Despido en el PAMI Rosario: un caso individual que expone un conflicto estructural

La desvinculación de la dirigente sindical Melina Gutiérrez (foto) desató denuncias de persecución gremial y reavivó cuestionamientos sobre el ajuste, la precarización laboral y el futuro del sistema de salud para jubilados

En Rosario, el conflicto en el PAMI dejó de ser un episodio aislado para transformarse en una señal de un proceso más amplio. El despido de Melina Gutiérrez —trabajadora con nueve años de antigüedad y secretaria general de la Junta Interna de ATE— encendió alarmas dentro y fuera del organismo. Desde el gremio, la desvinculación fue leída no como un hecho administrativo más, sino como un caso de persecución sindical enmarcado en un contexto político atravesado por recortes, precarización laboral y denuncias de vaciamiento en los policlínicos PAMI 1 y PAMI 2.

Mientras se multiplican los reclamos por el deterioro en la atención de jubilados y jubiladas, emergen interrogantes más profundos sobre el funcionamiento interno del organismo, los márgenes de acción de la organización sindical y el rumbo del sistema de salud destinado a los sectores más vulnerables. En ese escenario, el caso de Gutiérrez adquiere un valor simbólico: muchos sectores repudiaron su despido y lo vincularon a un plan de ajuste que, según denuncian, implica la quita de tres mil cápitas a los policlínicos locales. La respuesta gremial ya se proyecta en una jornada de protesta con presencia de dirigentes nacionales.

Una denuncia de persecución sindical

En Señales, y desde su propia voz, Gutiérrez inscribe su despido en una trama de conflicto más amplia. Lo define como un acto de persecución gremial e ideológica, orientado a silenciar reclamos históricos: el pase a planta de trabajadores precarizados y la denuncia de manejos irregulares en los recursos del PAMI. Advierte que su caso no es aislado, sino un anticipo de lo que podría suceder con otros trabajadores si avanza el cierre o el vaciamiento de los policlínicos.

Durante casi una década se desempeñó en el PAMI 2, cumpliendo jornada completa en condiciones de precariedad laboral. Su trayectoria, según subraya, no registra sanciones ni cuestionamientos en el plano profesional, lo que refuerza su interpretación de que la desvinculación responde a su rol sindical. En tanto representante gremial, además, considera que el despido carece de sustento legal.

En su relato, la dimensión personal y la política aparecen entrelazadas. Se describe como trabajadora, mujer y madre, atravesada por años de lucha por derechos laborales dentro de un sistema que —según afirma— no solo no avanzó en su regularización, sino que profundizó la precariedad. En ese recorrido, su militancia sindical se volvió inseparable de su identidad dentro del organismo.

Un sistema de salud bajo tensión

Para Gutiérrez, el despido se inscribe en una estrategia más amplia del gobierno nacional, al que acusa de impulsar un proceso de ajuste sobre el Estado y, en particular, sobre los trabajadores estatales. Interpreta las políticas actuales como una ofensiva directa contra la organización gremial, destinada a debilitar la capacidad de resistencia. En ese marco, retoma declaraciones del propio oficialismo para reforzar su lectura de confrontación abierta.

La metáfora bélica aparece reiteradamente en su discurso: habla de una "guerra" contra los trabajadores estatales y sostiene que el PAMI no es ajeno a ese escenario. Desde su perspectiva, la decisión de despedirla busca disciplinar y desalentar la organización colectiva. Golpear a una dirigente, afirma, es golpear al conjunto de los trabajadores.

En paralelo, denuncia un proceso de transformación del sistema de atención que impacta directamente en los afiliados. Según su descripción, se avanza en un modelo de desguace y achique de los policlínicos, con reducción de complejidad y traslado de pacientes hacia el sector privado. Allí, advierte, las condiciones de atención se deterioran: los turnos se dilatan y los jubilados quedan relegados.

Frente a ese escenario, la respuesta —dice— ha sido la organización y la protesta. La salida a la calle, lejos de ser una reacción aislada, forma parte de una estrategia sostenida para visibilizar el conflicto. Y, según su lectura, la respuesta del gobierno no ha sido el diálogo, sino el castigo. Sin embargo, lejos de retroceder, plantea que la reacción del colectivo será profundizar la unidad y la organización.

Un despido con responsables señalados

El modo en que se enteró de su despido refuerza, en su relato, la idea de arbitrariedad. La notificación llegó la noche del 31 de marzo, cerca de las diez y media, mientras realizaba tareas cotidianas en su casa. Al día siguiente debía continuar su jornada laboral, pero su nombre no figuraba en la lista de renovaciones contractuales. De los trescientos contratos revisados, asegura, fue la única persona desvinculada.

La decisión, según identifica, tiene un responsable concreto: Pablo Flores, administrador de los efectores propios de Rosario. Lo señala como la figura que ejecutó la medida y lo vincula directamente con la conducción política del organismo. Desde su mirada, la singularidad de su caso —ser la única despedida— refuerza la hipótesis de persecución.

Gutiérrez insiste en que su desempeño laboral no ofrece argumentos para justificar la desvinculación. Durante años cumplió funciones en el servicio de internación, con horario matutino y sin antecedentes negativos. Por el contrario, sostiene que su intervención solía ser requerida cuando surgían conflictos o reclamos de afiliados, en su rol de representante sindical.

