El nuevo Régimen Penal Juvenil ya rige en todo el país. Este sábado 5 de septiembre, mientras la Ley 27.801 comenzaba formalmente a regir, el debate sobre qué significa ampliar el alcance del sistema penal hacia los adolescentes adquirió una nueva dimensión. La norma establece un régimen penal aplicable a personas adolescentes desde los 14 años hasta antes de cumplir los 18 y reemplaza la Ley 22.278, vigente desde 1980.
La discusión, sin embargo, excede largamente la edad a partir de la cual un adolescente puede quedar sometido al nuevo régimen. La pregunta de fondo es qué respuesta debe dar el Estado frente a los adolescentes que cometen delitos, qué lugar ocupa el castigo, qué papel tienen las políticas de prevención y, sobre todo, cómo evitar que la intervención penal profundice las desigualdades que atraviesan a buena parte de los jóvenes.
Guillermo Campana conoce de cerca ese territorio. Abogado penalista y militante social, con una extensa trayectoria en la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes, integró la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud y acumula una vasta experiencia en materia de justicia penal juvenil en Santa Fe.
En una entrevista realizada en Señales, Campana observó la entrada en vigencia del nuevo régimen con preocupación y puso el foco, antes que nada, en una distinción que considera fundamental y que, advierte, muchas veces queda desdibujada en el tratamiento público del tema.
Imputabilidad, punibilidad y una discusión que no es sólo semántica
Campana cuestiona que se hable simplemente de la entrada en vigencia de una "ley de imputabilidad". Para explicar qué cambia con el nuevo régimen, propone distinguir entre imputabilidad y punibilidad.
"La diferencia básica es que la imputabilidad es poder atribuirle a una persona haber cometido determinado hecho: 'lo cometiste'. La punibilidad es poder aplicarle un castigo, una pena. Eso es lo que entra en vigencia hoy", explica.
La diferencia, señala, permite entender qué podía hacer el Estado hasta ahora con un adolescente de 14 años y qué puede hacer a partir de la entrada en vigencia del nuevo régimen. Antes se podía determinar que un adolescente había cometido un hecho e incluso llevar adelante un procedimiento para establecer si efectivamente lo había cometido. Lo que no se podía hacer era aplicarle una pena, y mucho menos una pena de encierro.
"Sí se podía aplicar algún tipo de medida tendiente a brindarle seguridad, garantizar derechos y demás", explica Campana. Lo que cambia ahora, sostiene, es que el Estado incorpora la posibilidad de aplicar una pena, incluso de encierro, "y hasta 15 años".
La discusión terminológica importa porque durante el debate público la reforma fue presentada reiteradamente como una "baja de la edad de imputabilidad". El propio Gobierno nacional utilizó esa expresión durante el proceso de sanción de la ley.
Pero el cambio no se agota en una palabra. Lo que aparece ahora es un nuevo escenario institucional para adolescentes de 14 y 15 años: pueden quedar comprendidos por un régimen penal que contempla medidas, penas y, en determinados casos, privación de libertad.
La denominación utilizada por organismos internacionales —"edad mínima de responsabilidad penal"— apunta, justamente, a ese cambio de escenario. Para Campana, no se trata de una modificación aislada ni exclusivamente argentina. La nueva legislación debe ser leída dentro de un proceso histórico y político más amplio.
El avance del control social
A su entender, existe desde hace décadas una planificación internacional que fue construyendo las condiciones para ampliar los mecanismos de control social.
Campana sostiene que quienes hegemonizan la política internacional preveían que el sistema económico y social vigente produciría "cada vez más desigualdad" y, como consecuencia, "cada vez más conflicto social en virtud de esas desigualdades".
Frente a ese escenario, afirma, la respuesta propuesta para los Estados no ha sido atacar las causas de esas desigualdades, sino profundizar tres mecanismos: "la militarización, el policiamiento de las sociedades y el control social duro".
Se trata de una interpretación política que Campana sostiene desde hace años y desde la cual lee la reforma penal juvenil. En esa mirada, el nuevo régimen forma parte de una ampliación progresiva de los mecanismos de intervención penal del Estado sobre sectores cada vez más jóvenes de la población.
