De la ausencia a la memoria: el legado de los periodistas desaparecidos en Rosario

En el Museo de la Memoria de Rosario, un espacio cargado de historia y significado, se llevó a cabo un acto encabezado por el Sindicato de Prensa de Rosario en el que confluyeron memoria, investigación y reconocimiento. Allí se dieron a conocer avances de un trabajo en curso que busca reconstruir historias silenciadas: la identificación de tres víctimas del terrorismo de Estado como trabajadores de prensa, una faceta hasta ahora desconocida en sus trayectorias.

La elección de la fecha no fue azarosa. El acto se realizó en el Día del Trabajador de Prensa, en coincidencia con un nuevo aniversario de la desaparición de Rodolfo Walsh, figura emblemática del periodismo y de la denuncia contra la dictadura. Su nombre atravesó la jornada como símbolo de compromiso y lucidez, especialmente por aquella carta en la que supo anticipar, con precisión inquietante, las consecuencias del régimen militar en uno de los contextos más oscuros de la historia argentina.

Tres historias que emergen del silencio

En ese marco, el sindicato presentó públicamente la identidad completa de Mario Eduardo Russo, Mariano Martínez Villalonga y Alfredo Mónaco, tres jóvenes asesinados por la última dictadura cívico-militar. Hasta ahora, no solo se desconocía en profundidad su historia personal, sino también su pertenencia al campo del periodismo. El trabajo, titulado "Una búsqueda en construcción", recupera sus trayectorias como periodistas y reporteros gráficos en medios como La Capital, Canal 5 y LT8, restituyéndoles un lugar en la memoria colectiva desde su oficio y su militancia.

La iniciativa, dada a conocer a cincuenta años del golpe de Estado, se inscribe en una búsqueda más amplia por reconstruir verdades fragmentadas. En ese sentido, el secretario general del sindicato, Edgardo Carmona, enmarcó el acto en un clima social que, según expresó, sigue reclamando memoria, verdad y justicia. Evocó la masiva movilización del día anterior como una muestra de ese pulso colectivo y sostuvo que el trabajo del gremio apunta precisamente a sostener viva esa demanda: refrescar la memoria, hacer emerger la verdad y continuar exigiendo respuestas sobre el destino de los desaparecidos, los nietos apropiados y los cuerpos aún no encontrados.

Rodolfo Walsh como guía del compromiso periodístico

Carmona también subrayó el valor simbólico del momento elegido, al recordar que fue en una fecha como esta cuando Walsh fue asesinado mientras distribuía su célebre Carta Abierta a la Junta Militar. Destacó la lucidez del periodista para describir anticipadamente el rumbo que tomaría el país bajo la dictadura, y vinculó ese gesto con la tarea actual del sindicato: un "pequeño granito de arena" que, sin embargo, adquiere una dimensión significativa en la construcción de memoria y en la persistencia por alcanzar una verdad completa.

La reconstrucción de trayectorias invisibilizadas

La investigación que llevó adelante Stella Hernández, junto a su colega Gustavo Di Prinzio, surgió de una pregunta que había rondado durante años: ¿existían periodistas desaparecidos durante la última dictadura en Rosario? La cuestión no era menor. Hasta ese momento, el recuerdo de las víctimas de la represión incluía nombres de militantes, vecinos, docentes, pero el de los trabajadores de prensa permanecía en gran parte invisible. Hernández y Di Prinzio decidieron explorar esa invisibilidad, indagando en archivos, legajos y testimonios familiares, con el objetivo de reconstruir historias que habían sido ignoradas o desestimadas.

Gustavo Di Prinzio, Edgardo Carmona, José Maggi y Stella Hernández

El punto de partida fue la masacre de Clark, un episodio oscuro durante la dictadura donde varios militantes fueron fusilados en Carrizales. Entre ellos estaba Mario Eduardo Russo. Él llevaba consigo un carné del Sindicato de Prensa Rosario, un detalle que en investigaciones previas había sido desestimado como posible documento falso. Sin embargo, Hernández y Di Prinzio lograron recuperar la ficha de afiliación en el sindicato, confirmando que Russo había sido, efectivamente, trabajador de prensa y militante del PRT-ERP (Partido Revolucionario de los Trabajadores - Ejército Revolucionario del Pueblo). La reconstrucción de su historia permitió dar identidad laboral a una de las víctimas de la represión, devolviéndole, aunque sea parcialmente, el reconocimiento que le había sido negado.

Otro caso que emergió fue el de Mariano Martínez Villalonga. Hijo de Lucrecia Villalonga de Martínez, una de las fundadoras de la organización Madres de Plaza 25 de Mayo, Mariano siempre había sido recordado como cineasta. Pero los investigadores descubrieron que su vínculo con los medios locales era más profundo: había trabajado como camarógrafo en Canal 5, y tras mudarse a Santa Fe para estudiar cine, también desempeñó funciones como reportero gráfico en el periódico Nuevo Diario. Ese diario desapareció con la llegada de la dictadura, dejando un vacío en los registros fotográficos y en la memoria laboral de Martínez. La familia confirmó que, además, los militares se habían apropiado de todo el material que Mariano había trasladado para instalarse en Mendoza, borrando gran parte de sus rastros profesionales. La reconstrucción de su trayectoria profesional permitió ubicarlo en el mapa de la prensa local, más allá de su identificación como cineasta.

Alfredo Mónaco (foto restaurada), locutor y periodista, constituyó otro eslabón de esta investigación. Poco se sabe de su vida, salvo los testimonios de compañeros de radio que trabajaron con él. Tenía 31 años cuando fue asesinado en junio de 1976, y su muerte figura registrada en los archivos del CELS (foto), en documentos desclasificados de la Embajada de Estados Unidos y en el libro "Muertos por la represión". Mónaco trabajó en varias radios, destacándose en LT8 con su programa "Mundo Joven", y también cumplía funciones como inspector del Ministerio de Trabajo de la Nación. A través de los recuerdos de sus colegas se pudo reconstruir algo de su personalidad y trayectoria, aunque los detalles concretos de su vida profesional se mantienen fragmentarios.

Hernández explica que hasta ese momento, el conocimiento sobre periodistas desaparecidos en Santa Fe estaba limitado a casos de la capital provincial durante 1975, mientras que en Rosario la única referencia previa era Leonardo Bettanín. Bettanín, aunque vinculado a medios, no trabajaba activamente como periodista local: había sido diputado nacional y militante de Montoneros, con su actividad periodística desarrollada de manera clandestina y en Buenos Aires. Su hermana, reportera gráfica, también estaba vinculada a la prensa porteña, y su compañero Jaime Colmenares, fotógrafo y reportero gráfico, desapareció tras un enfrentamiento en el Barrio Gráfico, presuntamente visto luego en la ESMA. A partir de esa referencia, los investigadores comenzaron a construir una lista de trabajadores de prensa rosarinos desaparecidos.

El proyecto de Hernández y Di Prinzio se define como "una lista en construcción". Desde los registros de la CONADEP en 1985, que identificaban a 84 periodistas víctimas de la represión, hasta hoy, se han logrado documentar más de 200 casos de trabajadores de prensa desaparecidos, asesinados, detenidos o muertos por la dictadura. Sin embargo, para muchos de ellos, la identificación de su profesión seguía ausente. La investigación busca restituir ese fragmento de identidad, devolviendo a cada víctima su lugar en la historia de la prensa y en la memoria colectiva.

La reconstrucción de las historias individuales también refleja las dificultades que impone la ausencia de registros. En el caso de Russo, su carné sindical había sido desestimado, y su muerte durante la masacre de Carrizales fue inicialmente registrada sin reconocerlo como trabajador de prensa. En el caso de Mariano Martínez Villalonga, la desaparición del diario Nuevo Diario y la confiscación de su material fotográfico por parte de los militares borraron gran parte de sus evidencias. En el caso de Alfredo Mónaco, la información disponible provino principalmente de archivos del CELS y testimonios de colegas. Cada historia requiere paciencia, contrastes y reconstrucción de fragmentos dispersos para que la identidad profesional de estas víctimas emerja de la invisibilidad.

Hernández subraya que la investigación no se limita a enumerar nombres, sino que busca restituir la memoria de estos periodistas. Mario Eduardo Russo (foto inferior restaurada) ingresó muy joven a La Capital como linotipista; Mariano Martínez, además de cineasta, se desempeñó como camarógrafo y reportero gráfico; y Alfredo Mónaco, locutor y conductor de radio, también trabajó como inspector laboral. Restituir a cada uno su condición de trabajador de prensa implica reconocer su aporte a la comunicación local y su lugar en la historia reciente de Rosario y Santa Fe.

El trabajo de investigación también se enmarca en un contexto más amplio: el seguimiento de las víctimas de la represión. Desde los 30.000 desaparecidos hasta los más de 200 periodistas identificados, el objetivo de Hernández y sus colegas es sumar detalles que permitan completar las historias individuales. Los datos que emergen de archivos, entrevistas familiares y registros institucionales no solo enriquecen la memoria histórica, sino que también habilitan nuevas preguntas y posibles hallazgos. Cada ficha de afiliación, cada testimonio, cada registro documental constituye un fragmento que reconstruye la identidad profesional de los desaparecidos.

El trabajo de Hernández y Di Prinzio enfatiza la importancia de la memoria activa. Al visibilizar a periodistas que fueron víctimas de la represión, no solo se rescata su identidad laboral, sino que se aporta al conocimiento histórico de la región. La investigación busca que familiares, colegas y la sociedad tengan referencias más completas sobre los trabajadores de prensa que desaparecieron o fueron asesinados, y que su memoria no se limite a la condición de víctima política, sino que también reconozca su rol en la comunicación local.

Finalmente, Hernández subraya que esta investigación sigue abierta. Cada dato nuevo, cada contacto con familiares, cada documento hallado contribuye a ampliar la lista de trabajadores de prensa desaparecidos o asesinados. La reconstrucción de sus vidas profesionales y personales permite devolver a estas víctimas un "cachito de su historia", reforzando el valor de la memoria histórica y profesional en la sociedad rosarina y santafesina.

Donde la memoria insiste: la historia de Mariano Martínez

Silvia Martínez recuerda a su hermano Mariano con la precisión que otorga tanto el amor como el dolor de una ausencia que dura décadas. Desde que lo desaparecieron, el 27 de enero de 1977, nunca volvieron a saber de él. Hoy, cuando el Sindicato de Prensa Rosario reconoce oficialmente su trayectoria como trabajador de prensa, Silvia siente que se hace justicia, aunque de manera tardía. Es un reconocimiento a la actividad profesional de Mariano, a su persona y, también, a la lucha incansable de su madre, Lucrecia Villalonga de Martínez, una de las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo en Rosario, que dedicó años a buscar respuestas y preservar la memoria de su hijo y de tantos otros desaparecidos.

El archivo que su madre había recopilado a lo largo de los años, con registros de actividades, documentos y fotografías, llegó a Silvia a través de su propia hija, quien también se dedica al cine. Ese legado permitió aportar datos que antes estaban dispersos o perdidos, reconstruyendo la historia de Mariano como trabajador de prensa, pero también como hijo, hermano y joven con proyectos y sueños que la represión le arrebató. Para Silvia, cada nuevo hallazgo que surge de la investigación es un puente hacia quienes quizá lo conocieron, lo vieron o trabajaron con él, en Santa Fe, donde cursó estudios de cine y desarrolló parte de su trayectoria profesional.

Mariano estaba a punto de mudarse a Mendoza, preparando su vida con entusiasmo y dedicación. Silvia recuerda cómo, junto a su pareja, arreglaba y adaptaba la nueva casa: él con la madera de pinotea construyendo las sillas, ella tapizando los asientos. A la vez, Mariano organizaba cuidadosamente su archivo personal y político, un registro de su actividad y compromiso que reflejaba su inquietud, su habilidad y su determinación. Todo ese archivo, junto con sus pertenencias, desapareció el día en que lo secuestraron. El Expreso Malargüe, donde había dejado sus cosas para ser trasladadas, fue el lugar donde la represión se llevó su historia tangible; los militares confiscaron todo, borrando gran parte de la evidencia de su trabajo y de su vida cotidiana.

Silvia reconstruye con detalles cómo sucedió el secuestro. Esa mañana, Mariano había salido de su casa en el barrio Francia, casi en la esquina de Pellegrini, para hacer un mandado. Apenas había dejado la puerta cuando un diariero les informó que se lo acababan de llevar. Una Citroneta azul, que pertenecía a Mariano, fue utilizada por quienes lo secuestraron, y sus padres no encontraron ninguna respuesta en la policía ni en la jefatura local. Intentaron investigar por todos los medios, preguntando incansablemente, y su madre acudió al espacio que antes funcionaba como comando militar en Rosario en numerosas ocasiones, sin hallar ninguna respuesta. Al volver a casa, la familia encontró que otra patota había irrumpido: a su padre lo golpearon con picana, a su madre la amenazaron de ahogarla en la bañera, y se llevaron todo lo que tenía algún valor. La violencia sistemática, relata Silvia, no solo buscaba borrar a Mariano, sino también amedrentar y quebrar a quienes quedaban vivos, dejando marcas imborrables en la memoria de la familia.

Para Silvia, la desaparición de su hermano es un agujero abierto que la muerte nunca podría haber causado de la misma manera. "Si bien una muerte es muy dolorosa, una desaparición es terrible, porque no te permite hacer un duelo", dice. Aun así, cada reconocimiento, cada dato adicional que aporta la investigación, es un paso hacia la reconstrucción de la historia de Mariano, hacia la restitución de su identidad como trabajador de prensa y como ciudadano comprometido con la cultura y la comunicación. La esperanza de Silvia se mantiene viva en la posibilidad de que alguien, que haya conocido a Mariano en Santa Fe o en sus primeros años en Rosario, aporte algún dato más, alguna fotografía, algún testimonio que complete los vacíos que dejó la represión.

La memoria de Mariano Martínez, reconstruida a través de la investigación y del reconocimiento del Sindicato de Prensa, se convierte en un símbolo del esfuerzo por rescatar la identidad y el legado de los periodistas desaparecidos durante la dictadura. Cada archivo recuperado, cada ficha de afiliación encontrada y cada relato de los familiares devuelven a estas víctimas un "cachito de su historia", sostiene Hernández, y transforman la ausencia en memoria activa, otorgando sentido a décadas de búsqueda. Para Silvia, este proceso no solo honra a su hermano, sino que también reafirma el compromiso de quienes siguen luchando para que la verdad y la memoria no se pierdan y para que la historia de Mariano, como la de tantos otros, sea finalmente reconocida y contada.

Memoria activa: del archivo familiar al Museo

Cecilia Sarmiento nunca llegó a conocer físicamente a su tío Mariano Martínez (foto restaurada), uno de los periodistas desaparecidos durante la dictadura. Sin embargo, su imagen se ha formado con fuerza a través de los relatos de su abuela Lucrecia y de su madre. A partir de esas historias familiares, Cecilia siente que conoce profundamente a Mariano, que lo quiere y lo reconoce como una figura que marcó su propia vida. La militancia política de Cecilia, su participación en centros de estudiantes y en partidos de izquierda, y su trabajo en movimientos obreros, la conectan directamente con la sensibilidad de su tío: cuando filmaba, recuerda, no podía evitar pensar en cómo él había registrado las luchas obreras en Villa Constitución o en Paraná Metal durante el Villazo, y en la fuerza con que veía la organización de los trabajadores.

El vínculo entre ellos se extiende también por la pasión compartida por el cine. Cecilia, como Mariano, se dedica al cine, trabaja en rodajes y realiza dirección de fotografía y cámara. A través de esa mirada artística, siente que hereda parte de su tío: la creatividad, la curiosidad, la capacidad de observar y registrar. "Nunca me senté a comer con él ni le di un beso", dice, "pero siento que está presente en mi vida". Esa presencia se hace tangible cuando visita lugares donde él trabajó, como Canal 5, o cuando contribuye a preservar su legado mediante la donación de archivos de su abuela al Museo de la Memoria, documentos que conservaban con enorme cuidado pese a las inundaciones y las dificultades de esos años.

La desaparición de Mariano no solo significó la pérdida de un ser querido: implicó la apropiación de sus objetos personales y de su archivo profesional. Su Citroneta azul, utilizada por los represores para operaciones de inteligencia, y todo el material que enviaba para su mudanza a Mendoza desaparecieron con él. Los militares también irrumpieron en la casa de sus abuelos, torturando a sus padres y llevándose objetos de valor. Poco quedó de sus registros, fotografías y proyectos, lo que convierte la reconstrucción de su historia en una tarea delicada y fragmentaria. Sin embargo, Cecilia subraya que, más allá de los objetos, lo más importante son las ideas, la creatividad y el compromiso de Mariano, que permanecen vivos a través de quienes lo recuerdan y buscan reconstruir su historia.

Mariano Martínez fue camarógrafo en Canal 5, asistente de dirección y, durante sus estudios en Santa Fe, fotógrafo en el Nuevo Diario, junto a otros compañeros y a su amigo Jorge Ferrario, también asesinado por la AAA. Participó en documentales y películas experimentales, y su trabajo en la Escuela de Cine de Santa Fe demuestra que la formación cinematográfica de la época combinaba documental y propuestas artísticas audaces. Su habilidad manual le permitió, además, construir dispositivos para cámaras y escenografías, destreza que también aplicaba en la militancia para resguardar documentos y material sensible.

Cecilia recuerda con precisión la fecha en que su tío fue desaparecido: el 27 de enero de 1977. No es un día cualquiera; coincide, de manera inquietante, con el cumpleaños de su hermana, su mamá. Ese cruce de tiempos —la celebración y la ausencia— le resulta profundamente perverso. Su tío aparece mencionado en la causa Feced 3, aunque persisten zonas de incertidumbre. Lo que sí se sabe es que, en esos días de enero del 77, varios de sus compañeros de militancia fueron cayendo uno tras otro, como en una secuencia trágica que no dejaba margen para el azar. Desde entonces, ningún testimonio directo ha permitido reconstruir su paradero. 

