sábado, 3 de octubre de 2026

Emir Sader, ante las urnas de Brasil: democracia, Lula y una batalla que desborda las fronteras

Emir Sader analiza en Señales las horas finales de una elección que, según su lectura, excede la disputa entre Lula y Flavio Bolsonaro. El papel de los medios, la intervención de Donald Trump, el debate frustrado de TV Globo, la relación con la Argentina y el futuro de la izquierda latinoamericana aparecen en su diagnóstico sobre el escenario brasileño
"Está en juego la democracia"

Mañana hay elecciones en Brasil y, de cara a una jornada que vuelve a poner al país ante una definición política de enorme trascendencia, Emir Sader se muestra ansioso. "Quisiera que fuera a votar hoy y no mañana", dice el escritor, sociólogo y político brasileño, una de las voces más reconocidas de la izquierda latinoamericana.

Profesor y autor de numerosos libros sobre política, sociedad y América Latina, Sader ha dedicado buena parte de su trayectoria al análisis de los procesos políticos de la región y, particularmente, de Brasil. Durante estos días estuvo en la Argentina y, como uno de los principales estudiosos de los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva y de las transformaciones políticas y sociales brasileñas de las últimas décadas, observa la elección desde una perspectiva que excede la disputa entre dos candidaturas.

Para Sader, lo que está en juego es mucho más que una competencia electoral. Recuerda que, en otros momentos, como cuando Lula disputaba elecciones contra Fernando Henrique Cardoso, la diferencia también era profunda. "Disputar con Fernando Henrique Cardoso era disputar dos políticas económicas radicalmente distintas, pero en el marco de la democracia", dice. Ahora, sostiene, el escenario es diferente.

"El padre del candidato de la derecha está en verdad preso por intento de golpe para impedir que Lula, que había ganado la elección, tomara posesión", afirma. Por eso entiende que la contienda actual no puede ser leída únicamente como una diferencia entre programas económicos.

"Uno es neoliberal, el otro es antineoliberal. Uno privilegia la justicia fiscal, el otro privilegia las políticas sociales. Esas son diferencias importantes, pero está en juego, en verdad, la democracia en Brasil con todas las proyecciones que hay hacia el resto de América Latina", plantea.

En esa dimensión regional aparece también la Argentina. Sader recuerda una conversación con Cristina Fernández de Kirchner, quien, según relata, le planteó: "Mira, no sirve que ganemos acá si Lula no gana en Brasil, estaríamos igual, aislados". Desde su perspectiva, la suerte electoral brasileña no queda circunscripta a las fronteras del país, sino que tiene consecuencias sobre el escenario político latinoamericano.

Sader dice esperar una victoria de Lula y plantea como principal incógnita si llegará en la primera o en una segunda vuelta.

Una elección competitiva pese a los números económicos
Su expectativa se apoya, entre otros elementos, en la evolución de los indicadores económicos durante el tercer gobierno de Lula. Según destaca, la economía crece, el país registra uno de los menores niveles de desempleo de América Latina y la inflación se ubica alrededor del 3% anual. "Tres por ciento al año en un país que ya tuvo hiperinflación", subraya.

Sin embargo, esos resultados no alcanzan, a su entender, para explicar por qué la elección continúa siendo competitiva. Sader identifica dos factores principales. El primero es el papel de los medios de comunicación.

Aunque aclara que "ninguno exalte al hijo de Bolsonaro", sostiene que existe una cobertura que pone el foco fundamentalmente en las dificultades de Lula, aun cuando, según su interpretación, "todos los indicios son positivos".

A su juicio, detrás de esa actitud existe una diferencia de intereses. "Les molesta que Lula gane y que gane fuerte en primera vuelta", sostiene. La razón, interpreta, estaría vinculada con la orientación económica del gobierno: "Sobre todo porque Lula tiene una política, repito, antineoliberal, y ellos reflejan los intereses del gran capital en general, que es neoliberal".

El segundo factor es el vínculo de los jóvenes con la política. Para Sader, se trata de un problema importante. "Los jóvenes son los menos interesados en política", afirma. Lo explica por una distancia generacional y cultural que, según considera, dificulta que el discurso político tradicional llegue a ellos.

"Están en otra onda, están en su mundo, en sus cosas, y la política, como está haciendo esta, no llega hasta ellos", señala.

En esa dificultad también encuentra un desafío para quienes defienden la democracia. Sader sostiene que habría que lograr que los jóvenes comprendan que incluso aquello que aparece como una defensa de la libertad individual depende de la existencia de un sistema democrático. "Habría que convencerlos de que su libertad individual, ya sea lo que les dé la gana, etcétera, solo se puede dar en democracia. Pero no hemos logrado hasta ahora hacerlo", reconoce.
Del empate técnico a la ventaja de Lula

La evolución de la campaña también forma parte de su análisis. Durante muchas semanas y meses, explica, la elección estuvo marcada por un empate técnico. "Ahora ya no", afirma. Según Sader, las encuestas más recientes muestran una ventaja clara de Lula, de entre cinco y siete puntos.

El sociólogo atribuye parte de ese cambio a una serie de acontecimientos ocurridos durante la última semana de campaña. Entre ellos menciona las informaciones vinculadas con el hijo de Bolsonaro y las prostitutas, y la polémica en torno a Nossa Senhora Aparecida, patrona de Brasil. Lula tomó rápidamente la escena: apareció en varias fotografías sosteniendo imágenes de la virgen y se refirió a la controversia con una cautela calculada: “No sé si es noticia falsa. (...) Eso sí tiene mucha repercusión en las redes sociales”.

A eso suma una medida adoptada por Lula frente a las apuestas. El presidente brasileño firmó una medida provisional que, según relata Sader, prohíbe las apuestas de cuota fija y los juegos online. Para el sociólogo, se trata de una política vinculada con "el combate que hace Lula al vicio de jugar la gente", es decir, al problema de los juegos de azar y sus consecuencias sociales.

La medida, sostiene, tuvo una recepción particularmente favorable entre las madres de familia que enfrentan problemas relacionados con familiares que juegan. "Cayó muy bien, sobre todo con las madres de familia que tienen problemas con el marido, con los hijos que juegan y tienen mucho problema", explica.

Desde esa perspectiva, Sader observa que en los últimos días se acumularon acontecimientos y decisiones que, según su lectura, favorecieron a Lula y perjudicaron a su adversario. Ese conjunto de factores, sumado a la ventaja que muestran las encuestas, alimenta su expectativa de una posible victoria en primera vuelta.

Para lograrla, recuerda, el candidato necesita superar el 50% de los votos. La presencia de varios candidatos menores, que todavía conservan una parte del electorado aunque sus porcentajes se hayan reducido, hace que alcanzar ese umbral no sea sencillo.

"Como hay varios candidatos chicos que están achicándose más, pero siempre sacan votos, entonces no es fácil llegar al 51%", explica.

Lula, sin embargo, había insistido públicamente en que ganaría en primera vuelta. Sader interpreta esa afirmación también como una herramienta de campaña: "A ver, lo hace también para pasar confianza a las personas".

El debate que TV Globo no pudo hacer
La estrategia de Lula durante las últimas horas de campaña rompió además con una tradición política y mediática brasileña. TV Globo había organizado el tradicional debate de cierre, un espacio de enorme audiencia que, de acuerdo con Sader, históricamente tuvo capacidad para intervenir en la etapa final de los procesos electorales.

Pero Lula decidió no participar. Según explicó Sader, el presidente consideraba que el formato le reservaba una desventaja: tendría "24 minutos en contra de él y 6 minutos para defenderse". En lugar de asistir al debate, optó por concurrir a otro programa, emitido en el mismo horario, para exponer directamente sus posiciones.

La decisión tuvo una consecuencia inesperada: Flavio Bolsonaro tampoco concurrió. Ante la ausencia de los dos principales candidatos, TV Globo terminó cancelando el programa.

"Los dos principales candidatos decidieron no ir, TV Globo canceló su programa, no hubo el programa", relató Sader, para quien aquello terminó convirtiéndose en "una victoria de Lula".

La importancia de la decisión, sostiene, no estuvo solamente en la audiencia que consiguió el programa alternativo. Para Sader, el episodio tuvo además un significado político: TV Globo no pudo ocupar ese lugar tradicional de intervención en la fase final de la campaña.

La controversia alcanzó también al papel de la Justicia. La Asociación Internacional de Radiodifusión había difundido un comunicado en el que cuestionaba la intervención judicial en el episodio. Sader relativizó esa discusión y puso el foco en quién termina teniendo capacidad efectiva para condicionar el proceso electoral.

"No importa si tiene poder el Judiciario o no, interesa que se suspendió el poder discrecional. Si no es el Judiciario, es TV Globo que decide", sostuvo.

En esta ocasión, consideró, la cadena no pudo imponer su formato habitual. "Tuvo que ir a radio, con la cara de póster, digamos, para decir que no iba a haber el programa tradicional que ellos hacían", relató.

En el trasfondo de la disputa aparecía además otro elemento: la intención del sector de Flavio Bolsonaro de utilizar la ausencia de Lula como una imagen permanente durante la campaña. Según Sader, la estrategia consistía en mostrar una silla vacía que simbolizara su ausencia y permitiera formular acusaciones sin que el candidato estuviera presente para responderlas.

"Esa era la imagen que querían proyectar y no lo pudieron hacer", afirmó.

Trump, la soberanía y el discurso nacionalista
La dimensión internacional de la campaña había ganado, entretanto, una presencia cada vez mayor. La relación con Donald Trump y la cuestión de la soberanía brasileña se instalaron como uno de los temas del tramo final.

Sader considera que la presión estadounidense terminó produciendo, según su interpretación, un efecto electoral favorable a Lula, incluso hasta el punto de que Flavio Bolsonaro habría pedido a Trump que dejara de intervenir de esa manera.

"Favoreció tanto a Lula que Flavio Bolsonaro pidió que Trump no lo hiciera más, porque Lula parece defendiendo el interés de los brasileños frente a una ofensiva externa", sostuvo.

Según su lectura, la intervención de Trump permitió a Lula presentarse como defensor de los intereses nacionales frente a una presión proveniente del exterior. La situación habría generado una paradoja para el propio candidato de la derecha.

