Cuando una obra puso en crisis la política cultural de Rosario

La controversia por la elección de Yiya, el musical, de Osvaldo Bazán, para la duodécima edición del Programa Comedia Municipal de Teatro "Norberto Campos" sigue escalando y ya llegó al recinto del Concejo Municipal de Rosario. Lo que comenzó como un fuerte pronunciamiento de la comunidad teatral derivó en un pedido formal de informes al Ejecutivo local, aprobado por el cuerpo legislativo, mientras persisten las preguntas sobre los criterios utilizados para seleccionar una producción concebida en Buenos Aires para un programa que nació con el objetivo de fortalecer la creación escénica rosarina.

ACTUAR Rosario fue una de las primeras organizaciones en expresar públicamente su rechazo. En un comunicado denunció que la decisión constituye "una expresión autoritaria más de esta gestión municipal", a la que acusó de manejar de manera discrecional presupuestos y fondos públicos, además de incumplir mecanismos previstos por la propia ordenanza que creó el programa. Entre las principales objeciones señalaron que se violó el artículo 8 de la Ordenanza Nº 8951/2012 al definir el espectáculo de 2026 sin convocar a la Comisión Asesora.

El cuestionamiento excede el procedimiento administrativo. Para gran parte de la comunidad teatral y cultural rosarina, la obra elegida no representa la identidad artística de la ciudad, reproduce estereotipos y formas explícitas de violencia de género presentadas bajo el recurso del humor negro y responde a una estética que consideran ajena al espíritu con el que fue creada la Comedia Municipal.

Desde la Secretaría de Cultura y Educación defendieron la decisión. Explicaron que la presente edición abordará por primera vez el género de la comedia musical mediante la puesta en escena de "Yiya, el musical", con dramaturgia de Osvaldo Daniel Bazán, música de Alejandro Gustavo Sergi Galante y coreografías de Alejandro Ibarra y Ricky Pashkus. Argumentaron que la propuesta adquiere un significado especial porque este año se conmemora el centenario de la primera manifestación del teatro musical en las artes escénicas argentinas y sostuvieron que la elección busca ampliar los lenguajes escénicos dentro del programa.

Según la cartera cultural, la obra está destinada a un público adulto interesado en relatos inspirados en hechos reales y en el cruce de lenguajes contemporáneos. También defendieron la utilización del humor negro como un recurso para articular entretenimiento y reflexión, promoviendo —según expresaron— una mirada crítica sobre aspectos sociales, culturales y simbólicos de la historia reciente.

Sin embargo, esa explicación dejó abiertos numerosos interrogantes que los trabajadores culturales consideran centrales. Nunca se precisó quiénes tomaron la decisión ni bajo qué criterios se modificó el sentido original del programa establecido por la ordenanza. Tampoco se informó en qué instancia fue seleccionada "Yiya, el musical", por qué se optó por una obra que no pertenece a Rosario ni a la región, cuánto costó la adquisición de sus derechos, cuál es el presupuesto anual destinado a la Comedia Municipal, qué porcentaje representa esa compra dentro de la producción total ni por qué la Comisión Asesora no fue convocada para participar de una definición que la normativa contempla.

La transparencia, en el centro del conflicto

Ese conjunto de dudas terminó trasladándose al Concejo Municipal. A partir del reclamo de actores, actrices y trabajadores de las artes escénicas, el concejal Leonardo Caruana, del Frente Amplio por la Soberanía, presentó un pedido de informes dirigido a la Secretaría de Cultura y Educación. La iniciativa fue aprobada durante la última sesión del cuerpo.

Antes de llegar al recinto, el tema había sido debatido en la Comisión de Cultura y Educación, donde representantes de distintas agrupaciones teatrales expusieron su preocupación por la convocatoria de la duodécima edición de la Comedia Municipal Norberto Campos. Allí cuestionaron especialmente la selección de una producción desarrollada en Buenos Aires por considerar que no fortalece la producción artística local ni promueve el trabajo de los y las artistas de la ciudad. También reclamaron que se respete el espíritu de la Ordenanza Nº 8951/2012, concebida precisamente para impulsar la creación teatral de Rosario.

El conjunto de las intervenciones de concejales y concejalas sobre el tema pudo escucharse este sábado en Señales. Al defender el pedido de informes durante la sesión, Caruana explicó que la iniciativa nació de los planteos formulados por las trabajadoras y los trabajadores de las artes escénicas en distintos ámbitos, incluida la propia Comisión de Cultura. El objetivo, sostuvo, es aportar mayor claridad sobre una convocatoria que tiene un valor simbólico especial para la comunidad artística porque el Programa Comedia Municipal "Norberto Campos" "surge de la militancia, de la lucha y de la participación del movimiento cultural rosarino".

El concejal describió que la decisión adoptada por el Ejecutivo generó "diferencias, malestares y tensiones" dentro del propio movimiento teatral, conflictos que —recordó— fueron expresados con claridad durante las audiencias realizadas en el Concejo. Si bien reconoció que existieron instancias de diálogo y una respuesta oficial que incluso fue leída en la comisión, sostuvo que todavía resultan necesarias mayores precisiones sobre aspectos centrales de la convocatoria.

En ese sentido, enumeró los principales puntos sobre los que el Ejecutivo deberá responder. El pedido solicita conocer los criterios utilizados para seleccionar "Yiya, el musical" como obra de la duodécima edición; cuál fue el rol de la Comisión Asesora durante ese proceso; cuál es el presupuesto destinado al Programa Comedia Municipal y qué porcentaje de esos recursos corresponde a la compra de los derechos de la obra. También requiere que la Secretaría de Cultura fije posición frente a las críticas expresadas por trabajadores y trabajadoras del sector, quienes sostienen que el texto teatral reproduce estereotipos de género y escenas de violencia explícita contra mujeres y disidencias.

Finalmente, el planteo legislativo incorpora una discusión de fondo sobre el sentido mismo de la política cultural. Caruana pidió explicaciones acerca del aporte que la pieza seleccionada realiza a la cultura local, a su difusión y a la construcción de la memoria colectiva, objetivos que la ordenanza fundacional del Programa Comedia Municipal estableció como principios rectores y que, según denuncian los sectores teatrales, hoy aparecen en discusión.

El debate fue ampliándose a medida que tomaban la palabra los distintos bloques políticos. Más allá de los matices, la mayoría de las intervenciones coincidió en que la discusión excedía la elección de una obra en particular y abría un interrogante más profundo sobre el rumbo de la política cultural de Rosario, el cumplimiento de la ordenanza que regula la Comedia Municipal y el lugar que el Estado decide otorgar a la producción artística local.

¿Qué modelo cultural decide promover el Estado?

La concejala María José Poncino, del bloque Peronista, acompañó con su firma el pedido de informes impulsado por Leonardo Caruana y sostuvo que el conflicto obligaba a reflexionar sobre el modelo cultural que el Municipio busca expresar a través de sus decisiones. A su entender, la cuestión no era menor porque ponía en discusión "la política cultural de nuestra ciudad" y, en consecuencia, el tipo de valores que el Estado decide promover cuando financia determinadas producciones.

La edil planteó que el Programa Comedia Municipal "Norberto Campos" constituye una política pública destinada a fortalecer el teatro rosarino, generar trabajo, visibilizar a los trabajadores y trabajadoras de la cultura y reivindicar una comunidad artística que considera una referencia nacional. Desde esa perspectiva, sostuvo que toda decisión institucional implica respaldar determinadas voces e identidades culturales.

Poncino aclaró que el debate no pasaba por censurar Yiya, el musical, sino por comprender de qué manera esa elección contribuía a cumplir los objetivos para los cuales fue creada la Comedia Municipal. Dijo compartir la preocupación expresada por Caruana respecto del mensaje que transmite la obra y del eventual incumplimiento de la ordenanza vigente. "No se trata de censurar una obra, sino de asumir la responsabilidad que tiene el Estado y que tiene este Concejo sobre aquello que decide promover", afirmó.

La concejala insistió en que el Estado debe destinar recursos para fortalecer la producción cultural rosarina y consolidar la identidad local. En ese marco, consideró necesario esclarecer si la decisión fue producto de una construcción participativa o de una determinación unilateral que termina invisibilizando la producción artística existente en la ciudad. Según expresó, existe una "dicotomía" entre el espíritu del programa y la decisión de sostener una producción concebida fuera de Rosario. Para Poncino, el pedido de informes también representa el reclamo de una comunidad amplia integrada por actores, actrices, dramaturgos, directores, productores y trabajadores culturales que merecen ser visibilizados.

Cuando la comunidad artística deja de ser escuchada

Desde Ciudad Futura, Agustina Gareis puso el foco en las audiencias que la Comisión de Cultura mantuvo con representantes del sector teatral. Explicó que buscaba trasladar al recinto la voz de quienes participaron de esos encuentros y sostuvo que las preocupaciones expresadas por el colectivo artístico merecían ser escuchadas.

Según reconstruyó, los actores y actrices manifestaron que la Municipalidad no habría cumplido con la Ordenanza Nº 8951, particularmente con los artículos 6 y 8. Recordó que este último establece la conformación y convocatoria de una Comisión Asesora integrada por docentes, profesionales e instituciones vinculadas al teatro rosarino para intervenir en el proceso de selección. Sin embargo, relató que quienes históricamente participaron de ese espacio aseguraron desconocer si fueron convocados otros integrantes, quiénes integraron efectivamente la comisión o si esa instancia llegó a realizarse.

Gareis recordó que la Secretaría de Cultura informó al Concejo que la Comisión Asesora sí había sido convocada, aunque señaló que, según los testimonios recogidos, esa afirmación no podía verificarse con claridad. "Se dice una cosa, pero después en los hechos no se puede comprobar", resumió, antes de volver sobre las críticas al contenido de la obra y sobre el malestar expresado por la comunidad teatral.

Para la concejala, el conflicto también refleja una forma de gobernar "a espaldas" de quienes producen cultura en Rosario. Destacó que durante las once ediciones anteriores de la Comedia Municipal no se habían registrado cuestionamientos de estas características y sostuvo que el procedimiento adoptado este año hizo que muchos actores y actrices se sintieran agredidos tanto en el ejercicio de su profesión como en el reconocimiento de su trabajo.

La Comedia Municipal nació de la participación y no puede perder ese origen

La intervención de Norma López, del bloque Comunidad, trasladó la discusión hacia la historia misma de la Comedia Municipal. La concejala recordó el proceso colectivo que dio origen a la Ordenanza Nº 8951 y describió un Concejo colmado por integrantes de la comunidad artística durante su tratamiento. Dramaturgos, actores, actrices, escenógrafos, bailarines y representantes de teatros independientes participaron activamente —evocó— de un debate que fue modificando el texto original hasta convertirlo en una herramienta construida desde la participación organizada.

