domingo, 4 de octubre de 2026

Palestina, allanamiento y libros: Mariano Soria denunció una persecución política en Rosario

El docente, delegado sindical y militante de izquierda habló en el programa Señales sobre el allanamiento de su vivienda, el secuestro de una computadora, un teléfono y cuatro libros, y la investigación judicial que —según explicó— busca determinar la existencia de material antisemita y discursos de odio. Soria negó las acusaciones, cuestionó el procedimiento y aseguró que continuará militando por la causa palestina.

"No estoy ni detenido ni imputado"
En los últimos días circularon informaciones confusas sobre una serie de allanamientos realizados en viviendas de personas vinculadas a actividades de solidaridad con Palestina. Entre los domicilios allanados estuvo el de Mariano Soria, docente, delegado sindical y militante de izquierda de Rosario, cuya actividad pública en defensa de la causa palestina lo convirtió en uno de los nombres alcanzados por una investigación que, según explicó, busca determinar la existencia de supuesto material antisemita y discursos de odio.

Soria habló sobre el procedimiento en el programa Señales, donde describió lo ocurrido y buscó aclarar parte de la información difundida posteriormente por distintos medios de comunicación.

El operativo se realizó un miércoles, durante las primeras horas de la mañana, en su domicilio y en el de su compañera. La orden había sido emitida por el Área de Atención Inicial y Casos Sencillos de la Fiscalía Penal Federal de Rosario, a cargo de la fiscal Federica Tiscornia, y establecía que el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina llevara adelante las tareas correspondientes.

Soria describió el operativo como tranquilo. No hubo puertas rotas ni forcejeos y, según relató, él y su compañera no opusieron resistencia. Los agentes ingresaron para cumplir con la orden judicial, que disponía la búsqueda de supuesto material antisemita, discursos de odio y otros elementos relacionados con la causa. La orden también mencionaba expresamente la búsqueda de material antisionista.

Ese último punto resulta central en su interpretación. Según contó, lo que la policía encontró y se llevó de su casa fueron elementos vinculados con su actividad y posicionamiento político: una computadora, su teléfono celular y cuatro libros.

Tres de esos libros pertenecen a autores judíos antisionistas que cuestionan al Estado de Israel y al sionismo.

Los libros que quedaron bajo custodia policial
Entre los ejemplares secuestrados estaba material del historiador israelí Ilan Pappé, autor de La limpieza étnica de Palestina, Los diez mitos de Israel y Los palestinos olvidados, una obra que aborda la situación de los palestinos que permanecieron dentro de Israel después de 1948.

También se llevaron un libro de Abraham León, militante judío marxista fallecido en Auschwitz, cuyos trabajos analizan el desarrollo histórico del judaísmo, particularmente en relación con el capitalismo, y plantean una perspectiva de lucha por el socialismo y contra el sionismo.

Para Soria, la composición de esos libros es significativa porque, a su entender, demuestra que el allanamiento se produjo alrededor de un debate político y no de una actividad de carácter antisemita.

"No hay ningún material antisemita, ningún material de odio a ninguna comunidad religiosa, ni grupo cultural, ni nacional", sostuvo durante la entrevista.

El docente diferenció además el antisemitismo del antisionismo. Según explicó, su posicionamiento es contrario al sionismo, al que definió como una corriente política dentro de sectores de la comunidad judía. También mencionó la existencia de un sionismo cristiano, particularmente visible —según su interpretación— en sectores evangélicos de países como Estados Unidos y Brasil que respaldan al Estado de Israel.

Una investigación que Soria vincula con su militancia
El origen de la causa, según su relato, está relacionado con la actuación de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y de la Unión Sionista Argentina de Rosario (USAR), organizaciones a las que señala como impulsoras de la investigación.

Soria considera que el objetivo es amedrentar a quienes participan de la Asamblea de Acción por Palestina Rosario y vienen desarrollando desde hace años actividades públicas de solidaridad con el pueblo palestino y de denuncia de las acciones del Estado de Israel.

La acusación que figura en la investigación, explicó, está relacionada con el supuesto fomento de discursos de odio y discriminación. Soria rechazó categóricamente esa imputación y sostuvo que la reacción de las comunidades educativas de los lugares donde trabaja fue contundente en su respaldo.

Su posición política, en cambio, nunca fue un secreto.

"Tengo un posicionamiento político público, claro, que es apoyar a los palestinos", afirmó.

También dijo estar en contra de las políticas del Estado de Israel desde su fundación hasta la actualidad y sostuvo que las acciones desarrolladas en Gaza y Cisjordania tienen, a su entender, un carácter genocida que ya es objeto de una discusión pública a escala internacional.

En ese punto, Soria hizo una precisión sobre la información que circuló inmediatamente después de los allanamientos. Algunos medios de comunicación, entre ellos Cadena 3, Radiofónica y La Capital, habían informado que se encontraba detenido e imputado, tomando como fuente comunicados de la Policía Federal.

Él rechazó esa versión. "No estoy ni detenido ni imputado", aclaró. Tampoco, insistió, se había secuestrado de su vivienda ningún material antisemita.

Cuando se le pregunta a Mariano por los elementos consignados en el parte policial —un arma de fuego calibre .22, municiones, un mangual con bola metálica y púas, un teléfono celular, una notebook, una computadora, un pendrive y bibliografía antisemita—, sostiene que la policía intenta construir con ellos un relato que lo presenta como una amenaza. "Ellos intentan presentar todo un combo con una persona dedicada a mandarme mensajes de odio", dice. 

Mariano reconoce que en su casa había un arma calibre .22 y municiones. Cuenta que, apenas la Policía Federal ingresó a su domicilio, los agentes le informaron que habían encontrado el arma y las municiones. Explica que se trata de un arma de más de cuarenta años que llevaba más de veinte sin ser disparada, que había recibido como regalo y que nunca había registrado. "Estaba ahí", dice, y asegura que responderá por esa situación en el ámbito judicial.

También se refiere al mangual. Lo describe como una réplica de un arma medieval, un souvenir que compró en Europa junto con su madre durante un viaje, en 1992, cuando visitaron un castillo. "Es completamente una réplica, no es un arma", afirma. A su entender, la Policía Federal intenta utilizar esos elementos para construir la imagen de "una persona, casi un terrorista" y encuadrar el operativo en sintonía con la mirada de la DAIA. Lo que sí reconoce, sin objeciones, es el secuestro de sus dispositivos electrónicos: "Se llevaron la notebook, la computadora y el celular".

Docencia, sindicalismo y militancia
La causa se encuentra vinculada públicamente con la Ley 23.592, referida a actos discriminatorios. Soria contó que junto con sus abogados había podido acceder al expediente y que se disponía a analizarlo con integrantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.

Uno de los elementos que más le preocupa es que entre lo secuestrado se encuentra una computadora que utiliza como herramienta de trabajo.

Soria es docente de nivel terciario de la Universidad Nacional de Rosario y también trabaja en escuelas provinciales. Es delegado escolar, está afiliado a AMSAFE y a COAD, y formó parte de la comisión directiva de AMSAFE hasta junio del año anterior. Además, es apoderado del Frente de Izquierda, Trabajadores, Unidad y del Partido de Izquierda Socialista.

Su actividad sindical y docente convive desde hace años con la militancia por la causa palestina. Forma parte de la Asamblea de Acción por Palestina Rosario, junto con integrantes de distintas organizaciones políticas y sociales, desde donde participaron de diversas iniciativas destinadas a denunciar las acciones del Estado de Israel y expresar solidaridad con el pueblo palestino.

De las movilizaciones al allanamiento
Una de esas acciones tuvo como escenario la sede de la USAR, en calle Salta, cuando la organización había convocado a un soldado israelí para brindar una charla sobre la operación militar desarrollada en Gaza.

La movilización de la Asamblea tuvo una importante repercusión pública y se convirtió, según Soria, en una de las expresiones más visibles de la actividad que vienen desarrollando. No fue la única.

La Asamblea también estuvo vinculada a otras acciones y actividades públicas que, según el docente, la posicionaron como una organización con iniciativa y presencia en Rosario para denunciar lo que considera uno de los peores crímenes contra la humanidad que se están produciendo en la actualidad.

En ese recorrido aparece otro antecedente que Soria considera relevante: una actividad que intentaron realizar en ATE Rosario y que terminó con la intervención de la policía. Según recordó, en aquella oportunidad la DAIA también habría ejercido presión sobre la Justicia para impedir que se concretara una actividad relacionada con presos palestinos.

Algo similar, señaló, ocurrió con el documental La Gran Palestina, cuya proyección estaba prevista en la Facultad de Humanidades. La intervención de la DAIA en ese episodio tuvo, según su relato, repercusión política nacional, al punto de que el propio Javier Milei retuiteó información relacionada con el documental.

Para Soria, todos esos episodios forman parte de un mismo contexto político.

La disputa política alrededor de Palestina
En su lectura, el gobierno de Milei tiene una posición particularmente cercana al Estado de Israel y al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Recordó, en ese sentido, que el presidente argentino se ha mostrado públicamente junto a Netanyahu y cuestionó que lo felicite por sus intervenciones internacionales.

En ese escenario, entiende que las organizaciones que buscan impedir actividades de solidaridad con Palestina encuentran respaldo político en esa orientación del Gobierno.

Por eso considera que el allanamiento de su vivienda debe leerse dentro de una disputa más amplia.

Lo que está en juego, sostuvo, no es solamente una investigación judicial particular, sino el derecho a expresarse políticamente, apoyar al pueblo palestino y repudiar las acciones militares en Gaza, Cisjordania y también en el Líbano.

"No nos van a lograr callar con mentiras, con falsas acusaciones", afirmó. Su intención, dijo, es responder cada una de las acusaciones y demostrar que no existe en su actividad política ningún discurso de odio contra una comunidad religiosa, cultural o nacional.

Gaza, medios y testimonios de soldados
La conversación en Señales también derivó hacia la circulación de información sobre la situación en Gaza y el papel de los medios de comunicación.

En ese marco apareció la referencia a Naza, un documental financiado por el diario británico The Guardian que reúne testimonios de militares israelíes sobre Gaza y cuya difusión, según se había anunciado, permitiría conocer nuevos testimonios sobre las operaciones desarrolladas allí.

Para Soria, ese tipo de producciones contribuye a poner en evidencia lo que considera una realidad que durante mucho tiempo fue ocultada o relativizada: la existencia de una política sistemática contra la población palestina.

