En diálogo con Señales, Soledad Giupponi reconstruye, a partir del reclamo por la continuidad del programa Volver al Trabajo, la crisis que atraviesan los barrios populares del Gran Rosario. Entre changas, ollas populares y protestas, desde Cabín 9 pone voz a una realidad que pocas veces aparece en las estadísticas.
"No es un plan: son 78 mil pesos para sobrevivir"
Soledad Giupponi habla con la tranquilidad de quien conoce de memoria las necesidades del barrio. Lleva tres años como delegada de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) en Cabín 9 y es una de las voluntarias que sostiene el comedor comunitario Rayito de Sol.
Por momentos, sin embargo, la voz se le quiebra.
Acaba de regresar de la movilización nacional convocada por distintas organizaciones sociales para reclamar la continuidad de los programas sociales y denunciar el deterioro de las condiciones de vida en los barrios populares.
Para ella, la discusión excede largamente un programa.
—No es solamente un programa. Son 78 mil pesos que hoy mucha gente necesita porque no hay trabajo.
Mientras habla recuerda que varias de sus compañeras no pudieron asistir a la entrevista. Ese mismo día habían conseguido alguna changa y no podían dejar pasar la oportunidad.
La paradoja, dice, es evidente: trabajan para sostener un ingreso que ni siquiera saben si seguirán cobrando.
—No saben si el cinco del mes van a cobrar o no, porque supuestamente ya no se cobra más.
Ese dinero, explica, ya estaba comprometido antes de llegar.
Muchas familias compran fiado en los almacenes del barrio con la expectativa de pagar cuando ingresa el programa.
—Ya lo tenían empeñado hasta en los negocios. Hay que pagar esa plata igual.
En Cabín 9, esos 78 mil pesos no alcanzan para vivir. Pero muchas veces permiten sostener un alquiler.
—Tengo compañeras que pagan el alquiler con esa plata. No pagan todo, pero les ayuda porque no tienen trabajo.
También es el dinero que garantiza, aunque sea parcialmente, que haya un plato de comida sobre la mesa.
Entre todas las historias que escucha cada semana hay una que todavía la conmueve.
Hace pocos días una mujer se le acercó angustiada.
—Me dijo: "Sole, si no cobro el mes que viene no sé qué voy a hacer. Yo ya estaba contando con esa plata".
Nunca fue un ingreso seguro, aclara. Pero, al menos, llegaba todos los meses.
Ahora ni siquiera existe esa certeza.
La crisis también cambió el rostro de quienes buscan ayuda.
En Rayito de Sol preparan alrededor de 280 raciones de comida. Apenas pueden hacerlo una vez por semana.
No es una decisión.
Es el límite que imponen los recursos.
—No da el presupuesto. No alcanza para el gas.
Incluso esos mismos 78 mil pesos que hoy están en riesgo ayudan a sostener el funcionamiento del comedor.
—Con esa plata compramos el gas para cocinar. Cocinamos dos veces y después hacemos fuego. Así sostenemos la olla.
Conseguir los alimentos tampoco resulta sencillo.
Parte de la verdura y otros productos los compran entre los propios voluntarios. El resto llega a través de la organización social.
—Es poco y nada, pero alcanza para sostener una olla por semana.
Saben que no alcanza.
Lo escuchan cada vez que alguien vuelve a preguntar cuándo habrá otra entrega de comida.
—La gente pregunta cuándo damos de vuelta. Nos gustaría cocinar más días, pero no podemos.
La realidad también cambió el perfil de quienes se acercan al comedor.
—Cada vez vienen más abuelos.
Hace unos años, dice, esa escena era poco frecuente.
Hoy muchos jubilados llegan porque deben elegir entre comprar medicamentos o comer.
—Es triste porque antes no se veía.
El panorama tampoco mejora cuando intentan conseguir ayuda institucional.
Según explica, el comedor recibe alimentos a través de subsidios de la Provincia de Santa Fe, aunque consideran que esa asistencia resulta insuficiente frente a la magnitud de la demanda. Señala que, hasta fines de 2023, la mayor parte de los alimentos provenía del Gobierno nacional y que el aporte provincial funcionaba como complemento para adquirir productos que Nación no enviaba. Tras el cambio de gestión nacional, sostiene, esa ayuda alimentaria fue interrumpida y hoy la asistencia provincial —que, afirma, se mantuvo tras distintos reclamos— es el principal sostén del comedor, aunque no alcanza para cubrir las necesidades.
Desde la intendencia de Pablo Corsalini, en Pérez, les reconocieron que también cuentan con pocas herramientas para asistir a la cantidad de espacios comunitarios que funcionan en Cabín 9.
Según explica, el comedor recibe alimentos a través de subsidios de la Provincia de Santa Fe, aunque consideran que esa asistencia resulta insuficiente frente a la magnitud de la demanda. Señala que, hasta fines de 2023, la mayor parte de los alimentos provenía del Gobierno nacional y que el aporte provincial funcionaba como complemento para adquirir productos que Nación no enviaba. Tras el cambio de gestión nacional, sostiene, esa ayuda alimentaria fue interrumpida y hoy la asistencia provincial —que, afirma, se mantuvo tras distintos reclamos— es el principal sostén del comedor, aunque no alcanza para cubrir las necesidades.
Desde la intendencia de Pablo Corsalini, en Pérez, les reconocieron que también cuentan con pocas herramientas para asistir a la cantidad de espacios comunitarios que funcionan en Cabín 9.
Frente a esa ausencia, los propios vecinos inventan formas de resistir.
Hay quienes organizan ferias donde intercambian ropa o juguetes por alimentos.
—Muchos sostienen los comedores cambiando ropa o juguetes por un paquete de arroz o un puré de tomate.
Es una economía de supervivencia que rara vez aparece en las estadísticas, pero que mantiene abiertas decenas de ollas populares.
Yo soy piquetera por necesidad
Soledad conoce también el otro discurso.
El que señala a quienes reciben programas sociales como personas que no quieren trabajar.
Dice que quienes sostienen esa idea desconocen por completo lo que ocurre dentro de los barrios.
—El Estado es muy ausente. Aparecen en época de elecciones por unos votos y después desaparecen. Si el Estado está ausente, nunca va a ver lo que realmente pasa.
Por eso rechaza la imagen de quienes salen a cortar calles por comodidad o conveniencia.
—Se piensan que tenemos ganas de dejar a nuestros hijos para estar en una marcha.
Hace una pausa.
—Yo tengo cinco chicos. Lisandro, mi marido, sale a trabajar y yo quisiera quedarme en mi casa con ellos, y que puedan comer las cuatro comidas del día.
La realidad, dice, es otra.
En su propia casa también hay que elegir.
—A veces tenemos que decidir si comemos al mediodía o a la noche.
La fruta aparece apenas una vez por semana en la mesa familiar.
Aunque su esposo trabaja todos los días, el costo de los alimentos hace imposible cubrir todas las necesidades de una familia numerosa.
—El kilo de carne, ¿cuánto está?
La pregunta queda flotando unos segundos.
Después enumera todo lo que implica criar cinco hijos.
Ropa.
Zapatillas.
Útiles escolares.
Comida.
—La gente nunca se pone en el lugar del otro. Se piensan que porque recibimos una asignación ya alcanza para todo.
Trabajo desde los 11 años
La precariedad económica también atraviesa la vida escolar de sus hijos.
Cada comienzo de mes, cuenta Soledad, aparece un nuevo pedido desde la escuela: materiales, fotocopias, aportes o actividades. Gastos que para muchas familias pueden parecer menores, pero que en su casa obligan a tomar decisiones dolorosas.
—Todos los meses te están pidiendo más cosas. Pero eso no lo ve el Gobierno. Ellos exigen, exigen y exigen.
Sus hijos, por ejemplo, se quedaron sin viajes de estudio.
No porque no quisieran ir.
Porque la familia tuvo que establecer prioridades.
—Si yo le pago un viaje de estudio, no me alcanza para darle de comer. Hoy nos toca elegir. A las mamás nos toca decidir si pagamos un viaje, si compramos zapatillas o si ponemos comida en la mesa.
Es entonces cuando vuelve sobre uno de los prejuicios que más la incomodan: la idea de que quienes reciben asistencia social no quieren trabajar.
No necesita elaborar demasiado para responder. Le alcanza con una frase.
—Trabajo desde los 11 años.
No necesita elaborar demasiado para responder. Le alcanza con una frase.
—Trabajo desde los 11 años.
Lo dice sin dramatismo.
Como si estuviera contando un dato más de su vida.
—Me tocó salir a la calle muy chica y no me da vergüenza decirlo. He salido hasta a cartonear, por necesidad.
Por eso insiste en que los funcionarios deberían recorrer los barrios sin intermediarios ni visitas protocolares.
—Que bajen a los barrios y vean la necesidad que hay. Que se paren en la fila de un comedor y miren lo que pasa. No es broma lo que decimos.
El pedido también alcanza a quienes cuestionan a las organizaciones sociales desde afuera.
Cree que muchas de esas críticas nacen del desconocimiento.
—Los que nos critican no saben lo que es vivir esto. Nosotros queremos que el Estado vea la realidad desde adentro, no desde arriba, con drones.
Nosotros sí queremos trabajar
En medio de ese debate aparece otro de los argumentos que más escuchó durante el último tiempo: la idea de que las organizaciones sociales administraban los programas y retenían parte del dinero de los beneficiarios.
Soledad lo rechaza de plano.
—La plata siempre fue directamente a la gente. Yo nunca le di mi tarjeta a nadie para que me cobrara. La cuenta del Banco Nación siempre la manejé yo. Los 78 mil pesos los cobré siempre yo.
Reconoce que pudo haber existido algún caso de corrupción.
Pero rechaza que esa imagen termine definiendo a todos.
—Puede haber algún corrupto, pero no somos todos iguales.
Cuando el antiguo Potenciar Trabajo fue reemplazado por el programa Volver al Trabajo, asegura que aceptó cumplir cada uno de los requisitos que le exigieron.
Completó formularios a través de Mi Argentina.
Eligió una orientación laboral.
Manifestó su intención de capacitarse para desarrollar un emprendimiento.
—Nosotros sí queremos trabajar. No somos vagos.
Su elección fue panificación.
Sin embargo, la capacitación que le ofrecieron terminó convirtiéndose, según relata, en una oportunidad imposible de aprovechar.
—Era en Córdoba. Unos 398 kilómetros separan Pérez de esa ciudad.
—Era en Córdoba. Unos 398 kilómetros separan Pérez de esa ciudad.
Hace una pausa.
—¿Cómo hago para ir a aprender panificación a Córdoba?
El problema, explica, nunca fue la voluntad.
Fueron los costos.
Los mismos 78 mil pesos que debía usar para alimentar a su familia también debían alcanzar para pagar los pasajes.
—¿Qué tengo que elegir? ¿Gastar esa plata para viajar a capacitarme o usarla para comer? Entonces, ¿dónde están las oportunidades que dicen que nos dan?
Hace cuatro años que recibe ese programa.
Comenzó cobrando 50 mil pesos.
Después, con la llegada de Javier Milei, el monto quedó congelado en 78 mil.
En todo ese tiempo, asegura, nunca encontró un acompañamiento real que permitiera transformar esa ayuda en un empleo estable.
—Escucho a los senadores decir que tenemos acompañamiento, pero no tenemos nada. Nos niegan la posibilidad de acceder a un trabajo.
Mientras habla, llega al estudio un mensaje de una oyente que dice comprender el dolor que está describiendo.
Soledad agradece el gesto.
Pero vuelve enseguida al centro de su planteo.
—El acompañamiento que necesitamos es que bajen a los barrios y vivan la realidad con nosotros.
Pan para hoy y hambre para mañana
En ese punto recuerda una situación que, según afirma, vivió durante la campaña electoral.
Relata que en Cabín 9 hubo personas vinculadas a La Libertad Avanza que ofrecían 20 mil pesos y un bolsón de mercadería a cambio del voto, y que incluso pedían una fotografía para comprobar la elección realizada.
—Lo viví desde adentro. La gente me preguntaba si podía ir porque lo necesitaba.
No juzga a quienes aceptaban.
Dice que entiende lo que significa pasar hambre.
Por eso cree que la necesidad empuja a muchas personas a tomar decisiones desesperadas.
—Eso es pan para hoy y hambre para mañana.
La ayuda inmediata, sostiene, no resuelve el problema de fondo.
—Porque mañana, cuando tus hijos no tengan un plato de comida, esos 20 mil pesos ya no alcanzan.
Vuelve entonces a la idea que atraviesa toda la conversación.
Más que subsidios, dice, hacen falta políticas públicas construidas desde el territorio.
Para ella, la discusión tampoco termina en los 78 mil pesos del programa.
Lo que cuestiona es que nunca existió una política capaz de transformar esa asistencia en un trabajo estable.
Recuerda que el actual Volver al Trabajo nació como una respuesta excepcional a la crisis provocada por la pandemia.
Sin embargo, asegura que el paso siguiente nunca llegó.
—Hasta el día de hoy seguimos esperando eso.
Mientras esa oportunidad no aparece, observa cómo las organizaciones sociales terminan cubriendo funciones que antes cumplía el Estado.
Una de las imágenes que más la conmueve es la presencia creciente de jubilados en los comedores comunitarios.
—Hoy somos las organizaciones las que les estamos dando una mano a los abuelos. Antes no hacía falta.
El barrio que no aparece en las estadísticas
Para Soledad, la crisis no termina en los 78 mil pesos del programa.
Salud, seguridad, trabajo y alimentación forman parte del mismo problema.
Y todo empieza por caminar el barrio.
La situación, insiste, no es exclusiva de Cabín 9 ni de Pérez.
A través del contacto permanente con otras delegadas de la Corriente Clasista y Combativa asegura que el panorama se repite en distintos barrios de Rosario y también en otras provincias.
—Creo que todos los barrios estamos iguales. Lo veo en Córdoba, lo veo en todos lados. Está pasando en toda la Argentina.
Por eso dice que le cuesta entender los anuncios oficiales que hablan de una baja de la pobreza.
Se ríe cuando escucha esas estadísticas.
Aclara enseguida que no es una risa de alegría.
Es de bronca.
—No estamos bajando la pobreza ni la inseguridad.
Desde su mirada existe una distancia enorme entre los indicadores oficiales y la vida cotidiana de los barrios populares.
Muchos problemas, sostiene, permanecen invisibilizados.
Nosotros lo vivimos todos los días
Entre los problemas que Soledad considera invisibilizados menciona el narcotráfico.
Cree que la violencia sigue presente, aunque ya no ocupe el mismo espacio en la agenda pública.
—No redujo nada la droga. Cada vez hay más. Nosotros lo vivimos todos los días porque somos militantes y vivimos en los barrios.
La misma lógica aplica, según ella, para las estadísticas sobre homicidios.
Considera que muchas veces la manera en que se registran los hechos termina ocultando la verdadera dimensión del problema.
Cabín 9 conoce de cerca esa realidad.
Es un barrio atravesado históricamente por la violencia.
Los callejones donde, según relata, con frecuencia aparecen cuerpos abandonados forman parte del paisaje cotidiano.
—Ya estamos acostumbrados a recibir muertos en el barrio.
La frase sale con una naturalidad que estremece.
Recuerda incluso el caso de dos jóvenes asesinadas cuyos cuerpos fueron hallados cerca del límite con Rosario.
Sin embargo, dice, el episodio volvió a quedar asociado una vez más a Cabín 9.
—Si hubiera más seguridad eso no pasaría. Pero quieren esconder todo.
Esperar un turno
La precariedad también alcanza al sistema de salud.
Para Soledad, conseguir un turno médico se convirtió en una carrera imposible.
Hace tres meses espera una consulta para sus hijos.
Uno necesita ser evaluado por una pediatra antes de llegar al oftalmólogo.
Otra de sus hijas requiere atención dermatológica.
Ninguno consiguió turno.
—Todos los días mandamos el mensaje a las siete de la mañana, como nos piden. Y no hay turnos.
Describe un sistema atravesado por superposiciones entre el municipio y la provincia que, según afirma, termina sin dar respuestas concretas.
A esa falta de atención suma otro problema que considera grave.
—No hay anticonceptivos. No hay nada.
Y plantea una contradicción.
—Después dicen que la culpa es de la chica que quedó embarazada. Pero si le sacan todas las herramientas, ¿qué posibilidad le están dando?
En su relato, todos esos problemas forman parte de un mismo mapa.
Trabajo.
Salud.
Seguridad.
Alimentación.
Para comprenderlo, insiste, no alcanza con mirar estadísticas.
Hay que caminar los barrios.
Los que cortan la avenida de Circunvalación
Otra vez vosLa movilización terminó.
Pero para Soledad la discusión recién empieza.
Sabe que el reclamo difícilmente encuentre una respuesta inmediata.
También sabe que las protestas seguirán ocupando las calles, aunque eso vuelva a despertar críticas.
Durante la última jornada, la presencia de Gendarmería volvió a marcar el pulso del operativo.
Ella estaba en la primera línea.
Allí se cruzó con un efectivo que ya la conocía de otras manifestaciones.
—"Otra vez vos", me dijo.
—"Sí, otra vez yo", le respondí.
El diálogo continuó entre advertencias y convicciones.
El gendarme le recordó que no podían cortar la calle.
Ella contestó que lo harían igual.
—La vamos a cortar por necesidad.
Cuando el uniformado le advirtió que podían reprimir la protesta, Soledad intentó correr la discusión hacia otro lugar.
—Vos me estás reprimiendo a mí, pero tendrías que verme como una compañera más.
No lo plantea desde una lógica de enfrentamiento.
Dice que pocos días antes había viajado en un vehículo conducido por un gendarme que, fuera de su horario de servicio, manejaba para una aplicación de transporte con el objetivo de completar el sueldo.
—Me dijo que era gendarme de La Pampa y que hacía Uber porque no le alcanzaba. Hasta me contó que muchas veces hace dedo para volver a su pueblo porque no puede pagar un pasaje.
Hace una pausa.
Después resume la contradicción.
—Los que nos reprimen también son trabajadores a los que no les alcanza el sueldo. También pasan necesidades.
Por eso insiste en que el conflicto no debería enfrentar a quienes viven de su trabajo.
—Ellos también son parte del pueblo.
Aun así, sabe que la represión puede repetirse.
Y asegura que eso no cambiará su decisión.
—No les tenemos miedo. Yo soy piquetera por necesidad, no porque me guste cortar calles.
Nuestra lucha no es por un plan
Su reclamo vuelve siempre al mismo lugar.
Un Estado presente.
Trabajo.
Capacitaciones reales.
Oportunidades.
—No estamos peleando solamente por esos 78 mil pesos. Estamos peleando por los abuelos, por trabajo genuino, por capacitaciones de verdad.
Hace una última aclaración, casi como si quisiera desmontar definitivamente uno de los prejuicios más extendidos sobre las organizaciones sociales.
—Nuestra lucha no es por un plan. Es por trabajo.
Y plantea una ecuación simple.
—Si mañana me dan un trabajo, que se queden con los 78 mil pesos. Yo quiero trabajar. Nosotros sabemos trabajar.
Reconoce que los cortes de calle generan molestias.
Que nadie disfruta de pasar horas bajo el frío o el calor.
—No queremos cortar calles. Pero lo hacemos porque estamos peleando por nuestros derechos.
Después deja una advertencia.
—Agradezcan si hoy tienen trabajo. Porque están cerrando empresas todos los días. Mañana les puede tocar estar de este lado.
Para ella, la pobreza no distingue ideologías.
Puede alcanzar a cualquiera.
—Que den gracias de que hoy no les toca estar del lado del pueblo que pasa necesidades.
La dignidad todavía no tiene precio
Antes de despedirse, Soledad recuerda a Jorgelina, una compañera de Cabín 9 que ese día no pudo asistir a la entrevista porque había conseguido una changa de limpieza. Su marido, albañil, seguía buscando trabajo.
Había dejado grabado un testimonio que, para Soledad, resume el sentimiento de muchas familias.
Jorgelina se preguntaba qué buscaba realmente el Gobierno enfrentando a quienes protestan con quienes pasan por la calle. Contaba que mientras algunos automovilistas ofrecían palabras de aliento, otros insultaban sin detenerse a pensar por qué había personas manifestándose.
También describía una escena que, según dice, se repite en muchos hogares: madres que toman mate y comen una sola vez al día para que sus hijos puedan hacer las cuatro comidas.
Recordaba que con los 78 mil pesos apenas alcanza para comprar un poco de carne y algo de mercadería, cuando esa ayuda no está ya comprometida con las deudas del almacén del barrio.
—Nadie vive con eso. Es solamente una ayuda.
Y cerraba con una frase que Soledad escucha en silencio y hace propia:
"No nos gusta estar en la calle con frío o con calor. Pero tampoco nos vamos a quedar callados. Vamos a luchar por nuestros derechos porque la dignidad todavía no tiene precio".
Soledad asiente.
Dice que Jorgelina habló con la voz quebrada porque describió exactamente lo que viven todos los días en los barrios.
Otras voces, la misma realidad
Las palabras de Soledad no quedan solas.
Se repiten, con distintos matices, en los testimonios de otras referentes de la Corriente Clasista y Combativa que viven y militan en distintos barrios de Rosario y la región.
Aunque cambian los nombres y los territorios, las preocupaciones aparecen una y otra vez: la dificultad para acceder a la salud, la pérdida del poder adquisitivo, la falta de trabajo y el temor a que desaparezcan los programas sociales que, aseguran, hoy funcionan como un sostén para muchas familias.
Jorgelina, también de Cabín 9, describe una realidad marcada por la incertidumbre. Para ella, el reclamo no pasa solamente por un programa social, sino por la posibilidad de acceder a derechos básicos: una salud pública que funcione, trabajo digno y mejores condiciones de vida.
En el mismo barrio, Roxana pone el foco en los problemas cotidianos que atraviesan a los vecinos. Menciona la falta de servicios esenciales, las dificultades con el agua potable, la inseguridad y un dispensario donde, según relata, muchas veces no hay turnos ni profesionales disponibles.
Nancy comparte un diagnóstico similar. Cuenta que cada vez ve más jubilados obligados a volver a trabajar porque sus ingresos ya no alcanzan para cubrir medicamentos y necesidades básicas. A eso suma la dificultad de muchas familias para conseguir empleos estables y la necesidad de sobrevivir con trabajos informales.
Fiama habla de otro aspecto de la crisis: el impacto sobre quienes necesitan tratamientos médicos o acompañamientos específicos. Señala la preocupación por la falta de medicamentos, la situación de las personas con discapacidad y el retroceso de programas que, según sostiene, eran fundamentales para muchas familias.
Cintia vuelve sobre la situación del sistema sanitario. Describe las dificultades para conseguir turnos pediátricos y una sensación de abandono que, dice, atraviesa a quienes necesitan atención médica en los barrios.
Rosinela insiste en una idea que aparece en varios testimonios: los 78 mil pesos no alcanzan para vivir, pero representan una ayuda que muchas familias necesitan para complementar changas y sostener la comida diaria.
Desde barrio Godoy, Susana plantea que los problemas se repiten en distintos territorios. Habla de vecinos que deben esperar horas para conseguir atención médica. Resume esa sensación con una frase que, para ella, describe una realidad extendida:
—Es la misma cagadita con diferente olor.
Pilar reconoce que el monto del programa es insuficiente, pero sostiene que quitarlo significaría agravar todavía más la situación de muchas familias que ya viven al límite.
Sabrina resume su mirada con una frase simple:
—Donde vayas se ve la necesidad.
Para ella, el problema no pertenece a un solo barrio, sino que atraviesa distintos sectores de la ciudad.
Valeria plantea que el desafío debería ser transformar esas ayudas en oportunidades reales de trabajo. Sostiene que quienes reciben un programa también buscan capacitarse, conseguir empleo y mejorar sus condiciones de vida.
Roxana, otra de las referentes consultadas, coincide en que la salida no está en eliminar los programas sociales, sino en fortalecer los controles y, al mismo tiempo, generar herramientas concretas de capacitación e inserción laboral.
Más allá de las diferencias entre cada historia, todas las voces coinciden en un punto: la protesta, para ellas, no nace de la comodidad ni de una negativa a trabajar.
Nace de una situación que describen como límite y de la necesidad de hacerse visibles.
Escuchá la entrevista completa:
