Fin de una era en Ecuador: José Luis Manzano toma el control de Diario El Universo tras 104 años de gestión familiar

El histórico Diario El Universo, uno de los medios de comunicación más influyentes de Ecuador y con 104 años de trayectoria, fue adquirido por un grupo inversor integrado por el empresario Yves Maia Pardini y Integra Capital, firma liderada por el empresario argentino José Luis Manzano.

La transacción fue anunciada este 12 de febrero por los hasta ahora propietarios del medio, los hermanos César y Carlos Pérez Barriga y Nicolás Pérez Lapentti, descendientes del fundador del diario. En un comunicado difundido a través de redes sociales, señalaron que la operación "inaugura una nueva etapa para Diario El Universo, enfocada en fortalecer su liderazgo periodístico, acelerar su transformación digital e impulsar su integración multimedia, manteniendo intacto su compromiso editorial".

Los accionistas salientes expresaron su confianza en que la nueva administración aportará "el conocimiento, la experiencia, las sinergias y el respaldo económico necesario" para que el medio enfrente los desafíos actuales y consolide su posición como referente del periodismo ecuatoriano.
Una historia centenaria

Fundado el 16 de septiembre de 1921 por el periodista machaleño Ismael Pérez Pazmiño, El Universo se convirtió en el diario impreso de mayor circulación nacional y, con el paso de las décadas, en un actor central del debate público en Ecuador.

En la era digital, el medio ha evolucionado hacia una plataforma informativa multimedia con fuerte presencia en línea y proyección internacional.

La familia Pérez estuvo al frente de la empresa durante generaciones. Carlos Pérez se desempeñó como director, César Pérez Barriga como gerente general y Nicolás Pérez Lapentti como subdirector de Nuevos Medios. En el comunicado de despedida expresaron: "A nuestros lectores, que nos acompañaron con su confianza por más de un siglo, nuestra mayor gratitud".

 
Los compradores: perfil y alcance regional
Yves Maia Pardini
Yves Maia Pardini, radicado en Florida (Estados Unidos), es socio gerente de Pardini Brokers & Advisors, firma especializada en consultoría estratégica, fusiones y adquisiciones y mercados de capitales. Según el perfil corporativo de su empresa, cuenta con más de 11 años de experiencia en el sector financiero, con foco en estrategia empresarial y desarrollo de oportunidades de negocio.

Entre sus antecedentes figuran la presidencia de Tax Links Consultants LLC, la dirección de Maya Insurance Group —orientada a soluciones de seguros— y la participación en Steps.io, plataforma dedicada a simplificar procesos de constitución de empresas.

Integra Capital y José Luis Manzano
Integra Capital, fundada por José Luis Manzano, es uno de los grupos inversores más activos de América Latina en los últimos años. De acuerdo con información institucional, ha ejecutado transacciones por más de US$21.000 millones desde su creación, consolidándose como actor relevante en mercados emergentes.

En el sector de medios, su portafolio incluye participaciones en América TV, El Cronista, Telefe y la cadena radial La Red, entre otros activos vinculados a comunicación y cultura.

Además, el grupo mantiene inversiones en sectores estratégicos como energía e hidrocarburos, con participaciones en compañías como Metrogas, Edenor, Phoenix Global Resources e Integra Lithium.

Manzano, quien también fue ministro del Interior durante la presidencia de Carlos Menem, asesorará al grupo inversor en esta nueva etapa del diario ecuatoriano.
Nuevo liderazgo ejecutivo

El directorio de Integra Capital designó como nuevo CEO de C. A. El Universo a Ignacio Giménez Zapiola, ejecutivo argentino con más de 25 años de experiencia internacional en medios de comunicación, fintech y sistemas de pagos.

Giménez se desempeñó hasta el 31 de diciembre de 2025 como CEO del Grupo El Comercio de Perú, donde lideró durante casi tres años la estrategia corporativa, la consolidación digital, la diversificación de ingresos y el fortalecimiento financiero del principal grupo de medios de ese país.

Previamente desarrolló una carrera de casi una década en el Grupo Clarín (AGEA), casa editora del diario Clarín, donde ocupó los cargos de Chief Commercial Officer y director de Marketing. Durante esa etapa impulsó el lanzamiento del área de Big Data & Analytics, desarrolló el primer programa de suscripciones digitales del grupo y diseñó estrategias de fidelización de lectores.

Es MBA y BBA en Administración de Empresas por Columbus State University (Estados Unidos), donde se graduó Cum Laude.

 
Compromiso editorial y contexto histórico
Según informó EFE, los nuevos accionistas ratificaron su compromiso de preservar la identidad, la independencia y la línea editorial del diario.

El Universo ha sido protagonista de episodios relevantes en la historia reciente del país. En 2011, el entonces presidente Rafael Correa presentó una demanda por injurias contra los directivos del medio y el periodista Emilio Palacio, a raíz de un artículo de opinión sobre los hechos del 30 de septiembre de 2010.

Los directivos y el periodista fueron condenados a tres años de prisión y al pago de 30 millones de dólares. Posteriormente, el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que determinó que el Estado ecuatoriano violó el derecho a la libertad de expresión.

Una nueva etapa
La operación, cuyas cifras no fueron reveladas, marca el fin de más de un siglo de control familiar directo y abre una etapa caracterizada por la apuesta a la transformación digital, la integración multimedia y el fortalecimiento financiero del medio.

"Hoy nos despedimos del diario El Universo, que por más de 100 años ha sido parte de nuestra familia", expresaron los hermanos Pérez en su mensaje público.

Con el respaldo de un grupo inversor de alcance regional y la conducción ejecutiva de Ignacio Giménez Zapiola, Diario El Universo inicia así un nuevo capítulo en su historia centenaria, en un contexto de profundos cambios en la industria de medios en América Latina.

#ATENCIÓN | A nuestra audiencia. Comunicado. pic.twitter.com/h1XSHOQk2f

— El Universo (@eluniversocom) February 12, 2026

Comunicado de la Familia

Estimados lectores,

Hoy nos despedimos de Diario El Universo, que por más de 100 años ha sido parte de nuestra familia. Es nuestro deber informarles que hemos vendido nuestra participación accionaria —de los hermanos Pérez— a un grupo de inversionistas liderado por Yves Maia Pardini, emprendedor radicado en Florida con amplia trayectoria en servicios corporativos y financieros, del que también forma parte Integra Capital, de José Luis Manzano, uno de los grupos inversores más activos de Latinoamérica en los últimos años.

La transacción inaugura una nueva etapa para Diario El Universo, enfocada en fortalecer su liderazgo periodístico, acelerar su transformación digital e impulsar su integración multimedia, manteniendo intacto su compromiso editorial.

Integra Capital, liderada por José Luis Manzano, empresario y referente regional en inversiones en medios, telecomunicaciones y tecnología, asesorará al grupo inversor en esta nueva era de El Universo. El grupo cuenta en su portafolio con medios que incluye a los argentinos América TV, El Cronista, Telefe, la cadena de radio La Red, entre otros.

El profesional Ignacio Giménez Zapiola, exgerente general de El Comercio de Lima, Perú, estará a cargo de la nueva operación de El Universo. Giménez cuenta con una amplia trayectoria en medios de comunicación, que incluye su paso por diario Clarín, de Argentina, como gerente comercial y más recientemente la conducción de El Comercio, de Perú.

Estamos seguros de que la nueva administración aportará el conocimiento, la experiencia, las sinergias y el respaldo económico necesario para garantizar que El Universo enfrente los nuevos retos como el medio de comunicación líder y referente del Ecuador.

A nuestros lectores, que nos acompañaron con su confianza por más de un siglo, nuestra mayor gratitud.

Atentamente,

Carlos Pérez Barriga

César Pérez Barriga

Nicolás Pérez Lapentti

Foto: Francisco Verni Peralta

Fuentes: El Universo, Agencias EFE, AFP y Bloomberg Línea

La violencia no es la respuesta: Prensa Rosario repudia agresiones a periodistas de El Tres TV

Defendemos el libre ejercicio del periodismo. Sin censuras ni condicionamientos

El Sindicato de Prensa Rosario repudia enérgicamente las agresiones sufridas por periodistas de Canal 3 cuando acudieron a cubrir el conflicto policial en nuestra ciudad

Cualquier agresión contra trabajadoras y trabajadores de prensa es inadmisible. Hemos sido y somos los primeros en defender el derecho a la información y la libertad de expresión, y nuestra historia así lo demuestra.

Diariamente intentamos reflejar lo que ocurre y mostrar lo que sucede en Rosario. Sin embargo, no somos las y los trabajadores de prensa quienes definimos las líneas editoriales de las empresas periodísticas. Son esas empresas las que deciden qué se cubre y qué no, qué se publica y qué se omite, de acuerdo con sus propios intereses.

Entendemos que la información es un bien sensible que no debe convertirse en una mercancía sujeta a las presiones del poder político o económico. Es un derecho de cada ciudadano y ciudadana, y debe asumirse como un reclamo colectivo para que se garantice plenamente.

La sociedad debe saber que quienes llegaron hasta las puertas de la Unidad Regional II para realizar la cobertura son trabajadores enviados por un grupo empresario que determina no sólo los días y horarios en que se desempeñan, sino también qué hechos se cubren y cómo se presentan en cada medio.

El año pasado, en la Convención Constituyente de Santa Fe, lo planteamos con claridad: es imprescindible resguardar los derechos inalienables a la libertad de expresión y al acceso a la comunicación mediante una legislación precisa, ya que constituyen pilares fundamentales de una democracia plena.

Reclamamos la protección y garantía de un ejercicio libre de nuestra tarea, sin condicionamientos ni censuras. En sentido contrario, el gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, respalda el proyecto de reforma laboral del presidente Milei, que en uno de sus artículos propone derogar el Estatuto del Periodista Profesional, norma que resguarda estos principios.

Las y los periodistas venimos sosteniendo una lucha constante por el ejercicio libre de nuestro trabajo. Somos víctimas de múltiples presiones y padecemos la precarización salarial y laboral, como la inmensa mayoría de las y los trabajadores. Asumimos nuestra profesión con principios éticos y compromiso social. Por eso reafirmamos que no aceptamos agresiones ni descalificaciones hacia nuestros compañeros y compañeras.
Rosario, 11 de febrero de 2026

Las empresas de medios atacan el periodismo y la libertad de expresión

Las organizaciones sindicales de prensa rechazan la derogación del Estatuto del Periodista Profesional y denuncian que, bajo un falso discurso de modernización, las empresas de medios buscan facilitar despidos, precarizar el trabajo y condicionar la libertad de expresión. Reafirman que sin Estatuto no hay periodismo digno ni libertad de expresión

Declaración:

Las empresas de medios quieren derogar el estatuto y atacar la libertad de expresión de los periodistas.

Modernizar no es precarizar ni facilitar despidos.

¡Defendamos el Estatuto del Periodista Profesional!

En los últimos días tomamos conocimiento de un escrito que las cámaras empresariales de los medios de comunicación de nuestro país hicieron llegar a algunos senadores nacionales apoyando la derogación del Estatuto del Periodista que impulsa el gobierno.

El texto sostiene por un lado que "modernizar no es precarizar" pero no propone ni una sola modernización, sino sólo la eliminación de derechos, en particular la indemnización especial, que tiene como finalidad resguardar la libertad de expresión de las y los periodistas.

Dicho texto no fue difundido públicamente. Las empresas de medios, por un lado escriben sobre la libertad de expresión mientras que, en los hechos, promueven políticas que atacan la libertad, la profesión y a las y los periodistas.

El escrito contiene una serie de falacias respecto del impacto que tendría una eventual derogación.

Por eso nos vemos en la obligación de aclarar:

1- La derogación del Estatuto facilita los despidos y por lo tanto la consecuencia directa e inminente será la destrucción de puestos de empleo formales y su reemplazo por empleo basura. El escrito lo dice claramente buscan legalizar una práctica actualmente ilegal que es la utilización del mal llamado "colaborador". Esta figura esconde una hiperprecarización laboral. Periodistas a destajo sin ningún límite. Sin vacaciones, sin sueldo, sin derecho a enfermarse.

Insistimos: la indemnización especial tiene como objetivo garantizar cierta estabilidad del empleo por la especificidad de nuestra tarea, al estar expuestos a presiones políticas, económicas o de otra índole por el rol que tiene el periodismo en la democracia. Aun con el Estatuto vigente eso no sucede, ya que los salarios de pobreza hacen que incluso con la indemnización especial no sea dificultoso despedir para las empresas de medios. Pero al menos establece un piso de derechos y un resguardo elemental de la libertad de expresión de las y los periodistas.

2- Los salarios de la actividad se encuentran en un piso histórico siendo los trabajadores de prensa y del resto de los gremios vinculados a los medios los que hemos sostenido con nuestro esfuerzo el funcionamiento del sistema informativo en todo el país.

3- Las entidades empresarias se han negado sistemáticamente a negociar de buena fe la forma en que se debe retribuir las nuevas tareas que implica la incorporación de las diferentes tecnologías. El Estatuto no impide ninguna actualización como lo demuestra la existencia de diferentes acuerdos en muchos lugares del país que han incorporado esas tareas sin ningún inconveniente. Los sindicatos hemos promovido numerosas instancias para reformar convenios y discutir actualizaciones, pero son las empresas las que se niegan sistemáticamente.

4- Las patronales se victimizan ante la competencia desleal de las plataformas. Pero, en lugar de intentar regular las plataformas, empresas multinacionales que se valen del trabajo periodístico argentino, con lo que estaríamos de acuerdo y podríamos construir una agenda común, eligen buscar que seamos los trabajadores los que hagamos otra vez el esfuerzo. Se pretende volver a un modelo de trabajo periodístico de principios del siglo pasado. A eso le llaman "modernizar".

5- La existencia del Estatuto del Periodista no impidió que los grandes medios tengan ganancias millonarias todos estos años. Tampoco la hiper concentración mediática que existe en nuestro país. El Estatuto no se cumple íntegramente en todos los medios, más bien lo contrario, miles de periodistas están mal registrados. Pero es un piso de derechos y una ley que permite defender el periodismo y la libertad de expresión. Su derogación, o la eliminación de alguno de sus artículos, bajo un falso argumento de modernización, implicará menos periodistas y un periodismo de peor calidad.

Esta postura de las empresas de medios, que no se animan a sostener públicamente porque contradice su histórico discurso, implica un ataque directo al periodismo y la libertad de expresión.

Firman: 

FATPren – Federación Argentina de Trabajadores de Prensa / CISPren - Circulo Sindical de Prensa de Córdoba / APC - Asociación de Prensa de Corrientes / Sindicato de Prensa del Chaco / SiPreM - Sindicato Prensa Misiones / Sindicato de Prensa de Santa Cruz / Sindicato de Prensa de Jujuy / SiPrenSal – Sindicato de Prensa de Salta / APT – Asociación de Prensa de Tucumán / SiComLaR – Sindicato de Comunicadores de La Rioja / ATPREC – Asociación de Trabajadores de Prensa y Comunicación de San Juan / SiPreMza – Sindicato de Prensa de Mendoza / APSF – Asociación de Prensa de Santa Fe / SPR – Sindicato de Prensa de Rosario / SiPren -Sindicato de Prensa La Pampa Zona Sur / SUPren - Sindicato Único de Prensa de Río Negro / Sindicato de Prensa de Neuquén / STPCh – Sindicato de Trabajadores de Prensa del Chubut / SiTPrenCh – Sindicato de Trabajadores de Prensa del Chaco / SPT – Sindicato de Prensa de Tandil / Sindicato de Prensa Bahía Blanca / Sindicato de Prensa Mar del Plata / Sindicato de Prensa Bonaerense / SiPreBA – Sindicato de Prensa de Buenos Aires

Jeff Bezos y la muerte del Washington Post

Por: Miquel Pellicer
Cuando Donald Graham estrechó la mano de Jeff Bezos (foto), el hijo de Katharine Graham, le aconsejó que no antepusiera motivaciones políticas porque "le podría estallar en la cara". Se acababa de sellar la venta del Washington Post en 2013 por 250 millones de dólares en Sun Valley (Idaho). Días después, el periodista del Post, Paul Farhi, charló con Bezos para publicar una noticia sobre la adquisición. Bezos le dijo a Fahri que "quería poner al Post en la pista de despegue" para crecer y volver a ser una empresa rentable de nuevo. Este par de anécdotas las cuenta Martin Baron, exdirector del Post, en su libro Frente al poder, publicado en 2023. Son un buen contexto para entender lo que está pasando con el medio de comunicación propiedad de Bezos

La narrativa del "magnate salvador" del periodismo, no obstante, ha muerto definitivamente en febrero de 2026. Jeff Bezos se ha cansado de su ‘Rosebud‘ y ha echado un tercio de la plantilla del Washington Post. El Post ha cerrado su sección de deportes y su sección de libros, ha desmantelado su equipo internacional y ha reducido drásticamente la cobertura local. Los recortes en la redacción del Post han impactado en todo el país y los medios están analizando del derecho y del revés lo que está pasando. En la Super Bowl 2019 hizo fortuna el anuncio del Post con la voz de Tom Hanks con el entonces gran lema del periódico: ‘Democracy Dies in Darkness‘. Unas cuantas finales de fútbol americano después. David Remnick, editor de The New Yorker, lanza con ese lema una advertencia difícil de ignorar: la democracia no solo puede morir en la oscuridad; también puede hacerlo a plena luz del día. Y estos días, ciertamente, hemos visto como muere un poco más en Estados Unidos. En palabras de Ashley Parker, una periodista política que recientemente abandonó del Post para incorporarse a The Atlantic, los recortes han supuesto "el asesinato" del periódico. El Post sigue en pie y Bezos sigue siendo el propietario pero la narrativa huele a muerte. Estos días, la redacción del periódico huele a miedo y destrucción.

Contexto mediático
En el segundo mandato de Donald Trump se multiplican los ataques a los derechos civiles en el país, los medios de comunicación ‘legacy‘ están desorientados y cada vez más autocensurados en el tsunami comunicativo de Trump, amenazando a unos e insultando fundamentalmente a mujeres periodistas.

Del fenómeno Trump, contamos diez años desde que en el caucus de Iowa en 2016 quedó segundo por detrás de Ted Cruz, pero desplegando su amenazante estrategia comunicativa. Hemos pasado de la disrupción comunicativa al autoritarismo mediático. En noviembre de 2015, un editorial del Post advertía que "la vileza cada vez mayor de la campaña de Donald Trump supone un desafío para todos nosotros". Un día antes del primer debate entre Trump y Hillary Clinton en septiembre de 2016, el consejo editorial del periódico dejó una frase lapidaria: "El señor Trump ha demostrado ampliamente que es indigno de ocupar el Despacho Oval". El resto de la historia ya la conocemos. Y por el camino, el Washington Post, como otros medios, se ha visto arrastrado por una espiral de intereses, coacciones y también malas decisiones estratégicas.

Contrastes
Respecto al Post, lo que hace una década se presentó como un compromiso filantrópico con la democracia, hoy se revela como una pieza sacrificable en un tablero de ajedrez mucho más grande. El contraste es, cuando menos, paradójico: mientras la redacción de The Washington Post luchaba por su supervivencia, el ecosistema de Jeff Bezos riega con millones de dólares proyectos que huelen más a propaganda que a arte o información. Horas después de los brutales recortes, también se fue a casa el consejero delegado, William Lewis, que justificó su salida "para garantizar el futuro sostenible" de la histórica cabecera.

Will Lewis será recordado, según Max Tani en Semafor, como el ejecutivo que encarnó "una gran oportunidad perdida". Su llegada a finales de 2023 generó un optimismo cauteloso en la redacción, pero esa expectativa se transformó pronto en decepción. Quedó marcado por dos decisiones que dañaron su liderazgo: bloquear una información del propio diario sobre su vínculo con el escándalo de escuchas en el Reino Unido y pilotar, junto a Jeff Bezos, un giro editorial negando el apoyo editorial a la candidata demócrata Kamala Harris en las elecciones de 2024. Este bloqueo a Harris fue percibido como una capitulación política que provocó más de 250.000 suscripciones canceladas en pocos días.

La dimisión de Lewis, tras supervisar importantes recortes y sin un plan de sucesión claro, ha terminado de reforzar la imagen de desorden estratégico. Más que por haber transformado el periódico, Lewis parece destinado a ser recordado como el dirigente que no supo definir su rumbo en un momento crítico y que agravó la crisis de identidad de una de las grandes cabeceras del periodismo estadounidense.