Su mirada sobre la reacción internacional es, en ese sentido, optimista. Considera que el mundo está mirando Palestina, aunque reconoce que existen sectores que intentan mirar hacia otro lado.

Identifica entre ellos a grandes empresas que mantienen vínculos con Israel y a gobiernos que, según su interpretación, responden a los intereses de esas compañías.

En Europa, afirmó, se desarrolla un importante movimiento de solidaridad con Palestina, mientras que en Estados Unidos esa solidaridad también está creciendo. En América Latina observa una expresión algo menor, aunque destaca el caso de Chile, donde la comunidad palestina tiene una presencia particularmente importante.

En Rosario, aseguró, las acciones de la Asamblea permiten comprobar que existe una importante simpatía social por la causa palestina. Según su experiencia, las movilizaciones y actividades públicas que realizan no generan rechazo entre los vecinos, sino muestras de apoyo.

"Hay que tener valores humanos"
Soria vinculó esa respuesta con la creciente difusión de documentales y testimonios que, a su entender, permiten conocer desde adentro el funcionamiento de las operaciones militares israelíes.

En ese sentido, sostuvo que las producciones audiovisuales que reúnen testimonios de soldados y exsoldados contribuyen a mostrar la dimensión de lo que ocurre en Gaza.

También cuestionó la idea de que la violencia contra los palestinos sea un fenómeno reciente. En su interpretación, se trata de una política que tiene antecedentes históricos y que atraviesa distintos momentos del conflicto. Mencionó la Primera Intifada de 1987 y la Segunda Intifada, desarrollada entre 2000 y 2003, como ejemplos de períodos anteriores en los que el ejército israelí llevó adelante operaciones contra la población palestina.

La diferencia, afirmó, está en la escala alcanzada en los últimos años.

Soria espera que la difusión de testimonios y documentos permita que cada vez más personas conozcan la magnitud de lo que ocurre en Gaza. Y allí vuelve a aparecer una de las ideas centrales de su discurso: para comprometerse con la causa palestina, sostiene, no hace falta pertenecer a la izquierda ni ser especialista en historia.

"Hay que simplemente tener valores humanos para saber lo que se está viviendo en Gaza y poder enfrentar la situación y tomar partido", afirmó.

Una causa judicial en medio de una disputa política
El allanamiento de su casa, la computadora que le secuestraron, los libros de autores judíos antisionistas que quedaron bajo custodia policial y la causa judicial que ahora deberá analizar junto a sus abogados se inscriben, para Mariano Soria, en una disputa mucho más amplia.

Por un lado, está la acusación de discursos de odio y discriminación que rechaza de manera tajante. Por el otro, su militancia pública en defensa de Palestina, una actividad que lleva adelante junto a organizaciones políticas, sindicales y sociales y que, lejos de abandonar después del procedimiento, asegura que continuará desarrollando.

La causa seguirá su curso y Soria deberá responder ante la Justicia. Pero su posición política, lejos de quedar atenuada por el allanamiento, aparece reforzada en sus propias palabras: seguirá denunciando lo que considera un genocidio, seguirá participando de las acciones de solidaridad con Palestina y seguirá defendiendo el derecho a expresarse contra el Estado de Israel y el sionismo.

Su conclusión es también una definición política: no piensa que las acusaciones ni los procedimientos judiciales vayan a conseguir que quienes integran la Asamblea de Acción por Palestina Rosario abandonen la calle.

"No nos van a lograr callar", insistió.

Escuchá la entrevista completa:
Foto: Hassona/Anadolu via Getty Images

Vivir, pescar y resistir: el barrio que mira al Paraná y se niega a desaparecer

Unas 40 familias recibieron cédulas judiciales que las intiman a abandonar los terrenos donde viven y trabajan desde hace décadas. Elsa Avip, referente del barrio, contó en Señales cómo atraviesan la amenaza de desalojo, cuestionó el accionar de la Justicia y reclamó acompañamiento legal. "¿A dónde va a ir el pescador con su canoa?", plantea.

El barrio de los pescadores de La Florida vuelve a estar bajo amenaza. Elsa Avip, referente de las familias que viven y trabajan en esa zona histórica del norte de Rosario, habla con la preocupación de quien conoce de cerca una historia que se repite cada vez que cambia un gobierno: el temor al desalojo, la incertidumbre sobre la propiedad de las tierras y la sensación de que, una y otra vez, el barrio queda fuera de los planes de la ciudad.

En una entrevista realizada en Señales, Elsa volvió a poner en palabras una preocupación que, según cuenta, atraviesa desde hace años a las familias del lugar. Hace algunos meses había relatado que existían proyectos para modernizar la zona y construir un nuevo frente comercial. En aquel momento, las familias del barrio ni siquiera habían sido notificadas formalmente de esas iniciativas y apenas habían podido conocer algunas imágenes de lo que se proyectaba.

Ahora la situación es diferente y mucho más urgente: llegaron nuevas cédulas judiciales que intiman a varias familias a abandonar los terrenos.

"Por siempre estar presente en la problemática del barrio y darnos esta oportunidad para poder expresarnos, que la gente sepa cuáles son las actitudes que tiene el Estado hacia el barrio de los pescadores", dice Elsa durante la entrevista.

Para ella, no se trata solamente de una disputa por tierras. Se trata de la continuidad de un barrio que considera "histórico" e "ícono de la ciudad" y que, según sostiene, parece estar siempre bajo la expectativa de ser borrado de Rosario.

"Cada vez que hay un gobierno nuevo, municipal, nosotros siempre estamos con ese miedo del desalojo", resume.

El miedo que vuelve con cada gobierno
La última notificación llegó un miércoles. Cédulas judiciales fueron entregadas a varias familias del barrio, pero, según cuenta Elsa, sin que antes se hubiera realizado un relevamiento actualizado que permitiera establecer cuántas personas viven realmente allí.

Las notificaciones alcanzaron a unas 40 familias, que en conjunto representan alrededor de 170 personas. Entre ellas hay menores de edad y personas con discapacidad.

Para los vecinos, la dimensión humana del conflicto queda así expuesta desde el comienzo. No se trata de un terreno vacío ni de un asentamiento reciente, sino de familias que llevan décadas viviendo en el lugar.

Elsa sabe que, una vez recibida una cédula de desalojo, existen tres días hábiles más uno de gracia para presentarse ante la Justicia. Eso hicieron.

El viernes, el barrio intentó organizarse. Habían acordado solicitar que las familias fueran atendidas por tres o cuatro fiscalías, de manera de poder ordenar la presentación y evitar que decenas de vecinos terminaran dispersos entre las distintas dependencias judiciales.

Pero cuando llegaron a los tribunales, la organización prevista se transformó, según Elsa, en un caos. Los vecinos fueron derivados a las diez fiscalías existentes y terminaron mezclados entre distintas dependencias. A eso se sumó, relata, una situación que muchos vivieron como maltrato.

Secretarios de fiscales les preguntaban por qué estaban allí, por qué las tierras no eran de ellos, quién les había indicado que podían edificar y por qué no comenzaban a buscar otro lugar donde vivir.

La situación se volvió todavía más desconcertante cuando, según cuenta Elsa, varios fiscales hicieron constar que algunos vecinos no se habían presentado ante los tribunales, a pesar de que sí habían concurrido. Esa circunstancia fue interpretada como una situación de rebeldía.

"Según ellos, nos favorece, pero a nosotros sabemos claramente que no nos favorece cuando te hacen pasar en rebeldía", sostiene Elsa.

Lo que ella percibe detrás de esa figura es algo más profundo: la sensación de ser ignorados, de que la Justicia los trata como si no pertenecieran al lugar donde viven. "Es como que estamos ignorados, como que no pertenecemos al lugar", dice.

Una historia de más de siete décadas
La historia que cuentan los vecinos se remonta mucho más atrás que el expediente judicial actual. Elsa habla de cinco décadas de familias y de un barrio que, en realidad, tiene más de 70 años de historia.

En su relato aparecen distintas empresas y propietarios que fueron sucediéndose sobre esas tierras. En algún momento, explica, los terrenos eran atribuidos a Ñul; después pasaron al Banco Israelí y finalmente llegaron a Nevada, la empresa que comenzó a impulsar un juicio de desalojo en 2017.

Aquel proceso quedó en suspenso durante un tiempo y ahora volvió a activarse.

Elsa y otros vecinos pudieron acceder parcialmente a algunos expedientes, aunque asegura que no tienen demasiadas facilidades para consultarlos. Allí encontraron una de las cuestiones que más les preocupa: según la documentación que pudieron leer, Nevada sostiene que compró las tierras sin nadie viviendo allí.

La afirmación, para Elsa, resulta incomprensible frente a la realidad del barrio. "Hay casi 150 familias", señala. Y recuerda que el lugar tiene una historia de siete u ocho décadas, atravesada por generaciones enteras.

"Hoy por hoy las tierras tienen dueños y cuando nuestros padres, en mi caso, y muchos abuelos, eso era un bañado. Fuimos rellenando, fuimos acomodando y fuimos dándole forma a lo que hoy es el barrio", cuenta.

La memoria del territorio aparece así como una de las principales pruebas que los vecinos oponen a la idea de un terreno deshabitado. Lo que para un expediente puede figurar como una superficie disponible, para quienes viven allí es el resultado de décadas de trabajo familiar y comunitario.

Por eso Elsa rechaza que en los tribunales los vecinos hayan sido tratados como usurpadores. "Éramos usurpadores, que no pertenecíamos a ese lugar", resume sobre la forma en que, según su percepción, fueron recibidos.

Un relevamiento que, según los vecinos, no refleja al barrio
También cuestiona el relevamiento utilizado para confeccionar las cédulas judiciales. Cree que pudo haberse tomado información de la causa iniciada en 2017.

En las notificaciones aparecieron nombres de menores, personas fallecidas y vecinos que ya no viven allí. En muchos casos, asegura, ni siquiera figuraban los números de documento, un dato que permitiría determinar si se trata de menores o adultos.

También aparecieron los nombres de algunos de los primeros habitantes del barrio, muchos de los cuales ya fallecieron. "Simplemente cédulas judiciales con nombre", describe.

Frente a esa situación, los vecinos comenzaron a buscar un abogado que pueda representarlos colectivamente como barrio.

Al principio, cuando Elsa y algunas vecinas se acercaron a la fiscalía, les explicaron que, si una familia estaba integrada por cinco personas, debían tener cinco abogados distintos. La organización judicial, según les dijeron, iba a depender de la forma en que cada vecino fuera asignado.