Cecilia evoca a su tío como una persona solidaria, valiente y cuidadosa con quienes lo rodeaban. Su vida, aunque truncada, estuvo marcada por la defensa de los demás, el compromiso político y la creatividad artística. Para ella, reivindicar su historia es también un acto de justicia, un modo de mantenerlo presente y de enseñar a las nuevas generaciones el valor de la memoria, la militancia y la cultura que él cultivó y representó. Cada archivo conservado, cada investigación que reconstruye su trayectoria, cada espacio donde se recuerda su trabajo, es una forma de mantener vivo a Mariano, de "encontrarlo" aunque su cuerpo nunca haya vuelto.

El testimonio de quienes compartieron militancia y compromiso

Leónidas "Noni" Ceruti, destacado historiador radicado en Rosario, especializado en historia obrera y movimientos sociales en la zona industrial de San Lorenzo y Rosario, participó del homenaje. Ceruti habló sobre Mariano Martínez Villalonga, a quien conocía como Marianito, o Tito en el ámbito de la militancia.

Lo había conocido en 1975, cuando Mariano, tras militar en la organización comunista Poder Obrero, se incorporó al grupo político en el que Ceruti militaba, Socialismo Revolucionario. Durante esos dos años, Ceruti pudo comprobar la intensidad y la disciplina de Mariano: un militante activo "veinticuatro horas por veinticuatro", siempre presente en las luchas obreras de aquel momento. Había participado en el Villazo de 1974 y 1975, y compartió varios meses con Ceruti en su departamento, donde también se alojaba la hermana de Ceruti, mientras Mariano organizaba actividades y encuentros políticos. Hasta días antes de su desaparición, Ceruti mantuvo contacto con él.

El veintisiete de enero de 1977, el día que Mariano debía encontrarse con él en una esquina, no apareció. Preocupado y temiendo por la seguridad de su compañero, Ceruti se dirigió a la casa de Mariano, donde su madre le confirmó lo que temía: Mariano había sido secuestrado. Ese día marcó el inicio de un período de clandestinidad más profunda para Ceruti, quien sabía que otros compañeros de su organización habían desaparecido entre agosto de 1976 y enero de 1977. La información sobre Mariano la mantuvo oculta hasta regresar de su exilio interno y poder reunirse con la familia: primero con su sobrina Cecilia, militante de izquierda, y luego con su madre Silvia y su abuela, fundadora de la Asociación de Madres de Plaza 25 de Mayo.

Ceruti recordó a Mariano con afecto, como a tantos otros desaparecidos de aquel período, pero también con el compromiso de seguir luchando. Narró sus días de militancia compartidos en Rosario, la dedicación constante a las causas obreras y sociales, y la entrega que él y otros compañeros habían demostrado por ideales de justicia social. Para Ceruti, Mariano no era solo un amigo ni un compañero: era un ejemplo de militancia inquebrantable en una época de represión y violencia sistemática, donde muchos dieron la vida por una sociedad más justa, sin explotadores ni explotados.

En su intervención, Ceruti transmitió no solo la memoria de Mariano, sino también la de todos los desaparecidos, resaltando la necesidad de mantener viva la historia de compromiso, resistencia y solidaridad que los caracterizó. Su relato no solo evocaba la figura de Mariano, sino también la conciencia de un pasado que no puede olvidarse, y la responsabilidad de reconstruirlo para las generaciones futuras. Con palabras cargadas de emoción, cerró su testimonio con un abrazo simbólico a la lucha y a la memoria de aquellos que no regresaron: "Abrazos y luchas", dijo, reafirmando la continuidad del compromiso por justicia y memoria.

Fotos del evento: Julia Carmona

Medios públicos en jaque: 50 años después, la comunicación también está en disputa

Trabajadoras y trabajadores de Radio Nacional Bariloche difundieron una carta abierta en el Día del Trabajador de Prensa y a 50 años del golpe de 1976, en la que alertan sobre el vaciamiento de los medios públicos en Argentina, denuncian recortes y centralización de contenidos en RTA y otros organismos, y advierten sobre el impacto en el derecho a la información y la comunicación en las regiones.

A 50 años del golpe, la comunicación también está en disputa

Hoy, 25 de marzo, en el "Día del trabajador/a de prensa" y a cincuenta años del golpe cívico-militar, eclesial y empresario en la Argentina, reafirmamos que no hay democracia posible sin derecho a la comunicación. La fecha nos devuelve a la memoria de Rodolfo Walsh, desaparecido por ejercer un periodismo comprometido, y remite también al Estatuto del Periodista de 1944, hoy amenazado por la Reforma Laboral y con posible pérdida de vigencia a partir de enero de 2027.

No se trata solo de acceder a noticias. Se trata de quiénes pueden contar lo que pasa, desde dónde y para quiénes. En un país extenso y profundamente desigual, la brecha informativa no es una abstracción. Se expresa todos los días en territorios donde las voces locales quedan relegadas frente a una lógica centralizada de producción de contenidos. En ese mapa, las 49 emisoras de Radio Nacional constituyen, o constituían, una política pública concreta para garantizar presencia, servicio y producción informativa en cada región.

Porque los medios públicos no son una estructura más. Son, o deberían ser, la casa común de un país. Un espacio donde la diversidad de historias, identidades y contextos encuentra lugar. Hoy, esa casa está siendo vaciada. Desde la asunción del gobierno de La Libertad Avanza, con Javier Milei como presidente, lo que se profundiza es un proceso de desarticulación, recorte y control sobre el sistema de medios públicos que impacta directamente en el derecho a la información de las comunidades. No se trata solo de condiciones laborales, que también se deterioran, sino de algo más profundo. La pérdida de voces, de miradas y de presencia territorial.

El ajuste avanza. En Radio y Televisión Argentina (RTA), la intervención del Poder Ejecutivo a través del Decreto 117/24, prorrogado de manera sistemática, dejó sin funcionamiento al directorio con control bicameral, debilitando los mecanismos institucionales de supervisión. La eliminación de direcciones dentro del organigrama profundizó la centralización y dejó a las 49 emisoras de Radio Nacional sin conducción local efectiva.

A esto se suma una política de reducción de personal que combina retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas. Desde julio de 2024 hasta febrero de 2026, los programas impulsados apuntan a recortar entre 500 y 600 puestos de trabajo. En paralelo, la precarización salarial y la falta de paritarias erosionan las condiciones laborales, mientras se reducen coberturas y servicios.

En la TV Pública, el impacto es visible en la pantalla. Eliminación de noticieros de fin de semana, cancelación de transmisiones en vivo fuera del horario central y desprogramación de contenidos propios, ficción, cultura, entretenimiento, reemplazados por repeticiones o material enlatado. Incluso avanza un proceso de reconfiguración de identidad, con la intención de quitar la denominación "Pública" del nombre del canal.

En Radio Nacional, el escenario es aún más crítico. La no renovación de contratos afectó a periodistas, locutores, técnicos, productores y trabajadores de distintas áreas. La unificación de señales y la retransmisión de contenidos desde LRA1 Buenos Aires redujeron drásticamente la producción local. En muchos casos, una de las frecuencias AM o FM quedó con transmisión centralizada las 24 horas, generando un verdadero apagón informativo en los territorios.

Ese corrimiento impacta directamente en servicios esenciales. En la Patagonia, por ejemplo, los históricos "mensajes a pobladores rurales" dejaron de emitirse durante fines de semana y feriados.

A esto se suma el control centralizado de contenidos, la suspensión de redes sociales y páginas web de las emisoras desde mayo de 2024, en un proceso denominado de "reestructuración" y la cancelación de convenios de producción con instituciones como el INTA, que garantizaban contenidos de alto valor social.

En este contexto, también se registran hechos de censura explícita. El levantamiento total de la programación de LT12 Paso de los Libres y el corrimiento del aire de una trabajadora de LRA3 Santa Rosa, junto con restricciones para entrevistar a voces críticas del gobierno.

El desmantelamiento no se limita a RTA. La agencia TelAm fue prácticamente desactivada: en marzo de 2024 se suspendió el servicio informativo, se vallaron sus edificios y se avanzó en su transformación en Agencia de Publicidad del Estado (APE), reduciendo su función a la gestión de pauta oficial. La planta de trabajadores fue drásticamente recortada y la intervención se extiende hasta 2027.

En Contenidos Públicos S.E., las señales Encuentro, Pakapaka y DeporTV atraviesan un proceso similar: intervención, apagón digital, paralización de nuevas producciones y reducción de personal. La degradación de la Televisión Digital Abierta en la Patagonia agrava el escenario, afectando el acceso gratuito a contenidos educativos en zonas rurales.

El ENaCom, organismo clave en la regulación, también fue intervenido de manera unipersonal. El cierre de delegaciones provinciales centralizó la gestión en Buenos Aires y dejó sin cobertura operativa a gran parte del país. En enero de 2026, además, se eliminó el FoMeCA, herramienta fundamental para el sostenimiento de medios comunitarios y de pueblos originarios.