Su consecuencia, sostiene, es que el poder penal alcanza ahora a adolescentes de 14 años.
En Argentina, recuerda, hace décadas que se discute la necesidad de modificar el régimen penal juvenil. El debate estuvo atravesado por posiciones estrictamente punitivistas, pero también por otras que, bajo una perspectiva que se presentaba como garantista, planteaban la necesidad de asegurar derechos.
Campana cuestiona incluso esa última caracterización cuando está asociada al sistema penal. "El sistema penal no garantiza derechos", afirma. "Lo único que garantiza el sistema penal es castigo y es aplicarle a una persona dolor". Pero hay algo que le preocupa todavía más que la posibilidad de una condena.
El primer contacto puede ser con la policía
Es el descenso de la intervención policial hacia edades cada vez menores. Para Campana, el nuevo régimen habilita una relación con las fuerzas de seguridad que antes no existía de la misma manera para los adolescentes de 14 y 15 años.
"Estamos permitiendo que los niños de 14 y 15 años tengan contacto con la fuerza policial, sean llevados a comisaría, sean requisados, tengan la posibilidad de ingresar en todo ese circuito que es muy oscuro", señala.
No habla de una preocupación abstracta. En su análisis aparecen las consecuencias que, a lo largo de la historia argentina y de otros países, han tenido esos circuitos de intervención estatal. Menciona personas desaparecidas, golpeadas y torturadas.
Por eso considera especialmente grave que niños y adolescentes puedan quedar expuestos a ese entramado institucional sin estar preparados para enfrentarlo. "Es una amenaza para estos niños que no están preparados de ninguna manera para ingresar a esos circuitos", sostiene.
La discusión, entonces, vuelve inevitablemente a una pregunta elemental: ¿bajar la edad de punibilidad sirve realmente para reducir el delito?
¿Más castigo, menos delito?
Campana es categórico. No encuentra evidencia que permita sostenerlo. "Nunca aumentar las penas ha disminuido delitos ni para los adultos ni para los adolescentes", afirma.
La propia experiencia, dice, lo demuestra. Sin embargo, observa que el recurso continúa utilizándose porque no existe una voluntad política suficiente para construir respuestas diferentes, capaces de atender las causas de los conflictos sociales, los delitos y aquello que suele denominarse, de manera general, "inseguridad".
Para él, la nueva legislación no va a conseguir ese objetivo. Y existe, además, un dato que considera central y que, según denuncia, fue discutido durante el proceso de debate de la reforma pero finalmente ignorado: los delitos cometidos —o los supuestos delitos cometidos— por adolescentes de 14 y 15 años son "ínfimos".
Por eso interpreta que el objetivo real no es disminuir una cantidad significativa de delitos. "Estamos buscando desplegar sobre toda esa población el sistema penal y el control social duro", sostiene.
En esa lectura, la pregunta por la eficacia del castigo aparece desplazada por otra: qué población queda ahora dentro del alcance de un sistema que antes no podía aplicar las mismas consecuencias penales sobre esos adolescentes.
El adolescente no empieza en el delito
En la mirada de Campana aparece una idea que viene planteando desde hace años y que vuelve a cobrar fuerza cuando se habla de adolescentes en conflicto con la ley: detrás del delito existe una historia. No alcanza con observar el instante en que un joven comete un hecho y convertir ese episodio en la explicación completa de su vida.
El recuerdo de David Moreira, el joven asesinado a golpes por un grupo de vecinos en el barrio Azcuénaga de Rosario, aparece como una referencia inevitable de ese debate. Campana ya había planteado entonces que detrás de la escena del delito había una trayectoria marcada por circunstancias anteriores: la interrupción de la escolaridad, la precariedad laboral, familias atravesadas por situaciones extremadamente difíciles y procesos de exclusión.
El problema, sostiene, es que esa trayectoria suele desaparecer cuando el adolescente queda reducido al delito que cometió. "Cometemos un error cuando miramos solamente al adolescente desde el delito que cometió", resume. Pero su crítica va un paso más allá.
