Jujuy: operativo federal, orden de Lijo y denuncia de Bullrich en una detención cuestionada

Franco Oscari, integrante del MNCI, fue detenido en un operativo de la Policía Federal en Palma Sola que su defensa y organizaciones sociales denuncian como desproporcionado e irregular. La causa, impulsada por una denuncia por supuestas amenazas, se inscribe en un escenario más amplio de disputas territoriales, avance extractivo y criminalización de la protesta campesina en Jujuy

Franco Oscari, joven campesino del paraje Las Goteras, en la zona rural de Palma Sola, Jujuy, e integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), quedó detenido tras un operativo de la Policía Federal que, según su defensa y organizaciones sociales, se ejecutó de madrugada, con un despliegue considerado desproporcionado y en el marco de una causa judicial ordenada por el juez Ariel Lijo a partir de una denuncia por presuntas amenazas impulsada por la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

El caso se inscribe en un escenario más amplio de conflictividad territorial en el norte jujeño, donde comunidades campesinas vienen sosteniendo disputas por la tierra frente al avance de proyectos extractivos y decisiones judiciales que, de acuerdo con el MNCI, en varios momentos habían resultado favorables a las familias del lugar. En ese contexto, la detención de Oscari fue leída por su entorno como un nuevo episodio de criminalización de la protesta rural. Mientras tanto, el joven permanece privado de su libertad en dependencias federales de San Salvador de Jujuy, a la espera de ser indagado, mientras su defensa reclama su liberación inmediata y cuestiona la legalidad del procedimiento.

En las horas posteriores a la detención se reconstruyó también un recorrido previo que sumó desconcierto: el traslado incluyó una parada en Tucumán que interrumpió el recorrido inicial, obligando luego a su retorno a Jujuy, en una secuencia que su entorno describe como confusa y sin información clara sobre los motivos del operativo.

Desde el lugar de detención en el que se encontraba en ese momento, el propio Oscari se presentó como "Franco Matías Javier Oscari" y relató que estaba alojado en la unidad federal de San Salvador de Jujuy, donde permanecía detenido por una denuncia que lo acusaba, según sus palabras, de supuestas amenazas contra Patricia Bullrich. En ese mismo mensaje, se definió como un "preso político" y apeló a la solidaridad pública, pidiendo empatía y apoyo para su liberación. Se describió a sí mismo como una persona de campo dedicada al trabajo rural y a la defensa de la soberanía ambiental, tanto en su vida personal como comunitaria, y reclamó de manera directa que "aboguen por su libertad".

Un operativo de madrugada en un paraje aislado
El joven también reconstruyó su origen territorial para contextualizar la situación: Las Goteras, explicó, es un paraje ubicado a unos 50 kilómetros de Palma Sola, en una zona de difícil acceso, donde el camino puede demandar alrededor de dos horas de recorrido campo adentro. Allí, según detalló, efectivos policiales llegaron específicamente para detenerlo. En ese mismo relato describió su vida cotidiana ligada a la producción agrícola y ganadera: el cultivo de papas, cebollas y ajo, la reciente cosecha de maíz, la crianza de chanchos, ovejas y vacas, la producción de leche y la recolección de miel en algunos casos. También mencionó su intento de volver a emprender una quinta junto a socios del territorio, en una economía de subsistencia atravesada por el trabajo familiar y comunitario. A ello sumó su trayectoria formativa, como exalumno de la Escuela Campesina de Santiago del Estero, su pertenencia histórica al MOCASE y su participación en la organización Tierra Fértil.

La reconstrucción del operativo aportada por su defensa profundiza el contraste entre ese mundo rural y el despliegue policial. La abogada María José Castillo describió que el 23 de junio, a las cinco de la madrugada, cuando todavía no había amanecido, personal de la Policía Federal ingresó al paraje Las Goteras mediante un allanamiento que calificó de violento. Según su relato, la irrupción incluyó el ingreso a la vivienda familiar, la reducción de las personas presentes —tiradas al piso durante el procedimiento—, el secuestro de teléfonos celulares y la detención de Oscari sin notificación previa ni explicación clara del motivo del operativo. La familia, sostuvo, se encontraba en un estado de absoluto desconcierto y temor ante una intervención que no había sido anticipada.

Castillo remarcó además la complejidad geográfica del territorio: para llegar a Las Goteras es necesario atravesar alrededor de 17 arroyos, en un paraje profundamente aislado, cercano al límite con la provincia de Salta, donde la presencia campesina convive con múltiples disputas por la tierra. En ese mismo lugar, señaló, la familia de Oscari atraviesa un conflicto territorial abierto. En ese marco, agregó un dato que suma dimensión al contexto: la madre del detenido había firmado el 17 de abril un amparo ambiental colectivo contra una empresa minera que extrae cobre en la zona de Palma Sola, actividad que, según denuncian, estaría generando daño sobre el bosque nativo.

La acusación judicial y el origen de la causa

Fue recién después de varias horas de incertidumbre, continuó la abogada, que lograron conocer el origen formal de la causa: una investigación radicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el juzgado del juez Ariel Lijo, vinculada a una denuncia de Patricia Bullrich por supuestas amenazas realizadas por Oscari a través de la red social Facebook. Para la defensa, ese encuadre resulta no solo llamativo sino "totalmente irregular y arbitrario", al considerar que la expresión en redes sociales no puede justificar una detención. En esa línea, sostuvo que una acusación por amenazas no debería implicar la privación de la libertad y cuestionó la validez del procedimiento desde su inicio.

Mientras la causa avanza en sede federal, Oscari continúa detenido en dependencias de la Policía Federal en Jujuy, a la espera de ser indagado. Su defensa insiste en que se trata de una detención injustificada y exige su liberación inmediata, en un caso que, entre el aislamiento del territorio, las disputas por la tierra y la intervención judicial a distancia, vuelve a poner en primer plano las tensiones entre criminalización, protesta rural y derechos en el norte argentino.

Gloria Mamani es una de las referentes campesinas e indígenas de la provincia de Jujuy. Integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) y articulada también con la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo –Vía Campesina–, su voz se inscribe en una trama más amplia de organizaciones rurales que en el norte argentino sostienen la defensa de la tierra, la soberanía alimentaria y los territorios comunitarios frente al avance del agronegocio, los proyectos extractivos y los intentos de desalojo. Productora rural de la zona de Palma Sola, Mamani forma parte de esas redes que, desde hace años, denuncian que los conflictos territoriales en Jujuy no son hechos aislados sino expresiones de una disputa estructural por el control de la tierra.

En ese contexto, la detención de Franco Oscari volvió a colocar en primer plano esas tensiones. Mamani lo define en Señales como un compañero del movimiento, un joven militante formado desde muy temprano en la militancia campesina, convencido —según su caracterización— de la soberanía alimentaria y de la necesidad de una reforma agraria integral y popular. Su recorrido, recuerda, incluye su paso por la Escuela Campesina de Santiago del Estero, en Quimilí, su participación en escuelas de memoria histórica, en campamentos latinoamericanos de jóvenes y en espacios internacionales vinculados a la CLOC y a la Vía Campesina. Ese trayecto político, sostiene, lo ubica dentro de una generación que articula la defensa del territorio con una lectura crítica del modelo económico vigente, al que describe como neoliberal y hostil hacia las comunidades rurales.

Minería, ambiente y conflicto territorial

Desde esa perspectiva, Mamani encuadra la detención de Oscari no como un hecho aislado, sino como parte de una conflictividad más profunda. En su lectura, el avance sobre los territorios campesinos se expresa en múltiples dimensiones: la presión del agronegocio, la expansión de proyectos mineros y los conflictos judiciales que, en reiteradas ocasiones, derivan en intentos de desalojo o en procesos de criminalización. "El agronegocio nos quiere despojar de nuestros lugares, de nuestros territorios donde producimos alimento", resume en su intervención, donde también subraya que, pese a las dificultades, las comunidades continúan produciendo alimentos y sosteniendo la vida rural.

En ese contexto, reconstruye el momento de la detención como un episodio de extrema violencia institucional. Según su relato, la irrupción policial se produjo el 23 de junio durante la madrugada, cuando Oscari se encontraba descansando junto a su familia en Las Goteras. La operación, afirma, no solo implicó el ingreso sorpresivo a un territorio aislado, sino también el impacto emocional inmediato sobre su entorno familiar. La escena, tal como la describe, fue vivida como "horrorosa" por la familia, en especial por la madre del joven, cuya salud se vio afectada por la incertidumbre sobre su paradero.

Uno de los ejes que Mamani enfatiza es la falta de información durante las primeras horas posteriores a la detención. Habla de una situación de "desaparición" en términos de desconcierto y ausencia de datos oficiales, en la que ni la familia ni las abogadas contaban con información clara sobre dónde había sido trasladado Oscari. Esa incertidumbre, relata, se extendió durante horas en las que incluso la madre del detenido debió ser contenida por descompensaciones reiteradas, mientras el entorno intentaba sostenerla sin respuestas concretas.

La dirigente campesina detalla además lo que considera múltiples irregularidades en el procedimiento: el ingreso nocturno sin información previa suficiente, la falta de comunicación inmediata sobre los motivos de la detención, la ausencia de notificación formal a la defensa en tiempo real y el traslado del joven sin aviso a su familia. Incluso menciona una situación posterior en la que, pese a que se habían acercado alimentos y pertenencias a la dependencia policial en San Salvador de Jujuy, se informó a los allegados que Oscari "estaba bien" y que no necesitaba nada, mientras en realidad ya había sido trasladado sin que su entorno lo supiera.

La secuencia se vuelve aún más confusa cuando, según su reconstrucción, la familia recién tomó conocimiento de la ausencia del detenido al momento de la visita formal, el jueves a las 14 horas. Para entonces, Oscari ya no se encontraba en la dependencia, sin que la defensa ni los familiares hubieran sido notificados de un traslado que incluso llegó a incluir su desplazamiento hacia Buenos Aires. Esa situación fue parcialmente revertida tras presentaciones judiciales de la defensa, que lograron frenar el avance del traslado, aunque la incertidumbre persistió en los días posteriores, con movimientos posteriores entre jurisdicciones que no siempre fueron informados de manera clara.

Traslados, incomunicación y un recorrido confuso
Mamani sostiene que todas estas decisiones se inscriben en resoluciones vinculadas al juez Ariel Lijo, quien habría ordenado el curso de la causa y, según la interpretación de la defensa, también el retorno del detenido a Jujuy tras las presentaciones judiciales. Sin embargo, advierte que incluso con esas resoluciones, la situación continuó siendo inestable, con traslados y reubicaciones que no siempre fueron debidamente comunicados, lo que profundizó la sensación de arbitrariedad.

Pero en su análisis, el caso excede lo estrictamente judicial. Mamani insiste en que no puede separarse la detención de Oscari del conflicto territorial que atraviesa Las Goteras y la zona de Palma Sola. Allí, recuerda, existía una orden de desalojo sobre las tierras donde vive la familia del joven, que había sido recientemente frenada por una presentación judicial que derivó en un fallo favorable para las comunidades el lunes 22, apenas un día antes de la detención.

A ese escenario se suma la dimensión ambiental del conflicto. La dirigente señala que la madre de Oscari forma parte de un amparo ambiental colectivo presentado el 17 de abril contra una empresa minera que explota cobre en las serranías de Santa Bárbara, bajo la razón social Mom Mining. Según su relato, se trata de un emprendimiento cuestionado por organizaciones locales por su impacto sobre el bosque nativo, en una zona donde —afirman— existen áreas clasificadas como protegidas en el ordenamiento territorial. También advierte que el avance minero ha llegado a regiones antes no intervenidas, ampliando el alcance de la explotación hacia zonas bajas de la provincia.

A la luz de ese contexto, las comunidades de Palma Sola sostienen que el proceso de autorización del proyecto presenta irregularidades, que no hubo consulta previa a los habitantes y que el emprendimiento se desarrolla en territorios ambientalmente sensibles. Para Mamani, este conjunto de factores permite comprender la detención de Oscari no solo como una acusación por supuestas amenazas en redes sociales, sino como parte de una disputa más amplia en la que convergen intereses económicos, judiciales y territoriales.

Así, la referente campesina cierra su intervención volviendo sobre esa idea central: que lo que está en juego en Las Goteras y en Palma Sola no es únicamente un conflicto puntual, sino la continuidad de un modo de vida campesino frente a procesos de concentración de la tierra y expansión extractiva que, según su mirada, amenazan tanto la producción de alimentos como la permanencia de las comunidades en sus territorios.

La mirada del MNCI: criminalización y modelo extractivo
Gloria Mamani vuelve a hablar desde la urgencia y la bronca contenida de quienes, desde hace años, sostienen la vida campesina en el norte jujeño mientras observan cómo los conflictos por la tierra se multiplican, se judicializan y, cada vez más, derivan en lo que describe como un proceso de criminalización sistemática de las comunidades indígenas y campesinas. Integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) y articulada con la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo –Vía Campesina–, la referente de Palma Sola enmarca la detención de Franco Oscari en ese entramado más amplio de disputa territorial, avance extractivo y presión sobre quienes producen alimentos en condiciones cada vez más adversas.