La Defensoría del Público, por su parte, enfrenta recortes presupuestarios y amenazas a su autonomía, debilitando su rol en la defensa de las audiencias.

Nada de esto es aislado. Todo forma parte de un mismo proceso. A cincuenta años del golpe, cuando el silencio fue impuesto por la fuerza y la censura fue política de Estado, resulta imposible no trazar paralelismos. Sin equiparar contextos históricos, sí advertimos una preocupación profunda; el debilitamiento de los medios públicos implica también, el debilitamiento de la democracia.

Por eso, como trabajadoras y trabajadores de Radio Nacional Bariloche, volvemos a decirlo con la voz en alto. Defender los medios públicos es defender el derecho de las comunidades a informarse, a expresarse y a existir en el mapa mediático del país.

Y en esa defensa, nos encontramos con una consigna que atraviesa generaciones y sigue vigente: Memoria, Verdad y Justicia. Dictadura, nunca más.

Foto: Marcelo Martínez, Diario Río Negro

82 años del Estatuto del Periodista: entre la defensa de derechos y el desafío de su actualización

El 25 de marzo se celebra en la Argentina el Día del Trabajador y la Trabajadora de Prensa. A 82 años de la sanción del Estatuto del Periodista Profesional, los sindicatos de todo el país se unen para reivindicar los derechos que garantiza y exigir al Congreso de la Nación el cumplimiento de su compromiso de renovar la ley 12.908, en el marco de la prórroga vigente hasta el 31 de diciembre:

El 25 de mayo de 1938 los trabajadores y trabajadoras de prensa de todo el país reunidos en Córdoba aprobaron el proyecto de lo que años más tarde, el 25 de marzo de 1944 se sancionaría por decreto como el Estatuto del Periodista Profesional. Dos años después, el Congreso de la Nación sancionó la ley 12.908, que a lo largo de los años tuvo múltiples modificaciones.

En su larga historia, el Estatuto del Periodista y el del Empleado Administrativo son el resultado del debate y la construcción colectiva y transversal de todos los sectores del periodismo y de la política: quien primero lo impulsó fue el periodista y diputado radical Víctor Guillot, lo promovieron los socialistas, lo sancionó Perón y lo promulgó como ley el Congreso de la Nación, aunque luego tuvo transformaciones, como la incorporación de la radio y la televisión o, durante el gobierno de Arturo Illia, cuando se introdujo la indemnización especial como una protección del empleo para garantizar la libertad de expresión.

En la llamada "ley de modernización laboral", el gobierno de Milei introdujo la derogación completa de la ley 12.908, lo que se contrapone de cuajo con cualquier propósito renovador. Pero un sector de legisladores y legisladoras propuso una prórroga hasta el 31 de diciembre de este año para dar espacio a un debate serio sobre la norma.

Desde la Federación y los sindicatos de prensa de todo el país expresamos nuestro rechazo a esa derogación, así como también a una prórroga sobre la base de una derogación posterior, pero en todo momento sostuvimos nuestra plena voluntad a realizar propuestas tendientes a actualizar el Estatuto del Periodista, sobre la base de la plena vigencia de los derechos que establece, incorporando las nuevas prácticas y soportes de la comunicación.

Es por eso que estamos trabajando una propuesta integral que contenga aquellos derechos como piso y que incorpore otros nuevos -teletrabajo, inteligencia artificial, plataformas, entre otros-, con el mismo objetivo que el Estatuto tuvo siempre: garantizar el derecho a la información y la libertad de expresión de quienes ejercemos el periodismo, sobre la base de defender el empleo y las condiciones laborales.

Con esa propuesta nos comprometemos a promover un debate profundo con cada sector de la comunicación y con todos los bloques parlamentarios, para defender esa historia de consensos y no darle la espalda a los que son derechos humanos fundamentales en democracia, como la información y la comunicación. Esperamos que todos los legisladores y legisladoras, particularmente quienes propusieron esta prórroga para actualizar el Estatuto del Periodista, hagan honor a su palabra.

República Argentina, 25 de marzo de 2026

A 49 años del asesinato de Rodolfo Walsh, el periodismo recuerda su legado y reivindica a sus trabajadores desaparecidos

En el Día de las y los Trabajadores de Prensa, el Sindicato de Prensa de Rosario homenajea a Rodolfo Walsh y convoca a una conferencia para anunciar la recuperación de la identidad de tres trabajadores víctimas del terrorismo de Estado

Hoy se cumplen 49 años del secuestro y asesinato de Rodolfo Walsh, periodista y escritor de enorme compromiso con la información, a la que concebía como un instrumento de conocimiento y, además, como una herramienta capaz de organizar y articular lo social y lo político. Ese compromiso atravesó su apasionado trabajo en distintas redacciones y sus rigurosas investigaciones, que dieron sentido a la elección del 25 de marzo como el Día de las y los Trabajadores de Prensa.

Walsh era ya un periodista y escritor reconocido, pero también perseguido al momento del golpe del Golpe de Estado en Argentina de 1976. Un año después, su profunda reflexión política sobre el horror y el significado de la dictadura quedó plasmada en la Carta Abierta de un Escritor a la Junta Militar, una pieza en la que datos y narrativa se conjugan con maestría, logrando trascender el paso del tiempo pese a que ningún medio la publicó en su momento.

Su recorrido profesional comenzó como corrector de pruebas y se extendió por diversas publicaciones, como Leoplán, Verdad, Panorama y la emblemática revista Crisis. También dirigió el periódico de la CGT de los Argentinos, a pedido del dirigente gráfico Raimundo Ongaro, y fue fundador y redactor del diario Noticias entre 1973 y 1974. Entre las investigaciones que más lo marcaron y que logró publicar se encuentran Operación Masacre (1957), considerada la primera novela de no ficción, ¿Quién mató a Rosendo? (1969) y El caso Satanowsky (1973).

Walsh participó además en la fundación y desarrollo de la Agencia Prensa Latina, en Cuba, y contaba con una vasta experiencia cuando impulsó proyectos de prensa clandestina durante la última dictadura. Entre ellos se destacan ANCLA, en la que colaboraban distintos periodistas, y la Cadena Informativa, que él mismo escribía, mimeografiaba y distribuía. En ese contexto, los ataques a medios y trabajadorxs de prensa fueron inmediatos e implacables por parte de militares y civiles golpistas, que necesitaban del silencio o la complicidad de la prensa para desplegar un plan sistemático de muerte y destrucción. Walsh, sin embargo, desafió ese silencio hasta las últimas consecuencias. Sólo Radio Colonia y el Buenos Aires Herald informaron sobre su secuestro.

Hoy, en su nombre y en su memoria, recordamos y homenajeamos a todxs lxs trabajadorxs de prensa, militantes sindicales y miembrxs de comisiones internas que fueron detenidxs, desaparecidxs y asesinadxs por la última dictadura cívico-militar.

Además, el Sindicato de Prensa de Rosario (SPR) organiza una conferencia de prensa este miércoles 25 de marzo para anunciar la recuperación de la identidad como trabajadores de prensa de tres compañeros víctimas del terrorismo de Estado y de la última dictadura militar. El encuentro se realizará a las 18 en el Museo de la Memoria.

Una orden telefónica desde Buenos Aires dejó sin programación local a LT12 en Paso de los Libres

La mañana del miércoles 18 de marzo no fue una más para los trabajadores de LT12 Radio General Madariaga, en Paso de los Libres. Lo que debía ser el inicio de una jornada habitual terminó convirtiéndose en el comienzo de un conflicto que hoy mantiene en estado de alerta y movilización a toda la planta, en medio de incertidumbre, versiones cruzadas y una marcada ausencia de explicaciones oficiales.

Según reconstruyó la Asociación de Periodistas de Corrientes (APC), ese día los trabajadores de prensa se encontraron con una situación "totalmente anómala": la suspensión de toda la programación local de la emisora AM 840. La medida, aseguran, fue dispuesta de manera arbitraria y comunicada a través de un llamado telefónico desde Buenos Aires, sin ningún tipo de notificación formal, escrita o institucional.

La decisión implicó, de hecho, el cese inmediato de las funciones de periodistas, operadores y demás trabajadores vinculados a la producción local, generando un clima de zozobra dentro de una emisora que emplea a más de 25 personas en la localidad correntina.

Pero la magnitud del conflicto no puede entenderse sin el peso histórico que tiene LT12 en la región. Durante décadas, en un contexto de escasa infraestructura comunicacional, la emisora fue prácticamente el único puente informativo para vastas zonas rurales ubicadas hasta 100 kilómetros a la redonda de Paso de los Libres. Para muchas familias, la radio no solo era una fuente de noticias, sino también una herramienta cotidiana de contacto, integración y pertenencia.

Además, LT12 cumplió un rol clave en la construcción de identidad cultural en la frontera. En un territorio expuesto a la fuerte influencia de los grandes medios brasileños, la emisora se consolidó como una voz propia del sur correntino, sosteniendo contenidos locales y regionales durante más de 74 años de transmisión ininterrumpida en el aire provincial.

Esa historia también estuvo atravesada por dificultades. A lo largo de las décadas, los trabajadores de la radio debieron enfrentar los vaivenes políticos que impactaron en los medios públicos, defendiendo la continuidad de la emisora y sus funciones en distintos contextos.