López rememoró también que fue en esas mismas gradas donde surgió la propuesta de bautizar el programa con el nombre de Norberto Campos, figura profundamente ligada a la tradición cultural rosarina. Recordó además la presencia de Alejandra Darín, entonces secretaria general de la Asociación Argentina de Actores y Actrices, quien acompañó el tratamiento legislativo de una iniciativa que, según destacó, despertó expectativas en todo el sector teatral nacional.

A más de una década de aquella aprobación, sostuvo que la ordenanza continúa plenamente vigente y advirtió que la Secretaría de Cultura no puede actuar de espaldas a quienes le dieron origen. Según expresó, algunos de los procedimientos previstos para garantizar la participación comunitaria no habrían sido respetados. Insistió en que la Comisión Asesora encargada de evaluar y monitorear el programa "a todas luces no fue convocada, al menos en la forma en que debe hacerlo", y remarcó que no alcanzan conversaciones informales cuando la norma exige mecanismos institucionales.

Para López, el cumplimiento estricto de la ordenanza no constituye un formalismo burocrático sino la garantía de una distribución equitativa de oportunidades para actores, actrices, dramaturgos, escenógrafos, vestuaristas, bailarines y el conjunto de los oficios teatrales. Por eso pidió revisar el procedimiento seguido para la contratación de "Yiya, el musical". Aclaró que no cuestiona el género musical —"a mí los musicales me encantan", dijo—, sino que entiende que ninguna decisión puede quedar por fuera de la normativa y del proceso participativo que le dio origen. Incluso propuso que, si el Ejecutivo considera necesario modificar el funcionamiento del programa, abra ese debate en el Concejo junto a toda la comunidad cultural.

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Entre las respuestas oficiales y las dudas que aún persisten

Como presidenta de la Comisión de Cultura, Alicia Pino, del bloque Socialista, aportó detalles sobre las gestiones realizadas desde ese ámbito. Confirmó que la comisión recibió en audiencia a actores y actrices que expusieron con claridad sus cuestionamientos, principalmente respecto del contenido de "Yiya, el musical", definida durante esos encuentros como una comedia musical de humor negro.

Tras esas reuniones, explicó, la comisión solicitó información a la Secretaría de Cultura. Si bien el Ejecutivo respondió algunos de los interrogantes, Pino reconoció que persistieron dudas que finalmente quedaron reflejadas en el pedido de informes impulsado por Caruana.

La concejala detalló que, según la información remitida por el secretario de Cultura, la Comisión Asesora sí fue consultada durante el proceso de selección y también intervino Argentores en la disponibilidad de la pieza. Agregó que la adquisición de los derechos no tuvo costo, salvo el pago de 30 mil pesos en concepto administrativo, monto que —según indicó— incluso tendría devolución.

Pese a esa respuesta oficial, Pino reconoció que seguía existiendo una incomprensión entre las partes. Recordó que, por iniciativa de la Comisión de Cultura, se organizó una reunión entre los representantes del sector teatral y el secretario de Cultura, aunque consideró que aún resultaba necesario ampliar la información pública sobre todo el procedimiento. Por esa razón anunció que acompañaría el pedido de informes.

Al mismo tiempo, planteó una reflexión sobre el contenido de las obras financiadas con recursos públicos. Coincidió en que el Concejo no tiene facultades para censurar expresiones artísticas, pero sostuvo que sí corresponde preguntarse si determinados contenidos pueden promover conductas sociales que el Estado no comparte. Reconoció que conocía parcialmente el texto de la obra a partir de los testimonios de los propios actores y actrices, aunque entendió que cualquier evaluación debe realizarse contemplando el sentido integral de una propuesta artística.

La presidenta de la Comisión de Cultura también destacó el fuerte desarrollo cultural de Rosario y recordó la diversidad de actividades que actualmente impulsa el Teatro La Comedia, mencionando propuestas vinculadas a Antonio Berni, música latinoamericana y música cubana. Por eso consideró que no advertía un alejamiento general de la Secretaría de Cultura respecto de las políticas culturales desarrolladas hasta el momento y manifestó su expectativa de que el diálogo y una mayor información permitieran alcanzar un entendimiento.

Finalmente informó que la Comisión de Cultura ya había concedido una nueva audiencia solicitada por actores y actrices, por lo que anticipó que el tema continuaría siendo tratado en las semanas siguientes. También aclaró que, de acuerdo con la documentación recibida hasta ese momento, la Secretaría sostenía haber respetado la ordenanza, haber consultado a Argentores y haber contado con la participación de la Comisión Asesora. Sin embargo, explicó que precisamente el pedido de informes buscaba conocer cómo fue conformada esa comisión y brindar mayores precisiones sobre un procedimiento que seguía generando interrogantes.

Un rechazo sin matices al contenido de la obra
La concejala María Fernanda Rey, del bloque Justicialista, intervino brevemente para sumar su firma al expediente, aunque dejó en claro su posición sobre el contenido de la obra. Dijo no compartir una mirada neutral sobre la propuesta y calificó a "Yiya, el musical" como "un espanto" y "un horror de muy mal gusto". Sostuvo además que la producción resulta incompatible con el trabajo que desarrolla la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos del Concejo, razón por la cual consideró necesario expresar públicamente su rechazo.

Unanimidad para exigir explicaciones al Ejecutivo
Con el respaldo de todos los bloques, la presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, puso finalmente el expediente a consideración del cuerpo. El pedido de informes fue aprobado por unanimidad, incorporando además las firmas de diversos bloques y dejando plasmado un amplio consenso político sobre la necesidad de que el Ejecutivo municipal brinde explicaciones acerca del procedimiento seguido para la selección de la obra.

El reclamo sigue en escena y convoca a fortalecer la organización colectiva

Las organizaciones teatrales sostienen que la aprobación del pedido de informes abre una nueva etapa en la defensa de la Comedia Municipal Norberto Campos. Lejos de dar por saldada la discusión, llamaron a fortalecer la participación colectiva para garantizar el cumplimiento de la ordenanza y la transparencia en las políticas culturales.

Tras la votación unánime del Concejo Municipal, ACTUAR Rosario celebró el resultado como "un gran paso". A través de sus redes sociales informó que el reclamo viene siendo impulsado junto a la Asociación Argentina de Actores y Actrices Delegación Rosario, el Movimiento VEA Teatro Rosarino y artistas autoconvocados, con el objetivo de preservar el espíritu original de la Comedia Municipal Norberto Campos y garantizar que continúe siendo una herramienta destinada a los trabajadores y trabajadoras de las artes escénicas de Rosario.

La entidad destacó especialmente que el Concejo hubiera aprobado el pedido de explicaciones dirigido al secretario de Cultura y Educación y sostuvo que esa decisión establece un precedente importante al exigir un informe detallado sobre las decisiones que, según denuncian, fueron tomadas de manera discrecional.

Lejos de considerar cerrado el conflicto, la organización advirtió que el camino recién comienza y que la discusión busca resguardar las futuras producciones que se desarrollen en el marco del programa. Por eso convocó nuevamente a la comunidad artística a sostener la participación colectiva, aun en un contexto de incertidumbre y temor que, reconocieron, atraviesa a parte del sector.

"La única herramienta que tenemos para defendernos es colectiva", expresaron en su mensaje, donde invitaron a dialogar, debatir y mantenerse presentes para garantizar que las políticas culturales financiadas con recursos públicos sean transparentes, democráticas y justas. El comunicado concluyó reafirmando el sentido de pertenencia que dio origen al programa: "La Comedia Municipal Norberto Campos es de todos los trabajadores y trabajadoras independientes de la ciudad de Rosario".

Ver también: La elección de "Yiya" desata una fuerte polémica en la Comedia Municipal Norberto Campos, La elección de "Yiya" desata una fuerte polémica en la Comedia Municipal Norberto Campos

El costo oculto del ajuste: salarios en caída, familias endeudadas y un Estado en retroceso

La desaceleración de la inflación no alcanza para explicar la realidad económica argentina. El  Informe de Coyuntura del MATE advierte que, detrás de la mejora del índice de precios, persisten una fuerte pérdida del poder adquisitivo, jubilaciones deterioradas, crecimiento del endeudamiento familiar, caída del empleo registrado y un debilitamiento de las capacidades del Estado

La desaceleración de la inflación no alcanza, por sí sola, para describir una mejora económica durante el gobierno de Javier Milei. Esa es una de las principales conclusiones del informe de coyuntura de junio elaborado por el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE). El economista Lavih Abraham, integrante del espacio, sostiene que poner el foco únicamente en el índice de precios oculta un deterioro mucho más profundo que atraviesa los salarios, las jubilaciones, el empleo, el consumo y el funcionamiento del Estado.

El economista advierte en Señales que, si bien la inflación quedó lejos de los picos registrados durante el final del gobierno anterior, todavía permanece en niveles elevados. "Hace un año que la inflación está alrededor de 33 puntos, todos los meses un puntito más o un puntito menos. Los últimos dos meses hubo una especie de desaceleración, pero desaceleración no quiere decir que haya menos inflación, sino simplemente que dejó de ser una inflación cada vez más alta", explica.

Incluso, señala que si esa tendencia continúa, el año podría cerrar con una inflación cercana al 27 o 28 por ciento. Sin embargo, considera que aun ese escenario seguiría lejos de representar una situación de estabilidad. "Hoy por hoy, una inflación anual del 33 por ciento es más alta que la de todos los años de los gobiernos kirchneristas, que la de los primeros dos años del gobierno de Mauricio Macri y que la de los primeros dos años del Frente de Todos. Sigue siendo una inflación alta, más allá de que no sea la inflación excepcional del final del gobierno anterior", remarca. Desde esa perspectiva, entiende que el Gobierno "se jacta de algo que no es tan claro que sea para jactarse".

La inflación baja, pero la crisis no desaparece

Para Abraham, la inflación, tomada de manera aislada, dice poco sobre las condiciones de vida de la población. Lo verdaderamente relevante es observar qué sucede con los ingresos. "Lo que hay que mirar son los salarios, cuánto crecen los sueldos con respecto a cuánto crecen los precios. Si los salarios no le ganan a la inflación, también hay una pérdida de poder adquisitivo", resume.

Los datos recopilados por el MATE muestran que esa pérdida fue particularmente intensa durante los primeros meses de 2024 y que nunca logró recuperarse. La situación es especialmente grave en el sector público nacional. Según el informe, los salarios estatales permanecen entre un 22 y un 30 por ciento por debajo del poder adquisitivo que tenían en 2023, dependiendo del área.

Abraham interpreta ese fenómeno como parte de una política deliberada de reducción del Estado. Recuerda que el propio presidente anunció su intención de "destruir el Estado desde adentro" y sostiene que una de las herramientas para hacerlo es el deterioro de los ingresos de los trabajadores públicos. "Los sueldos de los trabajadores estatales están destruidos. Es una pérdida prácticamente brutal, destructiva", afirma.