No sólo cuestiona que no se observe la historia previa del joven: señala que el propio Estado "se desresponsabiliza de aquello que no hizo antes de que el adolescente llegara a esa situación de todo lo que no garantizó previamente para que ese adolescente no llegara a esas circunstancias", afirma.
En esa lógica, la responsabilidad termina depositada sobre un chico de 14 años, aun cuando su recorrido haya estado atravesado por múltiples vulneraciones y por la ausencia de respuestas estatales anteriores.
Para Campana, el Estado coloca sobre ese adolescente "la responsabilidad de todo un circuito delictivo en el que se encuentra" y lo convierte en responsable de un hecho sin detenerse a observar el contexto en el que ocurrió, su historia personal y social, ni las posibilidades que tuvo —o que no tuvo— para construir otro recorrido.
La discusión sobre el nuevo Régimen Penal Juvenil queda así desplazada de la pregunta exclusiva por la edad y situada en un terreno mucho más amplio: el de las responsabilidades del Estado, las desigualdades sociales, las políticas de prevención y los límites del castigo como respuesta frente a una problemática que, para Campana, no puede comprenderse si se separa al adolescente de la historia que lo llevó hasta allí.
La sociedad también queda frente al espejo
Para Campana, hay una dimensión todavía más profunda y dolorosa en ese proceso. No sólo cuestiona las decisiones del Estado, sino también la aceptación social de determinados discursos que presentan el castigo como una solución sencilla frente a problemas complejos.
Considera "muy cruel" que la sociedad acepte esas políticas mientras se desresponsabiliza de las condiciones que ayudó a construir. "Tenemos la sociedad que tenemos y somos responsables en parte de haber llegado hasta acá", plantea.
Por eso rechaza la idea de sacar a un adolescente de 14 años del medio, condenarlo a 15 años de prisión y suponer que, de esa manera, los problemas sociales van a desaparecer. "No podemos ir a decirle a un niño de 14 años, 15 años de prisión, sacarlo del medio y hacer como que eso va a solucionarnos los problemas", afirma.
En su planteo no hay una negación del dolor de las víctimas. Campana insiste en que el sufrimiento de quien pierde a un familiar o de quien padece un delito no puede ser ignorado. "Nosotros no ninguneamos eso, ninguneamos el dolor de alguien que es víctima de un delito", aclara. Pero entiende que reconocer ese dolor no debería conducir automáticamente a una respuesta exclusivamente punitiva.
Desde el Estado, sostiene, hace falta "una mirada mucho más amplia" y gobiernos que piensen primero en cómo garantizar derechos y después en cómo castigar a niños de 14 y 15 años.
Santa Fe frente al nuevo escenario
El desafío adquiere una dimensión concreta en Santa Fe, donde la entrada en vigencia del nuevo régimen nacional encuentra a la provincia con un sistema procesal penal juvenil relativamente reciente.
La provincia cuenta con un Código Procesal Penal Juvenil que contempla un sistema especializado y herramientas como la mediación, la conciliación, la reparación del daño y otras respuestas alternativas. La normativa santafesina establece además el principio de especialidad para las personas menores de edad sometidas a procesos penales.
La pregunta que surge ahora es si esa estructura está realmente preparada para incorporar a los adolescentes de 14 y 15 años que quedan comprendidos por el nuevo régimen nacional.
Campana responde que no. Su diagnóstico surge, explica, de relevamientos realizados junto con trabajadores y de asambleas en las que participaron personas vinculadas al sistema. En la misma línea, recuerda que el juez de Menores de Rosario, Alejandro Cardinale, también ha señalado públicamente la falta de preparación. "No están preparados", insiste Campana.
Y detrás de esa afirmación enumera una serie de carencias que, a su juicio, condicionan desde el comienzo la aplicación de la reforma.
Hay una fuerte precarización laboral, señala, y falta presupuesto destinado tanto a los espacios como a los trabajadores. Tampoco existen recursos suficientes para garantizar que los adolescentes puedan construir "algún tipo de trayectoria distinta a la que venían teniendo".