En ese marco, la situación actual adquiere una dimensión aún más sensible. La sorpresa del miércoles 18 fue tan grande como la falta de respuestas. Ni los mecanismos formales de comunicación de la emisora —propiedad del Estado nacional— fueron utilizados, ni hubo autoridades que pudieran explicar con claridad qué motivó la interrupción del aire local. Incluso quien se desempeña como coordinadora en la radio no pudo brindar precisiones sobre el alcance ni los objetivos de la orden.

Con el correr de las horas, la incertidumbre se transformó en preocupación concreta: la posibilidad de que las fuentes laborales estuvieran en riesgo comenzó a instalarse entre los trabajadores, en un contexto donde el silencio oficial no hacía más que profundizar las dudas.

Las averiguaciones internas tampoco arrojaron resultados claros. De acuerdo con lo expresado por la APC, no hubo respuestas concretas por parte de las autoridades nacionales de la radio, lo que reforzó la percepción de que se trataba de una decisión intempestiva, sin sustento administrativo visible.

El viernes 20 de marzo, lejos de normalizarse la situación, el escenario se mantuvo sin cambios. La programación local continuó suspendida y, en paralelo, se sumó otro elemento que impacta en la dinámica laboral: la falta de pago de horas extras y de jornadas en días feriados. En ese marco, la actividad habitual de la emisora recién se retomaría —al menos en lo formal— el miércoles 26.

Ese mismo viernes, los trabajadores, nucleados en la Asociación de Periodistas de Corrientes, realizaron una asamblea para analizar lo ocurrido y definir los pasos a seguir. Allí dejaron asentado que, pese a la suspensión de la programación, continuaron presentándose en sus puestos de trabajo en los horarios asignados.

Sin embargo, no se les permitió salir al aire. Según detallaron, los operadores no habilitaron la transmisión en cumplimiento de órdenes impartidas telefónicamente por la gerente de Emisoras, Gabriela Mambretti, quien habría dado la instrucción el miércoles 18, pasado el mediodía.

La ausencia de una comunicación oficial por los canales correspondientes fue uno de los puntos más cuestionados por los trabajadores. Consideran que una decisión de tal magnitud, que afecta tanto en lo individual como en lo colectivo, no puede sostenerse únicamente en directivas verbales o mensajes informales.

En paralelo, comenzaron a circular versiones sobre los motivos de la medida. Tras consultas realizadas por los propios trabajadores, se les habría indicado que la decisión de la Dirección de Emisoras respondería a supuestos "malos tratos hacia la coordinadora de programación".

La respuesta del personal fue inmediata y categórica. Rechazaron de plano esas acusaciones y defendieron su desempeño profesional, asegurando que siempre se desarrolló en un marco de responsabilidad, respeto institucional y cumplimiento de las normas laborales vigentes. También remarcaron que en ningún momento se utilizó el espacio radial para agraviar o perjudicar a persona alguna.

Para los trabajadores, la forma en que se adoptó la medida refuerza la idea de que se trata de una decisión "arbitraria, unilateral y carente de sustento formal". Subrayan que, hasta el momento, no existe ninguna notificación escrita, resolución administrativa ni disposición institucional que respalde la suspensión de la programación local.

En ese contexto, el conflicto trasciende lo inmediato. Dentro de la emisora comienza a tomar fuerza una preocupación de fondo: que esta situación sea el inicio de un proceso de vaciamiento de funciones. Un escenario que, advierten, podría derivar en traslados, retiros obligados o incluso despidos.

La combinación de incertidumbre laboral, falta de información oficial y medidas adoptadas sin respaldo documental configura, según la APC, un cuadro de vulnerabilidad para todo el personal de la radio.

Frente a este panorama, la asamblea de trabajadores resolvió avanzar en un reclamo formal ante la Dirección de Emisoras y las autoridades de Radio y Televisión Argentina S.A.U. El objetivo es claro: que se ratifique o rectifique la medida por escrito, detallando sus fundamentos, alcances y consecuencias.

Mientras tanto, la emisora continúa atravesando una situación atípica, con su programación local suspendida y su personal en funciones limitadas, a la espera de definiciones.

A la espera de respuestas por las vías institucionales y administrativas correspondientes, los trabajadores decidieron mantenerse en estado de asamblea permanente. No descartan, además, la posibilidad de impulsar acciones gremiales y legales para resguardar sus derechos laborales y garantizar la continuidad del funcionamiento de la radio.

Lo que comenzó con un llamado telefónico sin mayores explicaciones se convirtió, en pocos días, en un conflicto que no solo pone en discusión la continuidad de una programación histórica en el sur correntino, sino también el futuro de una emisora que, durante más de siete décadas, fue mucho más que un medio: un servicio esencial, una herramienta de integración y una voz propia en la frontera.

Denuncias por recortes, centralización y pérdida de voces federales
Desde la asunción del presidente Javier Milei, el sistema de medios públicos en Argentina atraviesa un proceso de cambios profundos que ha generado preocupación y rechazo en distintos sectores del periodismo. Gremios y trabajadores denuncian una política de recortes, centralización de contenidos y debilitamiento de las estructuras federales de comunicación.

Entre las primeras medidas adoptadas por el Gobierno nacional se encuentra la intervención de la TV Pública y de Radio Nacional Argentina, en el marco de un proceso definido oficialmente como de "reorganización". Según las denuncias, esta intervención implicó la limitación de operaciones, el apagado de redes sociales y sitios web de los medios públicos, y una progresiva concentración de la producción en la ciudad de Buenos Aires.

En febrero de 2024, el Ejecutivo dispuso formalmente la intervención de los medios públicos por el plazo de un año, con el objetivo de elaborar un plan de reformulación, readecuación y acción. Poco después, el 1° de marzo, tras la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, Milei anunció el cierre de la agencia estatal TelAm, una de las principales fuentes informativas del país. La decisión incluyó la interrupción del servicio informativo y la puesta en disponibilidad de la totalidad de su planta de trabajadores.

El impacto de las medidas también se hizo sentir con fuerza en Radio Nacional, una red compuesta por 49 emisoras distribuidas en todo el territorio argentino, que incluye estaciones AM, FM y de onda corta, muchas de ellas con programación y servicios informativos propios. En numerosas localidades —especialmente aquellas sin acceso pleno a internet— estas radios representan el único medio de comunicación capaz de conectar a las comunidades.

Sin embargo, según denuncian trabajadores y gremios, gran parte de la programación local de estas emisoras fue levantada y reemplazada por contenidos producidos en Buenos Aires, particularmente desde la señal de AM 870. Esta decisión, sostienen, profundiza la centralización del sistema, reduce la producción local y debilita el federalismo informativo.

Además, se dispuso la suspensión de horas extras, lo que impacta directamente en la cobertura de noticias, transmisiones deportivas y programas durante fines de semana y feriados. Para los trabajadores, estas medidas no solo implican un ajuste presupuestario, sino también un proceso de vaciamiento que afecta la capacidad de las emisoras para generar contenidos propios.

En este contexto, distintas organizaciones gremiales advirtieron sobre un "silencio informativo" que perjudica tanto a los trabajadores como a las audiencias, al limitar el acceso a una pluralidad de voces y miradas regionales.

Uno de los casos que generó mayor repercusión ocurrió en la provincia de La Pampa, donde la periodista Mariana Cornejo (foto) fue desplazada de la conducción del programa "Rebeldes sin cauce", que se emitía por Radio Nacional Santa Rosa. Tras seis años al frente del ciclo, la profesional fue reubicada en el área de producción bajo el argumento de una reestructuración.

La decisión fue rechazada por el Sindicato de Prensa, que la calificó como arbitraria y la enmarcó en un proceso más amplio. "Este hecho no es aislado. Se da en un preocupante contexto nacional donde se intenta disciplinar el pensamiento y acallar aquellas voces que no se sumen al coro oficialista", señalaron.

En el mismo sentido, advirtieron sobre el rol que deben cumplir los medios públicos en una sociedad democrática. "La radio pública debe ser, por definición, el espacio de la pluralidad, el disenso y la construcción democrática; transformarla en una herramienta de propaganda o censura es un retroceso institucional inaceptable", expresaron.

Asimismo, remarcaron que la invisibilización de trabajadores de prensa no solo vulnera derechos laborales, sino que también impacta de manera directa en el derecho a la información de la ciudadanía. "No hay libertad de expresión posible si el precio por informar con mirada crítica es el silenciamiento", concluyeron.

En este escenario, el proceso de reestructuración de los medios públicos continúa generando tensiones en todo el país, con un eje central en la disputa entre el objetivo oficial de reducir y reorganizar el sistema y las denuncias de trabajadores que advierten sobre un retroceso en el acceso a la información federal y plural.

A 50 años del golpe, Misiones impulsa una ley contra el negacionismo: memoria, verdad y límites

El proyecto presentado por el Partido Agrario y Social (PAyS) en la Legislatura provincial, con el respaldo de más de 30 organizaciones de derechos humanos, propone prevenir, erradicar y sancionar expresiones negacionistas vinculadas al terrorismo de Estado mediante regulaciones específicas para funcionarios, capacitación obligatoria y un régimen disciplinario. La iniciativa se enmarca en los 50 años del golpe de 1976 y en estándares del derecho internacional.

