jueves, 29 de mayo de 2008

Una nueva política de medios

Plantear una Ley de Radiodifusión sin incluir una de publicidad oficial y otra de acceso a la información pública sería como aplicar un maquillaje para ocultar los verdaderos defectos que hoy acechan a la libertad de expresión en la Argentina.
Por: Silvana Giudici, Diputada Nacional, Presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión
El reemplazo de las normas generadas en dictadura como la Ley de Radiodifusión debe tener sustento en la reflexión y en una discusión amplia que integre a todos los que quieran ser escuchados. Fracasaría cualquier reforma que se basa en un enojo circunstancial contra un medio determinado, o en una visión paranoica o restrictiva sobre la prensa argentina.
No es auspicioso que el Gobierno anuncie su voluntad de cambiar la Ley en un marco de confrontación y señalándola como la madre de todas las batallas. Por el contrario, la base para una reforma seria debería partir de los consensos alcanzados en el pacto de San José de Costa Rica y en la Declaración de Chapultepec, fundamentalmente lo expresado en su punto 1: "No hay personas si sociedades libres sin libertad de expresión de prensa. El ejercicio de ésta no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo".
También debería sujetarse a lo expresado por las relatorías de Libertad de Expresión de la ONU y la OEA en su declaración "Desafío a la Libertad de Expresión en el Nuevo Siglo" del año 2001, que señala como objetivo principal de la reglamentación de la radiodifusión a la promoción de la diversidad y a la igualdad de oportunidades para el acceso de todos los segmentos de la sociedad a la ondas de radiodifusión.
El nuevo marco legal para la radiodifusión en la Argentina debe contener la opinión de los protagonistas del sector, organizaciones periodísticas, agrupaciones gremiales relacionadas con el quehacer periodístico, organizaciones académicas y sectoriales. Esta construcción de consensos debe darse en el Parlamento Nacional; las comisiones de Comunicaciones y de Libertad de Expresión constituyen el ámbito adecuado para generar audiencias públicas y recoger el aporte de todos los actores involucrados. También es insoslayable el aporte de representación que las fuerzas políticas hacen a través de sus distintas iniciativas parlamentarias.
Creemos que la nueva Ley de Radiodifusión tiene una categoría fundacional en la Argentina considerando las innovaciones tecnológicas que se advierten en el mundo. La convergencia digital y la televisión de alta definición son inminentes adelantos en materia de conectividad e interactividad que modificarán la matriz de la radiodifusión, los medios audiovisuales y las comunicaciones en general en nuestro país. Por lo tanto, el debate por la elección e implementación de las nuevas tecnologías adquiere total relevancia.
Compartimos la necesidad de la reforma en materia de radiodifusión, pero advertimos también que la urgencia debería estar puesta en la sanción de una ley que regule la publicidad oficial. En virtud de los últimos acontecimientos —una investigación judicial en relación a la distribución de la pauta oficial en la Secretaría de Medios y el hallazgo de dinero en circuitos no esclarecidos en la agencia TelAm— se desprende la urgencia de reglamentar un nuevo marco para la distribución de la pauta oficial.
Señalamos esto en el Parlamento desde hace años, denunciamos en su momento los incrementos presupuestarios realizados a través de los "superpoderes" y la discriminación que sufren algunos medios críticos al Gobierno en la asignación de publicidad oficial. También lo señalan el informe de la relatoría de libertad de expresión de la OEA de marzo de 2007, la Asociación por los Derechos Civiles ADC en su monitoreo permanente sobre la distribución de la pauta y el informe 2008 del CELS, que también presenta consideraciones sobre el tema.
Por último, señalamos, el acceso a la información pública es un derecho inalienable de los ciudadanos y la pauta de publicidad oficial es un instrumento para difundir esa información; no debe utilizarse como auspicio comercial, es decir, para comprar espacios, medios o favores. Pautar publicidad en los medios con criterios objetivos debe ser un instrumento para difundir los actos de Gobierno y para que los ciudadanos tengan mayor acceso a la información pública.
Junto a las leyes de Radiodifusión y la de Publicidad oficial también debe tratarse la postergada ley de Acceso a la Información Pública. Esta trilogía normativa y el debate por el rol de los medios públicos de comunicación es fundamental para una nueva política de medios en nuestro país.
Nuestra obligación es legislar para el futuro. Plantear una ley de radiodifusión sin incluir publicidad oficial y acceso a la información pública sería como aplicar un maquillaje destinado a ocultar los verdaderos defectos que hoy acechan al ejercicio de la libertad de expresión en la Argentina.

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