Para Mamani, lo que ocurre no es un hecho aislado sino la expresión de un proceso sostenido. Habla de criminalización cuando las comunidades reclaman por su propio territorio y lo vincula con una serie de agresiones cotidianas que, según describe, se han intensificado con el tiempo. Recuerda la exposición constante a fumigaciones con agrotóxicos en zonas rurales y periurbanas, incluso más allá de las temporadas tradicionales de aplicación. Antes, señala, los venenos se esparcían principalmente en verano, pero hoy —con la humedad y las variaciones climáticas— las fumigaciones se extienden durante todo el año, incluso en invierno, con el objetivo de acelerar procesos de secado para la cosecha. Esa dinámica, afirma, se traduce en un impacto directo sobre la salud, la producción y la vida de las familias campesinas.

La dirigente sostiene que, pese a haber obtenido fallos favorables en materia ambiental —incluso a nivel de la Corte Suprema en instancias previas de litigio cuando en la provincia no encontraban respuestas—, esas resoluciones no se cumplen en el territorio. Denuncia que las comunidades siguen siendo afectadas por las fumigaciones, que las plantas se pierden, que los animales enferman o mueren, y que incluso se registran ataques directos contra el ganado. En su relato, la violencia no es solo institucional o judicial, sino también material y cotidiana, en un entorno donde la producción de alimentos se vuelve cada vez más difícil de sostener.

Territorio, vigilancia y denuncias de persecución en zonas rurales

En esa trama, la figura de Franco Oscari aparece nuevamente como parte de una generación militante que, según Mamani, se organiza para defender el territorio frente a ese avance. La referente retoma la idea de que su detención no puede entenderse sin el contexto de Las Goteras y Palma Sola, una zona de difícil acceso donde la geografía misma condiciona la vida diaria. Describe un territorio atravesado por arroyos, con pasos que requieren cruzar hasta 17 veces cursos de agua, con grandes rocas y caminos que en épocas de lluvia se vuelven intransitables. En esos períodos, explica, el acceso solo es posible a caballo o caminando, lo que profundiza el aislamiento de las familias que viven allí.

Sin embargo, contrasta esa dificultad estructural con la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad, que —según su relato— lograron ingresar de madrugada al paraje en un operativo que no sería un hecho aislado. Mamani menciona antecedentes recientes de presencia de camionetas sin identificación en la zona, en las que inicialmente se presentaron como personal de la Policía Federal y luego como supuestos trabajadores de un censo agropecuario. Esos episodios, ocurridos aproximadamente un mes o mes y medio antes de la detención, son interpretados por ella como parte de un patrón de vigilancia y hostigamiento previo.

En su testimonio, la dirigente insiste en que esta secuencia configura un escenario de persecución creciente sobre las familias campesinas. En ese sentido, retoma el caso de Oscari para subrayar el impacto humano de los traslados y la falta de información durante el proceso judicial. Según reconstruye, el joven fue movido entre distintas jurisdicciones -Jujuy, Tucumán y luego Salta Capital- sin notificación clara a su defensa ni a su familia, lo que generó desconcierto y angustia tanto en él como en su entorno. Mamani relata que, en una comunicación reciente, Oscari se encontraba emocionalmente afectado, desorientado por los traslados y por la incertidumbre sobre su situación procesal, lo que también impactó en su familia directa.

Detención, traslados y denuncia de arbitrariedad
En ese contexto, la abogada del caso habría confirmado que el joven se encuentra actualmente detenido en dependencias de la Policía Federal en la ciudad de Salta. Para Mamani, esta situación profundiza la sensación de arbitrariedad, no solo por los cambios de lugar, sino también por las condiciones en las que se producen, con incomunicaciones temporales y falta de información clara sobre su paradero.

El propio Movimiento Nacional Campesino Indígena difundió un comunicado en el que advierte que Oscari permanece detenido en la delegación de la Policía Federal en Salta Capital, un edificio que además tiene una carga histórica particular: allí funcionó un centro clandestino de detención y tortura durante la última dictadura cívico-militar, reconocido como sitio de memoria desde 2012. El texto también señala que el joven logró comunicarse con su abogada luego de dos días de incomunicación y que, pese a la situación de traslados y tensiones, se encuentra íntegro y firme, sosteniendo —según la organización— que su detención tiene carácter político.

Desde esa misma declaración se denuncia que cada traslado implica la pérdida de pertenencias enviadas por sus compañeros y compañeras, lo que es interpretado como una forma de maltrato adicional. Aun así, el movimiento sostiene que en cada lugar por el que pasó el detenido recibió acompañamiento de organizaciones campesinas y de derechos humanos, que mantienen la exigencia de su liberación inmediata y el pedido de que la causa sea radicada en la provincia de Jujuy, y no en Buenos Aires, como parte de una disputa más amplia sobre la jurisdicción y el tratamiento judicial del caso.

A partir de allí, la Coordinadora por la Libertad de Franco Oscari refuerza el reclamo con un mensaje político más directo, en el que denuncia lo que considera un accionar desproporcionado del Estado y exige el cese de lo que describe como prácticas de amedrentamiento y ensañamiento. El cierre de esa posición colectiva resume la consigna que atraviesa toda la disputa: la exigencia de "libertad ya" para Oscari y el rechazo a la intervención de las autoridades nacionales en los territorios campesinos de Jujuy.

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Juicio al veneno en Pergamino: el fallo que reconoció la contaminación pero absolvió a los acusados

El histórico juicio por las fumigaciones con agrotóxicos en Pergamino terminó con la absolución de productores rurales, un ingeniero agrónomo y un aplicador, mientras dos funcionarios municipales fueron condenados por no controlar las pulverizaciones. Las víctimas sostienen que el propio fallo reconoce la contaminación y los daños a la salud, pero deja sin responsables penales a quienes señalan como causantes. Ahora preparan la apelación

Cuando terminó la lectura del veredicto en el Tribunal Oral Federal N.º 2 de Rosario, Sabrina Ortiz no habló de derrota. Habló de veneno. "Nuestros cuerpos tienen veneno", dijo pocas horas después de conocer una sentencia que absolvió a los productores acusados de contaminación ambiental, condenó a dos funcionarios municipales por no controlar las fumigaciones y dejó abierta una discusión que promete continuar en instancias superiores.

El Tribunal Oral Federal N.º 2 de Rosario absolvió a los siete productores agropecuarios, al ingeniero agrónomo y al aplicador acusados de contaminación ambiental, al considerar que no pudo acreditarse su responsabilidad penal en los términos que exige la ley. Al mismo tiempo, condenó a dos funcionarios municipales por incumplimiento de los deberes de funcionario público debido a la falta de controles sobre las fumigaciones.

El fallo que abrió una nueva disputa
El fallo generó fuertes cuestionamientos por parte de la querella y de las familias afectadas, que sostienen que la sentencia reconoce la existencia de contaminación y de daños a la salud, pero deja sin condena a quienes fueron acusados de provocarlos. Además, anunciaron que apelarán la decisión.

Sabrina Ortiz nació y vivió toda su vida en Pergamino, donde las tierras más fértiles del país conviven desde hace décadas con un modelo productivo atravesado por el uso intensivo de glifosato y otros agroquímicos. Hoy tiene 41 años y desde hace más de una década se convirtió en una de las principales referentes de la lucha contra las fumigaciones en esa ciudad, considerada uno de los emblemas del agronegocio argentino.

Fue ella quien, en 2018, presentó la denuncia que dio origen a esta causa como integrante del colectivo -Madres de Barrios Fumigados de Pergamino. Pero su historia comenzó mucho antes de que el expediente llegara a los tribunales. Perdió un embarazo, sufrió dos accidentes cerebrovasculares (ACV) que atribuye a la exposición a sustancias neurotóxicas y los análisis incorporados a la investigación detectaron glifosato en su organismo y en el de sus dos hijos, en concentraciones superiores a las consideradas tolerables. También denunció amenazas, atentados e incluso que un productor rural baleó a su perro. Durante años, asegura, sus reclamos no encontraron respuesta.

A fines de 2017 se recibió de abogada con un objetivo claro: defender judicialmente a las familias afectadas por las fumigaciones y sostener también su propia causa. En 2020, esa lucha obtuvo uno de sus principales resultados cuando la Justicia prohibió las aplicaciones de agroquímicos a menos de 3.000 metros de las zonas urbanas del distrito y ordenó investigar a productores rurales y funcionarios por presunta contaminación ambiental.

Nuestros cuerpos tienen veneno

Tras conocerse la sentencia, Ortiz reconoció en Señales que el resultado dejó un profundo sabor amargo, aunque aclaró que el proceso judicial todavía está lejos de terminar. "Las pruebas científicas son contundentes. Nuestros cuerpos tienen veneno. El que me envenenó fue Mario Roces, que vive frente a mi casa, y está probado", sostuvo durante una entrevista con Señales. Para ella, el fallo representa apenas una instancia dentro de un camino judicial más largo. "Sabemos que podemos doblar este veredicto. Vamos a seguir para que esto se logre y para que dejen de enfermarnos para siempre", afirmó.

La referente ambiental insistió en que la absolución no modifica las evidencias reunidas durante años de investigación. "Ha sido un sabor amargo el que nos llevamos, pero no es el final, no está todo resuelto, no es la última palabra. Sabemos que tenemos otras instancias para pelear donde vamos a esgrimir todas las razones por las cuales llevamos luchando desde hace ocho años", expresó.

Ortiz remarcó que, a su entender, la causa logró demostrar tanto la existencia de la contaminación como sus consecuencias sanitarias. "Sabemos que la contaminación está probada, sabemos que nuestros cuerpos han demostrado que esa contaminación nos ha afectado, tanto a mi familia como a toda la población que vive alrededor de los campos de los que hoy se fueron absueltos", señaló. Y advirtió que las familias afectadas no abandonarán el reclamo. "No vamos a parar hasta que esto se revierta, porque consideramos que hay pruebas que no han sido leídas."

Entre los elementos que, según sostiene, fueron desestimados por el tribunal, destacó los estudios realizados sobre los suelos del campo perteneciente a uno de los productores investigados. Explicó que las muestras obtenidas permitieron detectar la presencia de agrotóxicos en una tercera capa de profundidad, un hallazgo que, según los especialistas que participaron de la investigación, no puede atribuirse a la deriva de las fumigaciones sino a aplicaciones directas sobre ese terreno.

"Nosotros pudimos probar, a través de la recopilación científica y de la toma de muestras de la tierra, que en determinada profundidad se encontraron agrotóxicos en el campo de Rosé. Eso no se produce por la deriva, se produce por una fumigación directa en su campo", explicó.

A juicio de Ortiz, la decisión judicial evidencia una falla en la valoración de la prueba reunida durante la instrucción. Consideró que el tribunal terminó analizando el expediente exclusivamente desde una lógica penal, dejando de lado la complejidad propia de un conflicto ambiental. "Redundó un poco en que es un caso de materia penal y no de materia ambiental, pero sabemos que tiene que haber existido una falta de comprensión de todo lo que se reunió, un análisis bastante vago de lo que se viene dando durante todo este trayecto de instrucción y que no se han tenido en cuenta muchas de las certezas que hoy se han conseguido", sostuvo.

Pese al revés judicial, Ortiz aseguró que mantiene la expectativa de revertir el fallo durante la apelación. Confía en que una instancia superior valore integralmente las pruebas científicas y los estudios incorporados al expediente. "Esperamos, y sabemos que así va a ser, que en una segunda instancia esto se va a tener en cuenta y que realmente vamos a obtener la justicia que venimos persiguiendo desde hace mucho tiempo", concluyó.

La discusión jurídica detrás del veredicto

Para comprender el alcance jurídico del fallo, los fundamentos de la querella y los pasos que seguirán tras el veredicto, el abogado Carlos González Quintana analizó una sentencia que, según sostiene, deja más interrogantes que certezas.

Especializado en derecho penal y derecho ambiental, González Quintana integra el equipo jurídico que representa a las víctimas del caso Pergamino. A lo largo de los últimos años ha participado en distintos litigios vinculados con conflictos socioambientales y, en este proceso, asumió la representación de Sabrina Ortiz y de otras familias afectadas por las fumigaciones con agrotóxicos.

El abogado reconoció que la lectura del veredicto significó un fuerte impacto para la querella, no solo desde el punto de vista profesional, sino también humano. Explicó que la decisión judicial fue un golpe para quienes sostuvieron la causa durante tantos años y recordó especialmente a Sabrina Ortiz, a Alejandra y a Florencia Morales, una de las denunciantes que falleció de cáncer antes de que comenzara el juicio oral.

Según señaló, detrás del expediente existen familias que durante años "pusieron el cuerpo, la salud y, en algunos casos, la propia vida" para que la problemática llegara finalmente a ser analizada por un tribunal. Sin embargo, sostuvo que el veredicto no alcanza para borrar todo lo que quedó acreditado durante los seis meses de debate oral.