Pero nuevamente vuelve sobre el punto que considera más preocupante: la policía. "No vamos a tener una policía especializada para trabajar con esos niños", advierte. La fuerza que tendrá contacto con los adolescentes será, según su descripción, la misma que trabaja actualmente en las calles.
La misma que "vive requisando gente y que selecciona de acuerdo a la procedencia de los barrios"; la misma que, denuncia, lleva detenidas a personas y no siempre declara esas detenciones, y la misma a la que acusa de ejercer violencia física. Por eso, frente a la implementación del nuevo régimen, Campana anticipa "un panorama bastante oscuro".
Más chicos, más expedientes
Los propios trabajadores con los que ha tomado contacto —tanto de la Dirección de Niñez como de Justicia Penal Juvenil— le transmitieron, relata, que atraviesan un estado de "muchísima precarización" y que carecen de instrumentos y herramientas suficientes para implementar medidas capaces de garantizar los derechos de los jóvenes que ingresen al sistema.
El tamaño del desafío puede medirse también en los números. Según datos conocidos a través del Distrito 1 de la Justicia de Santa Fe y difundidos por la Fiscalía Regional N.º 1, cerca de 1.500 adolescentes ingresaron en un año en el área metropolitana de Santa Fe, el denominado Gran Santa Fe, en situaciones vinculadas con conflictos con la ley penal.
De ese universo, 582 son considerados adolescentes punibles y el 42 por ciento estuvo vinculado con delitos contra la propiedad. La incorporación de una nueva franja etaria al sistema penal amenaza, entonces, con incrementar de manera significativa la cantidad de causas.
El temor es que ese crecimiento termine impactando sobre fiscalías, defensorías, juzgados y dispositivos de alojamiento que ya funcionan con recursos limitados. Para Campana, el riesgo es evidente: que la reforma termine traducida simplemente en "más expedientes y más chicos" dentro de una estructura que puede quedar rápidamente saturada. Y cuando el sistema se satura, advierte, los discursos sobre especialización y tratamiento diferenciado pueden comenzar a chocar con la realidad cotidiana.
"Se necesita una estructura que no existe hoy en día", sostiene. Ante esa ausencia, teme que los adolescentes reciban un trato cada vez más parecido al de los adultos, más allá de las declaraciones oficiales que aseguren que serán tratados de acuerdo con su edad.
El problema aparece, para él, de manera especialmente clara cuando faltan lugares de alojamiento. Si los dispositivos destinados a adolescentes están saturados, plantea, no necesariamente se optará por dejarlos en libertad. La respuesta histórica del sistema puede ser otra: "Ponelo ahí, acercarlo ahí, que no tenga contacto, pero ponelo ahí en esa celda".
Campana sostiene que esa clase de situaciones "ha ocurrido históricamente" y que tiende a repetirse cuando los recursos no alcanzan. Algo similar puede suceder con los operadores judiciales.
El nuevo sistema establece la intervención de fiscales y defensores especializados como principio, pero también contempla qué ocurre cuando no hay disponibilidad de esos funcionarios. En esos casos, explica Campana, se puede recurrir a otros fiscales o defensores.
"No me lo estoy inventando", aclara. Es una posibilidad que está contemplada en el propio código. Para él, allí aparece una de las mayores contradicciones de la reforma.
El principio de especialización es uno de los principios rectores de la justicia penal juvenil, porque todas las personas que intervienen en un proceso que involucra a niños, niñas y adolescentes deberían estar preparadas para comprender sus características, su situación y las leyes específicas que regulan sus derechos.
"No es un principio cualquiera", enfatiza Campana. Y, a su juicio, será precisamente ese principio el que más riesgo corre durante la implementación del nuevo régimen. "El principio de especialidad yo creo que es el que más va a estar violentado durante la implementación de este nuevo régimen", sostiene.
Alternativas al encierro, pero ¿para quiénes?