Ver también: El Washington Post, propiedad de Jeff Bezos, realiza despidos masivos y elimina a un tercio de su personal

Propaganda política con Melania
Mientras el Post recorta para ahorrar unos pocos millones, Amazon MGM Studios ha decidido tirar la casa por la ventana con el documental Melania. Las cifras son mareantes y desafían cualquier lógica de mercado. Amazon pagó 40 millones de dólares por los derechos del documental de la Primera Dama, Melania Trump. Se han invertido 35 millones adicionales en promoción, incluyendo anuncios en los playoffs de la NFL. Sin integridad periodística: Melania Trump tuvo control editorial total sobre la cinta, dirigida por Brett Ratner, un habitual en los documentos Epstein.

Para diferentes analistas el mensaje es nítido: no se busca rentabilidad cinematográfica, se busca comprar influencia. En un contexto de hostilidad regulatoria y política, gastar 75 millones en una hagiografía de la Primera Dama es una inversión en "paz corporativa", no en cultura.

La mirada global del negocio de Bezos
En el caso del Post, la crisis no puede desligarse del ecosistema más amplio de su propietario. Bezos temía que una postura crítica del Washington Post provocara represalias de Trump contra Amazon, especialmente en forma de bloqueo de contratos federales. La computación en la nube, uno de los motores de crecimiento del grupo, depende en gran medida de acuerdos con el Gobierno de Estados Unidos, incluidos el Departamento de Defensa y las agencias de inteligencia. A ello se suma la presión competitiva sobre Blue Origin, que ha quedado rezagada frente a SpaceX y necesita también el respaldo de contratos públicos para consolidarse.

Bezos parece decidido a gestionar cuidadosamente sus equilibrios políticos y empresariales, evitando que el Post se convierta en un obstáculo para los intereses estratégicos de sus otras compañías.

Derrota del periodismo
"Este es uno de los días más oscuros en la historia de una de las organizaciones de noticias más importantes del mundo", escribía Marty Baron en una declaración en respuesta a los recortes anunciados. Baron fue nombrado editor jefe del periódico pocos meses antes de la compra por parte de Bezos en 2013. Durante los ocho años que dirigió la redacción, el Post se consolidó como una de las voces más influyentes frente al poder, especialmente durante el primer mandato de Trump, y obtuvo diez premios Pulitzer. En esa etapa, además, contó con el apoyo firme y sostenido de su propietario.

Pero la perspectiva ha cambiado porque el medio ha dejado de ocupar el centro del proyecto empresarial y su misión se ha debilitado.

Hoy el poder de la propiedad ya no necesita intermediarios ni censura explícita: basta con redefinir presupuestos, prioridades y niveles de riesgo para moldear el resultado editorial. La escala tampoco garantiza legitimidad; comprar medios o crecer vía adquisiciones no construye credibilidad por sí solo y, bajo presión política, el periodismo puede convertirse en moneda de cambio. Si se leen en conjunto los casos de Los Angeles Times, CBS o CNN, el diagnóstico se vuelve más preciso: no estamos solo ante una crisis del modelo de negocio ni ante decisiones erráticas, sino ante un problema de gobernanza y de incentivos.

"Los repugnantes esfuerzos de Bezos por ganarse el favor del presidente Trump han dejado una mancha especialmente fea", escribía Baron en su declaración.

La mayor amenaza no es el cierre abrupto, sino la erosión silenciosa, el adelgazamiento progresivo del proyecto hasta conducirlo a la irrelevancia. En contextos inciertos, el verdadero peligro no es solo la inestabilidad externa, sino la fragilidad interna que los propios medios generan cuando renuncian a su ambición periodística. Por eso, los recortes de Bezos huelen a muerte y derrota.

La pregunta de fondo no es cuánto cuesta sostener un gran periódico, sino cuánto cuesta dejar de hacerlo. Como advierte David Remnick, su propietario es "responsable de una mercancía invaluable": el periodismo como garantía de vigilancia democrática. Conviene recordarlo en un momento de repliegue estratégico: los medios no son solo empresas que optimizan resultados trimestrales; son infraestructuras cívicas que sostienen la conversación pública y el equilibrio del poder. Cuando se debilitan, no sólo pierde una redacción. Pierde la democracia.

Foto: © Italy Photo Press via ZUMA Press

Fuente: Jot Down

Entre la ley y la vida: la Iglesia reclama prevención y educación antes de bajar la edad de punibilidad

En medio del debate por la posible baja de la edad de punibilidad en Argentina, la Iglesia Católica volvió a manifestar su rechazo a esta iniciativa, advirtiendo sobre el riesgo de criminalizar a niños y adolescentes sin atender las causas profundas de la exclusión y la violencia. Desde el Episcopado sostienen que reducir la edad sin un abordaje integral es simplificar un problema complejo que atraviesa la vida de los jóvenes y de las comunidades más vulnerables.

El Padre Máximo Jurcinovic, sacerdote y director de la Oficina de Comunicación y Prensa de la Conferencia Episcopal Argentina, asumió el rol de vocero en este debate que vuelve a instalarse en la agenda pública. Desde su perspectiva, la Iglesia propone siempre una mirada integral sobre estos temas, reconociendo la necesidad de un régimen penal juvenil y adolescente, pero alertando que comenzar la discusión únicamente por la edad representa una reducción que deja de lado las causas profundas. "Estamos hablando de qué está pasando con la vida de nuestros niños y de nuestros jóvenes", remarcó en diálogo con Señales.

La necesidad de un debate integral

Jurcinovic advirtió que la Iglesia no está ajena al dolor desgarrador de familias y comunidades que han sufrido delitos, pero insistió en que no se puede pensar solo en la edad. "Es un modo de simplificar la cuestión. La Argentina ya tiene un régimen penal juvenil, creemos que hay mucho por hacer y sobre todo creemos que hay mucho por debatir. Por eso creemos que estos tipos de tratamiento donde no se escucha la voz de los senadores, donde no se escucha la voz de los diputados, donde muchas veces se aceleran tanto los tiempos, no generan algo imprescindible que es la escucha de todas las voces. Por eso creemos que, por supuesto, hay mucho que caminar, hay mucho que debatir y estamos hablando de los niños y jóvenes de nuestra patria que están en situación de vulnerabilidad y que quizá todavía no han cometido delitos y que no los van a cometer nunca, pero que tenemos que poner también la mirada sobre ellos".

El sacerdote sostuvo que comenzar solo con castigo representa un reduccionismo. "La Iglesia se lo ha preguntado el año pasado y se lo vuelvo a preguntar ahora, y creemos, además, por las informaciones que tenemos a través de los medios de comunicación, que tiene que estar todo más claro: ¿dónde vamos a alojar a los menores? ¿Cuáles son los lugares que se van a crear para poder acompañarlos y resaltarlos en la sociedad? ¿Cuáles son los dispositivos que las provincias, los municipios van a tener para poder acompañar este tipo de problemática? Porque después sabemos cómo pasa esto, después cada uno se tiene que arreglar, digamos, ¿no? Seguro. Entonces creemos que es una discusión que se necesita dar y que esperemos que se dé de una manera responsable".

Contrastes legislativos: la ludopatía y la urgencia

Jurcinovic recordó ejemplos de la agenda política reciente, señalando la necesidad de debatir con profundidad y con información seria. Hizo referencia al proyecto de prevención de la ludopatía, que según señaló "cuida la vida de nuestros pibes" y recordó que, pese a su importancia, "un niño tiene un casino en su mano hoy en día. El año pasado esa ley no se trató en todo el año en el Congreso de la Nación, en el Senado. Una ley aprobada por la Cámara de Diputados perdió estado parlamentario. No había apuro, parece, digamos, ¿no? Y ahora nos encontramos con este acelere por esto. Por eso creemos que es necesaria la grandeza política de tomarse estos temas con profundidad y de debatirlos para que la sociedad sepa, y sobre todo, cómo vamos a tratar a nuestros más vulnerables. Porque esa es la cara de una sociedad, es la cara de una patria, cómo trata a los más débiles y vulnerables".

La contradicción política y el debate sobre la edad de punibilidad

En la ciudad de Rosario, la ex vicegobernadora y actual diputada por Santa Fe, Gisela Scaglia, expresó recientemente que apoyaba bajar la edad de punibilidad a 13 años, argumentando que la punibilidad protege a los chicos frente a las bandas criminales. También advirtió que las problemáticas juveniles requieren inversión social, algo que el Estado aún no garantiza. Esta situación evidencia una contradicción entre las demandas de quienes fueron víctimas y ciertas decisiones políticas que buscan medidas rápidas y visibles.

Frente a este escenario, Jurcinovic destacó que las discusiones requieren profundidad, datos y un abordaje integral, no solo la reducción de la edad de punibilidad. "Con este ejemplo y con muchos otros que hemos escuchado, se necesita un debate donde se escuchen todas las voces. Vamos a bajar la edad, ¿y dónde vamos a recluir a estos menores? ¿Conoce la política realmente la realidad de los establecimientos penitenciarios de nuestra patria? ¿Conoce cómo hoy se puede acompañar en cada provincia y en cada lugar esta situación? ¿Conocen nuestros representantes este deterioro educativo que hay en muchos lugares, la deserción escolar, que necesita una pronta solución? Nosotros ahí, lo hace la Pastoral Social en este documento también, que volvió a reditar, creemos que también es necesaria la grandeza política, porque le va a tener que ser serio, con conocimiento profundo, con estadísticas. La solución de fondo es mucho más compleja que bajar la edad, y requiere un abordaje integral".

La mirada integral sobre los barrios

El sacerdote subrayó la gravedad de los problemas que atraviesan los niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Habló de los casos de ludopatía que derivan en deudas e incluso suicidios, y señaló que estos hechos "nos tiene que tocar el corazón a nosotros, a nuestros presentantes, para saber que estos temas no son solamente cuestiones de títulos o decisiones que caigan bien o mal. Estamos hablando de vida o de muerte, y todo esto, por supuesto, atravesado también por la realidad del narcotráfico, por eso creemos el abordaje y la necesidad de una mirada integral".

La prevención, enfatizó, debe comenzar mucho antes de que un niño cometa un delito. "No nos podemos ir de los barrios. Cuando el Estado se corre de los barrios, cuando las organizaciones no tienen capacidad o no pueden permanecer en los barrios, el que ocupa ese lugar es el narco. Entonces lo primero es la lucha día a día contra este flagelo. Bueno, ustedes también lo saben, nosotros lo sabemos en el conurbano. Estamos hablando y los sacerdotes que trabajan en los barrios nos cuentan del inicio de la edad de consumo a los nueve años. Bueno, no podemos no pensar que ese es un tema prioritario".