Las consecuencias, agrega, van mucho más allá del bolsillo de los empleados públicos. Por un lado, el Estado reduce personal mediante despidos; por otro, numerosos trabajadores optan por renunciar ante el deterioro salarial. "Mientras se rompen las capacidades estatales, se empobrece el propio Estado, se incapacita para proveer servicios a su población y termina abandonando a la sociedad", sostiene.

Una transferencia silenciosa de recursos

Entre los puntos que destaca el trabajo aparece también una de las principales transformaciones distributivas del período: la transferencia de ingresos desde los trabajadores hacia otros sectores de la economía.

Abraham explica el mecanismo con un ejemplo sencillo. Ese porcentaje de salario perdido no desaparece: son recursos que dejan de estar en el bolsillo de quienes trabajan. Si un empleado estatal perdió alrededor del 22 por ciento de su poder adquisitivo respecto de 2023, esa diferencia representa cientos de miles de pesos mensuales que ya no percibe. Sumando esas pérdidas acumuladas desde el inicio del gobierno, calcula que cada trabajador estatal resignó aproximadamente 14 millones de pesos, mientras que, en promedio, cada trabajador registrado perdió alrededor de 2,5 millones.

Multiplicado por los cerca de diez millones de trabajadores registrados del país, el resultado es una enorme masa de recursos que dejó de llegar a los hogares. "Es plata que no estuvo en los bolsillos de los trabajadores y que básicamente quedó en otros bolsillos", resume.

Según su análisis, los principales beneficiarios no son los pequeños comerciantes ni los dueños de negocios de barrio. La mayor parte de esa transferencia termina concentrándose en los grandes grupos económicos, especialmente en el capital financiero. Abraham aclara que cuando habla de capital financiero no se refiere únicamente a los bancos, sino a las grandes corporaciones que operan en los mercados financieros mediante bonos, letras e instrumentos de inversión. "Son quienes se van quedando, de a poco, con esa ganancia extraordinaria que no fue a los bolsillos de los trabajadores", sostiene.

Jubilados: una pérdida que no se recuperó
La situación de los jubilados constituye otro de los capítulos más críticos del informe. Abraham recuerda que durante los primeros meses de gestión las jubilaciones sufrieron una caída cercana al 40 por ciento en su poder adquisitivo. Aunque hubo una recuperación parcial durante la segunda mitad de 2024, esa mejora nunca compensó la pérdida inicial.

Desde entonces, explica, la actualización por la nueva fórmula mantiene relativamente estable el nivel de ingresos frente a la inflación, pero consolida una pérdida cercana al 25 por ciento respecto de 2023.

Para ilustrarlo utiliza una comparación sencilla: si en 2023 una jubilación permitía comprar una canasta equivalente a 100, hoy apenas alcanza para adquirir 76. "El jubilado perdió una cuarta parte del poder adquisitivo de su jubilación. Es un recorte brutal", afirma.

El cálculo acumulado también resulta contundente. Según las estimaciones del Mirador, cada jubilado dejó de percibir desde el inicio del actual gobierno una suma equivalente a casi siete millones de pesos. Abraham propone otra forma de dimensionarlo: "Es más fácil verlo así: no importa cuánto gane el jubilado. Desde que empezó este gobierno le han robado ocho jubilaciones mensuales completas". Para el economista, "efectivamente es una tragedia".

Cuando el crédito empieza a reemplazar al salario
El deterioro de los ingresos también aparece reflejado en otro indicador que el informe considera alarmante: el crecimiento histórico del endeudamiento y de la morosidad de las familias.

Abraham sostiene que, frente a la pérdida del poder adquisitivo, el crédito pasó a reemplazar parcialmente al salario como mecanismo para sostener el consumo cotidiano. Explica que la desregulación del mercado financiero facilitó el acceso a préstamos a través de aplicaciones y plataformas digitales. "Hoy cualquier aplicación en el celular te da un préstamo", resume.

Menciona tanto a Mercado Pago como a numerosas empresas financieras no bancarias que ofrecen créditos de manera inmediata y, muchas veces, a tasas muy elevadas. Millones de personas se endeudaron creyendo que luego podrían afrontar esos compromisos o que las deudas perderían peso con la inflación. Sin embargo, la caída de los ingresos cambió completamente ese escenario.

"Se permitió que cualquier aplicación y cualquier servicio financiero prestara plata indiscriminadamente", señala. Como consecuencia, creció de manera exponencial tanto la cantidad de personas endeudadas como el porcentaje de quienes ya no logran pagar las cuotas.

Los niveles de morosidad que registra el informe reflejan esa situación. En créditos para la compra de electrodomésticos, el atraso de al menos tres meses alcanza al 44 por ciento de los casos; en tarjetas y financieras como Tarjeta Naranja supera el 26 por ciento; y en Mercado Pago llega al 35 por ciento. "Uno de cada tres créditos no puede ser atendido en tiempo y forma porque la gente no tiene salario", resume Abraham.

Más allá de las estadísticas: la deuda que no aparece
A ese diagnóstico, el periodista suma una dimensión que las estadísticas oficiales no alcanzan a registrar: el crecimiento del crédito informal en los barrios populares. Prestamistas muchas veces vinculados con economías informales o incluso con organizaciones delictivas prestan dinero bajo condiciones abusivas, ejercen presión sobre quienes no pueden pagar y profundizan un circuito de exclusión que permanece prácticamente invisible para los registros oficiales y sin respuestas estatales para las familias afectadas.

El crecimiento del endeudamiento familiar aparece, para Abraham, como uno de los fenómenos sociales más preocupantes del presente. Sin embargo, advierte que las estadísticas apenas alcanzan a mostrar una parte del problema. Los registros oficiales reflejan el mercado formal del crédito, pero detrás de esos números existe un universo mucho más amplio de préstamos informales y mecanismos de cobranza que empujan a miles de familias a una situación de extrema vulnerabilidad.

El economista señala que muchas de las aplicaciones que hoy ofrecen créditos inmediatos se mueven en una zona gris entre la formalidad y la informalidad. Explica que algunas solicitan acceso irrestricto a la información del teléfono celular y, entre los permisos que exigen, figura la autorización para acceder a la lista completa de contactos del usuario. Cuando aparecen los atrasos en los pagos, esas mismas plataformas utilizan esa información como mecanismo de presión.

"Empiezan a mandar mensajes a todos tus contactos diciendo que no pagaste. Es una especie de amenaza, una publicidad de tu mora, de tu incapacidad de pago", describe. Para Abraham, se trata de prácticas que profundizan la angustia de quienes ya atraviesan una situación económica límite.

El drama, asegura, no termina con el primer crédito. Muy por el contrario, muchas familias ingresan en una espiral de endeudamiento de la que resulta casi imposible salir. "Hay gente que saca un segundo crédito para pagar el primero. Después ese segundo crédito tiene una tasa más alta, entonces necesita un tercero para cancelar el segundo. Llega un momento en que se pierde completamente el control", explica.

En numerosos casos, agrega, las cuotas son debitadas directamente de los ingresos mensuales y llegan a absorber entre un 30 y un 50 por ciento del salario apenas comienza el mes. Esa reducción del ingreso disponible obliga nuevamente a recurrir al crédito para afrontar los gastos cotidianos, alimentando un círculo que se retroalimenta indefinidamente.

"Es una realidad que estamos viendo en todos los barrios y en todo el país, no solamente en Rosario", afirma. A su entender, el endeudamiento masivo constituye "uno de los peores legados que está dejando este gobierno".

Abraham insiste en que resulta fundamental romper con la idea de que la deuda responde exclusivamente a decisiones individuales. Sostiene que muchas personas cargan además con un sentimiento de culpa, convencidas de que su situación obedece únicamente a errores personales. Sin embargo, entiende que los datos muestran otra realidad.

"Cuando estamos hablando de siete millones de personas con este problema ya no es un problema individual, es un problema social", sostiene. A su juicio, existe un sistema que facilita el endeudamiento y termina sometiendo a millones de personas a las condiciones impuestas por prestamistas, empresas de cobranza y el capital financiero.

Tampoco comparte la idea de que el fenómeno esté exclusivamente vinculado al crecimiento de las apuestas online o al consumo suntuario. Si bien reconoce que esos casos existen, remarca que el endeudamiento atraviesa situaciones mucho más cotidianas. Hay familias que solicitan préstamos para comprar una motocicleta que necesitan para trabajar, para adquirir un electrodoméstico indispensable o, simplemente, para poder sostener la alimentación del hogar. "El endeudamiento viene por cualquier cosa", resume. Lo verdaderamente dramático, dice, es que aun esos compromisos mínimos dejan de poder afrontarse porque los ingresos ya no alcanzan.

Sin inversión, no hay futuro productivo

El informe también encuentra señales preocupantes en otro frente: la inversión privada. Pese a un tipo de cambio que podría favorecer la incorporación de bienes de capital, la compra de maquinaria importada continúa mostrando una marcada debilidad.

Para Abraham, esa conducta empresarial revela mucho más que una decisión coyuntural. "Una inversión siempre implica una apuesta al futuro", explica. Cuando un empresario compra una máquina, amplía una planta o incorpora tecnología, lo hace porque espera producir más, reducir costos o aumentar su capacidad de competir. Si esas inversiones no aparecen, interpreta, es porque tampoco existe una expectativa favorable sobre el futuro de la economía.

"La sensación es que no hay una visión por parte del empresariado nacional acerca de cuál es el futuro productivo de la Argentina", sostiene.

En ese punto, vincula directamente la falta de inversión con el rumbo general del modelo económico. Según su análisis, la estrategia oficial no apuesta al fortalecimiento del mercado interno ni al crecimiento del consumo popular, sino a un esquema centrado en la explotación de recursos naturales mientras se debilitan las capacidades productivas acumuladas durante décadas.

En esa enumeración incluye desde el sistema científico y tecnológico hasta la infraestructura energética, las universidades públicas y organismos estratégicos como la Comisión Nacional de Energía Atómica. Recuerda que durante generaciones el Estado invirtió recursos públicos para desarrollar tecnología nuclear, centrales hidroeléctricas, investigación científica y capacidades industriales que hoy, según su mirada, se encuentran en proceso de desmantelamiento o privatización.

"Da la sensación de que es un gobierno que no parece un gobierno argentino; parece un gobierno puesto por una potencia extranjera, cuyas únicas decisiones son romper las capacidades argentinas, romper el Estado nacional y romper lo que puede hacer el país", afirma.

Desde esa perspectiva, considera lógico que el empresariado retrase inversiones productivas. "¿Qué empresario va a invertir en la Argentina futura si esa Argentina se parece más a un desierto productivo, donde solamente se extraen recursos naturales?", se pregunta. Para Abraham, ese es el verdadero interrogante de fondo que plantea el actual modelo económico.

Menos empleo formal, más precarización
El mercado laboral constituye otro de los ejes donde el informe observa transformaciones profundas. Los datos muestran una persistente caída del empleo registrado, acompañada por un crecimiento de formas de trabajo cada vez más precarias.

Según Abraham, ya se perdieron alrededor de 100 mil puestos industriales y casi 300 mil empleos registrados en total. No se trata únicamente de una reducción cuantitativa, sino también de un deterioro en la calidad del trabajo disponible.

Los empleos industriales, explica, garantizaban derechos como aguinaldo, vacaciones pagas, licencias, cobertura de salud y representación sindical. En cambio, buena parte de esas ocupaciones están siendo reemplazadas por actividades informales, ventas ambulantes, comercialización por catálogo o trabajos que dependen exclusivamente de lo que cada persona logre vender día tras día.

"Es la ruptura del entramado productivo nacional", resume. Y advierte que, mientras continúe vigente este modelo económico, el proceso difícilmente pueda revertirse, ya que responde a una transformación estructural antes que a una coyuntura pasajera.

El Estado que se achica y una sociedad más desigual
El relevamiento también analiza el impacto del ajuste fiscal sobre el funcionamiento del Estado. Abraham reconoce que el Gobierno logró reducir el gasto público, pero sostiene que ese resultado tiene consecuencias que trascienden el equilibrio de las cuentas.

A su entender, el principal riesgo consiste en el retiro progresivo del Estado de funciones esenciales para garantizar igualdad de oportunidades. "Un Estado empobrecido genera una sociedad más desigual", afirma.

Desde su mirada, la concepción oficial parte de la idea de que cada persona debe acceder a la educación, la salud o la seguridad social únicamente en función de su capacidad económica. Si el Estado deja de garantizar esos derechos, sostiene, las diferencias sociales inevitablemente se profundizan.

En esa lista incluye no sólo la educación y la salud públicas, sino también las jubilaciones, el sistema científico, organismos tecnológicos como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, las políticas de investigación, los programas de educación sexual integral, las políticas de género, la cultura, el deporte, las artes y numerosas áreas que, según afirma, atraviesan un fuerte proceso de desfinanciamiento.

"El resultado es un país más desigual", concluye. En ese escenario, sostiene, quienes no puedan pagar por esos servicios quedarán progresivamente excluidos de derechos básicos.

Sobre el final de la conversación, Abraham evita realizar pronósticos acerca del dato de inflación que el Gobierno espera mostrar como un nuevo logro económico. Explica que el MATE no elabora estimaciones mensuales sobre el índice de precios porque su interés está puesto en comprender el funcionamiento general del modelo económico y sus efectos sociales.

Por eso insiste en que la discusión no debería limitarse a determinar si la inflación perfora o no el dos por ciento mensual. A su juicio, el verdadero debate pasa por analizar qué ocurre con los ingresos, el empleo, las jubilaciones, la inversión, la capacidad productiva y el papel del Estado. Son esos indicadores, sostiene, los que permiten comprender el alcance de las transformaciones económicas que atraviesa hoy la Argentina.

Escuhá la entrevista completa:

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Costanera Norte en disputa: Conducto Piaggio, parque acuático y un Concejo que votó sin cerrar nada

El pedido de informes al Ejecutivo municipal sobre el Conducto Piaggio, en la Costanera Norte, fue rechazado, pero el debate dejó una sesión cargada de cruces políticos, acusaciones de judicialización y reproches cruzados por el proyecto urbanístico. Entre abstenciones, chicanas y la lectura de expedientes judiciales en pleno recinto, el Concejo funcionó como caja de resonancia de un conflicto que ya excede el expediente y expone, sin disimulos, las tensiones de fondo sobre el modelo de ciudad y el futuro de la ribera rosarina

Todo lo ocurrido en el Concejo Municipal de Rosario durante la sesión del jueves 2 de julio —una discusión extensa, cargada de cruces políticos y centrada en un pedido de informes al Ejecutivo sobre el Conducto Piaggio— adquiere hoy otra densidad: no como un episodio cerrado, sino como parte de un conflicto que excede al propio recinto y que quedó atravesado por una decisión judicial que reordena tiempos, estrategias y lecturas políticas.

Al día siguiente del debate, en un contexto marcado por el inicio de la feria judicial y la atención pública dispersa por un partido de fútbol, se conoció el rechazo de la medida cautelar que buscaba frenar las obras del parque acuático. El fallo habilita al municipio a continuar con los trabajos mientras avanza el amparo presentado por Ciudad Futura, que mantiene abierto el cuestionamiento sobre la legalidad del proyecto. La oposición, que impulsó la cautelar, adelantó que apelará la resolución y sostiene que la discusión de fondo —si el Ejecutivo podía avanzar sin intervención del Concejo— aún no tiene una definición judicial firme.

A continuación, la crónica de lo ocurrido en el recinto, reconstruida a partir de los audios compartidos en Señales:

El expediente como síntoma de un conflicto mayor y la denuncia por la falta de debate sobre el parque acuático

El expediente parecía, en principio, circunscribirse a un pedido de informes sobre el estado del Conducto Piaggio. Sin embargo, apenas comenzó el tratamiento en el recinto del Concejo Municipal, quedó claro que la discusión desbordaba ampliamente ese punto técnico. La intervención del concejal Julián Ferrero, de Ciudad Futura, se encargó de situar el debate en un escenario más amplio: el de una sucesión de iniciativas que, según denunció, durante los últimos meses no lograron siquiera llegar al recinto por decisiones políticas que evitaron discutir el futuro de la costa rosarina y, particularmente, el proyecto del parque acuático.

Ferrero comenzó ubicando el expediente dentro de una larga lista de proyectos que habían ingresado al Concejo durante los últimos sesenta días. Aclaró que se trataba de "uno de todos los expedientes que ingresaron los últimos meses al Concejo y que estuvimos discutiendo en diferentes comisiones vinculadas a la problemática del parque acuático". Pero, enseguida, marcó una diferencia: este había conseguido avanzar donde la inmensa mayoría había quedado estancada.

Según detalló, fueron más de quince las iniciativas presentadas en ese período, impulsadas por vecinos, organizaciones sociales y distintos bloques políticos. "La enorme mayoría no corrió con esta suerte", sostuvo, al recordar que esos expedientes nunca alcanzaron el tratamiento en el recinto.

Para respaldar esa afirmación repasó algunos ejemplos. Recordó que el concejal Leonardo Caruana había impulsado un proyecto para incorporar instancias de evaluación vecinal en los desarrollos urbanísticos y otro para convocar a una consulta popular que permitiera que la ciudadanía decidiera sobre el proyecto del parque acuático. También mencionó la presentación de más de cuatro mil firmas reunidas por vecinos y vecinas de Rosario para declarar patrimonio histórico, cultural, social, deportivo y paisajístico al complejo ribereño de la Rambla Catalunya, una iniciativa que tampoco prosperó.

En ese recorrido incluyó además el expediente impulsado por la organización El Paraná No Se Toca, al que definió como un caso singular dentro del proceso legislativo. Según recordó, los concejales de La Libertad Avanza habían acompañado la iniciativa en una de las comisiones, pero luego se ausentaron en otra instancia de tratamiento, lo que —afirmó— terminó bloqueando su avance.

Para Ferrero, la explicación de ese recorrido legislativo no era casual. Atribuyó la falta de tratamiento de la mayoría de los expedientes a "un acuerdo que hizo en su momento Unidos junto al bloque libertario para evitar hablar en este lugar de la problemática del parque acuático". Esa decisión política, aseguró, desplazó el debate institucional hacia la calle. "Mucho se discutió afuera, mucho lo discutió la gente y poco, lamentablemente, lo pudimos discutir los concejales y las concejalas de Rosario, que es donde siempre se debería haber debatido sobre este tema", expresó.

A partir de allí, el concejal concentró su exposición en el expediente que sí había llegado al recinto. Explicó que el decreto tenía dos objetivos claramente diferenciados. El primero consistía en solicitar información precisa al Departamento Ejecutivo sobre la situación del Conducto Piaggio, una infraestructura cuya problemática había adquirido visibilidad pública en los días previos.

Ferrero enumeró uno por uno los interrogantes incluidos en el pedido de informes: desde cuándo el municipio tenía conocimiento de la situación; qué áreas habían intervenido en su seguimiento y evaluación; cuáles habían sido las causas que demoraron o impidieron ejecutar las obras necesarias; si se habían realizado estudios de calidad del agua, monitoreos ambientales o análisis de los efluentes asociados al conducto; y cuál era el presupuesto previsto para ejecutar las obras que demandara su reparación.

Pero el proyecto no se detenía en la búsqueda de respuestas administrativas. El segundo eje, explicó, proponía una intervención concreta del municipio si se confirmaba una sospecha que había comenzado a instalarse durante el conflicto. "Si es efectivamente un conducto originalmente pluvial, pero que después por alguna razón se convirtió en un conducto cloacal", describió, significaría que una parte importante de los desechos cloacales de Rosario estaría siendo descargada directamente sobre el río Paraná.

Ante esa posibilidad, sostuvo que el Ejecutivo debía actuar de inmediato. No encontró argumentos que justificaran una demora y recordó que el decreto establecía expresamente que, "en caso de verificarse la existencia de riesgos ambientales", el Departamento Ejecutivo debía proceder a su inmediata mitigación y ejecutar las obras necesarias para garantizar la protección del ambiente y de la salud pública.

Antes de cerrar su intervención, Ferrero buscó despejar cualquier interpretación que vinculara el pedido de informes con una oposición general a las obras previstas para la zona norte de la ciudad. Reivindicó la necesidad de recuperar un sector históricamente postergado y aclaró que su bloque acompañaba la puesta en valor de La Florida. "Estamos a favor de las obras que permitan levantar todo ese sector que históricamente estuvo muy abandonado", afirmó.

La diferencia, remarcó, aparecía cuando esa recuperación incluía la construcción del parque acuático. Allí fue categórico: "Estamos en contra de la construcción del parque acuático". Y cerró vinculando esa posición con un clima social que, según interpretó, excedía largamente a su bloque político. "Nosotros como concejales y, evidentemente, una enorme mayoría de rosarinos y rosarinas que se fueron manifestando este último tiempo", concluyó, dejando planteado que el verdadero conflicto discutido en el recinto ya no era únicamente el estado del Conducto Piaggio, sino el modelo de intervención que debía definir el futuro de uno de los sectores más sensibles de la ribera rosarina.

Una red de conductos cloacales invisibles y la advertencia sobre un problema estructural en la ciudad
La discusión dio entonces un giro. Si Ferrero había utilizado el Conducto Piaggio como puerta de entrada para cuestionar el tratamiento político del proyecto del parque acuático, el concejal Mariano Romero, del bloque Peronista, amplió el foco y desplazó la atención hacia un problema estructural que, según planteó, excede ampliamente ese caso puntual.

Romero comenzó señalando que compartía "el espíritu" y las preocupaciones expresadas por el concejal preopinante, aunque advirtió que el debate no podía agotarse en un único conducto. A su entender, el caso Piaggio había cobrado notoriedad principalmente por su cercanía con el proyecto del parque acuático, pero representaba apenas una parte de una situación mucho más extensa y antigua.