La discusión no termina, sin embargo, en el encierro. La nueva legislación contempla diferentes respuestas que no necesariamente implican una pena de prisión. Entre ellas aparecen medidas y penas que buscan sustituir o evitar, en determinados casos, la privación de libertad. La propia Ley 27.801 establece distintas alternativas y modalidades, y dispone que las penas privativas de libertad pueden cumplirse bajo diferentes formas, entre ellas el domicilio, institutos abiertos y establecimientos especializados.
En principio, esas alternativas podrían presentarse como una forma de limitar el uso de la privación de libertad. Pero Campana advierte que tampoco esas medidas son necesariamente neutrales. Su aplicación puede variar profundamente según las condiciones sociales de cada adolescente.
El riesgo, entonces, es que las llamadas penas alternativas terminen reproduciendo las mismas desigualdades que atraviesan a la justicia penal tradicional. Campana encuentra un ejemplo en la justicia de adultos.
Recuerda que existen situaciones en las que una persona acusada de delitos gravísimos puede acceder a una fianza de enorme valor económico sin que nadie se pregunte necesariamente de dónde proviene ese dinero.
En cambio, alguien acusado de robar una moto puede pasar dos años en prisión preventiva porque no tiene capacidad para pagar una fianza o porque carece de un domicilio que le permita acreditar arraigo.
"¿La justicia es clasista?", plantea. Y responde desde su experiencia: "La justicia es clasista, la justicia penal aún más, es selectiva". Según su mirada, ese mismo mecanismo puede reproducirse con los adolescentes alcanzados por el nuevo régimen.
Las condiciones económicas, familiares y territoriales van a determinar, en buena medida, qué tipo de respuesta podrá recibir cada uno. Campana anticipa que el nuevo sistema estará dirigido especialmente hacia los jóvenes de los barrios populares. Allí, las posibilidades de acceder a determinadas respuestas alternativas pueden ser mucho más reducidas.
Si no existen recursos para reparar económicamente un daño, si no hay condiciones familiares o habitacionales que permitan cumplir determinadas obligaciones o si no existen otros soportes sociales, las alternativas al encierro pueden desaparecer en la práctica.
"No va a haber posibilidad de respuesta, reparación de daño", sostiene. Y, ante esa falta de posibilidades, lo más probable, según su pronóstico, es que se termine recurriendo "a otro tipo de medida de restricción de la libertad". Así, incluso aquellas herramientas que en el diseño del nuevo sistema aparecen como alternativas al castigo más duro pueden terminar atravesadas por la desigualdad.
El problema, para Campana, no es solamente qué dice la ley, sino quiénes estarán en condiciones reales de beneficiarse de las posibilidades que la ley ofrece y quiénes, por su origen social y territorial, quedarán más expuestos a la respuesta punitiva.
El Estado llega demasiado tarde
Para Campana, sin embargo, la discusión sobre el sistema penal comienza demasiado tarde. El Estado interviene cuando el conflicto ya ocurrió, cuando el adolescente ya está frente a un juez o un fiscal y el daño ya fue producido.
La verdadera discusión debería ubicarse mucho antes: en todo aquello que el Estado podría hacer para evitar que un niño o un adolescente llegue a ese punto. La primera obligación, sostiene, es garantizar derechos básicos. Que todos los niños estén escolarizados, que tengan la posibilidad de alimentarse adecuadamente y que cuenten con una vivienda.
Pero también considera necesario intervenir sobre otros factores que forman parte del escenario de violencia y delito y que, a su juicio, rara vez aparecen en el debate público. Uno de ellos es el acceso a las armas.
Campana se pregunta cómo es posible que tantas armas circulen en los barrios y cuestiona que esa cuestión no ocupe un lugar central en las políticas de seguridad. "Cualquiera de nosotros quiere un arma, va y la consigue", afirma.
Algo similar plantea respecto de las sustancias ilegales: nadie parece preguntarse, dice, cómo continúan circulando en los barrios con tanta facilidad. Son, para él, cuestiones estructurales de cualquier política seria de combate al delito que no se están abordando.
