¿Qué pasa cuando la ciencia encuentra respuestas que incomodan? ¿Qué ocurre cuando una investigación detecta plaguicidas en muestras humanas y, en lugar de abrir un debate público sobre sus implicancias, termina poniendo bajo la lupa a quien investigó?
Estas preguntas atraviesan la entrevista realizada en
Señales a Virginia Aparicio, ingeniera agrónoma, doctora en Ciencias Agrarias e investigadora del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Durante la conversación, Aparicio reconstruyó su trayectoria científica, explicó los principales hallazgos del proyecto internacional SPRINT y se refirió al procedimiento administrativo que enfrenta tras la interrupción de la participación argentina en la investigación. También abordó las vías de exposición de la población a los plaguicidas, las alternativas para reducir su utilización y las consecuencias que este caso podría tener para la libertad de investigación y el futuro de la ciencia pública.
Con más de dos décadas de trabajo dedicadas al estudio de los plaguicidas, su presencia en el ambiente y las alternativas productivas para reducir su utilización, Aparicio desarrolló buena parte de su trayectoria en la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Balcarce. Nacida en San Cayetano, en el sudeste bonaerense, construyó una carrera científica centrada en el cuidado de los recursos naturales y en una discusión que excede los límites de la actividad agrícola: cómo se producen los alimentos, qué sustancias circulan en el ambiente y cuáles pueden ser las consecuencias de esa exposición para los seres vivos, incluidos los seres humanos.
Nacida en San Cayetano, en el sudeste bonaerense, Aparicio comenzó su vinculación profesional con el INTA en 1997. Desde entonces, su investigación se orientó al cuidado de los recursos naturales, en particular el suelo y el agua, y al impacto que los productos utilizados en la agricultura pueden tener sobre ellos. Ese recorrido la llevaría a coordinar el capítulo argentino de SPRINT, un proyecto internacional financiado por la Unión Europea que estudió la exposición simultánea a múltiples plaguicidas en personas, animales, vegetales y distintas matrices ambientales.
Los resultados obtenidos en el país mostraron que la exposición no se limita a quienes manipulan directamente estos productos en el campo. También puede alcanzar a habitantes de pequeñas localidades rurales y de ciudades sin actividad agropecuaria directa. En las muestras humanas analizadas en Argentina, el glifosato apareció en una proporción elevada de los participantes, estimada en alrededor del 84 al 86 por ciento, según los resultados difundidos.
Sin embargo, la historia de la investigación tomó un rumbo inesperado. En 2023 se interrumpió la participación argentina en el proyecto y Aparicio quedó involucrada en un procedimiento administrativo del INTA que, según ha denunciado, podría derivar en su exoneración de la administración pública. Su situación despertó pronunciamientos de sectores científicos, sindicales y sociales, que expresaron preocupación por las posibles consecuencias del caso para la libertad de investigación y la comunicación de resultados científicos.
Para comprender cómo llegó hasta allí, es necesario volver al comienzo de su recorrido, cuando el interrogante no era todavía la presencia de plaguicidas en el organismo humano, sino el destino de las sustancias utilizadas en los sistemas agrícolas.
Del suelo y el agua a los plaguicidasAparicio es ingeniera agrónoma y, desde que se recibió, orientó su trabajo al cuidado de los recursos naturales. El suelo y el agua fueron sus primeros objetos de estudio, junto con el impacto que los insumos empleados en la producción agropecuaria podían tener sobre ambos. Su formación doctoral se concentró en el transporte vertical de nitratos, un compuesto que, al desplazarse a través del suelo, puede alcanzar las aguas subterráneas.
La elección de ese tema respondió también a una limitación concreta de la investigación científica en aquel momento: el laboratorio no contaba con el equipamiento necesario para medir plaguicidas. Por eso, su doctorado se enfocó en otro insumo químico utilizado en la agricultura, los nutrientes, y en una pregunta decisiva para la región pampeana: si esas sustancias podían afectar el agua subterránea de la que se abastece buena parte de la población.
La preocupación no era menor. Investigar qué ocurre con los productos que ingresan al suelo permite comprender si permanecen en las capas superficiales, si se desplazan hacia otras zonas o si pueden llegar a los reservorios de agua. En una región donde la producción agropecuaria tiene un peso central, conocer esos procesos resulta fundamental para evaluar las consecuencias ambientales de las prácticas productivas.
El escenario comenzó a cambiar cuando el INTA pudo adquirir un equipo de cromatografía líquida de ultra alta resolución acoplada a espectrometría de masas, conocido como UPLC-MS/MS. Se trataba de una tecnología de alto costo, que Aparicio estimó en aproximadamente 500.000 dólares, y que abrió la posibilidad de medir plaguicidas, entre ellos el glifosato.
Con ese equipamiento, la investigación pudo avanzar sobre una dimensión hasta entonces más difícil de estudiar. Ya no se trataba solamente de comprender el comportamiento de los nutrientes, sino de identificar y seguir la presencia de sustancias utilizadas para controlar malezas y plagas, y analizar los procesos que determinan su distribución en el ambiente.
A partir de esas mediciones, Aparicio y su equipo comenzaron a comprender mejor cómo se desplazan los plaguicidas y qué implicancias puede tener su presencia para la biodiversidad y los recursos naturales. La investigación fue ampliando progresivamente su horizonte: del suelo y el agua pasó también a los alimentos que llegan a la mesa de la población.
Los residuos de plaguicidas podían aparecer incluso en productos destinados al consumo humano. Esa constatación permitía advertir que el problema no necesariamente terminaba en el lote donde se aplicaba una sustancia. Los productos químicos utilizados en la producción agrícola podían seguir distintos recorridos ambientales y alcanzar otros componentes de los ecosistemas.
La pregunta, entonces, se volvía más amplia. Si esas sustancias circulaban por el ambiente y podían dejar residuos en los alimentos, ¿hasta dónde llegaba la exposición? ¿Quiénes estaban expuestos, en qué medida y a qué combinaciones de productos? Para responder esos interrogantes era necesario superar el estudio de sustancias aisladas y observar lo que ocurría en escenarios reales, donde numerosos compuestos podían coexistir.
SPRINT: una investigación sobre la exposición múltipleEl proyecto SPRINT comenzó a gestarse entre mediados de 2018 y fines de 2019, a partir de una articulación entre instituciones estatales europeas y el INTA. La propuesta fue presentada en la plataforma Horizonte 2020 de la Comisión Europea y obtuvo aprobación y financiamiento por 15 millones de euros.
Su objetivo principal consistía en acelerar el desarrollo y la incorporación de formas de protección de los cultivos que permitieran disminuir la dependencia de las moléculas de síntesis química utilizadas para controlar plagas y malezas. La iniciativa se vinculaba con una orientación de la política pública europea que buscaba transformar los sistemas alimentarios y reducir el uso de plaguicidas.
En ese contexto, la estrategia europea conocida como "De la granja a la mesa" planteaba reducir su utilización en un 50 por ciento para 2030. Argentina se sumó al proyecto con la posibilidad de producir conocimiento y construir herramientas que contribuyeran también a disminuir el uso masivo de estos productos en sus propios sistemas productivos.
La participación argentina tenía especial relevancia por las características de su agricultura y por la magnitud del uso de plaguicidas para el control de plagas y malezas. Conocer cómo se distribuyen esas sustancias, qué combinaciones aparecen en cada ambiente y qué efectos pueden producir constituye un paso necesario para diseñar alternativas de manejo y evaluar sus resultados.
Según explicó Aparicio, uno de los principales hallazgos de SPRINT fue comprobar la existencia de una exposición múltiple de la naturaleza y de los seres vivos a distintos plaguicidas. Los seres humanos, como parte de esos sistemas, también están expuestos a esa combinación de sustancias.
El proyecto permitió medir más de 200 plaguicidas de uso actual en muestras ambientales, animales, vegetales y humanas. La amplitud del relevamiento hizo posible observar un fenómeno que los análisis centrados en un único compuesto pueden dejar parcialmente fuera de campo: en condiciones reales, la exposición no necesariamente ocurre a una sola sustancia, sino a distintas moléculas que pueden encontrarse de manera simultánea.
Esa diferencia es importante. Conocer la presencia de un plaguicida aporta información sobre una parte del problema; identificar múltiples sustancias permite aproximarse con mayor precisión a las condiciones en las que viven los organismos y a las mezclas que podrían influir en su salud. El paso siguiente consiste en investigar qué efectos tienen esas combinaciones, en qué circunstancias se producen y cuáles son sus consecuencias.
Para Aparicio, la posibilidad de estudiar esas mezclas constituye uno de los aportes centrales de SPRINT. Los resultados no cierran la discusión sobre los efectos de los plaguicidas, sino que ofrecen una base para formular nuevas preguntas y orientar investigaciones posteriores.
Del campo a la ciudad: un gradiente de exposiciónEn Argentina, el estudio incluyó a 73 voluntarios de localidades del sudeste de la provincia de Buenos Aires. La selección de los participantes buscó representar distintas situaciones de exposición, desde personas que trabajaban directamente con plaguicidas hasta habitantes de ciudades sin vinculación laboral con la actividad agropecuaria.
El relevamiento comprendió diez partidos bonaerenses: Balcarce, General Alvarado, General Pueyrredón, Tandil, Benito Juárez, Necochea, Lobería, San Cayetano, Tres Arroyos y Coronel Dorrego.
En esos territorios se convocó a personas que vivían en el campo y aplicaban plaguicidas, así como a otras que desarrollaban prácticas agroecológicas. También participaron habitantes de pequeñas localidades, frecuentemente denominadas pueblos fumigados, y residentes de ciudades donde la actividad cotidiana no estaba ligada directamente a la producción agropecuaria.
La diversidad de perfiles permitió establecer un gradiente de exposición. En un extremo se encontraban quienes manipulaban plaguicidas y vivían en el entorno rural; en el otro, personas que residían en áreas urbanas y no realizaban actividades agrícolas. Entre ambas situaciones existían distintas formas de contacto potencial con las sustancias estudiadas.
La distinción era relevante porque la exposición no depende únicamente del trabajo con estos productos. Como señaló Aparicio, una persona que vive en una ciudad y no tiene ninguna actividad agropecuaria también podría estar expuesta a través de lo que come, bebe y respira.
El estudio incorporó muestras humanas de sangre, orina y materia fecal, que permitieron identificar distintas sustancias en los participantes. Entre los resultados difundidos, el glifosato apareció en una proporción elevada de las muestras humanas analizadas en el país: aproximadamente entre el 84 y el 86 por ciento, según los resultados comunicados.
El dato puso en evidencia la amplitud de la presencia de ese herbicida entre las personas estudiadas. Sin embargo, la detección de una sustancia no equivale, por sí sola, a demostrar que haya provocado una enfermedad o un daño determinado. Para establecer posibles consecuencias sanitarias es necesario estudiar, entre otros factores, las dosis, las vías de exposición, su duración, las características de cada individuo y los efectos de las mezclas de productos.
La relevancia del hallazgo reside también en la posibilidad de avanzar hacia esas preguntas. Si se conocen las sustancias que aparecen en las personas y se identifican los contextos productivos en los que se utilizan, es posible investigar con mayor precisión cuáles son las combinaciones presentes en cada sistema y qué efectos podrían tener sobre los organismos vivos.
En ese sentido, SPRINT no se limitó a medir residuos. Su planteo buscó construir una base de información que permitiera relacionar las prácticas agrícolas, la distribución ambiental de los plaguicidas y las distintas formas de exposición humana. El desafío posterior es transformar esos datos en conocimiento capaz de orientar decisiones sobre producción, ambiente y salud.
Más allá de las muestras: economía, políticas públicas y nuevas herramientasLa investigación también abordó dimensiones que excedían el análisis químico de las muestras. El proyecto permitió avanzar en el estudio económico de las prácticas de producción vigentes y en la evaluación de escenarios en los que se redujera el uso de plaguicidas.
La cuestión económica resulta central en cualquier intento de transformar los sistemas productivos. Disminuir la dependencia de determinadas sustancias exige conocer qué alternativas existen, cuáles son sus costos y qué condiciones permitirían incorporarlas sin perder de vista la sustentabilidad de la producción.
Por eso, SPRINT buscó generar información que ayudara a evaluar distintos escenarios y a comprender las implicancias de una transición hacia formas de protección de los cultivos menos dependientes de los productos químicos de síntesis. El objetivo no consistía solamente en documentar la exposición, sino también en contribuir a pensar qué cambios podrían reducirla.
El proyecto avanzó, además, en el análisis de políticas públicas vinculadas con la reducción esperada del uso de plaguicidas. La experiencia europea y la participación argentina permitieron abordar el problema desde una perspectiva que conectaba la investigación científica con las decisiones sobre los modelos de producción.
Otro de sus resultados fue la construcción de una caja de herramientas metodológicas para estudiar la exposición de los seres vivos a los plaguicidas y analizar sus posibles efectos sobre la salud. Esa dimensión es importante porque contar con métodos de medición y procedimientos comparables permite ampliar las investigaciones, mejorar la calidad de la información y facilitar que distintos equipos científicos estudien problemas similares.
Aparicio describió SPRINT como un proyecto amplio e interesante, que aportó una cantidad considerable de información al sistema científico internacional. La diversidad de sus líneas de trabajo —desde las mediciones ambientales y humanas hasta el análisis económico y las herramientas para evaluar escenarios de reducción— permitió abordar la problemática desde múltiples ángulos.
En conjunto, los resultados plantean una discusión que no puede reducirse a la presencia o ausencia de un compuesto en una muestra. La exposición a plaguicidas se vincula con las prácticas productivas, las características del ambiente, las vías de contacto de las personas y la posibilidad de desarrollar alternativas que reduzcan el uso de estas sustancias. Comprender esa trama requiere investigación sostenida, recursos tecnológicos, cooperación entre instituciones y capacidad para comunicar los hallazgos.
Cuando la investigación se convierte en una disputaLa historia de SPRINT en Argentina, sin embargo, no terminó con la producción de esos resultados. En 2023 se interrumpió la participación argentina en el proyecto y Aparicio quedó involucrada en un procedimiento administrativo del INTA que podría derivar en su exoneración de la administración pública, según ha denunciado.
Su situación abrió una discusión sobre el lugar de la ciencia pública y las condiciones en las que se investiga y comunica el conocimiento. Distintos sectores científicos, sindicales y sociales expresaron su preocupación por el caso y por las posibles consecuencias que podría tener para la libertad de investigación.
La controversia desplaza el foco desde los resultados científicos hacia las condiciones institucionales que permiten obtenerlos, discutirlos y comunicarlos. ¿Qué ocurre cuando una investigación encuentra sustancias en muestras humanas? ¿Cómo debe actuar un organismo público frente a resultados que pueden generar controversias en torno a las prácticas productivas? ¿Qué garantías necesitan los investigadores para continuar su trabajo y compartir sus conclusiones?
Son preguntas que no pueden resolverse únicamente a partir de una medición de laboratorio. Involucran también la transparencia de los procedimientos, el funcionamiento de las instituciones científicas y la posibilidad de que los resultados sean evaluados mediante el debate público y el intercambio entre especialistas.
El caso de Aparicio plantea, en ese sentido, una preocupación que excede su trayectoria individual. La investigación sobre plaguicidas exige continuidad, equipamiento costoso, equipos especializados y tiempo para construir series de datos que permitan comprender procesos ambientales complejos. Interrumpir esos recorridos puede afectar no solo a quienes los llevan adelante, sino también a la capacidad colectiva de producir información relevante para la sociedad.
La ciencia necesita formular preguntas, contrastar hipótesis y comunicar aquello que encuentra, incluso cuando los resultados abren debates difíciles. Eso no significa que cada hallazgo deba interpretarse como una prueba definitiva de daño, ni que las conclusiones científicas estén exentas de discusión. Significa que los datos deben poder analizarse, cuestionarse y ampliarse mediante procedimientos científicos, sin que la controversia reemplace a la investigación.
En el caso de SPRINT, los resultados sobre la presencia de plaguicidas en distintas matrices ambientales y humanas constituyen un punto de partida para profundizar el conocimiento. La detección de glifosato en una elevada proporción de los participantes argentinos es un dato relevante, pero comprender sus implicancias exige investigaciones adicionales sobre exposición, dosis, mezclas y posibles efectos. La respuesta no está en clausurar las preguntas, sino en sostener las condiciones para que puedan ser investigadas.
Virginia Aparicio llegó al estudio de los plaguicidas desde una preocupación por el suelo y el agua, los recursos naturales que habían orientado su formación y su trabajo desde el comienzo. Con el tiempo, ese camino la llevó a observar cómo las sustancias utilizadas en la agricultura circulan por el ambiente, pueden aparecer en los alimentos y alcanzan también a personas que no tienen contacto directo con las aplicaciones.
SPRINT amplió esa mirada al reunir mediciones, metodologías y perspectivas económicas en una investigación internacional sobre la exposición múltiple. Sus resultados permitieron describir un escenario más complejo que el de una sustancia aislada o un único ámbito de contacto, y abrieron nuevas líneas para estudiar los efectos de las mezclas y las posibilidades de reducir el uso de plaguicidas.
Pero la trayectoria de esa investigación también dejó al descubierto otra cuestión: el conocimiento científico depende de la existencia de instituciones capaces de sostenerlo y de garantizar que sus resultados puedan ser examinados y discutidos.
La pregunta que atraviesa esta historia, por lo tanto, no se limita a qué sustancias aparecen en las muestras humanas ni a qué proporción de los participantes estuvo expuesta al glifosato. También se refiere a las condiciones necesarias para conocer mejor aquello que afecta al ambiente y a la salud.
Porque una sociedad necesita información confiable para evaluar sus prácticas productivas, discutir sus riesgos y decidir qué cambios está dispuesta a impulsar. Y para obtener esa información necesita científicos que puedan investigar, equipos que permitan medir y organismos públicos que sostengan la producción de conocimiento.
Cuando la ciencia encuentra respuestas incómodas, el desafío no debería ser silenciar las preguntas, sino profundizar la investigación, examinar las evidencias y abrir el debate sobre sus consecuencias. En esa tensión entre los datos, las instituciones y el derecho de la sociedad a conocer se inscribe hoy la historia de Virginia Aparicio.
Las huellas invisibles: cómo se exponen las personas a los plaguicidasLa investigación no se limitó a identificar qué sustancias estaban presentes en las muestras humanas. Uno de los objetivos de SPRINT fue comprender cómo se relacionaban esos hallazgos con la vida cotidiana de los participantes y qué vías podían explicar la exposición a los plaguicidas. Para ello, el proyecto combinó análisis de laboratorio con información sobre los hábitos, las prácticas domésticas y los contextos en los que vivían las personas estudiadas.
SPRINT reunió a diez países europeos y a Argentina, cuya participación se concentró en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Además de los voluntarios que aportaron muestras biológicas, participaron grupos vinculados con distintos eslabones de la cadena productiva y con los sectores de la salud y la educación. Estas personas intervinieron en talleres, respondieron consultas y compartieron sus perspectivas sobre las alternativas disponibles para reducir el uso de plaguicidas, así como las necesidades que debían atenderse para que esa reducción fuera posible.
El proyecto buscó conocer no solo qué alternativas se estaban diseñando, sino también cómo eran percibidas por quienes podían llevarlas adelante o verse afectados por ellas. La transición hacia una producción menos dependiente de los productos químicos, entendían los investigadores, no podía pensarse al margen de las experiencias, las dificultades y las demandas de los distintos actores sociales.
En paralelo, los voluntarios que participaron de los análisis entregaron muestras de sangre, orina y materia fecal, además de realizarse un hisopado nasal. También utilizaron pulseras durante siete días y recolectaron el polvo de sus viviendas a lo largo de ese mismo período. Estos procedimientos permitieron reunir información de distintas matrices y aproximarse a las sustancias con las que las personas podían entrar en contacto en sus actividades habituales.
Pero las muestras, por sí solas, no alcanzaban para comprender el contexto de cada resultado. Por eso, los participantes respondieron una serie de preguntas sobre sus costumbres y su vida cotidiana. Se indagó, por ejemplo, si pelaban las frutas antes de consumirlas, si acostumbraban ventilar sus casas, si dejaban los zapatos afuera al regresar del exterior y si preferían comer las frutas y verduras crudas o cocidas. También se consultó sobre la presencia de enfermedades y sobre el uso de plaguicidas en el ámbito doméstico, tanto para controlar insectos y hormigas como para combatir parásitos u otras plagas en las mascotas.
Cada una de esas respuestas aportaba elementos para contextualizar los resultados analíticos. La ventilación de una vivienda, los hábitos alimentarios, el contacto con el polvo y el uso de productos para el control de plagas domésticas forman parte de un escenario más amplio que permite investigar cómo se distribuyen las sustancias y por qué vías pueden llegar a las personas.
Uno de los procedimientos más reveladores consistió en solicitar a un grupo más reducido de participantes una porción de los alimentos y las bebidas consumidos durante un día completo. La recolección incluyó el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena, antes de la toma de las muestras de orina.
El análisis de ese conjunto de alimentos y bebidas permitió detectar un número importante de plaguicidas. Para Virginia Aparicio, el resultado aportó evidencia sobre una de las posibles vías de ingreso de estas sustancias al organismo: la alimentación. La exposición, sin embargo, no se limita a lo que se consume. También puede producirse por el sistema respiratorio y a través del agua ingerida.
De este modo, la investigación permitió observar que las personas pueden entrar en contacto con los plaguicidas por diferentes vías y que esas vías pueden coexistir. No se trata únicamente de la exposición directa de quienes trabajan en el campo o aplican productos químicos, sino también de posibles contactos vinculados con el ambiente y las actividades cotidianas.
Una mezcla de sustancias, una pregunta todavía abiertaEntre los resultados más relevantes de SPRINT apareció una cuestión que, para Aparicio, constituye un desafío central para la salud pública: la exposición simultánea a múltiples plaguicidas durante períodos prolongados.
La investigadora explicó que las personas pueden estar expuestas crónicamente a pequeñas concentraciones de distintas sustancias. Esa exposición, sostenida a lo largo del tiempo, plantea interrogantes que no pueden responderse estudiando cada compuesto de manera aislada.
El primer paso consiste en identificar cuáles son los plaguicidas que aparecen con mayor frecuencia y qué mezclas se repiten en los distintos sistemas productivos. Con esa información, es posible diseñar estudios toxicológicos específicos, tanto en animales como en personas, para investigar qué sucede cuando varias sustancias actúan simultáneamente.
Una de las preguntas fundamentales es si los efectos de una mezcla pueden ser mayores que la suma de los efectos individuales de sus componentes. En toxicología, ese fenómeno se conoce como sinergia. También es necesario investigar si determinadas sustancias potencian los efectos de otras o si, en algunas circunstancias, pueden contrarrestarlos.
Para Aparicio, se trata de una línea de investigación especialmente importante que todavía requiere mucho desarrollo a escala internacional. Conocer qué sustancias se combinan habitualmente y cómo interactúan permitiría avanzar en la comprensión de los riesgos asociados a las exposiciones reales, que no siempre se corresponden con las condiciones simplificadas de los ensayos sobre un único producto.
Ese conocimiento podría orientar, a futuro, estrategias de prevención de algunas enfermedades y contribuir al diseño de políticas de salud pública más precisas. No se trata de atribuir automáticamente una enfermedad a la presencia de un plaguicida, sino de construir evidencia capaz de identificar posibles relaciones, comprender los mecanismos involucrados y evaluar las condiciones en las que determinados efectos pueden producirse.
Aparicio entiende estos avances como etapas sucesivas en la construcción de conocimiento científico de alcance global. Primero es necesario identificar las sustancias presentes, después comprender cuáles son las mezclas más frecuentes y, finalmente, estudiar sus efectos y las posibilidades de reducir la exposición. Cada etapa depende de la anterior y requiere continuidad en la investigación.
La devolución que no llegóUna vez obtenidos los resultados analíticos de las muestras que habían sido enviadas a Europa, Aparicio comenzó a preparar informes individuales para cada uno de los voluntarios argentinos. La intención era que cada participante pudiera conocer los resultados correspondientes a sus propias muestras y, al mismo tiempo, organizar una reunión colectiva para presentar y discutir los hallazgos generales.
La devolución individual llegó a concretarse a medida que los informes estuvieron disponibles. La reunión grupal, en cambio, nunca se realizó. Según relató la investigadora, el INTA le pidió suspender ese encuentro en 2023, cuando estaba prevista la comunicación de los resultados a quienes habían participado del estudio.
La decisión generó decepción entre los voluntarios. Su participación había sido voluntaria y altruista, motivada por la posibilidad de contribuir a una investigación orientada al bien común. Habían entregado muestras biológicas, compartido información sobre su vida cotidiana y dedicado tiempo a un proyecto del que esperaban obtener conocimientos relevantes para comprender la exposición a plaguicidas.
La suspensión de la reunión significó, según Aparicio, que la institución en la que habían depositado su confianza les impidiera completar una parte importante de esa experiencia: conocer los resultados colectivos y participar de la discusión sobre sus implicancias.
Para los participantes, sin embargo, la preocupación no se limitaba a recibir información sobre los análisis. Cuando asumió el nuevo director nacional del INTA, algunos voluntarios que pudieron trasladarse hasta la Estación Experimental de Balcarce participaron de una reunión a puertas cerradas con él. Allí plantearon la necesidad de dar continuidad al proyecto.
Conocer los resultados grupales seguía siendo importante, pero, según recordó Aparicio, a los voluntarios les preocupaba todavía más que la investigación pudiera continuar. SPRINT contaba con financiación para avanzar y, una vez construido un diagnóstico sobre la exposición, existía la posibilidad de trabajar sobre las soluciones.
El interés de los participantes apuntaba precisamente a ese paso: que el conocimiento producido no quedara reducido a un conjunto de análisis, sino que permitiera investigar alternativas para abordar la problemática de los plaguicidas. Querían saber qué estaba ocurriendo, pero también contribuir a que se hiciera algo con esa información.
La interrupción de la participación argentina dejó pendiente esa continuidad. Y con ella quedó abierta una pregunta sobre el vínculo entre las instituciones científicas y las personas que colaboran con sus investigaciones: qué responsabilidad asumen los organismos públicos cuando una comunidad aporta voluntariamente datos y muestras para producir conocimiento destinado a mejorar la vida colectiva.
Un proyecto avalado por la institución, una sanción en discusiónLa salida argentina de SPRINT es uno de los puntos sobre los que Aparicio reconoce no tener una explicación concreta. Según señaló, la información que recibió no resultó suficiente para la coordinación internacional del proyecto. Desde el INTA se solicitó que la institución dejara de participar, pero esa salida nunca llegó a formalizarse.
El proyecto internacional continuó hasta febrero de 2026 con el INTA todavía integrado al consorcio, de acuerdo con lo relatado por la investigadora. Al mismo tiempo, los participantes argentinos quedaron involucrados en un procedimiento administrativo, pese a que la iniciativa había contado con el aval institucional.
Para Aparicio, esa contradicción debería ser explicada por las propias autoridades del organismo. Por un lado, se solicitó interrumpir la participación argentina; por otro, se inició un sumario a quienes habían formado parte de una investigación que la institución había respaldado. La investigadora insistió en que no dispone de una respuesta concreta que permita comprender las razones de esa decisión.
El procedimiento administrativo que enfrenta podría derivar en su exoneración de la administración pública. La posibilidad de una sanción de esa magnitud, sostiene, no afecta solamente su futuro profesional: también puede transmitir un mensaje al resto del sistema científico.
La exoneración es la sanción más grave dentro de la escala disciplinaria aplicable a los empleados públicos. Aparicio describió sus posibles consecuencias en términos personales y profesionales: significaría perder su lugar como investigadora en el sistema científico nacional y ver interrumpida una trayectoria construida durante décadas.
Pero su preocupación no se limita a lo que pueda sucederle individualmente. Considera que avanzar hacia una sanción de ese tipo contra una investigadora que participó en un proyecto avalado por la institución puede generar temor entre sus colegas y fomentar la autocensura.
Cuando investigar un asunto complejo y socialmente sensible puede poner en riesgo la continuidad de una carrera, otros científicos podrían optar por no abordar determinadas preguntas, evitar temas controvertidos o limitar la comunicación de resultados. Para Aparicio, ese efecto debilitaría al sistema científico nacional y reduciría su capacidad de buscar respuestas a problemas que afectan a la sociedad.
La investigación científica requiere condiciones para trabajar sobre asuntos difíciles, contrastar hipótesis y comunicar hallazgos, incluso cuando estos abren discusiones incómodas. Si la posibilidad de una sanción se convierte en un obstáculo para emprender ese trabajo, el daño potencial no recae únicamente sobre una persona: alcanza a la producción de conocimiento y a la capacidad de las instituciones públicas para responder a demandas sociales.
Aparicio considera que el ejemplo que deja este caso es perjudicial para todos. Investigar cuestiones vinculadas con los plaguicidas implica abordar tensiones entre prácticas productivas, intereses económicos, preocupaciones ambientales y demandas sanitarias. Precisamente por esa complejidad, entiende que la respuesta institucional debería permitir que el conocimiento se discuta y se amplíe, en lugar de desalentar a quienes intentan producirlo.
Producir mejor no significa producir menosAparicio rechaza que investigar los efectos de los plaguicidas implique adoptar una posición contraria al campo o a la producción agropecuaria. La posibilidad de reducir la utilización de productos químicos, sostiene, no debe confundirse con una disminución inevitable de la producción.
Uno de los resultados que destacó de SPRINT fue la observación de que, en términos generales, productores agropecuarios europeos y argentinos utilizaban cantidades superiores a las recomendadas en los marbetes de los productos. Según explicó, en algunos casos las dosis empleadas podían multiplicar por diez o por veinte las indicadas en las etiquetas.
El marbete es la etiqueta que acompaña al producto y establece las indicaciones de uso, incluidas las dosis recomendadas por unidad de superficie o volumen. Las diferencias señaladas por Aparicio apuntan a una posibilidad concreta de reducción: revisar las cantidades aplicadas y evitar usos que excedan las recomendaciones correspondientes. La magnitud de esas diferencias, no obstante, depende del producto y de las condiciones específicas de aplicación.
La investigadora plantea que una reducción del uso puede comenzar con medidas de seguimiento y control. En lugar de aplicar plaguicidas de manera automática o siguiendo un calendario fijo, propone monitorear la presencia de plagas y malezas, evaluar los umbrales de daño y decidir las intervenciones en función de las necesidades reales del cultivo.
A esa estrategia se suman herramientas de manejo integrado de plagas y otras prácticas agronómicas, como la modificación de la distribución espacial de los cultivos y el uso de estrategias de sombreado que contribuyan al control de organismos no deseados. La combinación de alternativas permite pensar en sistemas de producción menos dependientes de las aplicaciones químicas.
Para Aparicio, ese es precisamente el campo de acción de las ciencias agronómicas. La disciplina no debería limitarse a promover o facilitar la venta de insumos, sino poner su conocimiento al servicio de las decisiones que se toman en cada lote. Observar, medir, diagnosticar y seleccionar las estrategias adecuadas forma parte de una ingeniería agronómica que puede contribuir a reducir el uso de plaguicidas sin plantear una falsa oposición entre producción, salud y ambiente.
La cuestión, entonces, no es elegir entre producir alimentos o proteger los recursos naturales. Se trata de investigar cómo producirlos de manera que se reduzcan las exposiciones evitables, se preserve la calidad ambiental y se utilicen los insumos de forma más racional.
SPRINT aportó información para abordar ese desafío, tanto a través del estudio de las sustancias presentes en el ambiente y en las personas como mediante la evaluación de escenarios económicos y alternativas de reducción. Para Aparicio, ese conocimiento debería servir como punto de partida para mejorar las prácticas y diseñar respuestas concretas.
Combatir ciencia con más cienciaDespués de años de investigación, la principal preocupación de Aparicio no es solamente su futuro laboral. Lo que más le inquieta es que los resultados obtenidos sobre una cuestión de salud pública global no estén siendo atendidos como considera necesario.
En lugar de concentrar los esfuerzos en estudiar los hallazgos, ampliar las investigaciones y buscar soluciones, observa que la discusión se ha desplazado hacia el sumario administrativo, la posibilidad de sancionar a quienes participaron del proyecto y el cuestionamiento de sus resultados. Para ella, ese desplazamiento implica perder de vista el objetivo fundamental de la investigación: producir información que permita comprender los problemas y actuar sobre ellos.
"En vez de combatir ciencia con más ciencia", lamentó, el sistema se concentra en un procedimiento que podría terminar afectando la trayectoria de una investigadora y la continuidad de una línea de trabajo. Su preocupación es que, mientras el conflicto institucional ocupa el centro de la escena, las preguntas sobre la exposición a plaguicidas permanezcan sin la atención necesaria.
Aparicio considera que esa situación deja a los ciudadanos en una posición de vulnerabilidad frente a un Estado que debería protegerlos. Desde su perspectiva, la institución no respetó suficientemente a los voluntarios que colaboraron con la investigación ni garantizó las condiciones necesarias para que los investigadores pudieran desarrollar su trabajo.
La consecuencia, advierte, es un debilitamiento del entramado social que hace posible el progreso científico y la construcción de políticas públicas. La investigación requiere confianza entre las instituciones, los científicos y las personas que participan de los estudios. También necesita que los resultados puedan convertirse en herramientas para mejorar las condiciones de producción de alimentos y proteger el ambiente.
Su objetivo, insiste, es que el conocimiento generado no quede archivado ni se pierda en una disputa administrativa. Los datos deberían servir para comprender mejor la exposición a los plaguicidas, orientar nuevas investigaciones y contribuir a producir alimentos saludables en un ambiente saludable.
Por eso, cuando habla de estar en "modo lucha", Aparicio se refiere a la necesidad de evitar que su caso se convierta en un ejemplo disuasorio para otros científicos. Quiere que la información producida sea valorada, que se investigue lo que todavía no se sabe y que los resultados puedan utilizarse para mejorar la vida de la población.
La historia vuelve así a la pregunta que atraviesa toda su trayectoria: qué hace una sociedad con los datos que obtiene cuando investiga un problema que afecta a su ambiente y a su salud. La presencia de plaguicidas en las muestras no constituye, por sí sola, una demostración de enfermedad, pero sí representa información relevante para orientar nuevas preguntas, evaluar las vías de exposición y estudiar los posibles efectos de las mezclas a largo plazo.
La respuesta científica requiere más mediciones, mejores estudios toxicológicos, seguimiento de las prácticas productivas y alternativas que reduzcan la dependencia de estos productos. También exige que las instituciones públicas puedan sostener investigaciones cuyos resultados, sean cuales sean, deben someterse al análisis riguroso y al debate abierto.
Para Aparicio, el desafío consiste en que el trabajo realizado durante años no se transforme en un antiejemplo para la comunidad científica. Que estudiar problemas complejos no sea motivo de temor, sino una tarea reconocida y necesaria. Y que los datos reunidos gracias a la colaboración de decenas de personas puedan convertirse en conocimiento útil para la sociedad.
Porque conocer las sustancias a las que estamos expuestos es apenas el comienzo. El paso siguiente consiste en comprender sus efectos, reducir los riesgos que puedan identificarse y construir políticas públicas capaces de proteger a la población sin renunciar a una producción agropecuaria sustentable.
En esa tarea, la ciencia no debería ser parte del problema por atreverse a formular preguntas. Debería ser una de las herramientas fundamentales para encontrar respuestas.
Escuchá la entrevista completa:
