En el debate del proyecto de ley de la Reforma Laboral, el Gobierno de Milei intenta eliminar el Estatuto del Periodista Profesional. Ahora, el Ministerio de Seguridad pretende, a través de un comunicado, reglamentar la libre expresión y el ejercicio del periodismo profesional, una medida que vulnera mandatos constitucionales y tratados internacionales. Además, dicho mensaje presenta deficiencias de redacción y forma que afectan gravemente su claridad e institucionalidad
El Gobierno de Javier Milei volvió a quedar en el centro de la polémica por una medida que organizaciones periodísticas calificaron como un intento de "silenciar" la cobertura informativa. En la previa del debate por la reforma laboral en la Cámara de Diputados, el Ministerio de Seguridad estableció un protocolo especial para la prensa y advirtió que, ante eventuales hechos de violencia, "nuestras fuerzas actuarán".
La cartera que conduce Alejandra Monteoliva difundió el comunicado titulado "Medidas de Seguridad para la prensa – Operativo Congreso", en el que asigna como "zona exclusiva" para el estacionamiento de móviles periodísticos la vereda de Hipólito Yrigoyen al 1700 (lado par), durante los días 18, 19 y 20 de febrero de 2026.
Además, el Ministerio recomienda a "periodistas, camarógrafos y personal de apoyo" evitar posicionarse "entre eventuales focos violentos y el personal de las Fuerzas de Seguridad". En el texto oficial se advierte que ubicarse en esos sectores podría implicar "una exposición directa a situaciones de violencia", configurando "una autopuesta en peligro que la presente medida procura prevenir".
El mensaje agrega que las disposiciones buscan "resguardar la integridad de los periodistas y el buen desarrollo del operativo" y solicita respetarlas. Sin embargo, la advertencia final —"Ante hechos de violencia, nuestras Fuerzas actuarán"— fue leída por sindicatos y asociaciones de prensa como una amenaza directa en el contexto de una protesta social.
La cartera que conduce Alejandra Monteoliva difundió el comunicado titulado "Medidas de Seguridad para la prensa – Operativo Congreso", en el que asigna como "zona exclusiva" para el estacionamiento de móviles periodísticos la vereda de Hipólito Yrigoyen al 1700 (lado par), durante los días 18, 19 y 20 de febrero de 2026.
Además, el Ministerio recomienda a "periodistas, camarógrafos y personal de apoyo" evitar posicionarse "entre eventuales focos violentos y el personal de las Fuerzas de Seguridad". En el texto oficial se advierte que ubicarse en esos sectores podría implicar "una exposición directa a situaciones de violencia", configurando "una autopuesta en peligro que la presente medida procura prevenir".
El mensaje agrega que las disposiciones buscan "resguardar la integridad de los periodistas y el buen desarrollo del operativo" y solicita respetarlas. Sin embargo, la advertencia final —"Ante hechos de violencia, nuestras Fuerzas actuarán"— fue leída por sindicatos y asociaciones de prensa como una amenaza directa en el contexto de una protesta social.
El comunicado evidencia errores de redacción y de técnica institucional difíciles de justificar en un documento oficial. Presenta repeticiones léxicas innecesarias, construcciones ambiguas y formulaciones que rozan la advertencia impropia antes que la información objetiva ("Ante hechos de violencia, nuestras Fuerzas actuarán"), además de un uso incorrecto del gerundio que afecta la corrección sintáctica. A ello se suma una expresión conceptualmente imprecisa ("autopuesta en peligro") y la denominación errónea del propio organismo emisor, un desliz formal particularmente grave tratándose de una comunicación oficial. En conjunto, las deficiencias no son meramente estilísticas: comprometen la claridad, el rigor y la seriedad institucional del mensaje.
Rechazo sindical: "Buscan silenciarnos"
La respuesta no tardó en llegar. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) repudiaron el comunicado oficial y lo calificaron como un intento de limitar la libertad de expresión y el derecho a la información.
En un pronunciamiento conjunto fechado el 17 de febrero de 2026, señalaron que las condiciones impuestas "son incompatibles con las convenciones de derechos humanos" y denunciaron que el Gobierno traslada a los trabajadores de prensa la responsabilidad estatal de garantizar la seguridad en contextos de protesta.
Para las organizaciones, la noción de "autopuesta en peligro" implica una inversión inadmisible de responsabilidades: en lugar de asegurar condiciones para el ejercicio del periodismo, el Estado advierte que si los cronistas resultan heridos será consecuencia de su propia decisión de cubrir los hechos desde el lugar donde ocurren.
Comunicado de la Asociación de Corresponsales Extranjeros de la República Argentina
Ante el comunicado oficial titulado «Medidas de seguridad para la Prensa – Operativo Congreso», emitido recientemente por el Ministerio de Seguridad Nacional de la Nación, la Asociación de Corresponsales Extranjeros de la República Argentina (ACERA) —entidad con más de 40 años de trayectoria en el país que representa a más de 90 periodistas de medios internacionales— expresa su profunda preocupación por el contenido y el alcance de dichas disposiciones.
El mencionado documento establece limitaciones al desempeño de los trabajadores de prensa en las inmediaciones del Congreso de la Nación durante los días 18, 19 y 20 de febrero de 2026, y pretende deslindar al Estado de su rol constitucional como garante de la seguridad de los periodistas que cubren información en la vía pública.
ACERA hace saber a los organismos oficiales, a los colegas y a la opinión pública en general lo siguiente:
La respuesta no tardó en llegar. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) repudiaron el comunicado oficial y lo calificaron como un intento de limitar la libertad de expresión y el derecho a la información.
En un pronunciamiento conjunto fechado el 17 de febrero de 2026, señalaron que las condiciones impuestas "son incompatibles con las convenciones de derechos humanos" y denunciaron que el Gobierno traslada a los trabajadores de prensa la responsabilidad estatal de garantizar la seguridad en contextos de protesta.
Para las organizaciones, la noción de "autopuesta en peligro" implica una inversión inadmisible de responsabilidades: en lugar de asegurar condiciones para el ejercicio del periodismo, el Estado advierte que si los cronistas resultan heridos será consecuencia de su propia decisión de cubrir los hechos desde el lugar donde ocurren.
Ante el comunicado oficial titulado «Medidas de seguridad para la Prensa – Operativo Congreso», emitido recientemente por el Ministerio de Seguridad Nacional de la Nación, la Asociación de Corresponsales Extranjeros de la República Argentina (ACERA) —entidad con más de 40 años de trayectoria en el país que representa a más de 90 periodistas de medios internacionales— expresa su profunda preocupación por el contenido y el alcance de dichas disposiciones.
El mencionado documento establece limitaciones al desempeño de los trabajadores de prensa en las inmediaciones del Congreso de la Nación durante los días 18, 19 y 20 de febrero de 2026, y pretende deslindar al Estado de su rol constitucional como garante de la seguridad de los periodistas que cubren información en la vía pública.
ACERA hace saber a los organismos oficiales, a los colegas y a la opinión pública en general lo siguiente:
1. Cualquier limitación o acción que restrinja la labor de los periodistas que cubren manifestaciones, marchas o protestas en el espacio público no solo obstaculiza el ejercicio del derecho a buscar y difundir información, sino que también vulnera el derecho de la sociedad a recibir información veraz y oportuna.La Asociación de Corresponsales Extranjeros de la República Argentina insta al Ministerio de Seguridad Nacional a reconsiderar los términos del comunicado mencionado y a adecuar sus directrices a los estándares constitucionales e internacionales en materia de libertad de prensa y protección de periodistas.
2. Diversos organismos internacionales de derechos humanos, entre ellos la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH-OEA) y la Relatoría Especial de Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y de Expresión, han establecido que, en contextos de alta conflictividad social, corresponde al Estado garantizar el máximo nivel de protección a los periodistas y trabajadores de prensa para que puedan ejercer su labor en condiciones de seguridad.
3. ACERA rechaza los términos del comunicado del Ministerio de Seguridad Nacional, en tanto sus disposiciones generan un efecto intimidatorio sobre la labor periodística, desentienden al Estado de su deber de proteger la integridad de los reporteros en cubrimientos de manifestaciones públicas y, de manera aún más grave, trasladan a los propios trabajadores de prensa la responsabilidad por su integridad física, eludiendo así las funciones que la Constitución Nacional y las leyes vigentes asignan a dicha cartera de Estado y a sus agentes.
4. ACERA recuerda que la protección efectiva del derecho a la libertad de expresión exige que las autoridades adopten medidas activas para garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio del periodismo, especialmente cuando se trata de hechos de notorio interés público, como las protestas sociales. La imposición de restricciones desproporcionadas o generalizadas constituye una vulneración directa del derecho a la libertad de expresión y del derecho a la información, ambos pilares fundamentales de todo sistema democrático.
Un antecedente polémico
El comunicado sindical también vinculó la estrategia oficial con antecedentes recientes. Mencionaron el caso del fotógrafo Pablo Grillo, quien resultó gravemente herido por el impacto de un gas lacrimógeno disparado por un gendarme durante una protesta. Según recordaron, la Justicia determinó en dos oportunidades la responsabilidad del agente Héctor Guerrero, desestimando intentos de responsabilizar a la víctima.
Las organizaciones sostienen que el nuevo protocolo se inscribe en una política más amplia de restricción a la prensa, orientada —afirman— a evitar el registro de operativos represivos y de la aplicación de protocolos que fueron cuestionados judicialmente.
Libertad de prensa en debate
La decisión del Ministerio se produce en un contexto de alta tensión política por el tratamiento de la reforma laboral en el Congreso y frente a convocatorias de movilización social.
Mientras el Gobierno sostiene que las medidas buscan proteger la integridad física de los trabajadores de prensa, los sindicatos advierten que se trata de una forma indirecta de desalentar la cobertura en la zona de conflicto y de condicionar el ejercicio profesional bajo la amenaza de represión.
"Buscan silenciarnos. Que dejemos de registrar los operativos represivos", afirmaron desde SiPreBA y ARGRA. Y concluyeron: "No nos van a amedrentar, seguiremos en la calle garantizando a la sociedad su derecho a ser informada y el nuestro, a trabajar, a informar y a manifestarnos".
La controversia reabre un debate central en democracia: hasta dónde puede llegar el Estado en la regulación de operativos de seguridad sin vulnerar el derecho constitucional a la libertad de prensa y al acceso a la información pública.
Foto: Juan Valeiro / lavaca.orgEl comunicado sindical también vinculó la estrategia oficial con antecedentes recientes. Mencionaron el caso del fotógrafo Pablo Grillo, quien resultó gravemente herido por el impacto de un gas lacrimógeno disparado por un gendarme durante una protesta. Según recordaron, la Justicia determinó en dos oportunidades la responsabilidad del agente Héctor Guerrero, desestimando intentos de responsabilizar a la víctima.
Las organizaciones sostienen que el nuevo protocolo se inscribe en una política más amplia de restricción a la prensa, orientada —afirman— a evitar el registro de operativos represivos y de la aplicación de protocolos que fueron cuestionados judicialmente.
Libertad de prensa en debate
La decisión del Ministerio se produce en un contexto de alta tensión política por el tratamiento de la reforma laboral en el Congreso y frente a convocatorias de movilización social.
Mientras el Gobierno sostiene que las medidas buscan proteger la integridad física de los trabajadores de prensa, los sindicatos advierten que se trata de una forma indirecta de desalentar la cobertura en la zona de conflicto y de condicionar el ejercicio profesional bajo la amenaza de represión.
"Buscan silenciarnos. Que dejemos de registrar los operativos represivos", afirmaron desde SiPreBA y ARGRA. Y concluyeron: "No nos van a amedrentar, seguiremos en la calle garantizando a la sociedad su derecho a ser informada y el nuestro, a trabajar, a informar y a manifestarnos".
La controversia reabre un debate central en democracia: hasta dónde puede llegar el Estado en la regulación de operativos de seguridad sin vulnerar el derecho constitucional a la libertad de prensa y al acceso a la información pública.
