosarino recupera también otra dimensión de su propia relación con la obra de Guaraní: la que se centra en su costado amoroso. Aquella línea fue incluso el punto de partida de un proyecto discográfico impulsado por el productor Julián "Pelusa" Navarro, arreglador de figuras internacionales como Roberto Carlos, Julio Iglesias y Los Pimpinela, junto a Flavio Petrini, músico rosarino radicado en Estados Unidos.

La canción popular como historia política

El proyecto proponía revisar el repertorio de Guaraní desde sus canciones de amor. La idea inicial sorprendió al propio Llopis, que en un principio dudó: reducir la obra del cantor a ese aspecto parecía insuficiente. Sin embargo, la revisión de su catálogo lo llevó a otra conclusión. Guaraní tenía más de 450 canciones registradas, y una gran mayoría, afirma, pertenecía al universo amoroso, aunque el imaginario público lo haya fijado principalmente como "cantor de protesta".

Esa tensión entre obra real e imagen pública es uno de los ejes que Llopis desarrolla en su libro. Desde su perspectiva, la llamada "canción de protesta" no es una anomalía moderna ni un producto de la industria discográfica, sino la continuación de un hilo histórico profundo en la canción argentina. Ese recorrido se remonta a las guerras de independencia, a las guerras civiles del siglo XIX, a las coplas populares y a los cantos que circulaban como forma de comunicación política y social.

En esa genealogía aparecen los payadores como cronistas orales, los músicos que acompañaban al Ejército de los Andes —que llegó a contar con más de 250 cantores y músicos— y hasta episodios bélicos como la Zamba de Vargas, asociada originalmente a la figura de Felipe Varela. Incluso en ese contexto, recuerda, la música funcionaba como herramienta de batalla: se cantaba para acompañar el combate, para levantar la moral de los soldados, y en algunos casos los músicos eran fusilados tras los enfrentamientos.

Ese hilo conductor atraviesa también el siglo XIX con los cielitos patrióticos, las vidalitas, las composiciones unitarias y federales, y llega hasta obras fundacionales como el Martín Fierro. En esa continuidad, sostiene Llopis, se inscribe la canción popular argentina contemporánea y, en particular, la figura de Horacio Guaraní, cuya obra no solo retoma esa tradición sino que la resignifica.

Para el músico rosarino, Guaraní representa dos inflexiones decisivas: la incorporación del indígena como sujeto de la canción popular y la consolidación de una obra donde lo político, lo social y lo amoroso no aparecen como dimensiones separadas, sino como parte de un mismo entramado expresivo que atraviesa toda la historia de la música argentina.

Una obra que sigue viva

En el tramo final de la conversación el relato de Enrique Llopis se concentra en dos núcleos que terminan de delinear el mapa afectivo e histórico de su libro El exilio de Horacio Guaraní. Identidad y lucha de un cantor popular: la dimensión temprana de la obra del cantor y las marcas profundas de su exilio.

Llopis reconstruye allí una escena que remite a los primeros registros discográficos de Guaraní. Aquella canción fue grabada en 1936 con el auspicio de una entidad rosarina llamada El Mangrullo, una agrupación cultural presidida por Estanislao Zeballos. Según detalla, fue esa institución la que financió las primeras ocho grabaciones de Guaraní para el sello Odeón, en un tiempo en el que las ediciones discográficas incluían menciones explícitas a los auspiciantes, como la yerbatera Martín, ubicada en la zona de Mendoza y Ayacucho en Rosario.

En ese mismo universo cultural aparece otra figura inesperada: Romildo Risso, un poeta uruguayo radicado en Rosario y autor de versos populares como "¿Por qué no engraso los ejes?". Llopis lo menciona como parte de una red de vínculos entre la ciudad y la canción popular rioplatense, donde las fronteras entre músicos, poetas y trabajadores culturales se volvían porosas y productivas.

En esa genealogía, el músico rosarino vuelve sobre la segunda gran marca que, a su entender, transforma la historia del folclore: la irrupción de Guaraní en la década del 40 con una canción que rompe el paisaje idílico y costumbrista dominante. "Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas", recuerda, como una frase que sintetiza un cambio de paradigma. A partir de allí, sostiene, se abre una línea de continuidad entre Atahualpa Yupanqui y Guaraní, aunque desde trayectorias distintas, pero atravesadas por una misma sensibilidad social.

Entre la consagración y la descalificación

Llopis también se detiene en el modo en que la industria musical intervino sobre esas figuras: primero descalificando, luego comercializando y finalmente volviendo a descalificar. En el caso de Guaraní, recuerda las etiquetas contradictorias que se le adjudicaban —"gritón", "desafinado", "zurdo", o incluso las acusaciones cruzadas sobre su posicionamiento político— mientras su popularidad crecía de manera sostenida, incluso en medio de las críticas.

Ese crecimiento, sin embargo, contrasta con la dimensión más dolorosa de su vida: el exilio. Para Llopis, ese destierro resulta especialmente significativo porque interrumpe el vínculo directo entre el artista y un pueblo que lo acompañaba de manera masiva. La expulsión del país, subraya, constituye una de las experiencias más traumáticas posibles para un creador cuya obra estaba profundamente anclada en lo popular.

Antes del golpe: la violencia paraestatal

El relato precisa además una aclaración temporal clave: Guaraní no se exilia con el golpe de Estado de 1976, sino en septiembre de 1974, en el contexto previo del accionar de la Alianza Anticomunista Argentina (AAA). Llopis reconstruye ese clima a partir de una serie de atentados y persecuciones que comienzan a escalar desde comienzos de la década. Entre ellos menciona el atentado contra el senador Hipólito Solari Yrigoyen, y el asesinato de figuras como Rodolfo Ortega Peña y el padre Carlos Mugica, en un escenario de violencia política creciente.

En ese contexto, recuerda, la AAA emite en marzo de 1974 una serie de amenazas directas contra artistas e intelectuales. Entre los primeros nombres señalados figuran Nacha Guevara, Norman Briski, Luis Brandoni, Héctor Alterio y el propio Horacio Guaraní, quienes se ven obligados a partir al exilio.

Castro Urdiales: la vida cotidiana del exilio

El propio Guaraní atraviesa entonces una secuencia de salidas forzadas: primero Venezuela, luego México, donde no logra replicar la masividad de su popularidad argentina, y finalmente España, a través de una invitación de la cantante Nati Mistral. En Madrid se reencuentra con otros exiliados como Héctor Alterio, Alfredo Zitarrosa y Marián Farias Gómez, en una comunidad artística marcada por el desarraigo.

La última etapa del exilio se sitúa en Castro Urdiales, en el norte español, que se convierte en un espacio de vida compartida entre artistas, músicos y amigos. Allí, Llopis recuerda haber coincidido con Guaraní durante su propia estadía en Europa junto a Hamlet Lima Quintana y otros artistas rosarinos, en un período atravesado también por la dictadura argentina y la circulación de exiliados culturales.

En ese mismo lugar, el exilio se vuelve cotidiano: ensayos, bares, espectáculos y conversaciones nocturnas conviven con el recuerdo del país lejano. Llopis evoca incluso la presencia de artistas como Carlos Alonso, marcado por el secuestro y desaparición de su hija Paloma, en una trama donde el dolor político argentino se replica en el exterior bajo otras formas.

1978: música, política y Mundial en el exilio

Castro Urdiales, sin embargo, no es solo un refugio: también es un punto de continuidad artística. Allí, durante el Mundial de 1978, se cruzan música, política y vida cotidiana. Entre giras, presentaciones en bares y encuentros informales, Guaraní sostiene su actividad musical mientras se mueve entre distintos países, llegando incluso a viajar a Israel, desde donde habría seguido la final del Mundial.

El exilio, en la reconstrucción de Llopis, no es un paréntesis sino una herida prolongada. Se inicia antes del golpe de Estado, se profundiza con la violencia paraestatal y se extiende hasta mediados de los años setenta, dejando una marca irreversible en la biografía del cantor.

Ya hacia el cierre, el relato vuelve a la actualidad del libro. La obra, explica, comenzará a circular en Paradoxa Libros —en Mendoza 923, en Rosario— y tendrá presentaciones en distintos puntos del país, entre ellos Buenos Aires, en la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (SADAIC), y Venado Tuerto, donde existe un museo dedicado a Guaraní que resguarda objetos personales que el propio artista cedió en vida.

También se menciona la posibilidad de presentaciones en Luján, donde se proyecta la construcción de un anfiteatro que llevaría el nombre del cantor, y en Rosario, aunque todavía sin sede definida. En ese mapa de circulaciones, Alto Verde aparece como un lugar especialmente significativo para Llopis, no solo por su vínculo con Guaraní, sino por una donación concreta: una cámara frigorífica destinada a pescadores de la zona, como parte de un gesto de apoyo a la economía local.

Una voz que sigue en la memoria popular
El cierre de la conversación vuelve sobre la figura del artista más allá de la anécdota. Llopis insiste en que, aunque las historias personales ayudan a iluminar su vida, lo central sigue siendo su obra, su potencia poética y su lugar en la historia de la canción popular. Recuerda entonces la dificultad de elegir repertorios en homenajes, precisamente porque casi todas sus canciones eran éxitos y porque su obra, lejos de ser marginal o secundaria, se expandió de manera continua en la memoria colectiva.

La última imagen es coral: el reconocimiento de colegas, las canciones compartidas, los homenajes en Cosquín y la persistencia de un repertorio que sigue circulando entre músicos como una herencia viva. En ese punto, el relato ya no pertenece a la entrevista sino a una constelación más amplia: la de una vida atravesada por la música, el exilio y la persistencia de una voz que, incluso lejos del escenario, siguió siendo central en la cultura popular argentina.

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Bolivia: incertidumbre en estado permanente

La falta de combustible, los cortes de rutas y la exigencia de renuncia contra Rodrigo Paz revelan una crisis que excede lo económico. José Luis Aliaga, de ERBOL, analiza en Señales el conflicto, el papel del evismo y la influencia de las nuevas derechas regionales

La crisis boliviana ya llevaba más de tres semanas cuando José Luis Aliaga atendió el llamado desde La Paz. Eran las nueve y seis de la mañana en Bolivia, diez y seis en Argentina, y mientras hablaba con Aire Libre Radio Comunitaria el gobierno acababa de iniciar un operativo para desbloquear las rutas que mantenían aisladas a las ciudades de La Paz y El Alto. El periodista de Escuelas Radiofónicas Bolivianas describía un país detenido, atravesado por una tensión que ya no podía explicarse únicamente como un conflicto sectorial o sindical. “Es un problema muy complejo”, resumía, mientras intentaba ponerle palabras a una escena cotidiana marcada por el desabastecimiento, la incertidumbre y el desgaste social.

La ciudad donde dejaron de escucharse motores

Los bloqueos habían impedido durante días el ingreso de alimentos, combustible y oxígeno para hospitales. En La Paz y El Alto, donde viven alrededor de dos millones de personas, ya no había gasolina desde hacía casi dos semanas. Las estaciones de servicio permanecían cerradas y ni siquiera las largas filas garantizaban conseguir combustible. En las calles apenas circulaban algunos vehículos adaptados para funcionar con gas licuado. El silencio de los motores se había convertido en una postal de la crisis.

Aliaga reconstruía el origen del conflicto en el primero de mayo, cuando la Central Obrera Boliviana declaró una huelga indefinida. A la protesta se habían sumado los maestros y otros sectores que reclamaban mejoras salariales y reivindicaciones específicas. Sin embargo, con el correr de los días, varios de esos espacios alcanzaron acuerdos con el gobierno y abandonaron las medidas. En los bloqueos quedaron la Central Obrera, la Federación de Trabajadores Campesinos Túpac Katari, grupos afines a Evo Morales y pequeños sectores mineros que acompañaban las movilizaciones.

Según el periodista, el gobierno de Rodrigo Paz tampoco había sabido responder a tiempo. "No ha tenido una respuesta para los pedidos", señalaba. Y cuando comenzaron a resolverse algunos reclamos parciales, emergió una nueva consigna que terminó unificando el malestar: la exigencia de renuncia del presidente. Esa demanda pasó a dominar la escena y llevó el conflicto a un punto crítico. Para entonces ya se acumulaban 22 días de bloqueos alrededor de La Paz y El Alto.

Durante la madrugada, el gobierno había lanzado un operativo que bautizó como "Corredor Humanitario de las Banderas Blancas", destinado a despejar caminos y permitir el ingreso de suministros. Pero la iniciativa, lejos de pacificar la situación, abrió nuevos focos de tensión. Ya se registraban incidentes en las rutas, especialmente en el trayecto entre Oruro y La Paz, donde fuerzas policiales apoyadas por el ejército avanzaban junto a maquinaria pesada para liberar las vías. Aliaga aclaraba que los militares no portaban armamento letal, aunque admitía que el desenlace seguía siendo incierto. "No podría decir con certeza si el bloqueo va a terminar hoy, mañana o la próxima semana", confesaba.

Rodrigo Paz y el giro hacia la derecha

En su análisis, el conflicto excedía la coyuntura económica y revelaba una fractura política más profunda. Rodrigo Paz, recordaba Aliaga, había llegado al poder gracias a una transferencia decisiva de votos provenientes del Movimiento al Socialismo. El enfrentamiento entre Evo Morales y Luis Arce había generado un vacío político que terminó beneficiando al entonces candidato moderado. Hasta poco antes de las elecciones, las encuestas mostraban al frente a Jorge "Tuto" Quiroga y Samuel Doria Medina, mientras Paz aparecía relegado a posiciones secundarias. Sin embargo, el respaldo del evismo alteró el escenario y permitió su victoria en primera vuelta.

Ese apoyo, decía Aliaga, se construyó bajo la lógica del "mal menor". Pero una vez en el gobierno, Rodrigo Paz habría girado rápidamente hacia los sectores de poder del oriente boliviano. El periodista relataba que, apenas asumido, el presidente se reunió con el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, recientemente liberado tras haber sido detenido por los sucesos de 2019, interpretados por el evismo como un golpe de Estado y por la oposición como una reacción al supuesto fraude electoral.

En Bolivia se registran 59 bloqueos en seis de las nueve regiones del país, con especial concentración en la zona andina, en un contexto de creciente tensión social tras el fracaso del segundo operativo policial y militar que el sábado intentó despejar una vía troncal tomada desde hace 19 días. La ruta permanece interrumpida por grupos de campesinos que mantienen sus medidas de presión y exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, mientras el conflicto se extiende y profundiza la incertidumbre en distintas zonas del territorio.

La rebelión de los que lo votaron
Para amplios sectores populares del occidente boliviano, esa decisión fue interpretada como una traición política. "Muchos pensaban que iba a ser, al menos, un hombre de centro", explicaba Aliaga. Sin embargo, observaban cómo el gobierno se alineaba con los agroindustriales, los productores sojeros y los grandes ganaderos del oriente. Como símbolo de ese desplazamiento ideológico, mencionaba al argentino Fernando Cerimedo, a quien definía como asesor personal de Rodrigo Paz y como una expresión de la creciente influencia de la derecha argentina sobre el gobierno boliviano. Cerimedo asesora a dirigentes de ultraderecha como Javier Milei, Jair Bolsonaro y Nasry Asfura.

Ese viraje alimentó el enojo de quienes habían acompañado electoralmente a Paz esperando otra orientación. Aliaga recordaba una conversación reciente con un exvocero de Evo Morales que sintetizaba el clima de época con crudeza: "Los que están en los bloqueos son los que votaron por Rodrigo Paz". La protesta, en esa lectura, no era únicamente económica, sino también una disputa por la representación política y por el sentido de un voto que sentían traicionado.

En medio de ese escenario, las organizaciones campesinas y aymaras volvían a ocupar un papel central. La movilización estaba encabezada por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia y articulada territorialmente por la Federación Departamental Túpac Katari de La Paz, responsable de gran parte de los bloqueos. Para el domingo siguiente estaba prevista una mesa de diálogo con el gobierno, aunque todo dependía de lo que ocurriera durante la jornada de desbloqueo.

Aliaga admitía que había imaginado un camino hacia la negociación después de la presentación del "Corredor Humanitario". Pensó que el gobierno intentaría abrir las rutas para luego sentarse a conversar. Pero las noticias que llegaban desde los puntos de conflicto indicaban otra cosa: seguían produciéndose incidentes y el clima continuaba siendo extremadamente frágil. "Todavía no está resuelto el conflicto", repetía.

Una captura que podría incendiar el país
La figura de Evo Morales atravesaba inevitablemente toda la crisis, aunque Aliaga se esforzaba por evitar simplificaciones. No creía que el expresidente fuera la cabeza visible del movimiento que mantenía paralizadas las rutas. "Es otra cosa", insistía. Morales permanecía en el Chapare, en el trópico de Cochabamba, el mismo territorio desde el cual construyó décadas atrás su liderazgo sindical cocalero y desde donde inició el camino que lo llevó a la presidencia de Bolivia. Allí seguía, resguardado por sectores sociales afines que lo protegían frente a las denuncias judiciales en su contra y frente a una orden de aprehensión impulsada por la derecha boliviana.

Aliaga remarcaba que no podía hablarse de clandestinidad. Evo seguía activo políticamente, participaba de programas radiales y mantenía comunicación con sus bases. Todos los domingos, recordaba, podía escuchárselo en Radio Kawsachun Coca, en una emisión temprana que seguía funcionando como espacio de referencia para el evismo. "No está clandestino, está resguardado", aclaraba.

La diferencia no era menor. Para el periodista, el núcleo que acompañaba a Morales en las protestas existía, pero no alcanzaba para explicar por sí solo la magnitud del conflicto. Había grupos evistas en los bloqueos de La Paz y El Alto, sí, pero la raíz del levantamiento era más amplia y más difusa. A su entender, lo que se estaba expresando en las rutas era el enojo de sectores populares que consideraban que su voto había sido utilizado para construir un gobierno que luego se desplazó hacia posiciones conservadoras y abandonó sus demandas.

Aliaga insistía varias veces en que todo era extremadamente cambiante y difícil de explicar. "De un momento a otro puede cambiar", decía. Esa incertidumbre también atravesaba la situación de Evo Morales. Ejecutar la orden de captura contra el expresidente podía abrir un escenario todavía más delicado. Nadie sabía con precisión cómo estaba organizado el grupo que lo custodiaba en el Chapare ni cuál podía ser su reacción ante una intervención estatal. "No se sabe si esos guardianes están armados o no", advertía. Y sugería que el gobierno evitaba avanzar justamente para no provocar una escalada de consecuencias imprevisibles.

Cerimedo, Milei y las nuevas derechas

La dimensión regional del conflicto aparecía cada vez con más claridad. Aliaga observaba una fuerte cercanía política entre Rodrigo Paz y los gobiernos de derecha y ultraderecha del continente. El respaldo explícito de Javier Milei era, para él, evidente. No sólo por el alineamiento político, sino también por la presencia de Fernando Cerimedo dentro del entorno presidencial boliviano. El periodista lo mencionaba como una figura asociada al oficialismo argentino y también vinculada al bolsonarismo brasileño.

En medio del conflicto, Argentina había enviado un avión para trasladar mercadería —principalmente carne vacuna y pollo— destinada a abastecer parcialmente los mercados de La Paz y El Alto. Oficialmente se presentó como una ayuda humanitaria. Sin embargo, rápidamente aparecieron cuestionamientos porque esos productos terminaron siendo comercializados por empresarios privados que, según la explicación gubernamental, se hacían cargo del combustible de la aeronave y por eso vendían luego la mercadería.

La contradicción alimentó sospechas y malestar. "¿Por qué un avión que llega para ayuda humanitaria está siendo utilizado por empresarios privados?", era una de las preguntas que empezaban a circular. El gobierno argumentaba que el mecanismo era necesario para garantizar el abastecimiento, pero para muchos sectores eso mostraba cómo incluso en medio de la crisis persistían intereses económicos y privilegios empresariales.

Chile también había enviado asistencia. Un avión Hércules aterrizó en Bolivia con alimentos secos y otros insumos. Pero alrededor de esos vuelos comenzaron a multiplicarse rumores y denuncias. Circulaban versiones sobre un posible traslado de armamento o de equipamiento antidisturbios destinado a reforzar la represión de los bloqueos. Aliaga era prudente. Repetía que no existían pruebas concluyentes y que cualquier afirmación debía investigarse seriamente. "No se ha comprobado", insistía.

Aun así, el tema ya había ingresado en el debate político. Se hablaba de la posibilidad de que el avión hubiera transportado armas, gases lacrimógenos u otros elementos vinculados a operativos de seguridad. También se habían presentado pedidos de informe sobre la presencia y funciones de Fernando Cerimedo dentro del gobierno boliviano: bajo qué modalidad trabajaba, quién financiaba sus actividades y cuál era exactamente su rol. Pero, hasta ese momento, no existían respuestas oficiales.

El país de la incertidumbre permanente

En ese contexto crecían las comparaciones regionales y las referencias históricas. La conversación derivaba inevitablemente hacia la articulación entre las nuevas derechas latinoamericanas, el alineamiento con Estados Unidos y las resonancias del viejo Plan Cóndor. Aliaga evitaba afirmaciones categóricas, pero reconocía que existía una percepción creciente de coordinación política entre gobiernos conservadores del continente.

Mientras tanto, el diálogo seguía apareciendo como la única salida posible, aunque todavía extremadamente frágil. La reunión prevista entre el gobierno y los sectores movilizados estaba auspiciada por la Defensoría del Pueblo y por la Iglesia Católica boliviana, que intentaban actuar como mediadoras. Pero incluso allí predominaba la incertidumbre. El gobierno había anunciado fecha y hora para la negociación —el domingo a las diez de la mañana, hora argentina—, aunque la propia Iglesia advirtió públicamente que el diálogo todavía no estaba consolidado y cuestionó al Ejecutivo por presentar como seguro un acuerdo que aún dependía de la evolución del conflicto en las rutas.

La crisis sin desenlace

Aliaga volvía una y otra vez sobre la misma idea: en Bolivia todo podía cambiar de un momento a otro. Las noticias sobre caravanas de cisternas cargadas de combustible convivían con estaciones de servicio completamente vacías. "Llegan 70 cisternas, pero los surtidores siguen cerrados", describía casi con incredulidad. Entonces aparecía la pregunta inevitable: si las cisternas habían llegado, ¿dónde estaba la gasolina? Nadie lograba responderlo con claridad.

En las horas siguientes, decía, tal vez comenzaría a normalizarse parcialmente el abastecimiento gracias a algunos corredores abiertos entre los bloqueos. Quizás podrían entrar camiones con combustible y alimentos hacia La Paz y El Alto. Pero incluso eso seguía siendo una posibilidad incierta, pendiente de lo que ocurriera en las rutas y de la capacidad del gobierno para evitar nuevos enfrentamientos.

Aliaga hablaba desde una ciudad suspendida en la espera. Un país entero parecía atrapado entre bloqueos, operaciones de desbloqueo, rumores, negociaciones frágiles y disputas políticas cada vez más profundas. "Aquí todo hay que esperar", resumía al final de la conversación. Y en esa frase parecía condensarse el estado general de Bolivia: una sociedad atravesada por el desgaste, la desconfianza y una incertidumbre que nadie, ni el gobierno ni los movimientos sociales ni la oposición, parecía capaz de controlar.

Fotos: Agencia AFP, EFE, Marka Registrada

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Medios regionales denuncian que la exclusión informativa vulnera el derecho ciudadano a la información

Mediante un documento titulado "La indiferencia hacia los medios de cercanía vulnera el derecho a la información", el Círculo Regional de Prensa y Comunicación* difundió un duro comunicado en el que cuestiona el trato que organismos públicos, judiciales y empresas privadas mantienen con los medios locales y regionales, advirtiendo que la indiferencia sistemática hacia estos espacios "vulnera el derecho a la información" y afecta principios constitucionales fundamentales.

El documento fue dado a conocer a propósito de la comunicación institucional desarrollada en torno a los recientes casos de Benjamín Scerra y Joaquín Fiant, dos hechos que generaron una profunda conmoción pública en la región y reavivaron el debate sobre el acceso igualitario de los medios locales a la información oficial. Según señalaron desde el sector, ambas situaciones volvieron a poner en evidencia las dificultades que enfrentan los medios territoriales para acceder a fuentes institucionales, conferencias y datos relevantes en momentos de alta sensibilidad social.

En el texto, periodistas, conductores, directores de medios y comunicadores remarcaron que el derecho a la información, reconocido en el artículo 14 de la Constitución Nacional, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, exige la existencia de medios "libres, activos y sostenidos" en todos los niveles territoriales, especialmente en el ámbito local.

"Es práctica habitual que organismos estatales, judiciales y entidades privadas ignoren a estos medios en sus comunicaciones habituales, conferencias y entrevistas, para luego recurrir a ellos solo cuando necesitan difundir información territorial específica, convocar a la población o recabar datos de la comunidad", expresa el comunicado.

El pronunciamiento sostiene además que esta conducta no constituye simplemente una descortesía institucional, sino que representa una violación al principio de transparencia activa establecido por la Ley 27.275, normativa que obliga a suministrar información pública de manera proactiva, accesible y sin discriminación.

En ese sentido, el texto advierte que concentrar la comunicación oficial en determinados medios por razones de alcance o conveniencia política "resulta arbitrario y afecta el principio de igualdad".

Los firmantes también citaron la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, destacando que la norma promueve el pluralismo informativo, la diversidad de voces y la descentralización de la comunicación como principios rectores del sistema democrático.

Según indicaron, esos principios no se cumplen únicamente con la existencia formal de medios locales, sino que requieren condiciones materiales concretas, entre ellas "el acceso equitativo a la información institucional".

El comunicado también apunta al sector privado. Allí sostienen que las empresas con impacto territorial, de acuerdo con los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos y los estándares de responsabilidad social, tienen el deber de sostener un vínculo genuino con las comunidades donde operan.

"Utilizar al medio local solo cuando conviene evidencia una lógica instrumental incompatible con esos compromisos", señalaron.

No obstante, el documento reconoce que existen excepciones valiosas y destaca a organismos y empresas que mantienen relaciones "sostenidas, transparentes y respetuosas" con los medios de proximidad, aunque remarcaron que esas conductas "deberían ser la regla y no la excepción".

Finalmente, el Círculo Regional de Prensa y Comunicación sostuvo que los medios locales no son únicamente actores económicos, sino "sujetos activos de la libertad de expresión y garantes esenciales del derecho ciudadano a la información".

En el cierre del comunicado, los firmantes afirmaron que fiscales, jueces, legisladores y funcionarios ejecutivos cuentan con herramientas normativas suficientes para revertir esta situación y concluyeron con una definición contundente: "La pregunta es si existe la voluntad institucional para hacerlo. Tienen la palabra".

El documento fue suscripto por integrantes del Círculo Regional de Prensa y Comunicación:

• Patricia Anselmo - Radio Mix 106.9, RadioMix Web y Canal de Streaming
• Laura Isabel Arancibia - Nueva Estrella Medios y FM 102.9
• Flavio Patricio Aranda - Recuerdos FM 91.1 y El Ojo Informativo
• Alejandro Argáñaraz - Radio Tifón
• Edgardo Bagnera - Canal 11 Aire para la Región y Canal 7 TCCB
• Romina Bagnera - Canal 11 Aire para la Región TCCB
• Darío Barone - FM Universal San Lorenzo
• Mario Canevale - 11Noticias
• Julieta Luz Carnevale (11Noticias
• Armando Cassale - FM City 103.5 Mhz
• Silvana Cavalieri - Radio Tifón
• Nina Cenchetti - Recuerdos FM 91.1
• Jorge Chiappe - Recuerdos FM 91.1
• Guillermo Clausi - Radio Black 92.5 y Blend Streaming TV
• Hugo Cravero - El Urbano Digital
• Gonzalo Del Pino - Portal Día 0 y Periódico Síntesis
• Fabiana Espíndola - Portal La Lupa Medios
• Rubén Hernandez - Mi Región 24
• Cristina Lescano - FM City 103.5
• Claudia Madariaga - MDR.AR Diario Digital
• Norma Maidana - FM Poriahjú
• Ariel Marini - Baigorria Informa
• Vanesa Montenegro - Nuestras Noticias Medio Digital)
• Alejandro Perea - Noticias Más
• Víctor Hugo Quaranta - Notinet y FM Mix
• Gloria de los Ríos - Radio Horizonte
• Jorge "Coyote" Rueda - Creador de Contenido
• Anabela Tramontini - Portal Pregón
• Eliana Trivisonno - Prensa Canal 2 y Directora Centro Cultural La Máquina

El asesor jurídico mencionado en el comunicado es Walter Gomez.

*El Círculo Regional de Prensa y Comunicación nuclea a cerca de treinta trabajadores de prensa, periodistas, comunicadores y directores de medios de las ciudades de San Lorenzo, Puerto General San Martín, Fray Luis Beltrán y Capitán Bermúdez, en la provincia de Santa Fe.

Una trabajadora ciega denuncia la crueldad como política contra la universidad pública y los derechos de las personas con discapacidad

Psicóloga, trabajadora de la Universidad Nacional de Rosario y coordinadora del área de accesibilidad de la Facultad de Psicología, Gabriela Fernández enlaza su historia personal con una crítica profunda al presente político. En una conversación con Señales, atravesada por la defensa de la educación pública, denunció el deterioro de las políticas de discapacidad, las barreras que persisten en la vida cotidiana y el impacto social de un modelo que, asegura, convierte la crueldad en forma de gobierno

Gabriela Fernández aprendió desde muy temprano que el acceso a la educación no estaba garantizado para todos por igual. Psicóloga, trabajadora no docente de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario y coordinadora del área de accesibilidad de esa casa de estudios, hoy ocupa un lugar central en el acompañamiento de estudiantes en situación de discapacidad. Pero cuando ella misma transitaba las aulas como estudiante ciega, ese espacio todavía no existía.

Durante aquellos años, recuerda, su recorrido universitario dependía casi exclusivamente de la buena voluntad de compañeros, compañeras y docentes que le ayudaban a leer materiales o a rendir exámenes. "No siempre existió un espacio de acompañamiento con perspectiva de accesibilidad en la facultad", señala. Recién hace algo más de siete años la Facultad de Psicología comenzó a contar con un dispositivo institucional destinado a acompañar las trayectorias educativas de personas con discapacidad, enmarcado en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, normativa que en Argentina tiene rango constitucional.

Una universidad que abrió puertas

Desde ese lugar, Fernández observa que, pese a los avances normativos y a las dos décadas transcurridas desde la sanción de la Convención, persisten barreras que continúan limitando el desarrollo pleno de las personas con discapacidad. Algunas son visibles —las arquitectónicas o económicas—, pero otras, asegura, son mucho más difíciles de derribar: las simbólicas. Son esas representaciones sociales las que todavía impiden que muchas personas puedan estudiar, trabajar, ir al cine o participar de la vida social en igualdad de condiciones.

La exclusión laboral es, para ella, uno de los ejemplos más contundentes. Remarca que el 80% de las personas con discapacidad nunca accedió a un trabajo formal y que, en el caso de las mujeres, ese porcentaje supera el 90%. Incluso quienes logran insertarse laboralmente suelen quedar relegados a tareas básicas, independientemente de su formación profesional. No se trata, insiste, de falta de voluntad ni de capacidades, sino de un sistema que históricamente restringe el acceso.

Cuando habla de la universidad pública, la voz se le llena de biografía. Hija de una familia de clase media baja, con padres trabajadores y una historia atravesada por las limitaciones económicas, sostiene que sin la universidad pública y gratuita jamás habría podido acceder a una carrera universitaria. Allí se formó como psicóloga clínica, allí pudo construir una trayectoria profesional y allí encontró también la posibilidad de coordinar un dispositivo educativo orientado a la accesibilidad. "Le debo infinidad de cosas a la universidad pública", afirma.

Las barreras invisibles de la discapacidad

Esa historia personal se enlaza directamente con su militancia, iniciada a mediados de los años noventa en organizaciones de la sociedad civil vinculadas a los derechos de las personas con discapacidad y a los derechos humanos. Por eso, explica, le resultó imposible no participar de la cuarta marcha federal universitaria realizada frente al Monumento Nacional a la Bandera, donde además tomó la palabra públicamente.

En ese discurso dejó en claro que no hablaba únicamente en nombre del colectivo de personas con discapacidad. "No soy sólo una persona con discapacidad", planteó. También es mujer, psicóloga, trabajadora universitaria, investigadora y parte de una sociedad que, según define, está siendo "absolutamente vapuleada" por las políticas del actual gobierno.

La palabra que atravesó buena parte de su intervención fue "crueldad". Fernández considera que las políticas implementadas por el gobierno nacional de Javier Milei responden precisamente a esa lógica: la de convertir al otro en enemigo y actuar desde la destrucción. Menciona como ejemplo el incumplimiento de la ley de emergencia en discapacidad, sancionada para garantizar prestaciones básicas de salud, rehabilitación y acceso a pensiones no contributivas. También recuerda que la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente y No Docente continúa sin ejecutarse plenamente, pese a los reclamos y las resoluciones judiciales.

No hay fraude en tener una discapacidad

Pero hay un hecho reciente que la conmueve particularmente: la presentación de un nuevo proyecto de ley titulado "contra el fraude de las pensiones por invalidez". El nombre mismo le resulta insoportable. "No hay fraude en tener una discapacidad", dice con indignación. Para ella, el verdadero fraude es el que el gobierno comete con quienes confiaron en sus promesas. Y agrega una idea que atraviesa toda su mirada política y humana: no existe invalidez en la condición humana. Tener una discapacidad puede implicar desventajas sociales, pero no hace a nadie menos válido que otra persona.

Fernández advierte que el problema no se reduce a una denominación desafortunada. El proyecto también propone desregular los aranceles de los profesionales que realizan prestaciones para personas con discapacidad. Eso, sostiene, implicaría que las obras sociales comiencen a pagar "lo que quieran", dejando a miles de personas sin acceso efectivo a tratamientos y servicios esenciales. "Quien no tenga acceso a una obra social, que se muera", resume crudamente para describir las consecuencias de esa política.

A su entender, muchas de las situaciones que hoy se naturalizan no deberían ser aceptables en democracia: dos años y medio sin obra pública, leyes votadas y ratificadas que continúan sin cumplirse, el deterioro de la soberanía nacional o la precarización creciente de las condiciones de vida. Las personas con discapacidad, explica, sufren esas consecuencias de manera doblemente agravada, porque a las políticas actuales se suma una historia previa de exclusión y falta de acceso.

La misma lógica, la misma crueldad

En ese contexto, recuerda un texto colectivo elaborado junto a estudiantes y titulado "La misma lógica, la misma crueldad". Allí comparaban ciertas prácticas del gobierno actual con mecanismos propios de gobiernos de facto. Fernández aclara que las diferencias históricas existen, pero encuentra similitudes en la lógica de señalar enemigos y atacar indiscriminadamente a distintos sectores sociales: universitarios, trabajadores, desocupados y personas con discapacidad.

Hacia el final de la conversación, trae una referencia que considera central para pensar el presente: una frase de Sigmund Freud sobre la salud mental. Freud decía que la salud mental consiste, simplemente, en "poder amar y trabajar". Para Fernández, esa definición permite comprender con claridad el impacto de las políticas económicas actuales. Cuando las personas necesitan multiplicar empleos para sobrevivir, cuando los salarios no alcanzan para comer o pagar un alquiler y el pluriempleo elimina el tiempo de calidad, el descanso y los vínculos afectivos, el deterioro de la salud mental deja de ser un fenómeno individual para convertirse en una consecuencia social inevitable.

"No es casual que veamos una sociedad tan afectada", sostiene. Tampoco es casual, agrega, el deterioro creciente de la salud mental colectiva.

Al despedirse, agradece el espacio y la posibilidad de conversar. Pero detrás del gesto cordial permanece intacta la convicción que atravesó toda su intervención: defender la universidad pública, los derechos sociales y la dignidad de las personas con discapacidad forma parte de una misma lucha.

Escuchá la entrevista completa:

Fotos: Asociación del Personal de la Universidad de Rosario (A.P.U.R.)

Memoria, ciencia y saqueo: La Biblioteca Popular Vigil reconstruye su patrimonio

La sospecha llevaba años flotando alrededor del antiguo Observatorio de la Biblioteca Vigil. Entre versiones cruzadas, recuerdos fragmentarios y documentos dispersos, persistía una pregunta que nunca terminaba de resolverse: ¿qué había pasado con los instrumentos originales del observatorio tras la intervención de la institución durante la dictadura?

Durante mucho tiempo, esa incógnita se mezcló con otro episodio ampliamente conocido: el robo de una de las lentes de los telescopios en 1979. Los alumnos de la escuela secundaria señalaron entonces a Carlos Sfulcini y Raúl Pangia —integrantes del personal civil de inteligencia que ocupaban cargos directivos— y también a Ramón Telmo Alcides Ibarra, alias "Rommel", asesor pedagógico de la institución.

Existen numerosos registros de aquellas denuncias. Sin embargo, hasta hoy se desconoce el destino de las lentes originales construidas junto al sistema completo de telescopios y la cúpula fabricada por la firma Zeiss.

Así reconstruye la historia Roberto Frutos -hijo de Raúl Frutos, uno de los fundadores de la institución-, quien desde hace años participa del proceso de recuperación institucional y patrimonial de la Biblioteca Popular Vigil. Según detalla, en Señales, más allá de aquel episodio de las lentes, dentro de la institución persistía otra hipótesis: que algunas piezas del observatorio podrían haber terminado en el Observatorio Municipal entre 1978 y comienzos de los años ochenta.

La reconstrucción comenzó a tomar forma a partir de una revisión exhaustiva de documentos de archivo, testimonios incorporados a causas judiciales y nuevos relatos recuperados en el último año y medio, en paralelo al proceso de reapertura del observatorio de la Vigil. 

La reapertura del observatorio fue también una pieza clave de la investigación. Aunque todavía faltan numerosos elementos y las condiciones distan de ser ideales, el observatorio volvió a funcionar hace más de un año y medio con observaciones abiertas al público y talleres astronómicos. Mientras esa actividad recuperaba el vínculo con la comunidad, el trabajo de archivo avanzaba en silencio.

La pista del Municipal

Con toda esa información sistematizada, los investigadores llegaron finalmente a una conclusión concreta: dos piezas fundamentales del antiguo observatorio estaban efectivamente en el Observatorio Municipal. Se trataba de un telescopio de 300 milímetros y de un filtro monocromador Lyot, un dispositivo especializado para observaciones solares directas. La reconstrucción se apoyó, señala Frutos, en el trabajo realizado dentro del juicio por delitos económicos, junto a las abogadas de la APDH y al equipo del área de Memoria y Archivo de Vigil.

Cuando consideraron que el nivel de certeza era suficientemente sólido, iniciaron consultas institucionales. Así llegaron al actual director del Complejo Astronómico Municipal, Sebastián Bosch, quien abrió las puertas del observatorio y recibió la documentación reunida. Según relata Frutos, Bosch comprendió rápidamente la situación y permitió verificar en el lugar lo que sospechaban desde hacía décadas: las piezas faltantes del Observatorio de Vigil permanecían allí desde hacía casi cincuenta años, probablemente entre 1978 y 1980.

Con esa constatación comenzó una nueva etapa, ya no solo histórica sino también jurídica e institucional. La investigadora y docente de la Universidad Nacional de Rosario Natalia García elaboró junto al resto del equipo una presentación ante la Fiscalía para reconstruir toda la trama documental del caso. A partir de esa exposición, el fiscal Federico Reinares envió un oficio a la Municipalidad solicitando precisiones sobre el origen y la situación patrimonial de las piezas.

La respuesta oficial llegó después de varias demoras administrativas. La Municipalidad confirmó que tanto el telescopio de 300 milímetros como el filtro monocromador Lyot se encontraban en el Observatorio Municipal desde aproximadamente 1978 y que habían sido incorporados al patrimonio municipal como una donación de la Biblioteca Vigil. El problema apareció inmediatamente después: no existe ningún registro formal que respalde esa supuesta donación.

Ni en expedientes judiciales, ni en la documentación de la intervención de la Biblioteca Vigil, ni en archivos municipales apareció constancia alguna del acto administrativo. Frente a eso, la Fiscalía pidió que se remitiera toda documentación respaldatoria. La última respuesta oficial, enviada a fines de marzo, terminó de profundizar las dudas: la Municipalidad reconoció que no existe legajo del acto de donación ni documentación que lo respalde. Lo único disponible es una planilla simple donde consta el ingreso del instrumental al patrimonio municipal, acompañada además por fechas consideradas "difusas" por el equipo, que ahora buscan reconstruir cómo se realizó aquel procedimiento.

A partir de esa información, el grupo impulsó una nueva iniciativa en el Concejo Municipal. El proyecto fue presentado directamente ante la presidencia del cuerpo legislativo con el argumento de que toda donación al municipio debe ser controlada y aprobada por el Concejo, tal como establece la normativa vigente. El pedido apunta a que el Ejecutivo municipal restituya las piezas al Observatorio de la Biblioteca Vigil y que se investigue de qué manera esos elementos permanecieron durante décadas en el Observatorio Municipal sin que existiera información pública clara sobre su procedencia.

La preocupación, sin embargo, no se limita a esas dos piezas. Quienes impulsan la reconstrucción aseguran haber visto parcialmente inventarios del Observatorio Municipal donde aparecen otros elementos incorporados entre 1978 y 1983 bajo la categoría genérica de "donación", sin mayores precisiones. Y recuerdan además que del observatorio original de la Vigil faltan todavía numerosos componentes, entre ellos oculares y portaoculares. Por eso reclaman que la investigación se amplíe a todos los bienes cuyo origen pueda generar dudas.

El saqueo patrimonial

La reconstrucción del patrimonio saqueado de la Biblioteca Vigil tampoco termina en el observatorio. Frutos sostiene que todavía existen numerosos bienes dispersos cuya historia permanece inconclusa. Algunas piezas del antiguo Museo de Ciencias Naturales, por ejemplo, pudieron ser localizadas con el paso de los años. Parte de ese material había sido trasladado al Museo Provincial de Ciencias Naturales "Florentino Ameghino" de Santa Fe y otra parte al Museo Gallardo. En el caso del Ameghino, los objetos fueron efectivamente restituidos, mientras que en el Gallardo se reconoció oficialmente su procedencia. Allí, plantea, sí existía documentación de la intervención que respaldaba aquellas transferencias. Con el observatorio ocurrió algo completamente distinto: no apareció ningún documento que justificara el traslado de los instrumentos.

Pero el universo de bienes perdidos es mucho más amplio. Los integrantes de la Vigil creen que todavía falta rastrear una enorme cantidad de elementos pertenecientes a distintas áreas de la institución. La Escuela de Música, recuerda Frutos, contaba con una importante dotación de instrumentos musicales de los que hoy no existe ningún registro. También faltan pinturas de gran valor artístico y patrimonial, además de miles de libros vinculados al histórico fondo editorial de la institución, cuya mayor parte se presume destruida. A eso se suman bienes muebles y propiedades distribuidas en distintos puntos de Rosario, de la provincia e incluso en otras jurisdicciones. Entre ellas mencionan el predio recreativo y deportivo de Villa Gobernador Gálvez, una de las tantas propiedades cuya situación todavía continúa bajo investigación judicial.

Todas esas líneas forman parte de la causa por delitos económicos vinculada al vaciamiento de Vigil, expediente en el que también se incorporó la denuncia por el telescopio recuperado. Dentro de esa misma causa, la Justicia Federal dictó recientemente el procesamiento de Jorge Alberto Menegozzi, una figura que para quienes impulsan la investigación representa uno de los principales responsables del despojo y la destrucción de la institución durante el proceso liquidatorio.

Menegozzi había sido tesorero de la intervención desde el 1º de agosto de 1977 hasta marzo de 2005. Durante casi veintiocho años continuó administrando las cuestiones económicas de la liquidación y sólo abandonó el cargo cuando la Asamblea para Recuperar Vigil —creada un año antes— comenzó a denunciar públicamente maniobras irregulares y posibles delitos cometidos durante ese proceso. Para Frutos, su permanencia durante casi tres décadas lo convierte en una figura central de todo el entramado económico que acompañó la destrucción de Vigil.

La causa judicial

El procesamiento adquiere además un valor simbólico y político más amplio. Quienes siguen la causa señalan que, históricamente, los avances judiciales en delitos de lesa humanidad lograron alcanzar principalmente a responsables militares, policiales o integrantes de las fuerzas de seguridad, mientras que los civiles que colaboraron con esos mecanismos represivos rara vez fueron investigados o llevados a juicio. En el caso específico de Vigil, sostiene Frutos, gran parte de las responsabilidades posteriores a la intervención inicial de la patota de Agustín Feced recayeron precisamente sobre civiles: abogados, contadores, tasadores y escribanos que participaron del proceso de desguace institucional.

Por eso consideran que el avance de la causa contra Menegozzi representa un antecedente importante dentro de la investigación de los delitos económicos cometidos durante la dictadura y sus años posteriores. Más aún si se tiene en cuenta que muchos de los principales responsables ya fallecieron. Todos los interventores de Vigil, recuerda, están muertos; y salvo los dos primeros, la mayoría eran civiles. En ese contexto, sostiene que juzgar a quienes todavía permanecen con vida constituye una forma indispensable de reconstrucción histórica y reparación judicial.

La discusión, sin embargo, excede el plano penal. Para Frutos, las deudas del Estado con Vigil siguen plenamente vigentes. Y aclara que no se trata de una deuda con la actual comisión directiva sino con la comunidad que construyó la experiencia cultural, educativa y social de la biblioteca popular. Vigil, remarca, fue una mutual y una biblioteca sostenida por sus socios y vecinos; por lo tanto, sus verdaderos propietarios fueron siempre quienes la habitaron y le dieron vida. Por eso considera que la reparación pendiente es, ante todo, una deuda social.

En esa línea, entiende que los tres niveles del Estado —municipal, provincial y nacional— todavía tienen obligaciones pendientes tanto en materia de investigación como de reparación. Desde la Asamblea para Recuperar Vigil, formada en 2004, sostienen la misma idea: primero deben investigarse y juzgarse los delitos cometidos; después, avanzar en políticas concretas de reparación.

Los referentes de la institución reconocen que existieron algunos avances importantes. Entre ellos mencionan la causa Feced III y IV, donde fueron juzgados los crímenes de lesa humanidad cometidos contra directivos y socios de Vigil. También destacan el lento avance de la causa por delitos económicos, impulsada —según describen— en medio de enormes dificultades y resistencias judiciales. Pero creen que todavía falta un paso decisivo: una ley reparatoria integral.

La ley sancionada en 2012 permitió recuperar apenas una pequeña porción de los bienes que habían quedado bajo control provincial. Para Frutos, ahora resulta necesario un nuevo marco legal que reconozca de manera integral los crímenes cometidos contra la institución y establezca mecanismos concretos de reparación y sostenimiento. Esa norma, subraya, debería garantizar no sólo la devolución patrimonial sino también la continuidad de las actividades que hoy desarrolla la institución recuperada.

Actualmente Vigil sostiene cerca de cincuenta talleres culturales y educativos, además del observatorio astronómico, el teatro, la biblioteca, las áreas artísticas y el espacio de memoria y archivo. Toda esa actividad, construida nuevamente desde abajo después de décadas de destrucción, constituye para sus integrantes la prueba más contundente de que la institución sigue viva. Pero también la razón por la cual consideran imprescindible una reparación estatal capaz de asegurar que ese proyecto colectivo pueda sostenerse y profundizarse en el tiempo.

Qué fue la Biblioteca Popular Vigil

Natalia García suele decir que la historia de la Biblioteca Vigil todavía desafía cualquier intento de síntesis. Dedicó años a reconstruir aquella experiencia en su tesis "El caso Vigil. Historia sociocultural, política y educativa de la Biblioteca Vigil (1933-1981)", un trabajo que resultó fundamental para rastrear no sólo el crecimiento extraordinario de la institución, sino también el saqueo de su patrimonio durante la dictadura.

Gracias a ese trabajo colectivo hoy se recuperan piezas robadas y avanza una causa judicial contra un extesorero de la institución por administración fraudulenta. La investigación se sostiene, además, en la pericia de Sergio Arelovich y en el trabajo de Gabriela Durruty, representante legal de la comisión directiva de Biblioteca Popular Vigil e integrante de la APDH.

Cuando García reconstruye lo que significó la Biblioteca Vigil en las décadas del 60 y 70, evita definirla únicamente como una biblioteca popular. La describe, más bien, como una experiencia social, educativa y cultural extraordinaria, no sólo para la Argentina sino también para América Latina. Su singularidad, indica, radicó en haber nacido en una barriada obrera —la entonces Tablada de Villa Manuelita, al sur de Rosario— y haber logrado, en muy pocos años, construir una estructura institucional inmensa.

Ese crecimiento estuvo ligado a un mecanismo financiero inusual para la época: la rifa de la Vigil. Miles de números se vendían no sólo en Rosario y Santa Fe, sino en distintas provincias del país. Ese circuito económico permitió levantar escuelas, sostener una editorial que publicó más de noventa títulos, crear un museo de ciencias naturales, una Universidad Popular y un complejo de siete pisos donde convivían talleres, cursos y espacios culturales. Allí se podía aprender mecanografía y, al mismo tiempo, asistir a actividades vinculadas con las vanguardias latinoamericanas del arte y el muralismo, atravesadas por el clima político y cultural de los años sesenta y setenta.

La Biblioteca Vigil incluía además un enorme sistema bibliotecario, espacios recreativos y deportivos y la llamada "Colonia", más de veinte hectáreas frente al río Paraná destinadas a actividades sociales. Había jardín de infantes, escuela primaria y secundaria. Para García, la clave es comprender que La Vigil condensaba muchas instituciones dentro de una sola organización: culturales, científicas, educativas, mutualistas, asistenciales e incluso productivas.

Ciencia popular en el sur rosarino

Entre todas esas dimensiones, el observatorio astronómico ocupó un lugar emblemático. García sostiene que esa apuesta por la astronomía no fue una extravagancia aislada, sino una consecuencia lógica de la propia concepción popular de la institución. La Vigil buscaba poner a disposición de los sectores trabajadores los bienes culturales, científicos y tecnológicos más avanzados de su tiempo. No había improvisación: la institución convocaba especialistas, buscaba asesoramiento técnico y montaba infraestructura de primer nivel. Lo excepcional, remarca, era que semejante despliegue no estuviera concentrado en una elite científica cerrada, sino en una organización barrial que decidía llevar "la mejor ciencia y tecnología" al sur rosarino.

La compra del instrumental astronómico fue aprobada por una asamblea multitudinaria. La Vigil llegó a tener más de veinte mil socios activos, y fueron esos socios quienes votaron la adquisición del equipamiento en Alemania. La operación contó con el asesoramiento de especialistas como Victorio Campolongo —cuyo nombre hoy lleva el Planetario Municipal de Rosario— y culminó hacia fines de los años sesenta. Para García, ese episodio resume la lógica institucional de la Vigil: una comunidad capaz de aprobar inversiones millonarias porque entendía que el acceso al conocimiento debía ser colectivo y popular.

La historiadora detalla que los documentos conservados en el Archivo Histórico de la Vigil permitieron reconstruir con precisión las características del telescopio. Incluso, durante la investigación, recibieron información enviada desde Alemania por la propia empresa óptica fabricante, lo que permitió corroborar inventarios y especificaciones técnicas. Aquella firma, recuerda García, ya no produce telescopios, aunque sigue vinculada a la industria óptica de avanzada.

El instrumental adquirido por La Vigil correspondía a un sistema denominado Zeiss, de allí el nombre de Carl Zeiss fabricado en Alemania. Se trataba de un doble telescopio compuesto por un refractor de 150 milímetros y un reflector de 300 milímetros: uno funcionaba mediante lentes y el otro mediante espejos. Más allá de esas características, García subraya un elemento menos conocido pero decisivo: el filtro monocromador tipo Lyot, diseñado para estudios solares. Ese dispositivo terminó orientando el perfil científico del observatorio hacia el patrullaje solar, un campo que entonces adquiría creciente importancia debido al desarrollo de las comunicaciones satelitales.

La historia del observatorio, sin embargo, no comenzó con la compra del telescopio. García reconstruye un proceso previo que incluyó charlas de astronomía amateur impulsadas por Campolongo durante las décadas del cincuenta y sesenta, luego la apertura de una escuela de astronomía en la Universidad Popular y finalmente la construcción del observatorio astronómico. El telescopio y la cúpula llegaron desde Alemania y fueron montados durante meses.

La operación tuvo una dimensión económica y política considerable. El equipamiento costó 27 millones de pesos moneda nacional y contó con el aval de la provincia de Santa Fe durante la gestión de Aldo Tessio. La provincia actuó como garantía económica y política para obtener las divisas necesarias y concretar la compra internacional. "No fue un asunto sencillo", resume García, al recordar una inversión que todavía hoy parece desmesurada para una biblioteca popular de barrio, pero que en aquellos años expresaba la ambición cultural y científica de toda una comunidad.

La historia del observatorio astronómico de la Biblioteca Vigil no terminó con la llegada del telescopio alemán ni con la fascinación que despertaba en el sur rosarino. Natalia García explica que, detrás de aquella cúpula instalada a fines de los años sesenta, existía una estructura científica compleja y profesionalizada que logró articularse con instituciones nacionales e internacionales desde una biblioteca popular de barrio.

Los archivos institucionales, especialmente los informes departamentales anuales conservados por la Vigil, permiten reconstruir parte de esas actividades. El observatorio se dedicó principalmente al patrullaje solar diario y a la fotografía astronómica. Pero la docente insiste en desmontar una imagen simplificada del proyecto: el observatorio no era únicamente un telescopio dentro de una cúpula. Funcionaba como un verdadero centro científico, con laboratorio fotográfico, aulas, un "patio de sombras", instrumental óptico complementario y calculadoras científicas de avanzada.

Había también un equipo humano en constante formación. Muchos de quienes comenzaron allí como aficionados o colaboradores terminaron profesionalizándose. García recuerda el caso del doctor Jorge Feugeas, uno de los integrantes del observatorio, quien años después continuó su carrera en el exterior y se convirtió en un investigador destacado del CONICET. La historia de esos científicos quedó marcada por una escena brutal: un día, tras la intervención militar, simplemente les comunicaron que debían abandonar el lugar.

La Vigil, además, había desarrollado un entramado tecnológico inusual para la época. El observatorio trabajaba en estrecha articulación con el centro de cómputos IBM de la institución, indispensable para procesar los datos obtenidos durante las observaciones solares. García rescata especialmente el papel de las mujeres que trabajaban allí, encargadas de sistematizar y programar la información científica. Entre ellas menciona a Teresa, una maestra convertida en programadora, cuya trayectoria considera "otra historia interesantísima", incluso por las resistencias que enfrentó dentro del propio universo tecnológico dominado por IBM.

Ese trabajo científico se conectaba con redes académicas y observatorios de distintos lugares del mundo. La Vigil mantenía vínculos con el Instituto de Astronomía y Física del Espacio, con observatorios de Buenos Aires, La Plata y San Miguel, y más tarde el equipo rosarino fue apadrinado por uno de los institutos astronómicos más importantes de Alemania. Al mismo tiempo, participaban de redes amateur y asociaciones astronómicas. García subraya el carácter extraordinario de esa experiencia: toda esa producción científica y tecnológica sucedía desde una biblioteca popular enclavada en el sur de Rosario.

Dictadura y destrucción
La irrupción de la dictadura militar en 1977 destruyó ese entramado. García sostiene que la intervención iniciada en febrero de ese año implicó un vaciamiento de toda la experiencia Vigil. La represión incluyó secuestros, detenciones ilegales y torturas contra miembros de la comisión directiva, además del cierre de proyectos educativos y culturales. Las escuelas fueron vaciadas de sus contenidos pedagógicos más progresistas y numerosos docentes quedaron cesanteados.

A partir de entonces comenzó un proceso sistemático de desmantelamiento patrimonial que la autora de la investigación define como un verdadero "genocidio cultural". El observatorio quedó paralizado y gran parte de su instrumental desapareció. Durante décadas circularon rumores sobre el destino de esas piezas, hasta que investigaciones recientes permitieron reconstruir parte del recorrido del equipamiento robado.

García marca que, tras años de trabajo con archivos, fotografías, testimonios, inventarios y documentación judicial —incluidos documentos obtenidos en Alemania—, pudieron establecer la "trazabilidad" de algunas piezas. Esa reconstrucción permitió confirmar que uno de los telescopios, el reflector de 300 milímetros, junto con el filtro Lyot, se encuentra actualmente en el Observatorio Municipal de Rosario.

La reparación pendiente

García ya no habla en potencial. Afirma que las pruebas reunidas permiten sostener con claridad que esos instrumentos pertenecieron a la Vigil y que su permanencia fuera de la institución constituye una continuidad del despojo iniciado durante la dictadura. "Estamos hablando de un delito que se sigue cometiendo", advierte, mientras reclama reconocimiento y reparación para hechos ocurridos hace casi cincuenta años.

Sin embargo, García insiste en que el saqueo no puede entenderse como una serie de robos aislados. Habla de una liquidación patrimonial sistemática, planificada y prolongada en el tiempo. En algunos espacios, como la Universidad Popular, la destrucción fue inmediata y material: entraron, saquearon y devastaron todo. El nivel de despojo, dice, resulta difícil de traducir incluso hoy.

"La Vigil fue saqueada hasta en los detalles más mínimos", señala. Se robaron desde edificios completos hasta tornillos. En los inventarios figuran remates de materiales de todo tipo: lentes importadas de Alemania, mobiliario, herramientas, objetos cotidianos. Incluso las sábanas de las cunas de la guardería infantil fueron inventariadas y subastadas. Para García, esa minuciosidad revela la profundidad de la destrucción.

García enumera mecanismos diversos: remates, abandonos, apropiaciones, transferencias irregulares, quemas y biblioclastía. Y aclara que el proceso no terminó con el retorno democrático. La apropiación patrimonial continuó legitimada judicialmente a partir de 1983, cuando el juez Villate tomó la causa y permitió que interventores, liquidadores y tesoreros siguieran administrando y desmembrando bienes de la institución durante décadas. Recién en 2008 se cerró formalmente la liquidación.

Uno de los casos paradigmáticos fueron los terrenos que la Vigil poseía en Villa Gobernador Gálvez. Según García, esas tierras fueron transferidas al municipio bajo la promesa de realizar obras que nunca se concretaron y posteriormente terminaron revendidas al frigorífico Paladini. "Donde se toca aparece un nuevo capítulo", resume, como si la historia de la Vigil todavía siguiera desplegando capas ocultas.

Para la historiadora, el sentido profundo de ese arrasamiento excede el daño material. La dictadura no buscó únicamente destruir edificios, libros o telescopios. "Quiso destruir pensamiento y afectos", sostiene. En ese punto aparece una definición política central de su lectura histórica: la Vigil era "subversiva" porque alteraba el orden social dominante.

Lo que esa experiencia proponía —explica García— era otra forma de construir comunidad. Relaciones sociales colectivas en lugar de competitivas; vínculos democráticos en vez de autoritarios; acceso masivo al conocimiento frente a la lógica elitista. La Vigil demostraba que la cultura, la ciencia y la educación podían organizarse desde una matriz popular y comunitaria. Y justamente por eso, concluye, se convirtió en un objetivo a destruir.

La docente de la UNR también subraya el papel que tuvieron las ciencias sociales en la reconstrucción de esa memoria. Destaca que el trabajo historiográfico, los archivos y la investigación educativa pudieron aportar pruebas concretas en causas vinculadas a delitos de lesa humanidad. En un presente que describe como especialmente adverso para las universidades públicas y los organismos científicos, García reivindica al equipo de reconstrucción patrimonial, organismos de derechos humanos y la propia comunidad de la Vigil para sostener la reconstrucción histórica y judicial de uno de los proyectos culturales más extraordinarios que conoció Rosario.

La memoria que volvió al aire
Tras la emisión de las entrevistas en Señales, comenzaron a llegar al programa distintos mensajes de oyentes que compartían sus propios recuerdos vinculados a la Biblioteca Vigil.

"Encontré hace unos días mi carnet de la Vigil. Me alegró mucho. Ese carnet me permitió sacar en la mutual un crédito con el que pudimos anticipar la compra de nuestra casa. Además, con la famosa rifa, mis padres ganaron su primer televisor", escribió María Rosa.

Hugo, por su parte, reconstruyó una escena familiar que remite al alcance de aquella experiencia: "Mi papá y mi mamá vivían en San Nicolás en 1969. Se ganaron un premio de la Rifa Vigil: un millón de pesos y un auto 0 km, un Fiat 600. Con ese dinero pudieron comprar un fondo de comercio, una panadería muy grande en un pueblo". Y agregó: "Hoy mi nieta va a esa escuela secundaria. Estoy muy orgulloso".

También escribió Pepa, vecina de barrio Villa Urquiza, para recordar a Rafael, "un vecino que ya no está entre nosotros" y que viajaba por distintas provincias vendiendo la rifa. "Contaba orgulloso que muchas veces le tocó llevar los premios a sus ganadores", señaló.

Otro de los mensajes recuperó escenas más íntimas de aquella experiencia cotidiana: "Este y otros tantos libros compraba mi padre para mí y mis hermanos. Además de los discos que ganó con la rifa".

Escuchá las entrevistas completas:

Fotos: Micaela Pertuzzo, Biblioteca Vigil, oyentes de Aire Libre, Radio Comunitaria