En ese sentido recordó que, solamente en el área central de Rosario, existen al menos diez conductos similares. Explicó que la denominación "Conducto Piaggio" responde simplemente a la calle que atraviesa la barranca antes de desembocar en el río Paraná, pero enumeró inmediatamente otros casos que atraviesan el casco urbano: Vera Mujica, Oroño, Paraguay, Mitre, Sarmiento, Santa Fe, Rioja, Mendoza, Montevideo y 27 de Febrero. Según detalló, varios de ellos transportan incluso un caudal superior al del Piaggio y presentan condiciones similares o aún más críticas.

El concejal sostuvo que algunos de esos conductos, particularmente los más antiguos ubicados en el centro de la ciudad, fueron concebidos originalmente como desagües cloacales y continúan descargando líquidos sin tratamiento directamente al Paraná. Describió que muchos se encuentran "en condiciones deplorables", producto del deterioro acumulado y de la ausencia de mantenimiento o de obras de infraestructura durante años.

Para Romero, esa realidad obliga a pensar el problema desde otra escala. Afirmó que tanto el municipio como la provincia tienen una enorme responsabilidad pendiente y vinculó esa situación con los cuestionamientos que su bloque ya había planteado durante el debate por el parque acuático, especialmente en relación con la necesidad de contar con una planta de tratamiento adecuada y con el estado de los grandes emisarios de la ciudad.

En ese punto recordó que Rosario posee dos grandes sistemas de descarga: el emisario 9, ubicado a la altura de Puerto Norte, y el emisario sur, cercano a Gutiérrez y el río. Sobre este último insistió en que constituye la situación más grave. Recordó que el conducto "estalló" y permanece hoy expuesto, mientras las obras previstas para su recuperación todavía no comenzaron en su segunda etapa.

A ese panorama sumó otros dos emisarios que, aunque se encuentran fuera de los límites administrativos de Rosario, también impactan sobre la dinámica ambiental del río: uno ubicado en Granadero Baigorria, prácticamente sobre el límite norte de la ciudad, y otro hacia el sur, en Villa Gobernador Gálvez. Sin embargo, insistió en que entre esos grandes puntos de descarga existe una extensa red de conductos menores que reproducen la misma problemática.

Por eso volvió a relativizar el carácter excepcional del Conducto Piaggio. A su entender, adquirió visibilidad exclusivamente porque quedó asociado al conflicto generado alrededor del parque acuático. "En el medio hay muchísimos Conductos Piaggio", resumió, para señalar que el problema es sistémico y no una anomalía aislada.

Romero sostuvo que una de las prioridades estructurales que debería asumir la ciudad pasa precisamente por intervenir sobre esos desagües pluviales y cloacales que vuelcan efluentes crudos al Paraná. Explicó que muchos presentan un avanzado deterioro y continúan funcionando sin las obras de mantenimiento necesarias, situación que compromete tanto la calidad ambiental como la salud pública.

Como ejemplo gráfico de esa realidad, afirmó que basta recorrer la costa desde el río —ya sea en una embarcación o mediante imágenes aéreas tomadas con un dron— para observar la sucesión de conductos descargando líquidos cloacales sin tratamiento. Según describió, varios permanecen completamente al descubierto y exhiben un evidente estado de deterioro.

Hacia el final de su intervención, el concejal volvió sobre la dimensión política del problema. Consideró que este tipo de obras de saneamiento rara vez ocupan un lugar central en la agenda pública porque son intervenciones invisibles, complejas y costosas. Sin embargo, remarcó que se trata de inversiones que impactan directamente sobre la calidad de vida de los rosarinos y sobre la posibilidad de recuperar plenamente el vínculo de la ciudad con el río.

Incluso proyectó esa discusión hacia futuros desarrollos urbanos. Señaló que cualquier intento por ampliar hacia el sur el aprovechamiento público de la costa rosarina chocará inevitablemente con la presencia de una cantidad "inconmensurable" de conductos que continúan vertiendo líquidos cloacales sin tratamiento al Paraná. Por eso concluyó que el saneamiento de esa infraestructura debería convertirse en una prioridad estratégica para el municipio, una agenda que —según cuestionó— todavía permanece relegada frente a otras obras de mayor visibilidad política.

Normativa urbana, plaza Berni y cuestionamientos al procedimiento legal del proyecto en la Costanera Norte

La intervención de María Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular, retomó el eje político del debate y puso el foco sobre el discurso oficial en torno al proyecto. Más que detenerse en las características técnicas del Conducto Piaggio, buscó contrastar los argumentos utilizados por el oficialismo dentro del Concejo con el relato que, según sostuvo, el Ejecutivo viene construyendo públicamente sobre la obra y sobre el rol de la oposición.

Comenzó recordando que, durante el tratamiento del expediente en la Comisión de Obras Públicas, la mayoría oficialista había utilizado determinados argumentos para rechazar el pedido de informes. Vinculó esa posición con las declaraciones que, de manera reiterada, viene realizando el intendente, a quien cuestionó por insistir en que la oposición busca frenar las obras y obstaculizar el desarrollo de la ciudad.

Para Gigliani, ese planteo omite un dato central: el tiempo de gestión del propio Ejecutivo. "El intendente no asumió ayer", remarcó, al sostener que, si el municipio conocía desde hace tiempo la existencia de un conducto que había dejado de cumplir una función exclusivamente pluvial para transformarse, en los hechos, en un conducto cloacal que contamina el río Paraná, no podía deslindar responsabilidades. "Nadie puede alegar su propia torpeza", afirmó, para agregar que, en todo caso, el intendente debería explicar por qué, durante su gestión, no impulsó las intervenciones que esa situación requería.

A partir de allí, la concejala volvió sobre la discusión de fondo alrededor del parque acuático. Aclaró que no pretendía repetir todos los argumentos que ya habían sido expuestos en debates anteriores, pero sostuvo que el oficialismo había modificado deliberadamente el eje comunicacional del proyecto. Según planteó, inicialmente la propuesta había sido presentada públicamente como la construcción de un parque acuático. Sin embargo, cuando esa iniciativa comenzó a encontrar resistencia social, el discurso oficial pasó a concentrarse en la necesidad de intervenir sobre el Conducto Piaggio.

Para sostener esa afirmación recurrió a un documento concreto. Recordó que ya había exhibido ese material durante la reunión de la Comisión de Obras Públicas y decidió volver a hacerlo en el recinto. Con el pliego licitatorio en la mano, señaló que el propio título de la convocatoria era "Parque Acuático Costanera Norte", una denominación que, a su entender, dejaba en evidencia cuál era el verdadero eje del proyecto.

Con ironía, afirmó que bastaría preguntarle "a un niño de jardín de infantes" cuál era el elemento central de esa licitación para obtener una respuesta evidente: el parque acuático. Luego describió el contenido de la memoria descriptiva y explicó que recién al final del documento, en un apartado de menor relevancia visual que incluso dijo haber marcado con resaltador color fucsia, aparecía mencionada la modificación del Conducto Piaggio. Allí se establecía que, como parte de la obra, se realizaría la adecuación del conducto de desagües pluviales mediante la construcción del tramo correspondiente hasta una base existente sobre la costa del río Paraná.

Para Gigliani, esa ubicación dentro del pliego resultaba reveladora. "Esa es la importancia y la relevancia que el intendente le dio al Conducto Piaggio en el pliego", sostuvo. Incluso fue un paso más allá al afirmar que el municipio había terminado otorgándole mayor protagonismo al conducto en las piezas difundidas a través de las redes sociales que en la propia documentación oficial de la licitación.

A su entender, esa diferencia entre los documentos administrativos y la comunicación pública exponía una contradicción. "Una cosa es lo que pasa en los hechos y otra cosa es lo que se dice", resumió, al cuestionar el cambio de narrativa que, según denunció, había acompañado el avance del conflicto.

La concejala reforzó esa idea citando declaraciones recientes del intendente. Recordó que ese mismo mediodía había concedido una entrevista televisiva en la que volvió a referirse a la reforma de La Florida y al parque acuático, responsabilizando nuevamente a la oposición por el tiempo que —según dijo— se había perdido intentando frenar la obra. También mencionó otra afirmación del jefe municipal, quien había sostenido que se estaba recurriendo a la Justicia para resolver cuestiones que deberían debatirse en el Concejo.

Sobre ese punto, Gigliani cerró su exposición con una respuesta directa. "Justamente, intendente", replicó desde su banca, "desde hace meses le venimos planteando que este tema, sin duda, tenía que tener intervención del Concejo Municipal". Con esa frase buscó invertir el sentido del cuestionamiento oficial y dejar asentado que, a su juicio, fue precisamente la falta de debate institucional la que terminó desplazando el conflicto hacia otros ámbitos, mientras el cuerpo deliberativo permanecía sin discutir en profundidad una obra que había generado un fuerte impacto político y social.

Críticas a la oposición, judicialización del conflicto y la acusación de incoherencia política

La respuesta del oficialismo llegó de la mano de la concejala Carolina Labayru, de Unidos por Rosario, quien eligió un tono marcadamente confrontativo y trasladó el eje del debate desde el contenido del pedido de informes hacia la estrategia política de quienes lo impulsaban. Su intervención dejó en claro que, para el bloque gobernante, la discusión ya no giraba alrededor del estado del Conducto Piaggio sino sobre la coherencia de la oposición y el conflicto judicial que mantiene paralizadas las obras de reconversión de la Costanera Norte.

Desde el inicio, Labayru cuestionó con dureza la posición de Ciudad Futura y definió el intercambio como "una lógica perversa llena de cinismo" y un "debate casi esquizofrénico" que, según sostuvo, responde únicamente a una especulación electoral.

En ese marco dirigió sus críticas especialmente hacia Juan Monteverde, principal referente del espacio. Lo acusó de vivir "en campaña" desde hace más de una década y repasó una por una las candidaturas que encabezó desde 2013 hasta la actualidad: concejal, diputado provincial, intendente y, más recientemente, candidato simultáneo a concejal y convencional constituyente. "Todo un récord", ironizó, antes de cuestionar que luego hablara de "los políticos" como si no formara parte de la dirigencia.

A partir de allí intentó desmontar el argumento opositor señalando lo que definió como una contradicción insalvable. Recordó que el pedido de informes era impulsado por los mismos concejales que promovieron una acción judicial para detener las obras de la Costanera Norte. Según enfatizó, esa cautelar no suspendió únicamente la construcción del parque acuático, sino la totalidad del proyecto de reconversión.

Fue entonces cuando recurrió a una imagen que atravesó toda su exposición. Comparó a Monteverde con Harvey Dent —el personaje de Batman conocido como "Dos Caras"— para ilustrar, según dijo, una doble conducta política. "Con una cara va a la Justicia y pide que un juez frene todas las obras, y sale a festejarlo en redes sociales; pero con la otra cara viene a este Concejo a pedir que esas mismas obras que frenó en la Justicia se hagan", sostuvo.