Domingo 22 de marzo de 2026. En el marco del 50 aniversario del último golpe cívico-militar-religioso en Argentina, un espacio político de Misiones ingresó a la Legislatura un proyecto de ley de memoria democrática orientado a prevenir, erradicar y sancionar el negacionismo en el ámbito de la función pública. La iniciativa no solo se inscribe en el proceso histórico de Memoria, Verdad y Justicia, sino que también busca establecer reglas claras sobre el comportamiento estatal frente a hechos que ya no pertenecen al terreno de la opinión, sino al de la verdad judicial y el derecho internacional.

El bloque del Partido Agrario y Social (PAyS), bajo el expediente D-69688-26, presentó el proyecto denominado "Ley de Memoria Democrática, Prevención del Negacionismo y Defensa de la Función Pública", con las firmas de los diputados Cristian Castro, Héctor "Cacho" Bárbaro y Elvani Goring. La propuesta cuenta con el respaldo de más de treinta y cinco organizaciones sociales, sindicales, políticas y de derechos humanos, y con el acompañamiento de la diputada nacional Fernanda Miño, quien subrayó la necesidad de consolidar políticas públicas que fortalezcan los consensos democráticos construidos desde 1983.

El eje central del proyecto es establecer un marco normativo específico dentro de la administración pública provincial para sancionar toda manifestación que niegue, justifique, minimice o banalice los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983. En términos operativos, la iniciativa define como negacionistas no solo las expresiones explícitas de negación, sino también formas más sutiles de relativización o equiparación entre víctimas y victimarios.

En ese sentido, la propuesta regula de manera precisa el comportamiento de quienes ejercen funciones públicas. Prohíbe la difusión, reproducción o promoción de contenidos negacionistas mediante el uso de recursos, espacios o investiduras estatales. La restricción alcanza intervenciones en actos oficiales, ámbitos educativos, medios de comunicación, así como publicaciones en redes sociales o plataformas digitales cuando estén vinculadas al ejercicio de la función.

El proyecto incorpora además un capítulo de protección simbólica e institucional. Allí se establece la prohibición de exhibir símbolos, imágenes o realizar actos que impliquen reivindicación del terrorismo de Estado en edificios públicos, oficinas, vehículos oficiales o canales de comunicación estatal. En estos casos, se dispone el cese inmediato de la conducta y la remoción de los elementos considerados incompatibles con los principios democráticos.

Otro de los pilares de la iniciativa es la formación obligatoria, periódica y permanente en derechos humanos, memoria histórica y terrorismo de Estado para todo el personal de la administración pública provincial. El incumplimiento de estas instancias podrá ser considerado falta disciplinaria, dentro de un esquema de sanciones progresivas que va desde apercibimientos hasta cesantías o exoneraciones, según la gravedad de los hechos.

Desde los sectores impulsores remarcan que se trata de una construcción colectiva sostenida durante años por organismos de derechos humanos, familiares de víctimas y organizaciones del campo social misionero. Entre las entidades que respaldan el proyecto se encuentran la Asociación Nacional de Ex Presos Políticos, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, la CTA Autónoma Misiones, la Unión de Trabajadores de la Educación de Misiones, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y MuMaLA, junto a espacios académicos y cátedras universitarias.

La iniciativa no avanza sobre el plano penal —reservado al Congreso de la Nación—, sino que se inscribe en el ámbito administrativo, disciplinario e institucional, donde las provincias tienen competencia directa. En ese marco, busca fijar estándares de conducta acordes a los compromisos constitucionales e internacionales asumidos por el Estado argentino.

La necesidad de legislar contra el negacionismo
En la línea de legislar contra el negacionismo y la promoción del terrorismo de Estado, emergen ejes como el derecho a la verdad, los límites democráticos y los estándares internacionales.

La discusión sobre el negacionismo no constituye una controversia ideológica más ni un debate historiográfico abierto. En Argentina, los crímenes del terrorismo de Estado fueron probados en sede judicial, calificados como delitos de lesa humanidad y juzgados conforme a estándares internacionales. Esto implica consecuencias jurídicas concretas: son imprescriptibles, no amnistiables y su persecución es obligatoria para el Estado.

Desde esta base, el negacionismo no es solo una opinión incómoda o provocadora, sino una forma de distorsión deliberada de hechos jurídicamente establecidos, que impacta directamente sobre derechos reconocidos. Entre ellos, el llamado "derecho a la verdad", desarrollado por el sistema interamericano de derechos humanos y reconocido en múltiples fallos de la Corte Interamericana. Este derecho no pertenece únicamente a las víctimas directas, sino a la sociedad en su conjunto, que tiene derecho a conocer lo ocurrido y a preservar la memoria colectiva como garantía de no repetición.

Organismos internacionales como las Naciones Unidas han establecido, a través de principios y relatorías específicas, que los Estados tienen la obligación de adoptar medidas para prevenir la negación de violaciones graves a los derechos humanos. En particular, los "Principios para la lucha contra la impunidad" señalan que la preservación de la memoria y la difusión de la verdad son componentes esenciales de cualquier sistema democrático.

En Europa, diversos países avanzaron en legislación contra el negacionismo del Holocausto y otros genocidios. Estas normas no se interpretan como restricciones arbitrarias a la libertad de expresión, sino como límites razonables cuando están en juego derechos fundamentales, la dignidad de las víctimas y la estabilidad del orden democrático. El principio jurídico es claro: ningún derecho es absoluto, y la libertad de expresión no protege discursos que lesionan derechos de terceros o socavan el sistema democrático.

En el caso argentino, este debate adquiere una dimensión particular. Muchos de los delitos cometidos durante la dictadura continúan teniendo efectos en el presente: personas que aún no recuperaron su identidad, familias que siguen buscando a desaparecidos y procesos judiciales en curso. En ese contexto, el negacionismo interfiere activamente en procesos de verdad y justicia que siguen abiertos.

Desde una perspectiva constitucional, además, el proyecto encuentra sustento en el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, que otorga jerarquía constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos. Esto implica que las provincias, en el ejercicio de sus competencias, deben adecuar su normativa a esos estándares, incluyendo la obligación de prevenir violaciones y garantizar la memoria.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación también ha sido clara al convalidar la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y la obligación del Estado de investigarlos y sancionarlos. En ese marco, cualquier discurso que tienda a negar o relativizar esos hechos entra en tensión con obligaciones jurídicas ya asumidas.

Por otra parte, la regulación específica en el ámbito de la función pública responde a un principio básico del derecho administrativo: quienes ejercen funciones estatales no lo hacen a título personal, sino como representantes del Estado. Por lo tanto, su conducta debe ajustarse a los principios de legalidad, ética pública y respeto a los derechos humanos. No se trata de limitar opiniones privadas, sino de establecer estándares cuando se actúa en nombre del Estado.

El negacionismo, en este contexto, no solo afecta la memoria histórica, sino que también erosiona los consensos mínimos que sostienen la convivencia democrática. Si se debilita la idea de que el Estado no puede ejercer violencia ilegal sobre sus ciudadanos, se debilita el núcleo mismo del pacto democrático.

Legislar en esta materia implica proteger hechos probados judicialmente y reconocidos internacionalmente, lejos de pretender imponer una versión oficial de la historia, y establecer límites claros frente a discursos que pueden habilitar nuevas formas de violencia simbólica o institucional.

En este contexto, la ley que Misiones comienza a debatir busca algo más profundo que sancionar conductas individuales: intenta reafirmar un principio estructural. Que la democracia, además de ser un sistema electoral, es un conjunto de valores, reglas y límites que deben defenderse activamente. Y que entre esos límites hay uno innegociable: el rechazo absoluto al uso ilegal de la violencia por parte del Estado.

Ese principio, como toda base de la vida democrática, se sostiene en la memoria, pero también en el respaldo de una ley.

Foto: Luis Robayo/AFP vía Getty Images

Fuente: Misiones Plural

Arderá la memoria: las voces de las Madres de Rosario en un documental imprescindible a 50 años del golpe

En Aire Libre Radio Comunitaria, dentro del programa Señales, la mañana transcurría con el pulso de una fecha cargada de sentido: a medio siglo del golpe de Estado cívico, militar y eclesiástico, la memoria volvía a ocupar el centro de la escena. Entre actividades en escuelas, bibliotecas, sindicatos y centros culturales, la circulación de materiales documentales se afirmaba como una forma activa de sostener la historia. En ese marco, emergía una obra que, con el paso del tiempo, se había vuelto indispensable: Arderá la memoria.

El periodista introdujo la conversación situando el documental como una pieza clave dentro de ese entramado de iniciativas conmemorativas. La película, centrada en las voces de las Madres de la Plaza 25 de Mayo de Rosario, tendría una nueva proyección el domingo 22 de marzo a las 18 en el El Cairo Cine Público, con entrada gratuita. Del otro lado de la comunicación, Marianela Scocco, productora e investigadora del film, reconstruía la historia de una obra que, dieciséis años después de su estreno en 2010, no había perdido vigencia.

