Netflix anuncia la compra de Warner Bros. por US$82.700 millones y redefine el mapa del entretenimiento

En un movimiento histórico que reconfigura por completo la industria global del entretenimiento, Netflix anunció que alcanzó un acuerdo definitivo para adquirir Warner Bros. —incluyendo sus estudios de cine y televisión, HBO y HBO Max— en una operación valuada en US$82.700 millones de valor empresarial (US$72.000 millones de valor de capital).

La transacción, que combina efectivo y acciones, se realizará por US$27,75 por acción de Warner Bros. Discovery (WBD) y se concretará una vez que la compañía complete la ya anunciada separación de su división internacional de canales, Discovery Global, prevista para el tercer trimestre de 2026.

Con esta adquisición, Netflix incorpora a su catálogo algunas de las franquicias y bibliotecas más prestigiosas del mundo, desde Game of Thrones y Harry Potter hasta The Sopranos, Friends, The Wizard of Oz y el universo DC, que convivirán con producciones originales como Stranger Things, La Casa de Papel, Bridgerton y Wednesday.

Una fusión que define el futuro del streaming

El co-CEO de Netflix, Ted Sarandos, afirmó que la operación permitirá "Nuestra misión siempre ha sido entretener al mundo. Al combinar la increíble biblioteca de Warner Bros.—desde clásicos como Casablanca y Citizen Kane hasta favoritos modernos como Harry Potter y Friends—con nuestros títulos que definen la cultura como Stranger Things, KPop Demon Hunters y Squid Game, podremos hacerlo aún mejor. Juntos podemos ofrecer más de lo que la audiencia ama y ayudar a definir el próximo siglo del storytelling".

Por su parte, el también co-CEO Greg Peters aseguró: "Esta adquisición mejorará nuestra oferta y acelerará nuestro negocio durante décadas. Warner Bros. ha definido el entretenimiento por más de un siglo y continúa haciéndolo con ejecutivos creativos fenomenales y capacidades de producción únicas. Con nuestro alcance global y modelo de negocio comprobado, podremos llevar sus universos a audiencias más amplias, atraer más suscriptores, fortalecer la industria y crear valor para los accionistas.

Desde Warner Bros. Discovery, su CEO David Zaslav celebró el acuerdo y aseguró: "La unión de dos de las grandes compañías de storytelling permitirá llevar a más personas el entretenimiento que más aman. Durante más de un siglo, Warner Bros. ha cautivado audiencias y moldeado la cultura. Al unirnos a Netflix garantizamos que estas historias continúen resonando por generaciones".

Impacto en los consumidores, la industria y los creadores

Netflix aseguró que mantendrá las operaciones actuales de Warner Bros., incluidos los estrenos teatrales, y destacó cuatro efectos clave:

• Más opciones para los usuarios: la plataforma sumará miles de títulos de cine, TV y contenido premium de HBO y HBO Max.
• Mayor solidez en la industria: con la ampliación de capacidad de producción en Estados Unidos y mayores inversiones en contenido original.
• Más oportunidades creativas: el alcance global de Netflix combinado con franquicias icónicas abre nuevas vías para talentos de todo el mundo.
• Mayor valor para accionistas: proyección de ahorros anuales de US$2.000 a US$3.000 millones hacia el tercer año y mejora en ingresos y retención de suscriptores.

Además, Netflix ha comenzado a construir un argumento central para defender la operación ante los reguladores: que el mercado del consumo audiovisual es mucho más amplio que la industria del streaming, y que combinar las plataformas de Netflix y Warner Bros. ofrece mejores opciones para los consumidores que hoy pagan por ambas.

Netflix nunca había intentado una adquisición de una magnitud siquiera cercana a esta

Un acuerdo bajo intensa supervisión regulatoria
Cualquier adquisición de esta magnitud requerirá la aprobación de reguladores federales en Estados Unidos, y su evaluación dependerá en parte de cómo el gobierno de Donald Trump interprete hoy un sector mediático en rápida transformación, con gigantes tecnológicos como Apple y Amazon compitiendo contra actores tradicionales.

El acuerdo también necesitará la aprobación de autoridades en Europa, donde se anticipa un escrutinio profundo por parte de expertos antimonopolio.

El jueves, un grupo de productores cinematográficos —que permaneció anónimo por "temor a represalias"— envió una carta al Congreso expresando “graves preocupaciones” por la compra.
"La percepción de Netflix es que el tiempo que alguien pasa en una sala de cine es tiempo que no pasa en su plataforma", afirmaba la carta. "No tienen incentivos para apoyar la exhibición cinematográfica, y sí todos los incentivos para terminar con ella".

Los productores también advirtieron sobre un posible "control monopolístico" del mercado del streaming.

Si el acuerdo no obtiene las aprobaciones necesarias y fracasa, Netflix deberá pagar a WBD US$5.800 millones en concepto de penalización por incumplimiento, una de las cifras más grandes registradas en operaciones corporativas recientes.

Detalles financieros y próximos pasos

La estructura del acuerdo contempla:

• US$23,25 en efectivo por cada acción de WBD.
• US$4,501 en acciones de Netflix, sujeto a un collar entre US$97,91 y US$119,67 de valor VWAP.

La operación, aprobada de manera unánime por los directorios de ambas compañías, aún debe recibir autorizaciones regulatorias y la aprobación de los accionistas de WBD. Se estima un cierre en 12 a 18 meses.

En 2025, WBD ya había anunciado su plan de separar las unidades de Streaming & Studios y Global Networks. La nueva compañía, Discovery Global, incluirá CNN, TNT Sports, Discovery, canales abiertos europeos y plataformas como Discovery+ y Bleacher Report.

Una megafusión vigilada de cerca

El comunicado incluye advertencias legales y menciones a futuros documentos ante la SEC, como el Formulario S-4 y los estados de registro para la nueva compañía resultante de la separación. Netflix y WBD exhortan a inversores y accionistas a revisar la documentación cuando esté disponible, ya que contendrá información clave sobre la fusión.

La compañía también emitió la tradicional nota de advertencia sobre declaraciones prospectivas, recordando que la operación está sujeta a riesgos regulatorios, de integración, de mercado y otros factores que podrían modificar los plazos o resultados estimados.

Foto: Mario Tama/Getty Images

Fuentes: Netflix, NYT

El New York Times demanda al Pentágono por las nuevas restricciones a la prensa

El diario The New York Times anunció este jueves que presentó una demanda contra el Pentágono por las nuevas restricciones impuestas a la prensa para informar sobre las actividades del Ejército. Según el periódico, la política constituye "exactamente el tipo de esquema restrictivo de la libertad de expresión y de prensa" que tanto la Corte Suprema como el Tribunal del Circuito de Washington D.C. han reconocido como violatorio de la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de prensa y de expresión.

Las nuevas normas establecen estrictas limitaciones de acceso físico a las instalaciones y al uso de fuentes, medidas que diversos medios interpretan como un intento de "cerrar las puertas del Pentágono".

Medios entregan credenciales en señal de rechazo

El 16 de octubre, fecha límite para aceptar las nuevas reglas, numerosos medios estadounidenses —incluidos corresponsales con más de treinta años de trayectoria en el Pentágono— entregaron sus credenciales como protesta.

La demanda del NYT, presentada ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. en Washington, señala que el objetivo de la política es "cerrar las puertas del Pentágono —aquellas áreas históricamente abiertas a la prensa— a organizaciones de noticias que investigan e informan sin temor ni favoritismos sobre las acciones del departamento y su dirección".

El diario solicita una orden judicial que impida la aplicación de la nueva política y una declaración de que sus disposiciones violan la Primera Enmienda.

El Pentágono defiende las restricciones

El NYT recuerda que funcionarios del Pentágono han afirmado que el acceso a instalaciones militares es un privilegio sujeto a regulación, asegurando que las nuevas directrices buscan evitar filtraciones que comprometan la seguridad operativa y la seguridad nacional.

Este martes, en la primera sesión informativa tras la retirada de credenciales a la mayoría de los medios —nacionales y extranjeros— que rechazaron las reglas, la sala de prensa fue ocupada por influencers, blogueros y reporteros de "nuevos medios".

Influencers y blogueros ocupan los espacios de medios tradicionales

Entre los nuevos acreditados se encontraban figuras como Lance Johnston, miembro de la organización de derechas Fearless Media, quien llegó a presumir en redes sociales que los escritorios donde durante décadas trabajaron reporteros de The Washington Post, The New York Times, CNN y otros medios tradicionales "ahora les pertenecían".

Durante la sesión, la secretaria de Prensa del Departamento de Guerra estadounidense (nuevo nombre adoptado bajo la administración Trump), Kingsley Wilson, dio la bienvenida a los recién llegados, entre ellos la polémica influencer de extrema derecha Laura Loomer y el excongresista republicano Matt Gaetz. Wilson incluso adelantó que podrían retomarse briefings semanales o quincenales: "Estamos emocionados de tenerlos a todos en el Pentágono", afirmó.

Loomer, conocida por sus posiciones islamófobas y su cercanía con Trump, publicó en X: "‘The Washington Post’ y Dan Lamothe solían ocupar este escritorio (…) ¡Ahora es mío!". Johnston, Cam Higby, RC Maxwell y otros compartieron fotos en cubículos vacíos con mensajes como: "Fuera los propagandistas y periodistas a sueldo. Que entren los que dicen la verdad y aman a Estados Unidos".

La escena generó burlas entre periodistas veteranos, muchos de los cuales dijeron ni siquiera recordar qué escritorios ocupaban. El gobernador de California, Gavin Newsom, publicó un meme comparando a Loomer con un niño jugando con bloques, con el texto: "Ahora soy un periodista real".

Periodistas de medios tradicionales abandonan las oficinas del Pentágono con sus pertenencias, el pasado 15 de octubre

El NYT recibe apoyo y se espera que más medios se sumen

La Asociación de Prensa del Pentágono, que representa a la mayoría de los periodistas que rechazaron las nuevas normas, aseguró sentirse "alentada" por la decisión del NYT de dar un paso adelante en defensa de la libertad de prensa.

El Times destaca que docenas de medios, incluidos conservadores como Fox News y Newsmax, se han opuesto colectivamente a las restricciones. Aunque por ahora es el único que ha presentado una demanda formal, se espera que otras redacciones presenten escritos en apoyo.

El Comité de Reporteros por la Libertad de Prensa también anunció que respaldará el caso. Su vicepresidente de políticas, Gabe Rottman, declaró: "La política de acceso a la prensa del Pentágono es ilegal porque otorga a los funcionarios gubernamentales un poder ilimitado sobre quién obtiene una credencial y quién no, algo que la Primera Enmienda prohíbe". Añadió que el público necesita periodismo independiente, especialmente en un momento de mayor escrutinio sobre las acciones del Departamento de Defensa.

Contexto: tensiones entre la prensa y la administración Trump

El conflicto ocurre mientras el Congreso y varios medios cuestionan la estrategia militar de la administración Trump en el Caribe, incluyendo un ataque en el que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, habría ordenado a las tropas no dejar sobrevivientes, una aparente violación de las leyes de la guerra.

Desde su regreso al poder en enero, el presidente Donald Trump ha intensificado sus ataques contra la prensa, llegando a insultar o mandar callar a reporteros cuyas preguntas considera ofensivas.

El rebautizado Departamento de Guerra dejó de ofrecer sus conferencias semanales y redujo la información sobre operaciones militares de interés público, como los ataques a supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico.

En octubre, retiró las credenciales de la gran mayoría de medios tras su negativa a aceptar las nuevas reglas, que incluyen limitaciones de acceso físico, restricciones al uso de fuentes y la posibilidad de sanciones por solicitar información pública sin autorización, incluso cuando no sea clasificada.

La Asociación de Prensa del Pentágono denunció estas acciones como una "amenaza implícita de criminalizar la información sobre seguridad nacional", comprometiéndose a continuar la cobertura fuera de sus antiguos despachos.

Qué dijo el diario:
The New York Times demanda al Pentágono por sus nuevas políticas para periodistas
La demanda decía que el nuevo conjunto de normas del Departamento de Defensa para los periodistas "viola las garantías constitucionales del debido proceso, la libertad de expresión y la libertad de prensa".
Por: Erik Wemple

El jueves, en una demanda, The New York Times acusó al Pentágono de vulnerar los derechos constitucionales de los periodistas al imponer una serie de nuevas restricciones a la reportería sobre el ejército.

En la demanda, presentada ante el Tribunal de Distrito de Washington, el Times argumentó que la nueva política del Departamento de Defensa viola la Primera Enmienda y "pretende restringir la capacidad de los periodistas para hacer lo que siempre han hecho: hacer preguntas a los empleados del gobierno y recabar información para reportar historias que lleven al público más allá de los pronunciamientos oficiales".

Las normas, que entraron en vigor en octubre, son muy distintas de las anteriores, tanto en extensión como en alcance. Requieren que los reporteros firmen un formulario de 21 páginas en el que se establecen restricciones a las actividades periodísticas, incluidas las solicitudes de pistas para reportajes y las consultas a las fuentes del Pentágono. Según la demanda, los reporteros que no cumplan estas directrices pueden perder su pase de prensa, y el Pentágono se ha otorgado "discrecionalidad sin límites" para aplicar la política como considere oportuno.

La demanda decía que "reportar cualquier información no aprobada por los funcionarios del departamento" podría acarrear un castigo, "independientemente de si la recopilación de noticias se produce dentro o fuera de los terrenos del Pentágono, e independientemente de si la información en cuestión está clasificada o no".

La demanda solicitaba una orden judicial que detuviera la aplicación de las normas y una declaración de que las disposiciones "dirigidas contra el ejercicio de los derechos de la Primera Enmienda" eran ilegales. El Times ha contratado a Theodore Boutrous, abogado especializado en la Primera Enmienda, quien ha llevado importantes casos de acceso de los medios de comunicación ante los tribunales federales. Julian E. Barnes, reportero del Pentágono para el Times, figura como demandante junto a la empresa.

Sean Parnell, portavoz principal del Pentágono, dijo en un comunicado: "Estamos al tanto de la demanda de The New York Times y esperamos abordar estos argumentos en el tribunal".

Las nuevas normas son el paso más reciente en un esfuerzo de meses de Pete Hegseth, secretario de Defensa, por restringir el acceso y los privilegios del cuerpo de prensa del Pentágono.

Hegseth llegó al Pentágono en enero, después de un accidentado proceso de confirmación en el que salieron a la luz acusaciones de consumo excesivo de alcohol y agresiones sexuales, las cuales, según él, no eran ciertas. Al principio de su mandato, Hegseth propuso expulsar del Pentágono a una reportera veterana de NBC News que había contribuido con parte de dicha cobertura.

Posteriormente, el departamento despojó a varios medios de comunicación nacionales de sus espacios de trabajo en el Pentágono, y se los ofreció sobre todo a medios conservadores. Hegseth también ha impuesto límites a los lugares del complejo por los que pueden circular los periodistas.

En septiembre se hizo público por primera vez un borrador de las nuevas restricciones, el cual se revisó después de la oposición de los abogados que representan a los medios de comunicación. Las normas definitivas se publicaron el 6 de octubre y, más de una semana después, decenas de periodistas acreditados —entre ellos seis del Times— renunciaron a sus credenciales en lugar de firmar el documento. Los medios que se marcharon han seguido informando sobre el ejército a pesar de las restricciones de acceso.

En octubre, muchos de los principales medios de comunicación publicaron declaraciones en las que condenaban la política del Pentágono como una intrusión en la Primera Enmienda. "La política no tiene precedentes y amenaza las principales protecciones periodísticas", decía una declaración de ABC News, CBS News, CNN, Fox News Media y NBC News.

En una rueda de prensa realizada el miércoles, un abogado del Times dijo que había habido conversaciones con otros medios de comunicación sobre la posibilidad de unirse a la demanda, pero que el periódico había decidido actuar en solitario.

La demanda cuestionaba varias disposiciones de la nueva política, incluida una que facultaba al Pentágono para considerar a un periodista "un riesgo para la seguridad". Tal determinación podría depender de si el periodista divulgaba sin autorización información clasificada o cierta información no clasificada, entre otras consideraciones.

La redacción de la política sobre la "solicitud" ha preocupado especialmente a los abogados de los medios de comunicación. Afirma que la Primera Enmienda no protege a los reporteros cuando "solicitan a empleados gubernamentales que infrinjan la ley para proporcionar información confidencial del gobierno" y podría aplicarse a las "peticiones de pistas" que animan a los empleados del Departamento de Defensa a compartir información “no pública” de la agencia.

Proporcionar canales para que las fuentes envíen información, decía la demanda, era una práctica "rutinaria" de los periodistas.

Los enfrentamientos legales entre los periodistas y el gobierno sobre el acceso a los edificios federales han surgido repetidamente a lo largo de los dos mandatos del presidente Donald Trump.

Durante su primer gobierno, la Casa Blanca retiró los pases de prensa a dos corresponsales de la Casa Blanca. Los periodistas recuperaron esos pases tras litigar. Este año, The Associated Press demandó al gobierno tras ser excluida de los actos de prensa de la Casa Blanca en espacios reducidos como el Despacho Oval; el litigio contra esta medida está en curso.

En cada uno de esos casos, el gobierno sancionó a un periodista o a un medio de comunicación. Las restricciones del Pentágono, en cambio, pretenden obligar a todo un cuerpo de prensa. Y dichas restricciones, según la demanda, suprimirían el trabajo de organizaciones de noticias "con puntos de vista percibidos que el departamento desaprueba".

Después de la partida del cuerpo de prensa de medios tradicionales, el Pentágono anunció que un nuevo grupo de medios de comunicación había aceptado las restricciones y trabajaría desde el espacio de prensa del edificio. Entre los recién llegados hay una serie de medios pro-Trump que se han hecho eco de los temas de conversación del gobierno y muestran poca inclinación a investigar sus acciones.

Fotos: Drew Angerer y Brendan Smialowski Agencia AFP; Tierney L. Cross, The New York Times

Fuente: Agencias EFE, AFP

Ataques, represión, censura, videos falsos y vigilancia digital: el gobierno de Javier Milei amenaza la libertad de expresión

El martes 2 de diciembre se presentó en el Senado de la Nación el Informe sobre Libertad de Expresión en Argentina 2025, elaborado por SiPreBA, la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPren) y la Federación Internacional de Periodistas (FIP), con apoyo de Democracy at Work. La actividad tuvo lugar en la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, presidida por la senadora María Carolina Moisés.

Entre los expositores, disertaron el vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales Diego de Charras; la vicepresidenta de la Federación Internacional de Periodistas, Zuliana Lainez; los periodistas Julia Mengolini y Ari Lijalad; el secretario General de la CGT, Jorge Sola; el director del Área de Litigio y Defensa Legal del CELS, Diego Morales; el presidente de ARGRA, Sebastián Vricella; la directora de la carrera de comunicación de la UBA, Larisa Kejval; y la periodista y representante del SiPreBA, Ángela Lerena. 

Un contexto de ataques crecientes: represión, hostigamiento y vaciamiento

"Desde hace dos años este gobierno despliega un plan sistemático y persistente para atacar a quienes ejercemos la comunicación, que incluye represión, persecución y desfinanciamiento de los medios públicos. Todo eso se traduce en el informe de este año", afirmó Gaudensi.

La senadora Moisés destacó que "la libertad de expresión es un derecho integral de las personas a participar de la vida política, cívica o sindical" y recordó que se trata de "un pilar del sistema democrático".

El informe revela que las agresiones policiales a periodistas, trabajadores de prensa y reporteros gráficos aumentaron un 66% respecto de 2024, con 83 casos documentados hasta octubre de 2025. Solo en la marcha del 12 de marzo, en la que fue herido el reportero gráfico Pablo Grillo, se registraron 20 hechos de violencia policial, que incluyeron intoxicaciones con gases, balas de goma, golpes y vejaciones.

También se consolidaron prácticas de persecución judicial, obstaculización del trabajo periodístico y hostigamiento digital desde el Poder Ejecutivo, como estrategias para disciplinar voces críticas. El documento señala el uso de figuras legales —como "resistencia a la autoridad"— para criminalizar a quienes registran abusos estatales durante protestas sociales.

Deepfakes, ciberpatrullaje y nuevas formas de control en el ecosistema digital
Uno de los ejes centrales del informe es el análisis de las herramientas digitales aplicadas a la esfera pública. El documento dedica secciones específicas a describir cómo las tecnologías se están utilizando en el actual contexto político.

Sobre manipulación informativa, el relevamiento documenta el uso de Inteligencia Artificial generativa durante el año electoral, incluyendo la circulación de deepfakes de dirigentes como Mauricio Macri y Jorge Taiana. El informe destaca que estas prácticas fueron incluso justificadas públicamente por el Presidente de la Nación bajo el argumento de la libertad de expresión.

En relación con la cibervigilancia y las tareas de inteligencia, el documento analiza cambios normativos recientes, entre ellos la creación de la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (UIAAS) y la Resolución 828/2025, que habilitan la infiltración de agentes digitales y el monitoreo de redes sociales.

Durante el panel, Jorge Sola (CGT) advirtió: "La amalgama entre el odio y el algoritmo empieza a funcionar de una manera que vende". Y añadió una definición técnica sobre el impacto social de estas herramientas: "Los algoritmos no son neutros, son arquitectos de subjetividades".

 

Testimonios sobre criminalización, ataques digitales y disputa por la verdad
El periodista Ari Lijalad analizó la lógica detrás de la persecución judicial y los ataques desde el Ejecutivo: "El problema de Milei no es con los periodistas, es con la información periodística. Él piensa que su opinión se transforma automáticamente en un hecho". Lijalad advirtió además que "incitar al odio contra los periodistas tiene consecuencias", vinculando el discurso oficial con agresiones físicas y digitales a quienes intentan contrastar los relatos oficiales con datos verificables.

El informe incluye métricas sobre hostigamiento digital. Citando datos de la consultora AdHoc, señala que el perfil del presidente Javier Milei en la red X registró más de 1.589 insultos durante el período analizado, un nivel de violencia superior incluso al de cuentas anónimas o "trolls".

La periodista Julia Mengolini relató haber sido víctima de la fabricación de contenidos pornográficos falsos mediante Inteligencia Artificial, una modalidad de violencia digital con fuerte impacto emocional, político y laboral. El documento también reseña el caso de Ian Moche, un niño autista de 12 años que fue expuesto públicamente por la máxima autoridad del Ejecutivo.

Testimonios de periodistas: acoso judicial, ataques digitales y estigmatización

Participaron además Julia Mengolini, quien sufrió ataques coordinados en redes por cuentas vinculadas al gobierno y una denuncia penal del presidente Javier Milei, y Ari Lijalad, quien también enfrenta hostigamiento judicial por parte del mandatario.

La FIP advirtió que el Estado argentino "no solo ha abandonado sus obligaciones de protección, sino que se ha convertido en uno de los principales agresores de la prensa", mediante estigmatización, represión, judicialización y desmantelamiento de organismos clave. "No defendemos solo a la prensa: defendemos el derecho de la ciudadanía a estar informada", subrayó Laínez.

El documento describe además:

• Censura judicial inédita en 30 años, como la prohibición de difundir audios de Karina Milei.
• Uso de inteligencia artificial y videos falsos (deepfakes) durante el año electoral para manipular el debate público.
• Vaciamiento del ENaCom, la Defensoría del Público y los medios públicos, junto a la pérdida de transparencia en la pauta oficial.
• Deterioro de las condiciones laborales, con congelamiento salarial, falta de paritarias y despidos masivos.
• Vigilancia estatal y patrullaje digital destinados a criminalizar la protesta y la expresión crítica.

Un Estado que retrocede en su rol de garante del derecho a la información

En su intervención, Diego de Charras expresó que la situación de 2025 es aún más grave que la de 2024: "Hemos retrocedido mucho y hoy nos preocupa la integridad física de reporteros y fotorreporteros. El Estado ha abandonado su responsabilidad de custodiar la libertad de expresión".

Gaudensi alertó que "se está afectando la calidad democrática" y denunció ataques del Ejecutivo contra periodistas desde el plano judicial. Destacó también "el desguace de los medios públicos", remarcando especialmente la ausencia de Télam y su impacto en la mirada federal del sistema de medios.

La senadora Moisés señaló entre los hechos más críticos el intento de obligar a periodistas a revelar sus fuentes en un caso de corrupción: "Proteger las fuentes es proteger el derecho de la ciudadanía a informarse". También denunció censuras judiciales, allanamientos solicitados por el gobierno y persecución penal a comunicadores. Recordó que la Comisión, reactivada tras tres años de inactividad, creó un Observatorio para atender estas situaciones.

Voces de sindicatos, organismos y la academia

En la jornada tomaron la palabra Jorge Sola (CGT), Sebastián Vricella (ARGRA), Diego Morales (CELS) y Larisa Kejval, directora de la Carrera de Comunicación de la UBA. También intervino virtualmente desde Perú Zuliana Lainez Otero, de la FIP, quien destacó que "documentar las agresiones es el dato que mata el relato que quiere invisibilizar los ataques a nuestros colegas".

Esta segunda edición del informe expone cómo se profundizó una matriz de políticas regresivas que afecta la libertad de expresión y el pluralismo informativo. La publicación sistematiza casos y datos en diferentes ejes:

• Represión y criminalización: El número de 83 periodistas que denunciaron represión en manifestaciones hasta octubre de 2025, implica un incremento del 66% respecto al 2024. El relevamiento evidencia acciones sistemáticas de las fuerzas de seguridad contra manifestantes, periodistas, docentes y activistas sociales. Ejemplos significativos, como el ataque al fotógrafo Pablo Grillo, muestran la persistencia de la impunidad y la ausencia de respuesta institucional.
• Censura y hostigamiento judicial: La persecución judicial hacia periodistas, dirigentes, docentes, artistas y ciudadanos se incrementó y la judicialización se convirtió en una herramienta recurrente para silenciar voces críticas. Se destaca el primer caso de intento de censura judicial en más de 30 años, con la prohibición de difusión de audios de Karina Milei.
• Discursos de estigmatización y ataques digitales: Desde la Presidencia y cuentas oficiales se promovieron campañas de desprestigio, doxeo y amenazas hacia comunicadores y activistas críticos del gobierno. El Informe resalta el aumento de la violencia simbólica, con efectos agravados sobre mujeres periodistas, y detalla los casos más relevantes de 2025.
• Desinformación y deepfakes: El año electoral estuvo atravesado por el uso intensivo de inteligencia artificial para la creación de videos falsos y campañas de manipulación, lo cual afectó el debate público.
• Situación laboral: El informe registra un deterioro en las condiciones laborales en prensa y comunicación, con aumento de la precarización, pérdida de derechos y degradación salarial. El congelamiento de sueldos en medios públicos, la falta de actualización paritaria en medios privados y los despidos masivos agravan la crisis.
• Abandono estatal y vaciamiento: La profundización del vaciamiento de los medios públicos, la paralización de señales educativas y la eliminación de políticas de fomento para medios comunitarios, continuaron en 2025. También la drástica reducción en el acceso a la información pública y la opacidad en el manejo de pauta oficial.
• Vigilancia estatal y ataques a colectivos disidentes: El Poder Ejecutivo avanzó en la legalización de tareas de inteligencia y patrullaje digital para criminalizar la protesta y la expresión crítica en redes sociales. El Informe documenta la persecución a colectivos y referentes culturales, educativos y de derechos humanos.

Libertad de expresión como condición de la democracia

"Defender la libertad de expresión en la Argentina actual no es una causa sectorial ni restringida a trabajadores y trabajadoras de la comunicación: constituye una condición indispensable para la vigencia misma de la democracia", concluye el documento.

La senadora Moisés cerró la actividad destacando la necesidad de que el Congreso actúe sobre la base de los datos presentados: "Este informe nos permite tener un diagnóstico y, sobre todo, pensar qué acciones podemos impulsar para garantizar este derecho fundamental".

La presentación dejó en claro que, frente al avance de la represión, el hostigamiento y la desinformación, documentar y visibilizar los ataques es una herramienta indispensable para la defensa del espacio cívico y del derecho a la información en Argentina.

Relevamiento sobre el lobby de las "falsas denuncias": la última frontera de la ultraderecha

Cuatro medios de la Red de Medios Digitales presentaron un informe que mapea un conjunto de organizaciones, redes, comunicadores y actores que están instalando y haciendo lobby para instalar la narrativa de una "industria de las falsas denuncias"; los vínculos políticos y la trama internacional de una "batalla cultural" que no entiende de fronteras, pero sí de restricción de derechos para mujeres, niñes y diversidades. Un resumen de un proyecto colectivo.

La Red de Medios Digitales presentó el informe: "Relevamiento sobre el lobby de las falsas denuncias: la última trinchera de la ultraderecha", una investigación colaborativa realizada por Periódicas, Enfant Terrible, La Nota Tucumán y Feminacida. El trabajo mapea actores, organizaciones, redes y comunicadores que impulsan la narrativa, busca desacreditar a denunciantes de violencia por motivos de género en Santa Fe, Córdoba, Tucumán y Buenos Aires, y analiza sus vínculos políticos, judiciales e internacionales.

El proyecto nació en el encuentro federal de la Red, realizado el 22 y 23 de agosto en el Valle de Punilla, y tomó forma tras tres meses de trabajo conjunto y busca visibilizar un ecosistema de operadores que tuvo impulso en los últimos años -2024 y 2025 principalmente- y que se basa en discursos desinformantes y estigmatizantes en cada uno de los territorios relevados. Se trata de actores que funcionan en red con un objetivo claro.

Mapeo de organizaciones
"La decisión de cómo y de qué manera llevar a cabo el mapeo fue la parte más compleja del proyecto, debido a que aquello que parecían casos aislados y de conspiraciones de la internet, terminó por tomar fuerza mediática, jurídica y ejecutiva", manifestaron las realizadoras del informe. El relevamiento identificó 44 actores -entre organizaciones, fundaciones, profesionales del derecho y funcionarios- que participan en la producción y circulación de discursos contra lo que llaman ideología de género. Cerca del 30% de ellos surgieron en 2024 y 2025, mientras que los picos de aparición en 2020 y 2021 evidencian la influencia de la pandemia, los debates legislativos y el avance de sectores ultraconservadores.

"Este tipo de discurso se reforzó con la llegada de Mariano Cúneo Libarona al Ministerio de Justicia quien públicamente ha cuestionado la figura de femicidio, declaró que el feminismo era 'una distorsión del concepto de igualdad' y avanzó en la intención de eliminar la figura de femicidio del Código Penal argentino. También con el respaldo público de legisladoras como Carolina Losada y Lilia Lemoine, además del propio presidente Javier Milei", aseguran en el informe.

Tecnología de la impunidad
En el informe, sostienen que en ese marco, "la figura de la falsa denuncia se convirtió en un símbolo estratégico: permite situar la violencia de género como un problema de exceso, de mal uso de los derechos, y no como una manifestación de las desigualdades estructurales. Pone el foco en la presunción de inocencia, buscan desestimar los relatos de las mujeres e infancias sobrevivientes a la violencia sexual o física. Así, se instala la idea de que todo se reduce a la palabra de 'uno contra la de otro', erosionando la credibilidad de las víctimas e introduciendo sospechas sobre sus motivaciones: desde supuestas manipulaciones de adultos hasta la búsqueda de un beneficio económico".

Dentro del trabajo se hace referencia narrativas centrales utilizadas para deslegitimar el relato de la víctima entre los que figuran:

Mala víctima, basada en estereotipos de género, apunta a desacreditar a la persona que denuncia violencia sexual mediante la exposición de su vida privada, su vestimenta, sus prácticas o su emocionalidad. El Síndrome de Alienación Parental (SAP), que es presentado como un desorden psicológico inexistente y sin respaldo científico, atribuye el rechazo de un niño o niña hacia un progenitor a la manipulación del otro adulto a cargo.

También a la figura de la Mala madre, que desplaza la mirada hacia la adulta responsable del cuidado —generalmente la madre— insinuando que "contamina" el relato del niño o niña que denuncia, lo cual busca restar veracidad a la acusación. El Interés económico, que sostiene que detrás de la denuncia existe un propósito material o de daño hacia el acusado, insinuando que la búsqueda de justicia es en realidad una estrategia oportunista.

Por último, la Campaña de desprestigio, que especialmente utilizada cuando el denunciado es una figura pública o reconocida, apuesta a instalar la idea de que las denuncias responden a intentos de dañar su imagen y no a hechos de violencia.

Un cambio para resistir
Desde los cuatro medios que participaron en esta investigación, sostienen que se trata de "una primera aproximación para comprender que para que sea efectiva la 'batalla cultural' debe contar con los cuatro poderes a su favor: mediático, político, económico y judicial. El cambio de narrativa, tanto de universalizar casos aislados, como la inversión discursiva de que el victimario es una víctima de la 'ideología de género', deja entrever que lo que parecía una distopía, ahora es una realidad".

"Este trabajo colectivo es una invitación a conocer los mecanismos, estrategias y acciones que se realizaron en los dos últimos años para instalar en la agenda pública esta retórica. Un grano de arena para detener la avanzada de los sectores que intentan reestablecer jerarquías patriarcales. De igual manera, la violencia de género no se resuelve únicamente con la denuncia individual, sino que exige políticas, instituciones y una sociedad que garanticen la igualdad real y la protección de las víctimas", concluyeron.
*Esta investigación fue realizada por los medios que integran la Red de Medios Digitales: Periódicas, Enfant Terrible, La Nota Tucumán y Feminacida.

Gustavo Scaglione: entre el "No sé", el poder y el agotamiento en una mañana de Radiópolis

La mañana avanzaba con la frescura habitual en Radiópolis, el programa de Radio 2, cuando Roberto Caferra anunció —Bueno, el programa se llama Radiopolis, pero estamos viendo si hacemos la versión en Telefe, Radiomatch, en lugar de Videomatch, Radiomatch. Con Lanchita Bissio, con Jacobovich, con... Le estamos pidiendo la nueva autoridad de Telefe... Y anunció la llegada de un visitante frecuente pero no por eso menos relevante. Gustavo Scaglione, titular de Televisión Litoral y del GSS Group (Gustavo Santiago Scaglione), apareció en el estudio como tantas otras mañanas en que está en Rosario, pero esta vez su presencia venía cargada de expectativa. Un cierre de año que, además, combinaba logros empresariales y afectivos: 2025 lo había encontrado convertido nuevamente en abuelo.

—"Gustavo Scaglione, ¿cómo le va?"

—"¿Cómo andan ustedes?", respondió él, con una mezcla de alivio y extenuación. Intentó recordar una promesa hecha en la fiesta pasada, pero Mariano Galíndez lo cruzó entre risas: "¿Prometiste no comprar más nada?" Scaglione devolvió con humor: "No estaba presente, fue inteligencia artificial." Rápido, reconoció que el año había sido intenso: "Mucho trabajo… siete meses de negociaciones muy duras."

La compra de Telefe y la intuición como método

La pregunta clave llegó enseguida.

—"¿Quién te convenció de que era una buena idea comprar Telefe? ¿Fue intuición?"

Scaglione inclinó la cabeza como quien revela algo íntimo. Explicó que sus decisiones grandes surgen de un proceso personal, donde la intuición es mezcla de estudio, experiencia y ambición natural. "Cuando jugás en sexta querés jugar en quinta… cuando estás en el interior querés llegar a Buenos Aires."

Dijo sentirse cansado, "como aquel (Mauricio) Macri de los seis meses", aunque sin abatimiento. Cansancio, sí; derrota, no.

Negociar con Paramount, recordó, fue complejo. Competían con grupos fuertes y prestigiosos (Alpha Media, del empresario Marcelo Fígoli, y un grupo inversor liderado por Tomás Yankelevich, el hijo de Gustavo Yankelevich, histórico director artístico de Telefe). Cuando Caferra pidió nombres de los socios que lo acompañaron, Scaglione enumeró: Daniel Vila, José Luis Manzano y Claudio Belocopitt.

Y fue él mismo quien hizo una breve pausa, como si fuera a mencionar a alguien más… pero no añadió nada. Se limitó a decir que forman un grupo que funciona bien, donde cada uno se ocupa de lo suyo.

La competencia interna: El Tres TV y Telefe Rosario

El tema inevitable en Rosario es siempre el mismo: los dos canales de la ciudad, ahora bajo su órbita.

El Tres TV —histórico canal de Televisión Litoral— y Telefe Rosario, cuya adquisición reconfigura el mapa mediático local.

Caferra recordó la lógica de competencia que impregna a la industria, incluso dentro de la misma radio: "Queremos ganarle al programa que viene después."

Entonces preguntó cómo se vivía ahora tener dos señales que, en teoría, deberían competir.

Scaglione contó que ya había atravesado un modelo similar cuando adquirió tres empresas de turismo estudiantil. "Uno más uno más uno no me dio tres", confesó. Por eso aclaró que ambos canales seguirán como unidades independientes, con directorios distintos y la obligación de competir. "No voy a repetir el mismo error."

La presidencia de ATA y la defensa de la industria

El empresario mencionó además su reciente designación como presidente de ATA (Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas), algo que lo colocó en un rol que considera clave: —"Tenemos muchos frentes como para pelearnos entre nosotros. Nuevas plataformas, nuevas tecnologías, enfrentamientos de época con la política… Hay que empujar para arriba. Tenemos que defender la industria".

Y allí agregó un matiz que en su propia empresa conocen bien: —"Creo que me nombraron por la capacidad conciliadora. Yo quiero empujar para que la industria salga para arriba. No sirve que a un canal le vaya mal".

El bloque personal: el cansancio, Buenos Aires y el desarraigo

En un momento, Caferra lo miró fijo y lanzó una ráfaga: —"¿Estás liquidado? ¿Estás descansado? ¿Y dónde descansás? Sos el empresario del año, Gustavo."

Scaglione respondió con una sinceridad llana: "Descanso acá. Acá descanso."

Explicó que cada vez que vuelve quiere ver a sus amigos, estar en un entorno conocido, y que Buenos Aires es una ciudad agobiante: "No es fácil desprenderse de la familia. Yo soy muy familiero."

Junto a su esposa y socia Josefina Daminato, están viviendo en la capital tres o cuatro días por semana. Cuando Caferra preguntó si se había mudado, lo confirmó: "Sí, ya me mudé. Pero la idea es estar tres o cuatro días. Siempre fue así: un día más, un día menos, siempre entre un lugar y otro."

Política rosarina y la Bolsa de Comercio
Galíndez aprovechó para cruzar la conversación con la política local: había visto a Josefina Daminato entrando a votar en la Bolsa de Comercio.
—"¿Por quién votaron los Daminato?", preguntó.
Scaglione sonrió:
—"No sé. El voto es secreto. Muy incisivo lo tuyo", contestó, sin abrir ninguna puerta.

Programas, Masterchef y los rumores

Los periodistas bromearon sobre pedir pase a Bariloche o producir La peluquería de Don Mateo. Scaglione les advirtió lo que implica una producción de nivel mundial: "Masterchef es impresionante. Muy profesional."

Hubo espacio para rumores también.
Entre mensajes de oyentes surgió un rumor: ¿también había comprado Olga, el canal de streaming?
—"No", dijo, riéndose de la versión.

El gran tema: ¿vuelve Canal 5?

Surgió entonces la pregunta sentimental: —"¿Telefe Rosario vuelve a llamarse Canal 5?"

Scaglione repitió su latiguillo de la mañana: "No sé."

Pero esta vez amplió: Recordó la importancia histórica de Canal 5, el primer canal de Rosario, símbolo de identidad local y —por décadas— el competidor directo de El Tres TV, la señal de su propio grupo. Dijo comprender la carga afectiva que eso tiene para la audiencia y que la decisión dependerá de la estrategia que definan los equipos directivos. "La empresa es seria. Se verá qué es lo más conveniente."

La normativa y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

Galíndez trajo entonces la cuestión regulatoria. ¿La compra obligaba a desprenderse de alguna señal según la ley?

Scaglione fue contundente: "No, porque dan los porcentajes que vos tenés que tener y todo."

La respuesta contrastaba con interpretaciones posibles de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, pero el empresario dejó en claro que, desde su perspectiva, la operación cumplía con los parámetros exigidos y no obligaba a vender nada.

Claudio Ipolitti, el que se quedó en Paramount

Consultado por una figura muy querida en Rosario, confirmó que Claudio Ipolitti, un histórico del viejo Canal 5, ya no forma parte de Telefe.

"Se quedó en Paramount. A otro nivel. Muy bien."

Recordó divertido: "Yo lo conocí como el contador humilde… ahora te contesta todo en inglés."

El final: la fiesta de Televisión Litoral y el refugio afectivo

En el tramo final, Caferra mencionó la reunión de todo el grupo y quiso arrancarle alguna primicia: —"¿Radiopolis sigue?" Las preguntas se superpusieron: ¿siguen todos?, ¿habrá aumentos?

—"No sé."

Luego mencionaron que esa misma noche Televisión Litoral celebraría su fiesta de fin de año.

Scaglione repitió su mantra, pero esta vez dejó un gesto cálido: "Tengo muchas ganas de juntarme con ustedes. El año pasado no pude venir. Cuando hacés todas estas cosas, querés volver a abrazarte a la familia, a tus afectos… Y aunque no lo crean, ustedes son parte de eso."

Hubo lugar para otra revelación:
—"¿Va a haber premios?", le consultaron.
—"Sí, seguro. Sí, sé", respondió con picardía, invirtiendo por una vez su célebre "no sé".

Entonces, Eugenia Iérmoli recordó su reciente condición de abuelo.

—"Sí. Dos nietos. Josefina, sobrinos míos."

Cuando Caferra lo elogió por no tener canas, él devolvió: "Dame seis meses."

Josefina Daminato, Gustavo Scaglione, Adrián Gallo

Con humor, Caferra lo despidió anunciándolo como “el empresario del año”, algo que Scaglione intentó relativizar, aunque sin éxito. No obtuvieron primicias, ni anuncios, ni confirmaciones. El estudio se quedó con la frase que había marcado toda la entrevista:

"No sé."

Ver también: Se concretó la venta del 55% de Televisión Litoral, Televisión Litoral, a punto de cambiar de manos, LT 15 Radio del Litoral: sin luz, sin rumbo y cada vez con menos onda, Entre Ríos: Gustavo Scaglione suma otra radio I, Santa Fe: Gustavo Scaglione suma otra radio, Entre Ríos: Gustavo Scaglione suma otra radio II, Gustavo Scaglione suma más radios en Santa Fe y Entre Ríos, Carta abierta de las y los trabajadores de LT15 a la población, Los salvadores que quieren quedarse con El Diario, Denuncia contra una mutual salpica a Tinelli, Scaglione y Trini, "El Diario", en la mira de Gustavo Scaglione, Gustavo Scaglione es el nuevo dueño de El Diario de Paraná, La justicia autorizó a Gustavo Scaglione a comprar las acciones de El Diario Gustavo Scaglione pagaría más de $420 millones por El Diario, según valuación judicial, Gustavo Scaglione pone fecha al desembarco en Córdoba y amplía su imperio con la histórica LV2, Televisión Litoral busca expandirse desde el interior hacia la capital, Paramount se desprendió de Canal 9 Bahía Blanca, Alberto Fernández adjudicó LV2 a Gustavo Santiago Scaglione, El Ocho de Tucumán se suma al Grupo Televisión Litoral, Televisión Litoral le compró a Clarín el principal multimedios de Río Negro, Gustavo Scaglione adquiere la productora de contenidos Ideas HD, Gustavo Scaglione confirma que es accionista del Grupo América, Telefe en venta: Paramount acelera su salida del país, Daniel Marx, el economista argentino a cargo de la venta de Telefe y Chilevisión Gustavo Scaglione consolida su multimedios en Córdoba bajo la marca Núcleo Media, Paramount activa despidos y pone en venta Telefe en medio de una fuerte reestructuración, Televisión Litoral va por Telefe: busca quedarse con los canales de Paramount en Argentina, Gustavo Scaglione avanza en la compra de Telefe y se perfila como nuevo actor clave en el mapa de medios, La novela de Telefe: sin comprador confirmado, la negociación sigue abierta y con muchas dudas, Tras meses de idas y vueltas, Telefe pasa a manos de los accionistas de Grupo América, Gustavo Scaglione, nuevo presidente de ATA: una mirada federal para la televisión abierta

Graves denuncias de tortura en el penal de Piñero: la ONU exige investigaciones urgentes a la Argentina

El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT) expresó este viernes una profunda preocupación por el aumento de denuncias de malos tratos en prisiones y dependencias policiales de Argentina, con especial referencia a los hechos documentados en el penal de Piñero, en la provincia de Santa Fe, ocurridos en marzo de 2024.

Según el organismo, las denuncias en ese establecimiento santafesino incluyeron simulacros de ahogamiento en tanques de agua o mediante bolsas de plástico, descargas eléctricas y abusos sexuales. Estos hechos forman parte de las observaciones finales del Comité sobre el cumplimiento argentino de la Convención Internacional contra la Tortura.

Además de la gravedad de los episodios registrados en Santa Fe, el Comité manifestó inquietud por la posibilidad de represalias contra las personas que denuncian malos tratos estando bajo custodia, la ausencia de mecanismos eficaces de denuncia, la falta de protección para víctimas y testigos, y "el hecho de que la única alternativa que se les ofrezca en estos casos sea el traslado a celdas de aislamiento o a otros establecimientos penitenciarios".

En el documento, el organismo internacional detalla que el 2 de marzo de 2024 se registraron en esa unidad penitenciaria denuncias de prácticas extremadamente violentas, entre ellas:

• Simulacros de ahogamiento en tanques de agua
• Asfixia "al seco" mediante bolsas de plástico
• Descargas eléctricas
• Abusos sexuales

Además de la gravedad de los hechos, el Comité alertó por la falta de información sobre las investigaciones realizadas en torno al caso, lo que incrementa el riesgo de impunidad.

El grupo de expertos trató estas cuestiones con la delegación del Gobierno argentino durante las sesiones realizadas el 12 y 13 de noviembre. Tras ese diálogo, exigió al Estado argentino investigaciones imparciales, y que se juzgue y sancione adecuadamente a los responsables, incluidos los hechos del penal de Piñero.

En otro apartado, el informe advierte sobre los altos índices de muertes bajo custodia en todo el país, mayormente por enfermedades, aunque también se registran casos de suicidio y homicidio. El texto menciona, asimismo, denuncias relacionadas con detenciones masivas, hostigamientos y arrestos sin supervisión judicial, especialmente en "operativos preventivos" desarrollados en barrios populares de Tucumán y durante intervenciones de "orden y limpieza" en la Ciudad de Buenos Aires contra personas en situación de calle.

El Comité también indicó que no recibió información completa sobre presuntos abusos cometidos por fuerzas de seguridad durante las manifestaciones de marzo en Buenos Aires.

A pesar de la contundencia de las conclusiones y de que la Agencia EFE difundió este viernes un cable detallando lo ocurrido, la situación del penal de Piñero y las observaciones del Comité Contra la Tortura de la ONU tuvieron escasa o nula repercusión en los medios de comunicación de la provincia de Santa Fe.

El organismo internacional remarcó que el Estado argentino debe actuar con urgencia, investigar todos los casos denunciados —incluidos los de Santa Fe— y garantizar que hechos de esta naturaleza no vuelvan a repetirse.

Parte del informe:

Contra la precarización y el retroceso de derechos: gremios de prensa unidos para rechazar la reforma laboral

Los sindicatos de Prensa abajo firmantes, representantes de distintas provincias, en unidad y con sentido federal, expresamos nuestro más contundente rechazo a cualquier intento de precarización o retroceso en los derechos y conquistas laborales frente al intento del gobierno de «reforma laboral». Las declaraciones de ministros, funcionarios y legisladores marcan un rumbo hacia la explotación laboral. Ya lo intentaron mediante el decreto 70/23. Ahora van por un proyecto de ley que “reforme” las normas laborales que protegen y garantizan el trabajo.

No hay nada novedoso en todo lo que se plantea. No es la primera vez que un gobierno nacional intenta derribar los derechos de las y los trabajadores. Derechos conquistados con lucha gremial y organización, con avances y retrocesos pero siempre de pie. Así hemos sostenido nuestros convenios colectivos, paritarias salariales, obras sociales, condiciones laborales. Mientras que desde el Estado, por ejemplo, han provocado en los medios públicos no gubernamentales un verdadero vaciamiento; con salarios paralizados y retiros forzosos. Y con medios comunitarios y cooperativos destinados a sobrevivir como puedan.

Nuestra historia muestra el empeño colectivo puesto en el sostenimiento de las fuentes de trabajo, el esfuerzo por dar salud a las familias de prensa, por sostener servicios y por brindar capacitación retaceada por las patronales de los medios. Todo eso es nuestro y no podemos permitir que la derecha libertaria borre estas conquistas. Es por eso que planteamos la defensa irrestricta de los estatutos del Periodista Profesional y del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas.

Tenemos un gobierno complaciente con los intereses patronales, de los grupos concentrados; obediente con el mandato de organismos internacionales a los que poco o nada les importa la vida y destino del país. Un gobierno que pretende trabajadores baratos y desorganizados para avanzar con el plan económico de destrucción de nuestra industria, sin tecnología propia y con la primarización de la economía. En suma, una política colonial.

Hay que repetir, una y otra vez, que es mentira que con una flexibilización de las leyes laborales habrá más puestos de trabajo formales, o que se conseguirán mejores salarios sin representación colectiva.

La precarización del proyecto dibujado como reforma implica condiciones de sometimiento laboral que atrasa muchas décadas, que elimina indemnizaciones justas, que arrasa con el trabajo digno, entre otros derechos.

Para esto necesitan erosionar la capacidad de los sindicatos para defender a los trabajadores, cuya base es la negociación colectiva, la lucha en las calles y el derecho de huelga. El rol de los sindicatos es mejorar la vida de las y los trabajadores, por lo tanto legislar contra su protección y su defensa laboral es contrario a la vida en democracia.

Además, anular de hecho la actividad sindical conlleva para las y los periodistas-trabajadores de prensa perder la herramienta fundamental en defensa de la libertad expresión, contra la censura, contra el hostigamiento, la persecución y el ataque digital tan explorado por los libertarios. Sin olvidarnos de que es el presidente quien insta a odiar al periodismo.

En nuestro caso, la llamada “reforma” empeora aún más las condiciones que sufrimos con salarios miserables y condiciones de trabajo paupérrimas que debilitan la posibilidad de realizar nuestra tarea, poniendo en riesgo el derecho a la información y la libertad de expresión.

Para muestra basta el último ataque de agravio contra el periodismo en Tucumán con la prohibición de hablar de la justicia, hecho de una gravedad inusitada, y es el propio sindicato que ha tomado de forma activa la defensa de los trabajadores.

Confiemos en nuestra fuerza, en la lucha colectiva, en nuestras convicciones y digamos No a la reforma laboral.

Asociación de Prensa Santa Fe, Sindicato de Prensa Rosario, Asociación de Prensa de Tucumán, Sindicato de Prensa de Mar del Plata

La Justicia comercial decretó la quiebra de Radio del Plata

La histórica AM 1030 entró en quiebra tras incumplir reiteradamente el acuerdo homologado en su concurso preventivo. La Justicia dispuso la inhibición general de bienes, la clausura de sus locales y la prohibición de salida del país para el presidente de la compañía

El Juzgado Nacional en lo Comercial N° 19 declaró la quiebra de Radiodifusora del Plata S.A., luego de constatar reiterados incumplimientos del acuerdo homologado en el marco del concurso preventivo iniciado en 2019.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la resolución fechada el 25 de noviembre de 2025 dispuso la inmediata inhibición general de bienes, la prohibición de realizar pagos o entregar activos y la interdicción de salida del país del presidente de la sociedad, Jorge Julián Cerezo.

El fallo se produjo tras múltiples intimaciones desatendidas por parte de la empresa para regularizar los pagos a sus acreedores. Además, varios pedidos de quiebra promovidos por particulares y empresas —entre ellos, Fernández Martín Jorge, Daniel Edgar Lineares, Mariana Bergthein y Prevención ART S.A.— reforzaron el cuadro de incumplimiento.

En su resolución, el juez Gerardo D. Santicchia dispuso la continuidad del estudio contable Mendoza V.–Rudi C. y Asociados como sindicatura, destacando la experiencia previa de este equipo en el concurso y el beneficio para la economía procesal y la masa de acreedores.

Entre las medidas ordenadas, el tribunal dispuso la clausura de la sede social y de los locales de la emisora, el inventario de bienes, la incautación de documentación y el envío de oficios a diversos organismos, entre ellos la IGJ, el Banco Central y el ENaCom.

Además, se fijó el 20 de febrero de 2026 como fecha límite para que los acreedores presenten sus pedidos de verificación de créditos, y se establecieron los plazos para la presentación de informes por parte del síndico.

Radiodifusora del Plata, inscripta en 2004 en la Inspección General de Justicia, continuaba operativa al momento de la declaración de quiebra y mantenía una importante cantidad de créditos laborales pendientes de verificación.

La emisora fue lanzada al aire en 1931 bajo el nombre de LP 6 Casa América y formó parte del conjunto histórico de las primeras emisoras del país. En 1952, pasó a llamarse Radio del Plata y se consolidó como una de las emisoras clásicas del dial porteño. A lo largo de su historia atravesó distintas etapas empresariales, con modelos de gestión que reconfiguraron su programación y estructura operativa. Identificada durante décadas con transmisiones en vivo, servicios informativos y ciclos de análisis político, integró el sistema de radios privadas de mayor audiencia en las décadas de 1970 y 1980, con figuras destacadas del periodismo y el entretenimiento.

Uno de sus programas más emblemáticos, Submarino amarillo, se convirtió en un símbolo cultural de los años '80. El ciclo, que debutó en 1984 en Radio del Plata, fue una plataforma fundamental para el auge del rock y el pop argentino, albergando a las principales bandas de la época. Pero más allá de la música, el programa también se destacó por ser un refugio para las artes en general, como la poesía, el cine y el teatro. A lo largo de su historia, Rubén Darío Vega y el recordado Tom Lupo fueron los conductores que marcaron una época, convirtiendo al Submarino amarillo en una de las propuestas radiales más queridas y recordadas por varias generaciones.

Con el paso del tiempo, la emisora enfrentó transformaciones tecnológicas, dificultades financieras y sucesivas reestructuraciones. Aunque mantuvo continuidad en el aire, afrontó reducciones de personal y reprogramaciones que alteraron su histórica grilla. En los últimos diez años, los conflictos laborales, atrasos salariales y deudas con proveedores y organismos oficiales profundizaron su crisis económica.

El concurso preventivo abierto en 2019 buscó estabilizar la situación, pero los incumplimientos sostenidos derivaron finalmente en la declaración de quiebra ordenada por la Justicia comercial.
Fuentes: Agencia Noticias Argentinas, Señales