No es la primera vez, recuerda, que la gestión intenta apartarla. Hubo un intento previo apenas iniciada la actual administración, que no prosperó. Esta vez, sin embargo, la decisión se concretó.

Al referirse a la conducción local, su crítica se extiende a la gestión en general. Afirma desconocer la experiencia previa de Flores, pero asegura que los resultados evidencian una falta de capacidad en la administración. Menciona, como ejemplo, la ausencia de incorporaciones de personal desde su asunción: ni enfermeros ni mucamos, en un contexto que —según describe— ya era crítico.

También cuestiona los viajes frecuentes del funcionario a Buenos Aires. Según su interpretación, lejos de traducirse en soluciones, esos desplazamientos no lograron revertir los problemas estructurales del PAMI en Rosario. Incluso desliza, con ironía, que esas visitas podrían haber tenido otros fines, lo que habría generado tensiones previas entre ambos.

El impacto en la vida cotidiana

La situación interna que describe es alarmante: salarios bajos, trabajadores obligados a multiplicar empleos y una relación desproporcionada entre personal y pacientes. Habla de enfermeros que atienden hasta veinte personas y de sueldos que no alcanzan para sostener condiciones dignas. En ese contexto, sostiene que cada denuncia gremial es respondida con hostilidad por parte de la gestión.

El despido, entonces, aparece como una reacción frente a esa exposición pública de las falencias. Para Gutiérrez, la decisión busca disciplinar mediante el ejemplo: un castigo visible que advierta a otros trabajadores sobre las consecuencias de denunciar.

Sin embargo, su relato no se agota en la dimensión política. La escena se vuelve más íntima cuando describe el impacto personal de la medida. Se trata, dice, de una mujer con una hija de tres años, enfrentada de un día para otro a la incertidumbre económica. La posibilidad de sostener el alquiler o garantizar la escolaridad de su hija se vuelve una preocupación inmediata.

Una historia dentro de un proceso mayor

Esa dimensión cotidiana convive con una lectura estructural del problema. Se considera una más entre miles de trabajadores afectados por políticas de ajuste a nivel nacional. Señala que, junto con las renovaciones en el PAMI, se revisaron decenas de miles de contratos en el Estado, lo que amplía el alcance del conflicto más allá de su caso particular.

Así, su historia individual se entrelaza con un proceso colectivo. El despido deja de ser un hecho aislado para convertirse en síntoma de una política más amplia, donde las disputas laborales, la organización sindical y el modelo de atención en salud se cruzan en un mismo escenario.

El caso de Melina Gutiérrez se inscribe, en su propia interpretación, en un escenario que excede ampliamente su situación individual. A partir del primero de abril, señala, muchas familias quedaron de un día para otro sin ingresos, en una dinámica que define como parte de un plan sistemático del gobierno de Javier Milei orientado a golpear al empleo estatal. En ese marco, describe una ofensiva que no solo apunta a reducir estructuras, sino a desarticular el rol del Estado como garante de derechos.

Frente a esa lógica, contrapone una mirada opuesta: sostiene que los trabajadores buscan fortalecer y hacer más eficiente lo público. Advierte que cada cierre o debilitamiento de organismos como la ANSES, el Ministerio de Trabajo, el CONICET o el SENASA implica, en los hechos, una pérdida concreta de derechos para la población. En esa misma línea ubica la situación del PAMI en Rosario, donde se pregunta cuál será el destino de los jubilados si avanza una reestructuración que reduzca la capacidad de atención.

La pandemia como punto de contraste

Para Gutiérrez, la experiencia reciente demuestra la importancia de sostener un sistema público robusto. Recuerda el desempeño durante la pandemia y lo contrapone con la situación actual, que considera incluso más crítica para los afiliados. En su relato, la comparación busca subrayar un deterioro que, entiende, no responde a una emergencia sanitaria global sino a decisiones políticas.

En el plano legal, insiste en que su despido vulnera garantías básicas. Como dirigente sindical, explica, cuenta con tutela gremial, una protección que —según la normativa vigente y la jurisprudencia— se extiende más allá de la finalización de su contrato. Por eso interpreta la medida no solo como injusta, sino abiertamente ilegal, y como una forma de disciplinamiento dirigida al conjunto de los trabajadores organizados.

Lejos de asumir una posición defensiva, anticipa que la respuesta combinará la protesta en la calle con acciones judiciales. La confrontación, en su mirada, no es solo política sino también legal: buscará revertir la decisión apoyándose en el marco normativo que protege la actividad sindical.

Sospechas sobre vínculos con privados

Otro de los puntos que introduce en su denuncia abre interrogantes sobre posibles vínculos entre la gestión del PAMI y el sector privado de la salud. Menciona particularmente al denominado "Grupo Tita", al que identifica con el Hospital Italiano, y señala que las tres mil cápitas retiradas de los policlínicos locales habrían sido derivadas hacia ese espacio. Para Gutiérrez, ese movimiento debería ser investigado en profundidad.