Sobre esa base lanzó una de las frases más duras de la sesión: "No se puede ser el sepulturero y el salvador al mismo tiempo". A partir de allí acusó a la oposición de actuar con hipocresía, de mentirle a la ciudadanía y de convertir el conflicto en un espectáculo para las redes sociales. Incluso personalizó nuevamente sus críticas al referirse a "Juan Dos Caras Monteverde", a quien responsabilizó, junto con la medida cautelar obtenida en la Justicia, de que las obras permanezcan paralizadas.

Con ese razonamiento buscó también deslegitimar el contenido mismo del pedido de informes. Señaló que las respuestas reclamadas por la oposición —tanto respecto del estado del Conducto Piaggio como de las obras previstas para la Costanera Norte— ya se encuentran incorporadas al expediente judicial iniciado por los propios demandantes. Mencionó expresamente la causa "Monteverde, Juan y otros contra Municipalidad de Rosario sobre recurso de amparo" y sostuvo que allí podían encontrarse las explicaciones solicitadas, sin necesidad de requerir una nueva contestación por parte del Ejecutivo.

Para reforzar esa idea leyó uno de los puntos del proyecto de decreto, precisamente el que preguntaba cuáles eran las causas que habían impedido o demorado la ejecución de las obras necesarias para reparar o adecuar el conducto. Su respuesta fue inmediata: la causa de esa demora, afirmó, es la propia cautelar promovida por quienes ahora exigen explicaciones.

Según Labayru, la oposición incurre así en una contradicción permanente: un día reclama que las obras se detengan, al siguiente pide que se ejecute una parte y luego sostiene otra posición distinta. "Muchachos, pónganse de acuerdo ustedes internamente a ver qué es lo que quieren", lanzó desde su banca.

La misma lógica aplicó para rechazar el segundo artículo del proyecto, que instaba al municipio a ejecutar de inmediato las obras necesarias si se verificaban riesgos ambientales. Dijo que le gustaría acompañar esa iniciativa, pero afirmó que hoy resulta materialmente imposible porque la propia oposición consiguió que la Justicia prohibiera cualquier intervención sobre la Costanera Norte.

Para sostener ese argumento recurrió incluso a declaraciones públicas del propio Monteverde, a quien citó textualmente: "Gracias a nuestra cautelar, el Poder Ejecutivo no puede tocar un metro cuadrado de la Costanera Norte". Con esa frase buscó demostrar que los impulsores del expediente reconocían públicamente el efecto de la medida judicial que ahora, según afirmó, impedía concretar las mismas obras que reclamaban.

En el tramo final de su exposición, Labayru abandonó el plano técnico y formuló un llamado de tono político. Les pidió a los concejales opositores "un esfuerzo de honestidad", los exhortó a dejar de hacer campaña cuando —dijo— todavía falta mucho para las próximas elecciones y reclamó que permitan avanzar con las obras de infraestructura. "Déjennos trabajar, déjennos hacer las obras que realmente le cambian la vida a la gente", expresó, al sostener que los rosarinos demandan soluciones concretas y no dirigentes que busquen protagonismo en las redes sociales.

Antes de concluir, amplió el cuestionamiento hacia otros sectores de la oposición. Recordó que la concejala María Fernanda Gigliani había sostenido minutos antes que no buscaban frenar las obras, pero respondió que ella misma había participado como testigo en la causa judicial iniciada por Monteverde contra la Municipalidad. A su entender, esa intervención demostraba que también acompañaba el intento de paralizar la totalidad del proyecto. "Háganse cargo", cerró, condensando en esa frase el argumento central del oficialismo: la responsabilidad por la paralización de las obras no estaba en el Ejecutivo, sino en quienes habían decidido judicializar el conflicto.

"Sin parque acuático": la propuesta de una nueva licitación como salida al conflicto

La réplica de Juan Monteverde fue breve, pero buscó responder de manera directa a las acusaciones que acababa de formular el oficialismo. El referente de Ciudad Futura evitó extender la discusión y comenzó con una ironía dirigida al Ejecutivo. "La verdad que el nivel es demasiado bajo para responder; si quiere el intendente le puedo hacer un dibujito", lanzó, marcando el tono con el que enfrentaría los cuestionamientos.

Lejos de volver sobre las descalificaciones personales, Monteverde concentró su intervención en lo que consideró el núcleo del desacuerdo. Sostuvo que no existía ninguna contradicción entre la acción judicial promovida por su espacio y el pedido de informes debatido en el recinto, tal como había afirmado la concejala oficialista.

Según explicó, la propuesta de Ciudad Futura nunca fue impedir la ejecución de todas las intervenciones previstas para la Costanera Norte. Por el contrario, aseguró que el planteo consiste en que el Departamento Ejecutivo envíe una nueva ordenanza que permita relicitar las obras de mejoramiento de la Rambla Catalunya, incluyendo la reparación de los conductos y del sistema de desagües, pero excluyendo el parque acuático.

"El proyecto que presentamos es que mande la ordenanza con las obras de mejoramiento de la Rambla, con el arreglo de los canales correspondientes para que lo aprobemos y sea una nueva licitación que tenga todas las obras menos el parque acuático, que es lo que nadie quiere", sintetizó.

Con esa explicación buscó desmontar el argumento del oficialismo, insistiendo en que la diferencia nunca estuvo en las obras de infraestructura o saneamiento, sino exclusivamente en la construcción del parque acuático. "Es muy sencillo", concluyó. "No hay contradicción, no hay hipocresía; es sentido común y muy simple de entender", cerró, intentando devolver el debate al terreno de la discusión sobre el contenido del proyecto y no sobre las responsabilidades políticas que habían dominado buena parte del intercambio.

Normativa urbana, plaza Antonio Berni y cuestionamientos al encuadre legal del proyecto en la Costanera Norte

La intervención de María Fernanda Gigliani volvió a tomar el hilo de su exposición anterior, pero esta vez con un énfasis mayor en la normativa urbanística y en el encuadre legal del proyecto. Desde su banca, la concejala de Iniciativa Popular insistió en que la discusión no podía sostenerse sobre interpretaciones cambiantes, sino sobre lo que —según afirmó— está establecido en las normas vigentes y en la documentación oficial del propio municipio.

Comenzó reafirmando una idea que, según dijo, había sostenido desde el inicio del conflicto: en el lugar donde se proyecta la construcción del parque acuático existe actualmente una plaza, identificada como plaza Antonio Berni. Para reforzar su argumento apeló a un elemento de verificación pública y accesible, al señalar que esa información puede corroborarse incluso consultando el sistema Infomapa de la Municipalidad de Rosario. "Lo puede mirar un pibe de 12 años", ironizó, antes de rematar que no se trata de una cuestión compleja ni técnica sino de acceso básico a la información oficial.

A partir de allí, Gigliani introdujo un segundo eje centrado en la normativa urbanística del área en cuestión. Recordó haber votado una ordenanza vinculada al cordón perimetral norte, normativa que también fue acompañada por algunos de los actuales integrantes del Concejo. Según explicó, esa regulación establece con claridad que el sector constituye un área de reserva y que cualquier intervención debe cumplir con dos condiciones centrales.

La primera, sostuvo, es la obligación de garantizar instancias de participación ciudadana en la elaboración del plan de detalles. La segunda, aún más determinante a su entender, es que cualquier proyecto en esa zona debe regresar al Concejo Municipal para su aprobación final. En ese punto fue categórica al señalar que ese procedimiento no habría sido respetado en el avance del proyecto actual.

Con esa base, rechazó las acusaciones de inconsistencia política. Afirmó que su posición no ha variado desde el inicio del debate y que, por el contrario, fueron otros los actores que modificaron sus argumentos a medida que avanzaba la discusión pública. "Yo digo lo mismo desde que arrancó el tema", resumió, en contraste con lo que describió como cambios de discurso en el oficialismo.

Luego dirigió sus críticas nuevamente hacia la concejala Carolina Labayru, a quien acusó de tener una "memoria selectiva" en relación con el desarrollo de las acciones judiciales vinculadas al proyecto. Mencionó haber escuchado declaraciones radiales del abogado Cáceres en diálogo con una procuradora de primera instancia que intervino en una audiencia relacionada con el amparo impulsado por el concejal Juan Pedro Aleart, a quien —según observó— no se había mencionado en la discusión pública a pesar de su participación en el proceso.

Gigliani señaló que las distintas acciones judiciales presentadas comparten un mismo objeto: cuestionar el decreto que habilitó la licitación del proyecto de la Costanera Norte y del parque acuático. En ese sentido, sostuvo que no se trata de iniciativas aisladas sino de un conjunto de presentaciones que apuntan a la legalidad del procedimiento administrativo.

A partir de allí introdujo uno de los pasajes más enfáticos de su intervención, al referirse a lo escuchado en esa audiencia judicial. Según relató, le llamó la atención la intervención de la procuradora, quien habría señalado que el municipio se encontraba en una situación de debilidad documental respecto del expediente, particularmente en lo relativo al Conducto Piaggio. Incluso afirmó que, en ese ámbito, se mencionó la posible necesidad de una licencia ambiental para la obra, documentación que —según su interpretación— no estaría incorporada o al menos no habría sido debidamente presentada ante el expediente administrativo.

Sobre esa base, reclamó mayor rigor en el debate político y legislativo. Pidió evitar las chicanas y sostuvo que sus intervenciones se apoyan en normativa, estudio y documentación. "Hablo con lo que vengo estudiando, con lo que sé; lo que no sé, trato de no meterme", expresó, para luego reclamar que la discusión se base en información verificable y no en descalificaciones personales.

En el cierre de su exposición volvió a referirse a las declaraciones del intendente en una entrevista radial reciente, en la que —según señaló— se reiteró la crítica a la oposición por recurrir a la Justicia para frenar decisiones que deberían resolverse en el Concejo. Gigliani respondió de manera directa a ese planteo al afirmar que, justamente, este tipo de decisiones debieron haber sido tratadas en el ámbito legislativo desde el inicio del proceso.

Con esa idea cerró su intervención, marcando que, a su juicio, el conflicto no radica en la judicialización posterior sino en la ausencia de debate institucional previo. "Este Concejo tenía que resolver muchas de las cosas que usted no pasó por acá y que ahora estamos pagando todos los rosarinos", concluyó, dejando planteada la responsabilidad política como eje final de una discusión que ya había atravesado múltiples planos: el urbanístico, el ambiental, el jurídico y el estrictamente político.

La cautelar judicial leída en el recinto y la denuncia de contradicciones entre discurso y acción

El debate en el Concejo Municipal de Rosario sumó una nueva capa de tensión cuando tomó la palabra la concejala Anahí Schibelbein, de Unidos por Rosario. Su intervención buscó poner el foco en lo que definió como la distancia entre los discursos políticos y los actos concretos, retomando una crítica que había aparecido minutos antes en la exposición de la concejala María Fernanda Gigliani.

Schibelbein partió de esa idea para introducir su cuestionamiento central: la existencia de una contradicción entre lo que, según ella, sostiene la oposición en el recinto y lo que efectivamente ha impulsado en sede judicial. En ese sentido, pidió autorización para leer un fragmento de la medida cautelar presentada por Ciudad Futura en el marco del conflicto por las obras en la Costa Norte.

Con el permiso del cuerpo, dio lectura al pedido judicial que solicita una "medida de no innovar respecto del sector, disponiendo la inmediata suspensión de toda obra, demolición, vallado, movimiento de suelo, instalación, modificación física e intervención material sobre el área de la Rambla Cataluña, Balneario La Florida y sectores subyacentes alcanzados por el proyecto cuestionado".

La lectura, extensa en su formulación técnica pero precisa en su alcance, buscó marcar —según la concejala— el verdadero efecto de la presentación judicial impulsada por la oposición: la paralización integral de cualquier intervención prevista en el área de la ribera norte.

A partir de allí, Schibelbein contrapuso ese contenido con las declaraciones previas del concejal Julián Ferrero, quien había manifestado estar a favor de la puesta en valor de La Florida. En ese punto, la edil oficialista planteó que ambas posiciones resultaban incompatibles entre sí y que esa tensión evidenciaba, a su entender, una falta de coherencia en el discurso opositor.

Con ese argumento, endureció el tono de su intervención y rechazó lo que definió como una puesta en escena política dentro del recinto. Afirmó que no estaba dispuesta a convalidar lo que describió como "un show" destinado a confundir a la ciudadanía respecto del alcance real de las decisiones judiciales y legislativas en curso.

"Yo no voy a ser cómplice de un engaño que le hacen a la gente", sostuvo, al insistir en que existe una utilización política de los mecanismos institucionales para instalar versiones que —según su mirada— no se corresponden con los hechos.

Schibelbein cerró su intervención reforzando la idea de que el conflicto excede una discusión técnica sobre obras públicas y se ha transformado en una disputa política en la que, a su juicio, se distorsiona el contenido de las decisiones adoptadas tanto en el Concejo como en la Justicia. En ese marco, reivindicó el rol institucional del cuerpo deliberativo y cuestionó que se utilice ese ámbito para sostener lo que consideró inconsistencias entre lo dicho y lo actuado por la oposición.

Abstención, judicialización del conflicto y defensa del camino legal como único ámbito de resolución

La intervención de otro bloque opositor llegó de la mano de Juan Pedro Aleart, de La Libertad Avanza, quien anticipó desde el inicio una definición que terminaría de ordenar la posición de su espacio en la votación: la abstención. Y lo hizo, según explicó, no como una ambigüedad política sino como consecuencia directa del estado judicial en el que, afirmó, se encuentra el conflicto.

Aleart planteó que el expediente en discusión en el recinto no podía separarse del proceso abierto en la Justicia, donde —según recordó— ya se encuentra en análisis el mismo núcleo de reclamos a partir de un recurso de amparo presentado por su propio espacio político. En ese sentido, sostuvo que los puntos sustanciales del proyecto ya fueron puestos a consideración de un juez, en el marco de un proceso que incluye también la intervención de una fiscal y una procuradora.

Desde esa perspectiva, remarcó que el debate institucional en el Concejo debía convivir con el principio de respeto a la división de poderes. Señaló que existe un proceso judicial en curso, con intervención de autoridades que consideró objetivas e imparciales, y que será ese ámbito el que deberá determinar si la información aportada por el municipio cumple o no con las exigencias de la normativa vigente, incluidas las ambientales.

En su exposición, el concejal de La Libertad Avanza introdujo además un principio jurídico para sustentar su posición: la teoría de los actos propios. Sin embargo, aclaró que, desde la mirada de su bloque, esa doctrina no resultaba aplicable a su accionar. Argumentó que su fuerza política mantuvo una línea de conducta consistente desde el inicio del conflicto: primero a través de pedidos de informes, luego mediante reclamos administrativos, y finalmente con la presentación judicial.

"Fuimos los primeros en plantear el tema del parque acuático", sostuvo, al enumerar una secuencia que, según afirmó, se mantuvo sin contradicciones: solicitar información, reclamar en sede administrativa y acudir a la Justicia. En ese marco, insistió en que la decisión de abstenerse no implicaba avalar el accionar del Departamento Ejecutivo Municipal, sino todo lo contrario.

Aleart fue enfático al despejar cualquier interpretación en ese sentido. Señaló que su espacio político no convalida las decisiones del Ejecutivo local y que, precisamente por esa razón, recurrió a la vía judicial para cuestionar el procedimiento administrativo del proyecto. Reafirmó que su objeción alcanza tanto a las obras como al cumplimiento de los requisitos legales y ambientales exigidos por la normativa vigente.

Sobre el tramo final de su intervención, el concejal volvió a insistir en la necesidad de respetar el proceso judicial en curso. Destacó el rol de la fiscalía ambiental interviniente y recomendó prestar atención a sus consideraciones dentro del expediente, al considerarlas relevantes para la resolución del caso.

En ese sentido, cerró su exposición sosteniendo que la cuestión debía resolverse en el ámbito judicial, en el marco del principio republicano de división de poderes. Bajo ese argumento, fundamentó la abstención de su bloque como un gesto de respeto institucional y de coherencia con la estrategia adoptada desde el inicio del conflicto. "Que sea la Justicia quien avance, que es el camino que corresponde en esta instancia", concluyó, dejando asentada la decisión de no acompañar ni rechazar el expediente, sino de trasladar el desenlace definitivo al ámbito judicial ya en curso.

Una abstención breve que acompañó el reordenamiento de fuerzas en el recinto

La sesión avanzaba y la concejala Sabrina Prence, de Nación y Libertad, pidió la palabra. Su intervención fue breve y sin desarrollo argumental extenso, pero suficiente para consolidar una tendencia que se venía insinuando en el recinto. Prence comunicó que su espacio político también optaría por la abstención en la votación del expediente en discusión. Sin agregar mayores consideraciones.

Acuerdos políticos, cuestionamientos a las abstenciones y la acusación de que el proyecto del parque acuático es ilegal e ilegítimo

El intercambio volvió a tensarse cuando el concejal Mariano Romero, del bloque Peronista, pidió la palabra para responder a las últimas intervenciones y, en particular, para marcar una diferenciación entre el objeto formal del expediente y el trasfondo político que había atravesado toda la sesión.

Romero comenzó señalando que, a su entender, parte de las discusiones previas habían desviado el eje del proyecto. Recordó que lo que se encontraba en tratamiento era una minuta de comunicación destinada a solicitar información al Departamento Ejecutivo sobre la situación ambiental del Conducto Piaggio, y no una definición directa sobre el proyecto del parque acuático ni sobre la totalidad de las obras de la Costanera Norte.

En ese marco, cuestionó la decisión de algunos bloques de abstenerse o no acompañar la iniciativa bajo el argumento de que el tema se encontraba judicializado. Según expresó, ese criterio no se correspondía con el contenido específico del expediente, que —insistió— estaba circunscripto a requerimientos de información ambiental al Ejecutivo municipal.

A partir de allí, Romero introdujo una crítica de carácter político hacia el vínculo entre sectores del oficialismo y La Libertad Avanza, al que atribuyó una modificación de posiciones a partir del avance del conflicto. Sostuvo que existía un entendimiento político entre ambos espacios que explicaría, según su interpretación, el cambio de postura del bloque libertario respecto de las votaciones vinculadas al proyecto de la Costanera Norte.

En ese sentido, afirmó que La Libertad Avanza había dejado de acompañar cualquier iniciativa relacionada con el parque acuático bajo el argumento de que debía aguardarse la resolución de la Justicia. Para Romero, esa postura no debía extenderse automáticamente a expedientes que no implicaban una definición sobre la obra en sí, sino que se limitaban a requerimientos de información ambiental.

El concejal peronista fue enfático al sostener que el expediente en discusión no involucraba una decisión sobre la continuidad o no del proyecto urbanístico, sino la necesidad de conocer qué información ambiental maneja el Ejecutivo respecto del estado del Conducto Piaggio y su eventual nivel de contaminación.

Por ese motivo, consideró que la abstención no resultaba justificada en este caso concreto. Dirigiéndose directamente al concejal Juan Pedro Aleart, insistió en que el acompañamiento de la iniciativa no implicaba convalidar ni rechazar el parque acuático, sino simplemente permitir el acceso a información pública sobre una problemática ambiental específica.

"Tranquilamente lo podrían acompañar porque no tiene que ver estrictamente con el parque acuático", señaló Romero, al remarcar lo que, a su juicio, constituía una confusión entre el contenido técnico del expediente y el posicionamiento político general de los bloques frente al conflicto de la Costanera Norte.

Con esa intervención, el concejal buscó reencauzar la discusión hacia el plano administrativo del pedido de informes, aunque el debate ya se encontraba atravesado por interpretaciones cruzadas sobre la judicialización del caso y las estrategias políticas de cada espacio dentro del Concejo Municipal.

La votación sin mayoría: el expediente rechazado y un recinto que siguió en debate pese al cierre formal

El debate, que había atravesado durante más de media hora un cruce de acusaciones cruzadas sobre la judicialización del proyecto de la Costanera Norte, la interpretación del rol del Concejo y el alcance del pedido de informes sobre el Conducto Piaggio, llegó finalmente a su resolución formal bajo la conducción de la presidenta del cuerpo, María Eugenia Schmuck.

Con la sesión ya en su tramo definitorio, Schmuck tomó la palabra para ordenar el cierre del tratamiento del expediente. "Bueno, si nadie más va a hacer uso de la palabra, corresponde votar la abstención de los concejales Arias, Enríquez, Lencina, Prense y Volpe", señaló, dejando asentado el posicionamiento de quienes habían optado por no acompañar ni rechazar la iniciativa.

Acto seguido, se procedió a la votación. La presidenta del Concejo confirmó el resultado en el recinto: "Por la afirmativa, unanimidad, ponemos en consideración el expediente por pulsadores. No ha logrado los votos necesarios". Con esa frase, el pedido de informes quedó formalmente rechazado, al no alcanzar la mayoría requerida para su aprobación.

La definición cerró un proceso que había expuesto, a lo largo de toda la sesión, no sólo diferencias sobre la situación ambiental del Conducto Piaggio, sino también una disputa más amplia sobre el modelo de intervención urbana en la Costanera Norte, el alcance de la judicialización impulsada por parte de la oposición y el modo en que cada bloque interpretó la relación entre el Concejo Municipal y el Poder Judicial.

Sin embargo, lejos de clausurar el clima de discusión, la presidenta del cuerpo habilitó inmediatamente la continuidad del orden del día. "Seguimos. Sí, concejal Ferrero, ¿quiere hablar sobre el expediente número 94 o sobre lo que pasó?", preguntó, dejando abierta la transición hacia el siguiente punto del temario, mientras aún resonaban en el recinto las tensiones acumuladas en el debate recién concluido.

Denuncias de "acuerdos" entre bloques y la advertencia de ilegalidad del proyecto del parque acuático

El cierre del expediente, lejos de apagar la tensión, volvió a encender el clima en el recinto cuando Mariano Romero pidió nuevamente la palabra para referirse a lo ocurrido con la votación recién concluida. Desde el Bloque Peronista, el concejal enmarcó el resultado dentro de una secuencia política que —según sostuvo— venía denunciando desde hacía tiempo, y que involucraba acuerdos tácitos entre distintos espacios del Concejo.

Romero comenzó señalando que lo sucedido no lo sorprendía, aunque sí lo consideraba "insólito", y lo vinculó con lo que describió como una articulación entre el interbloque oficialista y sectores de La Libertad Avanza. Según su interpretación, esa convergencia explicaría comportamientos disímiles de ese espacio político dentro y fuera del recinto, particularmente en relación con el tratamiento del proyecto de la Costanera Norte y el Parque Acuático.

En ese sentido, recordó episodios previos de la discusión legislativa, mencionando la sesión extraordinaria y el paso del expediente por comisión, donde —según afirmó— los concejales libertarios habían acompañado inicialmente un decreto que proponía la suspensión de la obra del parque acuático. Sin embargo, sostuvo que luego ese mismo sector se había ausentado sistemáticamente en instancias posteriores de la Comisión de Ecología, impidiendo el avance del tratamiento del proyecto.

Romero encadenó esos antecedentes con una crítica más amplia sobre el funcionamiento institucional del Concejo y el impacto que, a su entender, este tipo de dinámicas genera en la ciudadanía. Habló de un "humor social" marcado por la desconfianza y la reacción negativa de la gente en distintos espacios de contacto con los representantes políticos, ya sea en audiencias públicas o en encuentros informales.

A partir de allí, endureció su posición sobre el fondo del conflicto. Sostuvo que el proyecto del Parque Acuático no sólo presentaba problemas de legitimidad política, sino también de legalidad. Según explicó, el Ejecutivo habría avanzado sin respetar las normas locales aplicables, al tratarse de una obra que no estaba contemplada en el presupuesto municipal y que implicaba una modificación sustancial de los usos del suelo en la zona de la Costanera Norte.

En su argumento, el concejal remarcó que no es equivalente mantener una plaza de acceso público irrestricto que transformar ese espacio en un parque cerrado, con infraestructura de cobro y control de acceso. Esa transformación, afirmó, implica una alteración del uso del suelo que debería haber sido debatida y aprobada en el Concejo Municipal, algo que —según insistió— no ocurrió.

Bajo ese encuadre, vinculó la intervención judicial con la discusión política, señalando que la medida precautelar mencionada en el debate respondía precisamente a esa presunta irregularidad. En su lectura, esa decisión judicial suspendió los efectos del Decreto 715 del año 2026 del Departamento Ejecutivo, particularmente en lo referido a la construcción del parque acuático.

Romero fue enfático al distinguir entre ese aspecto puntual y el resto del proyecto de intervención en La Florida, al sostener que la suspensión judicial no alcanza a la renovación integral del sector sino exclusivamente a la obra del parque acuático, que definió como el núcleo del conflicto.

En el tramo final de su intervención, el concejal peronista apuntó contra la estrategia comunicacional del municipio, a la que atribuyó la intención de ampliar el alcance del proyecto en la percepción pública. Según planteó, la administración local habría intentado dotar de mayor legitimidad a una iniciativa que, a su juicio, no tuvo buena recepción social y generó un rechazo extendido en distintos sectores de la ciudad.

En ese marco, describió una reacción ciudadana transversal, que —según sostuvo— atravesó diferentes barrios, clases sociales y posicionamientos políticos, y que incluso involucró a personas que por primera vez se movilizaron en torno a una causa pública.

Romero cerró su intervención atribuyendo la controversia a un "error grosero" del Ejecutivo municipal en el diseño y comunicación del proyecto, al que responsabilizó por haber desencadenado la actual situación de conflicto institucional y político. Con esa afirmación, dio por finalizada su exposición en un recinto que, pese al cierre formal del expediente, continuaba atravesado por las tensiones acumuladas a lo largo de toda la sesión.

Lecturas cruzadas de la fiscalía ambiental y nuevas acusaciones sobre abstenciones "incoherentes"

El debate, ya con el expediente rechazado y la votación cerrada, todavía dejó un último cruce verbal en el recinto cuando el tema volvió a ser retomado a partir de las intervenciones previas de Juan Monteverde y María Fernanda Gigliani.

En ese tramo final de la discusión, se volvió a insistir en la lectura normativa del conflicto, particularmente en lo que refiere al ordenamiento vigente sobre la zona de la Rambla Cataluña. En esa línea, se puso en valor la precisión de los planteos realizados durante la sesión, en contraste con lo que se describió como interpretaciones políticas del oficialismo y de los bloques que optaron por la abstención.

También se incorporó al debate la figura de la fiscal interviniente en el expediente judicial vinculado al amparo, cuyas declaraciones públicas fueron citadas como elemento de referencia. En ese sentido, se sostuvo que la fiscal María Laura Martínez habría realizado evaluaciones claras sobre el alcance del proceso judicial impulsado por el concejal Juan Pedro Aleart, las cuales —según se planteó en el recinto— no coincidirían con algunas de las interpretaciones expresadas durante la sesión.

Desde esa perspectiva, se cuestionó el llamado a respetar la palabra de la fiscalía realizado por sectores de La Libertad Avanza, al señalar que incluso dentro de ese espacio político se habrían formulado interpretaciones divergentes sobre sus dichos. En ese marco, se defendió la pertinencia del pedido de informes, al considerar que el expediente apunta específicamente a conocer el estado ambiental del Conducto Piaggio, la existencia de posibles niveles de contaminación y el detalle de las obras previstas o ejecutadas en la zona.

A partir de allí, se marcó una crítica más política hacia la decisión de abstención adoptada por el bloque libertario, interpretada como una posición evasiva frente a un tema de fuerte relevancia ambiental e institucional. Esa postura fue calificada como contradictoria, especialmente en función de las intervenciones previas en las que ese mismo espacio había impulsado acciones judiciales y reclamos formales vinculados al proyecto.

En el cierre de la intervención, se sugirió además que detrás de algunas de estas decisiones legislativas podrían existir acuerdos políticos tácitos entre el bloque oficialista y La Libertad Avanza, lo que —según esa lectura— explicaría ciertas coincidencias de comportamiento parlamentario en el tratamiento del expediente.

Con ese último intercambio, la discusión quedó definitivamente saldada en el recinto, aunque con un clima aún cargado por las acusaciones cruzadas y las interpretaciones contrapuestas sobre el alcance del proyecto, la intervención judicial y el rol del Concejo en el conflicto por la Costanera Norte.

Defensa del proyecto, crítica a la oposición y el eje judicial como instancia donde debe resolverse el conflicto

La discusión, lejos de apagarse con la votación negativa del expediente, volvió a tomar temperatura cuando el concejal Fabrizio Fiatti, de Unidos por Rosario, pidió la palabra para introducir un llamado explícito a la "coherencia" y a la "veracidad" en el tratamiento del conflicto por la Costanera Norte.

Fiatti comenzó cuestionando la caracterización del proyecto que había quedado en el centro del debate. Sostuvo que no se trataba únicamente de un pedido de informes, como había sido presentado en términos formales, sino de una iniciativa que —según afirmó— incluía la ejecución de obras específicas. En ese punto, retomó lo expresado por la concejala Labayru y vinculó directamente el rechazo del expediente con la estrategia judicial impulsada por la oposición.

Desde esa perspectiva, el concejal insistió en que no había margen para lo que definió como "trampas" o interpretaciones forzadas del alcance del proyecto. Afirmó que la oposición, en particular el espacio liderado por Juan Monteverde, había solicitado en sede judicial la paralización de la totalidad de la licitación denominada "Parque Acuático Costanera Norte", dentro de la cual —según remarcó— se encontraba incluido el Conducto Piaggio como parte del conjunto de obras previstas.

Fiatti subrayó que esa inclusión no era accesoria ni secundaria dentro del pliego, sino parte del objeto integral de la licitación. En ese sentido, sostuvo que la medida precautelar obtenida en la Justicia implicó la suspensión temporal de la obra en su conjunto, habilitando ahora —según describió— una instancia de análisis judicial con ampliación de documentación.

Incluso afirmó que el propio Ejecutivo municipal había aportado información adicional en el marco de la causa, en respuesta a requerimientos de la fiscalía interviniente, señalando que el expediente se encontraba en pleno proceso de sustanciación. Bajo esa lógica, reclamó a la oposición mayor seguimiento del estado judicial del caso y cuestionó lo que consideró inconsistencias en su lectura pública del proceso.

El concejal también apuntó contra lo que describió como intentos de "desdoblar" el proyecto mediante mecanismos administrativos que, a su entender, no corresponderían al tipo de obra en discusión. En ese punto, diferenció los planes de detalle propios de convenios urbanísticos de lo que involucra una obra pública de estas características, afirmando que ese tipo de exigencias no se aplican en el marco normativo vigente para este caso.

A lo largo de su intervención, Fiatti insistió en que la oposición había promovido una judicialización que terminó afectando la totalidad del proyecto de reconversión de la zona, y no sólo un componente específico. Desde esa interpretación, sostuvo que no resultaba coherente rechazar en el recinto aquello que, según afirmó, ya había sido objetado integralmente en la Justicia.

Hacia el final de su exposición, el concejal reforzó la idea de que el resultado de la votación debía ser respetado en términos institucionales. Señaló que una decisión negativa del Concejo no podía ser reinterpretada ni deslegitimada a posteriori, y apeló a la necesidad de aceptar el funcionamiento democrático del cuerpo deliberativo.

Finalmente, defendió la posición del oficialismo al sostener que el objetivo del proyecto es una transformación urbana de carácter histórico para la ciudad, y que el proceso judicial iniciado por la oposición deberá ser el ámbito donde se resuelva la validez o no de la licitación en su conjunto. Con ese cierre, Fiatti buscó dejar asentada la posición del bloque gobernante: la defensa del proyecto de reconversión de la Costanera Norte y la legitimidad del camino institucional seguido hasta ahora.

En ese contexto, la discusión en el concejo sobre el Conducto Piaggio —con sus cruces, abstenciones, acusaciones de judicialización y lecturas contrapuestas del proyecto de la Costanera Norte— terminó quedando subsumida por un movimiento externo al recinto. La decisión judicial no sólo condiciona el avance de las obras, sino que reordena el sentido mismo del debate político: lo que se discutió durante horas en el Concejo pasó a leerse, apenas un día después, bajo la sombra de un expediente que sigue abierto y que todavía no ofrece una definición final sobre el fondo del conflicto.

Fotos: Concejo Municipal de Rosario, Capturas de pantalla

Ver también: Parque acuático: la Justicia habilitó la continuidad de la obra, pero la cuestión de fondo sigue sin resolverse