A su entender, el juicio permitió demostrar la gravedad de la contaminación que afectó al sector este de Pergamino y su impacto sobre la salud de la población. "Quedó expuesta la gravísima problemática de contaminación y de afectación a la salud que acontecía en ese sector de la ciudad como consecuencia directa de la actividad temeraria de estos productores", afirmó.

Del mismo modo, consideró que también quedó probada la ausencia de controles eficaces por parte del Estado municipal sobre las aplicaciones de agroquímicos. Para González Quintana, el proceso judicial no concluye con este fallo. "La causa no termina acá, esto es solo una instancia", remarcó. Aunque calificó el resultado como doloroso e incluso difícil de explicar desde una mirada técnica, aclaró que todavía resta conocer los fundamentos completos de la sentencia, es decir, el documento en el que los jueces explicarán las razones jurídicas de su decisión. "Claramente no se trata de un final, sino del comienzo de una nueva etapa procesal ante la Cámara de Casación, un tribunal superior encargado de revisar si el fallo aplicó correctamente la ley y estuvo debidamente fundamentado", anticipó.

¿Por qué la querella sostiene que el fallo es contradictorio?
Uno de los aspectos que, según explicó, será eje de la apelación es la aparente contradicción entre el reconocimiento de la existencia de contaminación y daños a la salud y la absolución de quienes fueron acusados de producirlos.

Para la querella, ese punto constituye el principal problema jurídico de la sentencia. "Si se reconoce la existencia de contaminación peligrosa, si se condena a funcionarios por no controlar y si se mantiene la medida cautelar, resulta muy difícil explicar por qué no hay responsabilidad penal de quienes, de manera directa y bajo un dominio material de los hechos, desarrollaron esta actividad contaminante", sostuvo. Consideró que esa contradicción deberá ser analizada en profundidad cuando el tribunal dé a conocer los fundamentos completos del fallo.

Otro de los cuestionamientos apunta al criterio utilizado para evaluar la responsabilidad penal de los productores. González Quintana explicó que la querella nunca intentó demostrar una intención deliberada de contaminar, sino acreditar que quienes desarrollaban esas actividades conocían el riesgo que implicaban y, aun así, mantuvieron el control sobre ellas.

"En los delitos ambientales de esta naturaleza no puede exigirse demostrar que el acusado tuvo la intención deliberada de contaminar (lo que en derecho se conoce como dolo directo), sino que conocía el riesgo que generaba su conducta, afirmó. Según explicó, el derecho penal ambiental contempla situaciones en las que los responsables conocen el peligro que generan sus acciones o, al menos, pueden representarse las consecuencias de su conducta. "Acá lo que había que acreditar es que hay contaminación que fue riesgosa y que los productores tenían conocimiento de ese riesgo y dominio pleno sobre esa actividad contaminante", resumió.

Desde esa perspectiva, también cuestionó la forma en que el tribunal distribuyó las responsabilidades entre los funcionarios públicos y los productores rurales. A su entender, la sentencia separó artificialmente ambos planos cuando, en realidad, estaban estrechamente vinculados.

"El tribunal parece haber separado artificialmente el incumplimiento estatal de los controles de las conductas de quienes aplicaban o disponían las fumigaciones. Para nosotros esa separación es técnicamente discutible y va a ser materia central de agravio", adelantó.

Respecto de la condena impuesta a los dos funcionarios municipales, González Quintana consideró que constituye uno de los aspectos más relevantes del fallo porque reconoce que existieron deberes concretos de control, prevención y fiscalización que fueron incumplidos.

No obstante, entiende que esa responsabilidad difícilmente pueda agotarse en dos personas. Según señaló, esos funcionarios integraban una estructura administrativa y política más amplia. "No actuaban en el vacío, formaban parte de una estructura municipal", explicó.

El abogado observó además que el propio tribunal dejó abierta la posibilidad de investigar responsabilidades superiores dentro del municipio. "Si el propio tribunal está hablando de eslabones bajos de una cadena, quiere decir que hay que investigar hacia arriba", sostuvo. Aunque aclaró que ese nunca fue el objetivo central de la querella —cuya teoría del caso siempre estuvo enfocada en la contaminación provocada por el grupo de productores investigados—, consideró que la sentencia reconoce que el problema tuvo un carácter estructural y no un hecho aislado.

"Si se ordena investigar autoridades superiores, incluida la máxima autoridad política del municipio, es porque el tribunal está advirtiendo que esa falta de control pudo haber provenido también de niveles más altos de esa cadena de responsabilidades", afirmó.

Finalmente, González Quintana volvió sobre uno de los ejes centrales del proceso: la responsabilidad de quienes ordenan, asesoran o ejecutan fumigaciones cerca de zonas pobladas. Desde su perspectiva, no es jurídicamente válido desvincularse de las consecuencias bajo el argumento de que nunca existió una intención expresa de contaminar.

"Quienes explotan, ordenan, asesoran o ejecutan actividades de pulverización con agrotóxicos en zonas sensibles no pueden desentenderse del resultado diciendo que no quisieron contaminar o que no se dieron cuenta", sostuvo. Y concluyó que el derecho penal ambiental se construye precisamente sobre la creación de riesgos y sobre el deber de cuidado que pesa sobre quienes desarrollan actividades peligrosas, especialmente cuando conocen el alcance de los daños que pueden provocar.

La ciencia que llegó al juicio
Consultado sobre el tratamiento que el tribunal dio a la abundante prueba científica presentada durante el juicio, González Quintana rechazó la idea de que ese conjunto de evidencias hubiera resultado insuficiente. Por el contrario, sostuvo que el denominado "bloque de la ciencia digna" tuvo un peso determinante para demostrar la existencia de contaminación ambiental y sus consecuencias sobre la salud de la población.

Recordó que durante el debate se incorporaron estudios de agua y de suelo que detectaron moléculas de agrotóxicos en altas concentraciones, además de los testimonios de médicos, investigadores, peritos y especialistas de distintas disciplinas que declararon a lo largo del proceso. Para el abogado, toda esa evidencia acumulada durante años permitió instalar judicialmente una discusión que trasciende el caso Pergamino.

"Los estudios que se hicieron de agua y de suelo, donde se detectaron moléculas de agrotóxicos en altísimas concentraciones, más lo que declararon los profesionales de la salud, investigadores y peritos, no hace más que corroborar y abrir, a nivel judicial, la discusión sobre la problemática de los agrotóxicos y los tremendos efectos devastadores que generan en la salud", afirmó.

Aun así, consideró que existe una contradicción difícil de explicar en la forma en que esa prueba fue valorada por el tribunal. Según señaló, los jueces incorporaron ese material científico y reconocieron su relevancia, pero al momento de analizar la responsabilidad penal de cada uno de los imputados terminaron fragmentando esa evidencia.

"Creemos que el tribunal receptó esa prueba de la ciencia digna, la incorporó y la utilizó, pero no entendemos por qué pudo haberla fragmentado a la hora de atribuir la conducta penal a cada persona acusada", expresó. Esa valoración, adelantó, será uno de los puntos centrales que la querella analizará cuando conozca los fundamentos completos de la sentencia, es decir, el documento donde los jueces explicarán por qué resolvieron de esa manera.

Pese a las absoluciones, González Quintana sostuvo que el fallo deja aspectos que considera trascendentes para futuras causas ambientales. El principal, dijo, es el reconocimiento expreso de que existió contaminación riesgosa para la salud.

Desde su perspectiva, ese reconocimiento constituye un antecedente judicial de enorme valor, incluso cuando no haya derivado en condenas para los productores imputados. "El fallo deja elementos muy relevantes a futuro", aseguró.

Entre esos aspectos destacó el reconocimiento del daño ambiental provocado por las actividades contaminantes, la confirmación del riesgo al que fueron sometidos los habitantes de la zona, el señalamiento de las omisiones estatales y el mantenimiento de las medidas cautelares de protección.

A su entender, esos elementos podrán ser utilizados en otros procesos penales, civiles y administrativos vinculados con conflictos ambientales. "En materia ambiental, cada reconocimiento judicial de la peligrosidad, de la exposición a estos riesgos y de la falta de prevención siempre va a constituir un precedente", afirmó.

Para el abogado, el eje de la discusión excede ampliamente un expediente judicial. "El ambiente sano y la salud colectiva son derechos humanos que merecenuna tutela judicial efectiva, es decir, una protección real por parte de la Justicia", sostuvo, y recordó que ese fue el horizonte que orientó desde el inicio la lucha encabezada por Sabrina Ortiz y el resto de las familias querellantes.

Lo que viene: la apelación
Respecto de los próximos pasos judiciales, explicó que la estrategia inmediata dependerá de la fundamentación escrita de la sentencia, documento que permitirá conocer en detalle los argumentos utilizados por el tribunal para arribar al veredicto.

Con ese material, señaló, el equipo jurídico elaborará los cuestionamientos jurídicos (conocidos como agravios de apelación) que presentará ante la Cámara de Casación. Sin embargo, advirtió que el recorrido judicial no terminará allí.

"Si hace falta, agotaremos todas las vías recursivas, incluso la Corte Suprema o la Corte Interamericana de Derechos Humanos", aseguró. Según explicó, el caso Pergamino excede el ámbito penal porque involucra un paradigma ambiental directamente relacionado con derechos humanos protegidos por el sistema interamericano.

Al finalizar, González Quintana dedicó un mensaje a Sabrina Ortiz y a las demás familias que impulsaron la causa durante tantos años. Después del impacto inicial provocado por el veredicto, aseguró que ninguno de los esfuerzos realizados fue en vano.

Contó que durante los últimos seis meses compartió con Ortiz el trabajo cotidiano del juicio y destacó que, además de ser víctima directa, es también una colega con quien analizaron la sentencia inmediatamente después de su lectura.

"Tomamos esto no como una derrota", resumió.

Para el abogado, el solo hecho de que el caso Pergamino llegara a un juicio oral federal ya constituye un hito histórico. Gracias a la perseverancia de las familias afectadas, dijo, la contaminación por agrotóxicos fue discutida por primera vez con esa profundidad ante un tribunal federal; además, se obtuvieron condenas para funcionarios públicos por incumplir sus deberes de control y se mantuvieron vigentes las medidas cautelares destinadas a proteger a la población.

"Creemos que la lucha de las víctimas de Pergamino no termina en este veredicto", afirmó.

Con la misma convicción, anticipó que la querella continuará el proceso con serenidad y con herramientas jurídicas. "Vamos a seguir con mucha técnica jurídica y con la misma convicción que hemos tenido a lo largo de todo este proceso, hasta que se haga justicia, hasta que se deje de fumigar y hasta que dejen de comprometer la vida de los seres humanos", expresó.

Finalmente, recordó que muchas de las personas expuestas a las fumigaciones no tienen posibilidades de abandonar los lugares donde viven y continúan conviviendo diariamente con ese riesgo. "A esa gente es a quienes nosotros tenemos el sagrado deber y compromiso de proteger, como trabajadores del derecho y como defensores de los derechos humanos", concluyó.

Un fallo que deja más preguntas que respuestas
La periodista ambiental Anabel Pomar, quien además es vecina fumigada y siguió de cerca el desarrollo del juicio, interpretó que el veredicto dejó una sensación de profunda frustración entre quienes esperaban una reparación judicial después de ocho años de espera.

Según analizó, las víctimas llegaron al juicio con la expectativa de que el tribunal reconociera responsabilidades por las consecuencias de las fumigaciones sobre la salud y el ambiente. "Esperaban que los jueces repararan con algo de justicia, para esas víctimas que tantos años están pidiendo lo mismo: que los dejen de envenenar y que los dejen de matar. Bueno, eso no sucedió", resumió.

Pomar recordó que los fundamentos completos de la sentencia recién se conocerán el 10 de agosto, aunque señaló que durante la lectura del veredicto los magistrados adelantaron algunos de los argumentos que sustentaron la absolución de los siete acusados vinculados a la actividad agropecuaria, entre propietarios rurales, ingenieros agrónomos y aplicadores de agroquímicos.

En contrapartida, destacó que las únicas condenas recayeron sobre los dos funcionarios municipales encargados de controlar las fumigaciones, quienes recibieron penas de dos años de prisión en suspenso por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Para la periodista, allí aparece una de las principales tensiones del fallo. Los jueces, señaló, reconocieron que quedó acreditada la existencia de daños en la salud de las personas, en los suelos y en el ambiente de Pergamino. Sin embargo, al mismo tiempo absolvieron a quienes estaban acusados de haber generado esa contaminación.

"Esa es la parte sobre la que todos deberíamos reflexionar", planteó. A su entender, el tribunal sostuvo que la discusión sobre quiénes deben responder por el uso de los agroquímicos excede el ámbito del proceso penal y remite a las políticas públicas y al marco regulatorio vigente, cuya responsabilidad recae sobre los distintos niveles del Estado.

Pomar advirtió que esa interpretación deja abiertas preguntas difíciles de responder para quienes conviven cotidianamente con las fumigaciones. "¿Cómo llegaron esos venenos a las personas?", se preguntó al resumir una de las contradicciones que, según entiende, deja expuesta la sentencia.

Recordó además que durante el juicio quedó acreditado que las sustancias detectadas no solo estaban presentes en los cuerpos de las personas afectadas, sino también en los suelos, en el agua de consumo y en las napas subterráneas, alcanzando incluso acuíferos que abastecen a otras regiones.

"Los tres jueces dijeron que está todo contaminado, pero que no hay personas a quienes se pueda responsabilizar penalmente por haber aplicado esos venenos", sintetizó.

Desde su mirada, esa conclusión evidencia una situación de desprotección para quienes viven en zonas expuestas a las fumigaciones. Según expresó, el Estado autoriza el uso de determinadas sustancias, los controles resultan insuficientes y, finalmente, la Justicia considera que no puede atribuir responsabilidad penal a quienes las aplican.

Entre los aspectos que rescató del fallo, destacó la decisión del tribunal de ordenar que se investiguen responsabilidades políticas superiores dentro de la estructura municipal. Recordó que durante la lectura del veredicto los jueces mencionaron expresamente la necesidad de avanzar sobre los funcionarios ubicados por encima de quienes fueron condenados, incluido el intendente.

La batalla continúa

Más allá de las absoluciones, Pomar subrayó que el fallo dejó establecido un punto que considera central para las futuras discusiones judiciales: que existió contaminación ambiental y que contaminar constituye un delito, aun cuando en esta causa no se hayan impuesto condenas por ese hecho.

También recordó que tanto la querella como el Ministerio Público Fiscal ya adelantaron que recurrirán la sentencia, por lo que el expediente continuará su recorrido en instancias superiores.

La periodista retomó además las palabras de Sabrina Ortiz, quien pocas horas después del veredicto aseguró que la resolución judicial no pondrá fin al reclamo de las familias afectadas. "Vamos a seguir, no nos van a quebrar; vamos a seguir hasta que dejen de envenenarnos", reiteró la referente de Pergamino.

En la misma línea, el abogado querellante Carlos González Quintana sostuvo que comienza ahora una nueva etapa, centrada en la elaboración de la apelación contra la sentencia. "Lo que queda ahora es meterse en un laboratorio de producción científica jurídica y, desde el lugar más frío que puede tener el ejercicio de la profesión de la abogacía, construir una pieza jurídica sólida que logre tumbar esta sentencia lamentable que hoy nos comunicó el tribunal", concluyó.

Escuchá el informe completo:

Ver también: Pergamino: el juicio que sentó en el banquillo a las fumigaciones y al Estado, Ciencia In-Sumisa: universidad pública, censura y disputa por el conocimiento

Fotos: Juan José García, para la cobertura colaborativa entre Revista Cítrica, Agencia Tierra Viva y El Ciudadano

"Lo que quieren es acallar las voces": Denuncian persecución gremial en medio de la crisis del sector nuclear

Mariano Saleh, trabajador de Atucha II y delegado gremial desde hace más de una década, enfrenta un proceso de despido y desafuero impulsado por Nucleoeléctrica Argentina. Mientras la empresa argumenta razones vinculadas a la seguridad, el dirigente sostiene en Señales que se trata de una represalia por sus denuncias contra el ajuste, la privatización y el vaciamiento de una actividad estratégica para el país

La situación del sector nuclear argentino atraviesa uno de sus momentos más conflictivos de los últimos años. En el centro de esa disputa aparece Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), la empresa estatal responsable de operar las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse, pilares de una actividad considerada estratégica tanto por su aporte a la generación eléctrica como por el desarrollo tecnológico y la formación de recursos humanos altamente especializados que demandó durante décadas.

En ese escenario se inscribe el caso de Mariano Saleh, trabajador de Atucha II desde hace más de catorce años y delegado sindical desde hace más de una década. Su trayectoria profesional se desarrolló en el área de Química y Procesos, dentro del laboratorio químico de la central. Sin embargo, en las últimas semanas su nombre quedó asociado a un conflicto que, según sostiene, excede su situación personal y expone una disputa de fondo sobre el futuro de la actividad nuclear estatal.

Saleh relata que el episodio que desencadenó el conflicto ocurrió el viernes 12, cuando intentó ingresar a la planta y el sistema de acceso le impidió entrar. En ese momento, afirma, fue notificado por el jefe de Recursos Humanos de que sobre él pesaba una medida cautelar. Según le informaron, el directorio había resuelto avanzar con su despido a partir de un sumario interno y promover un juicio de desafuero que tramita en los tribunales de Campana.

De acuerdo con la documentación que menciona, la cautelar argumenta la necesidad de resguardar la seguridad radiológica de la instalación. Sin embargo, Saleh rechaza esa fundamentación y asegura que nunca existió ninguna conducta de su parte que pusiera en riesgo la seguridad nuclear. "Nunca estuvo en cuestión ni mi profesionalismo ni la seguridad radiológica", sostiene. Por el contrario, interpreta la medida como una represalia vinculada a su actividad gremial y a sus denuncias públicas sobre lo que considera un proceso de desmantelamiento del sector.

Para el trabajador, el conflicto no puede separarse de las discusiones que atraviesan actualmente a Nucleoeléctrica. Según su mirada, existe una orientación destinada a avanzar hacia la privatización de la empresa, algo que considera inviable y perjudicial para el interés público. Argumenta que se trata de una compañía difícil de valorar económicamente debido a que administra tres centrales nucleares únicas en el país y sostiene que una eventual apertura al capital privado permitiría que los nuevos accionistas se apropien principalmente de las ganancias derivadas de la generación eléctrica, mientras el Estado asumiría los costos históricos de inversión y desarrollo.

Saleh también vincula este escenario con las transformaciones impulsadas a partir de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (Ley 27.742) que impulsó el gobierno de Javier Milei. En ese marco, cuestiona duramente el proceso político que permitió su aprobación y considera que allí se encuentra el origen de muchas de las iniciativas que hoy afectan al sector nuclear.

Junto con las críticas al rumbo de la empresa, señala un deterioro sostenido de las condiciones laborales. Afirma que los salarios de los trabajadores nucleares sufrieron una pérdida superior al 60 por ciento de su poder adquisitivo y que los reclamos realizados ante la gerencia y los sucesivos directorios no obtuvieron respuesta. Según explica, durante los últimos años pasaron cinco directorios distintos por la conducción de la empresa sin que se resolvieran los reclamos planteados por los trabajadores.

Respecto de las razones esgrimidas para justificar su despido, sostiene que el expediente disciplinario se basa en publicaciones realizadas desde su cuenta personal de la red social X, anteriormente conocida como Twitter. Considera que el sumario está "completamente amañado" y remarca que ninguna de sus expresiones cuestionó su desempeño profesional ni implicó conductas incompatibles con la responsabilidad que exige el trabajo en una central nuclear. Según explica, sus publicaciones estuvieron dirigidas a denunciar públicamente decisiones que, a su entender, afectan al sector.

Desde su perspectiva, el objetivo de la medida es aislarlo de sus compañeros y debilitar la organización sindical dentro de la empresa. Saleh interpreta que se busca enviar un mensaje disciplinador al conjunto de los trabajadores: demostrar que quienes cuestionen las políticas oficiales o levanten la voz en defensa de sus derechos pueden sufrir consecuencias laborales. "Lo que quieren es acallar las voces", afirma. Aun así, asegura que continuará reclamando judicial y sindicalmente su reincorporación.

El dirigente gremial también advierte sobre las consecuencias que, según él, tendría una eventual privatización de Nucleoeléctrica. Considera que la lógica empresarial privada tiende a reducir costos en áreas sensibles como la capacitación, el mantenimiento, la seguridad y las condiciones laborales. En una actividad de alta complejidad tecnológica y con riesgos específicos, sostiene que cualquier retroceso en esos aspectos podría afectar tanto a los trabajadores como al ambiente.

Para fundamentar su preocupación, menciona los riesgos inherentes a la actividad nuclear: exposición a radiación, manipulación de sustancias químicas, trabajo con grandes cargas eléctricas, tareas de izaje y labores en altura. A su juicio, la reducción de inversiones en seguridad y capacitación podría incrementar la vulnerabilidad frente a esos riesgos.

Además, afirma que ya existen señales de deterioro. Según sus datos, más de 300 trabajadores dejaron la empresa en los últimos tiempos y parte de esas tareas comenzaron a ser cubiertas por personal contratado bajo condiciones laborales menos favorables, con salarios inferiores y menor capacidad de organización sindical. Para Saleh, ese proceso anticipa el modelo laboral que se intenta consolidar en el conjunto de la actividad.

Uno de los ejemplos más claros del vaciamiento que denuncia es la situación del proyecto CAREM, el reactor modular desarrollado por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y considerado uno de los emprendimientos tecnológicos más importantes del país. Saleh explica que numerosos ingenieros, técnicos y profesionales trabajaban en ese proyecto a través de la participación de Nucleoeléctrica en su construcción.

Según relata, durante 2024 esos profesionales atravesaron una fuerte pérdida salarial y muchos percibían remuneraciones que consideraba insuficientes para su nivel de especialización. En ese contexto, denuncia la creación de una empresa llamada Mainer Energy, que habría incorporado trabajadores formados en organismos públicos como la CNEA y NASA. A su entender, ese proceso significó una transferencia de conocimientos estratégicos construidos con inversión estatal hacia el sector privado, sin que este hubiera realizado esfuerzos equivalentes en materia de formación o desarrollo tecnológico.

Otra de sus preocupaciones está vinculada al reactor RA-10, una obra que define como una de las más avanzadas del mundo en su categoría y desarrollada íntegramente por científicos y técnicos argentinos. Saleh destaca que el proyecto se encuentra próximo a su finalización y recuerda que fue concebido para producir radiofármacos, silicio dopado y generar capacidades de investigación mediante haces de neutrones.

Sin embargo, advierte que recientes declaraciones de funcionarios nacionales anticipan la privatización del negocio de los radiofármacos, precisamente el componente económico que permitiría financiar otras actividades científicas y tecnológicas vinculadas al reactor. Desde su punto de vista, avanzar sobre esa área implicaría transferir al sector privado la parte más rentable del proyecto, comprometiendo la sustentabilidad de las restantes líneas de investigación.

A pesar de la situación que enfrenta, Saleh asegura que continuará disputando su reincorporación. Considera que el conflicto no se limita a un problema individual sino que forma parte de una ofensiva más amplia contra los trabajadores del sector nuclear. Recuerda el esfuerzo realizado durante años para operar, reparar y mantener en funcionamiento las centrales nucleares argentinas, muchas veces con jornadas extensas y condiciones exigentes.

Por eso interpreta su caso como un intento de disciplinamiento político y sindical. "No vamos a permitir que me quieran despedir por mi expresión y por mi libertad de expresión", sostiene. También cuestiona lo que considera una contradicción entre el discurso oficial en defensa de la libertad y las medidas adoptadas contra trabajadores que expresan posiciones críticas.

Mientras el conflicto avanza en los tribunales y dentro de la empresa, Saleh afirma haber recibido numerosas muestras de solidaridad de compañeros de trabajo, organizaciones sindicales y distintos sectores de la sociedad. Con ese respaldo, asegura que continuará la pelea "hasta el final", convencido de que lo que está en juego trasciende su situación personal y se vincula con el futuro de una actividad que considera estratégica para el desarrollo científico, tecnológico y energético de la Argentina.

Frente al intento de despido de Mariano Saleh, trabajadores, organizaciones sindicales, sociales y políticas impulsan una campaña de solidaridad y repudio. A través de un petitorio público, denuncian que la medida constituye un acto de persecución gremial, política y antisindical contra un delegado que participó activamente de la defensa de los puestos de trabajo y del desarrollo nuclear nacional. Entre los reclamos, exigen la inmediata restitución de Saleh en su puesto de trabajo, el cese del juicio de desafuero en su contra y la nulidad del sumario administrativo que dio origen a la sanción.

Escuchá la entrevista completa:

El freno al CAREM y al RA-10: una decisión que golpea al desarrollo nuclear argentino

El 4 de abril de 2024, en diálogo con Señales, el ingeniero nuclear Eduardo Gigante advirtió sobre las consecuencias que tendría la decisión de paralizar las obras de dos de los proyectos más importantes del sector nuclear argentino: el reactor multipropósito RA-10 y la Central Argentina de Elementos Modulares (CAREM), cuya construcción se vio afectada por el despido de un centenar de trabajadores.

Para Gigante, la medida representaba una muy mala noticia para el país. Recordó que Argentina acumula más de 70 años de trayectoria en el desarrollo nuclear y que tanto el CAREM como el RA-10 son el resultado de décadas de inversión pública, investigación científica y formación de recursos humanos especializados.

Durante la entrevista destacó que la Comisión Nacional de Energía Atómica y el sector nuclear argentino construyeron y operaron 19 reactores a lo largo de su historia, de los cuales siete fueron exportados a distintos países. Esa experiencia, señaló, convirtió a la Argentina en una referencia internacional en materia de tecnología nuclear.

El especialista explicó que ambos proyectos tienen objetivos diferentes. El CAREM fue concebido como un reactor de potencia destinado a la generación de energía eléctrica, mientras que el RA-10 pertenece a la categoría de reactores multipropósito, orientados a la investigación científica y la producción de radioisótopos medicinales.

Sobre este último, remarcó su importancia para la fabricación de insumos utilizados en diagnósticos por imágenes y tratamientos oncológicos. Entre ellos mencionó al Lutecio-177, un radioisótopo de creciente utilización en terapias contra el cáncer de próstata. Además, destacó que el reactor permitiría incrementar significativamente la producción nacional de radiofármacos y ampliar las posibilidades de exportación hacia otros países de la región.

Respecto del CAREM, Gigante lo definió como uno de los desarrollos más innovadores del sector nuclear mundial. Se trata de un reactor modular de pequeña potencia, diseñado íntegramente en Argentina, pensado para abastecer de energía a localidades aisladas, complejos industriales o proyectos mineros ubicados en zonas alejadas de los grandes sistemas eléctricos.

Según explicó entonces, el CAREM se encontraba entre los proyectos más avanzados del mundo en su tipo, por delante incluso de desarrollos impulsados por potencias nucleares como Estados Unidos, China, Corea del Sur o varios países europeos. "Todos los países desarrollados están trabajando en reactores modulares, y Argentina estaba a la cabeza de ese proceso", sostuvo.

En relación con el RA-10, señaló que la obra se encontraba en una etapa muy avanzada, con gran parte de la infraestructura concluida y pendiente principalmente de trabajos electromecánicos y de puesta en marcha. Por eso consideró especialmente preocupante la decisión de detener su avance.

Consultado sobre las razones oficiales de la paralización, Gigante afirmó que no había encontrado explicaciones técnicas o económicas convincentes más allá del argumento de la falta de recursos presupuestarios. A su juicio, se trataba de proyectos con un enorme potencial para generar ingresos futuros mediante exportaciones de tecnología, servicios y productos de alto valor agregado.

El ingeniero también recordó que Argentina exportó reactores nucleares a países como Australia, Perú, Egipto y Países Bajos, y destacó que el reactor OPAL, vendido a Australia, continúa siendo uno de los mayores hitos tecnológicos de exportación de la historia argentina.

A más de dos años de aquella entrevista, las preocupaciones expresadas por Gigante continúan presentes en el debate sobre el futuro del sector nuclear argentino, una actividad considerada estratégica por su aporte a la producción energética, la investigación científica y el desarrollo tecnológico nacional.

Colombia en segunda vuelta: entre dos modelos antagónicos de país

Con más de 41 millones de personas habilitadas para votar, Colombia enfrenta una elección presidencial decisiva en un escenario polarizado. Dos proyectos con visiones opuestas del Estado, la economía y la democracia se disputan el rumbo del país para los próximos cuatro años

Simpatizante de Ivan Cepeda en un mitín

Por: Ivonne Picof, desde Colombia para Señales

Este 21 de junio Colombia se prepara para vivir la segunda vuelta presidencial, en la que la ciudadanía deberá escoger quién sucederá al presidente Gustavo Petro durante el próximo periodo de cuatro años. De acuerdo con el censo electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil, más de 41 millones de personas están habilitadas para votar. En la primera vuelta, realizada en mayo, participaron aproximadamente 23 millones de electores, y se espera que en esta nueva jornada ese nivel de participación pueda incrementarse.

Se trata de una segunda vuelta en un país profundamente dividido, atravesado por dos proyectos políticos que no solo compiten, sino que encarnan visiones antagónicas sobre el Estado, la economía, la seguridad y la democracia. No es simplemente una contienda electoral: es también la expresión de dos lecturas distintas -y en muchos casos irreconciliables- sobre los problemas estructurales de Colombia.

Un país partido en dos proyectos
En las semanas entre la primera y la segunda vuelta, las campañas han reorientado sus esfuerzos hacia la búsqueda de nuevos apoyos. Por un lado, la campaña de Abelardo de la Espriella ha intentado sostener su liderazgo obtenido en la primera vuelta e incluso ampliarlo. Por el otro, la candidatura de la izquierda socialdemócrata de Iván Cepeda ha concentrado sus esfuerzos en reducir la distancia y remontar el resultado inicial.

Los mapas electorales de la primera vuelta dejaron una lectura clara de la polarización territorial. En ciudades como Bogotá, Cali, Barranquilla y Cartagena, la mayor votación se inclinó hacia Iván Cepeda. En contraste, Medellín -y en general Antioquia- se consolidó como un bastión fuerte de la derecha, donde Abelardo de la Espriella obtuvo su mayor respaldo.

Esta división territorial no es menor: refleja también diferencias sociales, económicas y culturales profundas que atraviesan al país y que se expresan con fuerza en las urnas.

Reacomodos, apoyos y transferencias de voto
Un elemento clave de esta segunda vuelta está en la redistribución de apoyos obtenidos en la primera jornada electoral. La candidata Paloma Valencia, quien alcanzó cerca del 7% de los votos, se convirtió en un factor relevante en la reconfiguración del mapa electoral.

Aunque su respaldo oficial se ha orientado hacia la campaña de Abelardo de la Espriella, distintos analistas han advertido que no necesariamente todos sus votantes migrarán automáticamente hacia esa candidatura. La transferencia de votos no es mecánica, y depende de afinidades programáticas, ideológicas y de la relación con cada campaña.

De hecho, en las semanas posteriores a la primera vuelta, ha sido limitado el protagonismo público de Paloma Valencia en actos de campaña junto a Abelardo de la Espriella, lo que también ha alimentado interpretaciones sobre la solidez real de esas adhesiones.

Una campaña marcada por la derecha radical
En este nuevo tramo de la contienda, la campaña de Abelardo de la Espriella ha profundizado una narrativa que se identifica con sectores de la derecha radical internacional. Su discurso ha estado atravesado por referencias recurrentes a la seguridad, el orden y el uso de la fuerza como eje central de su propuesta de gobierno.

Uno de los elementos más discutidos de su programa es la insistencia en el derecho al porte de armas como mecanismo de protección ciudadana, junto con la promesa de restablecer el orden público mediante medidas de mayor contundencia estatal. En esa lógica, la seguridad aparece como eje articulador de toda su propuesta política.

La campaña, bajo el lema de "la patria milagro", también ha mostrado una fuerte cercanía simbólica y política con Estados Unidos, lo que ha generado debates sobre el grado de dependencia o alineamiento internacional que podría asumir un eventual gobierno suyo.

A ello se suma un punto particularmente sensible: Abelardo de la Espriella posee doble nacionalidad —colombiana, italiana y estadounidense— y realizó un juramento de lealtad a Estados Unidos, lo que ha abierto interrogantes sobre posibles conflictos de interés en caso de asumir la presidencia, considerando que la Constitución establece la obligación de defender los intereses del Estado colombiano por encima de cualquier otro.

Abelardo de la Espriella, en el Valle del Cauca

Libertad de prensa, judicialización y tensión institucional
Otro aspecto que ha generado controversia es su trayectoria como abogado, en la que ha impulsado acciones judiciales contra decenas de periodistas con los que ha tenido desacuerdos. Este hecho ha sido interpretado por distintos sectores como una señal de alerta frente a la libertad de prensa y la libertad de expresión en el país.

En un contexto como el colombiano, atravesado por décadas de conflicto armado y tensiones políticas, el rol de la prensa y la protección de la pluralidad de voces se consideran pilares fundamentales de la democracia. Por ello, cualquier antecedente de judicialización sistemática del periodismo genera preocupación en sectores de opinión.

A esto se suma su postura frente a la protesta social. En distintas intervenciones ha manifestado poca tolerancia hacia las movilizaciones ciudadanas, lo que ha sido interpretado como una posible inclinación hacia modelos de control más estrictos del orden público.

Estas preocupaciones se intensifican si se tiene en cuenta el antecedente reciente del estallido social, en el que múltiples organizaciones de derechos humanos denunciaron la vulneración de derechos fundamentales durante las protestas, especialmente contra jóvenes, estudiantes universitarios y líderes sociales.

Estado laico, religión y visión de país
Otro punto de debate gira en torno a la relación entre religión y Estado. En el discurso de la campaña de Abelardo de la Espriella se ha otorgado un lugar central a la religión como elemento orientador de la vida pública, lo que ha despertado alertas en sectores que defienden la estricta separación entre Iglesia y Estado establecida en la Constitución de 1991.

Para sus críticos, la posibilidad de introducir una visión religiosa como eje de gobierno podría tensionar el carácter laico del Estado colombiano y abrir la puerta a nuevas formas de exclusión en un país profundamente diverso.

En el plano económico, también han surgido propuestas como la eventual dolarización de la economía, una medida que ha sido presentada como alternativa de estabilización, pero que al mismo tiempo es vista por otros sectores como un riesgo de pérdida de soberanía monetaria y fiscal.

Experiencia política y cuestionamientos al pasado reciente
Abelardo de la Espriella, quien no ha ocupado cargos de elección popular previamente, ha apoyado parte de su proyección política en figuras de su entorno, entre ellas su fórmula vicepresidencial, a la que se le atribuye experiencia en la gestión pública.

Desde sectores críticos se ha señalado la gestión de gobiernos anteriores en los que algunos de sus aliados ocuparon cargos ministeriales, especialmente durante el periodo del expresidente Iván Duque, en el contexto del estallido social. Se les atribuyen decisiones polémicas en materia económica y social, así como impactos en indicadores como inflación, desempleo y manejo de activos estratégicos del Estado.

Iván Cepeda: derechos humanos y Estado social de derecho
En el otro extremo de la contienda se ubica la candidatura de Iván Cepeda, filósofo y defensor de derechos humanos, con una trayectoria extensa en el Congreso de la República y en la defensa de víctimas del conflicto armado.

Su propuesta se estructura alrededor del fortalecimiento del Estado social de derecho, la lucha contra la corrupción, la reforma agraria y ambiental, y la protección del patrimonio cultural y natural del país. También plantea el fortalecimiento de los derechos de las mujeres y de las poblaciones históricamente vulneradas.

Uno de los ejes centrales de su campaña es la idea de un acuerdo nacional, entendido como un espacio de concertación entre distintos sectores políticos, sociales y económicos para abordar los problemas estructurales del país.

Acuerdo nacional, garantías democráticas y adhesiones
La propuesta del acuerdo nacional ha permitido, según distintos sectores, despejar temores sobre interpretaciones más radicales de su programa, como la posibilidad de una asamblea constituyente, tema que había generado inquietud en algunos sectores del centro político y del progresismo.

En este contexto, han surgido apoyos relevantes desde distintos ámbitos. Figuras políticas como Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, han expresado razones para respaldar su candidatura en esta segunda vuelta, aunque sin una adhesión partidista plena. También se han sumado liderazgos juveniles y estudiantiles, entre ellos Jennifer Pedraza, quienes han manifestado públicamente su intención de voto.

Estas adhesiones se explican, en parte, por la percepción de garantías democráticas y de respeto por la oposición política dentro de su eventual gobierno, algo que distintos sectores consideran fundamental en una democracia pluralista.

Observación electoral y garantías del proceso
En medio de un contexto político altamente polarizado, las autoridades electorales han anunciado un amplio dispositivo de observación para la jornada electoral. Se prevé la participación de más de 16.000 observadores nacionales e internacionales, incluyendo delegaciones de países de América Latina y Europa.

Asimismo, organizaciones de observación electoral y campañas políticas han incrementado la presencia de testigos en los puestos de votación, con el objetivo de garantizar transparencia y trazabilidad en el conteo de votos.

La fuerza pública también tendrá un despliegue significativo en distintas regiones del país, especialmente en zonas rurales y apartadas, con el fin de garantizar condiciones de seguridad para el ejercicio del derecho al voto.

Un país ante una decisión estructural
Más allá de los nombres propios, esta segunda vuelta presidencial plantea una decisión de fondo sobre el modelo de país. Por un lado, una propuesta que insiste en el orden, la seguridad y el fortalecimiento de medidas de control estatal. Por el otro, una apuesta centrada en la expansión de derechos, el fortalecimiento institucional y la búsqueda de acuerdos amplios.

El resultado de esta elección no solo definirá un gobierno, sino también el tono del debate democrático en los próximos años. En un país marcado por décadas de conflicto, desigualdad y tensiones políticas, la expectativa central es que el proceso electoral se desarrolle en condiciones de tranquilidad, seguridad y respeto por la voluntad ciudadana.

La democracia colombiana se juega, una vez más, no solo la elección de un presidente, sino la posibilidad de sostener —o redefinir— el equilibrio entre sus distintas fuerzas políticas y sociales.