A partir de allí, plantea preguntas que, según afirma, aún no tienen respuesta: si existe una relación entre las autoridades locales del PAMI y ese grupo, si hay intereses privados interviniendo en la gestión pública o si se está configurando un esquema de transferencia de recursos desde el sistema estatal hacia prestadores privados. En su visión, estas dudas forman parte de un problema mayor sobre el sentido mismo de la salud: mientras algunos la conciben como un derecho, otros —sostiene— la reducen a una lógica de negocios.

La escena final de la entrevista introduce, de manera casi involuntaria, la dimensión cotidiana que atraviesa todo el conflicto. La voz de su hija interrumpe el diálogo y recuerda que detrás de la dirigente hay una madre que intenta sostener su vida familiar en medio de la incertidumbre. Esa irrupción doméstica condensa, en pocos segundos, el impacto concreto de decisiones que suelen discutirse en abstracto.

Del conflicto a la calle

Antes de cerrar, Gutiérrez transforma su testimonio en convocatoria. Llama a una jornada de protesta en el centro de Rosario, en la calle Sarmiento al 400, donde se realizará una concentración, acto y conferencia de prensa con presencia de dirigentes nacionales de ATE. La actividad incluirá la instalación de una "Carpa Negra contra la Corrupción" frente a la sede del PAMI.

El reclamo sintetiza los ejes que atravesaron todo su relato: denuncia de persecución sindical, exigencia de reincorporación, rechazo a los despidos y a las políticas de ajuste, y defensa de salarios dignos y estabilidad laboral. Bajo una consigna que busca amplificar el conflicto —"si tocan a uno, nos tocan a todos"—, la historia personal de Gutiérrez vuelve a fundirse con una disputa colectiva que, lejos de cerrarse, parece recién empezar.

Escuchá la entrevista completa:

Foto: ATE Rosario

Pobreza, poder y silencio: anatomía de una desigualdad que crece en Santa Fe

En una charla atravesada por datos, experiencias y denuncias, Carlos del Frade —periodista, escritor, investigador y actual diputado del Frente Amplio por la Soberanía— desarma las cifras oficiales y expone una trama más profunda: una provincia que genera riqueza pero no la distribuye, un sistema de medios cada vez más concentrado y una democracia donde, lentamente, se achican las voces

En el piso de Aire Libre, Radio Comunitaria, la escena se arma con una mezcla de complicidad y rutina. El periodista presenta a Carlos del Frade y él responde con una familiaridad que deja ver que no es su primera vez allí. Agradece el espacio, como si hiciera falta subrayarlo, y hasta desliza una anécdota reciente: el día anterior, dice, intentaron sacarlo "por teléfono", aunque enseguida relativiza el episodio y lo atribuye, quizás, a un problema con su celular. El clima en las Señales es distendido, pero el tema que atraviesa la conversación no lo es en absoluto.

La distancia entre los números y la calle

La pobreza aparece rápidamente como eje central. Mientras el gobierno celebra una supuesta baja en los indicadores, en el estudio se instala una sensación de desconcierto. Las cifras, admite el periodista, no son fáciles de interpretar; más adelante —anticipa— un economista del CEPA ayudará a desmenuzarlas. Pero hay algo más inmediato: los testimonios recogidos en barrios, las voces de referentes sociales que describen una realidad muy distinta, una "otra foto" que no coincide con los números oficiales.

Del Frade recoge ese contraste y lo amplifica. Habla de 541.000 personas por debajo de la línea de pobreza y 123.000 en la indigencia, cifras que, sostiene, requieren un Estado presente. Sin embargo, describe un escenario donde el Estado nacional se ha retirado y la provincia "hace lo que puede", aunque claramente no alcanza. Para entender la magnitud del problema, propone mirar cómo se mide: en Santa Fe, explica, los datos surgen de tres aglomerados —Gran Santa Fe, Gran Rosario y una zona compartida entre San Nicolás y Villa Constitución—. La suma de esos recortes estadísticos da casi 600.000 personas pobres.

Riqueza que crece, pobreza que persiste

Ahí es donde introduce el núcleo de su argumento: el contraste. Porque, mientras ese universo de carencias crece, la provincia exporta cada vez más. El año pasado, señala, las exportaciones alcanzaron los 16.000 millones de dólares, y solo en enero de este año se registraron 1.600 millones. Para del Frade, esa convivencia entre riqueza y pobreza no es solo contradictoria, sino "irracional e ilógica". Lo que falla, insiste, es una política pública de distribución.

La mirada se desplaza entonces del número a la calle. Lo que se ve en el centro de Rosario —y, dice, en el de cualquier ciudad— es un paisaje "cada vez más duro, más triste": familias viviendo en la calle, jóvenes en situaciones de extrema vulnerabilidad. En ese contexto, sostiene, el modelo económico tiende a concentrar y extranjerizar la riqueza. Cuando eso ocurre, la pobreza crece, y los gobiernos, por distintos grados de subordinación, terminan aceptando esa realidad como si fuera natural. Pero no lo es, subraya.

Por eso, su planteo hacia el gobierno provincial es concreto: cuestionar el esquema por el cual los recursos de las exportaciones son captados automáticamente por la Nación. Ese dinero, afirma, debería quedar en Santa Fe, porque es producido por su población. De lo contrario, el resultado es lo que describe como una obscenidad: una provincia rica que convive, desde hace al menos una década, con unas 600.000 personas pobres.

