El periodista peruano Luis Enrique Lozada Gallardo sostiene que la ajustada victoria de Keiko Fujimori abrió una etapa marcada por cuestionamientos sobre la legitimidad del proceso, el fortalecimiento del poder del Congreso y el temor a una respuesta represiva frente a las protestas
La diferencia entre Keiko Sofía Fujimori Higuchi y el candidato de izquierda Roberto Sánchez fue de apenas 49.691 votos. Sin embargo, Lozada advierte que ese dato, por sí solo, no alcanza para comprender el escenario político. Recuerda que la mayor parte de los municipios del país votó por Sánchez y que el triunfo de Fujimori terminó definiéndose gracias al voto de los peruanos residentes en el exterior.
"Ella no ha ganado en el Perú", afirma. A su juicio, esa es la principal razón por la que numerosos analistas sostienen que la futura presidenta asumirá con un serio problema de legitimidad política. "Es una presidenta que no tiene la legitimidad necesaria en el territorio nacional", resume.
Un triunfo por menos de 50 mil votos
Según explica, la diferencia decisiva provino de los votos emitidos fuera del país, un hecho sin antecedentes en la historia electoral peruana. Sobre ese proceso persisten, dice, dudas que difícilmente lleguen a esclarecerse. "Esa pequeña diferencia de 49.691 votos procedió del exterior y creo que ya no habrá la investigación periodística necesaria que subsane el problema", sostiene. Aunque evita hacer afirmaciones concluyentes, admite que "siguen las sospechas de que algo, posiblemente, haya sucedido en esas mesas del exterior".
Para Lozada, el proceso electoral presenta dos hechos excepcionales que alimentan esas dudas. El primero es que, por primera vez, una elección presidencial se definiera gracias al voto de los peruanos residentes en el extranjero. El segundo, que el conteo rápido se apartara del resultado final.
Recuerda que el conteo rápido había dado como ganador a Roberto Sánchez. "Es la primera vez en el Perú que un conteo rápido se equivoca", señala, aunque inmediatamente aclara, con evidente ironía, que coloca esa afirmación "entre comillas". Explica que el conteo rápido no se basa en proyecciones sino en información obtenida directamente de las mesas de votación, por lo que históricamente había mostrado una alta confiabilidad.
Un gobierno que nace con problemas de legitimidad
En su interpretación, ambos elementos —el peso decisivo del voto exterior y la discrepancia del conteo rápido con el resultado oficial— constituyen indicios suficientes para que una parte importante de la sociedad cuestione la legitimidad del proceso.
Lejos de pensar que la conflictividad disminuirá una vez que Keiko Fujimori asuma la Presidencia, Lozada considera que el escenario puede agravarse. Advierte que ya existen estimaciones acerca de la conformación de un gobierno con fuerte respaldo de las Fuerzas Armadas y de la Policía para enfrentar las protestas que podrían producirse en distintas regiones del país.
El Congreso como verdadero centro del poder
En ese contexto, sostiene que el verdadero centro del poder no se encuentra hoy en la Presidencia sino en el Congreso. Describe al Parlamento como una "coalición mafiosa" y afirma compartir esa caracterización. Desde allí —explica— se habrían impulsado reformas destinadas a garantizar un marco jurídico favorable para la actuación de las fuerzas de seguridad frente a eventuales manifestaciones de rechazo al nuevo gobierno.
Entre esas modificaciones menciona una ley que habilita a militares y policías a utilizar sus armas con mayores niveles de protección judicial. Según detalla, las eventuales denuncias contra efectivos por hechos ocurridos durante procedimientos de seguridad pasarán primero por la jurisdicción militar. Incluso si esos casos llegaran a la Corte Suprema, agrega, el Código Penal peruano establece prioridad para lo resuelto previamente por la justicia castrense.
"Se ha armado un andamiaje preciso, exacto", afirma, convencido de que ese esquema fue diseñado para afrontar el conflicto social que podría desencadenarse tras la asunción presidencial.
Las preguntas que no tienen respuesta
Las dudas también alcanzan al tratamiento de los votos emitidos en el exterior. Uno de los interrogantes más repetidos es la diferencia en los tiempos de llegada de las actas electorales desde distintos países. Menciona, por ejemplo, que los votos provenientes de Japón fueron computados antes que los enviados desde Argentina, una situación que considera llamativa.
