Pablo Lucio Paredes señaló que dicho control “significa que alguien define lo que está bien o está mal, y toma decisiones sobre permitir o prohibir a un medio de comunicación”.
El presidente Rafael Correa se reunió ayer con los representantes de la Asociación Ecuatoriana de Canales de Televisión. Durante un almuerzo, el Jefe de Estado destacó que “el país vive una total libertad de expresión”.
Sin embargo, señaló que debe existir una forma expedita y transparente para que los ciudadanos en general puedan defender su honra, ante los ataques o mentiras de algunos medios.
El Primer Mandatario indicó, además, que el Gobierno nunca ha coartado la libertad de expresarse a los canales de televisión. Pero, agregó, al igual que los medios de comunicación, los ciudadanos, incluido el Presidente de la República, tienen el mismo derecho, incluso, de pedir correcciones, pues considera que “la prensa libre es básica para la democracia. (…) La libertad de expresión debe estar garantizada con la responsabilidad de lo que decimos”, afirmó el Gobernante.
Ante la inquietud de los directivos de la Asociación de Canales de Televisión respecto de los textos constitucionales que presentó la Mesa 1 de Derechos Fundamentales, y que ayer fueron tratados en segundo debate en el Pleno, en el cual se habla del control estatal a los medios de comunicación, Correa manifestó que no conocía los temas a profundidad.
Al término de la reunión con el Primer Mandatario, el presidente de la ACTV, Nicolás Vega, señaló que están de acuerdo con la libertad de expresión y con la creación del quinto poder (la participación ciudadana) pero que esperan que esto no signifique que perderán sus frecuencias. Según relató Vega, Correa les dio su palabra de que no se revertirán concesiones y que intentará intermediar con los asambleístas para entregarles un texto alternativo propuesto por la ACTV. Respecto a los nuevos valores para la renovación del uso de las frecuencias de televisión, le solicitaron revisar los precios, puesto que en televisión abierta no cobran ninguna tarifa y se debe establecer una diferencia con la televisión pagada.
En el articulado que se debate en Ciudad Alfaro se señala que el Estado impedirá el oligopolio o monopolio de la propiedad de los medios y del uso de las frecuencias y el nexo de estos con los grupos económicos y financieros.
Los banqueros sin derecho a tener medios
La prohibición de que los grupos económicos y financieros sean a la vez propietarios de medios de comunicación es casi un hecho en la nueva Carta Política.
Ese al menos fue el tema central que en el segundo debate sobre los artículos de la comunicación se discutió ayer durante la sesión del Pleno en Ciudad Alfaro.
Fue justamente esa Mesa la que elaboró el texto sobre ese tema que contiene 6 artículos relacionados con los derechos a la comunicación, el rol del Estado en esa área, la publicidad y el derecho a la información, entre otros.
El texto dice que el Estado “impedirá el oligopolio o monopolio directo o indirecto de la propiedad de los medios y el uso de las frecuencias y el nexo de estos con los grupos económicos y financieros vinculados”.
Pero fue el propio asambleísta y director de Radio La Luna, Paco Velasco quien ratificó que “no puede haber control en la comunicación”.
La comunicación demanda libertad, dijo, no puede haber ningún control desde el Estado, es un “censor espantoso”.
Velasco pidió que el Estado garantice la supervivencia de las radios comunitarias y estatales.
Sugirió la creación de mecanismos para que los dueños de los medios “no metan mano” en los departamentos de redacción. ¿Cómo le garantizamos al periodista que no le echen del puesto por escribir algo que no le gusta al dueño de los medios?.
Durante el debate de este miércoles, la asambleísta del oficialismo María José de Luca, señaló como un hecho que marca al sector de medios "la concentración de grandes poderes mediáticos cuyo poder está prácticamente por encima del Estado".
Dijo que no se debe temer a la "decisión histórica de superar un problema, que ha estado vigente a lo largo de la vida del país y que hoy finalmente se quiere remediar".
Afirmó que en el sector hay predominio de intereses privados sobre los colectivos en el contenido de la información, exclusión de los discapacitados en los mensajes y falta de acceso de la mayoría de la población a las tecnologías de la comunicación.
"En una palabra, el tema de la comunicación, tampoco se ha visto librado del mal que afecta a la sociedad ecuatoriana en su conjunto: la exclusión", sentenció.
Los textos debatidos son más amplios que los que constan en la carta magna de 1998, que consagra el derecho de acceso a la información y la cláusula de conciencia de los comunicadores.
Además, establece la responsabilidad de los medios de comunicación de participar en procesos educativos y la prohibición de la publicidad que afecte a la dignidad humana.
Fuentes: El Universo, El Financiero, El Comercio, El Telégrafo