"Dijo, no, déjalo para hacerlo después, déjalo, porque ahora solo favorece a Lula", relató Sader.

Lula, además, no evitó confrontar políticamente con Trump. "Lula hace campaña en contra de Trump también", señaló Sader, quien describió el discurso del presidente brasileño como de fuerte contenido nacionalista y antiimperialista.

Brasil y Argentina: un eje en disputa
Para Sader, la elección brasileña no puede separarse del futuro político de la Argentina. Su vínculo con el país, donde residió durante largos períodos, atraviesa también su interpretación del escenario regional.

Desde su perspectiva, una eventual continuidad de Lula en el gobierno convertiría a la Argentina en el siguiente gran escenario político de América Latina.

"Creo que después de la victoria de Lula, la elección más importante es la de Argentina", afirmó. En ese punto expresó su expectativa de que pueda imponerse Axel Kicillof y que, a partir de allí, se recomponga lo que considera un eje fundamental de la región: Brasil, México y Argentina.

La recomposición de ese eje tendría, además, una dimensión económica y geopolítica. Sader mencionó la posibilidad de fortalecer nuevamente el Mercosur y planteó incluso la eventual incorporación de la Argentina a los BRICS.

En su interpretación, las trayectorias políticas de Brasil muestran que los ciclos pueden revertirse. Lula estuvo preso y posteriormente volvió a la presidencia de Brasil. Dilma Rousseff sufrió un impeachment y hoy ocupa la presidencia del Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS.

"Se puede dar la vuelta, se puede dar la vuelta y Argentina va a dar la vuelta", sostuvo.

En esa misma lectura regional ubicó a otros gobiernos latinoamericanos. Mencionó también a Cuba y sostuvo que las dificultades que atraviesa la isla contribuyen a debilitar ese espacio político regional. Para Sader, una de las razones de fondo se encuentra en el modelo económico dominante.

"Tiene una política económica neoliberal que no atiende a los intereses de las personas", afirmó. Su crítica al neoliberalismo atraviesa, en definitiva, buena parte de su interpretación de la coyuntura latinoamericana.

"Están prisioneros del neoliberalismo", sostuvo al referirse a determinados gobiernos de la región, y agregó una afirmación que sintetiza su posición política: "El neoliberalismo fracasó en América Latina y en todas partes del mundo".

Como argumento, planteó una pregunta: "¿Qué país dice ‘soy neoliberal’ y la gente está muy contenta y las cosas van a mover? Ningún país, ningún país".
Un libro para entender el ciclo de Lula

Antes de despedirse, Sader aprovechó la conversación para anunciar la publicación en la Argentina de su último libro, Lula y la izquierda del siglo XXI. Neoliberalismo y posneoliberalismo en Brasil y en América Latina, editado por Colihue. El volumen propone un recorrido por la historia reciente de Brasil desde la primera presidencia de Lula hasta la llegada de Jair Bolsonaro, de la mano de uno de los más reconocidos intelectuales brasileños de la actualidad.

El libro parte de una particularidad de la historia brasileña de la segunda mitad del siglo XX: mientras buena parte de América Latina atravesaba otros procesos políticos y económicos, la dictadura militar brasileña pudo beneficiarse del tramo final del más largo ciclo expansivo del capitalismo. Sader analiza cómo ese contexto permitió una etapa de fuerte crecimiento económico, sostenida en la sobreexplotación de los trabajadores y acompañada por una intensa concentración del ingreso.

En ese proceso surgió un nuevo sector de la clase obrera que terminaría siendo decisivo para la política brasileña y que, según el recorrido que propone el autor, daría nacimiento al Partido de los Trabajadores (PT). La posterior transición democrática, sostiene Sader, no logró extender plenamente la democratización al terreno económico y social. Fue en ese escenario que, en 2002, Luiz Inácio Lula da Silva, proveniente de aquella nueva clase obrera, llegó por primera vez a la presidencia.

Para Sader, Lula se convirtió en una figura central de la izquierda del siglo XXI porque logró comprender las características del neoliberalismo y desarrollar una estrategia política orientada a enfrentarlo y superarlo. El libro se detiene precisamente en ese proceso y en las transformaciones que implicaron las presidencias del PT.

Pero la experiencia brasileña, plantea el autor, tampoco puede entenderse de manera aislada. El ciclo de Lula coincidió con la emergencia de otros liderazgos de izquierda y progresistas en América Latina: Hugo Chávez en Venezuela, Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, José Mujica en Uruguay y, de manera central, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina. Para Sader, ese proceso permitió recuperar una coordinación regional que había quedado debilitada y convirtió al liderazgo de Lula en parte de un movimiento político latinoamericano de mayor alcance.

Lula y la izquierda del siglo XXI se presenta así como un análisis de las condiciones que hicieron posible la irrupción de Lula en la política brasileña, de las continuidades y rupturas respecto de las izquierdas del siglo XX y de la proyección regional y mundial de su experiencia política. También se pregunta por el futuro de la izquierda latinoamericana frente a los nuevos escenarios políticos y económicos de la región.

El libro, contó Sader, ya se encuentra disponible en las librerías argentinas. Y el dato no resulta menor dentro de una conversación atravesada de principio a fin por la figura de Lula: mientras Brasil se prepara para volver a las urnas, el propio entrevistado propone mirar más allá de la coyuntura electoral y reconstruir el recorrido histórico que convirtió al dirigente brasileño en uno de los protagonistas centrales de la política latinoamericana contemporánea.

Con el cierre de la campaña cada vez más cerca y las urnas a punto de abrirse, Sader dejó planteada también una última expectativa, casi como una promesa de continuidad para la conversación: esperaba volver a hablar después de la elección, "para conmemorar el domingo o el lunes".

La frase quedó suspendida sobre una elección que, en su interpretación, no se reduce a la definición de un presidente. Brasil llega a las urnas ante una disputa que, para Sader, puede definir también el rumbo político de buena parte de América Latina.

Escuchá la entrevista completa:

miércoles, 30 de septiembre de 2026

Entierran 112 años de historia: la antigua sede de El Diario será la Redacción de Diario UNO

Según publicó Entre Ríos Ahora, la Redacción de Diario UNO dejará su actual emplazamiento, en la esquina de Perú y Chile, y se mudará a la señorial casona de Urquiza y Buenos Aires, el edificio que alguna vez albergó la administración de El Diario. La mudanza se produce en medio de la historia reciente de un medio centenario, atravesada por cambios de propietarios, conflictos judiciales y el desplazamiento de la familia Etchevehere del control de la empresa
Es una paradoja intrínseca del negocio editorial de este siglo: la Redacción del Diario UNO dejará su actual emplazamiento, en la esquina de Perú y Chile, y se mudará a la señorial casona de Urquiza y Buenos Aires que albergó otrora la administración de El Diario. En ese edificio, que balconea al Paseo de la Recova, en el piso superior, supo ubicarse una voluminosa hemeroteca. En la planta baja, donde alguna vez se mostró, señorial, el sillón que supo acoger las sentaderas de Arturo Etchevehere, ahora hay albañiles que arman y desarman.

Este siglo echó por tierra la leyenda periodística de El Diario.

En 2018, El Diario despidió a más de 80 trabajadores sin pagarles indemnización, que ahora aguardan el desenlace del concurso preventivo en manos del juez Ángel Moia para conocer su suerte. Fue el punto de quiebre de una debacle que había empezado antes.

Lo que siguió fue un berenjenal judicial que, después, se cruzó con la denuncia que hizo una de las integrantes de la familia propietaria del 33% de las acciones de SAER, Dolores Etchevehere, contra sus hermanos, Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego Etchevehere, y su madre, Leonor María Magdalena Barbero Marcial, por vaciamiento de la empresa. La causa se inició en 2013 y todavía no se resuelve.

La Justicia es lenta. Demasiado.

Después de que la familia Etchevehere cediera el control del centenario El Diario, de Paraná, se han ido sucediendo los grupos económicos en el control de un medio de comunicación que supo ser clave en la provincia.

Ahora, la sartén por el mango la tiene Gustavo Scaglione, que en 2019 se quedó con el decano de la prensa argentina, La Capital, de Rosario, y que también controla los diarios UNO, de Santa Fe, y UNO de Entre Ríos.

Dos por UNO. Lo que fuera el cuartel general y la nave insignia de El Diario, su Administración, cobijará la Redacción de Diario UNO.

Luis Félix Zahorí Etchevehere murió el 6 de septiembre de 2009. Fue el último director de El Diario que llevó el apellido Etchevehere. Menos de un año después, el 25 de agosto de 2010, se produjo lo que muchos temían: la venta de la mayoría accionaria del tradicional matutino entrerriano a Nea Capital Creativo SA, que pasó a controlar el 66% de las acciones en Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), la sociedad editora de El Diario.

A la cabeza de ese nuevo grupo empresarial estaba el santafesino Walter Grenón, dueño de Red Mutual, que tomaría las riendas tambaleantes del negocio editorial solo por dos años. En 2012 ingresa como cabeza del grupo Nea Capital Creativo el rosarino Ramiro Nieto que, en teoría, todavía mantiene en su poder el 66% de las acciones, en tanto que el resto está en poder de Leonor María Magdalena Barbero Marcial y sus hijos, Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego Etchevehere.

"Los Etchevehere, que fueron dueños absolutos de El Diario desde 1946 e integrantes de la sociedad desde la fundación del medio, en 1914, ya no solo habían perdido injerencia en lo que se publicaba sino que además al frente de la empresa, con Redacción incluida, estaban sus enemigos políticos", cuenta el periodista y escritor Jorge Riani en El imperio del Quijote. Y agrega: "Menos de un año después del fallecimiento de Zahorí Etchevehere, sus hermanos (Ivar y Arturo Roosvelt) pusieron a la venta el 66% de las acciones de la empresa editora. Raucho (Ivar) quería vender desde la muerte de su padre (Arturo Julio), en 1994, pero Arturito (Arturo Roosvelt) parecía frenarse en la decisión mientras Zahorí estuviera vivo".

El juez civil y comercial Ángel Moia dio por cerrado el concurso preventivo de Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), la empresa editora de El Diario —que se había iniciado en junio de 2018 después del despido de 80 trabajadores—, y homologó el acuerdo y el ingreso como nuevo operador del negocio del empresario Gustavo Scaglione a través de la firma Difutec SA. De ese modo, Ramiro Nieto, que sucedió a Walter Grenón al frente de la mayoría accionaria, salió del control societario, aunque se mantienen, con minoría de acciones, la familia Etchevehere.

Detrás de Difutec SA está Gustavo Scaglione, mandamás en el diario La Capital, de Rosario; y los diarios UNO Santa Fe y UNO Entre Ríos.
Fuente: Entre Ríos Ahora

martes, 29 de septiembre de 2026

La tierra en disputa: extractivismo, democracia y resistencias

Este lunes 28 de septiembre,el periodista y escritor Darío Aranda presentó su último libro, Tierra y dignidad, en el Anfiteatro de Anatomía Patológica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. La actividad, presentada por Damián Verzeñassi, fue el punto de partida para una extensa exposición sobre extractivismo, democracia, pueblos indígenas, soberanía alimentaria, medios comunitarios y las luchas que, desde distintos territorios, disputan otros modos de pensar el presente y el futuro
La presentación del libro Tierra y dignidad de Darío Aranda no fue solamente la presentación de un libro. Desde las primeras palabras quedó claro que la intención era abrir una conversación mucho más amplia: sobre el extractivismo, pero también sobre la democracia, los derechos humanos, la deuda externa, el periodismo, los pueblos indígenas y, sobre todo, sobre las formas en que las luchas territoriales construyen sus propios caminos aun cuando rara vez ocupan el centro de la escena pública.

El encuentro tuvo como presentador a Damián Verzeñassi, quien dio paso a Aranda, periodista especializado desde hace años en extractivismo, pueblos indígenas, organizaciones campesinas y conflictos socioambientales. Aranda trabajó durante más de dos décadas en PáginaI12 y participa actualmente de proyectos de comunicación cooperativa y comunitaria. Es autor, entre otros trabajos, de Argentina originaria y Tierra arrasada, además de su producción periodística desarrollada durante años desde los territorios. 

Pero esa noche el centro no estuvo puesto en la trayectoria del periodista. Estuvo puesto en aquello que Aranda viene observando desde hace años: un país atravesado por un modelo extractivo que, según su mirada, no puede ser reducido a una discusión ambiental.

El extractivismo, incluso si se deja de lado el ambiente
Aranda comenzó proponiendo un ejercicio. Supongamos, dijo, que lo ambiental no importa. Supongamos que no nos interesa la contaminación de los ríos, ni los desmontes, ni los agrotóxicos, ni los efectos sobre la salud. Dejemos todo eso de lado por un momento y miremos solamente la cuestión económica.

Luego puso un ejemplo para explicar lo que, a su entender, implica el esquema de control y tributación de la actividad minera. "Yo no sé si eso lo han visto", les dijo a los estudiantes. "Viene hoy el gerente de Barrick Gold y firma una declaración jurada que dice: hoy me llevé, vamos a suponer, 100 dólares en cobre. No hay alguien del Estado provincial de San Juan o alguien del Estado nacional controlando. Es una declaración jurada".

A partir de allí planteó otra pregunta: "Obviamente, ¿cuánto van a declarar? ¿Van a declarar lo que están sacando o declaran mucho menos?". Y volvió sobre la cuestión de cuánto queda efectivamente en el país: "¿Cuánto deja al país? ¿Cuánto queda de retenciones? ¿Ustedes saben cuánto queda? Queda el 3%. De cada 100 dólares que se llevan, quedan 3 dólares".

La cifra fue el punto de partida para una comparación que había planteado también en sus charlas con estudiantes: "Si eso no es saqueo, si eso no es expoliación...". Según contó, cuando preguntaba a estudiantes secundarios o universitarios qué porcentaje considerarían justo que permaneciera en el país, "siempre dicen que lo más justo sería por lo menos un 50% que se quede". Y agregaba: "Y cuando les contás que son el 3%, no me pueden creer. Dejás entrar a tu casa a alguien donde te deja el 3% de lo que se está llevando".

La comparación le servía para llevar la discusión más allá de la cuestión ambiental. "Si eso no es saqueo, si eso no es expoliación", planteó, "¿qué es?". Recordó que cuando conversa sobre esto con estudiantes estadounidenses o argentinos, muchos consideran razonable que una parte sustancial de esa riqueza quede en el país. Y, frente a esa expectativa, señalaba la magnitud de la diferencia entre lo imaginado y lo que él describía como el funcionamiento real del modelo.

Para Aranda, entonces, el extractivismo no es una política aislada ni una suma de proyectos empresariales. Es una política de Estado que atraviesa distintos gobiernos y que produce consecuencias económicas, ambientales, sociales y sanitarias.

Un modelo que no termina en la mina
El recorrido siguió por la pampa fumigada, por las denuncias vinculadas a los agrotóxicos y por las investigaciones que relacionan determinadas exposiciones ambientales con problemas de salud. Recordó trabajos científicos y experiencias que, según explicó, muestran la presencia de glifosato incluso en lugares alejados de las zonas directamente fumigadas.

Mencionó investigaciones realizadas en La Plata sobre agua de lluvia que tenía glifosato y recordó la detección de este herbicida incluso en la Antártida. La pregunta que quedaba flotando era sencilla: si eso ocurre allí, ¿qué sucede en los pueblos rodeados de soja y otros cultivos industriales?

La referencia a Andrés Carrasco apareció en ese punto como una síntesis de la preocupación: la Argentina convertida en un "experimento a cielo abierto", con la propia población ocupando el lugar de los cobayos.

Pero Aranda volvió a insistir en que el problema no se agota en la contaminación.

Luego citó a Horacio Machado Aráoz y una idea que, según contó, le resulta especialmente útil: incluso dejando de lado lo ambiental, el extractivismo debe ser cuestionado porque reproduce dependencia y pobreza. El ambiente no es un argumento adicional que se agrega después. Es parte de una discusión mucho más profunda sobre el modelo económico.

Luego llevó esa discusión al litio y cuestionó la idea de que los países latinoamericanos puedan simplemente industrializar sus materias primas y, a partir de allí, alcanzar un proceso autónomo de desarrollo.

"¿Vos creés que Toyota o Mitsubishi va a aceptar que Argentina, Bolivia o Chile desarrollen la batería de litio?", preguntó y con esto apuntaba a poner en discusión quiénes tienen capacidad de decisión dentro de las cadenas globales de producción y qué posibilidades reales tienen los países que aportan las materias primas de avanzar hacia los eslabones de mayor valor agregado.

A partir de allí introdujo una dimensión geopolítica. Se preguntó qué multinacional o qué potencia estaría dispuesta a aceptar que los países latinoamericanos avancen sobre los eslabones de mayor valor de una industria estratégica, y vinculó esa disputa con la capacidad de las grandes potencias para imponer sus intereses incluso por vías de fuerza.  En ese punto mencionó a Donald Trump y los bombardeos como ejemplo de esas relaciones de fuerza.

A continuación, Aranda llevó la discusión a la historia y recordó el caso de Salvador Allende, cuando Chile nacionalizó el cobre: "Hace falta ver Allende, digamos, cuando nacionalizó el cobre. Es muy simple la historia".

La pregunta por el litio, en ese sentido, no aparecía aislada del resto de su exposición. Para Aranda, forma parte de una discusión más amplia sobre extractivismo, dependencia y soberanía económica: quién extrae los recursos, quién controla las tecnologías necesarias para transformarlos, quién captura el valor de esa transformación y qué capacidad tienen los países latinoamericanos para decidir sobre sus propios recursos.

Una política de Estado que atraviesa gobiernos
Aranda fue particularmente cuidadoso en este punto: cuestionó la idea de que solamente determinados gobiernos representan el extractivismo.

Recordó experiencias bajo gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva, Evo Morales, Hugo Chávez y Rafael Correa, es decir, administraciones que para buena parte de la militancia latinoamericana ocupan un lugar político muy distinto al de las derechas tradicionales. Pero inmediatamente hizo una aclaración: señalar continuidades no significa afirmar que todos los gobiernos sean iguales.

Por eso puso como ejemplo la diferencia entre Bolsonaro y Lula en Brasil. La discusión, sostuvo, necesita evitar las simplificaciones. Se puede cuestionar una política sin borrar las diferencias políticas existentes.

Ese equilibrio atravesó buena parte de la exposición: reconocer continuidades del modelo extractivo sin convertirlas en la afirmación de que todo da lo mismo.

La referencia a Hugo Chávez y Las venas abiertas de América Latina, el libro de Eduardo Galeano, apareció entonces como una imagen de esa historia latinoamericana de expoliación. Aranda recordó el episodio en el que Chávez entregó el libro a Barack Obama durante una cumbre presidencial y planteó, con ironía, que quizá debería haber entregado un ejemplar a cada presidente latinoamericano.

Porque, según su planteo, el problema no termina en la relación entre América Latina y las potencias extranjeras. También existe una responsabilidad de los gobiernos nacionales y provinciales.

Extractivismo y democracia
Fue entonces cuando la exposición cambió de eje. "Más extractivismo, menos democracia" fue la relación que Aranda propuso para pensar conflictos como los de Jáchal, Andalgalá, Formosa, Chaco o Salta. Allí, sostuvo, no solamente está en juego el ambiente: están en juego derechos.

La democracia apareció así como una de las grandes preguntas de la charla.

Aranda cuestionó una idea de democracia reducida a votar periódicamente. ¿Por qué votar cada dos años?, preguntó. ¿Por qué no consultar a la población sobre determinadas decisiones fundamentales?

El ejemplo de Esquel le permitió llevar esa pregunta a un caso concreto. En plena crisis de 2002 y 2003, la población de esa ciudad se enteró de que una empresa minera pretendía instalar un proyecto que podía modificar completamente el perfil productivo del lugar. La reacción fue: "Nosotros decidimos nuestro futuro".

La consulta popular contra la megaminería se transformó, en su relato, en un ejemplo de democracia directa y de participación territorial. No se trataba simplemente de rechazar una actividad económica. Se trataba de discutir quién tiene derecho a decidir qué sucede en un territorio.

Derechos humanos más allá de 1976
En ese punto Aranda vinculó extractivismo y derechos humanos. Cuestionó que el concepto de derechos humanos quede restringido a la última dictadura cívico-militar. Recordó a Nora Cortiñas como una de las referentes de organismos de derechos humanos que también acompañó luchas socioambientales.

Para Aranda, los derechos humanos también están presentes en la violencia que sufren comunidades indígenas, en la represión de protestas, en la contaminación, en los problemas sanitarios derivados de determinadas actividades productivas y en la muerte de personas como Rafael Nahuel.

Por eso discutió la idea de que las reivindicaciones de los pueblos indígenas o las luchas territoriales constituyan "contradicciones secundarias" frente a objetivos políticos considerados más importantes.

La pregunta que dejó planteada fue si realmente se puede hablar de derechos humanos mientras se acepta que determinados territorios y poblaciones sean sacrificados en nombre de un modelo de desarrollo.

La democracia de la derrota
El cuestionamiento se extendió a la política partidaria. Aranda recordó cómo diferentes sectores que marchan contra determinados gobiernos suelen considerar que cuestionarlos internamente puede "hacerle el juego a la derecha". Contó que esa misma acusación apareció durante distintos gobiernos y que, de ese modo, nunca parecería existir un momento adecuado para discutir las políticas propias.

Formosa fue utilizada como contraste. Según Aranda, una charla como la que estaba teniendo lugar sería muy difícil de realizar allí sin que existieran mecanismos de vigilancia o intimidación.

La pregunta, entonces, volvió a ser qué entendemos por democracia.

También recordó el debate sobre la deuda externa. Contó una escena que lo había conmovido: una estudiante de 13 años, durante una charla en una escuela porteña, preguntó si era posible no pagar la deuda externa.

La pregunta, dijo, lo impactó porque cuestionaba algo que muchos adultos consideran incuestionable.

A partir de allí discutió la idea de que determinadas decisiones económicas son inevitables. Si una sociedad acepta como natural que la deuda debe pagarse independientemente de sus consecuencias sociales, sostuvo, también está aceptando un límite impuesto previamente a lo que puede imaginar políticamente.

En su exposición vinculó esa deuda con la necesidad de generar divisas mediante actividades extractivas. La soja, la minería y el petróleo aparecen entonces conectados, en su interpretación, con la necesidad permanente de conseguir dólares.

Y ahí reapareció la pregunta por la democracia: ¿quién decide esas políticas y quién participa de esas decisiones?

Del voto con esperanza al voto con miedo
Aranda propuso entonces un ejercicio generacional. Recordó que sus padres votaron a Raúl Alfonsín en 1983 con esperanza, después de los años más oscuros de la historia reciente argentina. Luego habló del entusiasmo que despertó el menemismo en sectores importantes de la sociedad, aunque sus propios padres no lo hubieran acompañado electoralmente.

Después llegó otra etapa: la del "mal menor". "Este no me gusta, pero el otro es peor", resumió. Y finalmente describió una transformación más reciente: el voto con miedo.

Para él, la segunda vuelta de 2023 entre Sergio Massa y Javier Milei representó, en su experiencia, una situación en la que muchas personas votaron fundamentalmente para evitar un resultado que temían.

Lo llamó "la democracia de la derrota". No como una invitación a quedarse en la resignación, sino como una pregunta: ¿qué pasó en cuarenta años para pasar de votar con esperanza a votar al mal menor y finalmente votar con miedo?

La respuesta, insistió, no debía ser buscar inmediatamente al próximo candidato, sino volver a preguntarse qué democracia se quiere construir y qué lugar ocupa la sociedad en esa construcción.

Capitalismo, corporaciones y posibilismo
El extractivismo apareció entonces ligado al capitalismo. Aranda rechazó la idea de que la expansión del extractivismo pueda analizarse separada de la expansión del capitalismo contemporáneo. El problema, dijo, es que quienes ya tienen una parte enorme de la riqueza buscan apropiarse de una porción todavía mayor.

En ese punto recuperó una frase atribuida a Marcos Pastrana, referente de la lucha de los pueblos indígenas del noroeste argentino: la idea de que los ciudadanos terminan eligiendo gobernadores, presidentes, senadores y diputados que funcionan como gerentes locales de grandes corporaciones internacionales.

La frase le servía para discutir el llamado "posibilismo": la política entendida como el arte de aceptar lo que supuestamente se puede hacer y descartar de antemano aquello que aparece como imposible.

Aranda propuso invertir la pregunta. Después de tantos años preguntando qué se puede hacer, quizá sea necesario preguntarse qué es aquello que no se está dispuesto a aceptar.

No presentó esa idea como una receta cerrada. La dejó como una invitación a discutir.

¿La política institucional es el único camino?
La misma discusión apareció cuando habló de los partidos políticos. Contó una experiencia reciente con un partido de izquierda. Durante una charla había dicho que, a su juicio, los partidos políticos "atrasan". Una referente socioambiental le señaló que quizá podría haberlo formulado de otra manera: no como una descalificación, sino como la búsqueda de otras formas de construcción política.

Aranda reconoció que aquella observación le había hecho pensar. Pero mantuvo el fondo de su planteo: no está convencido de que toda la energía social deba orientarse hacia la próxima elección.

La pregunta que formuló fue qué ocurriría si parte de esa energía, tiempo y capacidad organizativa se destinara a construcciones territoriales permanentes.

No estaba proponiendo una conclusión única. Lo planteó como una discusión abierta.

Las voces que no aparecen
El paso siguiente llevó directamente al periodismo. Aranda explicó que uno de los objetivos de su trabajo es privilegiar voces que rara vez tienen espacio en los medios masivos: comunidades indígenas, campesinos, asambleas socioambientales y personas que defienden sus territorios.

Nombró a distintos protagonistas de sus crónicas y explicó que muchos de ellos no son influencers ni figuras conocidas. Están ocupados, dijo, defendiendo sus territorios.

Su crítica a las redes sociales fue fuerte. Reconoció que son herramientas necesarias, pero sostuvo que están modificando la subjetividad y las formas de participación a una velocidad que todavía no estamos dimensionando.

Incluso planteó una comparación deliberadamente provocadora: las pantallas y las redes pueden resultar, en términos de transformación de la subjetividad y de las democracias, más peligrosas que algunos de los contaminantes que habitualmente discutimos.

La cuestión, para él, es que todavía no existe suficiente discusión sobre ese fenómeno ni siquiera dentro de los ámbitos militantes y académicos.

El periodismo como herramienta
Aranda reivindicó, sin embargo, al periodismo. Lo definió como una herramienta para la construcción y el cambio social. Mencionó como referentes a periodistas como Rodolfo Walsh y Osvaldo Bayer, y destacó también a jóvenes trabajadores de prensa que continúan defendiendo el oficio incluso dentro de medios cuyas líneas editoriales consideran adversas.

Pero hizo una invitación concreta a quienes critican a los grandes medios. Si una persona rechaza a TN, C5N o cualquier otro medio hegemónico, preguntó, ¿cuánto dinero aporta a un medio comunitario, popular o alternativo?

La diferencia entre consumir información y sostener económicamente a quienes producen otra clase de periodismo fue presentada como una decisión política.

Del mismo modo que elegir una feria local o un hipermercado, una editorial independiente o una multinacional supone orientar nuestro consumo, elegir qué medios apoyar también implica tomar posición sobre qué tipo de comunicación queremos que exista.

El libro y las luchas que no empiezan de cero

Aranda explicó que el libro reúne 31 crónicas y busca un equilibrio entre distintas actividades y regiones: minería, petróleo, soja, agroecología, pueblos indígenas; Patagonia, Mesopotamia, NOA y centro del país.

Pero había otro equilibrio que consideraba todavía más importante: mostrar las injusticias sin ocultar los avances. Porque, según su mirada, las luchas no son solamente derrotas.

Esquel, por ejemplo, no apareció de la nada. Antes hubo en Chubut una lucha contra el proyecto de instalar un basurero nuclear en Gastre y Gan Gan. En los años noventa, recordó, una enorme movilización logró impedir ese proyecto.

Para quienes después protagonizaron la resistencia a la megaminería en Esquel, aquella lucha previa fue fundamental. Y Esquel, a su vez, se convirtió en una referencia para otras luchas.

Aranda contó el caso de Loncopué, en Neuquén, donde en 2012 una consulta popular terminó con un 80 por ciento de los votos en contra de la megaminería.

Los habitantes de Loncopué agradecieron entonces a Esquel, pero también a Andalgalá y a Gualeguaychú. La cadena continuaba.

¿Cómo se mide una lucha?
La historia de Gualeguaychú le permitió introducir una pregunta que atravesó toda la parte final de la exposición: ¿cómo se mide una lucha?

Desde cierta mirada, la lucha contra las pasteras podría considerarse una derrota porque una planta finalmente se instaló frente a la ciudad.

Pero Aranda contó que Victoria Veronese le había planteado otra manera de mirar ese proceso: originalmente se proyectaban cuatro plantas. Entonces, ¿cómo se mide realmente una lucha? La pregunta no tenía una respuesta sencilla.

Lo mismo ocurrió con los Productores Independientes de Piray, en Misiones. Familias campesinas rodeadas por monocultivos forestales comenzaron a organizarse hasta conseguir la expropiación de 600 hectáreas pertenecientes a una gran multinacional.

Para alguien mirando el mapa desde Buenos Aires, 600 hectáreas pueden parecer poco frente a las enormes superficies que concentra una empresa forestal.

Pero Aranda relató la respuesta de Miriam Zamudio, una de las protagonistas de esa experiencia: en esas 600 hectáreas estaban produciendo alimentos, generando excedentes, comercializando y donando comida a escuelas.

Y agregó una frase decisiva: esas eran las primeras 600 hectáreas.

La dimensión de una lucha, entonces, no se mide solamente en hectáreas, porcentajes o cantidad de territorio recuperado. También se mide por aquello que una comunidad consigue construir a partir de lo recuperado.

La agroecología como construcción
Otro ejemplo cercano apareció en Guadalupe Norte, en el norte de Santa Fe. Aranda habló de Naturaleza Viva y de Remo e Irmina, militantes históricos vinculados a las Ligas Agrarias y perseguidos durante la dictadura, que construyeron allí durante décadas una experiencia de referencia en agroecología.

Le interesó especialmente una cuestión aparentemente pequeña: ellos se definen como campesinos. No como productores, no como pequeños productores: campesinos.

Para Aranda, recuperar esas palabras también forma parte de la lucha. Así como durante años ser indígena o campesino fue presentado como algo negativo, reivindicar esas identidades también implica disputar una forma de nombrar el mundo.

Desde allí llegó a la soberanía alimentaria. Recordó que en 2001, en plena crisis argentina, surgió en la Universidad Nacional de La Plata una cátedra de soberanía alimentaria, cuando el concepto todavía era poco conocido.

La pregunta central es quién decide cómo se produce el alimento, quién lo produce, cómo se comercializa y para quién se produce.

Hoy, explicó, existen más de sesenta espacios de cátedras libres de soberanía alimentaria en universidades públicas argentinas.

Para Aranda, esos espacios tampoco aparecieron por concesión de las autoridades universitarias: son resultado de luchas y construcciones colectivas.

Los pueblos indígenas y el derecho a existir
La exposición volvió entonces a uno de los temas centrales de la trayectoria de Aranda: los pueblos indígenas. Contó que cuando comenzó a estudiar el tema, el Estado argentino reconocía oficialmente 16 pueblos indígenas. Hoy reconoce 38 pueblos indígenas preexistentes al Estado argentino.

La palabra "preexistente" no es un detalle jurídico menor. Significa que esos pueblos existían antes de la conformación del Estado argentino.

El pueblo guaraní habitaba territorios antes de que existieran Argentina, Paraguay, Bolivia o Brasil como Estados nacionales. El pueblo mapuche habitaba el territorio antes de la formación de Argentina y Chile.

Aranda insistió en que ese reconocimiento no fue una concesión espontánea de gobernadores, presidentes o ministros. Fue resultado de décadas de lucha de los propios pueblos indígenas.

Y contó una escena protagonizada por Félix Díaz que le permitió explicar qué significa un triunfo más allá de la obtención inmediata de una reivindicación concreta.

Durante una movilización en Buenos Aires, alguien le preguntó a Díaz por qué, después de tantos años de lucha, todavía no habían conseguido el título de las tierras que reclamaban.

La pregunta contenía implícitamente una idea: después de tanto tiempo, todavía no habían logrado nada. La respuesta de Díaz modificó completamente esa mirada.

Hasta hacía pocos años, dijo, en Argentina prácticamente nadie sabía que existía un pueblo indígena llamado qom. Ahora la palabra Qom formaba parte del vocabulario nacional. Eso también era un triunfo.

No había recuperado todavía todas las tierras reclamadas, pero había conseguido algo que no era menor: que millones de personas reconocieran la existencia de ese pueblo.

Una democracia que se ejerció desde abajo
Uno de los ejemplos que más énfasis recibió fue el de Misiones. Aranda contó que una lucha contra una megarepresa de Corpus terminó dando origen a una legislación provincial que obliga a realizar una consulta popular vinculante frente a nuevos proyectos de represas.

Y recordó otro episodio: en 2014, ante la falta de una convocatoria oficial para discutir el proyecto de Garabí, entre Brasil y Argentina, cincuenta organizaciones se organizaron y decidieron convocar ellas mismas a una votación.

No esperaron al Estado. Se instalaron urnas en plazas y clubes de barrio. Participaron alrededor de 120.000 misioneros y el 96 por ciento votó contra las megarepresas.

Para Aranda, ese episodio constituye uno de los mayores ejercicios de democracia directa de las últimas décadas en Argentina. 

Y volvió a aparecer la pregunta que había recorrido toda la charla: ¿por qué casi nadie conoce esa experiencia? Su respuesta fue provocadora: porque es un mal ejemplo.

No porque haya sido negativo, sino porque muestra que la sociedad puede organizar mecanismos de decisión por fuera de las estructuras institucionales tradicionales.

El pueblo mapuche y la recuperación del territorio
La última parte estuvo dedicada al pueblo mapuche y a lo que Aranda definió como una larga campaña de estigmatización y racismo.

Se refirió particularmente a la afirmación repetida de que los mapuches "son de Chile", y recordó la curiosa inversión de ese argumento del otro lado de la cordillera, donde también se ha dicho que son argentinos.

La cuestión histórica, explicó, es mucho más compleja: el territorio mapuche es anterior a la existencia de los Estados argentino y chileno.

Aranda también se refirió al reconocimiento legal de derechos indígenas y a procesos de recuperación territorial desarrollados por comunidades mapuches.

Mencionó el caso de tierras en manos de grandes propietarios y el de una comunidad que identificó un antiguo cementerio mapuche dentro de un territorio perteneciente a la familia Benetton y recuperó una superficie de 625 hectáreas.

Más allá de las controversias jurídicas y políticas que puedan existir alrededor de estos procesos, el punto de Aranda era otro: mostrar que también allí hay acciones concretas que modifican la relación de fuerzas.

La memoria de los triunfos
En ese momento volvió una idea que había aparecido varias veces durante la charla: las organizaciones populares suelen recordar mucho más sus derrotas que sus victorias.

Cada nueva lucha parece empezar desde cero. No se recuerda suficientemente que Esquel fue posible después de Gastre; que Loncopué aprendió de Esquel; que otras luchas aprendieron de Loncopué; que experiencias campesinas construyeron sobre otras experiencias campesinas; que las comunidades indígenas llevan décadas acumulando reconocimiento y herramientas jurídicas.

Aranda sostuvo que los sectores populares también tienen héroes, mártires, memoria y triunfos. El problema es que esa historia rara vez ocupa los espacios centrales de la comunicación.

Por eso el libro no busca solamente denunciar aquello que sucede en los territorios. También busca registrar las experiencias que lograron avanzar.

El territorio está más cerca de lo que parece
Hacia el final, Aranda volvió a invitar a quienes lo escuchaban a salir de la comodidad de los grandes conceptos y acercarse a los territorios. No necesariamente hay que viajar dos mil kilómetros para hacerlo.

El territorio puede ser el merendero comunitario del barrio, una huerta comunitaria, una organización vecinal o quienes están defendiendo un espacio urbano frente a un proceso de especulación y concentración de tierras.

También mencionó el extractivismo urbano como un campo que merece ser discutido, particularmente en ciudades como Rosario, atravesadas por la cercanía del agronegocio y por procesos de inversión inmobiliaria.

La invitación no era solamente a leer sobre las luchas, sino a conocerlas.

¿De qué lado estamos?
Aranda cerró con una escena que condensó buena parte de la exposición. Contó que, cuando participa en reuniones familiares o conversa con personas alejadas de estos conflictos, a veces le dicen que está en el lado equivocado.

Entre los campesinos y Bayer o Monsanto, le dicen, ya se sabe quién va a ganar. Entre Benetton y los mapuches, también.

Entre las grandes empresas tecnológicas y las comunidades indígenas, nuevamente. La lógica parece ser que, si la relación de fuerzas es tan desigual, luchar es una forma de perder el tiempo.

Pero Aranda respondió desde otra perspectiva. Recordó la imagen de Matrix: llega un momento en que hay que elegir entre una pastilla y otra, y después de elegir ya no se puede volver atrás de la misma manera.

La decisión de involucrarse en una lucha también modifica la manera de mirar la realidad.

Y entonces recuperó una frase que no presentó como propia, pero que eligió para cerrar: si luchamos, sabemos que podemos perder; pero si no luchamos, estamos perdidos.

La frase funcionó como cierre, pero también como síntesis de algo más amplio que un discurso sobre el extractivismo.

Porque la exposición de Aranda no había sido solamente una enumeración de conflictos ambientales. Había sido una discusión sobre quién decide, quién tiene derecho a ser escuchado, qué se considera democracia, qué voces llegan a los medios, qué historias quedan fuera de los relatos oficiales y, sobre todo, qué hacemos con las experiencias de quienes ya llevan décadas construyendo alternativas.

El libro presentado aparece, en ese sentido, como un registro de esas experiencias: las injusticias, pero también las resistencias; las derrotas, pero también los avances; los territorios amenazados, pero también los territorios recuperados.

Y sobre todo, como una invitación a mirar de nuevo aquellas luchas que muchas veces parecen pequeñas desde lejos y que, vistas desde el territorio, pueden significar el comienzo de algo mucho mayor.

Ver también: Tierra y dignidad: el periodismo de Darío Aranda a ras del territorio

La visita a Francia del presidente argentino Javier Milei es un insulto a la libertad de prensa

El Sindicato Nacional de Periodistas (SNJ), el Sindicato Nacional de Periodistas de la CGT (SNJ-CGT), el sindicato CFDT-Journalistes y el Sindicato General de Periodistas de Fuerza Obrera (SGJ-FO), las cuatro organizaciones sindicales francesas representativas de los periodistas y afiliadas a la Federación Internacional de Periodistas, condenan la visita a Francia de Javier Milei, a quien califican de "enemigo de la libertad de prensa" y así lo expresan en un comunicado
El presidente argentino Javier Milei preside este martes el foro empresarial Argentina Week en París. Emmanuel Macron recibirá este jueves en el Palacio del Elíseo, con gran pompa, a este presidente de extrema derecha y libertario, que conduce a su país, Argentina, hacia una 2023, Javier Milei ha multiplicado las agresiones contra los periodistas, a quienes califica de catástrofe social, con una precarización sin precedentes de la población.

Desde su llegada a la Casa Rosada en diciembre de 2023, Javier Milei ha multiplicado las agresiones contra los periodistas, a quienes califica de "enemigos" o "corruptos".

Con el pretexto de realizar ahorros presupuestarios, Javier Milei cerró de manera abrupta la agencia pública de noticias TelAm en marzo de 2024. ¡Es como si Francia decidiera cerrar la Agence France-Presse!

En abril pasado, incluso suspendió el acceso de los periodistas acreditados a la Casa Rosada, sede del Poder Ejecutivo en Buenos Aires.

Javier Milei hizo aprobar en febrero de 2026 una reforma de la legislación laboral que desembocó en la derogación del estatuto del periodista profesional, una ley histórica que, desde hace 80 años, reconoce las particularidades del trabajo periodístico en Argentina y establece garantías fundamentales para esta profesión.

Según SiPreBA, el sindicato de prensa de Buenos Aires, las agresiones contra periodistas aumentaron un 66 % en 2025.

La llegada de Javier Milei a Francia es un insulto a la libertad de informar y de estar informado.

El SNJ, el SNJ-CGT, la CFDT-Journalistes y el SGJ-FO, organizaciones francesas afiliadas a la Federación Internacional de Periodistas, condenan la visita a Francia de este enemigo de la libertad de prensa.
París, 29 de septiembre de 2026.

lunes, 28 de septiembre de 2026

Dos proyectos buscan frenar la derogación de los estatutos laborales de los periodistas

Las iniciativas fueron presentadas en Diputados y quedaron bajo análisis de las comisiones de Legislación del Trabajo y Libertad de Expresión. Una propone restablecer tres regímenes especiales y crear una mesa para actualizarlos; la otra se concentra en preservar el Estatuto del Periodista Profesional.

Dos proyectos de ley presentados en la Cámara de Diputados buscan impedir que entre en vigencia la derogación de los estatutos laborales especiales que regulan distintas actividades vinculadas con el periodismo, prevista en el marco de la Ley 27.802 Ley de Modernización Laboral, promulgada el 6 de marzo de 2026, por el gobierno de Javier Milei.

Las iniciativas fueron presentadas el 24 de septiembre y quedaron incorporadas al Trámite Parlamentario N.º 142. Ambas fueron giradas a las comisiones de Legislación del Trabajo, como comisión de primera competencia, y Libertad de Expresión. 

Se trata de los expedientes 4953-D-2026, impulsado por el diputado de Unión por la Patria Sebastián Galmarini, y 4954-D-2026, presentado por Sergio Palazzo junto con otros diputados del mismo bloque. 

El debate se produce ante la proximidad de la fecha prevista para la entrada en vigencia de las modificaciones introducidas por la reforma laboral. Los dos proyectos pretenden modificar ese esquema antes de que opere la derogación de los regímenes especiales.

El proyecto de Galmarini: restablecer tres estatutos y abrir una actualización

La iniciativa de Sebastián Galmarini es la más amplia de las dos. El expediente 4953-D-2026 propone derogar los artículos 197, 212 y 213 de la Ley 27.802 y restablecer la vigencia de tres normas que regulan distintas actividades dentro del sector periodístico.

En concreto, plantea recuperar:
  • la Ley 12.908, conocida como Estatuto del Periodista Profesional;
  • el Decreto-Ley 13.839/46, referido al personal administrativo de empresas periodísticas;
  • el Decreto-Ley 14.954/46, vinculado al personal de redacción de agencias noticiosas.
Ese es también el objeto que figura expresamente en el sumario oficial del expediente parlamentario.

La propuesta no se limita a restablecer las normas existentes. El proyecto incorpora además una instancia destinada a discutir su actualización.

Una mesa para discutir el futuro del trabajo periodístico
Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es la creación, en el ámbito de la Cámara de Diputados, de una Mesa de Actualización de los Estatutos del Trabajo Periodístico.

El objetivo es abrir un proceso de revisión de la normativa laboral específica para adecuarla a las transformaciones que atravesó la actividad periodística en las últimas décadas.

Entre los desafíos que aparecen asociados a esa actualización están las nuevas modalidades de trabajo, el teletrabajo, las plataformas digitales y el impacto de la inteligencia artificial sobre las tareas profesionales.

De esta manera, el planteo combina dos movimientos: por un lado, evitar que desaparezca el régimen especial vigente; por otro, discutir una actualización que contemple las nuevas condiciones tecnológicas y laborales del sector.

El proyecto fue presentado por Galmarini y posteriormente incorporó como cofirmantes a otros doce diputados: Hugo Yasky, Jorge Neri Araujo Hernández, Raúl Hadad, Marcelo Mango, Eduardo Valdés, Hilda Aguirre, Andrea Freites, Carlos Castagneto, María Graciela Parola, Gabriela Pedrali, Sabrina Selva y Juan Carlos Molina. Todos figuran en el registro oficial bajo el bloque Unión por la Patria.
 
El proyecto de Palazzo: preservar específicamente el Estatuto del Periodista
La segunda iniciativa tiene un alcance más acotado. Se trata del expediente 4954-D-2026, cuyo primer firmante es el diputado y dirigente sindical Sergio Omar Palazzo. El proyecto propone derogar el artículo 197 de la Ley 27.802 y ratificar la vigencia de la Ley 12.908, Estatuto del Periodista Profesional.

A diferencia del proyecto de Galmarini, la iniciativa no propone restablecer los otros dos regímenes especiales —el correspondiente al personal administrativo de empresas periodísticas y el referido al personal de redacción de agencias noticiosas— ni crea una mesa específica para actualizar los estatutos.

Su objetivo es concentrarse en una cuestión puntual: impedir que quede derogado el Estatuto del Periodista Profesional y reafirmar expresamente la vigencia de la Ley 12.908.

El expediente lleva las firmas de Sergio Palazzo, Carlos Cisneros, Germán Martínez, Máximo Kirchner, Cecilia Moreau, Paula Penacca, Vanesa Siley, Hugo Yasky, Kelly Olmos, Hugo Moyano, José Gómez, Marina Salzmann, Julia Strada y Mario Manrique. 

Dos estrategias frente a la misma reforma
Aunque los dos proyectos tienen un objetivo común —evitar que la reforma laboral deje sin efecto el régimen especial del trabajo periodístico—, presentan diferencias importantes.

El proyecto de Galmarini tiene una mirada integral sobre los distintos estatutos vinculados con la actividad periodística. Propone restablecer tres normas y, al mismo tiempo, abrir un proceso de actualización legislativa.

El proyecto de Palazzo, en cambio, tiene una intervención puntual: derogar el artículo 197 de la Ley 27.802 y ratificar la vigencia del Estatuto del Periodista Profesional.

El punto de partida: qué dispone la reforma laboral
El conflicto legislativo se origina en la Ley 27.802 de Modernización Laboral, que estableció modificaciones sobre distintos estatutos laborales especiales.

En el caso del periodismo, los proyectos presentados ahora buscan impedir que esas disposiciones produzcan la desaparición de las normas específicas que regulan las relaciones laborales del sector.

El expediente de Galmarini identifica expresamente los artículos 197, 212 y 213 como aquellos cuya derogación propone revertir, mientras que el proyecto de Palazzo se concentra exclusivamente en el artículo 197.

Por eso, el debate que se abre en Diputados no se limita a una discusión técnica sobre legislación laboral. También involucra la definición de las condiciones bajo las cuales se desarrolla el trabajo periodístico y la posibilidad de mantener un régimen laboral específico para una actividad atravesada por transformaciones tecnológicas profundas.

Del Estatuto de 1940 a la discusión sobre inteligencia artificial
La Ley 12.908, sancionada en 1946, constituye el núcleo del régimen especial para los periodistas profesionales.

La discusión actual incorpora un escenario muy diferente al de la época en que fueron sancionadas esas normas: medios digitales, trabajo remoto, producción de contenidos para plataformas, cambios en los modelos de negocio de las empresas periodísticas y utilización creciente de herramientas de inteligencia artificial.

Ese contraste explica una de las principales diferencias conceptuales entre las iniciativas.

El proyecto de Palazzo apunta fundamentalmente a preservar el estatuto existente frente a la derogación prevista por la reforma laboral.

El proyecto de Galmarini propone, además, utilizar la continuidad del régimen como punto de partida para una actualización legislativa que permita discutir cómo deben regularse las nuevas formas de trabajo periodístico.

Qué viene ahora
Por el momento, ninguno de los dos proyectos modifica la legislación vigente por sí mismo. Ambos deben atravesar el trámite parlamentario correspondiente.

El primer ámbito de discusión será la Comisión de Legislación del Trabajo, que tiene la primera competencia sobre los expedientes. Luego interviene la Comisión de Libertad de Expresión. 

Para que cualquiera de las propuestas avance hacia una modificación efectiva de la legislación deberá obtener dictamen de las comisiones y posteriormente ser tratada por el pleno de la Cámara de Diputados. En caso de obtener media sanción, deberá continuar el trámite en el Senado.

Así, el debate que comienza en las comisiones tendrá una cuestión de fondo: si el trabajo periodístico continuará contando con estatutos laborales específicos y, en ese caso, si esos estatutos serán simplemente preservados o si el Congreso abrirá un proceso para adaptarlos a las nuevas condiciones tecnológicas y laborales de la actividad.

Los dos expedientes ya forman parte formalmente del trámite parlamentario y están registrados en las comisiones de Legislación del Trabajo y Libertad de Expresión.

Los proyectos: 
Expediente 4953-D-2026 — Sebastián Galmarini

Expediente 4954-D-2026 — Sergio Palazzo y cofirmantes


Ver también: 
Con apoyo de distintos bloques del Senado, FATPren presentó el proyecto para un nuevo Estatuto del Periodista, Derogar el Estatuto del Periodista es debilitar la democracia, Derogación del Estatuto del Periodista: un riesgo para el derecho a la información y la libertad de prensa, Más de tres mil periodistas rechazaron la derogación del Estatuto del Periodista Profesional

domingo, 27 de septiembre de 2026

La Toma, 25 años de resistencia: trabajadores anunciaron medidas ante un nuevo embate judicial

Con una multitudinaria presencia de organizaciones sindicales, sociales y populares, trabajadores y trabajadoras de Rosario se reunieron en el establecimiento conocido popularmente como La Toma, ubicado en Tucumán 1349, para conmemorar los 25 años de resistencia desde la ocupación y puesta en funcionamiento del lugar por parte de sus trabajadores.

El edificio, que anteriormente fue sede central del Supermercado Tigre S.A. de Rosario, permanece desde julio de 2001 bajo gestión de sus trabajadores, quienes resisten desde entonces una sentencia de desalojo y distintas instancias judiciales. Durante estos 25 años, el espacio fue puesto al servicio de organizaciones del movimiento obrero y popular y de distintas iniciativas vinculadas con políticas públicas y sociales.

El acto se realizó una semana después de que los trabajadores fueran notificados de la apertura de nuevas causas judiciales vinculadas con el lugar. En ese marco, denunciaron un nuevo intento de desalojo y de criminalización de quienes sostienen la ocupación y la utilización social del establecimiento.

Rodeados por organizaciones sindicales y populares de la región, los trabajadores resolvieron mantener y profundizar el camino de resistencia y solidaridad frente a esta nueva instancia judicial. Entre las medidas anunciadas se planteó la utilización permanente del espacio por parte de organizaciones populares, la realización de movilizaciones recurrentes y la conformación de un Comité de Lucha y Solidaridad en Defensa de La Toma.
Durante la jornada hicieron uso de la palabra Paulo Juncos, secretario general de la CTA de los Trabajadores; Lorena Almirón, secretaria general de la CTA Autónoma; Edgardo Arrieta, secretario general de la CATT (Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte); Miguel Vivas, secretario general de la CGT; Raúl Godoy, de Zanón (Neuquén); y Jorge Perlo, secretario general del Sindicato Judicial.

En Señales escuchamos las intervenciones de todos los participantes de esta jornada, en una verdadera asamblea popular que reunió a referentes sindicales, trabajadores, organizaciones sociales y representantes del movimiento obrero y popular de la región.

Carlos Ghioldi, uno de los referentes históricos de La Toma, fue quien informó las nuevas instancias de lucha y planteó, en el marco de la asamblea, la necesidad de profundizar la organización colectiva para afrontar esta nueva situación.

La jornada incluyó además una conmemoración por los 50 años del golpe de Estado de marzo de 1976. En ese marco se realizó un homenaje a organizaciones defensoras de los derechos humanos mediante una "condecoración" y un "fraternal abrazo proletario" a Norma Ríos (APDH), Silvia White y Elida Luna (Familiares de Detenidos Desaparecidos), Cristina Solano (Asociación Anahí), Romina Marucco (HIJOS), Camila Sala (NIETES) y Pablo Álvarez (Ronda de Madres).

El acto concluyó con un mensaje de Oscar Lúpori, del MEDH, ante una numerosa presencia de organizaciones sindicales, sociales, populares y de derechos humanos que volvieron a expresar su solidaridad con los trabajadores de La Toma.

A continuación, compartimos el mensaje completo de Carlos Ghioldi, en el que repasa los 25 años de resistencia de La Toma y plantea las nuevas medidas de lucha y organización frente a esta nueva instancia de conflicto judicial:
Es una alegría inmensa recibir a todos y cada uno de los trabajadores, trabajadoras y sectores populares que hoy están aquí presentes. Es una alegría inmensa, nos desborda el corazón lo que hoy recibimos.

Nosotros, cuando empezamos a pensar este acto, era una conmemoración y una demostración de seguir la lucha, pero hace una semana decidieron iniciarnos nuevas causas penales, decidieron volver a la carga desde otro juzgado.

Por lo tanto, nos vimos en la obligación de hacer algunos ajustes.

Vamos a contar un poco la historia de este lugar. Somos trabajadores y trabajadoras que nos dejaron en la calle en un momento en el cual se dejaba a miles de personas en la calle. Era la explosión de las políticas del Consenso de Washington, de las reformas neoliberales, y quedábamos, recordemos, los mayores —los que no habían nacido no lo recordarán—, pero la gente grande sí lo recordamos: que los viernes, desde las radios, se daba un informe de la cantidad de empresas que en tribunales iban a quiebra, concursos de acreedores. Era como el clima o los embotellamientos de tránsito: eran los viernes en las radios, esta semana tantas empresas.

Miles de personas nos quedábamos en la calle cotidianamente, la mitad de la población, la mitad y encima con una desventaja: no existía ningún tipo de seguridad social porque había desaparecido el derecho a jubilarse con la AFJP, porque había desaparecido la asignación, no había Asignación Universal. Porque era una situación terrible.

En ese marco, desde la organización sindical, los trabajadores veteranos que ya teníamos algunas tomas en el lomo, en el 91 habíamos tomado este mismo edificio, que era el Supercoop. Algunos de los que estábamos, en el 91, eran muy chiquitos todos. Nosotros ya estábamos tomando edificios.

La cuestión fue que organizamos una asamblea con las mayorías que se daba cuenta que los dejaban en la calle a los compañeros para ocupar el edificio.

Textualmente, Antonio, dije: "Por tres meses, por tres meses vamos a ver qué pasa", porque era la experiencia anterior.

Nos comunicamos con el presidente de la Cámara de Supermercados, que sabíamos que quería el edificio porque quería abrir una nueva cadena de supermercados, y este edificio, en el microcentro de la ciudad de Rosario, es el único supermercado que tiene la playa de estacionamiento al lado, no en un galpón, no en la otra cuadra, al lado.

Entonces nos dirigimos a plantearle: bueno, si quieren el edificio, nosotros no tenemos problema, pero tenemos que discutir las condiciones para que el personal tenga su puesto de trabajo.

Y me dijo —ya está fallecido el señor que me dijo esto—, me dijo: "No, con usted y esa gente no vamos a charlar nada, pero nada. Si total, en seis meses solitos van a salir gateando por la puerta, cagados de hambre".

"Vamos a ver", le dije.

Y de verdad tuvo razón: nos cagamos de hambre. En eso tenía razón.

Pero nos quedamos 25 años.

Y sintetizar 25 años es muy complejo, porque nosotros no es que ocupamos el lugar y nos trataron bien. A los minutos de que entramos al lugar, ya estaba la policía. El 8 de agosto —tomamos el edificio el 26 de julio—, el 8 de agosto ya teníamos una sentencia de la Corte Suprema que ordenaba el inmediato desalojo, la inmediata ejecución del desalojo del lugar, que sigue en vigencia el día de hoy.

La única manera por la cual esa sentencia no se ha podido llevar adelante es porque hemos recibido la inmensa solidaridad del conjunto de las organizaciones populares y sindicales de la ciudad de Rosario. No nos han desalojado por esa solidaridad.

No nos han desalojado porque nunca renegamos de nuestra condición de trabajadores organizados y en lucha que veníamos a trabajar.

Jamás nos consideramos ni emprendedores, ni recuperadores de empresas, ni nuevos empresarios. Siempre fuimos trabajadores solidarios en lucha. Y así nos dimos a conocer desde el primer momento.

Somos parte, y lo dijo Juan Nucci en este mismo lugar: mientras La Toma esté, es parte del movimiento obrero organizado de la región de Rosario. Y para nosotros eso es una condecoración.

Esa solidaridad recibida a lo largo de todos estos años nos enseñó muchísimo. Si vos recibís solidaridad, vos después no te podés hacer el salame de decir: "Ah, bueno, arréglensela todo solos".

Entonces estaban los compañeros jubilados, no tenían dónde reunirse. "Vengan acá, compañeros". Estaban los organismos de derechos humanos. "Vengan acá, compañeros". Y así los estudiantes, me acuerdo, estaban con un quilombo con Patricia Bullrich. "Vengan acá, compañeros".

"Vengan acá, compañeros". Y así sucesivamente. Empezamos los cadetes, ¿te acordás? "Vengan acá, compañeros". Me quieren matar cuando... "Vengan acá".

Y así fuimos organizando una utilización social, solidaria y compartida del edificio. No fue diagramado en un cuadro teórico. Fue surgiendo de este propio encierro que nos llevó el Poder Judicial, que nos llevó la animadversión empresaria, y resistir por dos razones.

Para que no nos desalojen y para que no vayamos en cana. Porque nos llenaron de causas judiciales. Porque nos inventaron causas judiciales de todos los colores.

Maltrataron a compañeros. Por eso decidimos que yo asumiera la responsabilidad penal. Porque trataban muy mal.

A mí me trataban de una manera, ellos los trataban de otra manera. Entonces decidimos eso. Por eso nosotros, desde ese momento, somos defensores incondicionales de las organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Porque nosotros soportamos en carne propia lo que es la persecución judicial. Y por eso reclamamos la libertad de todos los presos de causas inventadas. Empezando por Cristina Kirchner, por Milagros Sala, por Sebastián Romero, por todos y cada uno de los compañeros que son detenidos los miércoles por las marchas de los jubilados.

Por eso. Porque sabemos lo que es inventar causas. A mí me inventaron causas por homicidios, me inventaron causas por la violación de la libertad.

Porque dice que a uno lo encerramos. Nunca lo hicimos. Y que le pegamos a un comisario grandote así, le quebramos el tabique.

Jamás.

Bueno, esas... Por eso nosotros tenemos esta política. No es una cuestión pensada teóricamente.

Y ocurrió también en el camino otra cosa. Vivimos un sistema social absolutamente injusto. Es inaceptable. Cada día peor.

Pero hubo momentos en que, a raíz de las explosiones populares en esta región, surgieron gobernantes con cierta sensibilidad hacia los reclamos populares. Eso es indiscutible.

Por eso recuperamos el derecho a jubilarnos, por eso apareció la Asignación Universal por Hijo (AUH) y todo eso.

En ese momento, muchas organizaciones o sectores populares estaban por la calle, ferias, ese tipo de cosas. Entonces nos encontramos por la calle con un compañero de la municipalidad y le ofrecimos el lugar para que la municipalidad instale a los compañeros y compañeras emprendedores en vez de ponerlos en una estación de trenes en la Ruta 34.

Le dijimos: "Vénganse acá, en el centro, y de acá en el centro pueden seguir laburando".

Lo mismo hicimos con los compañeros y compañeras de estudiantes que estaban en quilombo con Patricia Bullrich también. Les cortaban el presupuesto. No sé, algo nuevo... Nunca se les ocurrió.

Entonces, en esas movilizaciones, la compañera que anda por ahí dijo: "Ay, el piso de arriba me hace acordar al comedor universitario, porque acá teníamos un patio de comida".

Entonces le dijimos: "Bueno, hagamos el comedor universitario otra vez, acá en Rosario". Y así se recuperó el comedor universitario.

Una lucha conjunta con los trabajadores de La Toma, las organizaciones estudiantiles y el rector, que también se sumó. Y ahí se rearmó el comedor universitario.

Nos enteramos que los estudiantes tenían que pagar galerías para recibirse de Bellas Artes. Le ofrecimos el sótano para que abran una galería de arte.

Tiene una galería de arte hermosa. Visítenla, está muy buena. Es de la Universidad Nacional de Rosario.

Y luego, gracias a las compañeras del Puente, que estaban en el tema de la salud mental y la lucha por la Ley de Salud Mental, aprendimos el proceso de desmanicomialización y nos llena enormemente de orgullo que el proceso de desmanicomialización más avanzado de Sudamérica se llevó adelante acá, que es "El horno de esta para bollos", que es los internados del Agudo Ávila, que vienen acá a trabajar en una cooperativa, y así sucesivamente.

Son decenas de casos. Los actores, los sindicatos, todas las organizaciones populares, sectores políticos partidarios de un bando retrosko, sectores políticos partidarios de un bando reperonista.

Nosotros, en este sentido, no nos consideramos superiores a nadie y queremos cobijar a todos porque cada organización que cobijamos es un jalón más en la lucha por la defensa del lugar, para que no nos desalojen y no nos lleven canas, porque el día que nos agarren no nos la van a perdonar.

Sepan que estos tipos, este poder económico, entonces es una lucha de vida o muerte para nosotros estos 25 años.

Nosotros así fuimos llegando a esta instancia y ahora, después de 25 años en los que aprendimos algo que es muy importante, que lo dijeron los compañeros: la mejor manera de resistir para el trabajador, para el sector popular, es la organización colectiva, la unidad y la movilización.

No existen posibilidades de que un funcionario sensible pueda desarrollar políticas si no hay un pueblo haciendo tronar el escarmiento en las calles y demandando cuestiones que no deben ser olvidadas.

Es poner en la agenda no lo que se le ocurre a cuatro grandes oligarcas mediáticos y el círculo rojo del poder; es poner en la agenda las necesidades del pueblo trabajador.

Nosotros es lo que ellos hacen lobby con la tarjeta Banelco, con funcionarios, con visitas raras, con regalos. Nosotros no podemos hacer nada de eso: ni Banelco, ni visitas raras, ni nada. Regalo esto, regalo entre nosotros.

Y lo que no podemos escuchar es cuando el pueblo se moviliza y sale a las calles. Eso es imposible de ser desoído.

No es fácil, tampoco se hace en un día, pero es lo que hay que hacer. Y eso lo aprendimos acá.

Y aprendimos también que nunca el enemigo está entre nosotros, que puede estar alguno medio insoportable, medio jodido, todo lo que vos quieras. Te acepto todas, todas, ya ni siquiera políticamente, muy bueno casi sea.

Ahora, lo que sí, no está el enemigo entre nosotros. El enemigo está en otro lado, viviendo de nosotros. No es así como nos lo quieren hacer creer.

Por eso tenemos que saber, sin renunciar a nuestra identidad, porque unidad no es uniformidad, saber encontrar los puntos que nos permitan luchar y movilizarnos conjuntamente. Y eso lo aprendimos acá. Lo aprendimos con ustedes. Lo aprendimos, ustedes nos lo enseñaron.

De un palo medio sectario, medio trosko, que me conocen de antes, saben, pero aprendimos que la necesidad de luchar del movimiento obrero tiene una dinámica muy distinta a lo que uno puede poner. Entonces no hay que anteponer esas cuestiones, hay que saber regularlas. Después se harán un montón de errores, pero eso hay que saber hacerlo.

Bueno, así llegamos a 25 años. Es un quilombo.

Hubo denuncias, una mesa de negociación, nos la rompieron a patadas unos que querían cobrar un montón de guita, los Figueroa Casas, y después vino un fondo de inversión en el juzgado y vino un juez que se instaló a casa, ¿acuerdan?

Cuando vino el juez y lo recibimos entre todos, estuvo 8 horas constatando el lugar, constatando la utilización pública, gratuita del Estado.

El Estado Provincial está gratis, y la Nación, que ahora último no viene mucho, pero estuvo muchos años, estuvo muchos años con la oficina del Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) allá arriba y el ANSES allá atrás.

O sea que nosotros siempre pusimos el lugar al servicio del conjunto del movimiento popular, y el Estado también, a condición de que se aplicaran políticas públicas de inclusión social.

Lo único que no permitimos acá —y quiso dar una charla acá, y ahí lo discutimos en una asamblea— y dijimos: "Vos no, porque vos reivindicabas el Código Penal de la dictadura, y acá no van a entrar los que defiendan a la dictadura. Acá no van a entrar los que reivindican el terrorismo de Estado ni sean negacionistas del genocidio".

La ocasión de asamblea, a rajatabla, se cumple. Eso es la historia de estos años.

Hasta ahí, el acto veníamos más o menos así y después, no sé, diríamos alguna arenga y terminábamos.

Pero cayó la semana pasada. La semana pasada nos aterrizamos así, haciéndose los malos: una partida judicial, un mandamiento, todos estos sellos, esa porquería que te ponen, apretando a los compañeros y a las compañeras, especialmente a las compañeras, para armarse unos machirulos de mierda.

Y entonces llegamos y les planteamos qué es lo que pasa. Entonces dijimos: "Vamos a reunirnos en la sala de conspiraciones múltiples", y ahí conversamos.

Hace 25 años lo sacaba a patadas, pero ahora estoy viejo y hacemos distintas las cosas.

Así que fue así. Nos lo llevamos abajo.

Ustedes se imaginan: viene ahora a hacernos una demanda de aseguramiento de prueba para iniciarnos la causa penal, la causa de lucro cesante y la causa de usurpación para el desalojo.

Hipermercado Tigre Sociedad Anónima, empresa indisuelta, apareció.

Nosotros planteamos: "Somos trabajadores que hace 25 años esperamos esta gente y no nos movimos de ahí. Y no estamos solos. Estamos acompañados por el movimiento popular y por el Estado provincial, nacional y municipal, y eso consta en actas".

Hay que ver ahora a dónde deriva esto.

Por eso ahora el acto pasa a ser una resolución, una asamblea informativa de lo que nosotros pensamos, para que ustedes lo piensen, no para que respondan ahora.

Nosotros creemos que para enfrentar este nuevo embate, que no es solamente por 3, 4 abogados, no es eso. Creemos que solo eso nos confundía.

Si escucharon a Trump en la ONU hace unos días, ustedes verán que se ha dado campana de largada para que los malnacidos, como me enseñó la compañera Mabel, los malnacidos, los verdugos, los explotadores, se pueden dar a los trabajadores y a los sectores populares. Y eso lo expresó Trump, lo aplica mi ley, y este tipo, esta basura que ahora se largan contra nosotros, retoman ese camino.

No es por otra razón. Por eso nos vienen ahora a atacar. 

Y saben una cosa: hemos decidido en asamblea que resistimos 25 años.

25 años.

La resolución son 3 medidas.

Nosotros vamos a implementar un plan de lucha que se inicia antes de establecimiento, como hacen mañana las compañeras, como hacen los compañeros de la Asamblea Palestina, que van a dar películas.

Toda actividad popular que se pueda realizar en este lugar, invitamos a que se haga, porque no sabemos si vienen mañana, en 2 minutos o 3 minutos. Es como estos 25 años: tener la sentencia de que no pedíamos nuestra libertad.

Así que esa es la primera medida: invitación a toda la organización popular a que organice, desarrolle, instale, haga. Y si tiene problemas de alquiler, como le pasó a los jubilados, déjense de joder, vénganse acá y no engorden el mercado inmobiliario. Vénganse y salgan de acá. Acá hay lugar para todas las organizaciones del pueblo.

Segunda medida: un plan de movilizaciones recurrentes.

No sé cuándo. Seguramente un día más tarde o más temprano nos van a mandar a declarar allá a Tribunales. Entonces, ese día salimos en movilización para ocupar Tribunales, y así será como lo iremos evaluando.

Pero nosotros tenemos una firme decisión de, primero, ocupar el lugar ya con todas las organizaciones del pueblo, definitivamente para las organizaciones del pueblo.

Nosotros siempre decíamos: "Son 25 años, estamos hechos mierda, ya se nos acaba el tiempo". Ahora háganse cargo, muchachos, porque esta la resistimos todos juntos.

Y tercera medida: piénsenla, no respondan ahora. No se vota porque se piensa.

Nosotros empezamos esta lucha. Charly, ¿dónde está Charly? ¿Dónde era? En mi casa.

Empezamos esta lucha en mi casa, con este individuo, con este otro, con el Charly, con algunos que ya no están. Uno que jugaba con esta, que jugaba con los juguetitos abajo de nuestras patas. Bueno, estaba ahí.

Así empezó la organización de esta lucha. La organización colectiva empezó a través de ese grupo de militantes con el cual íbamos y le comíamos la cabeza a los compañeros y compañeras, ¿se acuerdan?, de que (Francisco) Regunaschi los va a cagar. Ahora estamos jodidos para repetir ese camino.

Pero nosotros sí invitamos a todas las organizaciones sindicales, defensoras de los derechos humanos, organizaciones sociales del movimiento piquetero, de jubilados, a entidades públicas, a constituir un comité de lucha.

Esa es nuestra invitación para todos ustedes. No es para que respondan ahora. Es lo que les queremos ofrecer porque queremos seguir adelante con esta lucha. Solos no vamos a poder y todos ustedes son indispensables para que esto se haga.

Solo que esta vez lo queremos hacer conscientemente, lo queremos hacer de hecho, lo queremos hacer colectivamente, de entrada, porque si estuvimos 25 años, no tendríamos lo que esperamos.

A todas y a todos, para esta nueva etapa de lucha que hoy aquí se inicia.

¡Unidad de los trabajadores!

Y al que no le gusta, se jode, se jode.
Carlos Ghioldi

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