viernes, 2 de enero de 2026

El Sindicato de Prensa Rosario denuncia el robo a El Ciudadano y advierte sobre un ataque a la libertad de expresión

Durante la madrugada del 1º de enero, desconocidos ingresaron al Diario *El Ciudadano* tras romper un vidrio del frente. Se dirigieron al sótano, donde funciona el streaming, y se llevaron las dos consolas de sonido y todos los micrófonos, dejando al canal de YouTube del diario sin capacidad para transmitir y grabar sus contenidos diarios

El Sindicato de Prensa Rosario (SPR) expresó su profunda preocupación por el ataque sufrido por el medio cooperativo El Ciudadano, ocurrido durante la madrugada del jueves 1º de enero, cuando personas aún no identificadas robaron equipos esenciales del estudio de streaming. Desde el gremio advirtieron que el hecho compromete la sostenibilidad del proyecto y constituye un grave atentado contra la libertad de expresión y la pluralidad de voces.

Según informaron, los atacantes ingresaron por el frente del edificio, rompieron el vidrio de una ventana y se dirigieron directamente al estudio ubicado en el subsuelo. Allí sustrajeron dos consolas y la totalidad de los micrófonos, dejando al espacio sin capacidad técnica para realizar transmisiones.

El SPR alertó sobre la particularidad del robo, ya que afectó exclusivamente a un área específica del edificio, lo que impide el normal funcionamiento del streaming. Además, remarcó que la reposición de estos equipos resulta sumamente difícil para un medio cooperativo que se sostiene gracias al esfuerzo cotidiano de sus trabajadoras y trabajadores.

Más allá del daño material, el sindicato señaló que este ataque implica la interrupción de las voces de las y los periodistas que realizan el streaming y limita la posibilidad de que el medio continúe marcando la diferencia en un ecosistema comunicacional atravesado por altos niveles de concentración. En ese sentido, advirtió que se trata de un hecho que afecta directamente la pluralidad de voces y el derecho de la sociedad a acceder a información diversa.

Finalmente, el Sindicato de Prensa Rosario se solidarizó con las y los trabajadores de la Cooperativa La Cigarra, de la cual forma parte el streaming de El Ciudadano, y exigió que se investigue el hecho para dar con los responsables y recuperar los elementos de trabajo indispensables para el sostenimiento de la tarea periodística.

jueves, 1 de enero de 2026

Cuando silenciar a la prensa se vuelve política de Estado

El año 2025 dejó un saldo sangriento para la libertad de expresión: periodistas asesinados, medios asfixiados y un poder que ve en la verdad a su principal enemigo, advierte La Opinión, el diario en español más leído de Estados Unidos, fundado en 1926 en Los Ángeles y la Agencia The Associated Press. Los ataques a la prensa revelan una estrategia global de silenciamiento que amenaza la democracia y deja a los ciudadanos indefensos frente al abuso del poder.

La libertad de prensa necesita más aliados
Quie­nes ama­mos la liber­tad de expre­sión debe­mos hacer­nos el firme pro­pó­sito de com­ba­tir y denun­ciar los ata­ques con­tra los medios de comu­ni­ca­ción, que tuvie­ron en 2025 uno de sus años más per­ni­cio­sos.

Desde las trin­che­ras de los con­flic­tos y las ofi­ci­nas de los gobier­nos así como desde la indus­tria misma, los gol­pes reci­bi­dos por los comu­ni­ca­do­res han sido devas­ta­do­res.

Afirma el Comité para la Pro­tec­ción de los Perio­dis­tas que por lo menos 126 per­so­nas vin­cu­la­das a los medios -85 de ellas debido a los bom­bar­deos en Gaza- fue­ron ase­si­na­das en 2025.

Esto, ade­más en un clima de casi total impu­ni­dad en donde los crí­me­nes come­ti­dos que no se pagan se con­vier­ten en el abono de nue­vas vio­la­cio­nes que tam­poco lle­ga­rán ante la jus­ti­cia.

En EEUU, la lle­gada al poder de una Admi­nis­tra­ción de corte fas­cista y con una enorme ten­den­cia a la cen­sura, ha con­ver­tido a los perio­dis­tas en su ene­migo público número uno, acu­sán­do­los de difun­dir noti­cias fal­sas cuando no siguen la narra­tiva ofi­cial y pre­sio­nán­do­los con la ame­naza de millo­na­rias deman­das por con­te­ni­dos que no se adhie­ren al gusto de Trump.

Dife­ren­tes reglas de juego en la cober­tura de ins­ti­tu­cio­nes clave como el Pen­tá­gono y mar­gi­na­miento de ser­vi­cios que se nie­gan a lla­mar al Golfo de México como Golfo de Amé­rica solo dan la idea de que el juego de la Casa Blanca sigue un libreto de corte dic­ta­to­rial salido de los mis­mos manua­les que se usa­ban en la Ale­ma­nia Nazi.

Parte de la pro­ble­má­tica con­siste en que la gente de la calle poco sabe de esta estra­te­gia demo­le­dora: según el Cen­tro de Inves­ti­ga­ción Pew, solo 36% de los esta­dou­ni­den­ses afirma estar al tanto de esta nociva rela­ción entre el Gobierno y la prensa.

Masi­vos recor­tes a medios públi­cos como la cadena NPR y un pano­rama eco­nó­mico rece­sivo en el que las inver­sio­nes publi­ci­ta­rias sufren la incer­ti­dum­bre creada por el vai­vén del tema tari­fa­rio impul­sado por la misma Admi­nis­tra­ción, com­ple­tan un pano­rama deso­la­dor.

Las reac­cio­nes de la mayo­ría de los medios y la socie­dad a los comen­ta­rios del pre­sen­ta­dor Jimmy Kim­mel tras la muerte del acti­vista de dere­cha Char­lie Kirk son ape­nas un rayo de luz en una noche de tinie­blas. La soli­da­ri­dad de los defen­so­res de la pri­mera enmienda gana bata­llas peque­ñas en medio de esta san­grienta gue­rra.

Un informe de Muck Rack y Rebuild Local News regis­trado por la agen­cia AP da cuenta de que en 2002 había 40 perio­dis­tas por cada 100.000 habi­tan­tes en EEUU, mien­tras que hoy esa cifra es ape­nas poco más de ocho.

Lo cierto es que quie­nes pier­den con una prensa ata­cada somos todos.

Sin unos medios inde­pen­dien­tes que fis­ca­li­cen los abu­sos, quie­nes estén mejor conec­ta­dos con los gobier­nos son quie­nes tie­nen carta blanca para hacer lo que mejor les parezca, desa­for­tu­na­da­mente y como ocu­rre muchas veces, en per­jui­cio del bien común.

Este año que ya comenzó defen­da­mos nues­tros medios, apo­yé­mos­los mani­fes­tán­do­nos y com­prando su con­te­nido. Solo ellos nos pro­te­ge­rán cuando los abu­sos de los pode­ro­sos ven­gan por noso­tros. Y cui­dé­mo­nos de la pro­pa­ganda del Gobierno.

2025, un año difícil para los periodistas, con pocas esperanzas de mejora
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con reporteros antes de embarcar en el Marine One, en la Casa Blanca, el 19 de diciembre de 2025, en Washington

Por: David Bauder, AP
Desde casi todas las perspectivas, 2025 ha sido un año difícil para cualquiera que se preocupe por la libertad de prensa.

Es probable que sea el año más letal jamás registrado para periodistas y trabajadores de medios de comunicación. El número de agresiones a reporteros en Estados Unidos casi iguala el de los últimos tres años juntos. El presidente de Estados Unidos reprende a muchos de los que le hacen preguntas y llamó "cerdita" a una mujer. Y las filas de quienes realizan este trabajo continúan reduciéndose.

Es difícil pensar en una época más oscura para los periodistas. Así lo afirman muchos, como Tim Richardson, exreportero del Washington Post y director del programa de periodismo y desinformación de PEN America. "Se puede afirmar con seguridad que el ataque a la prensa durante el último año ha sido probablemente el más agresivo que hemos visto en tiempos modernos."

Seguimiento de asesinatos y agresiones a periodistas
A nivel mundial, las 126 personas de la industria de los medios de comunicación asesinadas en 2025 hasta principios de diciembre igualaron el número de muertes en todo 2024, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), y el año pasado se batió un récord. Los bombardeos israelíes en Gaza causaron 85 de esos decesos, 82 de ellos de palestinos.

"Es extremadamente preocupante", dijo Jodie Ginsberg, directora general del CPJ. "Desafortunadamente, no se trata solo del número de periodistas y trabajadores de medios asesinados, sino también de la falta de justicia o de que se rindan cuentas por esos asesinatos".

"Lo que sabemos tras décadas de trabajo es que la impunidad genera impunidad", agregó. "Así que el fracaso a la hora de abordar los asesinatos de periodistas crea un entorno en el que esos asesinatos continúan."

El Comité para la Protección de los Periodistas estima que hay al menos 323 reporteros encarcelados en todo el mundo.

Ninguno de los fallecidos este año era de Estados Unidos. Pero trabajar en suelo estadounidense también ha sido peligroso. Se han reportado 170 agresiones a periodistas en el país este año, 160 de ellas a manos de las fuerzas de seguridad, según el U.S. Press Freedom Tracker. Muchas de estas denuncias proceden de la cobertura de las medidas de control migratorio.

Es imposible ignorar la influencia de Trump, que con frecuencia se enoja con la prensa al tiempo que interactúa con los reporteros más que ningún otro presidente que se recuerde, respondiendo con asiduidad a sus llamadas telefónicas.

"Trump siempre ha atacado a la prensa", dijo Richardson. "Pero durante el segundo mandato, lo ha convertido en acciones gubernamentales para restringir, castigar e intimidar a los periodistas."

Periodistas aprenden pronto que tienen una lucha entre manos
The Associated Press lo aprendió rápidamente, cuando Trump limitó el acceso de la agencia para informar sobre él después de negarse a seguir su iniciativa para renombrar el Golfo de México. Esto dio comienzo a una batalla legal que sigue sin resolverse. Trump también ha cerrado acuerdos con las televisoras ABC y CBS News en demandas sobre noticias que no le gustaban, y tiene demandas abiertas contra The New York Times y Wall Street Journal.

Molesto desde hace tiempo por lo que considera un sesgo contra los conservadores en los noticieros de PBS y NPR, Trump y sus aliados en el Congreso recortaron la financiación a la radiodifusión pública en su conjunto. El presidente también ha tomado medidas para cerrar organizaciones gubernamentales que transmiten noticias a todas partes del mundo.

"Estados Unidos es un gran inversor en el desarrollo de medios de comunicación, en medios independientes en países que tienen poco o ningún medio independiente, o como fuente de información para personas en países donde no hay medios libres", indicó Ginsberg. "La eliminación de Radio Free Europe, Radio Free Asia y la Voz de América es otro golpe a la libertad de prensa a nivel mundial."

Otros en la Casa Blanca siguen el ejemplo de Trump, como cuando su oficina de prensa eligió el día después de Acción de Gracias para lanzar una web para quejarse de los medios o reporteros que creen que son injustos.

"Es parte de esta estrategia general que estamos viendo en ciertos gobiernos, en particular en Estados Unidos, para tachar a todos los periodistas que no se limitan (a repetir) la narrativa del gobierno de noticias falsas, como dudosos, como sospechosos, como criminales", manifestó Ginsberg.

El secretario de defensa de Trump, Pete Hegseth, ha retratado a los periodistas como figuras oscuras que merodean por los pasillos del Pentágono para descubrir secretos clasificados como justificación para imponer reglas restrictivas a la cobertura informativa.

Eso ha dado lugar al ejemplo más notable de la respuesta de los reporteros: la mayoría de los medios convencionales renunciaron a sus credenciales para trabajar en el Pentágono en lugar de aceptar las normas, y siguen publicando informaciones a pesar de no trabajar desde allí. The New York Times ha presentado un recurso para tratar de revocar las reglas. El periódico también se defiende públicamente cuando es atacado por el presidente, como cuando se quejó de la cobertura acerca de su estado de salud.

A pesar del esfuerzo más organizado contra la prensa, la población apenas lo ha percibido. El Centro de Investigación Pew dijo que el 36% de los estadounidenses reconoció a principios de año haber oído hablar sobre la relación entre el gobierno de Trump y la prensa, frente al 72% que afirmó lo mismo a la misma altura de su primer mandato.

Las encuestas muestran sistemáticamente que los periodistas nunca han sido populares, y es posible que susciten poca simpatía cuando su trabajo se complica.

"Realmente el daño recae sobre la población, ya que depende de los reportes independientes para entender y escrutar las decisiones que están siendo tomadas por la oficina más poderosa del mundo", explicó Richardson.

Algunos motivos para el optimismo
En su conjunto, el sector de la información lleva más de dos décadas en fase de reestructuración debido, en gran medida, a un colapso en el mercado publicitario, y cada año se multiplican las noticias sobre despedidos como consecuencia de ello. Una de las estadísticas más desalentadoras del año apareció en un reporte de las organizaciones Muck Rack y Rebuild Local News: en 2002, había 40 periodistas por cada 100.000 personas en Estados Unidos y, este año, la cifra se ha reducido a poco más de ocho.

Preguntados por si hay razones para ser optimista, tanto Ginsberg como Richardson señalaron la aparición de algunas organizaciones de noticias locales independientes, brotes de esperanza en un paisaje árido, medios como el Baltimore Banner, Charlottesville Tomorrow en Virginia y Outlier Media en Michigan.

Por mucho que sean ridiculizados en el Estados Unidos de Trump, el influyente director general de Axios, Jim VandeHei, señaló recientemente en una columna que los reporteros de los medios convencionales siguen trabajando duro y son capaces de establecer la agenda del país con sus reportes.

Como dijo a la AP: "Con el tiempo, con suerte la gente recuperará el sentido común y dirá: 'Oye, los medios, como cualquier otra cosa, son imperfectos, pero, hombre, es bueno tener una prensa libre'".

Fotos: Alfred Yaghobzadeh, Abaca Picture Alliance - AP Foto, Julia Demaree Nikhinson, archivo
Fuentes: Diario La Opinión, The Associated Press

Informar exige más que hablar: prensa, responsabilidad y justicia en el caso Loan

Frente a una investigación penal en curso por la sustracción de un menor, el autor, abogado de la querella familiar en el caso Loan, plantea la necesidad de reforzar los estándares de prudencia, responsabilidad y rigor profesional en la producción y difusión de información que impacta en la sociedad y en la administración de justicia
Por: Alejandro Vecchi

Este pronunciamiento no tiene por objeto la individualización de responsabilidades personales ni la atribución de nombres propios. Su finalidad es otra y de mayor alcance institucional: contribuir a la correcta orientación del debate público y jurídico en el marco de una de las causas penales más graves y sensibles vinculadas a la sustracción de un menor.

En ese contexto, resulta relevante advertir sobre la incidencia que la circulación de información no debidamente verificada puede tener en procesos penales complejos, especialmente cuando se encuentran en juego bienes jurídicos de máxima jerarquía y cuando la investigación se encuentra aún en curso. Ello impone un deber reforzado de prudencia, profesionalismo y responsabilidad en la producción, tratamiento y difusión de noticias, cuyo impacto trasciende el ámbito informativo para proyectarse sobre la sociedad en su conjunto y sobre la propia administración de justicia.

La educación del cuerpo social —en sentido amplio— constituye un presupuesto indispensable para la vigencia del Estado de Derecho. En la actualidad, dicho presupuesto comprende no solo la formación cívica tradicional, sino también la alfabetización informativa , entendida como la capacidad colectiva de distinguir hechos comprobados de hipótesis, datos acreditados de especulaciones y verdad procesal de construcciones mediáticas carentes de sustento probatorio.

En el caso concreto, el objetivo que debe orientar de manera inequívoca la actuación de todos los operadores institucionales es uno solo y no admite ambigüedades: el esclarecimiento de los hechos y la determinación del paradero del menor , con la expectativa legítima de que sea hallado con vida y en condiciones de integridad. Ese norte debe ordenar la actuación de la familia, de la sociedad, de los órganos de investigación, de los peritos, del Ministerio Público, de los jueces de las distintas instancias y, en su momento, de los tribunales de juicio y revisión.

Cualquier reducción relevante de dicho objetivo — especialmente cuando proviene de la difusión de afirmaciones no corroboradas o de hipótesis extremas presentadas como certezas — debe ser objeto de un escrutinio riguroso , atento al riesgo cierto de afectar la confianza pública en el proceso, condicionar indebidamente su desarrollo o generar daños irreparables en el plano humano e institucional.

No puede soslayarse, asimismo, que en causas de esta naturaleza suelen desplegarse estrategias de perturbación del proceso , consistentes en la generación deliberada de confusión, la deslegitimación anticipada de las actuaciones judiciales o la instalación de narrativas orientadas a erosionar la eficacia de la persecución penal. Frente a ello, la respuesta institucional no puede ser la pasividad, sino el fortalecimiento de los estándares jurídicos, comunicacionales y cívicos , preservando la legalidad del procedimiento y la serenidad del debate público.

Desatender estas circunstancias no es una posición neutral: implica exponer al proceso ya la sociedad a riesgos previsibles . Reconocerlas y actuar en consecuencia, en cambio, constituye una manifestación concreta de responsabilidad institucional y de compromiso con la tutela efectiva de los derechos fundamentales involucrados.

Este 31 de diciembre pasado, fecha en que muchas familias en Argentina se aprestaban a entrar con esperanza y alegría en un nuevo año -con familiares, seres queridos, amigos, como fuera -, en un pueblo correntino, unos padres y hermanos esperaban junto a la silla vacía donde estaba la foto de Loan, con la esperanza de que regrese vivo, sano y salvo. Nadie sabe, desde el 13 de junio de 2024, dónde está, cómo se encuentra ni qué hicieron con él sus secuestradores.

Ese mismo día, y en esos mismos momentos, padres y hermanos, y algunos lectores advirtieron que un medio de comunicación difundía una información nefasta, apostando por la peor de las hipótesis, sin aportar pruebas nuevas ni verificadas.

La pregunta que corresponde hacerse no es personal ni ideológica, sino estrictamente profesional: ¿qué interés público se satisface con esa publicación?, ¿qué utilidad concreta aportó a la búsqueda de la verdad?, ¿qué efecto produjo en una causa abierta y en una familia que aún espera respuestas ya su hijo vivo, sano y salvo?

Cuando una información no esclarece, no prueba y no contribuye, pero sí confunde y aquí, cabe preguntarse si su difusión fue eficaz, necesaria o socialmente responsable. En primer lugar, es justo decirlo con claridad: la prensa argentina, en su enorme mayoría, ha tratado el caso Loan con respeto, prudencia y humanidad . Gracias a ese trabajo, quienes ejercemos la abogacía junto a víctimas de crímenes impunes encontramos en los comunicadores públicos un vehículo indispensable para que la opinión pública conozca, comprenda y acompañe . Es a través de la prensa que la sociedad sabe quiénes somos, qué defendemos, qué hacemos a diario en nuestras vidas profesionales y cómo administramos la confianza que se nos deposita cuando están en juego la libertad personal, el patrimonio o los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Nuestra prensa y nuestros periodistas han respetado al niño, su vida, su dignidad y el dolor de su familia. Ese dato es innegable. Y ese estándar mayoritario merece ser reconocido y agradecido, porque constituye una barrera efectiva frente a los intentos de manipulación de una causa penal por parte de imputados y defensas poderosas , sostenidas muchas veces por recursos económicos significativos y por vínculos con estructuras de poder político, mediático o judicial que operan mediante la confusión deliberada, la especulación interesada y, finalmente, la búsqueda del silencio y de la anomia social.
Esa anomia – el desinterés colectivo – no es un fenómeno neutro: resulta vital y, en ciertos casos, fatal para una República que se precie de tal. Por ello, los letras independientes tenemos razones fundadas para estar agradecidos a la prensa: es ella la que amplifica la voz de los ciudadanos víctimas de delitos , muchas veces indefensos o desatendidos por la institucionalidad, y la que impide que el poder del hecho consumado se imponga por desgaste.

En ese marco se inscribe el trabajo de Editorial Perfil , una casa periodística atravesada por un antecedente extremo: el asesinato de su reportero gráfico José Luis Cabezas a manos de una organización criminal mafiosa, que —mientras el hecho era investigado judicialmente— continuó amenazando, querellando y denunciando a sus profesionales como forma de escarmiento por su trabajo en el periodismo de investigación.

Desde ese lugar, y con esa memoria institucional, Perfil se ha hecho y se hace eco de los movimientos judiciales probados, concretos y legítimos del caso Loan. Lo hace con un criterio innegociable, sostenido a lo largo de los años y fundado en una práctica coherente: evitar amplificar operaciones turbias, aceptadas o incomprensibles, y poner a la sociedad en contacto directo con la voz de los tribunales competentes, de sus autoridades y con la palabra de los padres y hermanos de Loan. Le guste a quien le guste.
Incluso — y esto no es un dato menor — habilitando en su propio espacio la publicación de opiniones y comentarios que expresan un desacuerdo frontal con su línea editorial. Libertad de expresión en su estado más puro , ejercida con responsabilidad, pluralismo y sin abdicar del rigor.

Para Voltaire , la libertad de expresión debía ser defendida como un resguardo frente al poder y el fanatismo , nunca como una coartada para abdicar de la responsabilidad moral de la palabra . La palabra también es un instrumento de poder; y todo poder exigir un uso cuidadoso, proporcional y responsable. Desde ese estándar, resulta pertinente formular una reflexión serena cuando, en el marco de una investigación en pleno desarrollo — con intervención policial, del Ministerio Público Fiscal y de la Justicia Federal — se difunde información periodística no verificada , que no aporta datos nuevos ni confirmados y que, sin embargo, instala públicamente hipótesis extremas en una causa abierta y aún desprovista de certezas fácticas.

Ello conduce a una pregunta inevitable: ¿qué lugar se asigna a quienes, frente a la ausencia de prueba concluyente, se resisten a clausurar anticipadamente la investigación y continúan esperando que el niño regrese con vida? ¿Se los presenta como negadores de la realidad, como voluntaristas sin comprensión de los hechos, o simplemente como ciudadanos que exigen que la verdad sea establecida por los canales institucionales y no por anticipaciones mediáticas?

Porque si la única alternativa ofrecida es asumir como verdad definitiva una hipótesis no corroborada, difundida además en un contexto temporal especialmente sensible, entonces el problema ya no es jurídico ni periodístico. Es otro. Y ese otro — el de justificar por qué se necesita extinguir la esperanza ajena antes de tiempo — difícilmente pueda resolverse desde el interés público, la ética profesional o el debate democrático.

Defender la libertad de expresión no implica abdicar de la responsabilidad social del periodismo. No son conceptos opuestos: son inseparables. La libertad de prensa existe para informar, para controlar al poder y para contribuir a la verdad; no para anticipar conclusiones que la Justicia — que actúa sin pausa desde aquel día — aún no ha alcanzado. Conviene recordarlo, porque a veces parece olvidarse lo elemental.

Ética periodística básica
Todo periodista serio sabe que:
  • no se presentan hipótesis como hechos,
  • no se revictimiza a familiares de personas desaparecidas,
  • no se especula cuando no hay prueba,
  • no se cambia la humanidad por clics,
  • no se instalan certezas donde solo hay investigación en curso.
Cuando se escribe que un niño “estaría enterrado” sin prueba concluyente, no se informa: se modela una representación mental en la sociedad. Y eso tiene efectos concretos, medibles y graves: desaliento, confusión, resignación, desgaste social y —en el extremo— la naturalización de una muerte que nadie ha probado.

Eso no es neutral. Eso no es inocente.

El daño invisible (pero real)
Estas publicaciones:
  • confunden a la sociedad,
  • hieren a la familia,
  • desorientan a personas de buena fe,
  • erosionan la confianza en la búsqueda,
  • Instalan como verdad lo que no pasó por ningún probatorio estándar.
Y lo hacen cuando más se necesita exactamente lo contrario : claridad, prudencia y responsabilidad.

Cuando la verdad todavía no apareció y cada dato serio vale como el agua en el desierto.
No se trata de censurar.
No se trata de llamar.
No se trata de atacar al periodismo.

Se trata de diferenciar hechos de conjeturas , investigación judicial de especulación mediática, información responsable de impacto vacío. Porque la libertad de expresión no se debilita cuando se ejerce con cuidado: se fortalece . Y el periodismo gana autoridad cuando decide no correr detrás del golpe fácil, sino sostener la búsqueda de la verdad con rigor, contexto y humanidad.

En el caso de Loan, eso es lo que la sociedad necesita. Sí, sobre todo, lo que Loan y su familia merecen.
Fuente: Diario Perfil

miércoles, 31 de diciembre de 2025

La oposición de Milei al acuerdo de Telecom y Telefónica dilata una operación clave para Clarín

Telecom y Telefónica han sido los actores dominantes del mercado argentino de las telecomunicaciones desde la privatización de la empresa estatal de telefonía en 1990, durante el Gobierno de Carlos Menem (1989-1999), cuando el país fue dividido en dos regiones para la prestación de los servicios por parte de estas compañías.

A diez meses de concretada la millonaria operación, la compra de la filial argentina del grupo español Telefónica por parte de Telecom Argentina continúa a la espera de una definición por parte del organismo regulador de las telecomunicaciones del país, que analiza si la fusión de ambas compañías configura o no una situación de monopolio.

El próximo 4 de enero vence el plazo para que el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) adopte una decisión final sobre la autorización de la compra de Telefónica Móviles Argentina (Movistar) por parte de Telecom Argentina, tras expirar la prórroga dispuesta por el decreto 448/2025.

Según fuentes del sector, la visión del presidente Javier Milei sobre la operación es altamente negativa, tanto desde el punto de vista económico como político. No obstante, para el grupo español la operación es irreversible: Telefónica ya recibió el pago de US$ 1.245 millones, monto que figura desde febrero del año pasado en los balances de la compañía.

La transacción se concretó el 24 de febrero, cuando Telecom Argentina adquirió Telefónica Móviles Argentina (TMA) por 1.245 millones de dólares, de los cuales 1.119 millones fueron abonados en efectivo, luego de descontarse una deuda de 126 millones de dólares que el grupo español mantenía con su filial local.

Tras el anuncio de la operación, el Gobierno dio intervención tanto al ENaCom como a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) —actualmente Autoridad Nacional de la Competencia— para evaluar si la adquisición implicaba una concentración indebida del mercado.

Fuentes oficiales consultadas por EFE indicaron que, en caso de determinarse la existencia de una posición dominante, Telecom podría verse obligada a ceder o vender activos en uno o más segmentos del negocio.

Como antecedente estructural del mercado, Telecom y Telefónica han concentrado históricamente la mayor parte de los servicios de telecomunicaciones desde la privatización de 1990, lo que constituye uno de los ejes centrales del análisis regulatorio actual.

La compra fue objetada ante el regulador por Claro, filial de América Móvil —propiedad del empresario mexicano Carlos Slim—, y por Telecentro, empresa que presta servicios de internet y televisión paga, ambas competidoras directas de Telecom.

El 21 de marzo, la Secretaría de Industria y Comercio ordenó a Telecom abstenerse de avanzar en la fusión con TMA hasta tanto concluyeran las investigaciones del ENaCom y de Defensa de la Competencia.

Telecom apeló esa decisión y, el 5 de junio, la Justicia suspendió la medida dispuesta por el Gobierno.
 
Objeción oficial
El 19 de junio, la CNDC emitió un informe en el que objetó la operación al advertir “riesgos significativos” para la competencia, al considerar que la fusión elimina a uno de los tres principales operadores de telefonía móvil del país. De concretarse plenamente la operación, el mercado quedaría conformado por Telecom, con una participación del 58 %, y Claro, con el 42 %.

El organismo también alertó sobre la acumulación de espectro radioeléctrico en manos de Telecom, su participación superior al 40 % en telefonía fija en numerosas ciudades, y su posición dominante en los mercados de servicios integrados (telefonía, internet y televisión) y de servicios corporativos.

El 5 de agosto, Telecom presentó su descargo ante la CNDC, rechazó los argumentos del informe y manifestó su disposición a asumir “posibles compromisos que atiendan las preocupaciones” señaladas por la autoridad de competencia.

En el sector se aguardaba un dictamen final inminente; sin embargo, fuentes oficiales indicaron a EFE que “por el momento no hay novedades” respecto de la definición del caso.

En noviembre, en su último estado financiero presentado ante los mercados, Telecom sostuvo que, si bien no puede asegurarse el resultado de la revisión regulatoria, la empresa y sus asesores legales cuentan con “sólidos argumentos para sustentar su posición”.

Telecom Argentina cotiza en las bolsas de Buenos Aires y Nueva York y tiene como principales accionistas a Cablevisión Holding —controlada por el Grupo Clarín— y al fondo Fintech Telecom, del empresario mexicano David Martínez.

Al 30 de septiembre, Telecom contaba con 2,7 millones de líneas de telefonía fija, 20,3 millones de clientes móviles en Argentina y 2,7 millones en Paraguay, 4,1 millones de accesos fijos a internet y 3,4 millones de abonados a servicios de televisión en Argentina, Uruguay y Paraguay.

Por su parte, Telefónica Móviles Argentina registraba 2,1 millones de líneas de telefonía fija, 19,1 millones de clientes móviles, 1,6 millones de accesos fijos a internet y casi 400.000 abonados a servicios de televisión.

Choque político y disputa por el poder en el tramo final de la definición
En el trasfondo del expediente regulatorio, la operación se ha transformado también en un conflicto político de alto voltaje. En el Gobierno de Javier Milei sostienen que la compra se realizó sin la debida intervención del Estado en un sector concesionado y consideran que, más allá de la estructura societaria, el control efectivo de Telecom responde al Grupo Clarín, con el que el Ejecutivo mantiene una relación de fuerte confrontación. En ese marco, fuentes oficiales admiten que la posibilidad de autorizar la fusión, en los términos actuales, es prácticamente nula.
 
Desde el entorno de Telecom, en tanto, argumentan que el análisis de competencia debe contemplar un mercado más amplio, que incluya el ingreso de nuevos actores como la conectividad satelital —con Starlink como principal referencia— y otros servicios digitales, una interpretación que no es compartida por el oficialismo. Así, la definición del ENaCom no solo determinará el futuro de la mayor operación reciente del sector, sino que podría marcar un punto de inflexión en la relación entre el Gobierno y uno de los principales grupos empresarios y mediáticos del país.  

Actualización: El Gobierno prorrogó por tercera vez la intervención del ENaCom
La medida fue oficializada mediante el decreto 938/2025 y extiende el proceso de reorganización del organismo hasta enero de 2027
El Gobierno nacional resolvió prorrogar por tercera vez la intervención del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), en el marco del proceso de reordenamiento institucional iniciado en 2024. La decisión fue formalizada a través del decreto 938/2025 y establece que la intervención se extenderá desde el 5 de enero de 2026 hasta el 4 de enero de 2027.

La intervención del ENaCom comenzó en enero de 2024, cuando el Poder Ejecutivo designó a Juan Martín Ozores como interventor del organismo. Desde entonces, la medida ya había sido prorrogada en dos oportunidades, mediante los decretos 675/2024 y 448/2025. Con la nueva normativa, el Gobierno volvió a ratificar a Ozores en el cargo, manteniendo su rango y jerarquía de secretario.

El ENaCom, de carácter autárquico y descentralizado, funciona bajo la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Los motivos de la nueva prórroga
Según se desprende de los considerandos del decreto, el Ejecutivo justificó la extensión de la intervención en la necesidad de consolidar los avances alcanzados hasta el momento. Entre ellos, se destacan las tareas de relevamiento, análisis y revisión de los procedimientos operativos y sustantivos, que aún se encuentran en desarrollo.

Asimismo, el Gobierno subrayó la importancia de profundizar el reordenamiento administrativo y financiero del Fondo previsto en el artículo 97, inciso f) de la Ley N° 26.522, con el objetivo de transparentar la asignación de recursos y fortalecer los mecanismos de control.

Regularización del sistema y modernización normativa
Otro de los ejes centrales del proceso es la consolidación del trabajo realizado por las comisiones técnicas y grupos especializados, en particular en materia de servicios de comunicación audiovisual. Esto permitirá avanzar en la evaluación de expedientes pendientes, finalizar trámites de adjudicación de licencias y garantizar la continuidad del proceso de regularización de estaciones de radiodifusión y la incorporación de nuevos prestadores.

En paralelo, se avanzó en la revisión integral del Reglamento General del Servicio Universal, con el objetivo de optimizar el uso de los recursos aportados por los licenciatarios de Servicios TIC. Desde el Ejecutivo señalaron que resulta clave implementar plenamente este nuevo esquema para cumplir con los fines para los cuales fue creado.

Finalmente, desde la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología reiteraron que la intervención del ENaCom es una etapa transitoria, pero necesaria, y aseguraron que, una vez concluido el proceso, el organismo continuará cumpliendo su misión de promover comunicaciones de calidad, fomentando la competencia y el equilibrio entre los distintos actores del sector.
Fuentes: Agencia EFE, Señales y Noticias Argentinas

martes, 30 de diciembre de 2025

Empresas millonarias con trabajadores pobres: protesta y marcha contra el Multimedios La Capital

Rosario vivió ayer una ruidosa jornada de protesta y movilización de trabajadores de prensa frente al edificio del Multimedios La Capital, ubicado en Sarmiento al 700, en reclamo de mejoras salariales, pago de deuda de obra social y fin de la precarización laboral. La acción fue encabezada por el Sindicato de Prensa Rosario (SPR) y contó con la participación de periodistas y empleados de distintos medios de la ciudad.

Bajo la consigna "Empresas millonarias con trabajadores pobres", el sindicato puso el foco en la aparente desproporción entre las inversiones millonarias del grupo y la situación de los trabajadores. Mientras el multimedios expande su imperio mediático hacia Bariloche, Tucumán, Salta, Bahía Blanca, Córdoba, Santa Fe y Capital Federal, y destina más de 140 millones de pesos en reformas edilicias y nuevos estudios de streaming con La Capital+, los empleados reclaman un bono que apenas representa 20 millones de pesos.

Durante la protesta, el secretario general del SPR, Edgardo Carmona, denunció que los dueños del grupo —a través de su holding GSS Group, encabezado por Gustavo Santiago Scaglione— priorizan la acumulación patrimonial por sobre los derechos de los trabajadores. "Estos muchachos utilizan los medios para crecer patrimonialmente, pero tienen a sus trabajadores precarizados y con servicios de obra social resentidos por falta de pagos", afirmó Carmona, quien destacó además la reciente compra de Telefe por 100 millones de dólares como ejemplo de la contradicción financiera de la empresa frente a los reclamos de los empleados.
Reclamos y denuncias de los trabajadores
Carmona subrayó la situación de precariedad que viven los empleados y la negativa de la empresa a atender sus pedidos. Señaló además que el conflicto se arrastra desde hace tiempo. Aseguró que mantuvieron reuniones permanentes con la empresa, aunque —según denunció— siempre recibieron la misma respuesta: una actitud sobradora y propuestas que consideró inaceptables. En ese marco, remarcó que el 30 de diciembre, "una fecha nada casual", los trabajadores decidieron iniciar un plan de lucha.

Sostuvo que no abandonarán la pelea hasta que se les reintegre "el último peso" que, afirmó, les fue quitado de manera sistemática. Denunció que más de 300 trabajadores sufren descuentos mensuales que nunca son devueltos, mientras la empresa —según indicó— destina más de 100 millones de dólares a inversiones como la compra de Telefe.

Carmona rechazó el discurso empresarial que promete crecimiento en beneficio de los empleados y lo calificó de falso. "Este es el futuro que nos proponen, y le decimos que no", afirmó, al tiempo que llamó a cada trabajador a defender su puesto laboral y el futuro de sus familias. Cerró su intervención agradeciendo el acompañamiento y reiterando la denuncia de robo salarial.

El dirigente sindical detalló además las cuantiosas inversiones del grupo: más de 80 millones de pesos en la instalación de La Capital+ y el streaming de LT8, y más de 60 millones en la mudanza administrativa al Palacio Minetti, antiguo edificio de Canal 3. "Tienen empresas millonarias con trabajadores pobres y precarizados", remarcó Carmona, haciendo referencia también a la participación del multimedios en la adquisición de Vicentin, ahora rebautizada como Nueva Vicentin Argentina.
Entre los principales reclamos de los trabajadores se destacan:
  • Pago de un bono de fin de año y recomposición salarial.
  • Cancelación de la deuda con la obra social y el sindicato, que supera los 600 millones de pesos.
  • Cese de la precarización laboral, que afecta tanto a periodistas como a empleados administrativos.
  • Respeto a la libertad de expresión, frente a denuncias de censura y condicionamiento editorial.
Una protesta con color y música
La protesta incluyó la instalación de una caja gigante de colores navideños con la leyenda "Feliz año, con la caja no alcanza", acompañada por una volanteada para visibilizar los reclamos. La murga que acompañó la acción aportó ritmo y color a la jornada, mientras Carmona y otros dirigentes explicaban al público los motivos de la movilización y la situación crítica de los trabajadores.

Carmona afirmó con firmeza: "No pedimos limosnas, queremos que nos devuelvan nuestra plata. La empresa cree que los trabajadores tienen temor y que vamos a soportar condiciones indignas, pero estamos dispuestos a defender nuestro salario, nuestros derechos y nuestra obra social".
Marcha por la peatonal Córdoba
Tras la concentración frente a La Capital, los trabajadores marcharon por la peatonal Córdoba hasta la Bolsa de Comercio, en Paraguay al 700, donde reafirmaron los reclamos y denunciaron la continuidad de reuniones infructuosas con la empresa durante más de un año. La recorrida finalizó en San Martín y Santa Fe, con un simbólico brindis con agua, un gesto que unió a los trabajadores en la defensa de sus derechos laborales.

Durante la movilización también se desplegó una bandera en rechazo a la reforma laboral y a la derogación de los estatutos del periodista y del empleado administrativo, proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei, cuya discusión en el Senado se prevé para febrero de 2026. Los trabajadores alertaron que la aprobación de la reforma representaría un retroceso significativo en materia de derechos laborales y sociales.

La jornada dejó en evidencia la tensión existente entre los trabajadores de prensa y el Multimedios La Capital, y expuso la profunda desigualdad entre las millonarias inversiones empresariales y las necesidades básicas del personal. Con firmeza y organización, los trabajadores dejaron claro que no aceptarán condiciones de precariedad y que el plan de lucha continuará hasta ver restituidos sus derechos.
El silencio mediático y la concentración de medios

La protesta y la marcha de las y los trabajadores de prensa no tuvieron cobertura en la gran mayoría de los medios locales. Solo los portales Conclusión y Redacción Rosario marcaron presencia, mientras que el resto del ecosistema mediático local permaneció en silencio. Habrá que esperar si el sábado, medios como Suma Política informan sobre el conflicto.

El silencio no es casual: refleja la concentración de propiedad de los medios en Rosario. El Tres TV, Telefe Rosario, Radio 2, LT8, FM Vida, Frecuencia Plus, Estación del Siglo, La Red Rosario, La Capital y Rosario3 pertenecen al mismo conglomerado, lo que hace previsible que no informen sobre conflictos que involucran a sus propios dueños. La centenaria LT3 tampoco lo menciona; su propietaria, Alpha Media, aún no pagó en su totalidad los sueldos a sus trabajadores y trabajadoras.

Otros medios locales, además de permanecer en silencio, también precarizan a sus trabajadores: RosarioI12, del grupo de Víctor Santa María, arrastra conflictos laborales internos que limitan la visibilización de estas luchas gremiales; los hermanos Vignati (Roberto, María Isabel, Julián, Gabriel y María Eugenia), de RosarioPlus y Radio Sí, tampoco dieron cobertura; y el portal RosarioNuestro.com (Marcelo Diego González), el canal de streaming Vorly TV y la página web Versión Rosario (Orlando Vignatti) tampoco mostraron interés en cubrir la protesta.

En el ámbito del cable, la señal Somos Noticias Rosario pertenece a Personal, del Grupo Clarín y con Scaglione comparten las juntas directivas de Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas y Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas . Express levantó su señal local tras la eliminación de regulaciones que obligaban a las operadoras a incluir canales de noticias locales en sus grillas, durante la gestión de Javier Milei. Radio Nacional Rosario depende en gran medida de decisiones editoriales de Buenos Aires, aunque los compañeros y compañeras de la emisora intentarán cuando pueden reflejar estas protestas.

Mientras los trabajadores protestan y sufren precariedad, el poder político y mediático brilla en portada

Déborah de Urieta despedida de Diputados TV: repudios y tensiones en la señal pública

Déborah de Urieta con Mauricio Cantando en DiputadosTV

La periodista Déborah de Urieta, con larga trayectoria en la cobertura parlamentaria, fue informada este lunes que no le renovarán el contrato en Diputados TV luego de seis años de trabajo. La decisión, recibida mediante un mensaje de WhatsApp que se borra automáticamente, se produjo al término de su último programa, impidiéndole despedirse de sus compañeros al aire.

En sus redes, Déborah relató el episodio: "¡Después de 6 años no me renuevan en diputados TV! ¿Será porque soy 'militante' (no sé de qué) o 'tiro fruta', como dijeron las autoridades de la Cámara?

Me hubiera gustado que me avisen antes de que termine mi último programa, así me despedía de mis compañeros. Pero esperaron a que terminara y me mandaron un audio, esos que se borran, para decirme que no me renovaban.

En fin, el fin de una etapa. La pasé súper con mis compañeros. Seguiré haciendo periodismo en otros medios donde trabajo pero, sobre todo, en Tw, que es lo que más le 'molesta' a LLA". (¿Estará brindando el diputado de LLA que pidió mi renuncia después de una entrevista?)

Déborah profundizó sobre las circunstancias de su despido y el contexto de la señal:Déborah de Urieta aclaró que su desvinculación de Diputados TV no debe interpretarse como una crítica hacia sus compañeros de trabajo. "Quiero dejar en claro que los colegas que continúan en el canal son excelentes profesionales y personas. No es que les hayan renovado por obsecuentes ni nada parecido: son, por lejos, quienes más saben del Congreso", señaló. También afirmó comprender las reglas laborales del medio: "Puede no gustarles mi trabajo y pueden no renovarme el contrato. Eso lo entiendo. Lo que no entiendo son los modos".

En ese sentido, explicó que durante semanas consultó en reiteradas oportunidades si su contrato sería renovado, sin obtener respuestas. "Esperaron a que terminara mi participación en el programa y recién entonces, mediante un audio de WhatsApp de los que se borran, me dijeron que no me renovaban. Yo había preguntado una vez más antes de salir al aire porque quería saber si debía despedirme o no", relató. Pese a la situación, envió un mensaje de agradecimiento: "Un abrazo a mis colegas y al equipo de DTV. Aprendí mucho de todos".

La periodista también rechazó de plano las acusaciones que, según contó, circularon para justificar su exclusión. "No soy militante. Para ellos, criticar, cuestionar o alertar sobre presuntos casos de corrupción te convierte en militante, pero nunca me dicen de qué partido. No milito, nunca milité ni militaré en ningún partido. El insulto que usaron fue 'militante y tira fruta'", afirmó.

En una entrevista posterior, De Urieta relató un episodio ocurrido en el Congreso con el propio presidente de la Cámara de Diputados. "Me lo crucé en el Senado, lo saludé, y me dijo: ‘vos estás muy militante’. Le pregunté '¿militante de qué?', y me respondió 'como Fabián Waldman'", contó, en referencia al periodista que no fue renovado por Diputados TV el año anterior. "Yo le dije que no milito, que informo con datos. Él respondió ‘vos tirás fruta’. Para un periodista, eso es un insulto: significa que mentís, que operás o que no sabés".

Según su testimonio, tras ese cruce escribió al responsable de renovar o no los contratos del canal para contarle lo ocurrido, pero dejó de recibir respuestas. "El lunes siguiente me llegó el mensaje que se borra: después de seis años, no me renovaban", explicó. También sostuvo que uno de los motivos de incomodidad con su trabajo fue su actividad en redes sociales: "Todos los meses publico cuánto poder adquisitivo pierden los trabajadores del Congreso. La motosierra no pasa por los ñoquis, pasa por los trabajadores. En estos años se fue mucha gente muy formada, técnica, que labura muy bien. Eso, sinceramente, es lo que más me duele".

Finalmente, De Urieta aclaró que su salida de Diputados TV no implica que deje de cubrir la actividad parlamentaria. "Que no me hayan renovado en DTV no quiere decir que deje de ser periodista acreditada en el Congreso. Voy a seguir cubriendo para los otros medios en los que trabajo. Lo aclaro porque muchos pensaron que me iba del Congreso, y no es así", remarcó.

La desvinculación de la periodista se suma a una serie de tensiones entre la prensa acreditada y la actual gestión de la Cámara de Diputados, presidida por Martín Menem, en un contexto en el que el funcionamiento de los medios institucionales es objeto de denuncias por recortes, vaciamiento y presunto sesgo ideológico.

Cambios y despidos en Diputados TV
El despido de Déborah de Urieta se enmarca en una serie de transformaciones y tensiones en la señal oficial de la Cámara Baja. Uno de los cambios más drásticos se produjo con la llegada de Jonatan Arioli como director de Diputados TV, bajo la conducción de Martín Menem. A fines de 2023 y principios de 2024, se decidió no renovar la mayoría de los contratos de trabajadores esenciales del canal —productores, maquilladores, camarógrafos y técnicos— cuyos vínculos habían vencido el 31 de diciembre, provocando una reducción considerable de personal y múltiples despidos.

Esa medida fue el paso previo a una reconfiguración del canal, que dejó de emitirse por televisión tradicional para transmitirse únicamente por YouTube, decisión que generó fuertes críticas por limitar el acceso ciudadano a la información parlamentaria. Según contamos en Señales, la transformación contravino la resolución de la Cámara de Diputados de 2006, que establecía que la señal debía transmitirse por aire, cable, Internet y otros medios para cubrir todo el país. El cierre de espacios tradicionales implicó una merma significativa en la disponibilidad del servicio para amplios sectores de la población.

En paralelo a los recortes de personal y al cambio en la forma de transmisión, la señal oficial se vio envuelta en episodios de censura e intervención editorial directa. Por ejemplo, durante una transmisión en vivo de una comisión clave, la periodista acreditada Laura Serra fue interrumpida y se le indicó por auricular que no continuara hablando de la Comisión de Juicio Político, interpretado por colegas y opositores como un intento de censura. Asimismo, otros periodistas, como Fabián Waldman, denunciaron presiones internas y decisiones de la dirección del canal que limitaron su continuidad laboral.

Reacciones de apoyo
El despido de Déborah generó un amplio respaldo en redes sociales y entre legisladores de distintos bloques:
Jairo Straccia, su compañero en "Buenas tardes China", escribió: "A algunos no les gustan las preguntas, las repreguntas, el periodismo profesional y menos la independencia. Aguante @ddeurieta". Y finalizó: "Cuando quieras hablamos al aire @MenemMartin".

Nicolás del Caño, legislador del Frente de Izquierda: "Toda nuestra solidaridad Déborah".

Christian Castillo, diputado de la Provincia de Buenos Aires: "Toda la solidaridad Déborah ante este despido discriminatorio".

Agustín Rossi, diputado peronista, planteó: "¿Dónde queda la libertad de expresión? En @DiputadosTV sacan del aire a una de las mejores periodistas parlamentarias que tiene el Congreso de la Nación. Solidaridad total con @ddeurieta ante esta decisión arbitraria".

Maxi Ferraro, ex diputado: "Banco a la corajuda de @ddeurieta. En tiempos en los que muchos callan, Déborah se anima a preguntar, repreguntar, publicar y pensar; y eso ya es un acto de valentía. Vaya mi reconocimiento a su calidad profesional y mi solidaridad".

Daniel Lipovetzky, ex diputado, escribió: "Toda mi solidaridad con @ddeurieta! Esto demuestra que no defienden ninguna libertad y menos la libertad de expresión. Por suerte la vamos a seguir teniendo en el Congreso como periodista parlamentaria".

Karina Banfi, diputada provincial: "Déborah, te vi crecer. Te consolidaste como periodista parlamentaria, una especialidad que te destaca. Defiendo con todo que sigas interpelando a la política del Parlamento".

Pablo Juliano, legislador radical: "La sacan con un audio que se borra, imagínate que van a hacer con la reforma laboral. Toda mi solidaridad y respeto".

Marcela Pagano, ex diputada libertaria: "Una periodista que incomoda (a todos). Otra periodista en una lista negra. Felicitaciones @ddeurieta, te echan porque no te pudieron comprar!"

El despido de Déborah refleja una tensión creciente entre la prensa acreditada y la actual gestión de Diputados TV, en un momento en que la independencia periodística y el acceso a la información se encuentran bajo presión. La profesional continuará ejerciendo el periodismo parlamentario tanto en medios tradicionales como en redes sociales, manteniendo activa su cobertura parlamentaria.

Alerta y movilización del Sindicato de Prensa Rosario frente al intento de aniquilar derechos laborales

Frente al proyecto precarizador de reforma laboral y derogación del Estatuto del periodista profesional y del empleado administrativo de empresas periodísticas, la asamblea general de trabajadores del Sindicato de Prensa Rosario, reunida ayer en amplia convocatoria en la sede de Pichincha resolvió:
  • Declarar al gremio de Prensa en estado de alerta y movilización.
  • Continuar y profundizar acciones conjuntas con los gremios de prensa de todo el país.
  • Reunirse con legisladores nacionales representantes de Santa Fe para explicar la postura de las y los periodistas frente al proyecto que aniquila derechos laborales.
  • Difundir a toda la sociedad cómo la derogación del estatuto del periodista es un ataque directo a la libertad de expresión y el derecho a la información.
  • Participar en unidad de las actividades que propongan la CGT local y la CTA T y adherir al paro y movilización propuesto por la CGT Nacional para febrero cuando se discuta el proyecto del oficialismo.
La Asamblea resaltó que con organización y unidad es posible detener esta destrucción planificada de los derechos de la clase trabajadora, de sus organizaciones sindicales, del funcionamiento de las obras sociales, de la sostenibilidad de medios cooperativos y comunitarios y del derecho a la información.

En un detallado informe, las abogadas del gremio Rita Frenquelli y Florencia Sanjulián destacaron que el proyecto llamado de "modernización laboral" supone un retroceso en materia de derechos; la derogación de los estatutos del Periodista Profesional y del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas (Ley 12.908 y 12.921), vigentes desde hace 80 años, no sólo afecta directamente a los trabajadores de prensa, sino que compromete la libertad de expresión y el derecho a la información de toda la sociedad.

domingo, 28 de diciembre de 2025

Cuando la política deja de escuchar: Rosario, el Concejo y la batalla por lo colectivo

Con una trayectoria forjada en la salud pública y hoy desde el Concejo Municipal, Leonardo Caruana, concejal del Frente Amplio por la Soberanía, analiza en Señales la ruptura de la mayoría automática, el armado de un interbloque transversal y los límites de una política cada vez más burocratizada. A partir de ese escenario, traza un diagnóstico profundo sobre la degradación de los procesos participativos, el avance de discursos individualistas y el vaciamiento del debate político. Urbanismo, salud, participación ciudadana, antipolítica y el legado de Hermes Binner se entrelazan en una crónica que expone las tensiones de una ciudad sin proyecto a largo plazo y la necesidad de volver a discutir el "hacia dónde"
El fin de la mayoría automática y un Concejo reconfigurado
El rumor comenzó a circular desde Buenos Aires y rápidamente encontró eco en Rosario: un medio nacional aseguraba que se estaba armando un interbloque peronista en el Concejo Municipal y que Leonardo Caruana sería parte de esa nueva configuración. La pregunta, entonces, era inevitable. ¿Cómo explicar eso a la ciudadanía? ¿Era realmente así?

Caruana, parte de un diagnóstico más amplio antes de entrar en las etiquetas. Para él, lo primero que cambió fue la fisonomía misma del Concejo. La mayoría automática con la que contó el oficialismo durante años terminó y dio paso a una composición más diversa, donde La Libertad Avanza emergió con fuerza y pasó a tener seis concejales. Aunque uno de ellos funcione como monobloque, en los hechos actúan como un conjunto de seis voluntades.

En ese nuevo escenario, explica, el Frente Amplio por la Soberanía no llegó de improviso a un entendimiento con otros espacios. Desde hace tiempo, en proyectos estratégicos, venían votando de manera muy similar con el bloque de Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular; con Norma López, de Comunidad; con sectores del Movimiento Evita y con Ciudad Futura. No en todo coincidieron, aclara, pero sí en iniciativas clave para la ciudad.

Un interbloque transversal: acuerdos políticos sin licuarse
A partir de ese recorrido compartido se abrió una instancia de diálogo que no tuvo como único objetivo —ni como principal— la conformación de un bloque peronista clásico. Caruana insiste en que se trata de algo más transversal. Tanto Iniciativa Popular como el Frente Amplio por la Soberanía provienen de tradiciones políticas distintas, pero con amplios puntos de acuerdo. De ese intercambio surgió la decisión de transformar los monobloques en un interbloque que hoy se consolida como la segunda minoría del Concejo.

La jugada no es solo simbólica. Cambia, dice, la forma de dialogar con la estructura institucional del Concejo y con el resto de las fuerzas políticas. Al mismo tiempo, preserva la autonomía de cada bloque: no se trata de "licuarse" en una voz única, sino de sostener posicionamientos propios dentro de una estrategia común de gobernabilidad legislativa. Esa nueva correlación de fuerzas permitió algo que, como monobloque, le había resultado casi imposible durante dos años en un contexto de mayoría automática: acceder a espacios reales de discusión y capacidad de incidencia.

El acuerdo legislativo derivó en responsabilidades concretas. El interbloque obtuvo la presidencia de la Comisión de Salud, la vicepresidencia de Gobierno, la presidencia de la Comisión de Feminismos y Derechos Humanos, la vicepresidencia de Producción y la vicepresidencia primera del Concejo, que ocupará Norma López, acompañando a la presidenta María Eugenia Schmuck. Desde allí, el objetivo —plantea Caruana— es sostener un diálogo político basado en la defensa de las políticas públicas, el estudio serio de los problemas y la construcción de una ciudad más igual.

Ese posicionamiento también atraviesa su mirada sobre la gestión del intendente Pablo Javkin. Caruana habla con una doble perspectiva: fue parte del primer período de gobierno, atravesado casi por completo por la pandemia, un hecho excepcional que —reconoce— condicionó de manera extrema a todos los ejecutivos, más allá de los límites de cada ciudad. Ese tiempo, dice, merece un paréntesis analítico.
Gobernar sin discutir: límites de una política burocratizada
La crítica aparece con más fuerza en los años posteriores. Señala que su espacio acompañó cuando consideró necesario hacerlo, pero también marcó diferencias. A su entender, la combinación de mayoría automática y la velocidad con la que el Ejecutivo envió proyectos estructurales al Concejo redujo al mínimo los márgenes de discusión. En iniciativas de fuerte impacto urbano, como los cambios de altura y los proyectos de torres, Caruana sostiene que se perdió la oportunidad de construir consensos más amplios. No se trata —aclara— de decisiones coyunturales: modificar la identidad de los barrios implica transformaciones profundas y duraderas.

Desde esa perspectiva, observa un proceso de involución en materia de participación social. No responsabiliza solo a Javkin. Habla de una "clave de época" que atraviesa gobiernos y gestiones. Incluso al revisar los treinta años del Frente Progresista, advierte que, con el tiempo, se fue deteriorando una tradición participativa que había tenido hitos como el presupuesto participativo, los concejos barriales o las mesas territoriales.

Del Estado participativo a la lógica de gerencia
Hoy, describe, predominan lógicas de gerencia y administración, con propuestas verticales que se definen en la cúspide del poder. Esa forma de concebir el Estado no solo reduce la participación de vecinos y organizaciones, sino que también se replica hacia adentro del propio municipio, debilitando los procesos participativos dentro de las secretarías y los equipos de trabajo.

Caruana menciona, incluso, ciertos exabruptos y reacciones desmedidas que, a su juicio, responden más a un clima provincial y nacional que a situaciones puntuales. Desde su banca, dice, fueron críticos de esa lógica y promovieron iniciativas para revertirla: que los cambios en la identidad de los barrios se discutan con los vecinos, que haya votaciones vinculantes, que la participación no sea decorativa. Esos proyectos, admite, no tuvieron siquiera la posibilidad de ser incorporados.

Lo mismo ocurrió —señala— con la ordenanza de autonomía municipal. Allí, cree, se podría haber avanzado desde el inicio en mecanismos participativos de cara a la futura convención estatuyente: participación vecinal en grandes desarrollos inmobiliarios, no regresividad en materia de espacios verdes, debates verdaderamente vinculantes. En lugar de eso, predominan audiencias públicas y jornadas en el Concejo que muchas veces funcionan como espacios de catarsis: las organizaciones conocen los problemas, los exponen, pero luego no ven traducidas esas discusiones en políticas concretas.

En ese marco crítico, Caruana reconoce también aspectos positivos. La ciudad atravesó un período de violencia extrema y, en comparación, hoy existe una mejora relativa en ese indicador. Sin embargo, advierte que las condiciones estructurales de pobreza y desigualdad en los barrios siguen prácticamente intactas. Puede haber un clima distinto, mayor circulación en el espacio público —algo que los propios vecinos reconocen—, pero persisten enormes dificultades en el acceso a servicios básicos, incluso al agua. Rosario, subraya, no es una isla: está profundamente condicionada por las políticas provinciales y nacionales.

Un modelo de ciudad en disputa
Detrás de todo eso, para Caruana, hay un modelo de ciudad en disputa que nunca termina de explicitarse. Observa que hoy los grandes desarrolladores y las grandes empresas tienen más capacidad de incidir en el "hacia dónde" que los espacios de debate colectivo. Instituciones como el Consejo Económico y Social, los foros ciudadanos o los colegios profesionales —de arquitectos, entre otros— existen, pero se han vaciado de contenido. Funcionan, dice, como ámbitos decorativos, sin verdadera incidencia en las decisiones estratégicas.

Cuando esos espacios pierden peso quienes concentran mayor poder económico pasan a definir el rumbo. Rosario supo apostar fuerte a la descentralización, con centros municipales de distrito como eje de la presencia estatal en los territorios. Hoy esos edificios están cerrados por las tardes, sin actividad ni participación. No se trata tanto de un retiro del Estado, reflexiona, sino de una transformación en la manera de concebirlo.

Salud, educación y el legado de un sistema integrado
La situación se replica en áreas sensibles como la salud y la educación. Caruana distingue entre centros de salud municipales y provinciales, una diferencia que los propios vecinos marcan en cada barrio. Recuerda que solo durante el gobierno de Hermes Binner en la provincia se avanzó con fuerza hacia una salud pública integrada. Hoy, en cambio, los centros provinciales acumulan reclamos por infraestructura, falta de agua y medicamentos, mientras que los municipales están desbordados, con largas listas de espera. La gente acude donde percibe mayor acceso, pero esa misma dinámica termina deteriorando el sistema.

La escuela y el centro de salud —subraya— son de las pocas instituciones que sostienen una presencia cotidiana extendida, desde la mañana hasta bien entrada la tarde. El resto de los dispositivos territoriales fue perdiendo intensidad. La centralización de las políticas genera soledad en los equipos, intervenciones fragmentadas en programas y respuestas que, aunque valiosas, resultan insuficientes frente a la magnitud del deterioro social.

Caruana reconoce iniciativas provinciales orientadas a jóvenes como el Nueva Oportunidad, pero insiste en que hace falta mayor masividad e intensidad. Las brechas entre los territorios y el centro de la ciudad son cada vez más profundas. Y es en ese escenario, complejo y desigual, donde el nuevo interbloque busca pararse: no como una uniformidad forzada, sino como una herramienta política para disputar sentidos, participación y modelo de ciudad desde el Concejo Municipal. En la mirada de Caruana, el deterioro de la participación no es un fenómeno aislado ni reciente. 

El vaciamiento de lo colectivo en la vida cotidiana
Para el concejal del Frente Amplio por la Soberanía, ese vaciamiento atraviesa múltiples niveles de la vida cotidiana. Se percibe en los consorcios, en las cooperadoras escolares, en los espacios comunitarios más básicos. Caruana lo vincula con un clima de época más amplio, atravesado por el peso de las redes sociales y por una creciente exaltación de lo individual. El gobierno nacional actual, sostiene, no surge de la nada: expresa una idea extendida según la cual los problemas siempre los debe resolver otro, mientras cada persona se concibe a sí misma como ajena al proceso colectivo, sin nada para aportar y sin necesidad de dialogar.

Recuperar la participación, pero no de cualquier modo
Frente a eso, insiste en la necesidad de recuperar la cercanía y la participación, pero advierte que no se trata de cualquier participación. No la instrumental, no la que se limita a ofrecer dos proyectos cerrados para que los vecinos elijan entre opciones ya definidas. Lo que propone es algo más profundo y complejo: la construcción compartida de los problemas. Un trabajo lento, artesanal, que exige tiempo, intensidad y, sobre todo, una mirada interdisciplinaria.

No alcanza con una sola perspectiva. Hace falta convocar a sociólogos, antropólogos, comunicadores, trabajadores sociales, especialistas en salud mental. Un verdadero rediseño de la forma en que el Estado se vincula con la sociedad.

La degradación del debate político
Caruana cree que este debate es ineludible. De lo contrario, advierte, se corre el riesgo de seguir un modelo cuyos efectos ya están a la vista. Lo percibió con claridad en la primera sesión del Concejo Municipal tras el recambio de autoridades y la nueva composición política, con la incorporación de La Libertad Avanza. En ese ámbito —describe— muchas veces predominan la descalificación, la degradación y el intento de anular al otro por sus ideas.

La conversación, la discusión argumentada, el diálogo genuino parecen haber sido desplazados. "Eso es lo que nos han robado", plantea, y sostiene que recuperarlo hoy es más difícil, pero también más urgente.

En ese contexto se inscribe, para él, la conformación del interbloque y las decisiones que se tomaron para ganar peso institucional dentro del Concejo. Caruana no niega la dimensión táctica de esas aproximaciones: reconoce que todas las fuerzas políticas involucradas tienen interés en el gobierno de la ciudad. Pero aclara que la discusión va más allá de una estrategia parlamentaria.

Si bien considera necesario repensar ordenanzas, aprovechar la autonomía municipal y revisar el enorme entramado legislativo acumulado, cree que el momento exige algo más profundo: acuerdos políticos que permitan discutir la gobernabilidad de Rosario y cómo se gobierna una ciudad atravesada por desigualdades tan marcadas.

Desde su perspectiva, las transformaciones estructurales que realmente pueden cambiarle la vida a los vecinos no pasan por seguir produciendo ordenanzas desde el Concejo. Muchas ya existen y no se cumplen. Permanecen archivadas en los cajones de los funcionarios. La clave, entonces, no es legislar más, sino hacer efectivas las normas vigentes y abrir una discusión estratégica sobre el rumbo de la ciudad. Ese horizonte, dice, es el que empieza a jugarse en los próximos dos años.
El fin de la mayoría automática y la necesidad de diálogo
La posibilidad de un diálogo real entre oficialismo y oposición, admite, estuvo limitada durante mucho tiempo. La mayoría automática hacía innecesaria la negociación y la escucha. Salvo excepciones puntuales, la discusión profunda no era parte del funcionamiento cotidiano del Concejo.

Caruana rescata, como ejemplo distinto, el debate en torno a la nocturnidad. A partir de un proyecto pensado inicialmente desde una sola dimensión, se logró incorporar —con el aporte de distintas fuerzas políticas— la problemática de los espacios culturales independientes y una mirada más integral sobre la noche en la ciudad. No se trató solo de regular un sector específico, sino de ampliar el enfoque para no excluir a determinados grupos de la población.

Ese tipo de procesos, reconoce, no fueron la regla. Fueron casos aislados. En la mayoría de las iniciativas no existió una dinámica participativa real. Sin embargo, cree que la nueva correlación de fuerzas dentro del Concejo obliga ahora a dar esa discusión. La ecuación política cambió y, con ella, la necesidad de diálogo.

Urbanismo, salud y derecho al sol
La cuestión urbana aparece como uno de los ejes donde esas tensiones se vuelven más visibles. Caruana suele repetir una frase que resume su mirada sanitaria y territorial: "Donde entra el sol, no entra el médico". Para él, el urbanismo no es un tema técnico separado de la salud pública, sino un componente central.

Durante todo el último año —y asegura que lo seguirá haciendo— su espacio insistió en esta relación. Fueron, señala, la única fuerza política que presentó una ordenanza alternativa a la de autonomía municipal, incorporando estas perspectivas, y el oficialismo se comprometió a tomarla como insumo.

Planificar, sostiene, no puede reducirse a votar excepciones* cada quince días ni a modificar permanentemente la identidad de los barrios. La planificación implica pensar el mediano y largo plazo, abordar los problemas de manera integral e incorporar la voz de los vecinos.

Cuando una casa con patio y acceso al sol es reemplazada por una torre de veinte o treinta pisos, no solo cambia el paisaje urbano: se transforma la vida de quienes eligieron vivir allí, los vínculos que construyeron, el hábitat social que se había conformado. No es una modificación sin consecuencias.

Aclara que no se trata de oponerse a la altura ni a la modernización, sino de discutir cómo y con quiénes se decide. Para eso, insiste, deben participar los colegios profesionales, como el de Arquitectos, las organizaciones ambientalistas y los vecinos. La experiencia de otras ciudades —en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires y también en Europa— muestra que la pérdida de espacios verdes y la impermeabilización del suelo generan efectos irreversibles. Frente a fenómenos climáticos cada vez más frecuentes, esas decisiones urbanas tienen impactos directos sobre la vida y la salud de la población.

Desde esa concepción, Caruana propone una mirada integral de la salud, que excede largamente la existencia de hospitales, centros de atención o medicamentos. La salud colectiva, explica, incluye el acceso al hábitat, a los bienes culturales, a los espacios verdes, al sol, a una alimentación sana y agroecológica.

Por eso sus proyectos tienden puentes entre soberanía alimentaria, derecho al sol, participación vecinal y ambiente. Todo forma parte de un mismo modo de habitar la ciudad y de "andar en la vida", como lo define.

Un Concejo distante de la ciudadanía
La crítica se extiende también al funcionamiento del propio Concejo Municipal. Desde afuera, se percibe como un ámbito cerrado, que sesiona cada quince días, con transmisiones seguidas por muy pocas personas. En muchas ocasiones, se votan decenas de proyectos en cuestión de minutos, sin que quede claro de qué se trata cada uno. Esa dinámica refuerza la sensación de exclusión y distancia.

Caruana no se desmarca de esa observación. El Concejo, dice, no es una isla: forma parte de un proceso más amplio de degradación institucional. Así como se discute cómo transformar un centro de salud, un polideportivo o un club barrial para garantizar acceso y equidad, el propio Concejo debería repensarse y no quedar indemne frente a los cambios sociales.

Las sesiones plenarias, explica, son apenas la culminación de discusiones que se dan —o no— en las comisiones. Algunas funcionan de manera más abierta, con audiencias y participación ciudadana. Otras, no tanto. En comisiones como Ecología o Salud, recuerda, los debates fueron intensos, densos, incluso acalorados.

Para él, eso no debería verse como algo negativo. Al contrario: un espacio donde solo se leen expedientes y no hay diferencias explícitas es un ámbito estéril. Prefiere el conflicto argumentado, la discusión franca, aunque resulte incómoda.

Ese mismo fenómeno, sostiene, atraviesa a la política en general. La falta de debate real también explica el alejamiento entre dirigentes y vecinos. Muchas veces, cuando surgen diferencias en los barrios, el Estado responde con presentaciones cerradas, con un PowerPoint que muestra lo que ya decidió hacer.

Pero los vecinos quieren otra cosa: ser parte de la definición. Esa tensión, concluye Caruana, se reproduce también en el Concejo y explica por qué muchas decisiones terminan deslegitimadas o incumplidas, formando parte de un paisaje político que ya no interpela ni convoca.
El deterioro persistente de la participación
En la mirada de Leonardo Caruana, el deterioro de la participación no es un fenómeno aislado ni reciente. Los programas públicos —recuerda— nacieron, en muchos casos, con la intención explícita de incentivar la organización y el involucramiento de vecinas y vecinos. Hoy, en cambio, esa lógica parece haberse invertido: el Estado llega con el programa ya diseñado, lo implementa en el barrio, ofrece determinadas políticas y se retira. El proceso termina ahí, sin construcción colectiva previa ni apropiación social posterior.

Para el concejal del Frente Amplio por la Soberanía, ese vaciamiento atraviesa múltiples niveles de la vida cotidiana. Se percibe en los consorcios, en las cooperadoras escolares, en los espacios comunitarios más básicos. Caruana lo vincula con un clima de época más amplio, atravesado por el peso de las redes sociales y por una creciente exaltación de lo individual. El gobierno nacional actual, sostiene, no surge de la nada: expresa una idea extendida según la cual los problemas siempre los debe resolver otro, mientras cada persona se concibe a sí misma como ajena al proceso colectivo, sin nada para aportar y sin necesidad de dialogar.

Frente a eso, insiste en la necesidad de recuperar la cercanía y la participación, pero advierte que no se trata de cualquier participación. No la instrumental, no la que se limita a ofrecer dos proyectos cerrados para que los vecinos elijan entre opciones ya definidas. Lo que propone es algo más profundo y complejo: la construcción compartida de los problemas. Un trabajo lento, artesanal, que exige tiempo, intensidad y, sobre todo, una mirada interdisciplinaria.

Caruana cree que este debate es ineludible. De lo contrario, advierte, se corre el riesgo de seguir un modelo cuyos efectos ya están a la vista.

Discursos cerrados y política guionada
Hay una escena que se repite cada vez con mayor frecuencia dentro del Concejo Municipal: los proyectos ya no solo se "leen" en comisión, sino también en el recinto. Textos cerrados, discursos prefabricados, intervenciones que no se desvían ni un centímetro del libreto. Esa dinámica achata el debate, reduce el cruce de miradas y clausura cualquier posibilidad de construcción colectiva.

Para el concejal del Frente Amplio por la Soberanía, la última sesión fue, en ese sentido, paradigmática. Estuvo atravesada por mensajes rígidos, alineados casi de forma automática con los discursos nacionales. Caruana evita personalizar la crítica, aunque reconoce que en el caso de La Libertad Avanza esa lógica se vuelve especialmente evidente: referencias permanentes al presidente, a la diputada local, a consignas repetidas sin elaboración propia.

Pero advierte que no se trata de un fenómeno exclusivo de ese espacio. El Concejo, dice, ya venía funcionando así desde antes, con pocas ordenanzas capaces de generar cruces reales, opiniones contrapuestas y debates genuinos. El formato estaba acordado de antemano y, con él, la participación se fue burocratizando hasta perder sentido.

La pandemia y la épica de lo colectivo
Ese empobrecimiento del intercambio político contrasta con una experiencia reciente que Caruana recuerda con claridad: la pandemia. Rosario, como tantas otras ciudades, atravesó entonces un momento de crisis extrema que, paradójicamente, sacó a la luz un fuerte sentido de comunidad.

Las organizaciones sociales —y muy especialmente las organizaciones de mujeres— cumplieron un rol clave en el cuidado de los adultos mayores y en la contención barrial. Hubo una trama solidaria intensa, sostenida en una larga historia de organización territorial.

Sin embargo, mientras esa épica colectiva se celebraba, Caruana reconoce que también estaba creciendo, sobre todo entre sectores jóvenes, una corriente de descalificación de lo colectivo que no supo —o no quiso— escucharse a tiempo. Junto al relato de la vacunación y el cuidado comunitario, avanzaba otro discurso, más silencioso pero persistente, que rechazaba esas mismas políticas.

Para él, ese fenómeno excede lo local y lo nacional: responde a una dinámica global que ya venía gestándose.

La pandemia, además, dejó secuelas profundas. Se agravaron los problemas de salud mental, se intensificaron los consumos problemáticos, se resintieron los vínculos. Hoy, describe, el clima social es distinto. Aparecen tensiones entre vecinos que antes no estaban tan expuestas.

Incluso políticas que afectaron de manera directa a sectores vulnerables —como la auditoría de los certificados de discapacidad— encontraron defensores en los propios barrios, en nombre de discursos nacionales que terminaron vulnerando derechos básicos. La lógica del "cada uno con lo suyo" se volvió más fuerte.

Aun así, Caruana no da por roto el tejido social. Señala que en muchos territorios las organizaciones siguen intentando reconstruir lazos, aunque en un escenario mucho más adverso. Las matrices ideológicas que hoy logran mayor hegemonía política, advierte, también penetran en los sectores populares y condicionan ese trabajo de base.
El legado de Hermes Binner y la disputa por el largo plazo
Esa tensión entre pasado y presente aparece con fuerza cuando se menciona a Hermes Binner. No es casual —dice Caruana— que su imagen siga ocupando un lugar destacado en sus redes. Binner representó una forma de pensar la ciudad a largo plazo: planes estratégicos a veinte o treinta años, sistemas integrales de salud y políticas sociales construidas con otros, desde la diversidad. Ese legado, sostiene, fue clave para lo que Rosario llegó a ser.

Con el tiempo, sin embargo, esa mirada se fue diluyendo. Hoy predominan decisiones pensadas en clave de coyuntura: la semana, el mes, a lo sumo el período de gestión. Los planes estratégicos fueron reemplazados por excepciones, parches y resoluciones inmediatas. Recuperar aquella lógica implicaría volver a convocatorias amplias, al estudio comparado con otras ciudades del mundo y, sobre todo, a una discusión de fondo sobre el sentido del rumbo.

Binner hablaba de horizonte y buena leche: acordar hacia dónde ir y hacerlo con voluntad colectiva. Para eso, remarca Caruana, es indispensable salir del encierro de los núcleos partidarios y animarse a un diálogo mucho más amplio.

En paralelo, obras estratégicas como el Hospital Regional Sur —pensado originalmente como parte de un sistema integral— siguen inconclusas. Para Caruana, el problema no es solo retomar la construcción, sino recuperar el sentido del proyecto, del que poco se conoce: qué perfil debe tener hoy ese hospital, qué rol cumple en la región, cómo se articula con el resto del sistema de salud.

Recuerda que, en su concepción original, el Hospital Regional Sur integraba el hospital provincial, el Roque Sáenz Peña, con una gran maternidad y Roque Sáenz Peña que se transformaba en un CEMAR Sur, con el Hospital Provincial que se transformaba en un centro de alta complejidad en oncología. Era una pieza dentro de un plan mayor. Hoy, en cambio, el debate parece reducirse a etapas de obra, conexiones de servicios y licitaciones, sin discusión pública sobre el para qué. Esa ausencia de sentido estratégico, afirma, es parte de lo que se abandonó.

Caruana deposita una expectativa cautelosa en la futura reforma constitucional provincial, que plantea el derecho a un sistema de salud accesible y al acceso a medicamentos. Sueña con que eso habilite, finalmente, una ley que garantice un sistema único e integrado de salud, como imaginaba Hermes Binner cuando pensó un plan estratégico para toda Santa Fe.

La defensa de la salud pública, reconoce, sigue siendo un valor fuerte en la provincia y en la ciudad, con una historia de inversión estatal que hoy funciona como un dique de contención. Pero el contexto nacional es asfixiante: lo que el Estado nacional deja de hacer recae sobre provincias y municipios, tensionando al límite sus sistemas de salud.

Antipolítica, pandemia y vaciamiento de lo colectivo
En ese escenario crecen los discursos de antipolítica, el descrédito de lo público y la naturalización del ajuste. Caruana advierte que no alcanza con resistir ni con apelar únicamente a consignas del pasado. A cuarenta años de democracia, el Estado no logró resolver muchos problemas estructurales y eso alimenta la desconfianza social.

Frente a esa realidad, sostiene, es imprescindible animarse a reformular las instituciones y construir un Estado más cercano, más comprensible, más presente en la vida cotidiana.

Recuerda situaciones de campaña en las que, al hablar de derechos como la vivienda o la salud, las respuestas de la gente eran concretas y crudas: falta de agua, turnos médicos que nunca llegan, cirugías postergadas durante años. Allí, dice, queda claro que el Estado necesita repensarse para dar respuestas reales.

Ese vacío es aprovechado por discursos que prometen salidas individuales —educarse en casa, vouchers de salud— que seducen porque se apoyan en fallas existentes del sistema.

La contraposición, para Caruana, no pasa por negar esos problemas, sino por construir alternativas desde la cercanía, el diálogo y un lenguaje más sencillo. Seducir, especialmente a los jóvenes, con un proyecto colectivo que vuelva a tener sentido.

Al cerrar el encuentro, el concejal agradece el espacio y el seguimiento crítico permanente. Valora ese ejercicio como parte indispensable de una democracia viva: visibilizar, debatir, analizar. En ese gesto final se condensa su apuesta política: sostener la discusión, incluso en tiempos adversos, como única forma de reconstruir lo colectivo y volver a pensar la ciudad más allá del día a día.

*NdR:
El funcionamiento de las llamadas excepciones urbanísticas ilustra con claridad esa deriva. El mecanismo se repite: un desarrollador presenta un proyecto que se ajusta —al menos en los papeles— a la normativa vigente y obtiene la habilitación correspondiente. Pero una vez iniciada la obra, cuando los números ya no cierran o la rentabilidad prevista no alcanza, llega el pedido de excepción: sumar pisos, aumentar la densidad, correr límites. Esos pedidos, que deberían ser excepcionales, ingresan al Concejo Deliberante semana tras semana y se vuelven rutina.

Bio | Leonardo Caruana
Leonardo Caruana nació en Isla Verde, en la provincia de Santa Fe. Su infancia transcurrió entre distintas localidades del territorio santafesino, una experiencia que marcaría tempranamente su vínculo con lo público y con las realidades diversas del interior provincial.

Es médico, especialista en medicina general y familiar —el médico de familia—, formado en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, donde obtuvo su título y su matrícula profesional N.º 11.493.

Toda su trayectoria profesional se desarrolló en el ámbito de la salud pública. Sus primeros pasos fueron como médico en el barrio Santa Rosa y, durante una década, estuvo al frente del Centro de Salud Emaús, una experiencia que consolidó su mirada territorial y comunitaria del sistema sanitario.

Más adelante asumió la dirección del Centro de Especialidades Médicas Rosario (CEMAR) Doctor Horacio de Zuasnabar y la conducción de la Atención Primaria de la Salud en la ciudad. Entre 2007 y 2013 ocupó cargos estratégicos dentro de la estructura municipal, primero como director general de Servicios de Salud y luego como subsecretario de Salud Pública, hasta llegar a desempeñarse como secretario de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario.

En paralelo a su gestión, participó de cursos, maestrías y congresos a nivel local e internacional, con un enfoque centrado en la salud pública, la medicina social y las políticas de gestión sanitaria. En ese recorrido se destacan su participación en seminarios internacionales sobre gestión de riesgos, los debates en torno a la salud mental y su intervención en el debate nacional por la ley de aborto legal.

En la actualidad, Caruana es concejal electo por el Frente Amplio por la Soberanía, en representación de Encuentro por Rosario. Desde su banca impulsa una agenda vinculada a la defensa y el fortalecimiento de la salud pública, la planificación urbana con mirada integral y el rol activo del Estado en la construcción de una ciudad más equitativa.

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