Finalmente pudieron alcanzar un acuerdo, aunque Elsa lo dice "entre comillas": que una fiscalía atendiera a una familia. Pero la desconfianza permanece.

Desde el barrio sienten que los tribunales no necesariamente van a defenderlos. Elsa considera especialmente preocupante que desde la propia estructura judicial se les diga que las tierras no les pertenecen.

"Desde el momento que te digan que no es tuyo, siendo que, bueno, en mi caso tengo 56 años, tengo hermanos más grandes y hay gente más grande, es algo que si un abogado que es defensor ya te está tirando para abajo, no quiero saber los que quieren echarnos diciendo que el lugar es de ellos", plantea.

La contradicción entre el desalojo y la reurbanización
La situación adquiere otra dimensión cuando se la cruza con los proyectos que el municipio había presentado para el sector.

Elsa encuentra allí una contradicción difícil de explicar: si las tierras pertenecen a una empresa privada, ¿por qué el municipio había impulsado un proyecto de reurbanización?

La pregunta surge al recordar que apenas cuatro o cinco meses antes se había hablado de un megaproyecto vinculado a un parque acuático y de una posible reurbanización del barrio junto con la Municipalidad.

"Supuestamente nosotros teníamos la conversación de la reurbanización con la municipalidad, y ahora de repente es como que ese terreno tiene ese dueño", señala.

Y vuelve sobre la contradicción: "Yo no entiendo por qué la municipalidad tenía la autoridad de venir a querer reurbanizarnos y acomodarnos nosotros".

Ahora Elsa agrega otra preocupación: ya no se trata solamente de dónde vivirían las familias si finalmente se concreta un desalojo, sino de cómo podrían continuar trabajando.

Durante meses, el municipio había hablado de poner en valor la costa y de modernizar la zona, con una intervención que contemplaba también los locales de los pescadores. Pero para Elsa, mientras se hablaba de esa transformación, se fue perdiendo algo mucho más elemental: el vínculo cotidiano con el río.

Sin río, ¿cómo trabajan los pescadores?
El llamado "espejo de agua", que funcionaba como una especie de estacionamiento o zona de amarre para las canoas de los vecinos que pescan, ya no existe, asegura.

"Los vecinos que se dedican al pescado no tienen su amarre ya hace rato, lo cual les fue prometido", cuenta.

La construcción del parque acuático aparece, en su relato, como parte de un proceso más amplio de transformación de la ribera.

Elsa asegura que las obras hicieron imposible recuperar ese espacio para las embarcaciones y cuestiona el impacto que tuvieron sobre el paisaje y sobre las actividades tradicionales del barrio.

"Es imposible que lo hagan por cómo están destruyendo la ribera, cómo están destruyendo La Florida, cómo están destruyendo la costa", afirma.

Recuerda que todo comenzó, según su mirada, con las obras vinculadas al desagüe del Conducto Piaggio y que luego continuaron otras intervenciones.

"No nos dejaron patio. Nosotros, del barrio, no nos dejaron patio", dice. La expresión tiene un sentido concreto: los vecinos sienten que las obras fueron avanzando sobre los espacios que históricamente funcionaban como extensión de sus viviendas y de su relación con el río.

Pero Elsa amplía el reclamo. No considera que la pérdida del acceso al río afecte solamente a los pescadores. También cuestiona que los sectores populares de Rosario tengan cada vez menos espacios públicos para disfrutar de la costa.

"No nos dejan el río ni siquiera tanto, yo siempre digo ni para nosotros ni para los barrios populares que puedan ir a disfrutar en un espacio público tan hermoso como es el río Paraná", plantea.

Su crítica se formula en términos de desigualdad: "El privado es para los privados, ¿no es cierto? Y los públicos para los pobres que somos nosotros, la gente del barrio".

La pregunta que atraviesa el desalojo: ¿a dónde irían?
En ese contexto, el desalojo es hoy la preocupación que domina la vida cotidiana de las familias.

"Lo que a nosotros más ahora nos tiene acongojado y nos tiene, digamos, sin dormir, es el tema del desalojo", cuenta. Y aparece una pregunta que, para los vecinos, nadie ha respondido: ¿a dónde irían?

Elsa asegura que averiguaron y que no existe en Rosario un lugar preparado para recibir a un nuevo barrio con estas características.

Pero incluso si apareciera un espacio, el problema no se resolvería simplemente trasladando las viviendas. "¿A dónde va a ir el pescador con su canoa?", pregunta.

La diferencia, explica, está entre poder vivir cerca del trabajo y que alguien impida desarrollar esa actividad. Para una familia que pesca, tener la vivienda próxima al río y disponer de un lugar donde amarrar la embarcación no es un detalle: es parte de la posibilidad concreta de trabajar.

Kioscos, pescaderías y una economía familiar
Lo mismo ocurre con los pequeños comercios. Elsa tiene un kiosco en el barrio y conoce esa economía de primera mano. En los días cálidos, cuando aumenta la circulación de personas por La Florida, el comercio se sostiene con los vecinos y visitantes que llegan a la zona.

Pueden pedir desde agua caliente hasta una masita, explica, en una dinámica comercial pequeña pero permanente. Y detrás de ese kiosco no hay una gran empresa. "En mi kiosco somos, estoy yo primeramente, o sea mis hermanos, mis hijos, sobrinos", cuenta.

Son negocios familiares en los que los integrantes de una misma familia se ayudan entre sí.

La descripción, según Elsa, vale para prácticamente todo el barrio. No hay grandes emprendimientos ni cadenas comerciales. Detrás de cada negocio y de cada pescadería hay familias que dependen de esa actividad.

"Detrás de cada negocio y de cada pescadería vos tenés que contarle como mínimo cuatro o cinco familias", afirma.

El número total de habitantes tampoco es menor. Elsa estima que actualmente hay unas 150 familias, con un promedio de cinco o seis integrantes por grupo, aunque algunas son todavía más numerosas.

Por eso considera imprescindible realizar un nuevo relevamiento. Las generaciones continúan y el barrio, dice, no está desapareciendo sino creciendo. "Se sigue aumentando el barrio", explica.

Lo que cuestiona es que ningún organismo estatal haya realizado un registro actualizado que permita saber exactamente cuántas familias y cuántas personas viven allí.

Para Elsa, el problema se vuelve todavía más grave cuando las propias cédulas judiciales parecen desconocer esa realidad.

Cuenta que incluso llegaron notificaciones a menores y menciona el caso de un niño de aproximadamente cinco años que habría recibido una citación para presentarse en tribunales. "Es insólito", resume.
El ReNaBaP y un barrio que pide ser reconocido

Hay, además, un elemento que los vecinos consideran fundamental: el barrio forma parte del Registro Nacional de Barrios Populares, el ReNaBaP.

Elsa asegura que la mayoría de las familias cuenta con el correspondiente certificado. Ese reconocimiento, sin embargo, tampoco les habría servido como esperaban durante sus presentaciones judiciales.

Una de las vecinas mencionó en tribunales que el barrio figura en el ReNaBaP y, según relata Elsa, recibió como respuesta que eso no importaba.

La escena profundizó la frustración. Algunas vecinas salieron llorando de los tribunales, preguntándose para qué habían ido si esperaban encontrar allí algún tipo de protección.

Elsa reconoce que los vecinos no son especialistas en derecho. "Tratamos de defenderme como puedo, con lo que sé, con lo poco que conozco", dice. Pero al mismo tiempo sostiene que no son ignorantes y que conocen las dificultades que enfrentan.

En ese contexto también expresa sospechas sobre la actuación de algunos defensores y sobre posibles acuerdos, aunque no aporta nombres ni pruebas concretas. Su percepción, dice, está atravesada por una vieja frase de su padre: "La plata mueve el mono".

La desconfianza hacia el sistema judicial convive, sin embargo, con una necesidad urgente de encontrar representación legal.

Por eso Elsa hace un llamado público. Pide solidaridad a la comunidad rosarina y, especialmente, a algún abogado que pueda acercarse, asesorar a las familias y eventualmente representarlas.

La dificultad es económica. Muchas de las familias, sostiene, no están en condiciones de pagar un abogado particular. "No podemos sostener un abogado", explica.

También apunta a la solidaridad histórica de Rosario y espera que profesionales comprometidos puedan escuchar el reclamo. Entre las instituciones a las que piensan recurrir menciona a la Defensoría del Pueblo.

La noche anterior a la entrevista, cuenta, un grupo de vecinos se había reunido para preparar una nota destinada a ese organismo. La intención era explicar la situación y adjuntar los certificados del ReNaBaP y otra documentación que permita demostrar la existencia previa del barrio y de las familias que lo habitan.

Los vecinos quieren dejar constancia de que son preexistentes a muchas de las intervenciones y proyectos que hoy se desarrollan en la zona.

También quieren que se reconozca la historia de un lugar que, según su relato, fue construido mucho antes de que aparecieran los proyectos actuales.

La disputa por el parque acuático
La discusión por el parque acuático vuelve entonces a aparecer. Elsa cuenta que los vecinos se opusieron a la obra porque, desde su perspectiva, les quitó espacio, alteró la ribera y modificó el paisaje.

"Nos tapa la ventana de nuestra casa, se apropiaron de nuestro patio y arruinaron una ribera tan hermosa, la que tiene Rosario", sostiene.

Su cuestionamiento no es solamente paisajístico. También pone en duda la utilidad de una obra que, desde su mirada, no responde a las necesidades permanentes de la ciudad.

Quienes viven allí conocen, dice, el comportamiento del río y las temporadas a lo largo de todo el año. Por eso creen que determinados proyectos están pensados para ser disfrutados durante un período reducido.

Elsa establece un paralelo con la llamada Florida Paga, que, según su apreciación, tiene actividad intensa durante tres meses y queda prácticamente sin movimiento durante los otros nueve.

"Es algo que va a quedar muerto", sostiene sobre el parque acuático. También recuerda antecedentes de proyectos que no funcionaron y menciona que hubo un año en que determinados toboganes no funcionaron.

Para ella, la inversión resulta difícil de justificar cuando el propio barrio tiene necesidades básicas pendientes. "Es una lástima tanta plata gastada en ese lugar cuando nuestro mismo barrio necesita un montón de cosas", afirma.

