domingo, 19 de julio de 2026

La energía que se fuga: cómo la crisis nuclear pone en juego una capacidad construida durante décadas

La salida de profesionales, la incertidumbre sobre proyectos como el CAREM y la discusión por el futuro de Nucleoeléctrica vuelven a poner en el centro una pregunta clave: qué ocurre cuando un país pierde capacidades tecnológicas que llevó generaciones construir.

La industria nuclear argentina atraviesa una de sus etapas más tensas de las últimas décadas. Los despidos en organismos estratégicos, la incertidumbre sobre proyectos tecnológicos, el debate por el futuro de Nucleoeléctrica Argentina y la apertura a una mayor participación privada volvieron a poner en discusión el rumbo de un sector que durante más de siete décadas construyó capacidades propias.

Nicolás Malinovsky observa en Señales ese escenario desde un lugar particular: combina la formación de ingeniero electricista, una maestría en Gestión de Energía, la experiencia laboral dentro de Nucleoeléctrica Argentina y el estudio de la política energética. Es autor de Crítica de la Energía Política, una obra donde analiza la relación entre energía, desarrollo económico y geopolítica.

Su diagnóstico es contundente: el sistema nuclear argentino atraviesa una situación crítica que excede una discusión presupuestaria y pone en juego la continuidad de conocimientos acumulados durante generaciones.

"Está muy clara la situación crítica que vive el sector nuclear. Yo diría que ya estamos en un estado de emergencia", afirma.

El cambio de rumbo, explica, comenzó con la llegada del gobierno de Javier Milei y significó una ruptura con la orientación que Argentina había sostenido en materia nuclear durante los últimos años.

Una tradición tecnológica construida durante 76 años
La historia del desarrollo nuclear argentino comenzó en 1950 con la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), durante la presidencia de Juan Domingo Perón. Desde entonces, el país desarrolló una trayectoria propia que incluyó investigación científica, formación de especialistas, construcción de reactores experimentales y, posteriormente, generación de electricidad mediante centrales nucleares.

"Ahí empieza a desarrollarse todo un componente de investigación vinculado a un fuerte desarrollo tecnológico en el sector nuclear", recuerda Malinovsky.

Ese recorrido convirtió a la Argentina en uno de los países con mayor experiencia nuclear de América Latina. El sistema se apoyó durante décadas en instituciones estatales, universidades, centros de investigación y empresas públicas capaces de sostener proyectos de alta complejidad.

La comparación con la década de 1990 aparece como un antecedente. En aquel período, las políticas de reducción del Estado también afectaron áreas estratégicas y frenaron algunos desarrollos tecnológicos.

La diferencia actual está en la velocidad del deterioro y en el impacto sobre los equipos humanos que sostienen el funcionamiento cotidiano del sistema.

El ajuste y la salida de trabajadores especializados
Uno de los primeros efectos de la nueva política energética fue la reducción presupuestaria. El objetivo oficial de alcanzar el "déficit fiscal cero" implicó recortes en distintas áreas estatales, entre ellas organismos vinculados a la ciencia, la investigación y el desarrollo tecnológico.

Dentro del sistema nuclear, el impacto más visible fue el deterioro salarial y la salida de profesionales especializados.

"Cuando uno habla de un conocimiento estratégico, quien posee ese conocimiento es principalmente la masa laboral", explica Malinovsky.

En una industria donde la formación puede demandar años, la pérdida de trabajadores no representa solamente una baja de personal. Técnicos, ingenieros e investigadores concentran saberes construidos a partir de experiencia acumulada dentro de proyectos específicos.

La consecuencia es una fuga de profesionales hacia empresas privadas u otros sectores que ofrecen mejores condiciones laborales.

"Los profesionales están yendo al sector privado o a otras áreas porque claramente es imposible pensar en un desarrollo profesional y menos en un sustento económico para una familia", señala.

El problema, advierte, no es únicamente cuántas personas abandonan un organismo, sino qué ocurre cuando se desarman equipos completos de trabajo.

Nucleoeléctrica y CAREM: dos símbolos de una nueva etapa
La discusión sobre el futuro nuclear argentino tiene dos nombres centrales: Nucleoeléctrica Argentina y el reactor CAREM.

Nucleoeléctrica es la empresa estatal encargada de operar las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse, además de participar en el desarrollo de nuevas instalaciones. La Ley Bases incluyó a la compañía entre las empresas susceptibles de privatización, habilitando la posibilidad de una participación privada de hasta el 49% del capital.

El cambio no es menor: desde la creación del sistema nuclear argentino, el Estado tuvo un rol central en la planificación y conducción de esta actividad estratégica.

"El Estado ahora intenta privatizar la mitad de esa empresa", sostiene Malinovsky.

El otro gran punto de conflicto es el CAREM, un reactor modular pequeño diseñado para posicionar a Argentina dentro de una tecnología que varios países buscan desarrollar.

El proyecto comenzó en 2014 y fue declarado de interés nacional mediante la Ley 26.566. Al momento de su paralización, contaba con un avance estimado cercano al 65% y una inversión acumulada de alrededor de 700 millones de dólares.

"Es el proyecto más importante que iba a tener la Argentina en estas décadas de desarrollo científico y tecnológico", afirma.

El reactor pasó así de ser una apuesta estratégica para la industria nacional a convertirse en uno de los principales escenarios de disputa sobre el futuro del sector.

De la pérdida de capacidades públicas a la absorción privada
El conflicto por el futuro nuclear argentino no se limita a los proyectos detenidos o a la discusión presupuestaria. Uno de los puntos más sensibles aparece en el movimiento de trabajadores especializados desde organismos estatales hacia nuevas estructuras privadas.

Ese proceso quedó expuesto luego de los despidos registrados en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Durante el año, aproximadamente el 20% de los trabajadores contratados del organismo recibieron telegramas de despido, afectando áreas técnicas vinculadas a distintas especialidades.

"Eran trabajadores de todas las áreas técnicas y todas las áreas vinculadas a distintas especificidades que hace la comisión", explica Malinovsky.

Poco después, el Gobierno anunció el desarrollo de un nuevo reactor nuclear con una inversión estimada en 1.200 millones de dólares, un proyecto que estará a cargo de Meitner Energy, una empresa vinculada al ecosistema tecnológico de INVAP.

La compañía se presenta como una iniciativa privada orientada al desarrollo nuclear, aunque su aparición abrió un debate sobre el origen de los recursos humanos que sostendrán ese proyecto.

Según describe Malinovsky, parte de los profesionales que comenzaron a incorporarse a esa estructura provienen de organismos y empresas estatales del sector.

"Meitner Energy está conformando su compañía con todos los trabajadores que se están yendo de Nucleoeléctrica Argentina, de la Comisión Nacional de Energía Atómica o de otras áreas del sector nuclear", afirma.

El traslado de esos perfiles plantea una discusión más amplia: qué ocurre cuando el Estado deja de sostener capacidades que luego pueden ser aprovechadas por actores privados.

"Estamos dando un negocio servido a empresas de capital, en este caso norteamericano", sostiene.

La preocupación central no está puesta solamente en la salida individual de profesionales, sino en el tiempo necesario para reconstruir equipos capaces de llevar adelante proyectos de alta complejidad.

Formar un ingeniero con experiencia en tecnología nuclear requiere años de educación, entrenamiento y participación en proyectos concretos. La pérdida de esos perfiles implica, por lo tanto, una reducción de capacidades que no puede compensarse de manera inmediata.

La universidad como parte del sistema nuclear

El desarrollo nuclear argentino no depende únicamente de reactores y centrales. Detrás existe una estructura de formación integrada por universidades, institutos científicos y organismos especializados.

Por eso, el deterioro del sistema universitario aparece como otra pieza del mismo problema. La formación de nuevos profesionales requiere carreras sólidas, investigación sostenida y espacios donde puedan desarrollarse especialistas.

"El sistema universitario también es un área que hay que vincular a estas acciones del Gobierno nacional", señala Malinovsky.

La dificultad, plantea, no es solamente la situación actual, sino la posibilidad futura de recuperar una industria que necesita décadas de preparación.

Si los equipos de investigación, ingeniería y formación se debilitan, incluso una futura decisión política de relanzar proyectos estratégicos encontraría una barrera difícil de superar: la falta de personas capacitadas para llevarlos adelante.

La dimensión geopolítica de la disputa nuclear
La discusión sobre el sector nuclear argentino también tiene una dimensión internacional. La energía, los minerales estratégicos y las tecnologías asociadas se transformaron en piezas centrales de la competencia global entre potencias.

En esa disputa aparece Estados Unidos como un actor relevante. El interés por los pequeños reactores modulares, los minerales críticos y las cadenas de suministro energéticas forma parte de una estrategia global para reducir dependencias y asegurar recursos.

Malinovsky vincula ese escenario con los cambios recientes en la política nuclear argentina y con una mayor alineación del país con Washington.

Uno de los casos que menciona es el programa FIRST (Infraestructura Fundacional para el Uso Responsable de la Tecnología de Reactores Modulares Pequeños), una iniciativa impulsada por Estados Unidos para fortalecer la adopción internacional de pequeños reactores modulares. Argentina se incorporó al programa y posteriormente participó en actividades vinculadas con el desarrollo de esa tecnología.

La discusión, en este punto, gira alrededor de una pregunta: si la cooperación internacional fortalece las capacidades nacionales o si termina reemplazando el desarrollo propio por una dependencia tecnológica.

Uranio y minerales estratégicos: Argentina ante una nueva disputa global
El interés por los recursos naturales estratégicos suma otro capítulo al debate.

Argentina posee reservas de uranio y una historia vinculada a su explotación. El yacimiento Sierra Pintada, en Mendoza, fue uno de los principales proyectos del país hasta su cierre en la década de 1990.

El contexto internacional volvió a poner al uranio en el centro de la agenda. Estados Unidos posee una importante infraestructura nuclear, pero depende ampliamente del suministro externo para abastecer sus centrales.

La búsqueda de nuevos proveedores aparece especialmente vinculada a la decisión estadounidense de reducir su dependencia del uranio proveniente de Rusia.

En ese escenario, Argentina adquiere relevancia por sus recursos naturales.

"Javier Milei se lo pone en bandeja", afirma Malinovsky.

El punto de discusión, plantea, es si el país quedará limitado a exportar materias primas o si utilizará esos recursos para fortalecer una cadena tecnológica propia.

"Por un lado vemos la destrucción de capacidades autónomas y, por otro lado, la reconfiguración de una dependencia con Estados Unidos", resume.

El debate de fondo: qué modelo energético quiere Argentina
La discusión nuclear, en definitiva, supera el destino de un organismo, una empresa o un reactor específico.

Para Malinovsky, cada decisión forma parte de una transformación más amplia del modelo productivo argentino, donde sectores como energía, minería y tecnología ocupan un lugar central en la disputa económica internacional.

"El eje energético, los minerales críticos y los minerales estratégicos son fundamentales en esa carrera de disputa tecnológica y comercial", plantea.

El interrogante que queda abierto es si Argentina utilizará esas áreas estratégicas para construir capacidades propias o si se limitará a integrarse al mercado internacional como proveedor de recursos.

"El riesgo no es perder negocios, sino perder la capacidad de decidir qué país queremos tener", afirma.

El CAREM y la disputa por la explicación oficial
La polémica alrededor del reactor CAREM se convirtió en uno de los puntos más visibles de la discusión sobre el futuro nuclear argentino.

Luego de las críticas por la paralización del proyecto, el Gobierno difundió una explicación técnica para justificar la decisión. El argumento central fue que el reactor presentaba problemas de ingeniería que impedían continuar con su desarrollo en las condiciones previstas.

Malinovsky cuestiona esa interpretación y considera que la explicación busca justificar la cancelación de un proyecto que ya había atravesado una etapa avanzada de construcción.

"Están intentando justificar haber cancelado un reactor que estaba al 65% de construcción", afirma.

El ingeniero también pone el foco en la participación de algunos actores vinculados a esa evaluación. Menciona el caso de Eduardo Nies, quien fue presidente de Nucleoeléctrica Argentina y actualmente ocupa un cargo ejecutivo en Meitner Energy.

Para Malinovsky, esa situación merece ser observada porque involucra a personas relacionadas tanto con la evaluación crítica del CAREM como con una empresa privada que comenzó a incorporar trabajadores provenientes del sistema nuclear estatal.

De todos modos, reconoce que todo desarrollo tecnológico atraviesa procesos de revisión permanente.

"Cuando uno está hablando de un desarrollo tecnológico nuevo, todo el tiempo está haciendo evaluaciones, reevaluaciones, ajustes y correcciones", explica.

La discusión, entonces, no pasa por negar la existencia de desafíos técnicos, sino por la decisión política de continuar o abandonar un desarrollo estratégico.

Una capacidad construida durante generaciones
El caso CAREM concentra, para Malinovsky, el núcleo del debate actual: qué lugar ocupará Argentina dentro del mapa tecnológico internacional.

El país fue uno de los pocos en América Latina que logró desarrollar capacidades propias en materia nuclear y llegó a avanzar en el diseño de un reactor modular pequeño.

La interrupción del proyecto representa, desde esa perspectiva, algo más profundo que la suspensión de una obra de infraestructura. Implica la pérdida de una trayectoria tecnológica que llevó décadas construir.

"Es correr a la Argentina del mapa de los países con capacidades de construcción de reactores de este tipo", sostiene.

La advertencia atraviesa toda la discusión: una central, un reactor o una empresa pueden recuperarse con inversión; reconstruir comunidades técnicas, equipos especializados y conocimiento acumulado requiere mucho más tiempo.

La energía nuclear argentina se encuentra así frente a una definición de largo plazo. El debate ya no se limita a cuánto cuesta sostener un proyecto, sino a cuánto cuesta perder la capacidad de hacerlo.

La disputa por el futuro nuclear argentino combina cuestiones económicas, laborales, tecnológicas y geopolíticas. Los despidos en organismos públicos, el destino de Nucleoeléctrica, la paralización del CAREM y la llegada de nuevos actores privados forman parte de una misma discusión: qué papel tendrá el Estado en la construcción de capacidades estratégicas.

El problema central no es solamente la pérdida de inversiones o proyectos puntuales, sino la posibilidad de que el país abandone herramientas que tardó décadas en desarrollar.

La pregunta que queda abierta es si Argentina seguirá construyendo tecnología propia o si ocupará un lugar principalmente ligado a la provisión de recursos dentro de una disputa global por la energía y los minerales estratégicos.

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"No llegamos a fin de mes": el reclamo de los trabajadores que sostienen la salud pública en Rosario

Con salarios que oscilan entre 750.000 y 850.000 pesos, trabajadores de hospitales y centros de salud municipales advierten sobre la pérdida de poder adquisitivo, la falta de personal, el deterioro edilicio y una creciente demanda de pacientes. Martín Crer, delegado del Hospital Roque Sáenz Peña, sostiene en Señales que el deterioro del sistema amenaza a una red de salud pública históricamente reconocida en Argentina y Latinoamérica

Un conflicto que se extendió por toda la red de salud

Durante las últimas semanas, las asambleas, las ollas populares y las protestas comenzaron a repetirse en distintos hospitales y centros de salud municipales de Rosario. Detrás de esas medidas, los trabajadores denuncian salarios que no alcanzan para cubrir el costo de vida, falta de personal, problemas de infraestructura y un sistema sanitario que, aseguran, se deteriora mientras crece la demanda de pacientes.

Uno de los protagonistas de ese reclamo es Martín Crer, trabajador administrativo del área de Compras del Hospital Roque Sáenz Peña y delegado de sus compañeros. Según explica en Señales, el conflicto comenzó hace aproximadamente dieciocho semanas en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela y, con el paso de los días, fue sumando adhesiones de otros efectores municipales hasta llegar al Roque Sáenz Peña.

Allí, las asambleas resolvieron unificar el reclamo con el resto de los trabajadores y organizar una olla popular frente al hospital como forma de visibilizar una situación que, sostienen, se agrava desde hace años.

Salarios por debajo de la canasta familiar
El principal eje del conflicto es el atraso salarial. Los trabajadores municipales de la salud, afirma el delegado, perciben ingresos que oscilan entre los 750.000 y los 850.000 pesos mensuales, cifras que —según remarca— los ubican muy por debajo del costo de la canasta familiar.

"Solicitamos un aumento significativo porque los sueldos están atrasadísimos", resume.

La situación golpea especialmente al personal no profesional, que depende de la realización de horas extras para completar sus ingresos.

"No es para darnos un lujo", aclara. "Las horas extras hoy son parte del salario que nos permiten poner un plato de comida en nuestras casas".

Entre los profesionales, añade, el panorama tampoco resulta alentador. Muchos se ven obligados a sostener dos, tres e incluso cuatro empleos en el sector privado para poder mantener a sus familias.

Infraestructura deteriorada y falta de inversión
Pero el reclamo, insiste, excede la discusión salarial. Los trabajadores también denuncian años de desinversión en infraestructura, mantenimiento y equipamiento.

Como ejemplo menciona la situación del Hospital Roque Sáenz Peña, un edificio con varias décadas de antigüedad que permanece sin suministro de gas desde febrero, luego de que una pérdida fuera detectada por Litoral Gas, que decidió interrumpir el servicio.

Para el delegado, ese episodio no constituye un hecho aislado sino la consecuencia de una política sostenida durante años.

"Es producto de la falta de inversión. De esta gestión, de la anterior, de la anterior y de la anterior", afirma, al considerar que existe una continuidad en las políticas aplicadas.

A ese panorama suma los recortes en programas nacionales de provisión de medicamentos, una reducción que —asegura— ni la Provincia ni el Municipio lograron compensar completamente.

Mientras tanto, la demanda sobre el sistema público continúa creciendo. El propio municipio informó que la cantidad de pacientes atendidos en la red pública aumentó un 25 por ciento entre 2024 y 2025, un dato que los trabajadores consideran incluso inferior al incremento real que observan diariamente.

Más pacientes, menos trabajadores
Ese crecimiento, explica, tiene un impacto directo sobre quienes sostienen el funcionamiento cotidiano de hospitales y centros de salud.

"Se incrementa la cantidad de pacientes, se incrementa la cantidad de trabajo y se incrementa la complejidad del trabajo", describe.

Sin embargo, esa mayor exigencia no fue acompañada por una ampliación de la planta de personal. Según denuncia, los ingresos al sistema municipal permanecen prácticamente congelados desde hace años y sólo se producen para cubrir, de manera parcial, las vacantes que dejan quienes se jubilan, renuncian o fallecen.

El resultado, advierte, es un número cada vez menor de trabajadores para responder a una demanda creciente.

"Todo termina repercutiendo en la calidad de atención que se le está brindando a la población, que es mala", sostiene.

Aun así, remarca que son los propios trabajadores quienes más interés tienen en revertir esa situación, porque consideran que son quienes sostienen diariamente la salud pública municipal. Por eso insiste en que el reclamo no apunta únicamente a una mejora salarial, sino también a "la defensa de una salud pública de calidad para todos".