Scocco evocaba aquel contexto inicial como un tiempo atravesado por el auge de las políticas de memoria y el comienzo de los juicios de lesa humanidad en Rosario. En ese clima, un grupo de jóvenes que acompañaba a las Madres en sus rondas de los jueves empezó a advertir algo urgente: esas voces estaban en riesgo de perderse. Muchas de ellas ya eran muy mayores; otras habían fallecido. La necesidad de registrar sus testimonios se volvió entonces una tarea impostergable. El documental nació de ese impulso: preservar la palabra viva, construir un archivo que capturara sus historias en primera persona.

La decisión estética acompañó esa búsqueda. No habría voz en off. La narración quedaría completamente en manos de las propias Madres, a través de entrevistas que, en aquel momento, aún podían realizarse con cinco o seis de ellas. A ese material se sumaron fragmentos de archivo —imágenes y registros de quienes ya no estaban—, componiendo un tejido donde la memoria se sostenía, literalmente, en las voces de sus protagonistas. Con el tiempo, esa intuición inicial se volvió certeza dolorosa: poco después del rodaje, todas las Madres fallecieron. El documental, decía Scocco, se convirtió así en un lugar donde volver a encontrarlas.

A lo largo de los años, la película construyó un recorrido amplio. Se proyectó en escuelas, clubes, centros culturales y salas de cine, tanto en el país como en el exterior. Su duración —45 minutos— resultó, según la productora, una clave para su llegada a públicos diversos, especialmente a jóvenes. Contra ciertos prejuicios sobre la atención de las nuevas generaciones, la experiencia repetida fue la de una escucha profunda, atenta, atravesada por preguntas. Cada proyección derivaba en conversaciones, muchas veces con estudiantes, que encontraban en el documental una puerta de entrada a la historia reciente.

Hubo un tiempo, recordaba Scocco, en que esas instancias de intercambio contaban con la presencia de las propias Madres. Ellas asistían a las escuelas y dialogaban con los estudiantes, generando momentos de una intensidad difícil de replicar. Sin embargo, el lenguaje audiovisual, con su capacidad de transmitir no solo información sino también sensibilidad, permite hoy que algo de esa experiencia persista. "No es lo mismo que las puedan ver y sentir", sugería, subrayando una dimensión que excede las palabras.

El film, disponible también en plataformas digitales, adquiere otra dimensión en la sala oscura. Verlo en el cine —insistía— potencia su impacto. Y no solo por la imagen: la música original, compuesta por Matías Díaz, constituye uno de sus elementos más conmovedores. Las piezas, creadas especialmente para la película, acompañan momentos clave, como la enumeración de los nombres de los desaparecidos, generando una carga emocional que muchos espectadores destacan. La canción final, también de su autoría, sintetiza ese trabajo atravesado por el compromiso.

La dirección de Eugenio Maglioca aportó una mirada que, según Scocco, se distingue especialmente en el tratamiento sonoro respecto de trabajos anteriores como No somos héroes. Pero más allá de los aspectos técnicos, la productora insistía en una idea: el documental está atravesado por el amor y por una ética militante. Ese espíritu se expresa también en las decisiones narrativas, como la inclusión de la militancia política de los hijos e hijas de las Madres. En un momento en que ese aspecto aún no era tan visibilizado, el equipo optó por incorporarlo como una forma de reivindicación integral: no solo de las Madres, sino también de los proyectos políticos de esa generación.

Esa elección abre, todavía hoy, discusiones en los espacios de proyección. Las preguntas de los jóvenes —sobre organizaciones como Montoneros o el ERP, sobre la lucha armada, sobre el contexto político de la época— habilitan debates que el documental no esquiva. Al contrario, los promueve como parte de una comprensión más amplia del período, incluyendo también a otros sectores perseguidos por la dictadura: trabajadores, estudiantes, militantes sociales.

Realizada con recursos mínimos, casi de manera artesanal, la película es también testimonio de una práctica colectiva. El equipo, joven e inexperto en su mayoría, logró concretarla gracias a aportes solidarios y al acompañamiento de quienes compartían ese espacio con las Madres. Scocco lo resumía como un trabajo "a pulmón", donde la falta de medios se compensó con convicción.

La nueva proyección en El Cairo se inscribe en ese mismo horizonte. Al tratarse de una función gratuita —como es habitual en ese espacio los domingos—, se espera una sala llena, por lo que se recomienda asistir con anticipación para retirar entradas. La actividad no se agota en la exhibición: tras la película, se abrirá un espacio de intercambio con sus realizadores, prolongando ese gesto que ha acompañado al documental desde sus inicios.

A cincuenta años del golpe, Scocco situaba el sentido profundo de la convocatoria: recordar a las Madres no solo como figuras del pasado, sino como protagonistas de una lucha que sigue interpelando el presente. En su mirada, reivindicarlas implica también recuperar los proyectos por los que pelearon sus hijos e hijas, y pensar en las deudas aún abiertas: las desigualdades, los derechos vulnerados, las condiciones de vida de amplios sectores. La memoria, en ese sentido, no es un ejercicio estático, sino una práctica viva.

Así, Arderá la memoria vuelve a proyectarse no como una pieza cerrada, sino como un dispositivo en movimiento. Un puente entre generaciones, una herramienta pedagógica y, sobre todo, un espacio donde las voces que ya no están siguen diciendo.

Escuchá la entrevista completa:

El Vilela en tensión: el corazón de la salud pública rosarina frente a una crisis silenciosa

El Hospital de Niños Víctor J. Vilela no es solo un lugar donde se atiende la salud: es el corazón del sistema público que cuida a niños y niñas de Rosario y de gran parte del sur de la provincia. Sin este hospital, la atención pediátrica en la región sería muy distinta. Allí, pacientes, familias, médicos y trabajadores reconocen en el Vilela un pilar fundamental, capaz de sostener desde consultas cotidianas hasta cuadros de alta complejidad que requieren equipos especializados y tecnología específica. En un sistema donde no todos cuentan con cobertura privada, el hospital funciona como una garantía concreta de acceso a la salud infantil, especialmente para los sectores más vulnerables.

Pero su importancia no se agota en lo asistencial. El hospital también es un espacio de formación de profesionales, un punto de referencia para derivaciones regionales y un lugar profundamente arraigado en la vida de la ciudad. Generaciones de familias rosarinas lo reconocen como escenario de momentos críticos, pero también de recuperación y cuidado. En ese punto donde se juntan la medicina, la comunidad y el Estado, el Vilela se vuelve una institución clave. No solo por todo lo que logra cada día, sino también por lo que significa para la ciudad.

Cuando las tensiones empiezan a hacerse visibles

Pero esa misma estructura, que es motivo de orgullo en Rosario, ahora está bajo presión. Las tensiones empiezan a notarse, y cada vez son más difíciles de ignorar. No se trata de un conflicto aislado ni reciente, sino del resultado de un desgaste acumulado que, puertas adentro, las trabajadoras y los trabajadores vienen señalando desde hace tiempo. En ese contexto, las voces de quienes lo habitan todos los días comenzaron a organizarse y a salir del ámbito hospitalario.

Fue así como, en el estudio de estudio de Aire Libre, Radio Comunitaria, el conflicto encontró una forma de narrarse en primera persona. En las Señales, profesionales del hospital pusieron en palabras lo que hasta hace poco circulaba en pasillos, guardias y reuniones informales: el diagnóstico de una crisis que ya no puede postergarse y la decisión colectiva de hacerla visible.

Las voces que comienzan a organizarse

Las voces de María José Benetti y Josefina Rodríguez, profesionales del Hospital de Niños Víctor J. Vilela, llegaban con la claridad de quienes ya no podían postergar lo que tenían para decir. No hablaban solo por ellas, sino como parte de un colectivo que, casi sin proponérselo, había empezado a organizarse.

Todo había comenzado, según relataban, de una manera espontánea. Más que una convocatoria formal, fue una reunión que surgió de la necesidad compartida. En realidad, explicaban, la crisis en el sistema de salud no era nueva. Desde hacía años, distintos sectores del hospital —profesionales, camilleros, mucamas— venían realizando reclamos aislados, pedidos de reconocimiento que no encontraban respuesta ni espacios de escucha. En el caso de ellas, pediatras, el año anterior había estado marcado por intentos reiterados de diálogo que nunca llegaron a concretarse.

El punto de quiebre fue el cierre reciente de la paritaria. Allí, decían, todo lo acumulado terminó por desbordar. Las conversaciones informales, los momentos de queja compartida entre pasillos y guardias, el desgaste sostenido, derivaron finalmente en una decisión: reunirse. Convocaron también a los delegados sindicales, que estuvieron presentes en ese primer encuentro. De esa instancia surgió una definición clave: declararse en asamblea permanente como trabajadores del hospital, con el objetivo de discutir y organizar medidas que permitieran recomponer los salarios.