En cambio, resulta mucho más sencillo señalar a un adolescente que aparece con un arma en la mano que preguntarse cómo ese chico, con apenas 14 años, pudo acceder a ella. "Es muy fácil caerle a un pibito que tiene un arma en la mano y nadie pregunta cómo hizo para acceder con 14 años a un arma", sostiene.
La prevención, entonces, no puede comenzar cuando el adolescente ya está dentro del sistema penal. Tiene que empezar mucho antes, construyendo condiciones que permitan que esos jóvenes tengan "otro destino" y, sobre todo, puedan imaginarlo.
Campana habla de la necesidad de que puedan tener un proyecto de vida, de que exista la posibilidad concreta de vislumbrar un futuro diferente. No alcanza, dice, con pedirles que se alejen de los circuitos delictivos si la sociedad y el Estado no les ofrecen alternativas reales. "Les tenemos que realmente mostrar que hay proyectos de vida donde pueden construir su identidad", plantea.
Se trata de generar otros caminos posibles, otras formas de construir una identidad y una vida por fuera de los circuitos delictivos que, advierte, muchas veces terminan conduciendo a dos destinos recurrentes: "la muerte o el encierro". Ese planteo vuelve especialmente compleja la discusión sobre los hechos violentos que involucran a adolescentes.
En los últimos tiempos, distintos episodios ocurridos en Santa Fe instalaron con fuerza una frase repetida por medios de comunicación y por algunos especialistas: si un chico de 14 años tiene capacidad para cometer un homicidio, un robo violento o un secuestro, también debería tener capacidad para responder penalmente por lo que hizo.
Campana considera que esa forma de argumentar construye un discurso profundamente simplificador. Lo define como un discurso que se instala apelando a la indignación y al dolor social. Frases como "delito de adulto, pena de adulto", sostiene, son "barbaridades" que buscan interpelar la emotividad negativa de una sociedad que está cansada y golpeada.
No desconoce ese cansancio. Al contrario, reconoce que las personas viven con miedo, temen que en cualquier momento puedan sufrir un hecho que afecte sus vidas o sus bienes. Precisamente por eso entiende que la discusión es tan difícil. "Es muy difícil ingresar en esa discusión porque justamente se apela a esas emociones negativas en un marco en que la gente está muy cansada y muy golpeada", explica.
Frente a esa situación, su respuesta no pretende negar la gravedad de los delitos ni relativizar el sufrimiento de las víctimas. Lo que cuestiona es que la prisión aparezca como una solución capaz de resolver aquello que produjo el delito. "Esto no es una respuesta que vaya a traer buenos resultados", sostiene. Y anticipa que la experiencia terminará demostrando las consecuencias de esa decisión.
Cuando el castigo se convierte en venganza
Porque si el único objetivo es que un adolescente permanezca encerrado durante 15 años, entonces, dice Campana, ya no se está hablando de una política orientada a resolver el problema. Se está hablando de venganza. "Va a ser que por lo menos que esté 15 años preso y listo. Eso es venganza", afirma.
El desafío, para él, es otro: encontrar respuestas que permitan evitar que esos hechos ocurran. La diferencia parece sencilla, pero cambia por completo el sentido de la intervención estatal. Cuando el adolescente ya está sentado frente a un juez y a un fiscal, el hecho ocurrió. El daño ya está producido. Ninguna pena puede volver atrás aquello que sucedió.
Y Campana cuestiona, además, una de las premisas sobre las que suele construirse el discurso punitivo: la idea de que un adolescente dejará de cometer un delito por miedo a terminar preso. "Ningún pibe se va a detener por el temor a que lo metan preso, porque eso no ocurre", sostiene.
Por eso, la pregunta que debería orientar las políticas públicas no es cuánto castigar después, sino qué hacer antes para intentar que el delito no suceda. "Tenemos que buscar otro tipo de soluciones para tratar e intentar que esos hechos no ocurran", plantea. Una vez que acontecieron, advierte, "son irrevertibles".
