sábado, 7 de noviembre de 2026

La Capital: salarios de hambre, precarización laboral y una lucha que no se doblega

Frente al edificio del Multimedios La Capital, en Sarmiento 763, periodistas, locutores y operadores volvieron a hacer oír su reclamo. La protesta, encabezada por el Sindicato de Prensa Rosario (SPR), expuso un conflicto que lleva meses sin respuestas: salarios que rondan los 800 mil pesos, trabajadores sin registración adecuada y una empresa que se niega a actualizar los pisos salariales. En ese escenario, Edgardo Carmona, secretario general del SPR, apuntó contra los responsables de la conducción empresarial, cuestionó los vínculos entre el poder económico y político y lanzó una advertencia: la lucha continuará hasta que se respeten los derechos de quienes sostienen cotidianamente el multimedios.

El conflicto que los trabajadores y trabajadoras de la empresa arrastran desde hace meses ya dejó de ser exclusivamente salarial: es también una disputa por el reconocimiento de los derechos laborales, la dignidad y las condiciones en las que se desarrolla el trabajo periodístico. Con ingresos que no alcanzan para cubrir las necesidades básicas y situaciones de precarización que también afectan a quienes ingresan a desempeñar tareas bajo modalidades irregulares, el reclamo se convirtió en una pelea por condiciones laborales justas y por el derecho a vivir del propio trabajo.

Carmona apuntó contra la conducción empresarial
En ese contexto, Edgardo Carmona tomó la palabra frente a los trabajadores y dirigió sus primeras acusaciones contra la conducción del multimedios. "Estafan a los compañeros que entran a laburar en La Capital+. Estafan a los compañeros de Brindis", denunció, en declaraciones registradas en un video cuyo audio fue recuperado por Señales, donde también se describen las situaciones que atraviesan quienes trabajan en distintas unidades de la empresa.

Desde la puerta del edificio, Carmona mencionó reiteradamente a Gustavo Scaglione y lo convocó públicamente a hacerse cargo de la situación. También hizo referencia a los vínculos familiares y empresariales que rodean al titular del multimedios. Recordó su relación con la familia Daminato, una de las referencias históricas del empresariado rosarino, cuyos orígenes comerciales se remontan a fines del siglo XIX, cuando obtuvo una de las primeras licencias como agentes de cambio en 1886.

La familia Daminato, de origen italiano, construyó a lo largo de generaciones una trayectoria vinculada al negocio financiero, las representaciones marítimas y el turismo. Carlos Daminato (1925-2017) fue representante de distintas líneas marítimas, agente de la banca italiana y posteriormente impulsó una empresa de turismo estudiantil que alcanzó un lugar destacado en el mercado local. Sus principales compañías, Daminato Sociedad de Bolsa S.A. y Daminato Viajes y Cambio S.A., quedaron bajo la conducción de Josefina, la menor de sus cuatro hijos, contadora de profesión y esposa de Gustavo Scaglione.

Scaglione se incorporó a los negocios de la familia de su esposa y estuvo al frente de la unidad de turismo estudiantil de la agencia, que llegó a convertirse en número uno de Rosario. Esa trayectoria empresarial fue recuperada por Carmona al momento de cuestionar el presente del multimedios y las responsabilidades de quienes hoy conducen la empresa.

"Una historia linda desde la ciudad de Rosario. Allí están, quedándose con los despojos, robándonos, olvidándose de los trabajadores", expresó el dirigente sindical, antes de nombrar a quienes, según señaló, están al frente de la estructura empresarial. Además de Gustavo Scaglione, mencionó a Vito Scaglione y a Diego Feser, a quien identificó como el negociador que, según denunció, "va una vez por semana a buscar el sobre en la Casa de Gobierno".

Para Carmona, esos nombres representan a quienes deciden el destino de una empresa que, mientras desarrolla negocios y construye un importante patrimonio económico, mantiene a sus trabajadores en condiciones salariales que calificó de indignas. "Esos son los tipos que dirigen este multimedio. Esos son los tipos que le niegan a los trabajadores el futuro. Esos son los tipos que nos quieren hambrear, que nos quieren poner de rodillas", sostuvo.

Salarios de hambre y trabajadores sin registrar
La denuncia no se limitó a los salarios. El secretario general del SPR puso especial énfasis en la situación de quienes ingresan a trabajar sin contar con una relación laboral debidamente registrada. Según explicó, hay compañeros que deben facturar por sus tareas y reciben remuneraciones miserables, sin que se respeten derechos básicos como la cobertura de obra social, los aportes jubilatorios y las garantías que corresponden a cualquier trabajador registrado.

La precarización, advirtió, forma parte de un escenario más amplio de deterioro de las condiciones laborales dentro del multimedios. Por eso, el reclamo incluye tanto la actualización de los pisos salariales como la regularización del personal y el cumplimiento de las obligaciones patronales.

"Esta lucha no se termina hasta que los trabajadores de este multimedios ganen la pelea", afirmó Carmona. Y anticipó que el gremio estaba dispuesto a profundizar las medidas de fuerza: "Le vamos a dar una lección que no se van a olvidar en la historia". En esa línea, anunció que a partir del lunes siguiente se demostraría la decisión de los trabajadores de sostener el conflicto y advirtió que, si fuera necesario, podrían llegar a "silenciar este multimedio hasta que pague lo que corresponde".

El ajuste, el poder político y los negocios millonarios
El enfrentamiento con la empresa se desarrolla en un contexto de deterioro general del poder adquisitivo. Carmona vinculó la situación de los trabajadores de prensa con las consecuencias del programa económico nacional y las políticas de ajuste que, sostuvo, golpean diariamente a los sectores populares. En su intervención, extendió sus cuestionamientos al gobierno provincial de Maximiliano Pullaro, al que consideró alineado con el de Javier Milei.

"Nuestros vecinos sufren la implementación de este plan económico de hambre y miseria, mientras todos sufrimos diariamente las consecuencias de los ajustes", señaló. Luego cuestionó lo que considera una contradicción entre el discurso de diferenciación política del gobernador respecto del Gobierno nacional y el acompañamiento legislativo de los representantes provinciales a iniciativas que, según denunció, perjudican a la población.

"¿Por qué miente Pullaro cuando dice que se diferencia en el Congreso Nacional? Todas las leyes que perjudican a nuestros pueblos son ratificadas por los senadores y diputados que responden a Pullaro", planteó ante los manifestantes.

A continuación, trasladó el eje de su discurso hacia los recursos económicos que, según denunció, reciben los empresarios del multimedios a través de fondos provinciales. Mientras los rosarinos se endeudan, tienen dificultades para pagar los impuestos y deben afrontar elevados costos de transporte, Carmona aseguró que Vito y Gustavo Scaglione reciben más de 5.000 millones de pesos anuales.

La cifra fue repetida varias veces para remarcar la dimensión de su denuncia. "¿Me escuchan? ¿Me escuchan claramente? Estos tipos reciben más de 5.000 millones de pesos al año para mentir a los rosarinos y seducirlos con una política criminal de hambre y exclusión", afirmó.

En ese marco, apuntó directamente contra el gobernador y el titular del multimedios. Definió a Scaglione como un "alcahuete del Gobierno Provincial" y lo acusó de utilizar su posición para obtener recursos y desarrollar negocios paralelos, mientras la empresa se niega a ofrecer una recomposición salarial a quienes producen diariamente sus contenidos.

Las críticas también alcanzaron otros negocios y operaciones empresariales que Carmona atribuyó a Scaglione. Mencionó la situación de Vicentin y sostuvo que el empresario se quedó con esa compañía. También afirmó que busca quedarse con SanCor. A esas referencias sumó el proyecto de construcción de un edificio de 60 pisos en la costa rosarina, al que calificó de "mamotreto en terrenos exclusivos".

Sobre ese emprendimiento, cuestionó el tratamiento político y legislativo que permitió modificar el código urbano para habilitar el proyecto. Según denunció, la presión empresarial consiguió que 16 concejales votaran a favor de una modificación normativa que posibilitaría el negocio, en el que, afirmó, los empresarios mencionados tienen participación.

El contraste que Carmona buscó instalar durante toda su intervención fue el de una empresa con capacidad para desarrollar negocios millonarios y recibir importantes recursos, pero que al mismo tiempo se niega a garantizar salarios dignos y condiciones laborales regulares. "A nosotros nos tienen cagados de hambre, sin valorar nuestra tarea. Nos quieren destruir, nos quieren marginales", expresó, en uno de los pasajes más duros de su discurso.
Una lucha colectiva que no se doblega
Detrás de las denuncias empresariales y políticas, sin embargo, el dirigente volvió una y otra vez a los trabajadores. Habló de las familias, de los hijos, de los compañeros que todos los días sostienen la actividad periodística y de una historia colectiva que no están dispuestos a entregar. Con un tono de cercanía, recordó los años compartidos con quienes integran el gremio y aseguró conocer el esfuerzo cotidiano que realizan.

"Hace muchos años que los conozco a ustedes. Todos los días comparto cada una de las horas del amor de ustedes y estoy convencido de que, aunque nos toque ser vanguardia en esta lucha en los medios de comunicación, aunque seamos los únicos, aunque seamos los primeros, vamos a dar una batalla sin cuartel", manifestó.

En ese punto, Carmona reivindicó el papel del Sindicato de Prensa Rosario y la capacidad de organización de los trabajadores de la comunicación. Aseguró que el gremio no se doblegará ante las presiones empresariales y sostuvo que periodistas, locutores y operadores están dispuestos a sostener el reclamo hasta las últimas consecuencias.

"El Sindicato de Prensa no se doblega. Los trabajadores de la comunicación tienen huevos, tienen ovarios y van a pelear hasta el último minuto, hasta la última sangre, hasta la última gota de sudor", afirmó, en una declaración que buscó transformar el malestar acumulado en una convocatoria a la resistencia colectiva.

Para el dirigente, la discusión excede largamente la cifra que figura en un recibo de sueldo. Se trata de defender el valor del trabajo y el derecho a vivir de aquello que cada uno produce. "Nosotros, los trabajadores, vivimos de lo que producimos, tenemos dignidad, queremos a nuestras familias y queremos vivir con dignidad. Y esto es un insulto", expresó.

En ese sentido, consideró especialmente grave que una empresa con la dimensión económica del Multimedios La Capital niegue incluso una actualización de los pisos salariales. "Negar el piso a los trabajadores del multimedios La Capital, en esta empresa que construye fortuna, que roba diariamente, es un gran insulto", sostuvo. Y enumeró las razones por las que, aseguró, el conflicto no puede quedar sin resolución: "No lo vamos a permitir por nuestra dignidad, por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestros compañeros, por los retirados, por la historia".

Un conflicto que lleva meses y no encuentra respuestas
Las palabras de Carmona se inscriben en un reclamo que periodistas, locutores y operadores del histórico multimedios vienen sosteniendo desde hace varios meses. Según denunciaron los trabajadores, las remuneraciones actuales rondan los 800.000 pesos mensuales y la empresa no presentó ninguna propuesta concreta para actualizar los pisos salariales.

La situación fue expuesta también a través de un flyer difundido en redes sociales por una trabajadora de la empresa, quien describió las dificultades para encontrar una salida mediante las instancias institucionales de negociación. El personal recurrió al Ministerio de Trabajo con la expectativa de alcanzar un acuerdo, pero denunció que la conducción empresarial no se presentó a las mesas conciliatorias y que posteriormente dio de baja la instancia de cuarto intermedio que se había dispuesto para continuar las conversaciones.

La decisión empresarial, según explicaron, dejó en claro que no existía voluntad de avanzar con el incremento solicitado. Los trabajadores sostuvieron que se cerraron incluso las vías de negociación que habían intentado preservar para evitar una profundización del conflicto.

"No hay forma de negociar los pisos salariales. Ya fuimos al Ministerio de Trabajo, pero nunca se presentaron a la mesa conciliadora. Dieron de baja la instancia de cuarto intermedio porque sostuvieron que no van a darnos el aumento del piso. Estamos cobrando 800.000 pesos", expresó la trabajadora en el mensaje que circuló por las redes.

En el mismo texto señaló que la situación lleva muchísimos meses y que los ingresos actuales ya no alcanzan para sostener las necesidades cotidianas. "Ya no podemos vivir más con 800 mil pesos", resumió. También explicó que desde hacía aproximadamente un mes realizaban asambleas y ruidazos de lunes a viernes en la puerta del diario, sin obtener respuestas de la empresa.

La trabajadora manifestó, además, su preocupación por la escasa repercusión pública del conflicto. Consideró que la situación adquiere una dimensión particular porque se trata de un grupo empresario con participación en buena parte de los medios de comunicación de la región. "Ya casi no se conoce este conflicto, por motivos obvios: son los dueños de casi todo", escribió, al tiempo que denunció lo que definió como "abuso de poder y cinismo".

Desde el SPR también señalaron que la postura de la empresa generó sorpresa incluso en el propio Ministerio de Trabajo. Carmona había explicado que, durante las instancias de negociación, funcionarios del organismo manifestaron no comprender la negativa empresarial a presentar una propuesta de actualización salarial. Sin embargo, pese a las gestiones realizadas, el conflicto permaneció sin acuerdo.

La protesta de este viernes, con concentración y ruidazo frente al edificio de Sarmiento 763, se sumó así a las asambleas que los trabajadores vienen realizando de manera cotidiana. La medida buscó visibilizar una situación que, según denunciaron, continúa sin encontrar espacio en la agenda pública, mientras los salarios pierden capacidad adquisitiva y se mantienen las condiciones de precarización laboral.
La solidaridad de quienes también hicieron historia en el diario

La discusión también tuvo repercusiones entre quienes trabajaron anteriormente en el diario. Una exintegrante de La Capital publicó un mensaje de solidaridad con sus compañeros y recuperó una de las denuncias centrales de Carmona: los más de 5.000 millones de pesos anuales que, según afirmó el dirigente sindical, reciben los Scaglione desde el ámbito provincial.

En su publicación cuestionó la imagen pública de las patronales que suelen ser presentadas como empresarios respetables y ciudadanos comprometidos, mientras, según denunció, se niegan aumentos paritarios a los trabajadores del diario fundado por Ovidio Lagos el 15 de noviembre de 1867, considerado el más antiguo de la Argentina. El próximo 15 de noviembre de 2026, el periódico cumplirá 159 años.

También señaló que se regatean incrementos salariales mínimos y se retienen recursos correspondientes a la obra social y otros aportes laborales.

La ex trabajadora estableció, además, un vínculo entre los fondos destinados a la pauta y la relación entre el poder político y los medios de comunicación. Sostuvo que el dinero provincial que reciben estos empresarios para publicidad oficial termina financiando un esquema de comunicación que presenta favorablemente las políticas del Gobierno, mientras se niegan recursos que podrían mejorar las condiciones de vida de otros trabajadores, como los docentes santafesinos, afectados —según expresó— por salarios insuficientes y por las exigencias del presentismo.

Su mensaje concluyó con un llamado a acompañar la lucha de los trabajadores de prensa y expresar solidaridad con quienes continúan reclamando frente al edificio del multimedios.

Una pelea por el trabajo, la dignidad y el futuro
El conflicto de La Capital deja al descubierto una disputa que reúne distintas dimensiones: la insuficiencia de los salarios, la informalidad laboral, el incumplimiento de derechos básicos, la falta de voluntad negociadora de la empresa y los cuestionamientos sobre la relación entre los grupos económicos y el poder político. Para los trabajadores, la posibilidad de sostener sus vidas con el fruto de su trabajo se convirtió en una reivindicación urgente.

Frente a una empresa que, según denuncian, se niega a actualizar los pisos salariales mientras mantiene una importante capacidad económica, el SPR insiste en que no habrá retroceso. La pelea ya no se limita a una mesa de negociación ni a un reclamo puntual de aumento: también expresa la defensa de la historia de un colectivo de trabajadores que se resiste a que la precarización se convierta en regla.

Carmona cerró su intervención con una consigna que sintetizó el espíritu de la jornada y la decisión de continuar con las medidas hasta obtener una respuesta: "¡Paro, paro, lucha y paro hasta ganar!".

Y esa fue, finalmente, la definición que quedó resonando frente al edificio de Sarmiento 763: los trabajadores de prensa no están dispuestos a resignar sus derechos, su dignidad ni la posibilidad de vivir de su trabajo.

León XIV en la Argentina: una visita que interpela al poder y vuelve a poner en el centro la justicia social

El periodista y especialista en temas religiosos Washington Uranga analizó en Señales el significado político, social y pastoral de la llegada del pontífice. La continuidad del legado de Francisco, las diferencias con el gobierno de Javier Milei, el papel del Episcopado y una agenda marcada por los sectores más vulnerables configuran una visita que excede ampliamente lo religioso
La llegada del papa León XIV a la Argentina despierta una expectativa que excede ampliamente al universo católico. Su visita se produce en un momento particular del país y del mundo, atravesado por tensiones políticas, económicas y sociales, y adquiere una significación especial por el contraste entre los principios que el pontífice viene reivindicando desde el inicio de su papado y la orientación del gobierno de Javier Milei.

Al mismo tiempo, León XIV llega como continuador del legado de Francisco, el primer Papa argentino, con quien comparte una trayectoria pastoral estrechamente vinculada con América Latina y una mirada sobre la dimensión social de la evangelización. Para Uranga, esa combinación explica por qué la visita genera interés más allá de los fieles católicos y puede tener consecuencias políticas y sociales de importancia.

Dos miradas sobre la sociedad: el pensamiento de León XIV frente al modelo de Milei
El contrapunto entre el pensamiento del pontífice y el discurso del Gobierno nacional aparece, según Uranga, como uno de los elementos centrales del contexto en el que se produce la llegada. El periodista considera que existe una diferencia evidente entre lo que dice y hace Milei y lo que León XIV viene predicando desde su asunción. Se trata de dos maneras distintas de entender el mundo, la dignidad de las personas y el lugar de la doctrina social de la Iglesia en la organización de la sociedad.

En ese sentido, recordó que el Presidente argentino Javier Milei llegó a calificar la doctrina social de la Iglesia como "una manera de robar" y que también se refirió al papa Francisco como "representante maligno en la tierra". Aunque en los últimos tiempos se haya intentado moderar esas expresiones y reducir el alcance de las críticas, Uranga sostuvo que esos antecedentes siguen presentes y forman parte del escenario político en el que se desarrollará la visita.

A esa tensión se suma la posición que viene adoptando el Episcopado argentino frente a las políticas sociales del Gobierno. En los últimos meses, distintos obispos manifestaron críticas y respaldaron públicamente los reclamos de sectores afectados por las decisiones oficiales. Entre ellos se encuentran Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina; el cardenal Ángel Rossi, vicepresidente de la institución, y otros integrantes de la jerarquía eclesiástica, como el obispo de Córdoba, Ángel Rossi. Sus pronunciamientos acompañaron las demandas de las personas con discapacidad, los jubilados y las universidades.

Para Uranga, León XIV llegará también para ratificar esa posición y confirmar el acompañamiento del Vaticano a sus obispos. En ese marco, consideró que las declaraciones de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, cuando sostiene que el Papa no hablará de política, representan solamente una parte de la verdad. El pontífice no hará política partidaria ni señalará directamente a dirigentes o funcionarios, explicó, pero eso no significa que sus palabras estén desprovistas de contenido político y social.

Como ejemplo, mencionó lo ocurrido durante la primera etapa de la gira por Uruguay. Allí, León XIV se apoyó en la figura de José Gervasio Artigas y en el significado del éxodo del pueblo oriental para reflexionar sobre la historia, la participación y la identidad colectiva. No se trató de un respaldo explícito a un dirigente ni de una crítica directa a otro, sino de la recuperación de determinados valores y criterios para pensar la realidad.

En esa misma línea, Uranga destacó una reflexión del arzobispo Marcelo Colombo: la importancia de una visita papal no reside solamente en lo que ocurre durante los encuentros y los discursos, sino también en lo que permanece después de que el pontífice se retira. La pregunta central, entonces, es qué tarea queda pendiente para la sociedad argentina una vez concluida la visita.

La continuidad de Francisco y una Iglesia con nuevos protagonistas
La continuidad entre León XIV y Francisco constituye otro de los ejes fundamentales de este viaje. El propio pontífice manifestó su deseo de regresar a América Latina y volver a Perú, país al que considera su patria de adopción, pero también expresó su voluntad de visitar la Argentina para homenajear a su antecesor. De hecho, uno de los momentos centrales de la agenda será el encuentro con los obispos en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, donde se realizará un acto de recuerdo y homenaje a Francisco.

Uranga señaló que León XIV se reconoce como continuador del legado de su antecesor, aunque con un estilo propio y otros acentos. Esa continuidad se expresa especialmente en el magisterio referido a la cuestión social. No se trata de una reproducción idéntica del pontificado anterior, sino de una recuperación de sus principales orientaciones y preocupaciones.

Para comprender esa relación también resulta necesario repasar la trayectoria de Robert Prevost antes de convertirse en Papa. Uranga recordó que fue Francisco quien lo nombró obispo de Chiclayo, en Perú, y quien posteriormente lo convocó a Roma. Allí le confió responsabilidades de enorme relevancia: lo nombró prefecto del Dicasterio para los Obispos —una suerte de Ministerio del Interior del Vaticano, según la comparación de Uranga— y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina. Además, lo incorporó a otros cinco dicasterios, organismos que conducen distintas áreas estratégicas del Vaticano.

El periodista describió ese recorrido como un proceso en el que Francisco fue acercando a Prevost a los principales espacios de decisión de la Iglesia. Aunque aclaró que eso no significaba necesariamente que lo estuviera preparando o proponiendo como su sucesor, sí dejaba en evidencia la confianza que depositaba en él y el lugar destacado que ocupaba entre sus colaboradores.

La trayectoria latinoamericana de León XIV también tiene una dimensión personal y política. Nacido en Estados Unidos, Robert Prevost desarrolló buena parte de su vida pastoral en Perú, donde obtuvo la nacionalidad y construyó una profunda identificación con el país. En ese contexto, Uranga recordó un episodio que llamó la atención de distintos medios: durante las elecciones estadounidenses, el Papa ejerció su derecho al voto.

Consultado sobre el tema durante el vuelo hacia Montevideo, León XIV confirmó que había participado del proceso electoral y explicó que continúa siendo ciudadano estadounidense, por lo que considera natural ejercer ese derecho. "Claro que voto, y voy a seguir votando", fue su respuesta. Para Uranga, el gesto tiene un significado particular porque muestra a un pontífice que se reconoce como parte de la vida social y política, que participa de ella y que no encuentra contradicción entre esa participación ciudadana y su responsabilidad religiosa.

Esa mirada también ayuda a entender la relación que León XIV mantiene con los obispos argentinos. Uranga explicó que, cuando conversa con integrantes del Episcopado, suele encontrar una aclaración recurrente: los obispos no buscan enfrentarse con el Gobierno, pero consideran que tienen una responsabilidad ineludible frente a las consecuencias sociales de las políticas públicas. Esa responsabilidad, recordó, también forma parte del pensamiento de Prevost: la preocupación por lo social no constituye una tarea secundaria ni separada de la evangelización, sino un componente esencial de la misión de la Iglesia.

El periodista también puso el acento en el cambio que experimentó la jerarquía eclesiástica argentina durante el pontificado de Francisco. Según su análisis, fue el propio Francisco quien modificó profundamente la composición y el perfil del Episcopado, que durante muchos años había mantenido actitudes de complicidad frente a algunos de los episodios más graves de la historia argentina. La actual conducción representa, en ese sentido, otro tiempo, otra época y otras características, tanto por los nombres que la integran como por las posiciones que sus miembros vienen sosteniendo públicamente.

Una agenda que pone en el centro a los más vulnerables
Para Uranga, la visita debe leerse no solamente a partir de los discursos que pronuncie León XIV, sino también de los lugares que eligió para transmitir sus mensajes y de los encuentros que formarán parte de su agenda. La visita al Cottolengo Don Orione, el paso por una cárcel y el encuentro con representantes del mundo del trabajo y de los movimientos populares son escenarios que adquieren una significación especial dentro de la mirada social que caracteriza al pontificado.

En relación con la construcción de esa agenda, el periodista aportó un dato que considera revelador. En una conversación mantenida durante la semana con Raúl Pizarro, obispo y secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina, conoció que hubo un pedido expreso de León XIV para reunirse con jóvenes. El mismo interés había manifestado para su visita a Uruguay.

Sin embargo, otros encuentros centrales de la agenda argentina no surgieron de una iniciativa original del Papa, sino de una solicitud de los propios obispos. Uranga precisó que fueron los representantes del Episcopado quienes pidieron incorporar la visita al Cottolengo Don Orione, el paso por la cárcel y el encuentro con los movimientos populares. También impulsaron la visita a Claypole, localidad ubicada a 25 kilómetros al sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense.

El propio presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, explicó a los periodistas que la elección de Claypole respondía a la intención de mostrarle al pontífice una expresión concreta del sufrimiento que atraviesan distintos sectores de la sociedad argentina y del compromiso que la Iglesia considera necesario asumir frente a esa realidad. De acuerdo con Uranga, ese dato permite comprender que la agenda no es casual, sino que expresa una determinada concepción del papel de la Iglesia frente a los problemas sociales.

Otro aspecto que el periodista considera importante es la posibilidad de que la visita genere una movilización popular de magnitud. La Argentina tiene una larga historia de participación y movilización callejera, pero ese entramado se encuentra actualmente debilitado. Uranga señaló que muchos lazos sociales se han roto, que las instituciones y las organizaciones están fuertemente golpeadas y que, además, las manifestaciones públicas vienen siendo escenario de episodios de represión.

En ese contexto, consideró que la llegada de León XIV podría abrir un espacio para superar temporalmente esos límites y permitir que la sociedad vuelva a expresarse en las calles con libertad. Sin anticipar cifras ni estimaciones sobre la cantidad de asistentes, sostuvo que habrá multitudes y que será importante observar cómo se manifiesta la gente durante los distintos momentos de la visita.

Los gestos políticos detrás de la organización de la visita
La dimensión política también se hizo visible en la organización de los encuentros institucionales y en las diferencias que surgieron alrededor de las invitaciones oficiales. Uranga comparó lo sucedido en Uruguay, donde el Papa pudo encontrarse con el presidente y compartir el acto con los expresidentes del país en un clima de confraternidad, con lo que ocurrirá en la Argentina.

En Buenos Aires, durante el encuentro previsto en el Centro Cultural Kirchner, los expresidentes no estarán invitados. Según explicó, la decisión fue resultado de una discusión interna muy fuerte dentro del Gobierno nacional, que tuvo a su cargo el manejo de las invitaciones. Finalmente, la posibilidad de convocar a los exmandatarios quedó descartada. Para Uranga, uno de los factores determinantes fue que esa nómina habría incluido a Cristina Fernández de Kirchner.

También hubo tensiones alrededor de la presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, cuya participación finalmente quedó confirmada, aunque dentro de un esquema que, según el periodista, contempla distintas restricciones.

Las limitaciones también alcanzarán a la cobertura periodística y a las transmisiones oficiales. Uranga explicó que los medios estatales recibieron instrucciones de no transmitir en directo determinados acontecimientos vinculados con la visita. En Claypole, por ejemplo, habrá restricciones para el trabajo de las cámaras. Una parte de esas limitaciones responde a un pedido expreso del propio Papa, que solicitó intimidad durante el recorrido por los pabellones, una decisión que el periodista consideró absolutamente comprensible.

Sin embargo, también señaló que no habrá cámaras en determinados sectores, entre otras razones porque allí estará presente el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el Gobierno nacional no querría mostrar su participación. De ese modo, anticipó que la organización de la visita estará atravesada por una serie de tironeos políticos e institucionales.

Frente a ese escenario, el Vaticano también tomó recaudos para garantizar el control de determinadas transmisiones. Según explicó Uranga, habrá directores de cámara de Vatican News y de la Central de Televisión del Vaticano a cargo de algunas coberturas, precisamente para evitar que la realización y la selección de imágenes queden exclusivamente en manos de los medios locales. La decisión se vincula, en su interpretación, con las preocupaciones existentes alrededor del manejo de la información en el contexto político argentino.

Lo que queda después de la visita
Así, la llegada de León XIV se presenta como un acontecimiento que excede ampliamente el calendario litúrgico y la dimensión estrictamente religiosa. La continuidad del pensamiento social de Francisco, el respaldo a un Episcopado que viene expresando sus preocupaciones frente a las políticas oficiales, la elección de escenarios vinculados con los sectores más vulnerables y la posibilidad de una movilización popular masiva configuran una visita con múltiples significados.

Para Washington Uranga, el verdadero alcance de este viaje no se medirá únicamente por las palabras que pronuncie el pontífice ni por las imágenes de los actos oficiales. También habrá que observar qué sucede en las calles, cómo se expresa la sociedad y, fundamentalmente, qué permanece cuando León XIV abandone el país.

Porque, más allá del homenaje a Francisco y de los gestos institucionales, la visita vuelve a poner en el centro una discusión sobre la dignidad humana, la justicia social y la responsabilidad colectiva frente al sufrimiento de los demás.

Escuchá la entrevista completa:
Foto: Luis Robayo, Agencia AFP

domingo, 1 de noviembre de 2026

La Gurru se defendió: organización, resistencia y una escuela que busca recuperar su identidad

Después de un año y medio de intervención, denuncias, restricciones y reclamos, la comunidad educativa del Complejo Educativo Gurruchaga de Rosario consiguió el apartamiento de los directivos interventores y la designación de nuevas autoridades mediante escalafón interno. Carolina y Yanina, madres de estudiantes, reconstruyen el camino que llevó a esta decisión, las situaciones que todavía esperan respuestas y el papel fundamental de estudiantes, familias y docentes en una lucha que, lejos de haber terminado, busca recuperar la identidad de una escuela. "La lucha sirve", sostienen.

Durante meses, el Complejo Educativo Gurruchaga, tuvo durante meses un escenario de incertidumbre, malestar y organización colectiva. Desde mayo de 2025, la institución atravesaba una intervención dispuesta por el Ministerio de Educación de Santa Fe, que había colocado al frente de la escuela a dos directivos interventores. Lo que comenzó como una decisión administrativa terminó convirtiéndose en un conflicto que involucró a estudiantes, familias y docentes, y que puso en discusión no solamente quién debía conducir la institución, sino también qué escuela se estaba construyendo y qué lugar tenían las voces de quienes la habitaban todos los días.

En una entrevista anterior con Señales, de Aire Libre, Radio Comunitaria, Adriana y Carolina habían reconstruido los meses de conflicto: reuniones sin respuestas, denuncias, restricciones que afectaban la vida cotidiana de los alumnos, situaciones de maltrato y abuso de autoridad, y una creciente preocupación por el rumbo institucional. También habían contado cómo los estudiantes comenzaron a organizarse a través del Centro de Estudiantes, con sentadas, carteles, asambleas y distintas manifestaciones pacíficas para reclamar por sus derechos.

Las familias acompañaron esa organización desde el primer momento. Sin embargo, la incertidumbre continuaba: la intervención seguía vigente y no había definiciones sobre quién conduciría la escuela.

En esta nueva conversación, Carolina llegó junto a Yanina, quien se sumó a esta segunda instancia de reconstrucción del conflicto. Esta vez, las madres traían una noticia diferente: la comunidad educativa había conseguido el apartamiento de los dos interventores y el Ministerio había convocado al escalafón interno para cubrir los cargos de dirección y vicedirección de la secundaria. Finalmente, dos docentes de la propia institución fueron designados para asumir esas responsabilidades.

"Logramos el objetivo que queríamos", resumió Carolina. La madre explicó que, antes de esa resolución, el Ministerio había organizado reuniones por separado con los distintos cursos y divisiones. Durante aproximadamente diez días, se convocó a estudiantes de primero, segundo y otros años para escuchar sus planteos y dejar constancia de lo conversado mediante actas.

En esos encuentros se les comunicó que los dos directivos interventores ya habían sido apartados y que se realizaría el llamado por escalafón interno. También se reclamó que se abriera un proceso de investigación sobre las actuaciones de Antonella Scolari y Ezequiel Bressán, quienes habían estado al frente de la intervención.

La decisión finalmente llegó mediante un comunicado oficial que informó los nombres de los dos docentes de secundaria que asumirían la dirección y la vicedirección. Para las familias, se trataba de una conquista concreta: el fin de la intervención, el apartamiento de quienes habían sido cuestionados y la recuperación de un mecanismo de designación que consideraban legítimo.

Sin embargo, el resultado no significaba que todo estuviera resuelto. Las madres todavía esperaban una reunión con las nuevas autoridades para conocer cómo continuaría la organización de la secundaria y cuáles serían los próximos pasos. También querían agradecer públicamente a los medios de comunicación, organizaciones y personas que habían acompañado el reclamo.

Pero, sobre todo, buscaban dejar un mensaje para otras comunidades educativas que atraviesan situaciones similares. Carolina insistió en la importancia de contar con un Centro de Estudiantes, de que los chicos puedan hablar en sus casas y encuentren familias dispuestas a escucharlos, y de que existan docentes capaces de acompañar y prestar atención a lo que sucede.

"El Centro de Estudiantes siempre fue el centro del amor. Ellos tienen un corazón enorme. La verdad que son mejores que nosotros, son mejores que nosotros", afirmó, con una admiración que atravesó buena parte de la conversación.

La experiencia también les permitió comprobar las dificultades que existen para hacer circular una denuncia cuando las instituciones no ofrecen respuestas. Las madres eligieron exponerse públicamente, recurrir a los medios y contar lo que estaba sucediendo. En ese recorrido encontraron espacios de comunicación que les permitieron amplificar sus voces, aunque también señalaron que algunos medios tradicionales ignoraron sus reclamos, rechazaron tomarles notas o editaron sus declaraciones de manera que, según denunciaron, terminaban tergiversando el sentido de lo que querían comunicar.

"No escrachamos a nadie, nunca fue nuestra intención", aclararon. Lo que buscaban, explicaron, era que las situaciones fueran conocidas y que las autoridades se hicieran responsables.

Un año y medio de denuncias y una escucha que todavía falta
Para las madres, el apartamiento de los interventores no alcanza para cerrar el conflicto. Hay denuncias presentadas ante el Ministerio de Educación que, según sostienen, permanecen sin respuestas, y todavía esperan que se les entregue el registro de las actas de las distintas reuniones mantenidas durante el proceso.

Carolina consideró que sería importante que el Ministerio convocara a las familias, mostrara esa documentación y explicara cómo llegó a las decisiones que finalmente tomó. No espera demasiado de esa posibilidad. "No creo que pase", expresó, al describir una relación institucional atravesada por desencuentros y falta de comunicación.

Yanina puso el foco en el tiempo que duró la intervención. Habló de "un año y medio de crueldad" y sostuvo que durante ese período no se atendieron adecuadamente las situaciones denunciadas.

En ese recorrido, ambas destacaron especialmente el acompañamiento de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, donde un grupo de madres pudo exponer las experiencias que venían atravesando. Yanina recordó las reuniones convocadas por el Ministerio para escuchar a los distintos cursos y relató que había participado en la correspondiente a primero, donde también estaban presentes estudiantes que contaban situaciones muy difíciles.

"Me parecía todo el tiempo que no les pasaba nada con lo que contábamos", recordó. Según describió, las intervenciones de los chicos no parecían generar una reacción de escucha por parte de quienes conducían ese encuentro.

La reunión con segundo año, en cambio, tuvo otra dinámica. Allí encontró a dos personas que, según su percepción, sí lograron conmoverse con los testimonios y prestar atención a lo que estaba sucediendo. Las madres consideran que esa escucha pudo haber contribuido a que se tomara la decisión de apartar a los interventores.

También recordaron que durante esos encuentros se había cuestionado la tarea de quienes habían llegado a la escuela con el propósito de reorganizarla. "Fueron muy mal organizadores. Venían a organizar la escuela y no organizaron nada", señalaron.

Reconocieron que quizá se realizaron algunas tareas administrativas, aunque insistieron en que faltó una dimensión fundamental: la humana. Porque una escuela, explicaron, no puede limitarse a transmitir contenidos. También debe ofrecer condiciones emocionales para que los estudiantes puedan aprender, sentirse cuidados y construir vínculos.

La Defensoría, según contaron, comenzó a reunir denuncias, actas, fotografías, videos, grabaciones y descargos. Las madres remarcaron que cada una conserva copias de las presentaciones realizadas y rechazaron las versiones que sostenían que no existían denuncias contra las autoridades cuestionadas.

En ese sentido, pidieron no dar crédito a la información publicada por el diario La Capital, en la que se defendía la continuidad de la intervención y se reproducían declaraciones de Daiana Gallo Ambrosis, secretaria de Gestión Territorial del Ministerio de Educación de Santa Fe. "Hay denuncias", insistieron.

Pero hay otra preocupación que consideran todavía más importante: evitar que las personas denunciadas sean trasladadas a otros establecimientos sin que se investigue lo sucedido.

"Lo que no queremos es que estén en otros establecimientos. Me parece súper peligroso, después de esta experiencia, que los trasladen a otros lugares y que esto se replique", sostuvo Yanina. Para ella, no se trata solamente de conseguir un cambio de autoridades en la Gurruchaga, sino de impedir que las situaciones de violencia denunciadas puedan repetirse en otras comunidades.

Carolina agregó que durante las conversaciones con la Defensoría también apareció la necesidad de investigar una posible conexión entre lo ocurrido en primaria y secundaria. Las madres señalaron que observan un hilo conductor en determinadas formas de ejercer el poder, impartir directivas y relacionarse con las familias.

En ese marco, mencionaron a la directora de primaria, quien, según informaron, dejaría temporalmente ese cargo para asumir una suplencia como supervisora. La decisión generó inquietud porque temen que se trate de un desplazamiento transitorio y que, una vez que pase el conflicto, pueda regresar a la institución.

"De la misma manera que los directivos interventores no pueden estar en otro sitio", plantearon, al reclamar que las denuncias sean investigadas y que se adopten decisiones concretas. "La violencia se debe terminar".

El FestiRock: una escuela que pudo organizarse desde el amor
A pocos días de finalizar las reuniones con el Ministerio, la secundaria tenía por delante uno de sus acontecimientos más importantes: el FestiRock. También se acercaba la tradicional peña de fin de año, una celebración que reúne a los distintos niveles del Complejo Educativo Gurruchaga.

La realización del FestiRock se convirtió en una nueva prueba para la comunidad. Como todavía no había un equipo directivo definido, desde el Ministerio se solicitó conformar un grupo de responsables integrado por docentes y familias.

La propuesta fue aceptada sin demasiadas vueltas. Madres, padres, docentes y estudiantes se organizaron para garantizar que el festival pudiera realizarse.

Sin embargo, a dos días del evento descubrieron que faltaban la habilitación y el seguro, documentación que, según les habían comunicado los interventores, ya estaba resuelta. Las familias tuvieron que ocuparse de conseguir los papeles y gestionar el convenio que finalmente terminó firmando el Ministerio de Educación.

La incertidumbre llegó hasta el día anterior. Recién entonces pudieron confirmar que el festival se realizaría. "No lo dudamos, lo hicimos. Nos organizamos y no sucedió absolutamente nada", contó Carolina, al recordar el trabajo colectivo que permitió sostener la actividad.

El FestiRock finalmente salió hermoso. Participaron las familias, el Centro de Estudiantes y los docentes. Algunos habían acordado turnarse para colaborar durante dos horas, pero terminaron quedándose mucho más tiempo del previsto.

Para Yanina, esa respuesta fue una demostración concreta de lo que representa la comunidad educativa cuando trabaja unida. "Eso es el amor, es amor", expresó.

El cierre del festival tuvo un momento especialmente emotivo. El Centro de Estudiantes leyó un escrito de despedida en el que apareció una frase que conmovió profundamente a las madres: la Gurruchaga no era solamente el segundo hogar de los estudiantes, sino que para muchos era directamente el primero.

"Pasan más horas en la escuela que en su propia casa", explicó Yanina. Por eso, esa declaración no era una metáfora vacía, sino una manera de expresar el vínculo que los chicos construyeron con la institución.

La celebración también dejó en evidencia una contradicción: mientras la comunidad de secundaria lograba organizarse para sostener uno de sus acontecimientos más importantes, los niveles inicial y primario, junto con la cooperadora, suspendían la peña de fin de año.

Las madres dijeron desconocer los motivos concretos de esa decisión, aunque consideraron que estaba relacionada con el conflicto de secundaria. Por eso, reclamaron que se revierta la suspensión, especialmente ahora que la escuela cuenta nuevamente con autoridades.

"Si no había directivos, estaba el Ministerio. Tienen que hablar con la gente del Ministerio", plantearon. Las respuestas que recibieron, según contaron, fueron que las autoridades ministeriales no sabían nada de la suspensión.

La situación se sumó a otra serie de cuestionamientos sobre el funcionamiento de la cooperadora, que, según explicaron, comprende a los tres niveles educativos. Las madres señalaron que algunas personas vinculadas a su administración tendrían designaciones relacionadas con el Ministerio y cuestionaron la falta de información y participación de las familias.

El malestar se profundizó cuando algunas madres descubrieron que existía una cuenta de Instagram de la cooperadora, a través de la cual se difundían actividades y decisiones que desconocían. Una de ellas contó que había pagado la cuota anual y, sin embargo, no estaba informada sobre las reuniones ni sobre lo que ocurría con los recursos y las actividades.

Al preguntar cuándo se realizaban los encuentros, aseguró que fue bloqueada de la cuenta. Otra madre contó que, a través de un contacto privado con una integrante de la cooperadora, pudo obtener alguna respuesta, aunque también apareció la referencia a cuestiones políticas que, según entendieron, atravesaban el funcionamiento de la organización.

Las entrevistadas mencionaron además la necesidad de investigar lo que ocurre en la Vecinal Maradona y su posible vinculación con algunos de los actores que intervienen en el conflicto. Sobre este punto, señalaron la importancia de que los medios indaguen en la situación institucional de esa organización.
Las puertas que no se abrieron

La búsqueda de respuestas no se limitó al Ministerio de Educación. Las familias también intentaron llevar el conflicto al Concejo Municipal de Rosario.

Yanina recordó que se acercaron a ese espacio cuando todavía no había estallado el conflicto de secundaria y la preocupación estaba concentrada principalmente en lo ocurrido en primaria. Allí fueron recibidas por representantes de Ciudad Futura y pudieron explicar parte de la problemática.

Después redactaron una nota solicitando una reunión con la Comisión de Cultura y Educación, presidida por Alicia Pino. Pero la respuesta nunca llegó.

Según relataron, cuando comenzaron a consultar por la posibilidad de concretar el encuentro, desde el Concejo les pidieron más información para conocer qué sucedía en la escuela. Las madres cuestionaron esa respuesta porque entendían que ya habían presentado los elementos necesarios para justificar la reunión.

También señalaron que no se trata de una experiencia aislada: conocen otros casos de familias y organizaciones que solicitan encuentros con autoridades y no consiguen concretarlos, o reciben llamados de último momento para que desistan de asistir.

En ese escenario, destacaron que la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes fue el espacio institucional que efectivamente les permitió exponer lo sucedido y avanzar en la recopilación de pruebas.

La otra ausencia que cuestionaron fue la del gremio docente. Las madres manifestaron su desconcierto por la falta de acompañamiento de AMSAFE durante el conflicto, especialmente porque, según denunciaron, los propios docentes también habrían sido víctimas de presiones, amenazas y malos tratos.

Recordaron que algunos sectores gremiales, como el Frente 4 de Abril, habían acompañado reclamos en algunas marchas. "Acompañen a los docentes. Los docentes son amenazados, son apretados, ganan dos mangos, lidian con un montón de cosas", reclamó una de ellas.

En ese sentido, describieron situaciones que consideraron graves: docentes que habrían discutido con autoridades y sufrido descompensaciones, familias a las que se habría descalificado por organizarse y expresiones políticas utilizadas para desacreditar a quienes reclamaban.

También mencionaron el caso de una portera que, según su relato, habría sido sometida a una situación humillante a raíz de la desaparición de un teléfono celular que posteriormente apareció. Las madres afirmaron que existen numerosas denuncias relacionadas con el trato hacia trabajadores de la institución y reclamaron que tanto el Ministerio como el gremio intervengan.

La inclusión no puede depender de un certificado
En la conversación, el conflicto de la Gurruchaga se amplió hacia una problemática que las madres consideran extendida en el sistema educativo: las dificultades para garantizar el acompañamiento de estudiantes que necesitan apoyos específicos para transitar su escolaridad.

Carolina y Yanina denunciaron que hay niñas y niños que requieren acompañantes terapéuticos o maestras integradoras y no reciben esos recursos. Según contaron, algunas escuelas especiales argumentan que no tienen personal disponible, mientras que en otras ocasiones se les dice a las familias que se trata de problemas de conducta que no justifican una integración.

En determinados casos, explicaron, se les propone a las madres que contraten un acompañante particular, pero después tampoco se garantiza que esa persona pueda ingresar a la escuela.

Para ellas, se trata de una situación que expone tanto a los estudiantes como a los docentes. Una maestra de grado no puede hacerse cargo por sí sola de un curso de treinta alumnos cuando algunos necesitan una atención específica que requiere formación y recursos adicionales.

"Para eso hay docentes que estudiaron y se capacitaron, maestras especiales, acompañantes terapéuticos, que son los que tienen que estar ahí acompañando", señalaron. Ese acompañamiento, agregaron, también es necesario para que los docentes de grado puedan desarrollar su trabajo con mejores herramientas.

Carolina relató entonces su propia experiencia con uno de sus hijos, que había presentado dificultades en algunas asignaturas y realizaba un tratamiento con una psicopedagoga. La familia había acercado informes profesionales en los que se solicitaban orientaciones y herramientas pedagógicas para trabajar sobre un diagnóstico de déficit de atención.

No estaban pidiendo una adaptación curricular, sino algunas indicaciones que permitieran acompañar mejor el proceso de aprendizaje.

Sin embargo, según contó, la respuesta de la dirección fue que no podían hacer nada si el estudiante no tenía un Certificado Único de Discapacidad (CUD).

La situación fue todavía más preocupante cuando, de acuerdo con su testimonio, le plantearon que, si no conseguía ese certificado, tendría que cambiar a su hijo de escuela porque la Gurruchaga era una institución técnica con determinadas exigencias.

Carolina cuestionó esa respuesta y señaló la contradicción que implicaba admitir situaciones de convivencia o dificultades de conducta sin exigir cambios de institución, mientras que a su hijo se le planteaba que debía irse por no contar con un certificado de discapacidad.

"No es para sacar certificado", explicó que había repetido en varias oportunidades. Lo que necesitaba era que la escuela pudiera escuchar a los profesionales que acompañaban al estudiante y ofrecerle herramientas para sostener su trayectoria educativa.

Yanina agregó que también conocía casos en los que ocurría exactamente lo contrario: familias que sí presentaban el CUD y recibían como respuesta que no era necesario ningún acompañamiento.

Según explicaron, es la escuela de nivel común la que debe solicitar la intervención de la modalidad especial y generar los espacios de evaluación necesarios para determinar qué apoyos requiere cada estudiante. Por eso, cuestionaron que las instituciones desestimen informes de neurólogos, psicólogos, fonoaudiólogos y psicopedagogos sin abrir instancias de diálogo.

También reclamaron capacitaciones para los equipos educativos y las autoridades, de manera que exista mayor claridad sobre los criterios para solicitar certificados y garantizar acompañamientos.

"La escuela tiene que ser un lugar que aloje", resumieron. Y agregaron que, como mínimo, no debería ser un espacio donde los chicos la pasen mal.

Las consecuencias de esas experiencias, explicaron, no siempre aparecen en forma de denuncias explícitas. Muchas veces se manifiestan en el cuerpo y en el comportamiento de los estudiantes: dolores de panza, dolores de cabeza, rechazo a asistir a clases e incluso situaciones de regresión en chicos que ya habían dejado atrás determinadas conductas infantiles.

"Hacen síntomas enseguida", advirtieron. Para las madres, esa dimensión emocional debería estar en el centro de cualquier política educativa. No alcanza con que un estudiante tenga una vacante o permanezca físicamente dentro del aula. También necesita sentirse cuidado, respetado y acompañado.

La identidad de la Gurru, entre el teatro, la memoria y la pertenencia
En medio de los cuestionamientos, las madres encontraron en distintas expresiones culturales de la escuela una forma de recordar qué es aquello que estaban defendiendo.

Yanina contó que había asistido a una presentación del elenco teatral de la institución y que la experiencia la había conmovido profundamente. Invitó a la comunidad de Rosario a acercarse a conocer el trabajo de ese grupo de actores y actrices, que había construido una obra alrededor del amor por la escuela.

Los estudiantes de sexto año estaban próximos a egresar y, desde el escenario, expresaban qué cosas iban a extrañar cuando dejaran de asistir a la Gurruchaga. También decían que, aunque ya no estuvieran físicamente allí, seguirían formando parte de la institución porque se la llevaban en el corazón.

Para Yanina, esa escena sintetizaba la identidad que las familias buscaban recuperar. "Yo quiero quedarme con el Centro de Estudiantes mil veces y con los alumnos de la escuela. Para mí son un ejemplo", afirmó.

La emoción tenía también una razón dolorosa. Las madres recordaron que uno de los primeros espacios cuestionados durante la intervención había sido precisamente el teatro y las clases del elenco. Según relataron, las restricciones y observaciones sobre la vestimenta de los estudiantes también formaron parte de las situaciones denunciadas.

Recordaron comentarios sobre el uso de gorras, remeras cortas y determinadas formas de vestirse, que interpretaron como expresiones de discriminación y prejuicio. Una de las frases que mencionaron fue especialmente contundente: "Acá no queremos villeros".

También recordaron advertencias dirigidas a estudiantes sobre su vestimenta y la posibilidad de que determinados comportamientos pudieran generar denuncias falsas contra docentes.

En ese contexto, la presentación teatral adquirió otro significado: era una manera de mostrar que la escuela que defendían estaba hecha de vínculos, experiencias, creatividad, participación y pertenencia.

La situación edilicia, además, sumaba dificultades a la vida cotidiana. Una de las madres recordó que su hija terminaba sexto año y que, junto con la emoción de verla egresar, no podía dejar de pensar en las condiciones en las que había transitado la secundaria.

"Llueve afuera y llueve adentro", describió. Habló de techos que se caen, de aulas afectadas por el calor y el frío y de una estudiante que durante el invierno llevaba una bolsa de agua caliente para poder permanecer sentada en clase.

La precariedad material contrastaba con el compromiso de muchos docentes, a quienes las madres reconocieron por el trabajo que realizan pese a los bajos salarios y las dificultades cotidianas.

La Gurruchaga, insistieron, no es solamente un edificio ni una estructura administrativa. Es una comunidad que se construyó a partir de años de trabajo, experiencias compartidas y una perspectiva de derechos que sus estudiantes reconocen como propia.

Por eso, la intervención había generado un dolor que iba mucho más allá de las decisiones institucionales.

El miedo, las amenazas y la decisión de no callarse
Otro de los aspectos que las madres quisieron visibilizar fue el temor que, según denunciaron, atravesó a las familias y a los trabajadores durante el conflicto.

Yanina pidió especialmente a otras comunidades educativas que no tengan miedo de contar lo que sucede. Reconoció que, en su experiencia, hubo amenazas, presiones y distintas formas de intimidación.

Entre los episodios relatados mencionó la circulación de capturas de pantalla de conversaciones de grupos de WhatsApp. Según contó, una directora habría recibido imágenes de los intercambios entre las familias y luego las habría reenviado a docentes.

También denunció que la directora de primaria habría amenazado a algunas madres con no firmarles el próximo certificado de escolaridad. En uno de los ejemplos que relató, una autoridad habría utilizado el cobro de la escolaridad para cuestionar a una familia que manifestaba dificultades económicas para comprar un libro de Matemática cuyo costo, según señaló, rondaba los 200.000 pesos.

La lógica de esas situaciones, para Yanina, era clara: convertir un trámite o una responsabilidad institucional en una herramienta de presión.

"Pero somos más, y ganamos porque ganamos desde el amor. Es así, ganamos desde el amor", afirmó.

Las madres reconocieron que su propia reacción había sido intensa. "Las madres somos una fiera. Se metieron con nuestros hijos y con nuestras hijas", expresó una de ellas.

Sin embargo, insistieron en que el movimiento estudiantil siempre buscó sostener una conducta respetuosa. Recordaron las manifestaciones en la calle, los cortes y las canciones que acompañaban los reclamos, pero también la insistencia del Centro de Estudiantes para que se cuidaran las palabras y se mantuviera el respeto.

Esa actitud contrastaba, según su mirada, con las acusaciones de violencia que recibían desde algunos sectores del Ministerio.

Una de las madres recordó que Sergio Libonati, coordinador pedagógico de Escuelas Secundarias del Ministerio de Educación, había calificado de violenta a una mamá que planteó la posibilidad de salir a reclamar públicamente.

También contó que, incluso después de las reuniones ministeriales, continuaban algunas restricciones en la escuela, como el cierre de los baños y el control de quiénes podían ingresar. En ese contexto, una estudiante del Centro de Estudiantes les había transmitido que les pedían que dejaran de quejarse y terminaran con la violencia.

La respuesta de las madres fue otra: quienes debían revisar sus prácticas eran las propias autoridades.

"Cuando yo levanto mi voz y digo basta, no estoy siendo violenta. Yo no le estoy pegando a nadie", sostuvo Yanina. Para ella, las manifestaciones eran la consecuencia de situaciones mucho más violentas que habían ocurrido dentro de la institución.

Recordó también una reunión en la que había explicado que no quería estar allí, discutiendo con autoridades, ni pasar sus días redactando denuncias o viendo carteles que expusieran las situaciones que los estudiantes decían haber vivido.

"Me hubiera sido más fácil estar en mi casa tomando mate", contó que había dicho. Pero había decidido estar presente porque sentía que se habían producido muchas crueldades y que alguien tenía que hacerse cargo.

Esa decisión tenía una razón concreta: sus hijos pasaban aproximadamente once horas por día en la escuela.

"Yo quiero estar tranquila, que estén en una escuela donde los cuidan, donde se sienten protegidos", había explicado durante una de las reuniones. Sus hijos aman la Gurruchaga, afirmó, y la sienten como una segunda casa.

Por eso, la posibilidad de que estuvieran expuestos a malos tratos mientras ella permanecía en su hogar era algo que no podía aceptar.

En un momento llegó a pensar que su hijo no debía continuar en la institución. Cuando se lo planteó, el propio chico le dijo que no quería dejar la Gurruchaga. La respuesta que recibió entonces de una autoridad fue que quizá debía cambiarlo de escuela porque esa institución no era para él y existían otros establecimientos a los que podía enviarlo.

El episodio quedó grabado en su memoria como una expresión de una lógica de exclusión: ante una dificultad, en lugar de buscar herramientas para acompañar al estudiante, se proponía que abandonara la escuela.

Una nueva etapa, con una comunidad que seguirá atenta
La recuperación de la conducción por escalafón interno abrió una etapa diferente. En la secundaria, las madres perciben un cambio de clima y aseguran que los estudiantes están más tranquilos.

Yanina contó que había conversado con su hijo menor, que cursa primer año y tiene trece años, para preguntarle cómo se sentía después del apartamiento de los interventores.

La respuesta fue breve: "Mamá, se fueron". Después, el chico le explicó que antes sentía que podía ocurrir una tragedia en el patio y que las autoridades seguirían tomando café como si nada pasara.

La imagen que construyó ese adolescente impresionó a su madre. Para ella, expresaba de una manera muy clara la sensación de indiferencia que los estudiantes habían experimentado.

También recordó los carteles que habían aparecido por toda la escuela durante las manifestaciones. En ellos, los chicos expresaban de manera creativa y artística las situaciones que denunciaban. Algunos ya no estaban, pero para las madres habían sido una prueba de la valentía con la que los adolescentes lograron poner en palabras experiencias dolorosas.

Durante el FestiRock, Yanina miraba esos carteles y pensaba en todo lo que los estudiantes habían tenido que atravesar para defender la escuela.

"Estoy horas y horas pensando cómo defender una escuela. Es terrible", reconoció. Pero dejó claro que continuaría haciéndolo y acompañando a sus hijos y al resto de la comunidad.

Ahora, el horizonte debía ser otro: trabajar con los docentes, fortalecer los vínculos y dejar atrás las prácticas que habían provocado tanto sufrimiento.

"Hay que apostar por eso. Desterrar todo lo que ya está, ya está. Ahora vamos por otro horizonte", planteó. Un horizonte, agregó, que necesariamente debía ser más humano.

La nueva conducción también deberá comprender que la Gurruchaga no es una institución que pueda administrarse de espaldas a quienes la integran. Las madres señalaron que cualquier equipo directivo debe saber que existe una comunidad formada por estudiantes, Centro de Estudiantes, familias y docentes, y que la comunicación es la base de cualquier vínculo institucional.

Pidieron que las autoridades informen lo que hacen, dialoguen con las familias y comuniquen incluso las situaciones cotidianas, los accidentes y los problemas que puedan surgir.

"Nosotros vamos a escucharlos, nosotros siempre vamos a darle para adelante con la escuela", aseguró Carolina. No reclaman una institución sin límites ni normas. Entienden que es necesario establecerlos, pero sostienen que eso debe hacerse desde el respeto y el cuidado.

En cuanto a la estabilidad de las nuevas autoridades, explicaron que todavía no tienen certezas sobre cuánto tiempo permanecerán en sus cargos. Según su interpretación del mecanismo de escalafón, podrían producirse modificaciones cuando se incorporen nuevos puntajes, posiblemente entre marzo y abril del año siguiente, aunque también existe la posibilidad de que continúen.

En primaria, mientras tanto, la directora se encontraba cumpliendo una suplencia como supervisora hasta el 31 de diciembre. Las madres expresaron que esperan que encuentre otro espacio laboral, pero advirtieron que, si regresa a la institución, continuarán con los reclamos.

"Hay audios, hay videos, hay actas, hay denuncias", enumeraron.

La decisión de seguir organizadas no responde únicamente a lo que ocurrió en la Gurruchaga. También tiene que ver con la necesidad de que otras familias, estudiantes y centros de estudiantes sepan que pueden reclamar cuando sus derechos son vulnerados.

"Hablen, digan, muévanse, hagan lío", pidió Yanina. Y explicó que, en su experiencia, las familias adultas se encuentran muchas veces con bloqueos en las redes institucionales, falta de respuestas, reuniones que no se concretan y situaciones de intimidación.

Contó que algunas madres ni siquiera pueden acceder a las publicaciones de las cuentas oficiales de la escuela porque fueron bloqueadas, aunque allí continúen apareciendo fotografías de sus propios hijos.

A eso se suma, según denunció, la circulación de capturas de conversaciones privadas en grupos de WhatsApp y el aislamiento de quienes se atreven a cuestionar decisiones de las autoridades.

"Me parece a mí que esto, que el abuso de poder, se tiene que desterrar", sostuvo.

La conquista de la nueva conducción no borra esas experiencias, pero sí demuestra que la organización colectiva pudo modificar una decisión que parecía inamovible.

"Otra vez, se defendió la identidad de la Gurru"
Al cierre de la conversación, las madres volvieron sobre una idea que había aparecido desde el comienzo: la importancia de no naturalizar el maltrato dentro de las instituciones educativas.

Recordaron que durante el conflicto habían aparecido carteles en las aulas con una consigna tan sencilla como contundente: "Basta de maltrato".

Yanina contó que había llevado esa imagen a las reuniones con el Ministerio para plantear una pregunta que, según consideró, merecía una reflexión profunda: ¿es necesario que los propios estudiantes tengan que pedir que no los maltraten dentro de un aula?

Para las entrevistadas, esa pregunta resume buena parte de lo ocurrido. Una escuela debería ser un espacio de cuidado, aprendizaje, participación y respeto. Cuando los chicos necesitan organizarse para reclamar algo tan básico, hay un problema institucional que no puede minimizarse.

La conversación también recuperó una contradicción que las madres consideraron especialmente significativa. Mientras el gobierno provincial participaba de la inauguración de un espacio destinado a que las infancias conocieran sus derechos, en una escuela pública de Rosario los estudiantes habían tenido que salir a la calle para reclamar que esos mismos derechos fueran respetados.

La comparación, señalaron, expone la distancia entre los discursos públicos sobre las infancias y las experiencias concretas que pueden atravesar dentro de las instituciones.

El balance, entonces, no es el de un conflicto definitivamente cerrado. Es el de una comunidad que consiguió una modificación importante, pero que todavía reclama investigaciones, respuestas, garantías para los docentes, recursos para la inclusión y condiciones para que los estudiantes puedan transitar la escuela sin miedo.

También es el de una experiencia que puso en primer plano el valor de la participación estudiantil y el acompañamiento familiar. Los chicos no fueron espectadores de un conflicto entre adultos: fueron protagonistas de una organización que encontró en las asambleas, las expresiones artísticas, los carteles y las manifestaciones una manera de defender su escuela.

Por eso, el Centro de Estudiantes, que se mantuvo más resguardado durante esta etapa, también hizo llegar su agradecimiento a través de un comunicado. Las madres explicaron que los jóvenes conocían la realización de la entrevista y que habían decidido expresar su reconocimiento por los espacios de comunicación que permitieron que sus voces circularan.

Carolina y Yanina agradecieron especialmente a Aire Libre Radio Comunitaria y a los programas que les dieron lugar para contar lo sucedido. Destacaron que sus testimonios pudieron recorrer distintos espacios y que eso permitió que una problemática que no encontraba suficiente difusión llegara a más personas.

"Es el único medio que cuenta las verdades y que está siempre del lado del oprimido, de quien sufre", expresaron, al valorar el acompañamiento recibido.

La historia de la Gurruchaga todavía tiene capítulos por escribir. Quedan denuncias por investigar, responsabilidades por establecer, decisiones institucionales por explicar y una comunidad que necesita recuperar la confianza. Pero también hay una certeza que las madres ya no quieren soltar: los estudiantes demostraron que pueden organizarse, defender sus derechos y hacerse escuchar.

La recuperación de la conducción por escalafón interno fue el resultado de esa persistencia. No fue una concesión aislada ni una decisión que llegó sin reclamos. Fue la consecuencia de meses de organización, exposición pública, reuniones, denuncias y acompañamiento colectivo.

En aquella primera entrevista, la incertidumbre era el sentimiento dominante. Hoy, con nuevas autoridades en la secundaria y la intervención apartada, aparece una esperanza que no desconoce lo ocurrido, pero que busca construir otra etapa.

La Gurruchaga quiere volver a ser una escuela donde los chicos puedan aprender, expresarse, hacer teatro, encontrarse con sus compañeros y sentirse parte de algo que los excede.

Una escuela que no obligue a sus estudiantes a pedir que no los maltraten. Una escuela donde las familias puedan preguntar sin temor y donde los docentes tengan las condiciones necesarias para enseñar.

Porque, como reivindicaron los estudiantes en su comunicado, una vez más se defendió la identidad de la Gurru.

Y porque, después de todo lo vivido, Carolina y Yanina se quedan con una convicción que también quieren transmitir a otras comunidades educativas: "Luchar sirve".

Escuchá la entrevista completa:

Legado Deliot: después de 20 años de disputa, Rosario recupera 807 hectáreas de humedales y abre una nueva etapa para su protección

Tras más de dos décadas de disputa judicial, el municipio rosarino logró recuperar 807 hectáreas de humedales en las islas del Paraná, un territorio de enorme valor ambiental, arqueológico y cultural que había sido ocupado por un empresario ganadero. Para Jorge Bártoli, integrante de El Paraná No Se Toca, el desenlace representa mucho más que la restitución de tierras: constituye un caso testigo de recuperación del patrimonio público, reparación ambiental y continuidad de una política de Estado, remarcó en una entrevista en Señales. Ahora, el desafío será restaurar los ambientes afectados, integrar las tierras recuperadas a la Reserva Los Tres Cerros y garantizar una gestión que preserve la biodiversidad y promueva la educación ambiental.

Después de más de 20 años de disputa judicial, Rosario recuperó 807 hectáreas de humedales del Legado Deliot, un territorio de enorme valor ambiental ubicado en las islas del Paraná, frente a las costas de la ciudad, en jurisdicción de la provincia de Entre Ríos. Se trata de tierras de propiedad municipal que durante años estuvieron ocupadas por el empresario ganadero Enzo Rómulo Mariani, quien pretendía quedarse con más de 800 hectáreas pertenecientes a la ciudad.

La recuperación marca un punto de inflexión en una historia atravesada por conflictos judiciales, intervenciones sobre el ambiente, reclamos de organizaciones sociales y decisiones políticas que se sostuvieron a lo largo de distintas administraciones municipales. También abre una nueva etapa: la de restituir las condiciones naturales del humedal, recuperar los espacios dañados y poner en valor un patrimonio público que ahora podrá convertirse en un refugio de biodiversidad, un espacio de educación ambiental y un ámbito para el desarrollo del ecoturismo.

Para Jorge Bártoli, integrante de la organización El Paraná No Se Toca, el momento tiene una dimensión histórica. Así lo expresó al referirse al anuncio de la recuperación, que también había sido destacado por el secretario de Gobierno municipal, Sebastián Chale. "Para nosotros y para la ciudad de Rosario es un hecho histórico, sin duda. Estamos hablando de la recuperación de un territorio maravilloso, patrimonio público de todos los rosarinos", sostuvo.

Para dimensionar la superficie recuperada, Bártoli propone una comparación con uno de los espacios verdes más conocidos de la ciudad: las 807 hectáreas equivalen a seis veces y media la superficie del parque Independencia. Una extensión que permite comprender no solamente la magnitud territorial de la restitución, sino también el potencial ambiental que representa para Rosario.

Sin embargo, su mirada excede la cuestión patrimonial local. En un contexto que considera especialmente agresivo hacia los entornos naturales y los bienes comunes del país, Bártoli advierte sobre la falta de una Ley de Humedales, cuyo tratamiento ha atravesado sucesivos fracasos en el Congreso de la Nación. Frente a ese escenario, plantea que las provincias y los municipios tienen una responsabilidad fundamental en la preservación de estos territorios y cuentan con herramientas legales para intervenir.

Desde esa perspectiva, entiende que lo ocurrido con el Legado Deliot constituye un caso testigo. No se trata únicamente de que Rosario haya recuperado tierras que le pertenecían, sino de que se logró avanzar en la restitución del patrimonio público, la reparación de un daño ambiental de gran magnitud y la preservación de un bien natural con enormes posibilidades hacia el futuro. "Es una mirada a futuro en un espacio que tiene un enorme potencial ecoturístico y como reserva de biodiversidad", señaló.

La historia de esta recuperación tiene, además, un elemento que Bártoli considera determinante: la continuidad de una decisión política. Hace 14 años, en medio del conflicto por la ocupación de las tierras, la Municipalidad de Rosario, durante la gestión de la entonces intendenta Mónica Fein, resolvió avanzar en la recuperación del territorio. Esa decisión, destacó, se sostuvo durante las administraciones municipales posteriores.

El proceso contó desde el comienzo con el acompañamiento de El Paraná No Se Toca, a la que progresivamente se fueron sumando otras organizaciones de la sociedad civil y, posteriormente, la Universidad Nacional de Rosario, que aportó un respaldo académico y científico. La articulación entre el municipio, las organizaciones ambientalistas y la universidad permitió construir un espacio de trabajo común que atravesó distintos gobiernos y resistió las dificultades de un conflicto que durante años pareció no tener resolución.

Para Bártoli, ese recorrido demuestra la importancia de sostener políticas públicas más allá de los cambios de gestión. "Lo más importante es que hubo una política de Estado que tuvo continuidad a lo largo de las sucesivas administraciones municipales", remarcó.
Un territorio que amplía la Reserva Los Tres Cerros
Las 807 hectáreas recuperadas no constituyen un espacio aislado. Se incorporan a otras 400 hectáreas linderas que no habían sido usurpadas y que desde hace varios años integran la Reserva Los Tres Cerros. De esta manera, la recuperación amplía considerablemente un territorio protegido que reúne valores ambientales, históricos y arqueológicos de singular importancia.

La denominación de la reserva remite precisamente a uno de sus principales atributos: la presencia de un sitio arqueológico de enorme valor conocido como Los Tres Cerros. El nombre evoca las antiguas formas de ocupación del territorio por parte de los pueblos originarios del delta del Paraná, particularmente los Chaná, que construían montículos artificiales de tierra, conocidos como cerros o cerritos, para establecer sus asentamientos y desarrollar distintas actividades comunitarias.

Estos pueblos aprovecharon las elevaciones naturales de las islas, como los albardones y los médanos, pero también modificaron el paisaje mediante la construcción de montículos en terrenos que originalmente eran prácticamente llanos. Algunos de esos cerritos llegaron a alcanzar tres metros de altura y centenares de metros cuadrados de superficie. Allí instalaron sus viviendas y enterraron a sus muertos, dejando estructuras que constituyen algunas de las evidencias más visibles y duraderas de las poblaciones indígenas del litoral.

Las investigaciones arqueológicas realizadas por especialistas de la Universidad Nacional de La Plata sobre el sitio Los Tres Cerros permitieron determinar que se trata de elevaciones artificiales construidas mediante la incorporación de arcillas, tierras quemadas, huesos y fragmentos de vasijas. La superposición de esos materiales contribuyó a aumentar la altura y la cohesión de los montículos, además de proteger los asentamientos frente a las periódicas crecidas del río.

Los estudios también permitieron identificar distintas jerarquías, funciones e intensidades de ocupación entre los asentamientos. En algunos de ellos se diferenciaron sectores destinados a actividades domésticas y otros utilizados como basureros, donde se acumularon miles de fragmentos de cerámica y restos óseos de animales. Las vasijas y los materiales arqueológicos encontrados constituyen testimonios fundamentales para reconstruir las formas de vida de las antiguas comunidades isleñas.

A esa riqueza cultural se suma una biodiversidad extraordinaria. Bártoli destaca que el territorio tiene un enorme potencial turístico y, especialmente, para la educación ambiental. Considera que la sociedad difícilmente pueda comprometerse con la protección de ambientes naturales que no conoce. Por eso, entiende que resulta fundamental generar condiciones para que la población pueda acercarse, recorrer y comprender el funcionamiento de los humedales.

Actualmente, el acceso al lugar es complicado y la infraestructura disponible es verdaderamente mínima. La expectativa es que, con las intervenciones que se proyectan, el territorio pueda contar con instalaciones básicas que faciliten las visitas sin alterar sus características naturales. La posibilidad de que los rosarinos conozcan de primera mano este ambiente adquiere una relevancia particular en una ciudad que ha sufrido durante años las consecuencias de los incendios y las quemas en los humedales del Paraná.

"No podemos pretender que la población tome para sí la protección de entornos naturales que no conoce. A este lugar hay que ir a conocerlo", plantea Bártoli. En ese sentido, la recuperación de las tierras representa también la posibilidad de construir una relación diferente entre la ciudad y su territorio insular.
Los terraplenes que alteraron la vida del humedal
El sector que estuvo ocupado por Mariani tiene una característica geográfica que ayuda a comprender el interés que despertó en el empresario: es lindero con la conexión vial Rosario-Victoria y cuenta con acceso terrestre desde esa traza. Para quienes desarrollan actividades agropecuarias en las islas, esa cercanía representa una ventaja logística importante, porque facilita los desplazamientos y el traslado de maquinaria e insumos.

Precisamente, esa condición habría sido uno de los factores que impulsaron al ocupante a apropiarse de un territorio que no le pertenecía. Allí desarrolló actividades ganaderas y construyó terraplenes, caminos, viviendas y galpones, modificando profundamente la dinámica natural del humedal.

El comienzo de la lucha por recuperar esas tierras se remonta a una situación que fue advertida casi de casualidad. Bártoli recuerda que hace 14 años un compañero de la organización, un amigo que ya falleció, se encontraba remando por el riacho Paranasito cuando ingresó por un arroyo que entonces todavía era conocido como Arroyo de la Cruz. Allí descubrió que el curso de agua estaba interrumpido por un terraplén.

Ese hallazgo permitió advertir la dimensión de las intervenciones que se estaban realizando en el territorio. Para Bártoli, el terraplenamiento en zonas de delta constituye una práctica especialmente perjudicial, aunque históricamente haya formado parte de ciertos usos y costumbres vinculados con la producción agropecuaria y forestal.

La construcción de terraplenes para cortar arroyos o secar lagunas con el objetivo de favorecer determinadas actividades productivas implica una alteración profunda del funcionamiento del ecosistema. Los humedales necesitan cursos de agua libres para que las especies que allí habitan, anidan y crecen puedan desarrollar sus ciclos naturales y reproductivos. Cuando se interrumpe esa dinámica, se afectan los procesos que sostienen la vida del ambiente y los beneficios ecosistémicos que esos territorios brindan a la sociedad.

En el caso del Legado Deliot, la magnitud de las obras fue considerable. De acuerdo con las imágenes históricas que conserva la organización, se construyeron entre 12 y 14 kilómetros de terraplenes. La intervención permitió interrumpir el Arroyo de la Cruz y secar la que había sido una enorme laguna del mismo nombre, provocando, según describe Bártoli, un daño ambiental verdaderamente superlativo.
Las modificaciones del paisaje no se limitaron a las obras de infraestructura vinculadas con la actividad ganadera. En el predio también se construyeron un chalet, una pileta de natación, un galpón de grandes dimensiones para guardar la maquinaria utilizada en la construcción de los terraplenes y una vivienda destinada al casero.

Todo ese despliegue se realizó sobre tierras que pertenecían al municipio rosarino. Bártoli recuerda que durante mucho tiempo el ocupante actuó con absoluta impunidad, convencido de que podría permanecer allí indefinidamente. Sin embargo, el desenlace terminó siendo diferente al que había imaginado.

La complejidad del conflicto estuvo determinada, en buena medida, por las particularidades jurisdiccionales del territorio. Aunque pertenece a Rosario, el Legado Deliot se encuentra fuera del ejido municipal y, además, está ubicado en otra provincia: las islas pertenecen a la jurisdicción de Entre Ríos.

Esa situación convirtió el proceso judicial en un recorrido especialmente engorroso. Primero hubo que litigar en Rosario, donde, según recuerda Bártoli, ocurrieron situaciones insólitas, como la desaparición de expedientes judiciales que posteriormente volvieron a aparecer. Luego, el conflicto debió continuar en Entre Ríos, mientras el empresario sostenía su pretensión de quedarse con las tierras y llevaba el caso hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Fueron años de idas y vueltas, obstáculos administrativos y judiciales, discusiones y momentos de incertidumbre. Un camino que, como reconoce Bártoli, daría material suficiente para escribir un libro.

En ese largo recorrido, el dirigente ambientalista destaca especialmente la actuación de la Dirección Jurídica de la Municipalidad de Rosario durante los últimos dos o tres años. Considera que tuvo una intervención muy firme y que finalmente permitió alcanzar un acuerdo de retirada, que es el que ahora comienza a ponerse en marcha.

La resolución de las instancias judiciales permitió avanzar hacia la restitución efectiva del territorio y establecer las condiciones para que Mariani desaloje el lugar. Se trata de una etapa que, según Bártoli, será relativamente breve en comparación con los años que demandó el litigio, aunque todavía requiere completar el retiro del ocupante para que el municipio pueda tomar plena posesión de las tierras.
De la recuperación judicial a la restauración ambiental
La recuperación de las 807 hectáreas representa el paso más importante de un proceso que, sin embargo, está lejos de haber concluido. Para las organizaciones ambientalistas y el municipio, comienza ahora un desafío diferente: transformar el territorio recuperado en un espacio protegido, restaurar los ambientes afectados y garantizar que la reserva pueda funcionar de manera efectiva.

La tarea implica integrar las nuevas hectáreas al sector que ya conformaba la Reserva Los Tres Cerros y avanzar en una gestión que permita preservar sus valores naturales, arqueológicos y culturales. Bártoli considera que no alcanza con recuperar jurídicamente las tierras: es necesario dotarlas de una estructura de funcionamiento que garantice su conservación a largo plazo.

La preocupación compartida por las organizaciones y el municipio es que la reserva tenga una gestión dinámica, eficiente y ágil. El objetivo es que pueda cumplir efectivamente con su función de refugio de biodiversidad, convertirse en un centro ecoturístico y ofrecer oportunidades para desarrollar actividades de educación ambiental.

A eso se suma la necesidad de revertir las alteraciones provocadas por las obras realizadas durante la ocupación. La recuperación del libre escurrimiento de los arroyos internos del valle de inundación del Paraná aparece como una cuestión central para restablecer los ciclos naturales del humedal. El desmantelamiento de los terraplenes será, en ese sentido, una de las intervenciones fundamentales para que el agua vuelva a circular y los ambientes puedan recuperar progresivamente sus características.

La discusión sobre cómo gestionar el territorio también involucra a las comunidades que habitan y trabajan en las islas. Desde su creación, la Comisión Multisectorial Legado Deliot tuvo entre sus objetivos recuperar ambiental, social y culturalmente los lotes, pero también mantener y fortalecer a los habitantes isleños que desarrollan modos de vida sustentables, como los pescadores artesanales, evitando trasladar a las islas valores y lógicas propias de los espacios urbanos.
Trece años de una construcción colectiva

La continuidad del trabajo institucional y social tuvo un ámbito específico de articulación. En 2013, mediante la firma del decreto municipal de creación de la Comisión Multisectorial Legado Deliot Nº 1531, se pusieron en marcha las estrategias destinadas a recuperar y poner en valor la calidad ambiental de estos lotes.

La comisión se constituyó cuando el municipio decidió intervenir formalmente en el conflicto y avanzar en la recuperación de un territorio que pertenecía a Rosario, pero que estaba ocupado por un particular. Desde entonces, se convirtió en el espacio donde confluyeron funcionarios municipales, organizaciones de la sociedad civil y representantes del ámbito académico.

Bártoli destaca que el trabajo municipal estuvo acompañado durante todos estos años por el respaldo y también por la presión de las organizaciones sociales. A su entender, esa participación fue determinante para evitar que el conflicto tuviera otro desenlace. La perseverancia de quienes sostuvieron el reclamo permitió mantener el tema en agenda incluso en los momentos en que los tiempos judiciales y administrativos parecían alejar cualquier posibilidad de recuperación.

Actualmente, la comisión que gestiona la Reserva Los Tres Cerros está integrada por distintas áreas de la administración municipal y organizaciones de la sociedad civil vinculadas con el río Paraná y sus islas. Participan El Paraná No Se Toca, la Asociación Rosarina de Pesca con Mosca, el Taller de Comunicación Ambiental, vinculado a Sergio Rinaldi, Fridays for Future, Mundo Aparte, la Multisectorial por la Ley de Humedales y Taller Ecologista.

La Universidad Nacional de Rosario también tuvo una participación de peso en este proceso, particularmente a través de la Facultad de Ciencias Agrarias y el Observatorio Ambiental, que aportaron el acompañamiento académico y científico necesario para fortalecer el trabajo de recuperación y preservación del territorio.

Fueron 13 años de reuniones, discusiones e intercambios, muchas veces intensos. Bártoli recuerda que el recorrido estuvo marcado por tensiones entre los tiempos de la burocracia, las expectativas de las organizaciones y los plazos de la Justicia. Hubo momentos en los que parecía que el proceso se caía definitivamente y otros en los que volvía a tomar impulso.

"Ha sido verdaderamente muy azaroso", resume. Sin embargo, la comisión nunca dejó de trabajar y la gestión municipal mantuvo su participación. Esa perseverancia permitió sostener un objetivo común a pesar de las dificultades y de los cambios políticos e institucionales.

Para el integrante de El Paraná No Se Toca, el resultado demuestra que es posible construir políticas públicas de largo plazo mediante el trabajo mancomunado entre el Estado, las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones académicas. Por eso insiste en que el Legado Deliot constituye una experiencia que debería ser considerada como referencia para otros territorios amenazados por ocupaciones, transformaciones productivas y daños ambientales.

La nueva etapa, sostiene, deberá continuar sobre esa misma base de articulación. La recuperación de las tierras es una conquista colectiva, pero también una responsabilidad que exige sostener el compromiso y garantizar que el territorio no vuelva a quedar expuesto a intereses particulares.
"Por ríos y arroyos libres": el reclamo de la Multisectorial

La recuperación del Legado Deliot también fue celebrada por la Multisectorial, que destacó el papel de la lucha colectiva en el desenlace judicial. En un comunicado, las organizaciones expresaron su satisfacción por la sentencia del 23 de octubre del corriente año, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad de Victoria, provincia de Entre Ríos.

El fallo rechazó la excepción de prescripción adquisitiva planteada por el empresario Enzo Rómulo Mariani, al considerar que la posesión que ejercía sobre el inmueble era ilegítima y de mala fe. Asimismo, hizo lugar a la demanda de reivindicación promovida por la Municipalidad de Rosario y dispuso que Mariani deberá restituir el inmueble al municipio, libre de personas y cosas.

Para fundamentar su decisión, la sentencia estableció que "se encuentra fehacientemente acreditado que el inmueble es titularidad de la Municipalidad de Rosario y que ha estado y continúa bajo la ocupación de Enzo Rómulo Mariani, [...] quien ejerce una posesión ilegítima y de mala fe".

La Multisectorial también puso el foco en las consecuencias que tuvo esa ocupación sobre el destino ambiental del territorio. Según señalaron, la situación impidió que la Municipalidad de Rosario pudiera cumplir con la finalidad pública asignada al predio: el desarrollo de la Reserva Municipal Los Tres Cerros. De esta manera, la ocupación no solo obstaculizó la ejecución de un proyecto ambiental y cultural, sino que también produjo un perjuicio económico y ambiental.

En ese sentido, las organizaciones remarcaron que la sentencia representa el reconocimiento judicial de una lucha sostenida durante años por recuperar un patrimonio público y devolverle su función ambiental. La restitución de las tierras deberá permitir avanzar ahora en la recuperación de los ambientes afectados y en la concreción del proyecto de reserva, cuya finalidad es preservar la biodiversidad, proteger el patrimonio arqueológico y garantizar el libre funcionamiento de los cursos de agua.

El reclamo de la Multisectorial, sin embargo, no termina con la restitución del inmueble. La recuperación efectiva del humedal requiere también desarmar los terraplenes que interrumpieron los cursos naturales de agua y restablecer la conexión entre los ambientes que integran el valle de inundación del Paraná. El comunicado cerró con una consigna que sintetiza el sentido de la lucha que las organizaciones vienen sosteniendo desde hace más de una década: "¡La Reserva de Los Tres Cerros No Se Toca! ¡Por ríos y arroyos libres!".

La recuperación del Legado Deliot representa así mucho más que el final de una prolongada disputa por la propiedad de unas tierras. Es la posibilidad de reparar un daño ambiental, recuperar el funcionamiento de un ecosistema, proteger un patrimonio arqueológico de enorme importancia y devolver a la sociedad el acceso a un territorio que forma parte de su patrimonio común.

Después de años de expedientes, litigios, reuniones y reclamos, las 807 hectáreas vuelven a estar en el horizonte de la ciudad. Pero la historia todavía tiene capítulos por delante. Desarmar los terraplenes, liberar los cursos de agua, restaurar el humedal y consolidar una reserva con gestión efectiva serán las tareas que definirán el verdadero alcance de esta recuperación.

Para quienes sostuvieron la lucha, el desafío ahora es que la conquista judicial se transforme en una política concreta de conservación. Que Los Tres Cerros sea un refugio para la biodiversidad, un espacio de encuentro con la naturaleza y una oportunidad para que las próximas generaciones comprendan el valor de los humedales. Porque, como viene sosteniendo El Paraná No Se Toca, defender el río también significa garantizar que sus arroyos permanezcan libres y que la vida del humedal pueda seguir desarrollándose sin obstáculos.


Fotos: Municipalidad de Rosario, La Mati Bianchi, Carlos Salazar,  Multisectorial por los Humedales, Señales

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