El problema, repite, es político. Tiene que ver con decisiones sobre quién paga impuestos y quién no. Según su análisis, la carga tributaria recae sistemáticamente sobre la clase media y los sectores más bajos, mientras los que más tienen quedan al margen. Esa lógica, advierte, desencadena un encarecimiento de la vida que golpea con mayor fuerza a los más vulnerables. De ahí surge un empobrecimiento que no es abstracto: se traduce en la desesperación por pagar un alquiler y en la imposibilidad, cada vez más extendida, de acceder a la vivienda propia, ese "sueño" que hoy aparece como una ilusión lejana.

Incluso las políticas de crédito, menciona, quedan atrapadas en esa tensión. Aunque existen programas impulsados desde el Banco Municipal, su escala es reducida y, en muchos casos, quienes acceden terminan desistiendo porque no pueden afrontar las cuotas, aporta el periodista. La escena que imagina es elocuente: personas que logran acercarse a la posibilidad de una casa, pero que luego descubren que no pueden sostenerla.

En ese marco, introduce otro dato que le resulta clave: el crecimiento de los "ocupados demandantes". Es decir, personas que tienen trabajo pero cuyos ingresos no alcanzan para cubrir sus necesidades. Según señala, esta categoría se ha duplicado tanto en Santa Fe como en el país. La consecuencia es un cambio en la vida cotidiana: más tiempo dedicado a generar ingresos y menos tiempo para vivir. Esa ecuación, advierte, alimenta la frustración y la violencia, porque las personas se ven privadas incluso de la posibilidad de disfrutar lo que desean.

El dinero y las prioridades

Cuando el foco vuelve a las políticas públicas, del Frade insiste en dos líneas de acción. Por un lado, una reforma impositiva que haga que paguen más quienes más tienen. Por otro, un incremento sustancial en áreas sensibles. Menciona, en particular, el presupuesto de salud mental de la provincia: apenas el 0,02%. El número, dice, explica en parte fenómenos alarmantes como el aumento de suicidios o situaciones de violencia en escuelas. En esa línea, recuerda un pedido de informes reciente sobre los equipos socioeducativos, cuya debilidad presupuestaria —define como "anoréxica"— limita su capacidad de intervención preventiva.

Para él, la clave está en el presupuesto. Allí, sostiene, se revelan las verdaderas prioridades. Frente al argumento habitual de que "no hay plata", responde con cifras: el presupuesto provincial asciende a 14 billones de pesos. Incluso un 1% de ese total representaría 14.000 millones. "Claramente hay plata", insiste; el problema es cómo se distribuye. Si se privilegian obras vinculadas a las exportaciones, advierte, la vida en las grandes ciudades se deteriora.

Silencios, censura y medios condicionados

En ese punto, el periodista se detiene en un contraste que reconoce como incómodo, casi una "chicana", pero que considera necesario señalar: el monto destinado a publicidad oficial. Del Frade refuerza con cifras esos datos, solo en el Ministerio de Gobierno y la Lotería se asignan 46.000 millones de pesos para 2026, lo que equivale a 122 millones por día. Ese dinero, afirma, no solo se utiliza para difundir la gestión, sino también para condicionar el acceso de voces opositoras a los medios.

La reflexión se vuelve entonces más personal. Recuerda que durante dos años tuvo un programa en una radio de Rosario, hasta que, según relata, "llegó la orden" de que dejara de estar al aire. La consecuencia, dice, es una exclusión progresiva de ciertos espacios de comunicación. Y en esa constatación final, casi en tono de lamento, resume la sensación que atraviesa todo su diagnóstico: "es muy triste, muy triste".

La conversación deriva hacia un terreno más áspero, donde la denuncia adquiere un tono personal. Carlos del Frade ya no habla solo en términos estructurales, sino desde la experiencia concreta. Cuenta que en canales de cable, donde durante años "la muchachada" le abría espacio para una entrevista, dejó de aparecer de un día para el otro. Según relata, hubo una orden directa —menciona a la actual senadora nacional Patricia Bullrich— y, desde entonces, ya no lo convocan más. El diagnóstico es tajante: el nivel de censura, dice, resulta "impactante".

El periodista retoma un dato que refuerza esa percepción: el presupuesto en publicidad de la Lotería, que en el último año creció cerca de un 112%. Del Frade asiente, pero desplaza el foco. Más que el volumen —aunque reconoce que es enorme, sobre todo en contraste con áreas como salud mental— le interesa la distribución de esos recursos. La pregunta que lanza es directa, casi incómoda: ¿cuánto dinero recibe Aire Libre, Radio Comunitaria? La respuesta es inmediata y seca: nada. Ni siquiera a través de juegos como el Quini o la Quiniela, llegó un peso a la emisora.

Ese vacío, lejos de ser una excepción, aparece como parte de una lógica más amplia. La radio, admiten en el estudio, ya está "condenada" a esa situación. Pero del Frade insiste en que no debería naturalizarse. Señala el periodista inconsistencias evidentes: publicidades de la Cámara de Diputados que aparecen en algunos medios y en otros no, sin criterios claros. La escena se vuelve casi irónica cuando imagina una llamada directa a la presidenta de la Cámara, Clara García, para reclamar explicaciones. "Es una vergüenza", resume del Frade, cuestionando que no exista una distribución equitativa ni transparente.