La preocupación resulta todavía mayor por el lugar que Rosario ocupó durante años como referencia sanitaria. La red municipal llegó a ser reconocida entre las más destacadas de Argentina y de Latinoamérica, un prestigio que quienes integran el sistema todavía reivindican con orgullo.

A juicio del delegado, ese reconocimiento histórico hoy se encuentra amenazado por un proceso de deterioro que involucra a los distintos niveles del Estado.

"Es muy importante el deterioro y hacia dónde están apuntando desde el gobierno nacional, provincial y municipal, porque no hay diferencias ahí", concluye.

Además, advierte que el problema trasciende la situación laboral de los trabajadores.

"La salud pública es escuela también para la salud; entonces, el golpe a la salud pública es un golpe a la salud en general", resume.

Sobrecarga laboral y pérdida del poder adquisitivo
La presión sobre el sistema público, sostiene el delegado, crece al mismo tiempo que se profundiza la situación económica de muchas familias. Si bien el municipio informó oficialmente que la demanda de pacientes aumentó un 25 por ciento entre 2024 y 2025, los trabajadores consideran que el incremento es todavía mayor.

El cambio en el perfil de quienes concurren a los efectores públicos también es una señal de esa transformación. Ya no sólo llegan personas sin cobertura médica, sino también pacientes con obra social que dejaron de atenderse en el sector privado porque no pueden afrontar los costos de los coseguros.

Ese aumento de la demanda, advierte Crer, no estuvo acompañado por un crecimiento del presupuesto, del número de trabajadores ni de los salarios. Por el contrario, asegura que desde enero de 2023 el personal municipal de salud perdió alrededor del 30 por ciento de su poder adquisitivo.

"Todo esto afecta la calidad del trabajo. Nos afecta a nosotros porque no podemos brindar respuestas, estamos sobrecargados, trabajamos largas jornadas, atendemos muchos más pacientes y, aun así, la plata no nos alcanza para llegar a fin de mes", explica.

La consecuencia, agrega, es un estado permanente de estrés que termina afectando tanto a quienes trabajan en el sistema como a la atención que reciben los pacientes.

Las horas extras como parte del salario
A pesar de las asambleas, movilizaciones y distintas medidas de protesta, el trabajador del Roque Sáenz Peña asegura que no existió un canal de diálogo directo con las autoridades municipales.

En ese contexto, relata una situación que, según interpreta, profundizó el malestar entre los empleados. Luego de la olla popular realizada frente al hospital —una actividad que, aclara, se desarrolló fuera del horario laboral y sin afectar el normal funcionamiento del establecimiento—, él y un compañero del Hospital Vilela detectaron que en sus recibos de sueldo no figuraba el pago de las horas extras realizadas durante mayo.

Al comenzar las consultas, recuerda, no recibieron inicialmente una explicación clara. Al día siguiente les informaron que existía una denuncia anónima por supuesto incumplimiento de horario, motivo por el cual se había iniciado una investigación administrativa.

Hasta que ese proceso finalizara, les comunicaron que las horas extras no serían abonadas y que tampoco podrían continuar realizándolas.

La decisión generó preocupación entre los trabajadores porque llegó apenas una semana después de que hubieran planteado públicamente que esas horas adicionales eran una parte fundamental de sus ingresos.

"Entendemos que esa medida se materializa en dos compañeros, pero apunta a romper la unidad de los hospitales y los centros de salud y a callar a los compañeros que están con ánimo de salir a luchar", sostiene.

Según explica, las horas extras representan aproximadamente un 40 por ciento de su salario, por lo que la suspensión de ese ingreso tiene un impacto directo en la economía familiar. Actualmente, ambos trabajadores se encuentran asesorados legalmente mientras esperan definiciones sobre la investigación.

Para el delegado, este tipo de situaciones también genera temor entre otros compañeros y compañeras que participan de los reclamos.

"Genera miedo, claro que sí", afirma.

A su entender, el mensaje que recibe el personal es que una denuncia anónima puede derivar en la suspensión de un ingreso esencial hasta que finalice una investigación cuyo plazo no está definido.

"Esa es la manera que tiene de comunicarse la gestión", resume.

Un reclamo que une salario y defensa de la salud pública
Durante las movilizaciones realizadas en distintos puntos de la red municipal, los trabajadores encontraron también el acompañamiento de muchos pacientes. Para el delegado, ese respaldo tiene una explicación: quienes concurren a hospitales y centros de salud públicos comparten muchas veces la misma realidad económica que los propios empleados.

El reclamo salarial y la defensa del sistema sanitario, sostiene, forman parte de una misma discusión.

"No son dos reclamos. El aumento salarial y la defensa de la salud pública van en la misma línea", afirma.

Quienes llegan a los efectores municipales, explica, son en muchos casos trabajadores que atraviesan dificultades similares.

"Son trabajadores como nosotros, trabajadores pobres como nosotros", señala.

Por eso, incluso en medio del conflicto, asegura que el objetivo continúa siendo brindar la mejor atención posible.

La salida de profesionales y la discusión salarial
Otro de los puntos que preocupa a los trabajadores es la pérdida de profesionales que abandonan el sistema público para buscar mejores condiciones laborales en el sector privado.

Aunque no cuenta con cifras precisas, el delegado sostiene que esa situación se observa especialmente en algunas especialidades, donde los profesionales encuentran mejores ingresos fuera del ámbito municipal.

La continuidad del conflicto queda ahora vinculada a dos escenarios: la situación de los trabajadores afectados por la investigación administrativa y la negociación salarial.

Luego de una nueva asamblea realizada en el CEMAR, los empleados aguardan definiciones mientras avanzan las discusiones paritarias.

En ese punto, Crer remarca que la negociación salarial corresponde institucionalmente al Sindicato de Trabajadores Municipales y reclama que los dirigentes logren una recomposición que permita recuperar parte del poder adquisitivo perdido.

Para los trabajadores, explica, un salario digno no es una expresión abstracta: significa poder cubrir las necesidades básicas.

"Nos tiene que permitir llegar a fin de mes", afirma.

Como referencia, menciona el valor estimado de la canasta familiar, que ubica actualmente en torno a los 2.800.000 pesos mensuales, una cifra muy alejada de los ingresos que perciben muchos empleados municipales de la salud.

También describe cómo funciona habitualmente la discusión salarial estatal. Primero se desarrollan las negociaciones entre el gobierno provincial y los gremios ATE y UPCN; luego las correspondientes a los profesionales de la salud, con SiPrUS y AMRA; más tarde las del sector docente y, finalmente, las de los trabajadores municipales.

"Generalmente termina siendo el mismo número, con algunas diferencias puntuales", explica.

Una despedida en medio del reclamo
Antes de finalizar la conversación, el conflicto salarial y las demandas laborales quedaron momentáneamente en segundo plano. El delegado quiso dedicar unas palabras a Elena, una trabajadora administrativa del Hospital Roque Sáenz Peña que falleció luego de descompensarse mientras se dirigía a cumplir una guardia.

Conmovido, envió un saludo a su familia y recordó a una compañera de muchos años, reconocida por su cercanía con quienes compartían diariamente el hospital.

Elena se desempeñaba en el área de turnos y durante largo tiempo estuvo vinculada al servicio de Pediatría, donde asignaba turnos antes de la implementación del sistema centralizado.

"Nos brindaba, con sus chistes, gratos momentos", recordó.

Su despedida quedó como el último mensaje de una entrevista atravesada por reclamos, preocupación y también por el reconocimiento hacia quienes sostienen cotidianamente la salud pública.

"Va a estar presente siempre en nosotros", concluyó.

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sábado, 18 de julio de 2026

Osvaldo Nemirovsci: "La inteligencia artificial no es el peligro; el problema es quién la controla"

El ex diputado nacional cuestiona en Señales el RIGI como estrategia de desarrollo, advierte sobre el poder creciente de las grandes corporaciones tecnológicas y reclama un Estado capaz de regular la inteligencia artificial sin resignar soberanía. En ese recorrido también reivindica la Televisión Digital Abierta como la prueba de que la innovación tecnológica puede convertirse en una política pública con impacto productivo, industrial y social

El énfasis de la nada

Osvaldo Nemirovsci (foto) no cree que los anuncios del Gobierno sobre convertir a la Argentina en un polo de desarrollo de inteligencia artificial tengan, por ahora, un correlato real. Detrás de la promesa del gobierno de Javier Milei, que presenta al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) —y su versión ampliada, el denominado "Super RIGI"— como la herramienta para atraer inversiones tecnológicas de escala global, el ex diputado nacional observa más una construcción discursiva que una política de desarrollo.

Su definición es deliberadamente provocadora: se trata de "polvo en el viento". Incluso ensaya otra imagen, todavía más contundente: lo que hace el Gobierno en esta materia es "el énfasis de la nada", acompañado por "cierto barroquismo para palabras devaluadas".

Nemirovsci, ex diputado nacional por Río Negro, coordinador general del Consejo Asesor del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre y analista de políticas públicas, ha dedicado buena parte de sus trabajos a estudiar la relación entre comunicación, tecnología, democracia y soberanía. Desde esa perspectiva, interpreta que la apuesta oficial por la inteligencia artificial como eje casi excluyente de la política científica y tecnológica responde antes a una definición ideológica que a una estrategia de desarrollo.

Según plantea, el Gobierno busca exhibir a la Argentina ante el mundo como "el país con mayor libertad", con "las políticas más liberales de la historia de la humanidad". Bajo esa lógica, sostiene, se diseñó un régimen de inversiones pensado para garantizar que los grandes capitales no encuentren obstáculos a su rentabilidad y puedan retirar recursos del país con amplias facilidades.

Para Nemirovsci, el RIGI expresa un extremo ideológico: la idea de que la ausencia de controles es, en sí misma, una ventaja competitiva. Desde esa mirada, cuestiona el esquema tributario previsto por el régimen porque considera que resulta ampliamente perjudicial para el Estado argentino.

Enumera que contempla beneficios como la exención de impuestos como Ganancias e Ingresos Brutos, facilita la salida de capitales al exterior y no establece condiciones que históricamente estuvieron vinculadas a los procesos de promoción industrial: la incorporación de proveedores nacionales, la participación de pequeñas y medianas empresas en las cadenas de valor o la generación de empleo argentino.

"El RIGI no pide mano de obra nacional", resume.

Habla desde su experiencia en Bariloche, donde reside y conoce de cerca uno de los entramados tecnológicos más importantes del país: el desarrollado alrededor de INVAP y su articulación con ARSAT. Allí, recuerda, unas 200 o 250 pymes participan como proveedoras de materiales, insumos y componentes, conformando un ecosistema productivo que, a su juicio, el nuevo régimen ignora.

Para el ex legislador, ese modelo de incentivos no apunta a construir capacidades nacionales, sino a enviar una señal política al mercado internacional: mostrar que la Argentina está dispuesta a desregular como pocos países.

Peter Thiel, Palantir y el debate que falta
En esa discusión ubica también la cercanía del Gobierno con Peter Thiel y con Palantir Technologies, la empresa de análisis de datos e inteligencia artificial vinculada al empresario.

Nemirovsci aclara que su preocupación no pasa simplemente por la existencia de una compañía tecnológica, sino por la concepción política que atribuye a Thiel. Lo describe como un empresario que "juega a la ciencia política con mucha fuerza" y que sostiene que el capitalismo no necesita de la democracia para desarrollarse.

Esa idea, advierte, entra en tensión con la tradición democrática que, según su visión, debe orientar la actividad económica. También considera que esa concepción atraviesa la manera en que Thiel entiende la inteligencia artificial.

"No es la inteligencia artificial científica; es la de él", plantea, diferenciando entre una tecnología orientada al conocimiento y otra vinculada a determinados intereses empresariales y estratégicos.

Por eso considera que una eventual expansión de ese universo tecnológico en la Argentina debería abrir un debate público más profundo. Aunque reconoce que quizás hoy no sea una preocupación cotidiana para millones de personas, sostiene que debería serlo porque la inteligencia artificial y la automatización ya están modificando las relaciones laborales y las condiciones de vida.

El reemplazo de tareas humanas por sistemas robotizados, explica, dejó de ser una hipótesis de ciencia ficción. Menciona las discusiones internacionales sobre la posibilidad de establecer mecanismos como un salario universal para quienes pierdan definitivamente sus empleos por la automatización y observa que sectores como la industria automotriz y el transporte avanzan cada vez más hacia procesos con menor incorporación de trabajadores.

"Esto está ocurriendo", afirma. No se trata, dice, de un escenario futuro lejano, sino de una transformación que ya comenzó.

En uno de los pasajes más gráficos de la conversación, Nemirovsci recurre a una metáfora para explicar la dimensión del fenómeno. Dice que suele pensar a Peter Thiel y Palantir como una versión "casi documental" de las películas de terror, zombis y ciencia ficción.

La diferencia, explica, es que esas historias pertenecen a la ficción, mientras que aquello que representa Thiel "existe, ocurre". Esa es la razón por la que busca instalar el debate: no porque la inteligencia artificial sea una amenaza en sí misma, sino porque considera necesario discutir quién la conduce y bajo qué reglas.

La tecnología no es el problema; la ausencia de reglas, sí
Nemirovsci rechaza cualquier interpretación que lo ubique en una postura contraria al avance tecnológico. Aclara que está "lejísimos" de quienes históricamente intentaron frenar las innovaciones por temor a sus consecuencias.

Recuerda, como ejemplo, a los agricultores franceses que en el siglo XVIII destruyeron máquinas cosechadoras y trilladoras porque temían perder sus empleos. Su posición, afirma, está en las antípodas: cree que el desarrollo tecnológico debe mejorar la vida humana.

La inteligencia artificial, y también la futura evolución hacia tecnologías como la inteligencia cuántica, forman parte de un camino científico que considera irreversible. El desafío, sostiene, no es detener ese proceso, sino acompañarlo con instituciones capaces de equilibrar sus efectos.

"Hay que tomarla, es un camino de la ciencia, es un camino de la tecnología, es un camino del mundo digital", plantea.

El punto central, para él, está en establecer regulaciones que impidan que las grandes corporaciones tecnológicas acumulen un poder capaz de afectar las bases de las sociedades democráticas.

Esa preocupación, explica, viene de lejos. Recuerda que en 2006, cuando era diputado nacional, presentó junto a la entonces legisladora Rosario Romero un proyecto sobre delitos informáticos que terminó derivando en modificaciones al Código Penal.

En aquel momento, el escenario digital era mucho más limitado: los debates giraban alrededor del correo electrónico y de las primeras formas de comunicación informática. Sin embargo, ya advertían sobre la necesidad de establecer límites legales frente a los nuevos usos de la tecnología.

Desde entonces, sostiene, insistió en la necesidad de crear una institucionalidad específica para abordar el mundo digital. Incluso durante gobiernos con los que tuvo afinidad política —"yo soy peronista", aclara— planteó la creación de un organismo que reuniera las áreas dispersas entre Economía, Ciencia y Tecnología, Cancillería y otros sectores vinculados a las comunicaciones.

Su propuesta era avanzar hacia un Ministerio de las Comunicaciones y de la Informática que pudiera diseñar políticas públicas y establecer una estrategia nacional frente al crecimiento de las plataformas digitales.

Para Nemirovsci, esa sigue siendo la única forma de equilibrar el poder de las grandes compañías algorítmicas, las denominadas GAFAM —Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft— y las nuevas empresas vinculadas a la inteligencia artificial.

"Lo único que puede detener en tiempo el avance descontrolado de las empresas algorítmicas es una regulación que vaya equilibrando el poder de estas empresas y de esta tecnología con el derecho", sostiene.

A su entender, algunos países ya avanzan en esa dirección. Destaca especialmente el trabajo regulatorio de la Unión Europea, menciona los avances de España y los intentos realizados por Chile. En contraste, considera que la Argentina quedó rezagada.

La disputa por el control de los recursos estratégicos
Cuando la conversación avanza hacia el impacto económico y ambiental de los grandes proyectos vinculados a la inteligencia artificial, Nemirovsci vuelve sobre una idea que considera central: apoyar la tecnología no significa aceptar cualquier modelo de implementación.

Su posición, insiste, está lejos de cualquier rechazo al progreso. Cree que el avance tecnológico puede mejorar la vida de las personas, pero bajo una condición: debe estar conducido por la sociedad y no exclusivamente por intereses privados.

"Cada paso tecnológico tiene que tener una figura humana visible, notoria y personalizada a su frente", plantea. Para eso, propone transparencia, códigos abiertos que permitan comprender cómo funcionan los desarrollos digitales y una formación educativa que prepare a las nuevas generaciones con pensamiento crítico.

Desde su perspectiva, la escuela tiene un papel fundamental. La alfabetización tecnológica, sostiene, no debe limitarse al aprendizaje de herramientas, sino incluir una mirada humanista capaz de comprender las consecuencias sociales de cada innovación.

La preocupación aparece, especialmente, cuando imagina la administración privada de algoritmos en áreas estratégicas para un país. Menciona la salud, el transporte, los sistemas bancarios y las redes energéticas como sectores donde las decisiones automatizadas podrían quedar subordinadas a criterios exclusivamente económicos.

Para explicarlo, plantea escenarios extremos: una empresa que decidiera interrumpir el suministro eléctrico durante dos días para reducir costos energéticos, o un sistema sanitario cuya infraestructura tecnológica quedara paralizada en medio de una emergencia porque una decisión empresarial priorizó la rentabilidad sobre la seguridad pública.

No se trata, aclara, de negar la participación privada, sino de establecer límites cuando están en juego derechos básicos.

Ese es también el punto desde el cual vuelve a cuestionar la visión asociada a Peter Thiel. Si el empresario sostiene que el capitalismo puede desarrollarse sin democracia, Nemirovsci plantea exactamente lo contrario: la democracia debe ser capaz de conducir al capitalismo.

"No planteo un modelo económico diferente al capitalismo", aclara. La discusión, explica, pasa por definir quién orienta ese sistema y con qué objetivos.

A lo largo de la historia, sostiene, existieron modelos capitalistas con una fuerte dimensión social, solidaria y comunitaria que generaron niveles de bienestar superiores a los producidos por un capitalismo sin límites.

La pregunta de fondo, entonces, no es tecnología sí o tecnología no. Es quién establece las reglas.

Desregulación como modelo

Desde esa perspectiva, Nemirovsci observa una contradicción entre el rumbo que toma la Argentina y el camino que recorren otros países.

Mientras varias regiones avanzan hacia marcos regulatorios para limitar el poder de las grandes plataformas tecnológicas, sostiene, el Gobierno argentino profundiza una política basada en la desregulación.

En ese punto señala especialmente al ministro Federico Sturzenegger, a quien define como "un adalid de la desregulación exagerada".

Su crítica, explica, no se limita al campo tecnológico. Como ejemplo menciona los proyectos destinados a flexibilizar las restricciones para la venta de tierras a extranjeros, una discusión que, desde su mirada, involucra cuestiones económicas pero también estratégicas.

Habla desde la experiencia patagónica. Recuerda que la región tiene una historia marcada por conflictos limítrofes y que la protección de determinados territorios fronterizos responde a razones de soberanía, no a posiciones xenófobas.

Menciona la tensión histórica con Chile hace más de cuatro décadas, cuando ambos países estuvieron cerca de un enfrentamiento armado por cuestiones territoriales, y sostiene que esas experiencias explican la existencia de determinadas restricciones legales.

También recuerda un caso en Río Negro donde, según afirma, un empresario árabe adquirió unas 10.000 hectáreas de manera irregular. Para él, ese episodio representa el riesgo de una lógica donde la eliminación de controles se presenta como sinónimo de modernización.

La misma preocupación la traslada al terreno tecnológico.

Mientras la Argentina ofrece beneficios fiscales y regulatorios a grandes inversiones a través del RIGI y el denominado Super RIGI, Nemirovsci observa que otros países avanzan en sentido inverso: regulan para que las inversiones produzcan beneficios concretos en las sociedades donde llegan.

Menciona el caso europeo y recuerda las investigaciones y sanciones contra grandes plataformas digitales. Señala especialmente las discusiones alrededor de Meta y las responsabilidades exigidas a sus autoridades por el uso de las redes sociales.

El contraste, según su análisis, es evidente: mientras algunos Estados buscan equilibrar el poder de las empresas tecnológicas, la Argentina corre el riesgo de entregar ventajas sin exigir compromisos equivalentes.

Con una expresión contundente, define ese modelo como "un manual de baratura ética nacional".

La frase sintetiza, según explica, una política donde el país se presenta como un territorio barato para los grandes capitales: barato en impuestos, barato en controles y barato en exigencias.

Río Negro como ejemplo del debate
Nemirovsci vuelve sobre su provincia para explicar cómo esa lógica se expresa en el territorio.

Recuerda que Río Negro adhirió al RIGI nacional y aprobó además un régimen propio. Su preocupación se concentra especialmente en las zonas portuarias vinculadas al desarrollo energético, como Punta Colorada en San Antonio Oeste, donde cuestiona que los organismos públicos tengan una participación limitada frente a los inversores privados.

Menciona el proyecto asociado a los buques licuefactores de gas y advierte que un esquema donde municipios y provincias quedan sin capacidad efectiva de intervención puede generar espacios sin controles suficientes.

"Ese es el reino de la entrada de la droga, del viva la pepa", afirma para describir lo que considera una consecuencia extrema de la ausencia de supervisión estatal.

Frente a ese escenario, insiste en que su planteo no busca excluir a las empresas. Por el contrario, sostiene que deben formar parte del proceso de construcción de reglas.

También deben participar, afirma, las universidades, la comunidad científica, las cooperativas, los actores sociales y el Estado.

La regulación adecuada, plantea, no puede surgir de una sola parte, sino de una inteligencia colectiva capaz de acompañar una transformación que siempre avanza más rápido que las instituciones.

"La tecnología siempre va más veloz que el derecho; tenemos que correr muy de atrás", resume.

Tecnología, empleo y una economía en tensión
Nemirovsci rechaza también las visiones apocalípticas sobre el futuro laboral.

No imagina una guerra entre humanos y máquinas ni un escenario donde la inteligencia artificial termine enfrentándose a las personas. Tampoco cree que la respuesta sea destruir tecnología para preservar empleos.

La convivencia entre trabajadores y sistemas automatizados, sostiene, es posible.

Reconoce que existen estimaciones que proyectan la pérdida de alrededor de 90 millones de puestos de trabajo en el mundo como consecuencia de la robotización, pero recuerda que otras proyecciones calculan una creación similar de nuevos empleos vinculados a esas mismas tecnologías.

El resultado, afirma, todavía no está definido.

El desafío es construir un marco político y económico que permita aprovechar la innovación sin sacrificar derechos laborales ni capacidades productivas.

Sin embargo, considera que la Argentina atraviesa hoy un escenario particularmente complejo para discutir ese futuro.

Asegura que, aunque el deterioro productivo tiene antecedentes previos, los últimos dos años profundizaron la crisis hasta niveles que define como "catastróficos".

Según su diagnóstico, con excepción de sectores como la minería, la energía y el petróleo, prácticamente todas las ramas de la economía muestran retrocesos. Incluye allí a la industria automotriz, textil, del cuero, del caucho, el comercio y también al agro.

Ese proceso, advierte, tiene consecuencias directas sobre el empleo y el poder adquisitivo.

Cuestiona la idea de que una baja de la inflación sea suficiente para describir una mejora económica. Para millones de trabajadores, sostiene, el problema central es que el salario dejó de alcanzar.

Incluso quienes tienen empleo formal, con obra social, vacaciones y aguinaldo, enfrentan dificultades para sostener su nivel de vida.

Nemirovsci señala una paradoja que considera inédita: trabajadores registrados que siguen siendo pobres.

A su entender, una economía que pierde capacidad productiva, empleo y salario difícilmente pueda presentarse como preparada para liderar una transformación tecnológica.

Por eso concluye que las promesas de grandes desarrollos de inteligencia artificial y empresas algorítmicas, en el contexto actual, corren el riesgo de convertirse en una ilusión más que en un verdadero proyecto nacional.

La Televisión Digital Abierta como otra idea de desarrollo

Hacia el final de la conversación, la mirada de Nemirovsci vuelve sobre una experiencia concreta que, para él, funciona como ejemplo de una política tecnológica con una lógica diferente: la Televisión Digital Abierta (TDA).

El dato que dispara el recuerdo es el comportamiento del mercado durante el Mundial. A diferencia de lo ocurrido en Qatar 2022, el actual ciclo mundialista no produjo un aumento significativo en la venta de televisores de gran tamaño. Sin embargo, sí generó un crecimiento notable en la demanda de antenas para acceder a la señal digital abierta.

Para Nemirovsci, ese fenómeno tiene un significado que excede el consumo tecnológico. Es, según su interpretación, una reivindicación de una política pública que ayudó a crear y poner en marcha durante ocho años.

"Yo puse el alma ahí", recuerda al hablar del proceso de construcción de la TDA. Durante ocho años estuvo al frente como coordinador general del Consejo Asesor del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre, desde donde participó del diseño, la implementación y la expansión de una política pública que considera una de las experiencias tecnológicas más exitosas de aquellos años.

Aclara, además, que la Televisión Digital Abierta nunca fue concebida como una herramienta partidaria, una crítica que, sostiene, se instaló desde algunos sectores que la definieron como "la televisión kirchnerista".

Para él, esa interpretación desconoce el verdadero objetivo del proyecto. La TDA fue pensada como un sistema de estandarización tecnológica para modernizar toda la televisión argentina, no solamente la televisión pública.

Recuerda que las primeras pruebas se realizaron junto con señales privadas como Canal 13 y Telefe, además de otros actores del sector audiovisual, compartiendo información técnica y conocimientos para acompañar la transición hacia la digitalización.

El impacto, sostiene, fue mucho más amplio que la incorporación de una nueva tecnología de transmisión.

La implementación de la TDA permitió recuperar capacidades industriales vinculadas a la fabricación de antenas, cables y equipamiento electrónico. Generó exportaciones hacia países vecinos como Bolivia, Chile y Paraguay y abrió oportunidades laborales vinculadas a la producción audiovisual.

También destaca la creación de polos audiovisuales en universidades nacionales de todo el país, donde se llegaron a producir unas 7.000 horas de contenido.

Ese entramado permitió el surgimiento de nuevos trabajos para actores, guionistas, directores, técnicos, maquilladores y trabajadores vinculados a la industria cultural.

Para Nemirovsci, esa experiencia representa exactamente el modelo que reclama cuando habla de tecnología y soberanía: una política donde el conocimiento, el Estado, las empresas, las universidades y la sociedad pueden formar parte de un mismo proceso de desarrollo.

Una señal del futuro posible
El crecimiento reciente de la venta de antenas, que estima en un 2.500 por ciento, refuerza para Nemirovsci esa lectura.

Explica que los televisores actuales ya incorporan internamente la tecnología necesaria para recibir la señal digital y que, por eso, dejaron atrás los conversores que se fabricaban durante los primeros años de implementación.

También reivindica las ventajas técnicas del sistema: una imagen en alta definición de 1080 píxeles, una calidad superior a muchos servicios tradicionales de televisión y una transmisión sin el retraso que suelen tener otras plataformas.

"Uno ve los goles en tiempo real, ve las camisetas con el color real, ve el verde del pasto de la cancha en el color real", describe para explicar la diferencia tecnológica.

Pero su satisfacción no está puesta solamente en la calidad de imagen.

La importancia de la TDA, en su relato, está en demostrar que el desarrollo tecnológico puede seguir otro camino: uno donde una innovación no sea solamente una oportunidad de negocios para grandes corporaciones, sino una herramienta para generar capacidades propias.

En ese sentido, la experiencia de la televisión digital abierta funciona como el contrapunto de toda la conversación. Frente a un modelo basado en incentivos y desregulación, Nemirovsci reivindica una estrategia donde la tecnología se articula con la producción, el empleo, la educación y la soberanía.

La discusión, entonces, vuelve al punto de partida.

La inteligencia artificial no es, para él, el problema. Tampoco lo son las nuevas tecnologías ni la llegada de inversiones internacionales. El desafío consiste en decidir bajo qué reglas se desarrollan y quién tiene la capacidad de orientar ese proceso.

Porque, en su mirada, la diferencia entre una tecnología que concentra poder y una tecnología que amplía derechos no está en la herramienta.

Está en la política que la conduce.

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Fotos: Archivos Señales, Ina Fassbender / AFP

"Nos están dejando sin futuro": el reclamo de los becarios del CONICET que advierten sobre el desmantelamiento del sistema científico

Mientras cientos de investigadores esperan una definición sobre su continuidad laboral, la comunidad científica advierte que el conflicto por las becas posdoctorales es apenas la cara más visible de un proceso de desfinanciamiento que pone en riesgo al sistema científico argentino. Caída histórica de la inversión, pérdida del poder adquisitivo, fuga de cerebros y laboratorios que resisten con recursos cada vez más escasos forman parte de un escenario que, según quienes lo integran, funciona "hasta con alambre". Desde Rosario, el historiador y becario posdoctoral del CONICET Andrés Carminati reconstruye, en diálogo con Señales, las dimensiones de un reclamo que trasciende la situación de 379 becarios y abre un interrogante sobre el futuro de la ciencia pública.

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente. Este miércoles, investigadores, investigadoras y becarios se movilizaron en distintos Centros Científicos Tecnológicos del país para reclamar la continuidad de las becas posdoctorales que vencen el próximo 31 de julio y denunciar el deterioro de las condiciones laborales y presupuestarias del principal organismo de investigación científica de la Argentina.

La protesta tuvo su expresión en Rosario, donde se concentraron frente al Centro Científico Tecnológico local. Sin embargo, el conflicto trasciende la ciudad y alcanza a todo el sistema científico nacional. El foco inmediato está puesto sobre 379 becarios y becarias posdoctorales que ya concursaron para ingresar a la Carrera del Investigador Científico, pero cuyos resultados recién se conocerán en agosto del año próximo. Si son seleccionados, recién podrían incorporarse formalmente a mediados de 2028.

Ese extenso período de espera deja a cientos de científicos frente a un vacío laboral. Si sus becas concluyen el 31 de julio y no son prorrogadas, muchos quedarán sin ingresos y, al mismo tiempo, se verán obligados a abandonar investigaciones que llevan años desarrollando.

Para Andrés Carminati, historiador y becario posdoctoral del CONICET Rosario, esa situación no representa únicamente un problema administrativo. Constituye, en cambio, una amenaza para la continuidad del sistema científico argentino.

Un pedido que ya tiene antecedentes
"Somos alrededor de 400 personas en todo el país que, teniendo beca posdoctoral, nos presentamos a la Carrera del Investigador. Los resultados recién estarán en agosto del año que viene y el ingreso sería a mediados de 2028", explicó.

Por esa razón, el colectivo de becarios solicita una medida que, según remarca, ya fue aplicada en otras oportunidades: una extensión extraordinaria de las becas hasta que concluya el proceso de evaluación.

"Lo que pedimos es poder sostener nuestra línea de investigación y nuestra continuidad laboral hasta que se conozcan los resultados. Esto ya se hizo muchas veces en CONICET; no estamos planteando algo excepcional", afirmó.

La demora, además, encuentra otra explicación. Durante el año anterior no se abrió la convocatoria a la Carrera del Investigador, lo que impidió que muchos becarios pudieran concursar mientras todavía contaban con financiamiento. Esa interrupción terminó desplazando el problema hasta el presente.

El reclamo, sostiene Carminati, no es aislado. Cuenta con el respaldo de los Centros Científicos Tecnológicos de todo el país, de numerosos institutos de investigación e incluso de integrantes del directorio del propio CONICET, quienes firmaron una carta apoyando la solicitud.

"Tiene una lógica de sentido común. Si nosotros nos quedamos sin beca y tenemos que salir a hacer otra cosa, muchas líneas de investigación directamente se rompen".

Cuando una investigación se interrumpe
A diferencia de otros trabajos, la investigación científica no admite pausas sencillas. Detrás de cada proyecto existen años de formación, especialización y producción de conocimiento.

Carminati es historiador, pero entre los afectados hay físicos, químicos, médicos, biólogos, ingenieros, sociólogos y especialistas de prácticamente todas las disciplinas que integran el sistema científico nacional.

"El CONICET abarca todo el sistema científico. No hablamos solamente de un área específica. Si se interrumpe este proceso, quedan investigaciones a la deriva en todos los campos".

La consecuencia inmediata es doble. Por un lado, se paralizan proyectos que requieren continuidad. Por otro, cientos de profesionales altamente calificados quedan sin empleo.

"Quedan a la deriva las investigaciones y quedamos a la deriva un montón de laburantes", resume.

Quince años de formación que el Estado puede perder
Para el investigador, el conflicto también debería analizarse desde una perspectiva económica.

Cada becario representa una inversión pública sostenida durante más de una década. Universidad pública, doctorado, beca doctoral, posdoctorado y formación permanente conforman un recorrido que suele demandar entre quince y veinte años.

"Todos tenemos como mínimo quince años de formación. El Estado invirtió muchísimo dinero pensando en que siguiéramos investigando".

Interrumpir esas trayectorias, sostiene, implica desperdiciar recursos humanos estratégicos para el desarrollo del país.

La comparación que utiliza resulta gráfica: "Argentina exporta futbolistas, pero también exporta investigadores".

Según explica, muchos países desarrollados aprovechan el deterioro del sistema científico argentino para incorporar profesionales altamente capacitados que fueron formados con recursos públicos nacionales.

"Para los países centrales somos una oportunidad. Incorporan personas muy formadas por muy poco dinero porque acá el sistema termina descartándolas".

La ciencia también se fuga
La llamada fuga de cerebros vuelve a aparecer como uno de los mayores temores de la comunidad científica.

"Los países centrales saben perfectamente cuánto cuesta formar investigadores durante quince o veinte años. Nosotros destruimos esa inversión".

Para Carminati, la situación de los becarios es apenas una expresión de un proceso más amplio de desfinanciamiento.

"No es solamente un problema nuestro. Hay una destrucción del CONICET, del sistema universitario y del sistema público".

Una inversión que cae a mínimos históricos
El investigador sostiene que el reclamo por las becas no puede separarse del contexto presupuestario que atraviesa la ciencia argentina.

"Esto ocurre en el marco de una pérdida salarial brutal y de una caída muy fuerte en la inversión en ciencia".

Según indicó, durante la gestión del presidente Javier Milei la inversión científica cayó un 56% y actualmente representa apenas el 0,14% del Producto Bruto Interno, uno de los niveles más bajos registrados desde la crisis de 2001.

La comparación internacional, dice, evidencia la distancia.

"Israel invierte el 6,35% de su Producto Bruto Interno en ciencia; Estados Unidos, el 3,5%; China, el 2,6%. No hay posibilidad de construir un país sin un sistema científico".

Su diagnóstico es contundente.

"Estamos destruyendo un sistema científico que paradójicamente funciona".

"Funciona hasta con alambre"
Pese a las restricciones económicas, el CONICET continúa produciendo investigaciones reconocidas internacionalmente.

"Funciona hasta con alambre, como tantas cosas en Argentina. Pero en algún momento va a dejar de funcionar".

Ese límite, asegura, empieza a hacerse visible.

Más de dos mil personas abandonaron el organismo en los últimos años. Algunos finalizaron sus becas sin posibilidad de continuidad; otros migraron hacia empresas privadas o al exterior en busca de mejores condiciones laborales.

"Lo que nos pasa a nosotros es una foto de una película mucho más grande".

Salarios bajos y dedicación exclusiva
Los becarios posdoctorales perciben actualmente entre 1.200.000 y 1.300.000 pesos mensuales.

Puede parecer un ingreso importante si se lo observa de manera aislada. Sin embargo, el régimen de trabajo impide complementar esos ingresos con otras actividades.

El CONICET exige dedicación exclusiva. Los becarios pueden desempeñarse únicamente con un cargo docente simple y no pueden desarrollar otra actividad profesional en el ámbito privado.

"La ciencia lleva muchísimo tiempo", explica Carminati.

Algunas investigaciones requieren una década para producir resultados.

"La ciencia es algo serio. Hoy parece que todo se resuelve con inteligencia artificial o con un hilo de Twitter. Pero incluso la inteligencia artificial existe gracias a décadas de investigación científica".

Por eso insiste en que producir conocimiento demanda tiempo, estabilidad y financiamiento.

"La mayoría seguimos acá por vocación".

Esa vocación, sin embargo, convive con salarios que considera muy por debajo de los estándares internacionales.

"Hacemos una ciencia excelente con uno de los peores salarios del mundo".

Laboratorios que resisten
El ajuste no se expresa únicamente en los sueldos.

También alcanza la infraestructura, los insumos y el funcionamiento cotidiano de los institutos.

Carminati describe laboratorios que reducen actividades, investigaciones de campo que se suspenden por falta de recursos y edificios cuyo mantenimiento resulta cada vez más difícil.

La imagen más contundente aparece cuando recuerda una situación ocurrida durante el año pasado.

"No teníamos ni papel higiénico en el CONICET".

La frase resume un deterioro que, según afirma, ya dejó de ser una discusión abstracta sobre partidas presupuestarias para convertirse en un problema cotidiano dentro de los lugares de trabajo.

Un sistema que resiste esperando tiempos mejores
El directorio del CONICET está integrado por representantes de las cuatro grandes áreas de investigación y es presidido por el médico veterinario Daniel Salamone, designado por el presidente Javier Milei para conducir el organismo.

Según explicó Carminati, varios de los directores respaldaron formalmente el pedido de los becarios mediante una carta en la que avalaron la extensión extraordinaria de las becas. Sin embargo, aclaró que la resolución no depende exclusivamente del organismo. 

"Todo termina en la cuestión presupuestaria", señaló, y explicó que la asignación de los recursos necesarios debe ser autorizada por la Jefatura de Gabinete.

Mientras tanto, sostuvo que la conducción del CONICET intenta sostener el funcionamiento cotidiano del organismo con recursos cada vez más limitados. "Se ha tratado de aguantar con lo poco que hay, esperando tiempos mejores", resumió. 

Esa estrategia, advirtió, tiene un costo creciente: menos recursos para laboratorios, menor financiamiento para trabajos de campo, deterioro de los edificios y una pérdida constante de investigadores. "En el medio se está desgranando", concluyó.

Lo que está en juego
Para Carminati, la discusión trasciende ampliamente la situación laboral de quienes hoy reclaman una extensión de sus becas.

Lo que está en debate, sostiene, es el lugar que la ciencia ocupará en el proyecto de país.

"Uno puede discutir prioridades presupuestarias, pero ningún país desarrollado llegó a serlo desfinanciando la investigación científica".

La Argentina construyó durante décadas un sistema de universidades públicas y organismos de investigación que logró reconocimiento internacional incluso en contextos económicos adversos. Ese capital, advierte, no puede recuperarse rápidamente una vez que se pierde.

Formar un investigador lleva años. Consolidar equipos científicos demanda décadas. Recuperar proyectos interrumpidos suele ser imposible.

Por eso insiste en que la prórroga de las becas representa apenas el primer paso de una discusión mucho más profunda.

Si cientos de investigadores deben abandonar sus laboratorios, archivos, trabajos de campo o experimentos para buscar otro empleo, no solo se romperán trayectorias personales. También quedarán inconclusas investigaciones financiadas durante años con recursos públicos y se perderá una parte del conocimiento que el país venía construyendo.

En ese escenario, la advertencia de los becarios deja de ser un reclamo sectorial para transformarse en una pregunta sobre el futuro. Porque cuando un sistema científico comienza a perder a quienes lo sostienen, el costo no se mide únicamente en presupuestos o estadísticas. Se mide, sobre todo, en oportunidades que difícilmente vuelvan. Y esa es, precisamente, la preocupación que atraviesa hoy los pasillos del CONICET: que el ajuste no termine dejando sin trabajo a cientos de investigadores, sino también sin horizonte a una de las herramientas fundamentales para pensar y construir el desarrollo de la Argentina.

Escuchá la entrevista completa:

viernes, 17 de julio de 2026

Cadenas que rechazaron emitir el discurso de Donald Trump afrontan amenazas del Gobierno

Las cadenas estadounidenses ABC y NBC quedaron en el centro de la polémica tras negarse a retransmitir en directo y sin verificación el más reciente discurso del presidente Donald Trump, una decisión que derivó en amenazas de represalias por parte del mandatario.

Durante su intervención del jueves, Trump volvió a cuestionar el sistema electoral de Estados Unidos. Afirmó que China intentó interferir en las elecciones de 2020, mencionó supuestas maniobras de Nicolás Maduro para cometer fraude electoral en Venezuela y retomó viejas acusaciones sobre el proceso de votación en Muskegon, Michigan. Además, prometió divulgar cientos de documentos que, de acuerdo con una publicación de Iker Seisdedos en el diario El País, finalmente ofrecieron conclusiones mucho menos contundentes de lo que el presidente había anticipado.

En medio del discurso, Trump dirigió ataques directos contra ABC y NBC, cuestionando su decisión de no emitir sus declaraciones en vivo.

"En una decisión inusual, las cadenas de noticias falsas NBC y ABC han anunciado que no cubrirían este discurso", afirmó el presidente, quien acusó a ambas de ocultar la supuesta corrupción del sistema electoral.

Según recuerda El País, las dos cadenas argumentaron que el contenido del discurso giraba en torno a afirmaciones ya desacreditadas sobre las elecciones de 2020, por lo que optaron por no transmitirlo sin el contexto de una verificación periodística. No obstante, ambas publicaron posteriormente la intervención completa en sus plataformas de streaming y dedicaron espacios informativos para analizarla.

Trump también amenazó con impulsar la revocación de las licencias de emisión de ambas cadenas.

"Utilizan nuestras ondas públicas (...) Lo único que pedimos es honestidad en nuestras elecciones y honestidad en la información", sostuvo.

Otras cadenas también limitaron la transmisión
La decisión no fue exclusiva de ABC y NBC. CNN mantuvo su programación habitual y difundió posteriormente fragmentos acompañados por análisis de sus periodistas. CBS News solo emitió partes del discurso, mientras que MS NOW (antes MSNBC) adoptó una estrategia similar.

La única gran cadena que transmitió íntegramente la intervención fue Fox News. Sin embargo, su cobertura posterior fue inusualmente prudente. El presentador Sean Hannity calificó el discurso de "notable", mientras que el periodista Brett Baier evitó respaldar las afirmaciones presidenciales.

"No estamos en condiciones de evaluar la veracidad de las declaraciones del presidente en este momento", señaló Baier.

Pocos minutos después, Hannity cambió el foco de la programación hacia la guerra en Irán.

El antecedente de Fox News
La cautela de Fox News no pasó inadvertida. En 2023, la cadena aceptó pagar 787 millones de dólares para resolver una demanda por difamación presentada por una empresa de máquinas de votación, tras difundir acusaciones falsas sobre un supuesto fraude electoral en las elecciones de 2020.

De acuerdo con El País, documentos judiciales demostraron que varios presentadores conocían la falsedad de esas afirmaciones, difundidas mientras Trump insistía en que Joe Biden le había robado la elección, una narrativa que desembocó en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Amenazas contra la prensa
No es la primera vez que Trump plantea sancionar a medios de comunicación por su cobertura. En ocasiones anteriores también ha sugerido retirar licencias de emisión a cadenas que considera hostiles e incluso pidió castigar a los medios cuya cobertura sobre su gestión sea "casi 100% negativa".

El eventual encargado de ejecutar una medida de ese tipo sería el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr. Sin embargo, según explica El País, la legislación estadounidense y la protección que otorga la Primera Enmienda limitan significativamente la posibilidad de revocar de forma unilateral las licencias de radiodifusión.

Además, cualquier intento en ese sentido previsiblemente enfrentaría impugnaciones judiciales.
Foto: Kylie Cooper - REUTERS
Fuente: El País 

lunes, 13 de julio de 2026

Donde una pared se convirtió en barrio

Un mural impulsado por la Biblioteca Popular Cachilo convirtió una esquina del oeste rosarino en un espacio donde la memoria, la literatura y las historias del barrio quedaron pintadas para todos

La pared que aprendió a reunir

El invierno hizo todo lo posible por vaciar la esquina. El cielo gris, el viento y el frío parecían una invitación a quedarse en casa. Sin embargo, de a poco empezaron a llegar chicos con pinceles, abuelas envueltas en bufandas, vecinos con el mate bajo el brazo, artistas, promotoras de lectura y familias enteras. Frente a la enorme pared de Presidente Perón y Rouillón ya no había andamios ni bocetos: el mural estaba terminado. Lo que faltaba era recorrer la historia que había quedado pintada allí.

La celebración comenzó como empiezan las cosas en la Biblioteca Popular Cachilo: jugando. El actor, payaso y malabarista Nicolás Romero y la actriz y clown Carolina Anzola animaron la jornada con humor, improvisaciones y complicidad con el público. No hubo protocolo ni solemnidad. Hubo rondas, risas, canciones y una comunidad que se reconocía frente a una obra construida por sus propias manos.

Entonces tomó la palabra Claudia Martínez. Miró a los vecinos reunidos pese al frío y comenzó por nombrarlos.

—Triángulo, Villa Urquiza, Barrio Godoy... estos son los barrios que nos convocan esta tarde. Estamos congregados acá los valientes, los que nos bancamos el frío porque nos gusta jugar.

Las primeras risas aflojaron la tarde. Después llegó la frase que resumió el espíritu del encuentro.

—Nos bancamos un montón de cosas, pero estamos en la calle. Y eso está muy, muy bueno.
No era un comentario al pasar. La calle había sido el escenario de todo el proyecto. Allí sucedieron los talleres, las conversaciones entre generaciones y el trabajo colectivo que terminó convertido en mural. Allí, dijo Martínez, los vecinos vuelven a tener nombre, oficio, historia y sueños.

Desde hacía meses, la Biblioteca Popular Cachilo venía trabajando esa idea en sus espacios de promoción de lectura. Los relatos de abuelos y abuelas, las historias del barrio, los juegos compartidos, las canciones, los libros censurados durante la última dictadura y los dibujos realizados por niños y niñas fueron construyendo un universo que primero circuló alrededor de una mesa y después encontró un lugar definitivo sobre una pared de veintiún metros.

"La escucha, el intercambio, la emoción, los juegos que se jugaron y dibujaron quisimos ofrecerlos al espacio público como una huella comunitaria", dijo Martínez.

Y enseguida llegó la frase que terminó convirtiéndose en una declaración de principios.

—Aquí, en esta esquina, la memoria se planta y cuenta.
Una pared que se recorre como un barrio
Después de los discursos, Ariel Gabiniz se acercó al micrófono. Primero eligió el más bajo. Después, al advertir que el otro le quedaba demasiado alto, cambió entre risas. El gesto, mínimo, rompió cualquier distancia entre el artista y el público. Como el mural, la escena estaba construida desde la cercanía.

El muralista rosarino insistió desde el comienzo en correrse del centro de la escena. Su tarea, explicó, había sido poner un saber técnico al servicio de un proceso colectivo que llevaba meses de construcción.

—Mi convocatoria fue nada más que para un saber técnico, que es acompañar a los niños y niñas de la biblioteca a realizar esta tarea, que era un mural grupal, colectivo.

Lo esencial había ocurrido mucho antes: en los talleres de lectura, en las mesas compartidas entre chicos, abuelas y abuelos, y en los dibujos nacidos de esas conversaciones sobre el barrio, los juegos y la memoria.

Su desafío consistió en trasladar esos dibujos a una pared de veintiún metros sin perder la fuerza de sus trazos.

—Más difícil que dibujar a Picasso es dibujar la impronta de un niño que libremente dibuja lo que siente, lo que cree, lo que le parece.

La frase resumía una de las claves del proyecto. El mural no reinterpretó los dibujos infantiles: los amplió. Cambiaron las dimensiones, no la identidad. Las líneas temblorosas, las proporciones inesperadas y la libertad de cada trazo permanecieron intactas sobre la pared.
No hubo proyectores ni recursos digitales. Todos esos dibujos se pintaron a mano alzada. Más tarde, los chicos descubrieron con sorpresa sus propios nombres —Dante, Estrella, Ámbar P. y Ámbar B., Leonel, Maggie, Alyssa, Augusto, Sofía, Lucas, Emilia, Juli, Rubí, Inés, Martu...— escritos en un cartel blanco. Habían surgido a través de la técnica de pintura mágica, realizada con cúrcuma, una propuesta que les permitió revelar palabras ocultas a través del color.

Para Gabiniz, esa fidelidad no era sólo una decisión estética, sino una forma de entender el trabajo comunitario: los chicos no debían convertirse en espectadores de una obra hecha por artistas, sino reconocerse como sus autores.

El muralista también destacó un gesto que podría haber pasado inadvertido. Al preparar la pared encontraron un pañuelo de las Madres de Plaza de Mayo y una inscripción que recordaba a los 30.000 desaparecidos. En lugar de cubrirlos, decidieron incorporarlos a la composición. La memoria que traía el proyecto dialogó así con otra memoria que ya habitaba esa esquina.

Entre los nuevos símbolos apareció además el árbol de La planta de Bartolo, el clásico cuento de Laura Devetach donde los libros crecen como frutos para que cualquiera pueda leerlos. Para Gabiniz, esa imagen sigue teniendo una vigencia particular: cuando el acceso a la cultura vuelve a ser motivo de preocupación, sembrar libros, historias y espacios comunitarios también es una forma de resistencia.

Antes de terminar, hizo una invitación sencilla. Convocó a todos los que hubieran dado "aunque sea una pinceladita" a reunirse frente al mural para una foto colectiva.

Niños, abuelos, muralistas, promotoras de lectura, vecinos y familias fueron ocupando lentamente toda la extensión de la pared.

Gabiniz también destacó el trabajo de quienes acompañaron el proyecto desde el comienzo.

—Cuando se llega a los objetivos, grupales, colectivos, sólo resta agradecer. Gracias a las infancias, gracias a la tercera edad, gracias a las promotoras de lectura... Gracias a los colaboradores inclaudicables Víctor Bobadilla, Leandro Lesa y Rocío Montenegro. El poder del arte está en lo colectivo.

La imagen decía lo mismo que la obra: nadie podía señalar un fragmento como propio, porque el mural había dejado de pertenecer a una sola persona para convertirse en una creación compartida.
Pintar como dibuja un niño
El mural no se mira de un solo golpe de vista. Se camina. Como las calles que representa, invita a detenerse en cada esquina, descubrir un detalle y seguir avanzando. Entre juegos, árboles, barriletes, vías del tren y bicicletas, reconstruye un territorio donde la memoria colectiva se entrelaza con la literatura, la historia y la infancia.

Sobre la pared, las calles dejaron de llamarse como en un plano de Rosario. Los niños decidieron rebautizarlas con los nombres de los autores y autoras que más los acompañaron en los talleres de lectura de la Biblioteca Popular Cachilo: Elsa Bornemann, María Elena Walsh, Laura Devetach, Beatriz Doumerc, Javier Villafañe, Isol, Liliana Bodoc, Graciela Montes, Adela Basch, María Teresa Andruetto, Pablo Bernasconi e Iris Rivera.

En una de las esquinas aparecen otros nombres imprescindibles para la memoria argentina: Rodolfo Walsh, Haroldo Conti, Francisco "Paco" Urondo, Roberto Santoro y Héctor Germán Oesterheld, escritores perseguidos, asesinados o desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar.
La elección no fue casual. Como explicó Laura Alcaraz, integrante del equipo de promoción de lectura de la biblioteca, el proyecto nació atravesado por los cincuenta años del golpe de Estado de 1976 y por el deseo de recuperar los libros prohibidos, censurados o quemados. Pero también buscó rescatar otra memoria: la del barrio, la de las familias y la de los juegos que pasaron de una generación a otra.

Esa superposición atraviesa toda la obra. Allí aparecen las bicicletas que evocan la intervención urbana de Fernando Traverso; la bandera de los pueblos originarios; la fachada de Aire Libre Radio Comunitaria y de la propia Biblioteca Popular Cachilo; la antigua laguna del Lolo, donde muchos vecinos aprendieron a pescar ranas; las vías del tren; las huertas; y la rayuela, como la que los jóvenes de Parada Oeste realizaron en la esquina de Virasoro y Teniente Agneta.

No hay pantallas ni teléfonos celulares. Hay sogas, bolitas, barriletes hechos con papel de diario, elásticos, escondidas, rondas, pelotas y chicos trepados a un tobogán. Son los mismos juegos que aparecieron una y otra vez en las conversaciones entre abuelos y nietos durante los talleres y que terminaron ocupando un lugar central en la pared. No como una postal nostálgica, sino como una invitación a seguir jugando.
Cuando el mural empezó a ser del barrio
La ceremonia terminó, pero casi nadie se fue. Los chicos siguieron buscando sus dibujos sobre la pared. Los adultos señalaban escenas que reconocían de inmediato. Unos hablaban de las vías del tren; otros, de la laguna que alguna vez ocupó ese rincón del oeste rosarino. Los recuerdos empezaron a cruzarse entre personas que, hasta hacía un rato, eran apenas vecinos reunidos para una inauguración.

Inés, una de las niñas que participó del proyecto, recorría el mural con una mezcla de sorpresa y orgullo. En los talleres había dibujado una ronda de chicos leyendo. Al pasar ese boceto a la pared, uno de los personajes terminó pareciéndose a Laura, una de las promotoras de lectura de la biblioteca.

—Cuando llegué ya estaban nuestras ilustraciones en la pared. Empezamos pintando la ropa, después la cara, el pelo y, al final, los detalles.

Recordó el proceso como si todavía estuviera frente al muro.

—Me encantó. Siempre tienen ideas muy lindas. Hace un tiempo habíamos hecho una huerta; ahora esto. Y está bueno que participemos los chicos junto con las abuelas y que todo tenga que ver con los juegos.
A pocos metros, Mari Pintus seguía recorriendo la obra como quien vuelve sobre una conversación que todavía continúa. Cada escena tenía detrás una historia escuchada durante los talleres.

La pesca de ranas nació de los relatos sobre las antiguas inundaciones y la laguna del Lolo. Los barriletes aparecieron porque muchos abuelos recordaban haberlos construido con hojas de diario cuando no había dinero para comprar juguetes. Las bolitas, la rayuela, la soga, el elástico y los picados también encontraron su lugar en la pared.

Frente al dibujo de la laguna, un vecino interrumpió la charla.

—Yo jugaba ahí.

No agregó nada más.

Tampoco hacía falta.

El mural ya estaba haciendo aquello para lo que había sido pensado: devolver historias a quienes las habían vivido y despertar la curiosidad de quienes las escuchaban por primera vez.

Desde ese sábado, quienes pasen por Presidente Perón y Rouillón encontrarán mucho más que una obra de arte. Verán una esquina donde las calles llevan nombres de escritores, donde los barriletes siguen volando, donde las bicicletas recuerdan a los ausentes y donde un "Te quiero, abuela" quedó escrito para siempre sobre el cemento.

Hace apenas unas semanas, ese muro era una superficie vacía donde empezaban a aparecer los primeros fondos de color. Hoy es un mapa afectivo del oeste rosarino. Un mapa donde las calles llevan nombres elegidos por las infancias, donde los recuerdos de los abuelos encontraron un lugar junto a los juegos de hoy y donde la literatura dejó de estar encerrada en los libros para ocupar una esquina entera.
Quizás esa sea la mayor conquista de la Biblioteca Popular Cachilo: no haber terminado un mural, sino haber conseguido que una pared empezara a hacer preguntas.

¿Quién fue Rodolfo Walsh?

¿Por qué hay bicicletas?

¿Dónde quedaba la laguna?

¿Quién era Bartolo?

¿Por qué esos barriletes están hechos con diarios?

Cada respuesta volverá a poner en circulación una historia, un libro, un recuerdo o una conversación.

Desde ese sábado, esa memoria dejó de pertenecer solamente a quienes habían participado de los talleres. Pasó a formar parte del paisaje cotidiano del barrio.

El acto fue terminando de a poco, como terminan las reuniones de barrio: nadie parecía tener apuro por irse. Algunos seguían buscando un dibujo conocido; otros se detenían frente a la laguna, las vías del tren o las bicicletas. Los chicos señalaban con orgullo las figuras que alguna vez habían dibujado sobre una hoja y ahora ocupaban varios metros de pared. Los más grandes encontraban, entre colores y juegos, escenas que también les pertenecían.

La tarde seguía siendo gris y fría.

Sobre el mural, sin embargo, brillaba un sol enorme, como esos que dibujan los chicos sin preocuparse demasiado por el pronóstico.

Porque algunas paredes dividen.

Otras, como esta, aprendieron a reunir.
Ver también: Memorias colectivas sobre una pared: la revolución barrial de la Biblioteca Popular Cachilo

Fotos: Amalia Di Santo

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