Y amplía el reclamo al resto de Rosario. Elsa cuenta que camina por otros sectores de la ciudad y conversa con vecinos de distintos barrios. Dice que también allí observa necesidades, problemas de infraestructura y familias que esperan respuestas.

En su mirada, la discusión por el barrio de los pescadores forma parte de una problemática más amplia sobre las prioridades urbanas.

Pero en el caso particular de La Florida, existe un componente que vuelve todavía más urgente la situación: la identidad construida alrededor del río.

Para Elsa, sacar a las familias de ese lugar significaría romper una relación entre vivienda, trabajo, paisaje y memoria que lleva generaciones.

Nevada y las dudas sobre la propiedad de las tierras
No sabe quién está detrás de Nevada. Los vecinos intentaron identificar a la empresa y encontraron distintas denominaciones. Nevada Sociedad Anónima Industrial, Comercial, Financiera e Inmobiliaria aparece vinculada a un domicilio en calle Salta al 1165, pero, según Elsa, allí no encontraron una identificación clara.

La sociedad, además, parece tener múltiples facetas. En distintos momentos, los vecinos la identificaron como constructora, como una empresa española, como una firma dedicada a los frutos secos y como una empresa inmobiliaria.

"Es como que tiene 200.000 nombres, 200.000 facetas porque no sabemos bien a qué se dedica", dice Elsa. Para ella, detrás de la disputa territorial existe un conflicto político y económico de fondo.

Lo plantea de manera directa, aunque como una interpretación personal: "Yo siempre lo digo y lo voy a decir: para rellenar los bolsillos de pocos y para el hambre, la necesidad de vivienda y salud para muchos, que es el barrio de los pescadores".

No identifica a una persona física detrás de Nevada. "Nunca estuvo", afirma. Y esa ausencia, sumada a las distintas denominaciones que encontraron, alimenta las dudas de los vecinos.

La Municipalidad y una promesa que quedó pendiente
Mientras tanto, la Municipalidad aparece en una posición contradictoria desde la perspectiva del barrio.

Por un lado, había presentado planes de reurbanización y modernización de la zona. Por otro, frente al actual proceso judicial, Elsa asegura que no se acercó para explicar qué sucederá con las familias.

Los concejales, cuenta, sí mantuvieron algún contacto y les marcaron posibles caminos para continuar el reclamo. Pero la solución de fondo todavía no aparece.

La historia de la reurbanización también se conecta con una promesa política más antigua. Elsa recuerda que Pablo Javkin había hablado de ese proyecto antes de su primer mandato.

Lo recuerda con particular dureza porque, según ella, en aquel momento el barrio era reconocido cuando resultaba necesario políticamente.

"Cuando se acordaba que éramos ciudadanos, cuando se acordaba que estábamos ahí y cuando necesitaba el voto", dice.

"No nos queremos ir"

A pesar de todo, Elsa asegura que los vecinos no piensan abandonar el lugar. "No nos queremos ir, no nos vamos a ir", afirma.

La frase no aparece como una consigna aislada, sino como la conclusión de todo un relato.

No quieren irse porque allí viven, trabajan y porque allí vivieron sus padres y abuelos. Porque allí están las canoas, los kioscos, las pescaderías y los pequeños comercios familiares. Porque allí está el río del que depende una parte de su economía y porque allí construyeron una identidad que consideran inseparable de la historia de Rosario.

Van a luchar, dice Elsa, "hasta el último momento". Y vuelven a pedir solidaridad.

La apelación está dirigida a los vecinos de Rosario, una ciudad que, según Elsa, conoce el barrio aunque muchas veces no conozca sus problemas.

Cree que el 99,9 por ciento de los rosarinos pasó alguna vez por allí, caminó por la zona, compró pescado, disfrutó de la costa o simplemente vio ese paisaje como parte de la ciudad.

Por eso insiste en que el barrio de los pescadores no puede reducirse a un expediente de desalojo ni a una superficie sobre la que distintos actores discuten derechos de propiedad. Es, para ella, una parte de Rosario.


Un barrio donde cada pescadería sostiene a varias familias, donde los kioscos son empresas familiares, donde los pescadores necesitan el río para trabajar y donde las generaciones se suceden desde hace décadas.

Un barrio que reclama que se lo reconozca antes de que sea demasiado tarde.

Y un barrio que, mientras espera una respuesta judicial y busca abogados que puedan acompañarlo, continúa mirando hacia el Paraná y repitiendo la misma pregunta que atraviesa toda la historia reciente de sus habitantes: Si los obligan a irse, ¿a dónde irán los pescadores con sus canoas?

Escuchá la entrevista completa:

sábado, 3 de octubre de 2026

París le dijo no a Milei: la protesta de los argentinos y argentinas residentes en Francia

Durante la visita de Javier Milei a París, la Asamblea de Ciudadanos Argentinos en Francia se movilizó, lo declaró persona no grata y convocó a organizaciones políticas, sindicales y sociales francesas y argentinas. Detrás de esa protesta hay una preocupación que trasciende al gobierno de turno: qué ocurre con los derechos sociales, la democracia y los recursos naturales de la Argentina, y cómo esas discusiones son recibidas en Francia. Sobre estos temas, uno de sus dirigentes, Raúl Maio, dialogó con Señales, a partir de una mirada que, a 50 años del golpe de Estado, vincula la defensa de la Memoria, la Verdad y la Justicia con los debates y conflictos del presente
Una mirada argentina desde Francia

A 50 años del golpe de Estado, los argentinos que viven en el exterior vuelven a mirar hacia su país de origen con preocupación. En Francia, esa mirada se organiza, se debate y también sale a la calle.

La Asamblea de Ciudadanos Argentinos en Francia es una organización que desde 2015 reúne a argentinos de distintos orígenes políticos, sociales, económicos y generacionales. Entre sus principales preocupaciones, sus integrantes señalan lo que consideran un proceso de desmantelamiento del Estado, pérdida de derechos sociales, criminalización de las luchas y represión. También advierten sobre el crecimiento del desempleo, la caída de los salarios y el cierre de empresas.

En ese contexto, la Asamblea se movilizó en París durante la visita del presidente Javier Milei y lo declaró persona no grata. La concentración estaba prevista inicialmente frente a la Embajada argentina, pero terminó realizándose en la Explanada de los Derechos Humanos, en la Plaza del Trocadero. Según la organización, alrededor de 500 personas participaron de la protesta, junto con organizaciones políticas, sindicales y sociales francesas y argentinas.

La movilización fue parte de las acciones que la Asamblea desarrolla desde una perspectiva que vincula el presente argentino con la memoria de la última dictadura. Para sus integrantes, la defensa de la democracia, de los derechos sociales y de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia constituye un principio que no depende de quién gobierne.

Raúl Maio, integrante de la Asamblea, explica que la organización nació en 2015 a partir de una preocupación concreta: el final de un período democrático identificado por sus integrantes con un gobierno popular y el comienzo de una etapa neoliberal que, según su mirada, podía poner en riesgo derechos sociales adquiridos.

Desde entonces, sostiene, la Asamblea construyó un espacio común entre personas con posiciones políticas diferentes, pero que comparten algunos principios que consideran irrenunciables.

"El principio absoluto son las leyes de Memoria, Verdad y Justicia, la defensa de la democracia y de los derechos sociales adquiridos en Argentina", señala Maio. Esos principios, agrega, son defendidos "cualquiera sea el gobierno".
Informar sobre la Argentina
La tarea de la organización no se limita a la denuncia. Uno de sus principales objetivos es informar a la sociedad francesa sobre lo que sucede en Argentina.

Lo hacen a través de manifestaciones, peticiones, conferencias y actividades culturales. También organizan proyecciones de películas realizadas en Argentina y mantienen vínculos con asociaciones, sindicatos, partidos políticos y organismos de derechos humanos. "Es informar sobre qué es lo que pasa en Argentina", resume Maio.

Esa tarea, explica, incluye tanto aquello que la Asamblea considera negativo como experiencias que entiende positivas o valiosas. La crítica aparece especialmente cuando sus integrantes observan lo que consideran un avasallamiento de derechos sociales, situaciones de represión, persecuciones o pérdida de derechos.

Maio insiste en que esa posición no está dirigida contra una persona o una organización política determinada, sino que responde a una concepción general de defensa de los derechos.

Milei en París
La llegada de Milei a Francia colocó a la Asamblea en una nueva etapa de movilización. El viaje había sido anunciado y preparado con anticipación y, para Maio, tenía un componente que excedía lo estrictamente diplomático.

Desde su perspectiva, el objetivo fundamental era económico: atraer inversiones y capitales hacia la Argentina para profundizar la explotación de sus recursos naturales.

"No es para vender la inteligencia argentina, lo que somos capaces de hacer, sino fundamentalmente para explotar riquezas naturales nuestras que se las lleven", plantea.

La Asamblea siguió durante aproximadamente un mes los preparativos de la visita y convirtió ese viaje en el eje central de su actividad política en Francia.

Según Maio, el interés que encontró fue considerable. En parte, porque la Argentina aparece ante determinados sectores políticos y mediáticos franceses como una suerte de laboratorio de políticas económicas y sociales que trascienden sus fronteras.

El integrante de la Asamblea sostiene que el gobierno de Milei presenta en Francia una versión de su gestión centrada en la baja de la inflación, el equilibrio de las cuentas públicas y el superávit. Esa mirada, afirma, no incorpora las consecuencias sociales que la organización considera centrales.

Para contraponer esa narrativa, sus integrantes difundieron información entre periodistas, sindicatos y partidos políticos franceses.

Maio habla de más de 400.000 puestos de trabajo perdidos desde la llegada de Milei, alrededor de 30.000 empresas cerradas, una apertura importadora que considera casi total y una fuerte recesión. También pone el foco en la pérdida del poder adquisitivo y, especialmente, en el deterioro de áreas vinculadas al Estado.

"Es terrible lo que está pasando allí", afirma al referirse a trabajadores de la educación, la medicina y la investigación. A su juicio, se trata de una destrucción que será "muy, mucho" difícil de recuperar.
La discusión argentina cruza las fronteras
La discusión sobre la Argentina encontró también un escenario francés atravesado por el crecimiento de la extrema derecha. Maio señala que Francia atravesaba un proceso electoral y que la posibilidad de un avance de la extrema derecha formaba parte de las discusiones políticas del país. En ese contexto, sostiene, Milei aparece como un símbolo de determinadas políticas de liberalización económica y retroceso de derechos sociales.

Para la Asamblea, el fenómeno tampoco es exclusivamente argentino. Maio observa un avance de fuerzas de extrema derecha en Europa, Estados Unidos y distintos países de América Latina, aunque reconoce características diferentes en cada caso.

Lo que encuentra en común es un proyecto económico que, a su entender, comparte algunos elementos con el modelo impulsado por Milei.

Ese debate también llegó al periodismo francés. Maio remarca que los constantes enfrentamientos del presidente argentino con periodistas despertaron especial atención.

"Milei está acostumbrado a insultar a los periodistas", sostiene, y cuenta que medios franceses analizaron sus declaraciones, sus insultos y la frecuencia de esos episodios. También menciona comunicados de rechazo y pedidos dirigidos al presidente francés, Emmanuel Macron, en relación con la visita oficial.

La protesta en el Trocadero
La movilización en París fue el resultado de esas semanas de trabajo. La Asamblea había previsto inicialmente concentrarse en las inmediaciones de la Embajada argentina, donde habitualmente realiza sus protestas. Pero la visita presidencial modificó el dispositivo y los manifestantes fueron desplazados hacia el Trocadero.

El cambio de lugar tuvo, según Maio, una importancia simbólica. No impidió, sin embargo, que la protesta reuniera a unas 500 personas, según la organización.

La movilización tuvo además una característica política poco habitual: estuvieron representados los cinco partidos de la izquierda francesa. Participaron el Partido Comunista, La Francia Insumisa, el Partido Socialista, los ecologistas y Revolución Permanente. "Todos vinieron a darnos un apoyo fundamentalmente a los trabajadores y al pueblo argentino", cuenta Maio.

El integrante de la Asamblea interpreta esa presencia también como una señal hacia la sociedad francesa. Desde su perspectiva, la política impulsada por Milei "no es la querida ni la apreciada ni sostenida por el pueblo francés".

A la movilización se sumaron las centrales sindicales CGT y Solidaires, junto con distintas organizaciones sociales francesas y latinoamericanas. Muchas de ellas están vinculadas a la defensa de los derechos humanos y, particularmente, a la situación de los presos políticos en Argentina.

Maio puso el foco en dos casos que, desde la perspectiva de la Asamblea, siguen siendo especialmente relevantes: el de Milagro Sala y el de Cristina Fernández de Kirchner. "Tenemos dos personas muy importantes en Argentina que siguen siendo presas políticas. Son dos mujeres, no por casualidad", sostuvo. Sobre Sala, recordó que lleva "más de 10 años y 6 meses de presa" y que ya se acerca a los 3.900 días de detención. En cuanto a Fernández de Kirchner, señaló que lleva más de un año privada de su libertad. "Y las dos son presas políticas", afirmó.
Inversiones, recursos y ambiente
Pero para la Asamblea, la dimensión política de la visita de Milei es apenas una parte del problema. El otro gran eje está en las inversiones que el presidente argentino buscó promover durante su estadía en Francia.

Maio sostiene que el viaje no tuvo como objetivo prioritario atraer capitales para desarrollar fábricas, rutas o infraestructura, sino inversiones destinadas a la explotación de materias primas. Entre ellas ubica especialmente la minería y el petróleo, actividades vinculadas, según su interpretación, con los recursos naturales de distintas provincias argentinas.

El problema, desde esa perspectiva, no es únicamente económico. También es ambiental.

Maio pone el foco en las regiones cordilleranas, donde el agua constituye un recurso escaso. Una explotación minera más profunda, advierte, podría generar un impacto especialmente grave en esas zonas.

"Cualquier producción de esto necesita mucha agua que no sé de dónde la van a sacar", plantea. En su interpretación, el riesgo es que las provincias y las poblaciones reciban una parte menor de los beneficios económicos mientras deben afrontar las consecuencias ambientales de la explotación.

Entre las empresas francesas que identifica aparece Total, una de las grandes compañías petroleras internacionales, a la que atribuye un compromiso de inversión de 10.000 millones de dólares en Argentina. También menciona a Eramet, vinculada a la explotación de litio. Ambas empresas ya tienen presencia en el país y, según Maio, proyectan ampliar su producción.

La delegación argentina que acompañó a Milei, agrega, incluyó a 13 gobernadores y a un grupo de empresarios interesados en posibles negocios.

Para Maio, todavía no es posible conocer todas las conclusiones económicas del viaje. Sin embargo, anticipa que el Gobierno seguramente presentará los acuerdos como un éxito.

Desde la perspectiva de la Asamblea, ese éxito tendría otra lectura. "El éxito de ellos va a significar una pérdida enorme para nuestra gente", afirma.

Lo que puede venir después de Milei
La organización ya comenzó a pensar en una nueva etapa de trabajo. Si las empresas francesas profundizan sus inversiones en Argentina, la Asamblea buscará establecer contacto con ellas para explicarles lo que considera el costo social y ambiental de sus actividades.

Maio cuestiona además la legitimidad política de entregar recursos naturales bajo las actuales condiciones. Sostiene que, aunque el Gobierno haya sido elegido democráticamente, sus políticas pueden entrar en contradicción, según su interpretación, con principios democráticos y constitucionales, entre ellos la defensa de la soberanía.

"Este hombre las está regalando", dice al referirse a las riquezas naturales argentinas. Su advertencia apunta también hacia el futuro. Las empresas que hoy aprovechen las condiciones ofrecidas por el Gobierno, sostiene, podrían encontrarse mañana con decisiones diferentes tomadas por otros gobiernos o por nuevas mayorías políticas.

"No van a poder seguir haciendo lo que puede permitirles Milei", afirma.
Memoria, Verdad y Justicia
La Asamblea ya conoce, por otra parte, el efecto que puede tener una campaña sostenida en Francia. Maio recuerda el episodio ocurrido en la Casa Argentina, cuyo director había sido designado durante la gestión de Milei y al que acusa de haber sostenido posiciones negacionistas. Según su relato, el funcionario retiró una placa vinculada con los 30.000 desaparecidos de la última dictadura argentina para el 24 de marzo.

La reacción de las organizaciones argentinas en Francia derivó en una campaña que, según Maio, terminó involucrando a la Municipalidad de París y al Ministerio francés de Relaciones Exteriores. Finalmente, el funcionario fue despedido.

Para la Asamblea, ese episodio dejó una enseñanza: la presión social puede modificar decisiones. "Esto es para decir que se puede", sostiene Maio.

La memoria, en ese sentido, no aparece para la organización como una referencia exclusivamente ligada al pasado. A 50 años del golpe de Estado, sus integrantes la utilizan también como una forma de leer el presente y de intervenir sobre las discusiones que consideran centrales para la Argentina.

Una lucha que cruza fronteras
Ahora, el desafío será seguir lo que ocurra después de la visita presidencial. La Asamblea buscará conocer los acuerdos económicos entre Argentina y Francia, identificar a las empresas involucradas y explicar ante la sociedad francesa cuáles pueden ser, desde su perspectiva, las consecuencias de esas inversiones.

La disputa que plantea Maio no se limita entonces a la política argentina ni a una protesta puntual contra Milei. Se extiende hacia el terreno económico, ambiental y social y busca interpelar también a quienes, desde Francia, puedan beneficiarse de la explotación de los recursos argentinos.

"Si no respetan a Argentina, si no respetan la ecología argentina, tampoco vamos a respetarlos a ellos nosotros", advierte.

En París, mientras tanto, las luchas argentinas se cruzan con las francesas. Estudiantes, trabajadores, sindicatos y organizaciones sociales vienen protagonizando movilizaciones en defensa de la educación y los servicios públicos, contra los recortes y por mejores condiciones laborales y salariales. La Asamblea intenta tender un puente entre esas demandas y las que llegan desde Argentina.

A 50 años del golpe de Estado, la reivindicación de la Memoria, la Verdad y la Justicia se mezcla así con una preocupación por el presente. Desde Francia, los integrantes de la organización intentan explicar qué sucede en la Argentina y construir alianzas con quienes consideran que las políticas de ajuste, privatización, pérdida de derechos y explotación de los recursos naturales no son un asunto exclusivamente argentino.

Para Maio, la defensa de esos derechos sigue siendo la razón de ser de la Asamblea. Y también el punto de partida de una advertencia que, desde París, busca atravesar las fronteras: lo que ocurre en Argentina puede ser observado como un experimento, pero sus consecuencias —sociales, económicas, ambientales y políticas— pueden proyectarse mucho más allá del país.

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Fotos: Asamblea de Ciudadanos Argentinos en Francia

Tierras, soberanía y Justicia: qué hay detrás del fallo de la Corte

El fallo de la Corte Suprema que dejó nuevamente operativo el artículo 154 del DNU 70/2023 reabrió la discusión sobre los límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. Para el Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas (CECIM) La Plata, la decisión excede una controversia judicial: pone en debate el acceso a la Justicia, el alcance de la soberanía y el control sobre los recursos naturales. En diálogo con Señales, la abogada Laurentina Alonso cuestionó la resolución y anticipó que la organización analiza recurrir al sistema interamericano.

La discusión sobre quién puede adquirir grandes extensiones de tierra en la Argentina volvió a quedar atrapada en una disputa que excede los límites de un expediente judicial. En el centro aparecen una ley sancionada hace más de una década, un decreto de necesidad y urgencia del actual gobierno, una decisión de la Corte Suprema y una pregunta que el CECIM La Plata considera imposible de esquivar: ¿qué significa defender la soberanía sobre un territorio?

La Ley 26.737, sancionada en 2011 y denominada Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, estableció límites a la adquisición y titularidad de tierras rurales por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras, con el objetivo de establecer un régimen de protección sobre el dominio nacional de este tipo de tierras.

Entre sus principales disposiciones, fijó un límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales, tanto a nivel nacional como en las jurisdicciones correspondientes, además de establecer restricciones vinculadas con la concentración de tierras en manos de personas de una misma nacionalidad.

En diciembre de 2023, el presidente Javier Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, que introdujo modificaciones sobre este régimen. En particular, su artículo 154 derogó distintos artículos de la Ley 26.737 y eliminó las restricciones que alcanzaban a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. La modificación generó cuestionamientos judiciales y abrió un debate sobre el alcance de las facultades del Poder Ejecutivo y sobre las consecuencias que una eventual flexibilización del régimen podía tener sobre la soberanía territorial.

En este contexto, el fallo de la Corte Suprema que revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata y permitió que volviera a regir el artículo 154 del DNU 70/2023 abrió, para el Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas (CECIM) La Plata, una nueva discusión sobre la soberanía, el acceso a la Justicia y los límites del Poder Judicial. La Cámara había declarado la inconstitucionalidad y nulidad de ese artículo y, como consecuencia, habían recuperado vigencia las restricciones establecidas por la Ley de Tierras. La Corte, sin embargo, no se pronunció sobre la constitucionalidad de fondo del DNU, sino que centró su decisión en la legitimación del CECIM para promover la acción colectiva. Posteriormente, el máximo tribunal debió aclarar el alcance de su resolución.

Una ley que vuelve al centro de la disputa
Para Laurentina Alonso, abogada del CECIM La Plata, esa aclaración no alcanza para despejar las consecuencias del fallo. En diálogo con Señales, sostuvo que, en su interpretación, la Corte volvió a poner en vigencia el artículo que había derogado las restricciones establecidas por la Ley de Tierras Rurales.

El argumento central del máximo tribunal, explica Alonso, fue que el CECIM no estaba legitimado para impulsar una acción de esas características, porque la soberanía no constituiría, según ese criterio, un bien jurídico susceptible de tutela mediante una acción colectiva.

La decisión había contradicho el criterio de la Cámara Federal de La Plata, que había considerado que la soberanía sí era un bien jurídico indivisible y tutelable y que, por lo tanto, existía una incidencia colectiva que habilitaba el amparo presentado por los excombatientes. Para esa instancia, la Ley de Tierras no era una norma aislada, sino una herramienta destinada a proteger el territorio frente a la concentración de grandes extensiones en manos de unos pocos y, especialmente, frente a la extranjerización de tierras en zonas consideradas estratégicas.

La Ley de Tierras establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, fijaba restricciones en zonas de frontera y determinados porcentajes de concentración en áreas específicas. Para Alonso, esas disposiciones estaban vinculadas directamente con la defensa de la soberanía nacional porque la concentración de tierras en capitales extranjeros podía afectar, además de la integridad territorial, la soberanía alimentaria y ambiental.

En ese punto se encuentra una de las principales objeciones de la abogada al fallo. Alonso considera que resulta difícil sostener que no existe una incidencia colectiva cuando está en discusión la posibilidad de que grandes capitales extranjeros puedan adquirir extensiones territoriales de enorme magnitud. En su interpretación, si se habilitara que un magnate pudiera comprar una provincia o un municipio, la discusión dejaría de ser abstracta: estaría en juego la capacidad del Estado para disponer de sus recursos y preservar su integridad territorial.

"Un fallo oportunista"
Por eso define la resolución como un fallo "oportunista" y la vincula con el contexto político en el que fue dictada. Según su lectura, después de la discusión parlamentaria de un proyecto relacionado con la inviolabilidad de la propiedad que no llegó a ser tratado en la Cámara y luego de distintas movilizaciones y expresiones públicas de rechazo, existía la necesidad de volver a poner en vigencia el DNU y dejar sin efecto las restricciones de la Ley de Tierras.

Alonso también cuestiona que la Corte haya elegido tratar el expediente en ese momento. Recuerda que el máximo tribunal no tiene plazos estrictos para decidir qué casos aborda y relaciona la resolución con el viaje del presidente Javier Milei y de gobernadores a Europa para promover inversiones.

En esa misma línea, vincula la discusión con declaraciones del Presidente ante la comunidad internacional sobre la posibilidad de instalar centros de datos que requieran grandes cantidades de recursos naturales sin una legislación que los limite.

Desde su perspectiva, el fallo no puede ser entendido como una defensa de la soberanía ni del bien común. La reacción pública que generó la resolución llevó a la Corte a emitir un comunicado para aclarar que únicamente había resuelto una cuestión formal vinculada con la legitimación del CECIM y que otras personas u organizaciones podrían recurrir a la Justicia para plantear la inconstitucionalidad del DNU.

Para Alonso, esa aclaración resulta insuficiente porque, aun cuando el tribunal no haya resuelto la constitucionalidad de fondo de la norma, su decisión produjo un efecto concreto: volvió a poner en vigencia una disposición que había derogado la Ley de Tierras. Y recuerda que, en otras oportunidades, la propia Corte había sostenido que los decretos de necesidad y urgencia no podían utilizarse para derogar leyes.

"Lo grave es que nuevamente ponen en vigencia algo que la Corte ha dicho que los DNU no pueden derogar una ley", sostiene.
Cuando la legitimación se convierte en el centro del conflicto

La discusión sobre la legitimación ocupa un lugar central en su interpretación. Para Alonso, afirmar que no existe una incidencia colectiva implica restringir el acceso a la Justicia, porque termina dificultando que organizaciones sociales puedan acudir a los tribunales para cuestionar decisiones del Poder Ejecutivo y pedir un control de constitucionalidad.

En el caso del CECIM, además, la cuestión adquiere una dimensión particular. Alonso considera contradictorio que se deslegitime a una organización integrada por excombatientes de Malvinas cuando se trata precisamente de una entidad cuya historia está atravesada por la defensa de la soberanía territorial.

"Es violento pretender deslegitimar a una organización civil que tiene muchísimos años de antecedentes", afirma y recuerda que el CECIM no solamente sostiene la defensa del territorio de las Islas Malvinas, sino que desde hace décadas interviene en debates vinculados con la soberanía y con las condiciones necesarias para que la población pueda vivir dignamente.

Por eso, para la abogada, el mensaje que reciben los excombatientes es especialmente fuerte: el Estado los envió a defender la soberanía territorial y, décadas después, la máxima instancia judicial les dice que no tienen legitimación para acudir a los tribunales en defensa de esa misma soberanía.

Alonso también relaciona este episodio con otra disputa judicial que lleva años: las denuncias por torturas y graves violaciones a los derechos humanos sufridas por excombatientes durante la guerra de Malvinas. Según explica, esos expedientes permanecen demorados desde hace aproximadamente cuatro años y el CECIM incluso debió acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en uno de los incidentes.

La comparación le sirve para ampliar su crítica. A su entender, el problema no afecta solamente a los excombatientes, sino que forma parte de una dificultad más amplia para acceder a la Justicia. Menciona en ese sentido a ambientalistas, campesinos, pueblos originarios y trabajadores, y vincula esa situación con las reformas impulsadas durante el actual gobierno y con conflictos laborales y productivos, entre ellos los que afectan a Tierra del Fuego.

"En Argentina no se está garantizando el Poder Judicial, no está garantizando el acceso a la Justicia", sostiene Alonso.

Desde su perspectiva, la reiteración de argumentos vinculados con la falta de legitimación no es casual. Considera que existe una tendencia a desacreditar a quienes recurren a los tribunales para reclamar derechos, bajo el argumento de que carecen de capacidad o legitimación para hacerlo. Para Alonso, eso plantea una discusión más profunda acerca del papel que ocupa actualmente el Poder Judicial y de hasta qué punto sus decisiones se orientan por el bien común y por el ordenamiento constitucional.

Malvinas, tierras y una misma idea de soberanía
La abogada vuelve entonces sobre una cuestión que considera elemental: para que exista un ordenamiento jurídico debe existir un territorio sobre el cual ese ordenamiento pueda aplicarse. En ese sentido, vincula la discusión por la Ley de Tierras con la cuestión Malvinas y con la cláusula transitoria de la Constitución Nacional que reafirma la soberanía argentina sobre las islas.

Su razonamiento es que la extranjerización irrestricta de grandes extensiones de tierra puede terminar favoreciendo procesos de concentración y colonización económica del territorio. "Están permitiendo que colonicen nuestro territorio", sostiene.

Para Alonso, la discusión no se limita a una ley ni a un expediente judicial. Considera que las decisiones de los tres jueces de la Corte Suprema tienen consecuencias concretas sobre derechos fundamentales: la libertad, el acceso a la alimentación, la salud, la educación y, en definitiva, la posibilidad de que el Estado garantice derechos a sus ciudadanos.

El hecho de que la Corte haya tenido que salir nuevamente a aclarar el alcance de uno de sus fallos es, para ella, otro elemento significativo. Recuerda que no es la primera vez que ocurre en causas vinculadas con los excombatientes.

En 2015, cuando el máximo tribunal rechazó por una cuestión formal un recurso relacionado con las denuncias sobre posibles delitos de lesa humanidad cometidos durante la guerra de Malvinas, también tuvo que emitir posteriormente una aclaración porque no había resuelto la cuestión de fondo.

"Esta es la segunda vez que aclaran", señala Alonso, quien considera llamativo que ambas ocasiones estén relacionadas con reclamos de los combatientes.

La abogada también cuestiona lo que percibe como una distancia entre la Corte y la realidad social. En su interpretación, mientras algunos fallos establecen límites a las expresiones dirigidas contra personas públicas, en otros momentos se habla de "discursos de odio" cuando las críticas se dirigen contra los propios jueces.

Para Alonso, esa discusión evidencia una desconexión con el clima social y con el malestar que atraviesa a distintos sectores.

"Están alejados de la realidad y, en realidad, del sentir nacional, del sentir de las personas que habitan en este territorio, de lo que le está pasando a la comunidad, del hambre que vive el pueblo", afirma. Por eso interpreta el comunicado posterior de la Corte no como una verdadera aclaración, sino como una explicación que, a su juicio, terminó generando todavía más confusión. "Más que clarificar, oscurecen", resume.
Una disputa que excede el expediente

Para el CECIM, además, el fallo deja un antecedente que trasciende el caso particular. Alonso advierte que la Corte está estableciendo, con esta resolución, un criterio según el cual la soberanía territorial no sería un bien jurídico tutelable y ninguna organización podría presentarse ante la Justicia para reclamar que se garantice ese derecho mediante una acción colectiva.

La disputa, sin embargo, no termina en los tribunales. Una de las posibilidades para revertir la situación pasa ahora por el Congreso y por la eventual derogación del DNU. El problema, explica Alonso, es que la discusión parlamentaria también se ha demorado. Recuerda que el tema tuvo tratamiento en el Senado, pero permaneció durante mucho tiempo sin avanzar.

A eso se suma, según su análisis, la posición de gobernadores interesados en atraer inversiones extranjeras. Alonso admite que no está claro si existen los votos suficientes para revertir el decreto y advierte que, mientras algunos sectores plantean recuperar la vigencia de la Ley de Tierras, también existe la posibilidad de que la discusión se limite a determinados artículos sin abordar integralmente el DNU.

Mientras tanto, el CECIM evalúa recurrir nuevamente a una instancia internacional. Alonso explica que la organización analiza acudir al sistema interamericano por lo que considera una nueva vulneración del derecho de acceso a la Justicia.

El planteo, en su lectura, es que el Estado argentino no puede invocar cuestiones meramente formales para evitar garantizar derechos reconocidos en los tratados internacionales que el propio país suscribió. Acudir a organismos internacionales implica, justamente, denunciar que el Estado no garantizó un derecho dentro de sus propias instituciones.

Tierra, recursos naturales y capitales extranjeros
La discusión sobre la Ley de Tierras se conecta, para Alonso, con otros debates actuales sobre los recursos naturales. Menciona la Ley de Glaciares y los proyectos mineros impulsados con participación de capitales extranjeros como ejemplos de una discusión más amplia sobre quién controla los recursos y quién se beneficia de su explotación.

La pregunta que plantea es sencilla pero, para ella, central: cuánto queda en el país después de una mega inversión extranjera y cómo se distribuye la riqueza generada. La preocupación adquiere mayor peso, sostiene, cuando al mismo tiempo aumentan los niveles de pobreza pese a la enorme cantidad de recursos naturales disponibles.

Alonso cuestiona que la riqueza termine concentrándose en pocas manos y sostiene que los gobernadores que impulsan determinadas inversiones deberían explicar qué beneficios concretos reciben sus propias comunidades. También reclama que se discutan los impactos ambientales de esos proyectos y qué sucede cuando una actividad extractiva contamina un río o deteriora un ecosistema.

En ese sentido, cuestiona una idea que considera instalada en parte del debate público: la de que Argentina posee recursos naturales pero no cuenta con capacidad industrial para aprovecharlos. Para Alonso, la falta de industria no es una condición inevitable, sino el resultado de décadas de deterioro del aparato productivo.

La discusión sobre la soberanía, entonces, vuelve a aparecer como una discusión económica, territorial y social. Y también como una oportunidad para abrir un debate más amplio en la sociedad.

Alonso encuentra un dato que considera positivo en el clima social: incluso personas que no comparten sus posiciones políticas pueden coincidir en que la extranjerización de la tierra puede perjudicar los intereses nacionales.

Menciona incluso la reacción popular en torno a Malvinas y la persistencia de la consigna de que las islas son argentinas como una muestra de que la cuestión de la soberanía continúa ocupando un lugar relevante en el imaginario colectivo, más allá de las diferencias partidarias.

Del Congreso al sistema interamericano
Con la mirada puesta en el próximo año electoral, Alonso plantea que la sociedad debería aprovechar el momento para discutir qué proyecto de nación quiere construir y qué papel debe tener el Poder Judicial.

En su análisis, esa discusión tampoco puede separarse de la historia argentina. La abogada cuestiona el comportamiento que atribuye al Poder Judicial durante distintos períodos, desde la dictadura hasta la etapa democrática posterior, y menciona la doctrina de facto y decisiones que, según su interpretación, terminaron favoreciendo procesos de usurpación y violaciones de derechos.

La preocupación trasciende, incluso, las fronteras nacionales. Alonso observa un contexto regional que considera complejo y menciona el caso de Venezuela y la intervención de una potencia extranjera como parte de un escenario internacional en el que los recursos naturales y la soberanía vuelven a ocupar un lugar central.

La pregunta que queda planteada, finalmente, es qué utilidad tiene para un país contar con enormes reservas de recursos si no posee las herramientas industriales, económicas y políticas para explotarlos en beneficio de su propia población.

Para Alonso, la respuesta no puede reducirse a atraer inversiones. La discusión pasa por quién controla el territorio, quién dispone de los recursos, quién obtiene los beneficios y qué capacidad conserva el Estado para garantizar derechos.

La pregunta que queda abierta
El fallo de la Corte, en ese sentido, dejó abierta una disputa que excede ampliamente al expediente judicial. Para el CECIM La Plata, lo que está en juego no es solamente la vigencia de una ley que establece límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

También se discute qué significa defender la soberanía en un país que todavía mantiene un territorio insular ocupado y que, al mismo tiempo, debate cuánto de su territorio continental y de sus recursos naturales puede quedar en manos de capitales extranjeros.

Alonso anticipa que el CECIM continuará buscando caminos judiciales e internacionales para sostener su reclamo. El próximo paso podría ser acudir al sistema interamericano por la presunta denegación de acceso a la Justicia. Mientras tanto, la discusión continuará en el Congreso y en el espacio público.

La entrevista, realizada en Señales, termina con una idea que atraviesa toda su exposición: la necesidad de que la sociedad discuta no solamente qué ocurre con una ley o con un decreto, sino qué modelo de país quiere construir, cómo quiere administrar su territorio y sus recursos y qué lugar debe ocupar la soberanía dentro de ese proyecto.
Foto: Pablo Cuarterolo

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Emir Sader, ante las urnas de Brasil: democracia, Lula y una batalla que desborda las fronteras

Emir Sader analiza en Señales las horas finales de una elección que, según su lectura, excede la disputa entre Lula y Flavio Bolsonaro. El papel de los medios, la intervención de Donald Trump, el debate frustrado de TV Globo, la relación con la Argentina y el futuro de la izquierda latinoamericana aparecen en su diagnóstico sobre el escenario brasileño
"Está en juego la democracia"

Mañana hay elecciones en Brasil y, de cara a una jornada que vuelve a poner al país ante una definición política de enorme trascendencia, Emir Sader se muestra ansioso. "Quisiera que fuera a votar hoy y no mañana", dice el escritor, sociólogo y político brasileño, una de las voces más reconocidas de la izquierda latinoamericana.

Profesor y autor de numerosos libros sobre política, sociedad y América Latina, Sader ha dedicado buena parte de su trayectoria al análisis de los procesos políticos de la región y, particularmente, de Brasil. Durante estos días estuvo en la Argentina y, como uno de los principales estudiosos de los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva y de las transformaciones políticas y sociales brasileñas de las últimas décadas, observa la elección desde una perspectiva que excede la disputa entre dos candidaturas.

Para Sader, lo que está en juego es mucho más que una competencia electoral. Recuerda que, en otros momentos, como cuando Lula disputaba elecciones contra Fernando Henrique Cardoso, la diferencia también era profunda. "Disputar con Fernando Henrique Cardoso era disputar dos políticas económicas radicalmente distintas, pero en el marco de la democracia", dice. Ahora, sostiene, el escenario es diferente.

"El padre del candidato de la derecha está en verdad preso por intento de golpe para impedir que Lula, que había ganado la elección, tomara posesión", afirma. Por eso entiende que la contienda actual no puede ser leída únicamente como una diferencia entre programas económicos.

"Uno es neoliberal, el otro es antineoliberal. Uno privilegia la justicia fiscal, el otro privilegia las políticas sociales. Esas son diferencias importantes, pero está en juego, en verdad, la democracia en Brasil con todas las proyecciones que hay hacia el resto de América Latina", plantea.

En esa dimensión regional aparece también la Argentina. Sader recuerda una conversación con Cristina Fernández de Kirchner, quien, según relata, le planteó: "Mira, no sirve que ganemos acá si Lula no gana en Brasil, estaríamos igual, aislados". Desde su perspectiva, la suerte electoral brasileña no queda circunscripta a las fronteras del país, sino que tiene consecuencias sobre el escenario político latinoamericano.

Sader dice esperar una victoria de Lula y plantea como principal incógnita si llegará en la primera o en una segunda vuelta.

Una elección competitiva pese a los números económicos
Su expectativa se apoya, entre otros elementos, en la evolución de los indicadores económicos durante el tercer gobierno de Lula. Según destaca, la economía crece, el país registra uno de los menores niveles de desempleo de América Latina y la inflación se ubica alrededor del 3% anual. "Tres por ciento al año en un país que ya tuvo hiperinflación", subraya.

Sin embargo, esos resultados no alcanzan, a su entender, para explicar por qué la elección continúa siendo competitiva. Sader identifica dos factores principales. El primero es el papel de los medios de comunicación.

Aunque aclara que "ninguno exalte al hijo de Bolsonaro", sostiene que existe una cobertura que pone el foco fundamentalmente en las dificultades de Lula, aun cuando, según su interpretación, "todos los indicios son positivos".

A su juicio, detrás de esa actitud existe una diferencia de intereses. "Les molesta que Lula gane y que gane fuerte en primera vuelta", sostiene. La razón, interpreta, estaría vinculada con la orientación económica del gobierno: "Sobre todo porque Lula tiene una política, repito, antineoliberal, y ellos reflejan los intereses del gran capital en general, que es neoliberal".

El segundo factor es el vínculo de los jóvenes con la política. Para Sader, se trata de un problema importante. "Los jóvenes son los menos interesados en política", afirma. Lo explica por una distancia generacional y cultural que, según considera, dificulta que el discurso político tradicional llegue a ellos.

"Están en otra onda, están en su mundo, en sus cosas, y la política, como está haciendo esta, no llega hasta ellos", señala.

En esa dificultad también encuentra un desafío para quienes defienden la democracia. Sader sostiene que habría que lograr que los jóvenes comprendan que incluso aquello que aparece como una defensa de la libertad individual depende de la existencia de un sistema democrático. "Habría que convencerlos de que su libertad individual, ya sea lo que les dé la gana, etcétera, solo se puede dar en democracia. Pero no hemos logrado hasta ahora hacerlo", reconoce.
Del empate técnico a la ventaja de Lula

La evolución de la campaña también forma parte de su análisis. Durante muchas semanas y meses, explica, la elección estuvo marcada por un empate técnico. "Ahora ya no", afirma. Según Sader, las encuestas más recientes muestran una ventaja clara de Lula, de entre cinco y siete puntos.

El sociólogo atribuye parte de ese cambio a una serie de acontecimientos ocurridos durante la última semana de campaña. Entre ellos menciona las informaciones vinculadas con el hijo de Bolsonaro y las prostitutas, y la polémica en torno a Nossa Senhora Aparecida, patrona de Brasil. Lula tomó rápidamente la escena: apareció en varias fotografías sosteniendo imágenes de la virgen y se refirió a la controversia con una cautela calculada: “No sé si es noticia falsa. (...) Eso sí tiene mucha repercusión en las redes sociales”.

A eso suma una medida adoptada por Lula frente a las apuestas. El presidente brasileño firmó una medida provisional que, según relata Sader, prohíbe las apuestas de cuota fija y los juegos online. Para el sociólogo, se trata de una política vinculada con "el combate que hace Lula al vicio de jugar la gente", es decir, al problema de los juegos de azar y sus consecuencias sociales.

La medida, sostiene, tuvo una recepción particularmente favorable entre las madres de familia que enfrentan problemas relacionados con familiares que juegan. "Cayó muy bien, sobre todo con las madres de familia que tienen problemas con el marido, con los hijos que juegan y tienen mucho problema", explica.

Desde esa perspectiva, Sader observa que en los últimos días se acumularon acontecimientos y decisiones que, según su lectura, favorecieron a Lula y perjudicaron a su adversario. Ese conjunto de factores, sumado a la ventaja que muestran las encuestas, alimenta su expectativa de una posible victoria en primera vuelta.

Para lograrla, recuerda, el candidato necesita superar el 50% de los votos. La presencia de varios candidatos menores, que todavía conservan una parte del electorado aunque sus porcentajes se hayan reducido, hace que alcanzar ese umbral no sea sencillo.

"Como hay varios candidatos chicos que están achicándose más, pero siempre sacan votos, entonces no es fácil llegar al 51%", explica.

Lula, sin embargo, había insistido públicamente en que ganaría en primera vuelta. Sader interpreta esa afirmación también como una herramienta de campaña: "A ver, lo hace también para pasar confianza a las personas".

El debate que TV Globo no pudo hacer
La estrategia de Lula durante las últimas horas de campaña rompió además con una tradición política y mediática brasileña. TV Globo había organizado el tradicional debate de cierre, un espacio de enorme audiencia que, de acuerdo con Sader, históricamente tuvo capacidad para intervenir en la etapa final de los procesos electorales.

Pero Lula decidió no participar. Según explicó Sader, el presidente consideraba que el formato le reservaba una desventaja: tendría "24 minutos en contra de él y 6 minutos para defenderse". En lugar de asistir al debate, optó por concurrir a otro programa, emitido en el mismo horario, para exponer directamente sus posiciones.

La decisión tuvo una consecuencia inesperada: Flavio Bolsonaro tampoco concurrió. Ante la ausencia de los dos principales candidatos, TV Globo terminó cancelando el programa.

"Los dos principales candidatos decidieron no ir, TV Globo canceló su programa, no hubo el programa", relató Sader, para quien aquello terminó convirtiéndose en "una victoria de Lula".

La importancia de la decisión, sostiene, no estuvo solamente en la audiencia que consiguió el programa alternativo. Para Sader, el episodio tuvo además un significado político: TV Globo no pudo ocupar ese lugar tradicional de intervención en la fase final de la campaña.

La controversia alcanzó también al papel de la Justicia. La Asociación Internacional de Radiodifusión había difundido un comunicado en el que cuestionaba la intervención judicial en el episodio. Sader relativizó esa discusión y puso el foco en quién termina teniendo capacidad efectiva para condicionar el proceso electoral.

"No importa si tiene poder el Judiciario o no, interesa que se suspendió el poder discrecional. Si no es el Judiciario, es TV Globo que decide", sostuvo.

En esta ocasión, consideró, la cadena no pudo imponer su formato habitual. "Tuvo que ir a radio, con la cara de póster, digamos, para decir que no iba a haber el programa tradicional que ellos hacían", relató.

En el trasfondo de la disputa aparecía además otro elemento: la intención del sector de Flavio Bolsonaro de utilizar la ausencia de Lula como una imagen permanente durante la campaña. Según Sader, la estrategia consistía en mostrar una silla vacía que simbolizara su ausencia y permitiera formular acusaciones sin que el candidato estuviera presente para responderlas.

"Esa era la imagen que querían proyectar y no lo pudieron hacer", afirmó.

Trump, la soberanía y el discurso nacionalista
La dimensión internacional de la campaña había ganado, entretanto, una presencia cada vez mayor. La relación con Donald Trump y la cuestión de la soberanía brasileña se instalaron como uno de los temas del tramo final.

Sader considera que la presión estadounidense terminó produciendo, según su interpretación, un efecto electoral favorable a Lula, incluso hasta el punto de que Flavio Bolsonaro habría pedido a Trump que dejara de intervenir de esa manera.

"Favoreció tanto a Lula que Flavio Bolsonaro pidió que Trump no lo hiciera más, porque Lula parece defendiendo el interés de los brasileños frente a una ofensiva externa", sostuvo.

Según su lectura, la intervención de Trump permitió a Lula presentarse como defensor de los intereses nacionales frente a una presión proveniente del exterior. La situación habría generado una paradoja para el propio candidato de la derecha.

"Dijo, no, déjalo para hacerlo después, déjalo, porque ahora solo favorece a Lula", relató Sader.

Lula, además, no evitó confrontar políticamente con Trump. "Lula hace campaña en contra de Trump también", señaló Sader, quien describió el discurso del presidente brasileño como de fuerte contenido nacionalista y antiimperialista.

Brasil y Argentina: un eje en disputa
Para Sader, la elección brasileña no puede separarse del futuro político de la Argentina. Su vínculo con el país, donde residió durante largos períodos, atraviesa también su interpretación del escenario regional.

Desde su perspectiva, una eventual continuidad de Lula en el gobierno convertiría a la Argentina en el siguiente gran escenario político de América Latina.

"Creo que después de la victoria de Lula, la elección más importante es la de Argentina", afirmó. En ese punto expresó su expectativa de que pueda imponerse Axel Kicillof y que, a partir de allí, se recomponga lo que considera un eje fundamental de la región: Brasil, México y Argentina.

La recomposición de ese eje tendría, además, una dimensión económica y geopolítica. Sader mencionó la posibilidad de fortalecer nuevamente el Mercosur y planteó incluso la eventual incorporación de la Argentina a los BRICS.

En su interpretación, las trayectorias políticas de Brasil muestran que los ciclos pueden revertirse. Lula estuvo preso y posteriormente volvió a la presidencia de Brasil. Dilma Rousseff sufrió un impeachment y hoy ocupa la presidencia del Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS.

"Se puede dar la vuelta, se puede dar la vuelta y Argentina va a dar la vuelta", sostuvo.

En esa misma lectura regional ubicó a otros gobiernos latinoamericanos. Mencionó también a Cuba y sostuvo que las dificultades que atraviesa la isla contribuyen a debilitar ese espacio político regional. Para Sader, una de las razones de fondo se encuentra en el modelo económico dominante.

"Tiene una política económica neoliberal que no atiende a los intereses de las personas", afirmó. Su crítica al neoliberalismo atraviesa, en definitiva, buena parte de su interpretación de la coyuntura latinoamericana.

"Están prisioneros del neoliberalismo", sostuvo al referirse a determinados gobiernos de la región, y agregó una afirmación que sintetiza su posición política: "El neoliberalismo fracasó en América Latina y en todas partes del mundo".

Como argumento, planteó una pregunta: "¿Qué país dice ‘soy neoliberal’ y la gente está muy contenta y las cosas van a mover? Ningún país, ningún país".
Un libro para entender el ciclo de Lula

Antes de despedirse, Sader aprovechó la conversación para anunciar la publicación en la Argentina de su último libro, Lula y la izquierda del siglo XXI. Neoliberalismo y posneoliberalismo en Brasil y en América Latina, editado por Colihue. El volumen propone un recorrido por la historia reciente de Brasil desde la primera presidencia de Lula hasta la llegada de Jair Bolsonaro, de la mano de uno de los más reconocidos intelectuales brasileños de la actualidad.

El libro parte de una particularidad de la historia brasileña de la segunda mitad del siglo XX: mientras buena parte de América Latina atravesaba otros procesos políticos y económicos, la dictadura militar brasileña pudo beneficiarse del tramo final del más largo ciclo expansivo del capitalismo. Sader analiza cómo ese contexto permitió una etapa de fuerte crecimiento económico, sostenida en la sobreexplotación de los trabajadores y acompañada por una intensa concentración del ingreso.

En ese proceso surgió un nuevo sector de la clase obrera que terminaría siendo decisivo para la política brasileña y que, según el recorrido que propone el autor, daría nacimiento al Partido de los Trabajadores (PT). La posterior transición democrática, sostiene Sader, no logró extender plenamente la democratización al terreno económico y social. Fue en ese escenario que, en 2002, Luiz Inácio Lula da Silva, proveniente de aquella nueva clase obrera, llegó por primera vez a la presidencia.

Para Sader, Lula se convirtió en una figura central de la izquierda del siglo XXI porque logró comprender las características del neoliberalismo y desarrollar una estrategia política orientada a enfrentarlo y superarlo. El libro se detiene precisamente en ese proceso y en las transformaciones que implicaron las presidencias del PT.

Pero la experiencia brasileña, plantea el autor, tampoco puede entenderse de manera aislada. El ciclo de Lula coincidió con la emergencia de otros liderazgos de izquierda y progresistas en América Latina: Hugo Chávez en Venezuela, Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, José Mujica en Uruguay y, de manera central, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina. Para Sader, ese proceso permitió recuperar una coordinación regional que había quedado debilitada y convirtió al liderazgo de Lula en parte de un movimiento político latinoamericano de mayor alcance.

Lula y la izquierda del siglo XXI se presenta así como un análisis de las condiciones que hicieron posible la irrupción de Lula en la política brasileña, de las continuidades y rupturas respecto de las izquierdas del siglo XX y de la proyección regional y mundial de su experiencia política. También se pregunta por el futuro de la izquierda latinoamericana frente a los nuevos escenarios políticos y económicos de la región.

El libro, contó Sader, ya se encuentra disponible en las librerías argentinas. Y el dato no resulta menor dentro de una conversación atravesada de principio a fin por la figura de Lula: mientras Brasil se prepara para volver a las urnas, el propio entrevistado propone mirar más allá de la coyuntura electoral y reconstruir el recorrido histórico que convirtió al dirigente brasileño en uno de los protagonistas centrales de la política latinoamericana contemporánea.

Con el cierre de la campaña cada vez más cerca y las urnas a punto de abrirse, Sader dejó planteada también una última expectativa, casi como una promesa de continuidad para la conversación: esperaba volver a hablar después de la elección, "para conmemorar el domingo o el lunes".

La frase quedó suspendida sobre una elección que, en su interpretación, no se reduce a la definición de un presidente. Brasil llega a las urnas ante una disputa que, para Sader, puede definir también el rumbo político de buena parte de América Latina.

Escuchá la entrevista completa:

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