A partir de allí, el diagnóstico se amplía. En sus años de oficio —dice, reivindicando al periodismo como "la mejor profesión del mundo"— nunca vio un nivel de censura como el actual. Ni siquiera en los años noventa, aclara, una década que suele asociarse con fuertes condicionamientos. La diferencia, subraya, se percibe especialmente en la provincia. No se trata tanto de la propia experiencia en Aire Libre, Radio Comunitaria, donde asegura que la libertad de expresión se mantiene, sino de lo que observa en otros medios: un cierre progresivo, silencioso, de los espacios.

En el aire se cuenta un ejemplo revelador. Días atrás, el gobernador Maximiliano Pullaro brindó una entrevista en Casa de Gobierno a un grupo reducido de periodistas. Fue un encuentro cerrado, del que solo circularon fragmentos aislados en algunos medios. La entrevista completa, señala el periodista, no aparece en ningún lado. La ausencia le resulta llamativa: lo habitual, dice, sería que el propio funcionario la difundiera íntegra, incluso como gesto de apertura. Aquí ocurrió lo contrario. Y ese detalle, para él, es sintomático.

En paralelo, del Frade menciona otra herramienta clave del trabajo legislativo: los pedidos de informes. En su experiencia, apenas el 20% recibe respuesta. El resto queda envuelto en demoras o silencios. Sin embargo, advierte un fenómeno curioso: aunque muchas veces no le responden formalmente, sí se activan mecanismos informales. Apenas el pedido toma estado público —a través de periodistas o redes sociales—, algún funcionario se contacta con los involucrados. Esa reacción indirecta, dice, termina siendo útil: demuestra que algo se mueve. Aun así, los silencios y las respuestas incompletas, insiste, también comunican. Son señales claras de incomodidad frente a ciertos temas.

La deuda de una comunicación pública y plural

La charla gira entonces hacia el sistema de medios en la provincia y las deudas pendientes. Aparece el proyecto de la radio pública santafesina, una iniciativa que lleva años sin concretarse. Del Frade recuerda que es la tercera vez que la presenta y que la idea viene desde los tiempos finales del gobierno de Hermes Binner, cuando se debatió la creación de un canal público. De aquella discusión surgió la Ley de Radio y Televisión Santafesina, que permitió la existencia del canal —hoy RTS—, pero dejó incompleta la pata radial.

La concreción de esa radio, advierte, depende de la voluntad política del actual gobierno, algo que pone en duda. Aun así, asegura que seguirá insistiendo, del mismo modo que impulsa otros proyectos, como la Ley de Fomento a la Industria Cinematográfica y Audiovisual de Santa Fe. Reconoce, no sin realismo, que si el oficialismo no toma esas iniciativas es muy difícil que avancen. Por eso, relativiza incluso la autoría: a esta altura, dice, lo importante es que salgan, aunque no lleven su firma.

Detrás de esa insistencia hay una concepción más amplia: la necesidad de democratizar los medios. Para del Frade, el Estado tiene la obligación de sostener no solo medios públicos, sino también comunitarios y cooperativos. Encuentra un antecedente en la historia: la Ley de Radiodifusión de 1953, impulsada durante el peronismo, que establecía una división en tercios entre medios estatales, privados y comunitarios. Ese esquema, afirma, sigue siendo válido y necesario.

La pregunta que sobrevuela es dónde pueden emerger voces distintas, capaces de reflejar la diversidad cultural de la sociedad. La respuesta es pesimista: difícilmente lo hagan en los medios privados. De allí la importancia de políticas públicas que garanticen esa pluralidad.

El recorrido institucional de los proyectos, sin embargo, muestra las trabas. La iniciativa de la radio santafesina llega a la Legislatura, pasa a la Comisión de Cultura y allí queda sujeta a los tiempos —o a la falta de ellos— del oficialismo. "Mayoritariamente se cajonea", resume. Por eso, vuelve a una idea que repite como una clave política: para que algo se mueva adentro, tiene que haber presión afuera.

La historia reciente, evocan, está llena de proyectos que flotan sin concretarse, como la radio pública de Rosario, que sigue siendo —en palabras del periodista— "La Balsa", su nombre original: una idea que deriva sin terminar de encontrar puerto. 

En otro tramo de la charla se abre con una pregunta que parece simple, casi ingenua: ¿qué pasó con la radio municipal de Rosario? La respuesta desarma cualquier idea de inexistencia. El periodista reconstruye una historia fragmentaria pero concreta: la radio sí existió, al menos en estado embrionario. Hubo horas de programación armadas, pruebas técnicas, incluso transmisiones desde distintos puntos de la ciudad, y menciona la estación Rosario Norte, donde funciona la secretaría de Cultura. No era un proyecto abstracto: había equipos, había planificación y hasta nombres propios.

El problema, explican, no fue solo local. Del Frade escucha mientras se reconstruye una dificultad estructural vinculada a la política nacional de medios de aquellos años, bajo la órbita de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Cuando se ampliaron las licencias para municipios y provincias, se cometió —según esta lectura— un error clave: asignar frecuencias iguales o muy cercanas a distintas localidades, combinadas con niveles de potencia extremadamente bajos. El resultado era previsible: transmisiones que apenas cubrían unas pocas cuadras y que, además, interferían entre sí. Un sistema que, en la práctica, volvía inviables muchos proyectos.

Radios que no llegan, voces que no entran

Algunas radios, cuentan, intentaron sortear esa limitación incumpliendo las condiciones iniciales y luego pidiendo excepciones. En ciertos casos lo lograron; en otros, quedaron libradas a su suerte. La experiencia de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, aparece como una de las pocas que logró sostenerse en el tiempo. Pero incluso allí la continuidad no está garantizada: el periodista recuerda el caso de Radio Ciudadana FM 89.7, la radio pública de Concordia, tras un cambio de signo político, fue directamente cerrada por el nuevo intendente, pese a haber sido utilizada como plataforma de campaña.

Ese recorrido desemboca en una pregunta más amplia: quiénes quedan afuera del sistema de medios en un contexto de creciente concentración. La respuesta de del Frade es inmediata y contundente: los primeros excluidos son los propios periodistas. Para explicarlo, recurre a una escena reciente: una conversación con un profesional muy reconocido de Rosario que, tras décadas de trabajo, percibe un salario de 600.000 pesos. La cifra, dice, le resulta obscena. No solo por lo que implica en términos económicos, sino porque revela una degradación del oficio.

Esa precarización tiene consecuencias directas. Los trabajadores de prensa, sostiene, son los primeros en enfermarse, los primeros en quedar al margen. Y detrás de ellos quedan también sectores sociales y políticos que pierden espacios para expresar miradas críticas. El resultado es un ecosistema donde las políticas públicas se presentan como soluciones cerradas, sin contrapuntos visibles.

Una democracia que se achica en silencio

En ese escenario, la censura ya no aparece solo como un mecanismo externo, sino también como una práctica internalizada. Del Frade advierte un crecimiento de la autocensura que considera alarmante, especialmente en un país con más de cuatro décadas de democracia. Para él, ese fenómeno es indicio de una "democracia de muy baja intensidad", cada vez más reducida, más "anoréxica".

La selección de voces, agrega, no es casual. La censura —dice— es políticamente dirigida. Y para ilustrarlo recurre a un dato que le compartió el fallecido periodista Alberto Giraldi: un ranking de los diputados más invisibilizados en los medios. En ese listado, asegura, él mismo ocupaba el primer lugar, seguido por Amalia Granata. La mención no es menor: del Frade aclara que no comparte su posición ideológica, pero aun así le molesta que sea silenciada. En su lógica, el desacuerdo no debería anular la posibilidad de debate.

La experiencia acumulada también le permite al periodista leer otros gestos. Habla de colegas que, frente a observaciones o datos que contradicen el discurso dominante, asienten en privado pero no modifican lo que dicen al aire. Ese desfasaje, interpreta, revela hasta qué punto pesan las líneas editoriales de las empresas mediáticas. Del Frade lanza una advertencia que mezcla consejo y experiencia: quienes hoy se alinean sin cuestionar, mañana pueden ser descartados. Para ilustrarlo, recurre a una metáfora cruda y directa, que no deja lugar a eufemismos: "Después hay una cuestión que, el saber popular lo dice de otra manera, pero se cumple. Los profilácticos se tiran. ¿Sí? Se usan y se tiran. Y los que hemos sido tantas veces echados y puestos en la calle, los sabemos, entonces se lo decimos de buena intención". La frase no solo impacta por su crudeza, sino porque refleja años de vivencias en medios y política, recordando que la lealtad sin cuestionamiento rara vez protege.

La conversación vuelve entonces a un terreno más propositivo, retomando la idea de la radio pública santafesina. No se trata solo de crear una emisora, aclaran, sino de definir sus contenidos y su sentido. Para del Frade, debería ser una herramienta para reflejar la diversidad cultural, educativa y social de toda la provincia de Santa Fe. Una radio que muestre lo que producen sus comunidades, sus músicos, sus historias.

La propuesta va más allá del aparato técnico. Imagina una estructura en movimiento, con comités ad honorem integrados por referentes culturales de cada uno de los 19 departamentos. La radio, en esa mirada, no sería solo un aparato que transmite, sino un espacio que produce comunidad: bibliotecas populares, talleres, asambleas, lugares de encuentro para organizaciones sociales. En ese modelo, la radio no sería solo un medio de comunicación, sino un nodo comunitario, una extensión de experiencias como la de Aire Libre, Radio Comunitaria.

Así, entre diagnósticos duros y proyectos que aún buscan concretarse, el relato deja ver una tensión persistente: la distancia entre lo que existe, lo que podría existir y lo que —por decisiones políticas, económicas y culturales— queda, una vez más, en suspenso.

Esa dimensión, dice, podría generar "cosas maravillosas". Pero enseguida aparece la contracara: si la política pública en materia de comunicación se reduce a la censura y la propaganda, todo ese potencial se anula. El retroceso, advierte, es profundo. Tanto que remite a debates de hace décadas, como el informe "Un solo mundo, voces múltiples", conocido como el informe McBride, impulsado en el ámbito de la UNESCO en los años setenta. Aquella discusión sobre el derecho a la comunicación —recuerda— fue resistida incluso por potencias como Estados Unidos, que llegó a retirarse del organismo. Hoy, sugiere, no solo no se avanzó, sino que se retrocedió varias décadas.

La conversación retoma entonces el presente, con un proyecto concreto: destinar el 33% de la pauta publicitaria oficial a medios comunitarios, cooperativos y populares. Del Frade lo plantea sin matices: no cumplir con ese criterio equivale, para él, a sostener un esquema antidemocrático. En ese punto, el rol de las radios comunitarias aparece como central, no solo como espacios de comunicación, sino como motores de presión para que estas discusiones no desaparezcan de la agenda.

La relación entre comunicación y violencia emerge casi de inmediato. Cuando ciertos temas no se discuten públicamente, cuando quedan fuera del debate, advierte, terminan reapareciendo de forma distorsionada y muchas veces explosiva. Menciona el caso de un episodio reciente en San Cristóbal, atravesado por versiones que circularon en redes sociales como TikTok, sin fuentes claras ni verificación. La cadena de desinformación, alimentada por la ausencia de debate serio en los medios, termina generando más confusión y más violencia.

En ese contexto, aparece otra discusión clave: el desmantelamiento de herramientas de fomento a los medios. El periodista introduce el tema del FoMeCA, Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual creado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y señala que el gobierno de Javier Milei modificó su lógica. Según describe, esos recursos —que antes fortalecían a medios pequeños— ahora podrían ser disputados por grandes grupos como Grupo Clarín u otros grupos de alcance nacional. La consecuencia, coinciden, es un sistema cada vez más arbitrario, donde el acceso a los recursos depende de decisiones discrecionales.

Frente a eso, del Frade propone una alternativa con anclaje territorial. Su idea de financiamiento y gestión incluye la participación de los ministerios de Cultura y Educación, junto con referentes sociales y culturales de cada departamento. Retoma además un proyecto propio de larga data: los "Espacios Comunicacionales Barriales", ámbitos de discusión abiertos que funcionarían como asambleas mensuales para pensar la comunicación desde abajo. La clave, insiste, es evitar que las decisiones queden concentradas en una "mesa chica".

Concentración, negocios y derecho a la información

La crítica a esa concentración se vuelve más concreta cuando menciona espacios informales de poder, como reuniones privadas donde —según desliza— se definen líneas editoriales que luego se reflejan en los medios. Se nombra incluso al empresario Gustavo Santiago Scaglione como anfitrión de encuentros de ese tipo, donde confluyen figuras del poder político y mediático. Para del Frade, esos ámbitos terminan teniendo un impacto directo en lo que luego se ve —o no se ve— en la televisión.

Camino al cierre, la conversación retoma un hilo que había quedado planteado al inicio: la relación entre desigualdad económica y desigualdad en la palabra. Del Frade la define como inseparable. No puede haber concentración de riqueza sin concentración de información, afirma. Y para explicarlo recurre a una perspectiva histórica: la palabra "noticia", recuerda, surge en el castellano hacia el año 1250, asociada al "conocimiento del pueblo". Antes de eso, el saber estaba concentrado en los señores feudales, el clero y los ejércitos. La expansión de las ciudades implicó también una apertura del conocimiento.

Esa misma lógica, sostiene, sigue vigente. Si el acceso a la información se restringe, la desigualdad económica se reproduce. Por eso, insiste, la democratización de la comunicación no es un tema accesorio, sino estructural.

Salud, política y tramas invisibles

Cuando la charla parece cerrarse, aparece un último eje, abrupto pero conectado con el poder: el sistema de salud y sus vínculos con la política. El nombre de "Tita" surge a partir de una protesta vinculada al PAMI en Rosario, ante el despido de una trabajadora del organismo. Del Frade reconstruye entonces una trama que se remonta a Rafaela, donde —según su investigación— se consolidaron grupos de salud privada con fuerte proyección nacional. Allí ubica a familias como los Tita, junto a otras, y a la figura de Ricardo Lorenzetti, integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como un actor clave en la articulación de esos intereses.

Describe a Lorenzetti como una suerte de "canciller" de estos grupos, en alusión a la figura de asesor estratégico en El padrino. Según su relato, estas redes empresariales se expandieron a partir de mecanismos vinculados al manejo de fondos del PAMI, consolidando poder económico y territorial. Incluso menciona un libro de investigación que realizó sobre el tema: una edición de 3.500 ejemplares de la cual solo circularon 500, mientras el resto —afirma— nunca volvió a aparecer.

El recorrido, que empezó en la pobreza y pasó por la censura, termina así en una trama donde comunicación, economía y poder se entrelazan. Y deja flotando una idea persistente: que detrás de cada desigualdad visible hay, casi siempre, una disputa más profunda por quién tiene derecho a hablar y a ser escuchado.

En el tramo final, la conversación desciende a un terreno donde la denuncia se vuelve más concreta y, a la vez, más personal. Carlos del Frade retoma la trama del llamado "Grupo Tita" y la vincula directamente con el funcionamiento del PAMI. La clave, explica, está en el sistema de cápitas: el dinero que las prestadoras reciben por cada afiliado. Allí, sostiene, reside el interés central. No es solo una cuestión sanitaria, sino un negocio de enorme escala.

Para ilustrarlo, recurre a su propia experiencia familiar. Recuerda el paso de sus padres por el PAMI I y II en Rosario, y describe una lógica que le resulta inquietante: la realización de estudios médicos constantes, muchas veces innecesarios, donde lo central no parece ser el resultado clínico sino la facturación del servicio. Ese mecanismo, afirma, mueve cifras gigantescas. En su momento —asegura— se hablaba de alrededor de 500 millones de dólares solo en esas dos estructuras dentro de la ciudad.

En ese entramado, vuelve a ubicar la figura de Ricardo Lorenzetti como un actor clave. No solo por su trayectoria jurídica, sino por su capacidad de sostener influencia a lo largo de distintos gobiernos. Esa permanencia, dice, funciona como una "protección fenomenal" para grupos empresariales vinculados a la salud privada, como el propio Grupo Tita. La consecuencia es un esquema donde actores privados gestionan áreas de la salud pública con lógica de negocio.

La conversación suma otra capa cuando el periodista trae a colación el tratamiento mediático de estas figuras en Rafaela. Allí, señala al diario Castellanos que mantiene una presencia constante de Lorenzetti en sus portadas, algo que del Frade vincula con el hecho de que su hijo esté al frente del medio. Pero no se trata solo de un diario, señala el periodista: describe un proceso de concentración más amplio, donde distintos medios —gráficos, radiales y televisivos— se integran en un mismo conglomerado.

Ese fenómeno, afirma, reduce drásticamente la pluralidad de voces. Lo que antes eran líneas editoriales diferenciadas, incluso antagónicas, hoy convergen en un mismo discurso. Rafaela, resume, parece tener "una única voz". Y esa imagen le sirve a del Frade para volver a una idea que atraviesa toda la entrevista: la calidad democrática medida en términos de diversidad informativa. Cuando esa diversidad se achica, dice, la democracia también se vuelve más débil.

Cincuenta años después
De Videla y Galtieri a Milei

El golpe se hizo para defender al capital y la empresa privada. Medio siglo después resulta fundamental volver a contar lo que hay detrás de los personajes, los hechos, las torturas y la apropiación de bebés: la depredación de lo colectivo, desde lo material al pensamiento propio.

Lo que se hizo con botas sangrientas hoy se lleva adelante con los votos del pueblo saqueado. Muchas traiciones y sistemática destrucción de la conciencia histórica, social y política de cada habitante de esta hermosa porción cósmica que es el territorio argentino.

Hay que insistir.
Pensamiento propio, soberanía de la cabeza, protagonismo y cercanía.

El cierre, sin embargo, introduce un cambio de tono. Antes de despedirse, del Frade menciona la reciente presentación de su libro Cincuenta años después, una investigación que recorre continuidades históricas desde la última dictadura hasta el presente. El subtítulo —De Videla y Galtieri a Milei— marca esa línea de lectura. El libro fue presentado horas atrás en La Quinta de Funes, un centro clandestino de detención durante la última dictadura. Editado por la Fundación Ross, ya se encuentra en librerías y, para él, representa una síntesis de muchas de las ideas que atraviesan la charla: la persistencia de estructuras de poder, la disputa por la memoria y la necesidad de entender el presente a la luz del pasado.

Con ese gesto —el de ofrecer el libro, el de cerrar con una reflexión histórica— la conversación se apaga. Pero deja resonando una misma preocupación, repetida bajo distintas formas a lo largo de toda la crónica: quiénes concentran el poder, quiénes quedan afuera y cómo esa disputa se expresa, siempre, en el territorio de la palabra.

Bio: 

Carlos Alfredo del Frade nació en Rosario el 5 de febrero de 1963, es periodista, escritor, investigador y desde 2015 es diputado provincial en Santa Fe —en la actualidad por el Frente Amplio por la Soberanía—, y en cada período se ha convertido en el legislador que más proyectos ha presentado en la Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia.

Con la certeza de la necesidad de "escuchar bien, para contar mejor", a lo largo de casi cuatro décadas de trabajo periodístico, Del Frade recorrió muchos de los medios de Santa Fe y sufrió tanto la censura de los más grandes como el amor incondicional de los medios populares.

Con más de 100 libros publicados —sus investigaciones sobre el narcotráfico y las mafias de la provincia, sus libros de historia y de derechos humanos, así como sus trabajos sobre las desigualdades económicas de Santa Fe—, son referencias ineludibles a la hora de entender nuestro presente y poder proyectar un futuro más justo y soberano para las grandes mayorías.

Actualmente sigue recogiendo los pesares y alegrías de nuestra gente tanto en su trabajo legislativo como en su ya clásico ciclo radial "La Voz del Grillo".

Escuchá la entrevista completa:

 

Proyecto de Radio Santafesina: Proyecto de Régimen de promoción y fortalecimiento de medios y productoras de comunicación popular, comunitaria y cooperativa: