El juicio Laguna Paiva II terminó con condenas de entre 9 y 18 años de prisión para cuatro represores de la última dictadura militar. El fallo tiene un valor histórico: por primera vez en Argentina, la Justicia reconoció el abandono de personas sufrido por niños, niñas y adolescentes como un delito de lesa humanidad, en el marco del terrorismo de Estado.
La sentencia del Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenó a Antonio Parvelotti a 18 años de prisión; a Eduardo Enrique Riuli, ex policía de inteligencia, a 15 años; a Víctor Hermes Brusa, ex secretario judicial, a 14 años; y a Oscar Alberto Cayetano Valdés, ex policía, a nueve años. Los cuatro fueron responsabilizados por distintos delitos, entre ellos privación ilegítima de la libertad, tormentos y violación de domicilio, además del abandono de personas en perjuicio de las infancias alcanzadas por la represión.
Durante el juicio se reconoció el sufrimiento de 34 víctimas. Entre ellas había 16 niñas, niños y adolescentes que quedaron abandonados después del secuestro de sus padres durante la última dictadura. Algunos, además, fueron víctimas de abusos, torturas y prisión. Eran hijos e hijas, sobrinos y sobrinas de trabajadores, muchos de ellos obreros combativos perseguidos por su militancia política y sindical, cuyas familias quedaron también atrapadas en la maquinaria represiva.
La memoria que puso a las infancias en el centro
Para Norma Ríos, presidenta honoraria de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la dimensión de lo ocurrido excede ampliamente el resultado de una sentencia. Lo define como un "fallo histórico" porque el tribunal no sólo condenó a cuatro responsables por crímenes de lesa humanidad, sino que estableció un precedente al reconocer por primera vez en el país el abandono de niños, niñas y adolescentes en el marco del terrorismo de Estado como un delito de esa naturaleza.
Ríos subraya que ese reconocimiento no habría sido posible sin quienes atravesaron aquellos hechos siendo niños y que, décadas después, se animaron a poner sus experiencias en palabras. Fueron hombres y mujeres que debieron declarar sobre el horror vivido cuando todavía eran apenas niños, y cuya voz resultó decisiva para reconstruir una parte de la historia represiva que durante años permaneció silenciada.
El proceso, explica, tampoco puede entenderse sin el acompañamiento de los organismos de derechos humanos, familiares y de todas las personas que acompañaron la causa durante años. En esa construcción colectiva, destaca especialmente el trabajo del equipo jurídico de la APDH Rosario, integrado por abogados y abogadas que, según señala, estuvieron desde el primer momento para escuchar, comprender, reconstruir los hechos y convertir esos testimonios en una acción judicial capaz de sostenerse a lo largo del tiempo.
Ríos reivindica el compromiso de ese equipo en una tarea que, entiende, continúa escribiendo nuevas páginas en la historia de la lucha por los derechos humanos. También recuerda que esos abogados y abogadas, en ocasiones, son perseguidos por sectores que identifica como cómplices de los genocidas de ayer y de hoy, especialmente cuando intervienen en la defensa de víctimas de abusos, persecuciones y otras formas de violencia.
Por encima de todo, para la dirigenta de derechos humanos hay una continuidad que atraviesa estas décadas: memoria, verdad y justicia siguen siendo pilares irrenunciables. El fallo de Laguna Paiva II, en ese sentido, aparece como una nueva estación de una lucha que comenzó durante la propia dictadura y que todavía continúa.
El abandono de las infancias, por primera vez reconocido como lesa humanidad
Esa dimensión colectiva también aparece en la mirada de Federico Pagliero, abogado del equipo jurídico querellante de la APDH, que trabajó junto a Julia Giordano y Noelia Sarsa. Al salir del tribunal, Pagliero destacó que la jornada representaba un momento histórico porque la Justicia había hecho lugar a un planteo que el equipo sostenía desde la denuncia presentada en 2021 respecto de las infancias.
El fallo, señala, recogió el pedido de los propios sobrevivientes: que el abandono sufrido durante la dictadura fuera reconocido como un delito de lesa humanidad. Para Pagliero, la satisfacción por las cuatro condenas se suma a la importancia de que el proceso haya colocado a las infancias en el centro de la escena judicial.
Hay, en sus palabras, un reconocimiento especial hacia aquellas niñas y niños de entonces que hoy son adultos. Pagliero destaca que tuvieron que "poner el cuerpo dos veces": primero al atravesar el terrorismo de Estado y sus consecuencias durante la infancia y, décadas después, al volver a declarar ante la Justicia. Lo hicieron en el debate de 2021 y nuevamente en el juicio de 2026.
Gracias a ellos y a ellas, sostiene el abogado, estos juicios pudieron llegar hasta esta instancia. Y por eso remarca especialmente su valentía, su capacidad para contar el horror de lo vivido y su decisión de exigir justicia después de tantos años.
Pero Pagliero también insiste en que esas infancias no pueden ser separadas de las identidades y las historias de sus familias. Eran hijos e hijas, sobrinos y sobrinas de obreros y obreras combativos que habían sido perseguidos durante el terrorismo de Estado. La persecución no terminó en los adultos señalados por la estructura represiva: alcanzó también a sus familiares y a las infancias.
Desde esa perspectiva, el abandono no aparece como un hecho aislado ni como una consecuencia accidental de los secuestros. Para el abogado, la persecución sufrida por los niños y niñas se inscribe dentro del plan represivo y del plan genocida. Que la Justicia haya recogido ese planteo, "diga las cosas por su nombre" y reconozca por primera vez en la historia argentina el abandono de las infancias como delito de lesa humanidad constituye, para Pagliero, un avance de enorme relevancia.
El valor del fallo, además, podría proyectarse más allá de esta causa. El abogado entiende que el reconocimiento permite continuar avanzando en el juzgamiento del genocidio sufrido por la sociedad argentina, incorporando nuevos hechos, nuevas víctimas y nuevas dimensiones de la represión que hasta ahora no habían encontrado una respuesta judicial específica. Esa apertura, sostiene, puede contribuir a que nuevos casos sean investigados y juzgados a lo ancho y a lo largo del país.
Nada de esto, remarca, habría ocurrido sin el acompañamiento social que tuvo la causa. Pagliero enumera entre quienes sostuvieron el proceso al Foro contra la Impunidad de Santa Fe, la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, partidos políticos, organizaciones sindicales y estudiantiles y la prensa en general. Para él, ese respaldo demuestra que la sociedad argentina continúa involucrada en el reclamo de justicia.
En ese sentido, su conclusión tiene una fuerte carga política y colectiva: el país no olvida. Frente a las distintas formas de intentar clausurar las discusiones sobre el terrorismo de Estado, Pagliero contrapone una idea sencilla y contundente: "acá no hay olvido, hay memoria y hoy tenemos justicia".
El fallo representa, desde su perspectiva, una forma de reparación. No una reparación individual ni exclusivamente judicial, sino una que se inscribe en una lucha mucho más extensa. Pagliero se reconoce orgulloso de formar parte de ese recorrido colectivo que comenzó durante la dictadura, cuando las Madres, las Abuelas y los organismos de derechos humanos empezaron a reclamar por sus familiares y a denunciar los crímenes cometidos por el Estado.
Después llegaron los hijos y las nuevas generaciones. Y hoy, sostiene, esa lucha continúa en todas las personas que aportan, acompañan y empujan estas causas históricas.
En Laguna Paiva II, esa continuidad se expresa en una sentencia que, más de cuatro décadas después de los hechos, incorpora una dimensión hasta ahora ausente del reconocimiento judicial: las infancias que también fueron víctimas de la maquinaria represiva. Aquellos niños y niñas que quedaron solos después del secuestro de sus madres y padres, que atravesaron el miedo, la incertidumbre, el abandono y, en algunos casos, también el abuso, la tortura y la prisión, dejaron de ser apenas una consecuencia secundaria de los crímenes cometidos contra sus familias.
La Justicia los nombró como víctimas y reconoció que aquello que les ocurrió también formó parte del plan represivo y genocida. Para quienes durante décadas sostuvieron la búsqueda de verdad y justicia, esa declaración constituye mucho más que una condena: es el reconocimiento de una historia que permaneció abierta durante 46 años y que ahora incorpora, en el centro de la escena, las vidas de aquellas infancias.
Las voces que dejan registro
Entre quienes acompañaron el proceso también estuvo Stella Vallejos, expresa política de Santa Fe e integrante de El Colectivo de la Memoria. Su participación en los juicios de lesa humanidad tiene una particularidad: junto con otras dos compañeras, forma parte del grupo que se ocupa de registrar por escrito las audiencias y convertirlas, una vez finalizados los procesos, en crónicas destinadas a preservar lo ocurrido.
Son, como ellas mismas se definen, las "escribas" de los juicios. Asisten a las audiencias, escuchan los testimonios, toman apuntes y, cuando el juicio termina y la condena queda firme, transforman ese material en una publicación. No pueden utilizar grabadores durante las audiencias, por lo que se turnan para anotar todo lo que sucede y luego reconstruyen cada proceso en forma de crónica.
Es una tarea que vienen realizando desde hace años. Registraron Laguna Paiva I, un juicio que dejó condenas que, recuerda Vallejos, "nos sabieron a poco", y también otros procesos vinculados al terrorismo de Estado, como la megacausa de Rafaela y el juicio por los presos de la cárcel de Coronda. En todos los casos, el objetivo es dejar una memoria escrita de lo sucedido en las salas de tribunales.
Laguna Paiva II, sin embargo, tuvo para ellas una particularidad que lo volvió diferente de los anteriores: por primera vez se juzgaba específicamente el delito de abandono de niños, niñas y adolescentes en el marco del terrorismo de Estado.
Eso significó escuchar, una por una, las historias de personas adultas que cuando eran niñas habían sufrido el abandono provocado por la persecución y el secuestro de sus familiares. Vallejos habla de esa experiencia con una contundencia que no necesita demasiadas explicaciones: después de escuchar esos testimonios, "no se sale igual".
La experiencia, cuenta, fue muy fuerte. Y por eso la jornada de la sentencia tuvo también una dimensión profundamente emocional. La Justicia resolvió condenas para todos los imputados y, para quienes habían acompañado el proceso desde cerca, aquello significó una satisfacción por múltiples motivos. No solamente por el resultado judicial, sino por lo que implicaba que esas voces hubieran sido finalmente escuchadas y reconocidas.
Vallejos insiste en que el resultado no puede atribuirse a una sola persona ni a una única organización. Es el producto de una "lucha absolutamente colectiva". Y aclara que no se trata de una expresión utilizada de manera abstracta: fue una lucha colectiva en el sentido más literal de la palabra.
La querella fue llevada adelante por la APDH. Como la organización no tiene presencia institucional en Santa Fe, desde la provincia acompañaron permanentemente el trabajo de los abogados querellantes y el desarrollo del juicio. En ese acompañamiento, Vallejos identifica dos aspectos que considera fundamentales.
El primero es el valor de los sobrevivientes. Para quienes fueron niños durante la dictadura y tuvieron que atravesar el abandono, presentarse frente a un tribunal y exponer públicamente los sufrimientos padecidos requirió mucho más que memoria. Requirió coraje.
"Hay que tener valor, hay que tener memoria", sostiene Vallejos. Y aquellas personas lograron hacerlo. Volvieron a poner frente a la Justicia hechos que habían marcado sus vidas décadas atrás y se animaron a narrarlos para que pudieran ser incorporados a una sentencia.
El segundo aspecto que destaca es el trabajo del equipo jurídico de la APDH, integrado por Federico Pagliero, Julia Jordano y Noelia Sarsa. Vallejos asegura que los abogados dieron "absolutamente todo" desde el punto de vista profesional y humano. No se trató solamente del asesoramiento jurídico: también estuvieron el abrazo, la contención y el acompañamiento a quienes debían atravesar nuevamente situaciones dolorosas para reconstruir sus historias ante los tribunales.
Para Vallejos, esa dimensión humana merece ser especialmente reconocida porque el proceso judicial no se limita a expedientes, pruebas y argumentos jurídicos. Detrás de cada testimonio hay personas que vuelven sobre experiencias traumáticas y que necesitan también un espacio de cuidado para poder hacerlo.
El juicio tuvo, además, otra característica novedosa: una de las audiencias estuvo dedicada exclusivamente a especialistas en terrorismo de Estado e infancias. Expertos provenientes de distintas disciplinas aportaron herramientas para comprender las consecuencias de aquellas experiencias desde perspectivas que exceden lo estrictamente jurídico.
Vallejos recuerda especialmente las enseñanzas que dejaron esas intervenciones. Entre ellas, la posibilidad de comprender conceptos como la diferencia entre maldad y crueldad, pero también de aproximarse a la problemática desde la historia, la psicología y el derecho. Eran personas que habían estudiado durante años y que se habían preparado para brindar testimonios fundamentados en las ciencias.
Para quienes, como ella, cuentan principalmente con una formación escolar secundaria, escuchar esas explicaciones significó acceder a herramientas para comprender de otra manera aquello que había ocurrido. El terrorismo de Estado y sus consecuencias sobre las infancias podían ser observados así desde diferentes campos de conocimiento, construyendo una mirada más amplia sobre los daños producidos por la represión.
Así, mientras la sentencia de Laguna Paiva II fija en un documento judicial el reconocimiento de las infancias como víctimas de un crimen de lesa humanidad, otras formas de memoria se ocupan de conservar los detalles que ningún fallo puede contener por completo: las voces, los silencios, las emociones, las palabras de quienes declararon y las escenas de un juicio que tardó más de cuatro décadas en llegar.
La tarea de las "escribas" busca precisamente que ese proceso no desaparezca una vez apagados los micrófonos y cerradas las puertas del tribunal. Cada crónica funciona como otra forma de testimonio. Una manera de dejar asentado cómo se llegó hasta allí, quiénes hablaron, qué se escuchó y qué significó para quienes estuvieron presentes.
En esa tarea también hay una definición política de la memoria. Registrar es impedir que la experiencia vuelva a quedar relegada al silencio. Es conservar las palabras de quienes fueron niños durante la dictadura y que, tantos años después, consiguieron que la Justicia reconociera que aquello que les ocurrió no fue una consecuencia lateral de la persecución contra sus padres, sino parte del entramado represivo.
Por eso, el juicio que Vallejos y sus compañeras registraron queda también escrito desde otro lugar. No sólo como una sentencia contra cuatro represores, sino como la historia de quienes esperaron décadas para que sus experiencias fueran nombradas, escuchadas y reconocidas.
El resultado de Laguna Paiva II se sostiene así sobre varias capas de memoria: la de quienes sobrevivieron, la de los organismos que acompañaron sus reclamos, la de los abogados que llevaron sus historias a los tribunales, la de quienes estudiaron y explicaron las consecuencias del terrorismo de Estado sobre las infancias y también la de quienes, como Vallejos y sus compañeras, se sentaron durante cada audiencia a tomar nota para que nada de aquello volviera a perderse.
Más de 46 años después de los hechos, el juicio terminó. Pero el registro continúa. Porque para quienes integran El Colectivo de la Memoria, contar lo que ocurrió también forma parte de la lucha por memoria, verdad y justicia.
Fotos: José Cettour, de El Colectivo
La sentencia del Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenó a Antonio Parvelotti a 18 años de prisión; a Eduardo Enrique Riuli, ex policía de inteligencia, a 15 años; a Víctor Hermes Brusa, ex secretario judicial, a 14 años; y a Oscar Alberto Cayetano Valdés, ex policía, a nueve años. Los cuatro fueron responsabilizados por distintos delitos, entre ellos privación ilegítima de la libertad, tormentos y violación de domicilio, además del abandono de personas en perjuicio de las infancias alcanzadas por la represión.
Durante el juicio se reconoció el sufrimiento de 34 víctimas. Entre ellas había 16 niñas, niños y adolescentes que quedaron abandonados después del secuestro de sus padres durante la última dictadura. Algunos, además, fueron víctimas de abusos, torturas y prisión. Eran hijos e hijas, sobrinos y sobrinas de trabajadores, muchos de ellos obreros combativos perseguidos por su militancia política y sindical, cuyas familias quedaron también atrapadas en la maquinaria represiva.
La memoria que puso a las infancias en el centro
Ríos subraya que ese reconocimiento no habría sido posible sin quienes atravesaron aquellos hechos siendo niños y que, décadas después, se animaron a poner sus experiencias en palabras. Fueron hombres y mujeres que debieron declarar sobre el horror vivido cuando todavía eran apenas niños, y cuya voz resultó decisiva para reconstruir una parte de la historia represiva que durante años permaneció silenciada.
El proceso, explica, tampoco puede entenderse sin el acompañamiento de los organismos de derechos humanos, familiares y de todas las personas que acompañaron la causa durante años. En esa construcción colectiva, destaca especialmente el trabajo del equipo jurídico de la APDH Rosario, integrado por abogados y abogadas que, según señala, estuvieron desde el primer momento para escuchar, comprender, reconstruir los hechos y convertir esos testimonios en una acción judicial capaz de sostenerse a lo largo del tiempo.
Ríos reivindica el compromiso de ese equipo en una tarea que, entiende, continúa escribiendo nuevas páginas en la historia de la lucha por los derechos humanos. También recuerda que esos abogados y abogadas, en ocasiones, son perseguidos por sectores que identifica como cómplices de los genocidas de ayer y de hoy, especialmente cuando intervienen en la defensa de víctimas de abusos, persecuciones y otras formas de violencia.
Por encima de todo, para la dirigenta de derechos humanos hay una continuidad que atraviesa estas décadas: memoria, verdad y justicia siguen siendo pilares irrenunciables. El fallo de Laguna Paiva II, en ese sentido, aparece como una nueva estación de una lucha que comenzó durante la propia dictadura y que todavía continúa.
El abandono de las infancias, por primera vez reconocido como lesa humanidad
El fallo, señala, recogió el pedido de los propios sobrevivientes: que el abandono sufrido durante la dictadura fuera reconocido como un delito de lesa humanidad. Para Pagliero, la satisfacción por las cuatro condenas se suma a la importancia de que el proceso haya colocado a las infancias en el centro de la escena judicial.
Hay, en sus palabras, un reconocimiento especial hacia aquellas niñas y niños de entonces que hoy son adultos. Pagliero destaca que tuvieron que "poner el cuerpo dos veces": primero al atravesar el terrorismo de Estado y sus consecuencias durante la infancia y, décadas después, al volver a declarar ante la Justicia. Lo hicieron en el debate de 2021 y nuevamente en el juicio de 2026.
Gracias a ellos y a ellas, sostiene el abogado, estos juicios pudieron llegar hasta esta instancia. Y por eso remarca especialmente su valentía, su capacidad para contar el horror de lo vivido y su decisión de exigir justicia después de tantos años.
Pero Pagliero también insiste en que esas infancias no pueden ser separadas de las identidades y las historias de sus familias. Eran hijos e hijas, sobrinos y sobrinas de obreros y obreras combativos que habían sido perseguidos durante el terrorismo de Estado. La persecución no terminó en los adultos señalados por la estructura represiva: alcanzó también a sus familiares y a las infancias.
Desde esa perspectiva, el abandono no aparece como un hecho aislado ni como una consecuencia accidental de los secuestros. Para el abogado, la persecución sufrida por los niños y niñas se inscribe dentro del plan represivo y del plan genocida. Que la Justicia haya recogido ese planteo, "diga las cosas por su nombre" y reconozca por primera vez en la historia argentina el abandono de las infancias como delito de lesa humanidad constituye, para Pagliero, un avance de enorme relevancia.
Nada de esto, remarca, habría ocurrido sin el acompañamiento social que tuvo la causa. Pagliero enumera entre quienes sostuvieron el proceso al Foro contra la Impunidad de Santa Fe, la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, partidos políticos, organizaciones sindicales y estudiantiles y la prensa en general. Para él, ese respaldo demuestra que la sociedad argentina continúa involucrada en el reclamo de justicia.
En ese sentido, su conclusión tiene una fuerte carga política y colectiva: el país no olvida. Frente a las distintas formas de intentar clausurar las discusiones sobre el terrorismo de Estado, Pagliero contrapone una idea sencilla y contundente: "acá no hay olvido, hay memoria y hoy tenemos justicia".
El fallo representa, desde su perspectiva, una forma de reparación. No una reparación individual ni exclusivamente judicial, sino una que se inscribe en una lucha mucho más extensa. Pagliero se reconoce orgulloso de formar parte de ese recorrido colectivo que comenzó durante la dictadura, cuando las Madres, las Abuelas y los organismos de derechos humanos empezaron a reclamar por sus familiares y a denunciar los crímenes cometidos por el Estado.
Después llegaron los hijos y las nuevas generaciones. Y hoy, sostiene, esa lucha continúa en todas las personas que aportan, acompañan y empujan estas causas históricas.
En Laguna Paiva II, esa continuidad se expresa en una sentencia que, más de cuatro décadas después de los hechos, incorpora una dimensión hasta ahora ausente del reconocimiento judicial: las infancias que también fueron víctimas de la maquinaria represiva. Aquellos niños y niñas que quedaron solos después del secuestro de sus madres y padres, que atravesaron el miedo, la incertidumbre, el abandono y, en algunos casos, también el abuso, la tortura y la prisión, dejaron de ser apenas una consecuencia secundaria de los crímenes cometidos contra sus familias.
La Justicia los nombró como víctimas y reconoció que aquello que les ocurrió también formó parte del plan represivo y genocida. Para quienes durante décadas sostuvieron la búsqueda de verdad y justicia, esa declaración constituye mucho más que una condena: es el reconocimiento de una historia que permaneció abierta durante 46 años y que ahora incorpora, en el centro de la escena, las vidas de aquellas infancias.
Las voces que dejan registro
Son, como ellas mismas se definen, las "escribas" de los juicios. Asisten a las audiencias, escuchan los testimonios, toman apuntes y, cuando el juicio termina y la condena queda firme, transforman ese material en una publicación. No pueden utilizar grabadores durante las audiencias, por lo que se turnan para anotar todo lo que sucede y luego reconstruyen cada proceso en forma de crónica.
Es una tarea que vienen realizando desde hace años. Registraron Laguna Paiva I, un juicio que dejó condenas que, recuerda Vallejos, "nos sabieron a poco", y también otros procesos vinculados al terrorismo de Estado, como la megacausa de Rafaela y el juicio por los presos de la cárcel de Coronda. En todos los casos, el objetivo es dejar una memoria escrita de lo sucedido en las salas de tribunales.
Laguna Paiva II, sin embargo, tuvo para ellas una particularidad que lo volvió diferente de los anteriores: por primera vez se juzgaba específicamente el delito de abandono de niños, niñas y adolescentes en el marco del terrorismo de Estado.
Eso significó escuchar, una por una, las historias de personas adultas que cuando eran niñas habían sufrido el abandono provocado por la persecución y el secuestro de sus familiares. Vallejos habla de esa experiencia con una contundencia que no necesita demasiadas explicaciones: después de escuchar esos testimonios, "no se sale igual".
La experiencia, cuenta, fue muy fuerte. Y por eso la jornada de la sentencia tuvo también una dimensión profundamente emocional. La Justicia resolvió condenas para todos los imputados y, para quienes habían acompañado el proceso desde cerca, aquello significó una satisfacción por múltiples motivos. No solamente por el resultado judicial, sino por lo que implicaba que esas voces hubieran sido finalmente escuchadas y reconocidas.
Vallejos insiste en que el resultado no puede atribuirse a una sola persona ni a una única organización. Es el producto de una "lucha absolutamente colectiva". Y aclara que no se trata de una expresión utilizada de manera abstracta: fue una lucha colectiva en el sentido más literal de la palabra.
La querella fue llevada adelante por la APDH. Como la organización no tiene presencia institucional en Santa Fe, desde la provincia acompañaron permanentemente el trabajo de los abogados querellantes y el desarrollo del juicio. En ese acompañamiento, Vallejos identifica dos aspectos que considera fundamentales.
El primero es el valor de los sobrevivientes. Para quienes fueron niños durante la dictadura y tuvieron que atravesar el abandono, presentarse frente a un tribunal y exponer públicamente los sufrimientos padecidos requirió mucho más que memoria. Requirió coraje.
"Hay que tener valor, hay que tener memoria", sostiene Vallejos. Y aquellas personas lograron hacerlo. Volvieron a poner frente a la Justicia hechos que habían marcado sus vidas décadas atrás y se animaron a narrarlos para que pudieran ser incorporados a una sentencia.
Para Vallejos, esa dimensión humana merece ser especialmente reconocida porque el proceso judicial no se limita a expedientes, pruebas y argumentos jurídicos. Detrás de cada testimonio hay personas que vuelven sobre experiencias traumáticas y que necesitan también un espacio de cuidado para poder hacerlo.
El juicio tuvo, además, otra característica novedosa: una de las audiencias estuvo dedicada exclusivamente a especialistas en terrorismo de Estado e infancias. Expertos provenientes de distintas disciplinas aportaron herramientas para comprender las consecuencias de aquellas experiencias desde perspectivas que exceden lo estrictamente jurídico.
Vallejos recuerda especialmente las enseñanzas que dejaron esas intervenciones. Entre ellas, la posibilidad de comprender conceptos como la diferencia entre maldad y crueldad, pero también de aproximarse a la problemática desde la historia, la psicología y el derecho. Eran personas que habían estudiado durante años y que se habían preparado para brindar testimonios fundamentados en las ciencias.
Para quienes, como ella, cuentan principalmente con una formación escolar secundaria, escuchar esas explicaciones significó acceder a herramientas para comprender de otra manera aquello que había ocurrido. El terrorismo de Estado y sus consecuencias sobre las infancias podían ser observados así desde diferentes campos de conocimiento, construyendo una mirada más amplia sobre los daños producidos por la represión.
Todo ese trabajo quedó registrado en una nueva publicación de El Colectivo de la Memoria. A diferencia de otros registros, esta vez decidieron nombrar la serie de crónicas de una manera que resume el carácter excepcional del proceso: Crónicas de un juicio histórico. Infancias en dictadura, nunca más.
El material se encuentra publicado en la página de Facebook de El Colectivo de la Memoria, espacio al que pertenece Vallejos y que está integrado exclusivamente por expresas y presos políticos. Allí fueron volcando todo aquello que registraron durante las audiencias y que ahora se prepara también para convertirse en una publicación en papel.
La edición será de distribución gratuita. La decisión de sostener estos registros por fuera de circuitos comerciales responde, además, a una característica central de la organización: El Colectivo de la Memoria es un espacio autogestionado. No recibe apoyo económico de ninguna institución o persona y sostiene su trabajo de manera independiente.
La edición será de distribución gratuita. La decisión de sostener estos registros por fuera de circuitos comerciales responde, además, a una característica central de la organización: El Colectivo de la Memoria es un espacio autogestionado. No recibe apoyo económico de ninguna institución o persona y sostiene su trabajo de manera independiente.
Así, mientras la sentencia de Laguna Paiva II fija en un documento judicial el reconocimiento de las infancias como víctimas de un crimen de lesa humanidad, otras formas de memoria se ocupan de conservar los detalles que ningún fallo puede contener por completo: las voces, los silencios, las emociones, las palabras de quienes declararon y las escenas de un juicio que tardó más de cuatro décadas en llegar.
La tarea de las "escribas" busca precisamente que ese proceso no desaparezca una vez apagados los micrófonos y cerradas las puertas del tribunal. Cada crónica funciona como otra forma de testimonio. Una manera de dejar asentado cómo se llegó hasta allí, quiénes hablaron, qué se escuchó y qué significó para quienes estuvieron presentes.
En esa tarea también hay una definición política de la memoria. Registrar es impedir que la experiencia vuelva a quedar relegada al silencio. Es conservar las palabras de quienes fueron niños durante la dictadura y que, tantos años después, consiguieron que la Justicia reconociera que aquello que les ocurrió no fue una consecuencia lateral de la persecución contra sus padres, sino parte del entramado represivo.
Por eso, el juicio que Vallejos y sus compañeras registraron queda también escrito desde otro lugar. No sólo como una sentencia contra cuatro represores, sino como la historia de quienes esperaron décadas para que sus experiencias fueran nombradas, escuchadas y reconocidas.
El resultado de Laguna Paiva II se sostiene así sobre varias capas de memoria: la de quienes sobrevivieron, la de los organismos que acompañaron sus reclamos, la de los abogados que llevaron sus historias a los tribunales, la de quienes estudiaron y explicaron las consecuencias del terrorismo de Estado sobre las infancias y también la de quienes, como Vallejos y sus compañeras, se sentaron durante cada audiencia a tomar nota para que nada de aquello volviera a perderse.
Más de 46 años después de los hechos, el juicio terminó. Pero el registro continúa. Porque para quienes integran El Colectivo de la Memoria, contar lo que ocurrió también forma parte de la lucha por memoria, verdad y justicia.
Fotos: José Cettour, de El Colectivo
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