Fotos: Santiago Saldarriaga AP - Campaña Addle

Ver también: Colombia: el legado de Gustavo Petro en disputa

Fernando Borroni: "Estamos frente a la aventura de un hombre solo"

Fernando Borroni presentará en Rosario su libro Coronados de odio y reflexionó en Señales sobre el significado político y cultural del fenómeno Milei, el avance de las nuevas derechas, el papel de los medios y la necesidad de construir una nueva épica colectiva para el futuro argentino

Fernando Borroni es escritor, periodista y docente. Con una extensa trayectoria en medios radiales y televisivos, se ha consolidado como una de las voces más reconocidas del periodismo político argentino. Profesor de radio y periodismo en la Universidad Nacional de La Plata y cofundador de la Escuela Popular de Medios Comunitarios Homero Manzi, ha combinado a lo largo de su carrera la práctica periodística con la formación y la reflexión crítica sobre la comunicación y la política.

Es autor de los libros La inquisición neoliberal, Victorias populares, Lo dicho a tiempo y, más recientemente, Coronados de odio. La Argentina de Milei en un mundo de ultraderechas y neocolonialismo. Actualmente conduce los programas Sin lugar para los débiles en C5N y No Se Desesperen por Radio 10.

Reconocido, entre otras distinciones, con el Premio a la Cultura Arturo Jauretche y en dos oportunidades con el Premio Oesterheld al mejor editorialista del año, Borroni ha desarrollado una mirada singular sobre los procesos políticos y culturales de la Argentina contemporánea.

En Coronados de odio, su último libro, analiza el fenómeno Milei en el marco de una transformación global marcada por el avance de las nuevas derechas. Allí explora el papel del odio como herramienta de construcción política, la crisis de los lazos colectivos y las disputas culturales que atraviesan nuestras sociedades, al tiempo que recupera la memoria, la solidaridad y la acción colectiva como horizontes posibles frente al presente.

Hoy, en Señales, conversaremos con él sobre estas ideas, los desafíos que plantea el tiempo que vivimos y las preguntas que abre su más reciente trabajo.

Hay una idea central que es no sólo analizar cómo llegó Milei o por qué llegó Milei, sino qué significa Milei hoy en la Argentina, en el medio de una ultraderecha que avanza y de un proceso neocolonial que se está dando en distintas partes del mundo

Milei como síntoma de una crisis más profunda

Fernando, hay una idea central que no pasa solamente por analizar cómo llegó Milei o por qué llegó Milei, sino por comprender qué significa Milei hoy en la Argentina, en medio del avance de una ultraderecha y de un proceso neocolonial que se está desarrollando en distintas partes del mundo.
Sí, es así. El libro intenta reflexionar y analizar que Milei es mucho más que nuestro presidente. Es mucho más que la resultante de una mala gestión del gobierno del Frente de Todos o de una mala gestión del propio Mauricio Macri. Milei significa mucho más.

De alguna manera, Milei es la expresión de una humanidad -y particularmente de una sociedad argentina- que evidentemente ha cambiado y sigue cambiando. Vivimos tiempos atravesados por una enorme derrota cultural que encontró en Milei una de sus expresiones. Milei es el resultado de una sociedad que está rompiendo sus vínculos, de unos valores que, de alguna manera, han comenzado a ser trastocados por los antivalores que representa este gobierno.

Milei es la resultante de un mercado que se ha instalado por encima del bien común; de una economía que ha dejado de tener a los seres humanos como centro; de una educación que también ha dejado de ponerlos en el centro; y de una cultura en la que el ser humano ha perdido esa centralidad.

Entonces, entender por qué Milei es hoy lo que es implica asumir una causalidad múltiple. Eso es algo que trato de señalar en el libro, sin esquivar las particularidades de nuestro país ni las razones por las cuales llegó a la Presidencia. Pero también intento hacer el esfuerzo de comprender que Milei representa mucho más, en términos de humanidad, de lo que solemos creer.

Y eso nos va a exigir, cuando llegue el posmileísmo, otro tipo de compromiso.

El libro como espejo: explicarnos a nosotros mismos

Con lo cual, ¿este libro no intenta explicar a Milei o intenta explicar algo más profundo que Milei?
Yo creo que intenta explicarnos a nosotros mismos. Intenta explicar nuestros errores, nuestras ausencias y por qué el odio volvió a convertirse en una forma de construir sociedad. En realidad, habría que decir de destruir sociedad.

¿Cuántas veces se dijo que el amor es un valor político? Si el amor es un valor político, el odio es un disvalor de la propia política. Sin embargo, existe. Ya sabemos lo que ha significado el odio a lo largo de la historia de la humanidad y, en la Argentina, lo que ha significado el odio contra el peronismo y contra las clases populares.

Entonces, cuando pensamos por qué Milei en la Argentina, yo creo que Milei representa una suerte de nuevo 19 y 20 de diciembre de 2001, pero invertido. El 19 y 20 de diciembre fue una implosión social que terminó con el grito de "que se vayan todos", producto del cansancio frente a una política que nos hacía vivir mal desde hacía años; si se quiere, desde el comienzo mismo de la democracia.

Me decía: el 19 y 20 de diciembre fue esa implosión social que terminó de la manera en que terminó y que, de algún modo, se orientó hacia lo popular. Pero, ¿cuál era la clave de aquel proceso? Más allá de los motivos, era la despolitización, el desprecio hacia la política.

Aquel "que se vayan todos" de 2001 se transformó en 2023 en el "vamos a terminar con la casta". La casta fue la síntesis de una nueva despolitización. Otra vez, una parte importante de la sociedad apareció enojada con la política y despreciando a la política.

Y, en lugar de derivar en una implosión social —porque no hubo corralito—, ese proceso terminó con la elección de una persona que estaba por fuera de las lógicas políticas, institucionales y democráticas tradicionales. En ese sentido, el triunfo de Milei también fue una expresión del "que se vayan todos", aunque esta vez canalizada hacia la derecha.

Por eso creo que hay un punto de quiebre comparable entre ambos momentos históricos.  

Los medios como actores centrales del poder

¿Qué lugar ocupan hoy -porque de esto nos ocupamos nosotros, y vos también mucho- algunos medios de comunicación en la disputa de esta batalla cultural? ¿Son actores centrales o simplemente reflejan algo más profundo?
No, son centrales. Son absolutamente centrales. No hay Javier Milei sin Eduardo Feinmann, no hay Javier Milei sin Esteban Trebucq, no hay Javier Milei sin Luis Majul, no hay Javier Milei sin Alejandro Fantino.

Del mismo modo que no había dictadura sin Clarín o sin La Nación. No podemos pensar a la sociedad como si estuviera compuesta por estamentos estancos. No hay Cristina presa sin la Corte, sin la Justicia, por supuesto, pero tampoco sin Clarín.

Vos lo sabés, ustedes lo saben tanto como yo: los medios son, ante todo, instrumentos que disputan poder. Y los grandes medios disputan poder real; no disputan cuestiones menores.

Vos recordarás aquella anécdota que cuenta Rodolfo Terragno sobre una reunión con Héctor Magnetto. Cuando fue a hablar en representación del gobierno de Alfonsín, Terragno le preguntó: "¿Pero usted se quiere quedar con el gobierno? ¿Quiere ser presidente?". Y Magnetto le respondió: "Presidente, puesto menor".

Bueno, esa es una disputa que sigue vigente.

Si bien Milei es, en gran medida, una construcción de las redes sociales, también es cierto que Clarín no construyó a Milei. Clarín construyó a Macri, no a Milei. Ahora bien, lo que sí está claro es que el antiperonismo es tan fuerte en algunos medios, y el antikirchnerismo tan extremo, que terminan justificando —muchas veces también por dinero— medidas de este gobierno que resultan injustificables a los ojos de cualquier persona.

Quitarles recursos a las personas con discapacidad y luego reprimirlas en una plaza; hacer lo mismo con los jubilados. Son situaciones que no deberían ser defendibles desde ningún punto de vista ni bajo ninguna ideología. Sin embargo, en este país somos capaces de reivindicarlas desde ciertos medios de comunicación.

Ahí está su papel. Son voceros. Son quienes van construyendo sentido. Son quienes trabajan todos los días para hacerle creer a la gente que es mejor comer una o dos milanesas menos, o hacer dos comidas por día en lugar de cuatro, con tal de que no vuelva el peronismo. Después podrá haber más o menos milanesas, pero eso no importa: intentan convencerte de que no importa.

Por eso digo que son fundamentales.

Individualismo, pandemia y transformación cultural

Decir que hoy predomina lo individual sobre lo colectivo, ¿es una construcción del poder o también una transformación social mucho más amplia que se está dando?
Yo creo que ambas cosas van de la mano. Y, además, creo que es un fenómeno mucho más amplio.

Es mucho más amplio porque no es algo exclusivamente local. No son casualidades aisladas: Milei en la Argentina, Trump en Estados Unidos, Ayuso en Madrid, el avance de la derecha más conservadora en Chile, la posibilidad de que vuelva a ganar la derecha en Colombia después de un gobierno importante como el de Petro, o lo que representa Vox en España. Quiero decir: es un fenómeno que se está dando a escala mundial.

Y en eso también tuvo mucho que ver la pandemia. Yo creo que la pandemia es una de las bases del triunfo cultural circunstancial de las derechas. Digo circunstancial porque las derrotas y las victorias culturales siempre lo son.

¿Por qué? Porque si el gran discurso de la derecha, en términos sociales, consiste en afirmar que el gran problema que tenés en la vida es el otro —porque el otro te puede quitar el trabajo, porque el otro te puede robar, porque el otro puede tener aquello que vos deseás y no tenés, porque el otro es el riesgo y la amenaza—, y que, en definitiva, vos podés salir adelante solo gracias a tu mérito, con la meritocracia por encima de todo, la pandemia terminó consolidando esa idea.

Y la consolidó, en cierto sentido, con una experiencia real detrás. ¿Por qué digo esto? Porque durante la pandemia el riesgo efectivamente era el otro. Todos lo vivimos. Todos lo sufrimos. Vos te cuidabas, te aislabas, y aun así podías contagiarte por contacto con otra persona que no había tomado los recaudos necesarios o que simplemente había tenido la mala suerte de contagiarse.

Entonces apareció una lógica muy fuerte de individualismo: tenías que cuidarte vos. No podías estar con otros. La idea del cuidado colectivo existía, por supuesto —si todos usaban barbijo, si todos tomaban precauciones—, pero la sensación dominante era otra. La posibilidad concreta de enfermarse o morir, y de contagiarse a través de un otro conocido o desconocido, hizo que el repliegue sobre uno mismo fuera algo real. Y también fue real la percepción del otro como riesgo.

El mundo salió de esa experiencia con una lógica de "sálvese quien pueda", porque la pandemia, en muchos aspectos, fue vivida de esa manera.

Y en la Argentina también vimos expresiones de eso. Llegaron las vacunas y, sin embargo, el "sálvese quien pueda" era tan fuerte que aparecían manifestaciones absurdas, como personas disfrazadas con flotadores en algunos barrios de la Ciudad de Buenos Aires o quienes sostenían que las vacunas eran perjudiciales.

Por eso digo que también somos resultado de todo ese proceso.

El cambio cultural global

Ese cambio cultural del que hablás, ¿tenemos que identificarlo con el proceso que atravesamos durante la pandemia?
Sí, yo creo que sí.

A ver, la derecha siempre tuvo como objetivo construir este tipo de sociedades, pero la pandemia profundizó ese proceso. Hay algo de la experiencia humana que significó la pandemia que muchos no terminamos de elaborar ni de comprender del todo; me incluyo, por supuesto.

Si volvemos algunos años atrás -ya pasaron seis años desde 2020-, lo que vivimos fue realmente aterrador. Yo recuerdo tener que ir a la radio, tener que ir al canal. En ese momento trabajaba en la radio con Víctor Hugo, y la verdad es que tenía miedo, porque después volvía a mi casa, con mis hijos y mi familia. También tuve amigos cercanos que fallecieron. En definitiva, atravesé situaciones que nos tocaron a todos.

Y también estaban las imágenes que veíamos permanentemente. Te lo digo como colega: desde los programas periodísticos, todas las tardes esperábamos que llegara el momento de conocer la cantidad de contagios. ¿Se acuerdan de lo que era eso? Era algo demencial. Absolutamente demencial.

Esa experiencia no pasó sin dejar huellas. Nos pasó por encima, sin dudas, pero también contribuyó a moldear parte de lo que somos hoy. Había desconcierto, miedo, incertidumbre. Todo eso dejó marcas.

Ahora bien, también hay que decir que Milei llega en 2023. No es una consecuencia inmediata ni automática de la pandemia. Pero forma parte de una resultante más amplia.

¿Por qué? Porque durante aquellos años Milei crecía en las redes sociales. Era uno de los contenidos que circulaban permanentemente. En un contexto donde gran parte de nuestra vida transcurría frente a las pantallas, su figura fue ganando visibilidad de manera constante.

El sujeto odiante

Ese sujeto social se fue construyendo. ¿De qué manera? Porque ya no parece organizarse alrededor de derechos o de proyectos colectivos, sino a partir del rechazo al otro.

Bueno, ahí en el libro hablo de lo que llamo el "sujeto odiante".

Es decir, un sujeto que es capaz de constituirse como actor social a partir de aquello que desprecia, de aquello que margina, a partir del odio.

Al fin y al cabo, la Argentina de hoy, a grandes rasgos, tiene al peronismo como el gran movimiento político. Y el otro gran movimiento es el antiperonismo. Yo no vengo del peronismo, pero me parece importante señalarlo. El movimiento antiperonista es, en buena medida, un movimiento regulado por el desprecio. Es un movimiento que se organiza alrededor de la idea de que el otro no tenga derechos porque no quiero que se parezca a mí.

Es un movimiento regulado a partir del odio.

Entonces, el sujeto odiante es aquel que se constituye y se reconoce a sí mismo por diferenciación con el otro.

Es como quienes dicen: "Yo soy apolítico, no me meto en política. No me gusta que se hable de política. No me interesa discutir sobre el Estado y el mercado. No me interesa hablar de educación pública. No me interesan los medios. No me informo. Pero K no soy".

Bueno, ahí aparece algo muy significativo. Es alguien que dice: "No entiendo demasiado, no sé bien quién soy, no sé qué quiero ni qué puedo hacer, pero sí sé qué es lo que desprecio".

Y desde ahí vota. Desde ahí se organiza políticamente. Y eso muchas veces lo lleva a votar en contra de sus propios intereses.

Uno puede decirle: "Pero durante tal gobierno vivías mejor, tenías más derechos que ahora". Y la respuesta puede ser: "Sí, es verdad. Pero no los voto ni loco".

Ahí aparece un sujeto regulado por una emocionalidad negativa que, entre otras cosas, es el odio.

Y esa emocionalidad es también una emocionalidad violenta. Por eso, en el libro sostengo que el voto a Milei es, en gran medida, un voto en emoción violenta: un voto atravesado por el enojo, por el desprecio y por el rechazo.

Milei como fin de etapa

Con lo cual, ¿Milei es la causa de la crisis o es el resultado de una crisis previa de representación política, cultural y social?
No, yo creo que Milei es la expresión de esa crisis. Milei es consecuencia. Milei no es el principio de nada.

Milei es el fin de una etapa. No sé cuándo terminará esa etapa, pero creo que Milei representa un punto de llegada más que un punto de partida.

A veces digo que Milei es como Frankenstein: le fuimos agregando pedazos y terminamos construyendo a Frankenstein. Después habrá que ver cuándo muere políticamente, por supuesto. Pero lo importante es entender que Milei es un final, no un comienzo.

Aunque, claro, también podría decirse que todo final es el principio de otra cosa.

El 19 y 20 de diciembre de 2001 fueron el final de un proceso. La promesa de 1983, aquella idea de que con la democracia se come, se cura y se educa, no alcanzó los resultados esperados. Después llegaron los años noventa, con el salariazo y la revolución productiva, que terminaron siendo una gran estafa. Más tarde vino la Alianza con la promesa de terminar con la corrupción y representar lo nuevo. Todo eso implosionó en 2001.

Por eso digo que el 2001 fue el fin de una etapa.

Luego, en 2003, comenzó otra con Néstor Kirchner. Un proceso que incluyó el gobierno de Néstor y los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, que tuvieron crecimiento y transformaciones importantes, pero que también atravesaron tensiones y desgastes. A eso se sumó el gobierno de Mauricio Macri, que considero pésimo, y luego el gobierno de Alberto Fernández, que considero malo.

En todo ese recorrido hubo un desgaste acumulado. Empezó a crecer una sociedad más violenta. Aparecieron los escraches al kirchnerismo, las imágenes de cacerolazos donde se exhibía a Cristina Kirchner ahorcada, personas celebrando la muerte de Néstor Kirchner, versiones que sostenían que Néstor ni siquiera estaba en el cajón, operaciones mediáticas y persecuciones políticas. Todo eso fue generando un clima de época.

A eso se agregaron también características propias de la forma de gestionar de Cristina: una presencia política muy intensa, muy fuerte, muy confrontativa y con una intervención permanente en la discusión pública.

Y, finalmente, llegaron dos gobiernos que profundizaron la crisis económica.

Todo eso termina produciendo una nueva implosión.

¿Qué comenzará después de Milei? No lo sé. Lo que sí espero es que sea algo muy distinto de esto.

El libro no termina en el diagnóstico. También intenta pensar qué vamos a hacer después de Milei. Si el odio es el motor de esta etapa, ¿cuál debería ser la épica capaz de reemplazarlo?
Bueno, justamente esa es una de las preguntas que también me hago en el libro.

La verdad es que no tengo una respuesta cerrada. Lo que sí sé es que existe la necesidad de construir una nueva épica.

Si la épica de los comienzos de la democracia fue creer en la democracia y construirla, si aquella primavera democrática constituyó una épica colectiva, entonces hoy tenemos que animarnos a construir algo nuevo.

Es como decía el Pepe Mujica, de quien también hablo mucho en el libro: no se vive de la nostalgia ni de los recuerdos; se vive de porvenir.

Nosotros tenemos que ser capaces de construir lo que viene con lo mejor de lo que somos y con lo mejor de lo que hemos hecho.

La memoria no es volver al pasado. Nosotros no somos pasado: somos memoria. Y la memoria es el ejercicio político de recordar aquello que fuimos capaces de hacer y que fue maravilloso para nuestro pueblo. Pero también es el ejercicio político de reconocer aquello que no fuimos capaces de hacer y que, sin embargo, sabíamos que debíamos hacer.

Todo eso tenemos que traerlo al presente.

Yo estoy embarcado en una pequeña campaña comunicacional: por favor, no digamos más la palabra "volver". Estoy cansado de escucharla. No se trata de volver; se trata de construir el futuro.

Construir el futuro con aquello que somos no implica olvidar. Claro que vamos a seguir defendiendo la justicia social. Pero quizás podamos hablar de justicia social de otra manera, en un lenguaje que otros puedan comprender, con otras tonalidades, con otra poesía, especialmente para llegar a una juventud a la que no estamos llegando.

El kirchnerismo les dio a los jóvenes la posibilidad de votar a los 16 años. Pero después, en gran medida, los abandonó.

Yo quiero construir algo nuevo. Y para mí lo nuevo excede a los partidos políticos.

Creo que debemos avanzar hacia una lógica de frentes amplios, como ocurre en muchos lugares del mundo. Frentes capaces de reunir distintas tradiciones políticas y de construir un liderazgo que pueda conducirlos.

Pero ese frente tiene que ser claramente más amplio que el peronismo.

Ahora bien, ¿el peronismo quiere construir un frente más amplio junto a sectores de izquierda? No. ¿La izquierda quiere construir un frente junto a sectores del peronismo? Tampoco. ¿Existen sectores del peronismo que desprecian al progresismo? Sí.

Entonces, si seguimos actuando de esa manera, nos vamos a cansar de perder elecciones.

Acción colectiva, poder y liderazgo

Y que esa construcción sea producto de una acción colectiva.
Siempre. Siempre.

Ahora bien, una cosa es la construcción colectiva y otra es la conducción política. En un frente no mandan todos al mismo tiempo. La característica de los frentes es que existe una mesa donde se escucha, se discute y se construyen síntesis. Pero, finalmente, hay una conducción.

Por eso nadie puede exigirle a otro que ejerza un poder prestado.

Ahí tenés, entre otras cosas, parte de la discusión que hoy existe entre Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner. Es una situación penosa, genera dolor, y espero que ambos encuentren una respuesta. Más allá de que también existen agrupaciones e intereses que trabajan para impedir esa unidad.

Pero nadie puede exigirle a Axel que construya poder político a partir de un poder prestado por Cristina. Y Cristina lo sabe.

Para mí, Cristina sigue siendo la mejor líder y la mejor estadista que ha tenido la Argentina. Pero también tiene que comprender que la última gran experiencia de poder delegado fue el gobierno de Alberto Fernández. Y el poder no se presta.

Si Axel quiere ser presidente, tiene que construir su propio poder político. Eso no significa romper con Cristina. Significa construir una síntesis junto a ella. Y, al mismo tiempo, implica que Cristina entienda que llegó el momento de Axel.

Además, para que Cristina recupere plenamente su libertad política y personal —algo que muchos deseamos—, hay que ganar las elecciones.

Por eso me parecen desacertadas algunas propuestas que circulan, como las de Miguel Ángel Pichetto cuando plantea que el Congreso podría votar la nulidad de la condena. Eso no existe. Si ni siquiera se consiguen los votos para frenar determinadas leyes, ¿cómo se conseguirían para una medida de ese tipo?

Sinceramente, no sé quién puede creer en ese planteo. Pero eso corre por mi cuenta.

Me parece que necesitamos ser más sensatos y comprender la dimensión del desafío que tenemos por delante.

Porque, sinceramente, si la discusión para construir una alternativa a Milei termina siendo Pichetto; si la discusión pasa por si Guillermo Moreno se lleva bien o mal con Axel Kicillof; si la salida consiste en el espacio político que armó Eduardo Duhalde, entonces estamos mirando el problema por el lugar equivocado.

No. Así no.

Tenemos que pensar algo verdaderamente nuevo.

Por último, te comento que recién terminó el acto oficial por el Día de la Bandera aquí, en nuestra ciudad. Estuvo presente el Presidente de la Nación. Su discurso fue interrumpido en un par de ocasiones por un pequeño grupo de militantes que lo vitoreaba desde cierta distancia. Sin embargo, Milei no los saludó. Terminó el acto, dio la vuelta y se retiró directamente. Ignoró a quienes lo habían estado esperando desde temprano. No eran muchos, pero eran sus propios simpatizantes. Ni siquiera se acercó para un saludo.
Y creo que así va a seguir siendo. Cada día que pase va a estar más aislado.

Nosotros tenemos un presidente que está aislado. Y digo esto con cuidado, porque los periodistas muchas veces hemos utilizado esa expresión para describir situaciones políticas coyunturales. Pero en este caso creo que el aislamiento de Milei excede lo político y lo social.

Tengo la impresión de que Milei vive dentro de su propia lógica, dentro de su propia cabeza.

Recuerdo que, pocos días después de que asumiera, tuve la oportunidad de hablar con Cristina Fernández de Kirchner. Le pregunté frente a qué tipo de gobierno estábamos, porque Milei no me parecía un fenómeno político convencional.

Y Cristina me respondió una frase que me quedó grabada: "Estamos frente a la aventura de un hombre solo".

Esa fue su definición: la aventura de un hombre solo.

Y agregó algo más. Dijo que era un hombre sin pasado político compartido, sin una estructura de vínculos que funcionara como límite o como referencia permanente. La reflexión apuntaba a que, cuando una persona tiene hijos, amigos, una trayectoria política colectiva o compañeros de camino, existen interlocutores capaces de decirle: "Pará, esto no lo podés hacer", o de recordarle una historia común y determinadas responsabilidades.

Según aquella mirada, Milei carecía de esos anclajes.

Por eso creo que Cristina sintetizó muy bien su interpretación cuando habló de la aventura de un hombre solo.

Recuerdo también que le pregunté hacia dónde podía conducirnos esa situación. Y me respondió algo que me impactó: "Podemos caminar hacia una tragedia, y solo una chispa podría detenerla".

Lo interpreté como la posibilidad de que algún acontecimiento desencadenara un proceso diferente.

Ahora bien, no sé cuál podría ser esa chispa. No sé si llegará ni si efectivamente ocurrirá algo así.

Lo que sí creo es que estamos frente a la aventura de un hombre solo. Y que, con el paso del tiempo, ese hombre parece estar cada vez más solo.

Milei y la "aventura de un hombre solo"

Que encima elige como vocero, por ejemplo, a una persona con la cual mantuvo disputas y fuertes enfrentamientos en 2018, 2019 y 2020, y hoy va a ser su mano derecha a la hora de comunicar.

¿Tal cual? Se le dijo "inútil", pero bueno, también a Bullrich la mató. Yo creo que ya no le podemos pedir nada más a Milei. Nos gobierna el rey loco. Pero ojo, no con una locura que lo haga impune, no. El "rey loco" en el sentido de que es capaz de cualquier cosa.

Estamos frente a la aventura de un hombre solo.
Cada vez más solo.

La presentación del libro Coronados de odio. La Argentina de Milei en un mundo de ultraderechas y neocolonialismo, de Fernando Borroni, publicado por Editorial Marea en la colección Historia Urgente, se va a presentar en Rosario el próximo viernes 26 de junio a las 19.30 horas en el Centro Cultural Atlas, en calle Mitre 645.

Y cómo dice el libro: "A 50 años del golpe cívico militar, seguimos diciendo: Memoria, Verdad y Justicia El silencio no es opción, capitular mucho menos"

Escuchá la entrevista completa con Fernando Borroni, incluye el tema La Argentina no se vende de Milva Claudia:

Fragmentos de Coronados de odio:

Introducción

"Odiar lo suficiente"
"Aún no odian lo suficiente a los periodistas", afirmó en más de una oportunidad el presidente de la Nación, Javier Milei. Insistió de tal forma con esta sentencia que evidenció su estrategia política. No era la expresión de un hombre que tan solo tiene un encono personal con el periodismo, va mucho más allá que un desencuentro violento con el oficio de informar. Es la expresión de una emocionalidad que ha regulado su accionar y lo ha transformado en toda una política.

Menos importante es el sujeto de su oración, sí lo es su predicado. "Yo odio, tú odias, él odia, nosotros odiamos, vosotros odiáis, ellos odian", y así yo me hago más fuerte. Esta es la conjunción verbal y la acción política de todo poder autoritario, aunque no todos lo expresen a viva voz.

La fragmentación social, a partir de una emoción tan visceral como irracional como esta, puede llevar a una sociedad y a sus dirigentes a lugares impensados, todos dañinos para el bien común. Odiar es la causa y el camino, es la finalidad y el motor. Odiar como motivación del ser. Odiar al periodismo, a la militancia, al kirchnerismo, al Estado, a la llamada cultura woke.

El odio como razón de poder, como una forma de desvinculación permanente con el entorno, cualquiera sea este. Desvincularse a través del desprecio y del rechazo hacia lo distinto, hacia lo plural, hacia lo de todos. Él y un entorno de confianza conformando el "adentro", y el odio y la desconfianza conformando el afuera.

Si el amor es un valor político, como ciertamente lo es, capaz de conducir un accionar social, el odio también puede serlo. El odio requiere solo del impulso y una consigna mínima que lo despierte; el amor exige mucho, muchísimo más. No todo el mundo es capaz de amar, pero quizás sí de odiar.

El neoliberalismo es culturalmente exitoso cuando logra que las sociedades se ordenen a partir del descrédito y el maltrato hacia el otro, adjudicándole a ese otro el carácter de amenaza y riesgo latente, con motivos suficientes para justificar su persecución como autodefensa. Pero el poder neoliberal no olvida digitar a quién odiar. No es al azar, no se odia a cualquiera, se odia a quien el poder formateó como "sujeto susceptible de ser odiado". Son los más débiles, a quienes a primera vista les sobraran razones imputables para serlo.

La sociedad neoliberal detesta al oprimido en lugar de presentarle batalla al opresor; esta ecuación es fundante en el poder de la derecha. Por eso Arturo Jauretche decía: "La multitud no odia, odian las minorías, porque conquistar derechos provoca alegría, mientras perder privilegios provoca rencor".

Sin embargo, en estos tiempos de expectativas exageradas, muy por encima de las realidades en las que hoy se vive, están quienes, siendo parte de esa multitud, desean imperiosamente dejar de serlo y, para empezar, buscan diferenciarse repitiendo el discurso de esa minoría que custodia sus privilegios.

El odio entre pares, próximos, parecidos socialmente hablando, es equivocar el enemigo y es la piedra fundacional de la batalla cultural. El odio social es el odio de una comunidad que no se tolera a sí misma y responsabiliza a un otro construyendo en su imaginario que lo que "no puede", es porque "no le dejan". Este impedimento, según su propia fantasía, funciona como puntapié inicial de la carrera hacia el odiar.

Por eso el presidente libertario repite como un mantra esa frase: "Aún no odian lo suficiente…". Pero, ¿cuánto será lo suficiente?

Este texto intenta recorrer el sentir de estos tiempos en los que "odiar" parece ser la clave para entender por qué sucede lo que sucede y por qué se naturaliza esto que sucede. Políticas económicas, culturales, comunicacionales y sociales delimitan el mapa de gobierno y el orden geopolítico que también nos gobierna.

El mundo está atravesado, como hacía tiempo no lo estaba, por un rencor, un resentimiento, un aborrecimiento capaz de volver a los orígenes mismos de la civilización. El peronismo en Argentina, los inmigrantes en Estados Unidos, los refugiados en el viejo continente, los desposeídos en cuanto rincón del planeta se hagan visibles, son a quienes hay que "exterminar" para construir lo nuevo.

En fin, un mundo lleno de "enemigos" que el poder hegemónico impuso para que los individuos, en su cotidianidad invisible, ejecuten la tarea inquisidora.

Si para Juan Bautista Alberdi gobernar era "poblar", para Juan Domingo Perón era "crear trabajo" y para Mauricio Macri era "decir la verdad", para Javier Milei gobernar es "odiar".

Insisto, ¿cuánto odio será suficiente?

Esa es la pregunta urgente a responder, porque en su respuesta está la interpelación directa a nuestra acción u omisión política.

Capítulo I
La Patria suicidada
Estábamos en el día a día, la plata que no alcanzaba, el duelo por ese maldito virus y el dolor por Matías. ¿Te acordás de Matías o te olvidaste? Se lo llevó el Covid con 40 años, sanísimo.

¿Te olvidaste del horror que vivimos esos días? ¡Yo no! No puedo. Nunca podré. Perdí demasiada gente querida.

La cuarentena de mierda, los pibes sin clases, que las vacunas no, que las vacunas sí, que ¡quedate en casa! Los números de los muertos y contagiados en la televisión, cada día, como carteles luminosos en grandes marquesinas.

Vivíamos con terror, ¿te olvidaste?, y con dos mangos para todo, sin un peso. Macri nos hizo pelota, es cierto, pero Cristina eligió al inútil de Alberto. Que volvían mejores, que ellos sabían, y no sé cuántas boludeces más… ¿Qué van a saber? ¡Una mierda sabían! Todo fue peor.

De eso hablábamos, Mercedes, de eso… ¿o te olvidaste? ¿O preferís convencerte de que aquí no pasó nada?

Así eran nuestros días, así estábamos esos años. Cuatro años cayendo de poquito a poco, cada mañana sin saber si llegábamos vivos a la noche. La pandemia nos rompió y hubo que armarse otra vez, con lo que nos quedaba y a remarla, como toda la maldita vida en este país.

Vos y yo estábamos hartos, ¿o no? No me hagas así con la cabeza. ¡Si era así! Estábamos can-sa-dos de siempre lo mismo y siempre los mismos. Y bueno, apareció este loco y qué sé yo. ¿Quién iba a creer que ganaba? Decía boludeces, nadie creía que las iba a hacer.

¡No lo va a hacer, no lo va a hacer!, me decía Juanca, el carnicero. Miralo hoy, no vende nada. Votamos a alguien por lo que “no iba a hacer”, francamente increíble.

Pero, ¿a quién ibas a votar? Ahora no te hagas la desentendida… Enojados, repodridos, así estábamos. Al fin y al cabo, siempre nos tuvimos que romper el lomo, con cualquier gobierno. ¡No pongas caras! Fue así.

¡Mirá a tu hija y a tu nieta! ¿Qué futuro tienen? ¡Laburar, Mercedes, laburar! No queda otra y los políticos van a seguir robando como siempre. Es así, siempre fue igual…

¿Cómo que no? Sí. Siempre fue igual.

Casi sin darnos cuenta
¿Los pueblos se suicidan?

Es un interrogante incómodo, interpela, o al menos debería hacerlo. ¿Cuánto es el daño que somos capaces de hacernos a nosotros mismos como sociedad? Por acción u omisión, en plena conciencia o por una inconciencia temeraria, ¿hasta qué profundidad podemos apuñalar nuestro propio cuerpo?

¿Qué características propias de un suicida tenemos como sociedad?

Muchos afirman que los suicidios encierran una corajuda decisión en plena conciencia de los actos; otros argumentan todo lo contrario, que semejante acto sintetiza un momento de enorme debilidad y cobardía en el sujeto que se quita la vida. Lo concreto es que la psiquis de quien toma una decisión semejante sigue siendo materia de investigación.

Con los pueblos puede que suceda algo similar. Es difícil determinar si la conciencia se impone frente a las decisiones colectivas, en tanto "conciencia colectiva", o es la irresponsabilidad del "todo me da lo mismo", la mera repetición de los discursos del poder, o la despolitización y la desmemoria impuesta las que nos llevan al borde del abismo.

Podemos preguntarnos también si los pueblos se suicidan o simplemente se equivocan cuando, por ejemplo, eligen para conducir los destinos de su país a personas probadamente corruptas, que en más de una oportunidad estafaron al pueblo argentino, o a aquellas cuyas promesas y acciones vienen de la mano de lo irracional.

¿Puede ser apenas un error votar a un gobierno que de antemano te notifica que llevará a cabo el mismo ajuste que se ejecutó al menos tres veces en la corta historia de nuestro país, y que en todas dejó tendales de pobreza, riquezas nacionales extranjerizadas, una matriz productiva nacional quebrada y una patria agonizando cultural y políticamente?

¿Podemos darle la ventaja de asumirlo como una equivocación? ¿Es quizás ignorancia, desmemoria? ¿Qué es?

A esta altura del partido no entender que la memoria es una condición política indispensable en todo sujeto social es injustificable. En estos tiempos, no asimilarnos como sujetos políticos, lo queramos o no, es una ingenuidad peligrosa.

Sin embargo, así es, así somos.

En otro de mis libros (La Inquisición Neoliberal) hablé sobre la ignorancia que nos abruma como sociedad. Me referí a la idea de "ignorancia de clase" o una "clase de ignorancia".

Debemos asumir que la ignorancia es, en muchos casos, una decisión política enmascarada en una mirada ideológica que reposa en la despolitización como una virtud social.

En muchas comunidades del mundo se convive con un conjunto de ideas y conceptos que hacen a la conformación de una sociedad profundamente ignorante. El poder busca dominar a las sociedades precarizando el discurso y vaciando el debate político. El éxito del modelo cultural del poder dominante no es otro que el desentendimiento de lo colectivo, de sus mecanismos y de la conciencia crítica.

La ignorancia es, entonces, en muchos casos, una imposición del poder que busca sujetarnos con las cadenas del desconocimiento.

Pero existe también una ignorancia por la que se elige o se opta. Ejemplo de esto es el "no te metás", el "todos son lo mismo", "nada va a cambiar", "gobierne quien gobierne yo tengo que trabajar". Estas síntesis infundadas las repiten quienes prefieren ignorar para llevar menos carga en la soledad de su camino, creen refugiarse en un lugar de comodidad que los mantiene a salvo; sin embargo, no están haciendo otra cosa que entregar sus propias voluntades.

Es una ceguera por la cual optan en la falacia de que su mundo individual nada tiene que ver con el colectivo, el plural.

La ignorancia política por elección es una conducta suicida y representa la cumbre del éxito de la cultura neoliberal.

No querer profundizar en la información, no suscribirse al mundo del espíritu crítico, no tener vocación de interpelar, son conductas que hablan de cierto hacinamiento intelectual.

No dudar nunca de nada o dudar de todos bajo los preceptos del poder es ignorar.

La ignorancia como elección es toda una ideología que se apoya sobre ideas falaces, llenas de lugares comunes, que se reiteran como muletillas y que, mediante su repetición sistemática, conforman una matriz de pensamiento: "Yo soy apolítico", "todos los políticos son una manga de chorros", "el pasado ya fue", "los planes son para mantener vagos", son todas frases que denotan un posicionamiento politizado, disfrazado de antipolítica.

Están convencidos de que cuanto más alejados estén de los problemas sociales y las disputas políticas que estos generan, más tiempo tienen para dedicarle a su mundo propio y abonan su cuota social repitiendo lo que esgrimen aquellos a los que quieren parecerse.

Este sector, transversal en términos de las clases sociales a las que comúnmente nos referimos, se contenta con ser un simple vocero del pensamiento de los otros. Un fenómeno que se exacerba cuando, al vociferar afirmaciones ajenas, se sienten parte de una posición social (a la cual no pertenecen y a la que difícilmente accedan) que idealizan y desean fervorosamente habitar.

Son, al menos en su decir, aquello que en su cotidianidad no son.

Sería algo así como: "No soy como ellos, no vivo como lo hacen ellos, pero al menos puedo decir lo que ellos dicen, y me alcanza".

Ignoran que no existe mayor desprecio por el mundo propio que desconocer lo que pasa en el "ajeno". No hay "adentro" posible si no se convive solidaria y justamente con el "afuera".

La reivindicación de lo individual es la madre de todas las ignorancias, porque solo con la ruptura de los lazos entre los parecidos es que se puede avanzar sobre los derechos del pueblo.

No me refiero a esa enorme porción de pueblo que luego de una exagerada pero inevitable jornada laboral mal paga, se deja absorber por la televisión como una vía de escape y que carece del tiempo para nutrirse de lo que sucede allí afuera.

No me refiero a quienes no llegan a cumplir con las desconsideradas exigencias que conlleva conocer los tiempos políticos y mediáticos.

No hablo, al fin y al cabo, de quienes sufren la imposibilidad de tener tiempo para ello porque son víctimas de la marginalidad de un modelo que pretende que lo ignoremos todo.

No son precisamente las clases bajas las que "eligen" ignorar, justamente ellas no.

La ideología de la ignorancia a la que hago referencia echa sus raíces sobre una profunda insensibilidad y florece en la soberbia.

Ignorar para "vivir mejor, con tranquilidad" debe ser de las mayores estupideces del ser humano.

La verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimiento, sino el hecho de negarse a adquirirlo.

Lo más perturbador y peligroso de este tipo de ignorante social es que ignora su propia ignorancia.

Fotos: Gentileza Fernando Borroni