También observa con preocupación la demora registrada en la recepción de las actas enviadas desde Estados Unidos. "¿Por qué estuvieron tanto tiempo allí, expuestas a posibles manipuleos?", se pregunta. A su entender, ninguna de esas situaciones recibió hasta ahora una explicación técnica satisfactoria por parte del Jurado Nacional de Elecciones.
A esos interrogantes suma testimonios de votantes que aseguraron haber recibido indicaciones sobre por quién debían votar al llegar a sus mesas electorales. Dice que existen registros en video de esas denuncias y considera que, al menos, deberían haber motivado una investigación independiente. Sin embargo, cree que esa posibilidad quedó definitivamente clausurada tras la proclamación oficial de la presidenta.
"Ya está establecido y sacramentado", resume. "El Jurado Nacional proclamó a la presidenta y ya se dijo que no se va a hacer absolutamente caso a todo tipo de denuncia, reclamo o exigencia."
La salida de Piero Corbetto y las nuevas sospechas sobre la ONPE
Las sospechas del periodista no se limitan a la segunda vuelta. También recuerda un episodio ocurrido durante la primera, cuando la empresa encargada de distribuir el material electoral no entregó a tiempo las actas en dos centros de votación de Lima. El hecho provocó una fuerte repercusión política y mediática y terminó con la salida de Piero Corbetto de la conducción de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), pese a que —según señala Lozada— la legislación no contemplaba esa posibilidad.
Corbetto era ampliamente reconocido por su honestidad, sostiene, y su salida forzada alimentó nuevas dudas sobre el desarrollo del proceso electoral. "La presión fue tal que terminó diciendo: 'yo me voy'". A partir de entonces, añade, quienes asumieron la conducción de la ONPE quedaron al frente del organismo responsable de distribuir las actas y realizar el escrutinio, en una elección que continúa generando interrogantes sobre su transparencia.
A medida que enumera los episodios que rodearon el proceso electoral, Luis Enrique Lozada Gallardo vuelve una y otra vez sobre la misma idea: las sospechas no nacen de un único hecho, sino de una acumulación de decisiones, omisiones y cambios institucionales que, a su entender, fueron debilitando la confianza pública.
Tras la salida de Piero Corbetto de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), observa que quienes asumieron la conducción del organismo eran prácticamente desconocidos para la opinión pública. Ese relevo, sumado a las controversias sobre el tratamiento de las actas provenientes del exterior y a la presencia de funcionarios en cargos estratégicos, alimentó aún más las dudas.
"Entonces, dígame usted si no hay sospechas", plantea. A su juicio, nunca hubo una explicación técnica convincente que respondiera los interrogantes planteados sobre el proceso electoral. "Ya no se va a investigar, ya no se ha dicho nada, no ha habido una información técnica que respalde todo lo sucedido. Entonces la ilegitimidad crece."
Ese clima de desconfianza, sostiene, podría traducirse en una creciente conflictividad social, especialmente en el sur del país, donde anticipa posibles levantamientos, marchas y protestas contra el futuro gobierno de Keiko Fujimori.
Pero el análisis de Lozada va más allá del resultado electoral. Enmarca lo ocurrido dentro de un proceso que, según entiende, lleva años de construcción y que tuvo como objetivo el control progresivo de las principales instituciones del Estado.
La captura institucional
Asegura que el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, la Fiscalía de la Nación, la Defensoría del Pueblo y parte del Poder Judicial "ya fueron tomadas". Entre todos esos casos, dedica una atención especial al Ministerio Público.
Recuerda que el actual fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, asumió el cargo bajo fuertes cuestionamientos por presuntos vínculos con la organización conocida como "Los Cuellos Blancos del Puerto". Según relata, una de sus primeras decisiones fue desmantelar las fiscalías especializadas que investigaban casos de alta complejidad, incluyendo aquellos en los que el propio fiscal aparecía mencionado.
Se vienen por los periodistas de investigación
"Uno se queda asombrado y, a veces, gana la impotencia", admite. Para el periodista, el panorama institucional es desolador. Enumera una por una las instituciones que considera capturadas y recuerda incluso una frase pronunciada por el presidente del Congreso: "Vamos a barrer el Poder Judicial".
En ese escenario, advierte que el siguiente objetivo serían los periodistas de investigación.
Como ejemplo menciona el proyecto de ley impulsado por el congresista Alejandro Muñante, que —según interpreta— apunta directamente contra el reconocido periodista Gustavo Gorriti, blanco desde hace años de campañas de hostigamiento y persecución política.
"Se vienen por los periodistas de investigación", resume.
La "dictadura parlamentaria" como interpretación del presente peruano
Lozada recurre entonces a un concepto desarrollado por el politólogo Martín Tanaka para describir el funcionamiento actual del sistema político peruano: una "dictadura parlamentaria". Bajo esa lógica, sostiene, el Congreso concentra el verdadero poder político mientras la Presidencia queda reducida a un papel meramente formal.
"El presidente de la República es hasta el momento una figura decorativa", afirma. Con la llegada de Keiko Fujimori a la Casa de Pizarro, considera que esa estructura de poder alcanzará su máxima expresión. "Ellos tienen ya un poder ilimitado. La dictadura va a continuar."
Para explicar cómo se construyó ese escenario, retrocede hasta 2016. Recuerda que ese año Keiko Fujimori perdió la elección presidencial frente a Pedro Pablo Kuczynski, pero inmediatamente anunció que convertiría su plan de gobierno en leyes desde el Parlamento.
"Otra manera de decirlo era: vamos a gobernar desde el Congreso", interpreta Lozada.
El legado del fujimorismo y la continuidad del poder
A su juicio, esa promesa terminó cumpliéndose. Durante la última década —dice— el fujimorismo fue tejiendo "muy fino" una red de poder que le permitió avanzar, paso a paso, sobre las principales instituciones del Estado.
"Poquito a poco fueron haciendo lo que ahora ya es una realidad", sostiene. "Tomaron los principales poderes del Estado y ya está hecha toda la tarea."
Por eso considera que Keiko Fujimori no llega al poder para iniciar un nuevo ciclo político, sino para administrar una estructura previamente consolidada. En ese contexto, cree que las reformas legales aprobadas en los últimos años buscan garantizar el control frente a las protestas sociales que puedan surgir.
Algunos analistas —señala— ya hablan de una futura "dictadura cívico-militar" o, en el mejor de los casos, de una "democracia cívico-militar". Él va incluso más lejos.
"En realidad, en el Perú hay una dictadura", afirma. Aclara, sin embargo, que se trata de una dictadura "solapada", difícil de percibir para buena parte de la ciudadanía porque sus mecanismos de construcción del poder operan principalmente a través de reformas legislativas y decisiones institucionales.
Medios, memoria y continuidad política
A esa situación suma un factor que considera decisivo: el comportamiento de los grandes medios de comunicación.
Apelando a la teoría de la agenda setting, sostiene que la ciudadanía muchas veces desconoce la magnitud de las transformaciones institucionales porque la cobertura mediática privilegia aquello que resulta más atractivo antes que lo verdaderamente importante.
"Los medios no necesariamente informan sobre lo más importante, sino sobre lo más interesante", resume.
Cuando la conversación se desplaza hacia la historia peruana, Lozada encuentra allí un espejo del presente. No tiene dudas de que el regreso del fujimorismo representa una continuidad del proyecto iniciado por Alberto Fujimori en la década de 1990.
Recuerda que Keiko Fujimori fue primera dama durante el gobierno de su padre, nunca tomó distancia política de ese legado y, por el contrario, ha manifestado públicamente su intención de continuarlo.
"Ha dicho que va a seguir el legado de su padre", señala.
Su evaluación sobre el expresidente es categórica. Lo define como "el presidente más corrupto de la historia del Perú" y recomienda como lectura indispensable Historia de la corrupción en el Perú, del economista e historiador Alonso Quiroz. Destaca especialmente el capítulo dedicado al régimen fujimorista, donde —afirma— se documenta con detalle el funcionamiento de aquella estructura de poder.
La referencia histórica no termina allí. Para explicar la repetición de ciertos procesos políticos, recuerda también la figura de Manuel Ignacio Prado, presidente peruano durante la Guerra del Pacífico, quien abandonó el país con el argumento de adquirir armamento en Europa y nunca regresó. Años después, su hijo fue elegido presidente en dos oportunidades.
Lozada encuentra un paralelismo con la historia reciente. Alberto Fujimori fue condenado por corrupción, secuestros, desapariciones forzadas y violaciones a los derechos humanos; posteriormente fue indultado, recuperó la libertad y falleció poco tiempo después. Ahora, observa, es su hija quien llega a la Presidencia.
"Como tú has dicho, quien no conoce su historia está condenado a repetirla", concluye. "Ahí está."
Ante la posibilidad de que, como ocurrió en otros países de la región, los sectores que desconocen el resultado electoral impulsen acciones de desobediencia civil, Lozada se muestra escéptico. Menciona los casos recientes de Colombia, donde dirigentes opositores cuestionaron el triunfo de Abelardo de la Espriella y anunciaron recursos internacionales, pero considera que el escenario peruano será diferente.
El fantasma de una nueva represión
No descarta que, tras la asunción presidencial del 28 de julio, se produzcan protestas en distintas regiones, especialmente en el sur del país. Sin embargo, cree que cualquier intento de movilización encontrará una rápida respuesta represiva.
"Posiblemente haya nuevamente más asesinatos", advierte.
Para fundamentar ese temor recuerda la represión ocurrida entre diciembre de 2022 y enero de 2023, cuando unas sesenta personas murieron durante las manifestaciones en el sur peruano. Sostiene que esos hechos permanecen impunes y atribuye esa situación a la protección política que, según su interpretación, recibió la entonces presidenta Dina Boluarte por parte del Congreso.
"El Congreso la salvó de todos los cuestionamientos que pudieran haber tras esos asesinatos", afirma.
Por eso cree que, si vuelven a producirse protestas, el desenlace podría repetirse: "protesta y avasallamiento, represión policial y militar".
Aunque reconoce que existen llamados a la desobediencia civil, considera improbable que una iniciativa de ese tipo logre consolidarse en el Perú. A su entender, el país se encuentra profundamente dividido y una parte importante del norte peruano —menciona particularmente las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad— mantiene su respaldo al fujimorismo.
El miedo, el "terruqueo" y la desmovilización social
Pero, además, identifica otro factor decisivo: el miedo.
"El miedo funciona, siempre ha funcionado", dice. Explica que en el Perú opera desde hace años una práctica conocida como "terruqueo", consistente en asociar o acusar de terrorismo a quienes cuestionan al poder político o participan de protestas sociales. Ese mecanismo, sostiene, termina desalentando la participación ciudadana.
"El miedo paraliza, a veces hace retroceder. Lo conocemos por la historia, desde Hitler y aun antes", reflexiona.
A ese escenario suma el papel que, según su mirada, desempeñan los grandes medios de comunicación. Está convencido de que Roberto Sánchez Palomino será progresivamente desplazado de la agenda pública mediante estrategias de invisibilización y descrédito.
"Lo van a desaparecer de la escena, lo van a ridiculizar, lo van a ningunear", resume.
Para respaldar esa afirmación cita el informe elaborado por la misión de observación electoral de la Unión Europea, que —según señala— advirtió expresamente sobre el sesgo político de buena parte de la cobertura mediática durante la campaña.
"Yo vivo aquí y sé que ese sesgo existía antes, durante y seguirá existiendo ahora", sostiene.
Perú en un fenómeno que excede las fronteras nacionales
Al ampliar la mirada hacia América Latina, Lozada rechaza la idea de que la situación peruana constituya un fenómeno aislado. En su opinión, forma parte de una transformación política de alcance global caracterizada por el fortalecimiento de expresiones de ultraderecha y por el deterioro de los consensos democráticos.
"No es solamente una tendencia latinoamericana; es una tendencia mundial", afirma.
En ese recorrido menciona a distintos países donde, según su interpretación, avanzan proyectos políticos de características similares. Cita a la Argentina, con Javier Milei, Colombia, Bolivia, Estados Unidos e Italia, y considera que todos forman parte de un mismo proceso internacional cuyo origen todavía requiere mayores estudios académicos.
Más allá de las particularidades de cada caso, encuentra un elemento común: el creciente peso de las plataformas digitales y de los algoritmos en la construcción del debate público.
Como periodista y docente universitario, observa con preocupación el poder que han adquirido las grandes empresas tecnológicas para moldear la circulación de la información y orientar las preferencias electorales.
"Estamos hablando de los algoritmos", señala. Recuerda investigaciones realizadas en Estados Unidos sobre el papel que habrían desempeñado las redes sociales en el triunfo de Donald Trump y sostiene que ese fenómeno merece ser estudiado con mucha mayor profundidad.
A su juicio, detrás de la expansión de las nuevas derechas también opera un ecosistema comunicacional global concentrado en pocas manos.
"Vivimos un mundo comunicacional globalizado y tomado por unos gánsters de la comunicación", resume.
Para Lozada, el futuro inmediato del Perú no depende únicamente del resultado de una elección, sino de una disputa más amplia por el control de las instituciones, la información y la democracia. Esa, sostiene, es la verdadera discusión que recién comienza.
Escuchá la entrevista completa:
Foto: Ernesto Benavides - La Tribuna Perú
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