Educación y acompañamiento: claves para la prevención

Jurcinovic destacó la educación como un eje central. "Como lo ha dicho la Iglesia en este documento, que lo dio a conocer el día de San Juan Bosco, alguien totalmente cercano al mundo de la educación, el tema educativo nos parece que es clave. Fortalecer la tarea educativa en nuestra patria, que ese fortalecimiento se dé también con el acompañamiento de partidas presupuestarias que ayuden a todos estos establecimientos que sabemos que tienen un lugar fundamental en la vida de nuestros pibes. Y después también la posibilidad del acompañamiento a quienes cometen un delito para que también se puedan resaltar un día en la sociedad. Es decir, no podemos dejar a esos niños abandonados, porque por supuesto que hay un delito, por supuesto que hay un delito que cometieron y por el cual tiene que haber una pena. Pero eso de que a veces delito de adulto, pena de adulto, donde sigue siendo un delito de un niño. Que por supuesto es un delito, pero es de un niño. Y por eso tenemos que acompañarlo de una manera especial".

El sacerdote recalcó que el cuidado de los niños y jóvenes es responsabilidad de toda la sociedad. "No podemos pensar este momento y esta reflexión si como sociedad no entendemos que es una responsabilidad de todos el cuidado de los más frágiles".

Trabajo y dignidad: la otra cara de la prevención

Jurcinovic describió la situación de los barrios, haciendo hincapié en el deterioro social y la pobreza integral. Señaló que es fundamental fortalecer las fuentes de trabajo, porque "el trabajo es el ordenador de la vida de las personas. Que se ponga la mirada en fortalecer el trabajo de quienes lo tienen y que no se pierdan fuentes de trabajo". Además, mencionó que la pobreza no es solo material, sino que involucra condiciones de vida, acceso a servicios básicos, alimentación y dignidad: "La participación de las iglesias, de todas las religiones, los evangélicos, los católicos en los barrios acompañando, creemos que eso hay que estar presente justamente para que nuestro desarrollo se siga fortaleciendo. Desde una mirada integral, donde se integren todas las necesidades de las personas".

Grandeza política y escucha de todas las voces

El sacerdote enfatizó que hace falta grandeza política para abordar estos temas de manera integral. Citando al Papa Francisco sobre la cultura de la indiferencia, sostuvo que quienes tienen responsabilidad en cualquiera de los ámbitos sociales, políticos, sindicales, empresariales o religiosos, deben tener la grandeza de discutir los temas con seriedad. "Por eso lo que estamos pidiendo es que estos temas se discutan y sobre todo que se escuchen todas las voces. Hay muchas voces que tienen mucho recorrido al lado de los niños y de los jóvenes. Es parte de la grandeza política escuchar todas las voces".

Finalmente, resumió los pilares que deben guiar cualquier debate sobre la infancia y adolescencia: educación, acompañamiento y prevención. "Educación, acompañamiento y prevención creemos que es un camino que tenemos que discernir para la vida de nuestros niños", concluyó, dejando claro que la discusión no puede limitarse a castigar, sino que debe contemplar la vida, la dignidad y el futuro de la infancia argentina.

Escuchá la nota completa: 

Ocho años de impunidad: jóvenes víctimas de violencia policial esperan justicia en Rosario

El 18 de febrero comenzará el juicio oral contra 21 policías de Santa Fe por los abusos, torturas y amenazas sufridas por siete jóvenes en las Cuatro Plazas de Barrio Belgrano, en 2018. Tras ocho años de dilaciones, hostigamiento y revictimización, el caso visibiliza la magnitud de la violencia institucional y las contradicciones del sistema judicial

Una madrugada de terror en las Cuatro Plazas
El 23 de marzo de 2018 siete jóvenes de Rosario sufrieron abusos, golpes, torturas y amenazas por parte de las fuerzas policiales en las Cuatro Plazas del Barrio Belgrano, en el Distrito Noroeste. Tras ocho años de espera, 21 policías de Santa Fe llegarán a juicio por violencia institucional.

Julia Jordano, abogada querellante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, relató en Señales cómo ocurrió aquella madrugada. Explicó que los siete jóvenes, como muchísimos otros en ese momento, se habían acercado a las plazas para terminar la noche, comer algo en el carrito o simplemente seguir socializando. La situación cambió cuando dos de ellos fueron a un kiosco a comprar algo y comenzaron a ser perseguidos por un móvil policial sin razón alguna, generándoles temor.

Al llegar a las Cuatro Plazas, una de las chicas que iba en una moto se bajó, y de inmediato los patrulleros que los venían siguiendo los abordaron a punta de pistola, con amenazas, improperios y violencia física. Cuando la joven pidió explicaciones, comenzaron a recibir golpes no solo con las manos, sino también con las culatas de las armas y hasta con un escopetazo en el gemelo de uno de los chicos.

Uno de los jóvenes, intentando escapar, logró eludir momentáneamente la violencia desplegada, pero fue perseguido por una decena de patrulleros, entre automóviles y motos, y atrapado a pocos metros, donde fue golpeado salvajemente y le cortaron las rastas. Durante el trayecto, los siete fueron detenidos mientras les lanzaban amenazas terribles: les advertían que podrían aparecer muertos en una zanja, que serían violados, que les implantarían armas o que les armarían causas judiciales.

Fueron trasladados a la Comisaría 14, donde las amenazas y la humillación continuaron hasta entrada la tarde. Los hechos comenzaron alrededor de las cuatro y media de la mañana y se prolongaron hasta aproximadamente las cuatro de la tarde: doce horas de detención sin motivo alguno. Finalmente, los jóvenes recuperaron la libertad sin formación de causa, evidenciando que no había justificación para la persecución inicial ni para la prolongada detención.

Además, Jordano detalló que uno de los jóvenes sufrió abuso sexual simple por parte de un policía. Lo hicieron desvestir completamente, lo obligaron a dar vueltas esposado en un acto de humillación y, cuando le permitieron vestirse mientras seguía esposado, lo vejaron físicamente de manera directa.

El alivio llegó solo cuando las madres y padres lograron enterarse de su paradero y acercarse a la comisaría, iniciar los reclamos y presentar las denuncias correspondientes. Así comenzó un largo periplo judicial de varios años que finalmente llevará a los responsables a juicio oral.

Demoras y obstáculos en la justicia
Tras un prolongado derrotero judicial, el proceso judicial por los hechos de 2018 finalmente comenzará. La demora en el inicio del juicio responde a una combinación de factores burocráticos y políticos. Los juicios que tradicionalmente tienen prioridad son aquellos en los que las personas permanecen privadas de libertad. En este caso, los acusados, los 21 policías, fueron inicialmente liberados, y la Cámara confirmó esa decisión considerando que no existía riesgo de fuga ni de interferencia en la investigación.

Desde el inicio de la denuncia, sin embargo, la investigación estuvo marcada por obstáculos y presiones. Surgieron amedrentamientos, amenazas y persecuciones que pusieron en duda la continuidad del proceso y generaron temor tanto en las víctimas como en quienes acompañaban la causa. A pesar de ello, los tribunales evaluaron que no había riesgo de que el personal policial atentara contra el desarrollo del juicio, aunque la sensación de inseguridad permanece latente.

Esta demora también refleja la política pública imperante: los organismos del Estado, incluidos los tribunales y el Ministerio Público de la Acusación, no priorizan el juzgamiento del personal policial acusado de cometer atrocidades. Mientras que la prisión preventiva se aplica rápidamente a quienes roban un celular, cometen hurtos o delitos menores, el juicio contra policías acusados de tortura, omisión de denuncia de tortura y abuso sexual se mantiene en un segundo plano, dejando en evidencia la desigual atención que reciben estos casos dentro del sistema judicial, expone la abogada de la APDH.

Todos los hechos denunciados —golpes, vejaciones, amenazas y el abuso sexual sufrido por uno de los jóvenes— forman parte de las calificaciones legales que se someterán a juicio. La querella de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos trabajó coordinadamente con la Fiscalía, aunque reconocen que en algunos puntos existen diferencias sobre cómo calificar ciertos delitos. En general, las coincidencias predominan, pero la APDH decidió en todos los casos optar por una calificación más gravosa: la de tortura.

La decisión de calificar los hechos como tortura se sustenta en la magnitud y coordinación de la violencia ejercida por el personal policial. La participación numerosa de los efectivos garantizó la interacción directa y continua con las víctimas, asegurando que todos los jóvenes fueran objeto de agresión. Así, cada uno de los policías implicados no puede considerarse simplemente partícipe o cómplice, sino autor del delito de tortura en su totalidad. Esta postura refleja también una estrategia judicial orientada a visibilizar la gravedad del hecho y la responsabilidad de cada involucrado, evitando minimizar la violencia institucional como si se tratara de incidentes aislados o errores individuales.

El inicio del juicio representa, por tanto, un paso importante no solo para las víctimas, sino para la sociedad en su conjunto. La espera deja en evidencia la lentitud del sistema judicial frente a casos de violencia institucional y la necesidad de políticas públicas que prioricen la protección de los derechos humanos frente a la impunidad policial. Para las familias de los jóvenes, la expectativa es que este proceso no solo reconozca la magnitud de los abusos sufridos, sino que también siente un precedente respecto a la responsabilidad de quienes ejercen el poder estatal.

El debate oral permitirá reconstruir con detalle la cadena de violencias vivida aquella madrugada, desde la persecución inicial hasta la detención prolongada y las vejaciones en la comisaría, mientras la sociedad y los tribunales enfrentan la difícil tarea de traducir en justicia los horrores que durante años permanecieron invisibles. Cada testimonio, cada detalle de la investigación, cada decisión judicial será un paso hacia el reconocimiento de lo sucedido y hacia la reparación de un daño que los años no ha logrado borrar.

Revictimización y declaraciones en el juicio
A partir del 18 de febrero, los jóvenes deberán volver a enfrentar el tribunal, presentarse y declarar ante los jueces, tal como lo prevé el proceso oral. Este regreso al tribunal no es un simple trámite: representa una nueva revictimización. Cada testimonio, cada relato, implica revivir la violencia y el miedo de aquella madrugada de 2018. Escuchar nuevamente los episodios de persecución, golpes y humillaciones constituye, en palabras de quienes acompañan el caso, una suerte de tortura renovada, que provoca dolor físico y psíquico. Aún después de múltiples declaraciones previas, el proceso exige que las víctimas reconstruyan frente al tribunal la cadena de violencias sufridas.

El calendario de audiencias está definido: comenzarán el 18 de febrero y se extenderán hasta el 9 de marzo inclusive. El primer día se reservará principalmente para presentaciones formales, identificaciones de los imputados y los alegatos de apertura, aunque el tamaño del caso —21 policías acusados y siete víctimas— condiciona la dinámica. La producción de pruebas comenzará el 19 de febrero, con la presentación inicial de la acusación, seguida por los testimonios de las víctimas. Luego se dará paso a la producción de pruebas por parte de la defensa. La culminación del juicio se espera entre el 6 y el 9 de marzo, con los alegatos finales de todas las partes, un momento clave donde la acusación y la defensa expondrán sus conclusiones ante el tribunal.

Hoy todos los policías acusados continúan en funciones. Patrullan las calles, se desempeñan en el comando radioeléctrico y en la Policía de Acción Táctica (PAT), sin restricciones significativas que impidan su contacto con la comunidad o su participación en operaciones policiales. A pesar de que se habían establecido obligaciones procesales, como la presentación periódica ante la oficina de gestión judicial, estos mecanismos no han sido suficientes para garantizar la seguridad de las víctimas ni impedir intentos de amedrentamiento. Durante los meses posteriores a la denuncia, varias de las víctimas sufrieron distintos tipos de persecución y hostigamiento, evidenciando que las medidas preventivas aplicadas hasta ahora resultaron insuficientes frente a un entorno institucional que no siempre protege a quienes denuncian abusos.

El escenario judicial, por tanto, se presenta complejo y delicado. Los mecanismos de protección que existen hasta ahora no alcanzan, y ver a los acusados todavía en la policía suma una amenaza real, una presión que está ahí y no se puede pasar por alto. Aun con todo eso, que el juicio haya empezado marca un antes y un después: la justicia por fin obliga al sistema a mirar de frente la gravedad de lo que pasó y a exigir cuentas a quienes, en teoría, estaban ahí para cuidar a la gente. Cada audiencia será un recordatorio de lo ocurrido y una oportunidad para visibilizar la violencia institucional que hasta ahora permaneció silenciada.

Difusión de imágenes y hostigamiento constante
El juicio no solo traerá la reconstrucción de la violencia física y sexual, sino también la exposición de las estrategias de hostigamiento y miedo que la policía desplegó durante años. La difusión de fotografías tomadas por los propios efectivos se convirtió en una forma adicional de intimidación. Las imágenes, registradas durante los episodios de detención y vejación, circulaban entre los mismos miembros de la fuerza, generando un miedo constante en las víctimas. Los jóvenes se encontraban con efectivos que, en medio de la vida cotidiana, los reconocían y los confrontaban: "Vos sos el que estabas en la 14, ¿querés terminar igual que la otra vez?", decían, recordándoles de manera explícita los abusos sufridos.

Estas persecuciones fueron denunciadas en cada oportunidad ante la fiscalía, registrando un patrón persistente de amenazas y acoso. En el caso de Nelson, uno de los jóvenes afectados, la situación alcanzó tal magnitud que, el 23 de marzo de 2018, se gestionó un recurso de hábeas corpus preventivo que finalmente fue concedido. Este mecanismo judicial permitió frenar, aunque parcialmente, el hostigamiento constante y la persecución policial que sufría. Antes de la intervención del tribunal, las medidas de protección resultaban insuficientes, y los jóvenes estaban expuestos a la intimidación cotidiana de aquellos que debían garantizar su seguridad.

La concesión del hábeas corpus fue, en ese contexto, una herramienta clave para demostrar la realidad de la persecución. Sin esa constancia legal que registrara formalmente el hostigamiento, es probable que las denuncias se hubieran desestimado o minimizado. La validez de este recurso evidencia que la sistematicidad del acoso era tangible y comprobable: no se trataba de episodios aislados ni de percepciones subjetivas, sino de prácticas institucionalizadas dentro de la fuerza policial.

Más allá del aspecto legal, la existencia de estas imágenes y la circulación entre los efectivos tuvieron un efecto devastador en la vida de las víctimas. Cada encuentro con la policía podía convertirse en un recordatorio del abuso pasado, un mecanismo de control social que extendía el daño más allá del episodio inicial en la comisaría. La violencia institucional, de esta manera, se prolongaba en el tiempo y en el espacio, y el juicio busca también dar visibilidad a estas formas de intimidación menos evidentes, pero igualmente dañinas.

La producción de la prueba en el tribunal incluirá estas situaciones, detallando no solo los actos de violencia física y sexual, sino también las formas de hostigamiento que configuraron un clima de miedo sostenido durante años. Mostrar estas estrategias ante jueces y fiscales les ayuda a ver la violencia institucional en toda su magnitud. No es solo algo que pasa una noche y ya; es un daño que sigue, que se mete en la vida diaria de las víctimas, les roba libertad, seguridad y hasta afecta su salud mental.

Este punto del juicio deja claro que la justicia no puede enfocarse solo en los golpes o el abuso físico. También tiene que mirar cómo el poder del Estado presiona, humilla y controla a quienes se atreven a denunciar. Cada fotografía, cada amenaza, cada acto de persecución documentado se incorpora así como prueba de un patrón sistemático de violencia y de la necesidad de que el Estado responda de manera efectiva frente a sus propios agentes.

El juicio como oportunidad de reparación

El juicio por los hechos de 2018 adquiere una dimensión que trasciende lo individual: no se trata solo de sancionar a los responsables de la violencia ejercida sobre los siete jóvenes, sino de visibilizar un patrón de actuación institucional que reproduce desigualdades y refuerza la impunidad. La expectativa de la APDH y de quienes acompañan la causa es que este proceso sirva para mostrar que la violencia estatal no puede quedar normalizada, que los abusos cometidos por personal uniformado deben ser juzgados y que los derechos de las víctimas deben ser garantizados, incluso frente a años de burocracia y dilaciones judiciales.

Mientras se espera que se realicen las audiencias, las medidas adoptadas hasta ahora para proteger a las víctimas se muestran insuficientes, y la continuidad de los policías acusados en sus funciones pone de relieve los riesgos y las contradicciones del sistema. Sin embargo, la apertura del juicio representa un paso significativo hacia la reparación y la visibilización de la violencia institucional: la sociedad se enfrenta a la evidencia de que los derechos humanos no pueden ser objeto de demora ni de doble estándar.

Al final, este caso deja claro que buscar justicia no solo significa ir tras los culpables directos. También pone en jaque a las políticas públicas y a la forma en que el Estado elige proteger —o simplemente dejar de lado— a quienes se atreven a denunciar abusos. La violencia institucional, el hostigamiento y la revictimización no son hechos aislados; forman parte de algo mucho más grande, sin importar quién tenga el poder.

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Ajustar sin resolver: la economía de Milei y el costo social de un modelo que no reactiva

Lavih Abraham es economista, docente universitario e investigador del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía del MATE. Desde ese espacio participa mensualmente en la elaboración de los informes de coyuntura y en múltiples análisis públicos que buscan explicar cómo las decisiones macroeconómicas terminan impactando de manera concreta en la vida cotidiana de los trabajadores, los jubilados y el conjunto de la población.

Como autor del último informe del MATE —un trabajo que analiza la evolución de la inflación, los salarios, el empleo, el modelo económico vigente y su impacto sobre trabajadores, jubilados y la producción—, Abraham traza en las Señales un diagnóstico severo sobre la economía argentina a comienzos de 2026. Para el economista, el ajuste implementado por el gobierno fue "muy fuerte" y, aunque reconoce que resolvió algunos problemas puntuales, sostiene que en términos generales "creó más problemas de los que solucionó".

Según explica, se trata de un ajuste que, a pesar de haber sido "durísimo" con la mayoría de las prestaciones del Estado —desde jubilaciones y obra pública hasta programas estatales—, no logró cumplir uno de sus objetivos centrales: frenar la inflación. El índice de precios, señala, sigue ubicándose en torno al 2,5 o 3% mensual y, lejos de desacelerarse, lleva ocho meses consecutivos de aumentos, mes tras mes, aunque sea de manera leve.

El impacto del ajuste tampoco fue neutro sobre el entramado productivo. Por el contrario, Abraham advierte que se agravaron los problemas estructurales al consolidarse un modelo económico muy distinto al de años anteriores. Un esquema de dólar barato, importaciones que compiten de forma directa y agresiva con la industria nacional y un creciente endeudamiento financiero configuran, a su entender, "el caldo de cultivo de la próxima crisis". En ese marco, describe a un gobierno que no deja de ajustar pero que, al mismo tiempo, "no le encuentra la vuelta", mientras en el camino arrasa con la producción nacional, la industria, la construcción, el comercio y el conjunto de los sectores productivos.

Un ajuste profundo que no resolvió la inflación
Los salarios aparecen como una de las principales variables de ajuste. Para Abraham, el objetivo de fondo de la política económica ha sido bajar los sueldos, y afirma que ese objetivo se está cumpliendo. El informe también muestra que, pese al ajuste, la inflación volvió a acelerarse en diciembre, un dato que para el economista confirma la ausencia de un programa antiinflacionario consistente. "No hay un plan", sostiene, y cuestiona la confianza casi exclusiva del gobierno en el dogma de que la emisión monetaria es la única causa de la inflación.

Si bien reconoce que se redujo fuertemente la emisión, remarca que los resultados no acompañaron esa estrategia. En 2025, la inflación alcanzó el 31%, un nivel que supera al de 2015 y al de prácticamente todos los años entre 2002 y 2017. Aun con esa inflación elevada, explica, el gobierno parece apostar a que los desequilibrios se resolverán de manera automática, una expectativa que, según Abraham, "evidentemente no funciona así".

Uno de los datos más contundentes del informe es la caída histórica del salario estatal. Los ingresos de los trabajadores del Estado se ubican un 20% por debajo de los niveles de 2023, lo que implica una pérdida acumulada cercana a los 10 millones de pesos por trabajador. Para Abraham, no hay antecedentes recientes de un deterioro de esta magnitud. Recuerda que el empleo estatal estuvo muy mal remunerado durante los años 80 y 90, especialmente en esa última década, pero que a partir de 2003 se produjo una revalorización tanto simbólica como salarial del trabajo en el sector público.

Entre 2003 y 2015, explica, los salarios estatales mejoraron y, con altibajos, ese nivel se sostuvo hasta 2023. El cambio, afirma, es deliberado. Sostiene que el actual gobierno busca "destruir el Estado", algo que, según señala, fue anunciado explícitamente por el propio presidente. Parte de esa estrategia consiste en destruir los salarios de quienes trabajan en el sector público, además de despedir a decenas de miles de empleados y cerrar reparticiones en todo el territorio nacional.

El desfinanciamiento alcanza a áreas clave como la cultura, el arte, la educación, la ciencia, la tecnología y los servicios sociales. Dentro de ese proceso, subraya Abraham, se encuentra también el recorte sistemático del salario estatal, que hoy se ubica un 20% por debajo de su poder de compra de 2023, no de manera puntual sino de forma permanente, mes tras mes. "No es menor que un sueldo compre 20% menos de lo que compraba", advierte, y define la situación como una ruptura profunda con la vida cotidiana de los trabajadores del Estado.

Las consecuencias ya son visibles. Los trabajadores más calificados comienzan a abandonar el sector público, lo que genera un vaciamiento progresivo del Estado. En el extremo de mayor calificación, como el caso de científicos e investigadores, muchos optan directamente por emigrar o abandonar las universidades. Abraham describe departamentos universitarios completos que no logran cubrir cargos docentes porque los profesionales más formados prefieren irse ante salarios que considera indignos. Todo ese proceso, concluye, forma parte de una destrucción sistemática del Estado, que incluye el empobrecimiento de sus trabajadores, el achicamiento de sus funciones y el despido de más de 80.000 personas sin ningún tipo de contemplación.

El Estado como enemigo: salarios estatales en caída libre
El deterioro salarial que describe el informe no se limita al empleo estatal. Abraham señala que el sector privado también fue golpeado, aunque con matices. La pérdida inicial, explica, se produjo apenas iniciado el actual gobierno, a partir de una fuerte devaluación decidida de manera deliberada. Esa devaluación disparó un salto inflacionario inmediato que no fue compensado por los salarios, ni públicos ni privados. "Perdieron todos", resume el economista.

Durante 2024, sin embargo, el sector privado mostró una dinámica algo distinta. Las paritarias permitieron una recuperación parcial de los salarios hacia la segunda mitad del año, aunque sin revertir completamente el golpe inicial. Esa tendencia se frenó en 2025. Las negociaciones salariales de ese año, según Abraham, apenas alcanzaron para "sostener" los ingresos y evitar una caída mayor, pero no lograron recuperar lo perdido. El resultado es un salario privado que, en promedio, quedó entre un 6 y un 7% por debajo de los niveles de 2023 en términos de poder adquisitivo.

El promedio, aclara, esconde realidades muy dispares. Hay sectores que perdieron entre un 10 y un 15% de su poder de compra y otros que lograron mantenerse más cerca de los niveles previos. Aun así, el balance general es negativo: los sueldos ya no alcanzan. Y esa medición, agrega, se realiza sobre la base de un índice de inflación que considera desactualizado. El índice oficial, sostiene, necesita una revisión profunda que el gobierno ha decidido postergar sistemáticamente, hasta llegar incluso a afirmar que no lo hará. "Mide la inflación como quiere", dice Abraham, y advierte que ese manejo erosiona la credibilidad, debilita la institucionalidad y termina afectando seriamente la confianza en las estadísticas públicas.

Jubilados, pensionados, el ajuste silencioso
Entre los sectores más castigados aparecen los jubilados y pensionados. Al inicio del gobierno, explica, las jubilaciones no fueron actualizadas, lo que provocó una pérdida cercana al 40% del poder adquisitivo. Parte de ese deterioro se recuperó hacia fines de 2024, pero el daño no se revirtió. Con la nueva fórmula de actualización, que ajusta las jubilaciones a la par de la inflación, los haberes quedaron en promedio un 23% por debajo de los niveles de 2023. En términos concretos, una jubilación que antes permitía comprar 100 hoy permite comprar apenas 77.

La situación es aún más grave para quienes cobran la mínima. En ese caso, la pérdida de poder adquisitivo se acerca al 28%. Abraham lo traduce en una cifra contundente: a un jubilado se le quitó, mes tras mes, entre un 25 y un 28% de su ingreso. Sumado en el tiempo, equivale a unos 5 millones de pesos que debería haber cobrado desde el inicio del gobierno y que nunca llegaron a su bolsillo. No se trata de una suma concentrada en un solo pago, sino de pequeñas pérdidas acumuladas a lo largo de los meses. "Es mucha plata", remarca, y subraya que esa ausencia de ingresos golpea de lleno a la actividad económica, al comercio y al consumo en general.

Quiénes ganan con el ajuste
El informe también cuantifica una transferencia de ingresos de magnitud inédita: cerca de 67 billones de pesos que salieron de los salarios. La pregunta por el destino de ese dinero no tiene una respuesta sencilla. Abraham explica que una parte directamente "se destruyó". Al caer la producción, esa riqueza dejó de existir: no se transformó en consumo, ni en inversión, ni en producto. Simplemente desapareció, empobreciendo al conjunto de la sociedad argentina.

Otra parte, en cambio, sí tuvo ganadores. Los principales beneficiados, según el economista, fueron ciertos sectores vinculados a las finanzas. No se trata exclusivamente de los bancos —que en algunos casos ganaron y en otros perdieron—, sino de un entramado más amplio. Muchas grandes empresas, explica, poseen enormes activos financieros además de su capacidad productiva. Junto a la empresa que fabrica y vende, existe una "segunda empresa", completamente financiera, cuyos fondos en muchos casos equivalen al valor total de la firma. En ese proceso, compañías tradicionalmente productivas pasaron a obtener una parte creciente de sus ganancias en el plano financiero. Incluso empresas con márgenes productivos bajos lograron grandes beneficios a través de operaciones financieras. Ese sector, concluye Abraham, es uno de los grandes ganadores del modelo.

Un modelo que no crea trabajo
El ajuste también dejó una huella profunda en el empleo. Desde la asunción del gobierno se perdieron casi 320.000 puestos de trabajo formales. Para Abraham, lejos de ser un daño colateral, esa caída es consistente con el modelo económico vigente. Cerca de 100.000 empleos se perdieron en el sector público y otros 200.000 en el privado. Se trata de un esquema que no genera trabajo porque los sectores más castigados son justamente los grandes empleadores de la Argentina: la industria, la construcción y el comercio.

La construcción, señala, mueve millones de puestos de trabajo; la industria emplea cerca de un millón de trabajadores, aunque ya perdió casi 100.000; y el comercio funciona históricamente como un gran absorbente de mano de obra. Muchos de esos empleos dejaron de estar registrados y pasaron a la informalidad. Otras personas directamente perdieron su trabajo y hoy sobreviven con changas: manejan para aplicaciones, hacen repartos en moto, venden productos puerta a puerta o a través de redes sociales. Son esas las ocupaciones que crecieron, pero no compensan ni en cantidad ni en calidad la pérdida de empleo formal.

Para Abraham, ese cambio no es menor. Se trata de una degradación profunda de la calidad del trabajo. Un empleo registrado implica aguinaldo, vacaciones, licencias por maternidad y enfermedad, obra social, representación sindical y una red de derechos y beneficios que forman parte de la historia de la clase trabajadora argentina. Nada de eso existe en el trabajo no registrado. Más allá de que algunos puedan "hacer unos mangos" con su auto o su moto, sostiene, nunca es lo mismo que contar con un empleo formal y con los derechos que ese tipo de trabajo supo garantizar a lo largo del tiempo.

La vida en cuotas
El deterioro de los ingresos no se expresa solo en estadísticas. Para Abraham, una de las señales más claras del momento actual es el nivel de endeudamiento de los hogares. Cada vez más familias, explica, se endeudan para comer, para pagar los servicios básicos o simplemente para llegar a fin de mes. Cuando el salario no alcanza, la reacción inmediata es intentar sostener el nivel de vida recurriendo al crédito. Y cuando aparece cualquier imprevisto, el endeudamiento se vuelve inevitable.

El economista describe escenas que se repiten con frecuencia: familias que no pueden afrontar la reparación de un electrodoméstico, mucho menos la compra de uno nuevo, y que terminan resolviendo todo a través de cuotas y más cuotas. Compras básicas del supermercado financiadas en tres o cuatro pagos, tarjetas de crédito al límite y un crecimiento sostenido de las deudas impagas. "Cada vez más deudas atrasadas, cada vez más deudas en mora", resume.

Récord histórico de mora y la usura del día a día
Los datos del Banco Central confirman ese cuadro. Según Abraham, la Argentina atraviesa el momento de mayor irregularidad en los pagos de toda su historia, incluso por encima de lo ocurrido a la salida de la pandemia o durante la crisis de 2018. Al analizar dónde se concentran esas deudas, aparece un dato clave: si bien hay mora en tarjetas de crédito y préstamos personales, el mayor nivel de irregularidad se registra en las compañías financieras.

Se trata, explica, de los créditos más fáciles de obtener, aquellos a los que accede la mayoría de la gente en los barrios, con préstamos pequeños y de corto plazo. No son los bancos tradicionales, sino las financieras de acceso rápido. Allí, casi el 30% de los créditos presenta atrasos. "Uno de cada tres créditos no se puede pagar", señala Abraham, y define la situación como una barbaridad.

Ese mecanismo genera una dinámica asfixiante: cobrar el sueldo y destinarlo casi por completo a pagar deudas previas, para luego volver a endeudarse durante el mes siguiente. Ya no existe la posibilidad de guardar dinero. El salario entra y sale de inmediato, absorbido por tarjetas y cuotas que se convierten en una bola imposible de frenar. Es, para el economista, otra evidencia de que los sueldos no alcanzan y de que la Argentina se ha convertido en un país carísimo para su propia población.

El periodista ilustra esa realidad con una escena cotidiana que le tocó presenciar. En la fila de un comercio, la mujer que estaba delante suyo intentó pagar con una aplicación de uso común. El pago fue rechazado por falta de fondos. La mujer le pidió unos minutos y terminó pidiendo dinero prestado y sacando un crédito en el acto para poder pagar la compra. "¿Cuánta gente hace lo mismo?", se pregunta. Y advierte Abraham que detrás de esas operaciones hay comisiones altísimas y tasas de interés extremadamente elevadas.

Ese esquema, sostiene, es posible porque las tasas están completamente desreguladas. El gobierno, afirma, no tiene interés en regularlas, apoyado en una concepción según la cual el mercado se autorregula. Para Abraham, la experiencia demuestra lo contrario: el mercado sí se regula, pero siempre a favor de los más fuertes y en contra de los más débiles.

Destruir en meses lo que llevó décadas construir
El panorama general que traza es el de una economía que no logra reactivarse, que no produce y que depende cada vez más de importaciones, mientras destruye un entramado industrial que llevó décadas construir. "Romper una construcción colectiva de décadas", dice, para convertir a la Argentina en una plataforma de exportación subordinada a la economía norteamericana. En su diagnóstico, lo que está en juego no es solo un modelo económico, sino también la identidad nacional, sometida a una lógica de alineamiento y dependencia absoluta.

Ese es, para Abraham, el rumbo actual. Un camino que conduce a una economía más frágil, más desigual y con una sociedad empobrecida, donde el ajuste no resolvió los problemas de fondo y dejó heridas profundas en el trabajo, los ingresos y la vida cotidiana de millones de personas.

Con esa advertencia final, el economista cierra su análisis. Del otro lado, la charla se interrumpe brevemente por una escena doméstica: un niño reclama atención. La realidad, una vez más, se cuela en medio del diagnóstico económico.

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Villa Banana: historia, estigma y comunidad al borde de la vía

Entre las vías del ferrocarril y las oleadas de migración interna, Villa Banana creció en los bordes del Estado y lejos de cualquier planificación urbana. Allí, donde el mapa llegó tarde, se fueron tejiendo historias de infancia, escuela y comunidad. Las docentes Liliana Mesa y Silvia Coronel recuperan esos relatos y hablan de educación comunitaria y resistencia cultural, para mostrar cómo un barrio popular construye identidad propia mientras enfrenta las transformaciones del tiempo y el peso persistente de los estigmas

Orígenes y primeros asentamientos

En el Distrito Oeste de Rosario, al pie de las vías del ferrocarril Belgrano, entre las avenidas 27 de Febrero, Presidente Perón y Avellaneda, se extiende un barrio cuya historia no nació de un plano ni de una licitación pública. Villa Banana creció donde el Estado llegó tarde, como tantas otras barriadas populares que rodean a las grandes ciudades argentinas: sobre terrenos poco urbanizados, sin servicios, sin títulos de propiedad, empujada por la necesidad y la migración interna.

Durante la década de 1960, alrededor de 1968, comenzaron a levantarse las primeras casillas en una zona que hasta entonces había sido de quintas, chacras y hornos de ladrillo. Familias que llegaban a Rosario en busca de trabajo ocuparon tierras ferroviarias y privadas, armando viviendas precarias al borde de las vías. Para 1980, el asentamiento ya se había consolidado como una comunidad firme, con cientos de familias viviendo en condiciones frágiles pero sostenidas por una trama social intensa.

El nombre del barrio no remite a la fruta, sino a una imagen vista desde arriba. Según recuerdan quienes habitan la zona desde hace décadas, las primeras construcciones se acomodaron siguiendo la curva del tendido ferroviario. Desde el aire, las casitas alineadas junto a las vías dibujaban una forma inconfundible: una banana. Así nació el nombre popular que todavía hoy condensa pertenencia, estigmatización y memoria.

La infancia de Liliana Mesa

Liliana Mesa es educadora intercultural y bilingüe. Pero antes de cualquier título, es hija de ese territorio. "Mi villa, mi Villa Banana", dice, y en esa repetición hay identidad y disputa. Creció al costado de la vía, sobre lo que entonces era avenida Godoy y hoy se llama Juan Domingo Perón. Desde allí construye una memoria que no entra en los informes técnicos ni en los renders de urbanización.

Hace poco decidió volver a escribirla y publicarla en sus redes sociales. No como nostalgia ingenua, sino como gesto político frente a un proceso que, según siente, "le lava la cara" al barrio mientras borra lo vivido. En ese texto aparecen los pasillos —como el Sin Fin—, el ferrocarril que funcionaba como despertador cotidiano, las vías convertidas en juego infantil donde había que caminar sin caerse. Aparecen también la escuela y el comedor, las fiestas de fin de año, el vestido nuevo, el asado, el chamamé, la mesa larga, la familia y ese olor a lluvia que, según el acuerdo tácito del barrio, siempre llegaba cada 31 de diciembre.

Liliana recuerda las chapas sonando con cada gota como una señal para ir a dormir, los domingos sin trabajo porque así lo decía su madre, la cocina compartida, la torta asada, el mate cocido. Recuerda a su hermanito Dani, que ya no está, a los amigos, los pies descalzos, los árboles, el cañaveral, la canchita de Vallejo y una lista de nombres propios que funcionan como mapa afectivo: Don Montiel, el Polaco, Doña Juana, la Colorada, Don Galván, los Fernández, los Freitas, Cortito y tantos más. "Ahora me pregunto quién puede nombrar todo eso", escribe, consciente de que la transformación urbana suele avanzar más rápido que la memoria.

Don Montiel y la comunidad QOM

Don Montiel ocupa un lugar central en ese relato. Fue uno de los primeros en llegar desde el norte, hacia fines de 1969, y uno de los pioneros de la comunidad indígena QOM en el barrio. Con él llegaron otras familias. Su casa fue la tercera o la cuarta del asentamiento. Así se fue armando Villa Banana, a fuerza de redes familiares y migraciones encadenadas. La historia que se cuenta en las casas coincide con la que quedó grabada en las fotos aéreas: cuando se realizó el primer mapeo de la zona, la imagen mostraba claramente las viviendas alineadas junto a las vías, formando esa curva que terminó de sellar el nombre.

Con el paso de los años, el barrio cambió. Algunas transformaciones trajeron mejoras visibles: se abrió la trama urbana, se hicieron calles como Lima y Servando Bayo, se construyó la Plaza de la Infancia, la antigua canchita se volvió placita. Pero también llegaron proyectos a medio camino y promesas políticas que nunca se terminaron de cumplir.

El cronista recordó cuando Hermes Binner, en el estudio de Aire Libre, Radio Comunitaria, habló de descentralización y anunció la necesidad de "transformar Villa Banana". El plan era ambicioso: un gran centro municipal de distrito, una avenida paralela, un parque que uniría Presidente Perón con bulevar Seguí, paralelo a Felipe Moré. La crisis económica, la falta de apoyos y los cambios de gestión dejaron esas ideas suspendidas. Después vinieron otros discursos: desde Cambiemos prometieron "abrir" el barrio; Mónica Fein golpeó puertas en Buenos Aires; Pablo Javkin retomó parte del proyecto, aunque —según dicen los propios vecinos— quedó a la mitad.

Transformaciones físicas y sociales

Las obras avanzaron de manera desigual. Algunas familias fueron relocalizadas cuando se abrió la traza de las calles; a otras se les prometió la refacción de sus viviendas. El padre de Liliana quedó del lado de los pasillos y todavía vive allí. Ella lo visita seguido y sigue trabajando con los chicos del barrio. Ve cómo se cierran pasillos con portones, cómo se mejora la fachada, cómo se ordena lo visible. Y también ve cómo, en ese proceso, se van yendo los habitantes más viejos, los primeros, los que sostuvieron el barrio cuando no había nada.

"Quieren mejorar, y se busca la mejora", reconoce. Pero insiste en no olvidar lo que se vivió. Las transformaciones la atraviesan con fuerza porque, mientras cambian las casas, se desarma una parte de la comunidad. Quedan los hijos, quedan los chicos, pero algo se pierde.

A partir de los años ochenta, recuerda, llegaron también otros problemas. La violencia empezó a florecer en un barrio que antes muchos recorrían sin miedo. Ella misma lo caminaba con tranquilidad. Incluso cuando trabajaba en una radio comunitaria y fue a hacer una nota con una médica del hospital Alberdi, se movieron por los pasillos sin inconvenientes para ayudar a una mujer postrada que necesitaba una silla de ruedas. "Después no sé si me animaba a moverme así", admite, aunque aclara que hoy sigue entrando y saliendo, que sigue pasando por los pasillos, y que muchas de las violencias que vio después las conoció fuera de la villa, en otros barrios, lejos de Banana.

Villa Banana no es solo un lugar que cambia con el tiempo. Es una memoria viva, siempre en discusión. Y en esa disputa, la voz de quienes crecieron al borde de la vía sigue insistiendo en que no hay urbanización posible si primero no se reconoce la historia que se intenta tapar.

Educación y memoria

Liliana Mesa creció en Villa Banana y sus recuerdos de infancia eran vívidos y precisos. Recordaba cómo, desde los doce años, comenzó a trabajar mientras cursaba el secundario: su madre los había anotado en una escuela particular en el centro de Rosario, y ellos mismos se pagaban los estudios y el colectivo. "Empezamos a hacer vida social fuera de la villa", decía, y relataba cómo conocer otras clases y sectores de la ciudad les abrió los ojos. Entre esas experiencias, vio violencia y drogas en otros barrios, pero en Villa Banana, mientras creció, nunca presenció lo que ahora muchos asociaban con las villas: bunkers de droga o narcotráfico. Sin embargo, sí recordó que años después la comunidad tuvo que organizarse para sacar un bunker de la villa, en Lagos y Francia, cerca de los FONAVI. Fue una movida grande, popular y cultural, hecha por vecinos comprometidos. "Más que nada lo hicimos nosotros, como vecinos, como comunidad popular", decía, enfatizando la fuerza de la organización barrial.

A pesar de los estigmas que acompañan a los barrios populares, Liliana nunca dejó de recorrer Villa Banana. Seguía caminando por los pasillos, observando cómo se habían abierto nuevas calles, se habían reformado casas y se levantaban plazas, pero al mismo tiempo, percibía la desaparición de vecinos históricos. "Sigo viendo que se está yendo un montón de gente ya grande, los primeros habitantes; iban quedando pocos, quedaban los hijos y están los chicos", contaba. Para ella, la transformación física era acompañada de un sentimiento de pérdida: la memoria colectiva, las historias de vida, los recuerdos de infancia, todo eso permanecía, aunque las calles cambiaran.

Liliana hablaba del estigma con claridad: cuando el gobierno anunció que Villa Banana dejaría de llamarse villa y sería Barrio Banana, ella percibió un intento de "cambiar la vestimenta" del barrio sin modificar la discriminación social de fondo. Recordaba que tanto ella como su hermano habían sentido miradas de juicio. Su madre pertenecía a la comunidad Toba y su padre era Correntino, y la combinación de rasgos influía en la manera en que los demás los percibían. "Mi hermano, que tenía más la cara de gente de la comunidad, sufrió mucha discriminación", decía. Aun así, los valores transmitidos por sus padres —educación, respeto, orgullo de sus raíces— fueron su bandera, y siempre los defendió. "Sentirme orgullosa de lo que me transmitieron, de quién soy, de mis raíces, de dónde vengo, fue siempre mi bandera", repetía, insistiendo en la importancia de mantener la identidad viva.

La villa no es un simple punto en el mapa; es un territorio marcado por la cultura y la educación. En Villa Banana conviven dos bibliotecas populares, el Club Social y Deportivo 20 Amigos y la Bananateca, además de la Escuela Marcelino Champagnat, cuya presencia es constante en el barrio, junto a otras instituciones educativas de la zona que forman parte de la vida cotidiana de niños y jóvenes. Allí también está la casita de Mensajeros de Jesús, donde funciona la Cooperativa Aquelarre, un espacio que condensa prácticas solidarias y organización popular.

El periodista insiste en que conocer antes de juzgar es fundamental: "Antes de levantar el dedito y discriminar, hay que conocer un poco más antes de decir que sos malo porque vivís en la villa". En ese marco, la educación intercultural bilingüe —con jardines de infantes, escuelas primarias, secundarias y el acompañamiento en la educación superior— aparece como una herramienta clave para que los jóvenes respeten sus raíces y, al mismo tiempo, puedan imaginar un futuro más amplio.

"Los chicos tienen que entender que no porque hayas nacido en una villa o seas de la comunidad tenés que ser tal cosa. Aquí estamos y estamos luchando todos los días", decía, con un marcado sesgo político y social, en defensa de la identidad de los barrios populares y del valor de las políticas educativas y culturales.

Comunidad, radio y organización

Silvia Coronel, que también se sumó a la charla, evocó con cariño la Aire Libre, Radio Comunitaria, que había sido un pilar constante de la vida del barrio. Contó que, desde su llegada al barrio Fonavi en 1984 hasta 2010, más de veinticuatro años, la radio fue su "base", un espacio para recoger las inquietudes de los vecinos y acompañar las cuestiones educativas y barriales. Recordaba con detalle la intensidad de la actividad vecinal: las reuniones, las cuotas, los reclamos, las iniciativas culturales y educativas; todo pasaba por la radio, que se convirtió en un punto de encuentro y de organización. "Era nuestra base, nuestra conexión con la comunidad", decía, mostrando cómo el medio no solo difundía información, sino que fortalecía la identidad y la memoria del barrio.

Al ver las fotos y escuchar los recuerdos de Liliana sobre Villa Banana, Silvia sintió un "regreso emocional" a esos años, evocando todos los recuerdos buenos que había vivido como docente en la villa. Su labor en la nocturna 12 implicaba recibir adolescentes y adultos, fundamentalmente de Villa Banana, y a medida que surgieron dificultades para asistir por la noche, comenzaron a abrir cargos, grados y horarios en la propia comunidad. Así, la radio y la escuela se entrelazaban: mientras uno visibilizaba necesidades y experiencias, el otro adaptaba la educación a las circunstancias reales del barrio. Silvia encontraba en Aire Libre un espacio de legitimación y comunicación: "Aquí recogíamos inquietudes y podíamos hacer que se escuchara la voz del barrio", explicaba, mostrando la importancia de los medios comunitarios como herramientas de transformación social y política.

Docencia en contextos precarios

En un galpón de chapa de zinc con piso de tierra, cedido por una iglesia evangélica que aún hoy permanecía en pie, comenzó su recorrido en Villa Banana. El lugar, humilde y precario, no tenía nada de aula formal: apenas un espacio abierto que exigía creatividad y esfuerzo para transformarlo en un sitio de enseñanza. Allí, cargando un pizarrón abandonado desde un depósito, improvisó su primera clase. Con ese tablero a cuestas, lo instaló y dio inicio a una experiencia que definiría su vida como educadora adulta, describiéndola como la más hermosa de todas. Cada gesto, cada detalle de aquel primer encuentro con los alumnos, estaba impregnado de una mezcla de clandestinidad, determinación y entusiasmo: no había ministerio que los acompañara ni recursos oficiales que los sostuvieran. Todo dependía de su voluntad, de su ímpetu, de "ir y ver cómo hacemos", tal como ella misma lo recordaba.

Ese impulso de acción inmediata, de irrupción en los lugares sin esperar permiso ni subsidio, definió a los docentes de aquel tiempo. Buscaban recursos por todos los medios posibles y se instalaban donde podían: un galpón, un comedor comunitario, cualquier espacio que permitiera dar continuidad a la educación. En un momento, se trasladaron a un comedor que habían armado las mujeres del barrio, un lugar más cómodo que el galpón inicial, donde también continuaron las clases. Allí, las madres organizaban el espacio para los niños y se sumaban a la creación de un aula que, pese a sus condiciones precarias, se convertía en un núcleo de aprendizaje y comunidad.

La docente recordaba con emoción los viajes que organizaron con los adultos y sus hijos. Uno de los más significativos fue a Chapadmalal, donde muchos de ellos conocieron el mar por primera vez. La planificación del viaje implicaba un esfuerzo enorme: buscar colectivos, conseguir recursos, coordinar la participación de las familias. Aquella experiencia no solo ampliaba horizontes geográficos, sino que fortalecía lazos comunitarios y reforzaba la importancia de la educación y la inclusión: "¿Te imaginas el viaje al mar? No conocían el mar. Una cosa maravillosa", recordaba, con la voz teñida de emoción.

La escuela como territorio

Su relación con Villa Banana era íntima y cercana. Entraba al barrio como si fuera parte de él, conocida por todos, saludando a los vecinos, identificando a cada alumno y su familia. La escuela y la comunidad se entrelazaban: recorrer las calles, hacer censos, buscar alumnos, ajustar horarios, acomodar espacios improvisados, todo formaba parte de la rutina docente. Cada acción tenía un doble sentido: enseñar y crear comunidad. La docente evocaba con nostalgia aquellos días: andar por el barrio en bicicleta, ser reconocida por los vecinos, sentir que la escuela se extendía más allá de sus paredes.

Pero no todo era alegría. Cruzar la avenida Godoy, enfrentar la discriminación, lidiar con las dificultades de acceso al trabajo y la seguridad, eran desafíos diarios. En la parada de changarines, por ejemplo, se concentraba un fenómeno social particular: hombres y mujeres que ofrecían su trabajo día a día para sobrevivir, enfrentando la precariedad y la necesidad. Allí se evidenciaban las desigualdades y el esfuerzo cotidiano de las familias para sostenerse, y la docente recordaba conmovida lo que significaba para esas personas un trabajo temporal o un gesto de solidaridad. También aprendió a reconocer la labor de los hombres y mujeres luchadores que se integraban activamente en la comunidad, y el valor del trabajo en equipo y la ayuda mutua, enseñanzas que le había transmitido su propia familia.

Educación como herramienta política
La educación, en ese contexto, impulsaba a la docente a involucrarse en la vida del barrio más allá del aula: acompañaba reclamos contra la violencia institucional y apoyaba a quienes sufrían injusticias. La Comisaría 13, escenario de represiones y detenciones arbitrarias, se convertía en un espacio donde las mujeres del barrio asumían la responsabilidad de proteger a los jóvenes: se presentaban en la puerta, exigían su liberación, organizaban movilizaciones y velaban por el respeto de los derechos de los menores. A través del proyecto Comunidades Justas y Seguras, el abogado Quique Font colaboraba brindando asesoramiento legal y capacitaciones para que los vecinos conocieran sus derechos frente a la violencia institucional, una labor pionera y fundamental en la década del ochenta. El periodista subrayaba que esa historia formaba parte de la memoria viva del barrio y de su identidad: educación y organización comunitaria se entrelazaban para generar cambios concretos.

La discriminación también estaba presente en los rostros y en los gestos cotidianos. Muchos chicos y chicas, incluso hoy, podían sufrir exclusión por su apariencia o procedencia. Para la docente, ofrecer oportunidades y herramientas de estudio era fundamental: "Es horrible que a un chico le digan que no por cómo es. La educación es la herramienta", afirmaba, defendiendo la idea de que el estudio y el conocimiento eran la base para enfrentar la desigualdad y promover la justicia social. Cada acto de enseñanza, cada libro rescatado de la biblioteca de la escuela, como los textos de Don Plácido Grela sobre la historia del Bajo Hondo, se convertía en un instrumento para entender que los problemas de un barrio no son individuales, sino el resultado de políticas públicas y decisiones políticas: "El devenir de un barrio y de la historia personal de una persona está relacionado directamente con las decisiones políticas", enfatizaba, subrayando la responsabilidad colectiva.

Conexión de experiencias personales y colectivas

Mientras contaba su historia, la docente hilaba cada experiencia propia con ideas sobre la comunidad y la política. Recordaba con detalle cómo muchas personas habían llegado solas desde provincias lejanas, dejando familias atrás, y cómo la villa se convertía en un lugar de apoyo y contención para quienes buscaban un futuro mejor. La escuela y los docentes no solo ofrecían educación formal, sino también acompañamiento emocional, orientación y solidaridad: un espacio donde la esperanza y la posibilidad de cambio se concretaban en acciones diarias.

Cada recuerdo tenía nombres, calles, detalles: todo mostraba lo fuerte y viva que sigue la comunidad. Las madres que organizaban los comedores, los vecinos que ofrecían ayuda, los activistas legales que enseñaban derechos, los estudiantes que recorrían calles desconocidas para llegar a clase: todos formaban parte de un entramado que mostraba que la educación, la solidaridad y la acción política estaban inseparablemente ligadas. La docente insistía en que la memoria de estas experiencias debía servir no solo para rememorar, sino para enseñar a las nuevas generaciones la importancia de involucrarse, actuar y transformar la realidad desde la educación y la organización comunitaria.

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Fotos: Liliana Mesa, Mensajeros y Señales