Desde entonces, la escena se repite cada lunes al mediodía en la puerta del hospital. Sin cortar el tránsito ni interrumpir la dinámica de la ciudad, se hacen visibles con carteles y ruido, intentando que su situación deje de ser invisible. En paralelo, acordaron junto al sindicato una movilización prevista para el 30 de marzo, cuya modalidad —con o sin paro— aún estaba por definirse.

Salarios, sobrecarga y un sistema exigido al límite

El reclamo, insistían, es tan básico como urgente. Como pediatras, perciben salarios que no alcanzan los dos millones de pesos, una cifra que queda por debajo de lo necesario para cubrir una canasta básica familiar. Citaban estudios que ubican ese umbral entre los dos millones y medio y más de tres millones de pesos para una familia tipo. La brecha no es menor: "no llegamos, y no llegamos por mucho", dejaban en claro.

Esa insuficiencia salarial tiene consecuencias directas. Obliga a multiplicar las horas de trabajo, a sostener más de un empleo o a extender jornadas dentro del propio hospital. En su campo, eso significa turnos de 12 o 24 horas, con el desgaste físico y mental que implica. Todo esto ocurre en un contexto donde la demanda no deja de crecer. Cada vez más personas recurren al sistema público, no solo quienes perdieron su trabajo y cobertura, sino también quienes, aun teniendo obra social, optan por atenderse allí. Según señalaban, cerca del 50% de quienes cuentan con cobertura privada están utilizando el sistema público.

El fenómeno no es exclusivo de un área, pero en pediatría adquiere un peso particular. No consideran casual que el proceso de organización haya surgido en un hospital pediátrico. Allí, decían, el compromiso emocional es profundo: trabajar con niños y niñas implica una carga afectiva que intensifica cada situación. En tiempos de crisis, los hospitales —y especialmente los pediátricos— se convierten en el primer lugar donde se hacen visibles las desigualdades más duras.

Una demanda que no deja de crecer

Cuando la demanda no para de crecer, las y los trabajadores, que viven la misma crisis que los pacientes, tratan de responder, el sistema se acerca a un límite. Ya lo advertían. Y la preocupación ya no es solo salarial, sino estructural: qué sistema de salud encontrará la población si quienes lo sostienen llegan al colapso. Porque, como subrayaban, cualquier persona que acude a una consulta espera ser atendida por alguien lúcido, descansado, en condiciones. Y eso, hoy, no está garantizado.

Por eso, el sentido del reclamo excede el ingreso mensual. Lo que está en juego, sostenían, es la defensa de la salud pública tal como se la conoce y se la valora en la ciudad. No se trata únicamente de cuestionar el último aumento —un 16% escalonado en seis meses que describen como "una cachetada"— sino de un deterioro acumulado a lo largo de años.

La estrategia, remarcan, es colectiva y articulada con los representantes sindicales. También tiene un alcance amplio: no se trata de un sector aislado. El reclamo incluye a todos los trabajadores y las trabajadoras del hospital. La experiencia les había demostrado que las demandas fragmentadas no daban resultados. Por eso, el planteo es conjunto e involucra a todo el personal: desde mantenimiento y cocina hasta enfermería, administración, profesionales médicos y el resto de quienes habitan el Vilela.

En esa unidad encuentran también el sentido de su lucha. Porque, como concluyen, el hospital —y la salud pública en general— no es obra de un solo grupo, sino el resultado del trabajo cotidiano de todos sus integrantes. Y el malestar que hoy expresan no es individual ni sectorial: es el reflejo de un sistema que, poco a poco, empezó a tensarse al límite.

La conversación avanzaba y, a medida que se profundizaba el relato, la dimensión del conflicto empezaba a tomar forma concreta. Dentro del Hospital de Niños Víctor J. Vilela, explicaban, no resultaba sencillo precisar una cifra exacta de trabajadores, pero sí podían dar una referencia clara: solo en esa primera instancia de organización habían logrado reunir a unas 800. Ese número, sugerían, servía también para dimensionar algo más amplio: el peso de la salud pública en Rosario.

Porque, como señalaban, muchas veces la magnitud del sistema pasa inadvertida. La ciudad sostiene una red extensa, con múltiples hospitales y más de medio centenar de centros de salud, una estructura que la convierte en un caso singular dentro del país. La salud pública, insistían, no es solo un servicio: es un emblema construido históricamente por sus trabajadores y trabajadoras. Y es justamente por eso que duele, decían, la falta de reconocimiento.

El contraste con lo ocurrido durante la pandemia era inevitable. Recordaban cómo, en aquel momento, el sistema sanitario de la ciudad había sido ampliamente valorado, con un reconocimiento generalizado al trabajo de todos los efectores. Sin embargo, esa visibilidad parecía haberse diluido con el tiempo. Hoy, en cambio, perciben una suerte de indiferencia frente a las mismas condiciones que, incluso, se han vuelto más complejas.

Desde su lugar en pediatría, una de ellas sumaba un dato que encendía alarmas: cada vez hay menos especialistas en esa área, y recientemente se habían conocido informes que mostraban un aumento de la mortalidad infantil en el país. En ese contexto, sostenía, cuidar la salud pública debería ser una prioridad urgente. Más aún en un escenario nacional que describía como de retirada del Estado, con faltantes de insumos, medicamentos y el debilitamiento de programas sanitarios.

Aun así, el hospital como institución logra sostenerse. No sin dificultades, pero con una inercia que combina esfuerzo cotidiano y algunos avances puntuales. Mencionaban obras en marcha, como la construcción de un nuevo hospital de día y mejoras en el área de oncología. También señalaban el crecimiento de ciertos servicios, como la cirugía cardiovascular. Son, decían, pasos pequeños dentro de un contexto adverso, pero que reflejan una intención de sostener y mejorar la atención.

Lo que está en juego: una construcción colectiva

Ese esfuerzo cobra mayor dimensión cuando se comprende el rol del hospital dentro del sistema. El Vilela no es un efector más: es un hospital de alta complejidad, de tercer nivel, que funciona como centro de referencia para gran parte del sur de la provincia. Allí se realizan trasplantes de médula ósea, cirugías cardiovasculares y sus posteriores recuperaciones, y se concentran áreas clave como la neurocirugía pediátrica. Es, en muchos casos, el lugar al que llegan las situaciones más complejas.

Sin embargo, esa capacidad técnica convive con una tensión creciente. La calidad del servicio, advertían, no es ajena al desgaste de quienes lo sostienen. Las jornadas extendidas, las horas extras acumuladas y el cansancio empiezan a plantear un interrogante inevitable: cuánto tiempo puede sostenerse ese ritmo. Y más aún, qué ocurrirá si ese límite se cruza. La posibilidad de que profesionales migren hacia otros espacios con mejores condiciones ya no parece lejana.

En ese marco, la asamblea permanente que habían decidido constituir adquiere un sentido concreto. No se trata solo de una definición simbólica, sino de una dinámica de organización continua. Mantienen reuniones semanales —habitualmente los lunes al mediodía, aunque adaptadas por feriados— en la puerta del hospital, y sostienen un contacto permanente entre los trabajadores. La movilización prevista busca ampliar esa base: no solo convocar a los efectores de salud, sino también al conjunto de los trabajadores municipales y a la comunidad.

Un punto que subrayan con énfasis es que estas acciones no afectan la atención. Las actividades se realizan fuera del horario laboral, y el funcionamiento del hospital continúa con normalidad: turnos, guardias e internaciones se sostienen sin interrupciones. La intención, remarcan, es visibilizar sin perjudicar a quienes dependen del sistema.

La articulación con otros espacios también empieza a consolidarse. Relatan que trabajadores de otros hospitales y centros de salud se han ido acercando, interesados en sumarse o replicar la experiencia. Mencionan vínculos con el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez y el Hospital Carrasco, entre otros, donde también se desarrollan procesos similares. En muchos casos, las asambleas surgieron de manera espontánea; en otros, fueron impulsadas por el propio gremio. Pero el diagnóstico es común y el malestar, compartido.

Esa convergencia empieza a dar forma a una unidad incipiente dentro del sistema de salud pública. Los reclamos ya no aparecen como hechos aislados, sino como parte de un mismo proceso. Y, según describen, basta con que alguien dé el primer paso para que otros se sumen: preguntas, contactos, participación en reuniones. Una red que se va tejiendo desde abajo.

Hacia el final, el mensaje se dirige directamente a la comunidad. No hay reclamos abstractos ni demandas lejanas. Lo que piden es, ante todo, apoyo. Apelan a la experiencia de quienes alguna vez encontraron respuestas en el hospital, a quienes fueron atendidos en momentos difíciles. Recuerdan que, en cada consulta, el compromiso no se limita a lo médico: también abarca lo social, lo humano, la escucha.

Ahora, dicen, es el momento inverso. Así como ellos sostienen cotidianamente ese entramado de cuidados, necesitan que la sociedad acompañe su reclamo. No con más que eso: con presencia, con respaldo, con la conciencia de que lo que está en juego excede a un sector. Al final, mantener este sistema es parte de la historia de Rosario. Lo construyeron entre todos, lleva décadas funcionando y está muy ligado a la ciudad democrática que la gente reconoce como propia.

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