En esa tensión entre castigo y prevención aparece también la dimensión colectiva de la discusión. La preocupación por la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil llevó a organizaciones sociales, sindicales y trabajadores y trabajadoras vinculados con estas problemáticas a reunirse en una asamblea.
De ese encuentro surgió una primera iniciativa: hacer visible el debate y las inquietudes que genera la puesta en marcha del nuevo sistema.
El próximo lunes, a las cinco de la tarde, realizarán una radio abierta en Plaza San Martín. La propuesta busca que diferentes voces puedan expresarse sobre la nueva normativa y, al mismo tiempo, comenzar a discutir alternativas desde los sectores sociales y laborales que vienen siguiendo de cerca la situación.
No se trata, explica Campana, de esperar a que los problemas aparezcan para recién entonces reaccionar. La intención es comenzar a discutirlos ante la implementación del nuevo régimen y construir respuestas desde esos espacios. La radio abierta será, en ese sentido, una primera forma de intervención pública frente a una reforma que Campana observa con preocupación.
Allí confluirán trabajadores, organizaciones sociales y sindicales y otros sectores que comparten la inquietud por las consecuencias que puede tener el descenso de la edad de punibilidad.
Su diagnóstico, a lo largo de toda la discusión, vuelve una y otra vez al mismo punto: el sistema penal llega cuando ya es demasiado tarde. Puede castigar, encerrar y administrar expedientes, pero difícilmente pueda reparar las condiciones sociales que precedieron al delito.
Para Campana, si el Estado quiere reducir realmente la violencia y evitar que más adolescentes terminen dentro de los circuitos delictivos, debe intervenir antes. Garantizar escuela, alimentación, vivienda, acceso a derechos, limitar la circulación de armas y sustancias ilegales y, sobre todo, construir posibilidades concretas para que un adolescente pueda imaginar un futuro diferente.
La alternativa al delito, en su mirada, no puede ser únicamente la cárcel. Tiene que existir antes de ella.
Pero el debate sobre la ampliación del sistema penal hacia los adolescentes no queda solamente en las discusiones jurídicas, las estadísticas o las advertencias de quienes trabajan en el área. También aparece en escenas concretas, en episodios ocurridos en la calle que permiten dimensionar qué significa, en la práctica, el contacto entre los adolescentes y las fuerzas de seguridad.
Una mujer compartió, hacia el final de la emisión de Señales, el relato de una situación que presenció de manera casual y que definió como un "despliegue policial irregular en contra de un menor".
Contó que el domingo 30 de agosto, alrededor de las 13, caminaba por la esquina de España y Mendoza cuando se encontró con un importante operativo policial. En medio del despliegue había un adolescente, "cabizbajo", según describió, visiblemente atemorizado y en estado de shock y pánico frente a la cantidad de efectivos y vehículos que lo rodeaban.
La escena llamó su atención. Se acercó y preguntó quién estaba a cargo del procedimiento. Un hombre identificado como Dávila se presentó como responsable. Ella quiso saber entonces por qué había semejante operativo si solamente había un menor en el centro de la escena. La primera explicación que recibió fue que estaba equivocada: según el responsable, los efectivos se encontraban allí para cargar las motos.
La respuesta no le resultó convincente. Señaló que en ese lugar no había ningún sitio destinado a cargar combustible, sino solamente una esquina y una panadería.
Además, había una cantidad considerable de recursos policiales desplegados: aproximadamente diez motos, tres móviles y una camioneta. Todos estaban, según su relato, rodeando al adolescente. La mujer volvió a preguntar por qué entonces se estaba reteniendo al menor. La explicación cambió.
Esta vez le dijeron que había ocurrido un error: los policías habían creído que el adolescente llevaba un arma y, en realidad, tenía un teléfono celular. Ella observó entonces al joven y comprobó que del bolsillo de su pantalón asomaba parte de un celular. La escena le resultó particularmente difícil de comprender.
"Es insólito que un policía, justamente un policía, pueda distinguir entre un celular y un arma, y un revólver", sostuvo en su testimonio. Pero, pese a que aparentemente se había establecido que el adolescente no llevaba un arma, los efectivos continuaban reteniéndolo.
La mujer decidió quedarse en el lugar. Observó que los policías seguían comunicándose entre ellos y comenzó a filmar la situación. Fue entonces, según relató, cuando el operativo empezó a desarmarse.
Las motos comenzaron a retirarse. Los móviles hicieron lo mismo. Antes de marcharse, contó, algunos efectivos se burlaron de ella y se rieron en su cara. Una de las policías, afirmó, llegó incluso a insultarla antes de retirarse.
El adolescente finalmente quedó libre. La mujer aseguró que nunca logró saber cuál había sido realmente el objetivo de la policía al retenerlo. Lo que sí hizo fue presentar una denuncia ante Asuntos Internos de la Policía. Su relato no terminó, sin embargo, en la denuncia.
Lo convirtió también en un llamado a la sociedad para que este tipo de situaciones no pasen inadvertidas. Pidió que las personas se involucren, que intervengan, que pregunten y que filmen cuando sean testigos de procedimientos que consideren irregulares. "Que quede todo registrado", reclamó.
Su preocupación adquiere otra dimensión en el contexto de la discusión sobre el nuevo Régimen Penal Juvenil. La mujer pidió que su experiencia pudiera difundirse y trascender las fronteras de la provincia para que se conozca lo que, según su denuncia, está ocurriendo con los menores y adolescentes en Santa Fe.
"Todos tenemos un menor y un adolescente en casa y está en peligro", afirmó.
Su conclusión fue también un llamado a la participación colectiva: "Seamos comprometidos, porque si no nos defendemos entre nosotros no nos defiende nadie".
Entre la ley y la calle
En su relato aparecen, condensadas en una escena de pocos minutos, varias de las preocupaciones que Campana había planteado durante la entrevista: la relación entre los adolescentes y la policía, el riesgo de intervenciones desproporcionadas, la ausencia de una fuerza especializada y la posibilidad de que el nuevo escenario penal exponga a chicos cada vez más jóvenes a circuitos de control y vigilancia.
La mujer fue todavía más lejos y cuestionó el funcionamiento de la fuerza de seguridad en la ciudad y en la provincia. A su entender, la policía "no está actuando como debe actuar" y está llevando adelante procedimientos que terminan poniendo en riesgo a los propios menores.
La escena que describió ocurrió antes de que el adolescente ingresara formalmente en cualquier circuito judicial. No hubo, en su relato, un juez, un fiscal ni una sentencia.
Hubo primero una esquina, un adolescente rodeado por efectivos, explicaciones contradictorias y una intervención policial que, según la testigo, terminó sin que quedara claro por qué había comenzado. Ese episodio permite volver al centro de la discusión.
La ampliación del sistema penal juvenil no implica solamente modificar una edad en una ley. También significa ampliar las posibilidades de contacto entre el Estado, las fuerzas de seguridad y adolescentes que hasta ahora permanecían fuera de determinados circuitos punitivos.
Entre la letra de una norma y lo que sucede en una esquina puede existir una distancia enorme. Y es precisamente en esa distancia donde se juega buena parte de la discusión que atraviesa a Santa Fe: qué tipo de Estado interviene, con qué recursos, con qué formación, bajo qué controles y, sobre todo, qué sucede con los adolescentes cuando el primer contacto que tienen con las instituciones públicas no es la escuela, un centro de salud, una política social o un espacio de acompañamiento, sino un operativo policial.
El nuevo régimen ya está vigente. La discusión que queda abierta es qué hará la sociedad con ese nuevo escenario y qué respuesta elegirá el Estado frente a los adolescentes: si llegará después del conflicto para castigar o si será capaz de intervenir mucho antes, cuando todavía existe la posibilidad de construir otro camino.
Actualización: El gobierno reglamentó la Ley y la publicó en el Boletín Oficial
Escuchá la entrevista completa:
Ver anteriores: Entre la ley y la vida: la Iglesia reclama prevención y educación antes de bajar la edad de punibilidad, Sin Estado, los pibes terminan en el posgrado del delito, advierte Esteban Paulón
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