sábado, 31 de mayo de 2008

Central, la joya de la abuela

Una pensionada de 71 años que vive en un hogar de ancianos y un hombre que reside en un barrio humilde le prestaron al club 1.500.000 dólares.
Ángela Lerena
Central saca agua de las piedras. Según denuncian sus actuales dirigentes, la institución rosarina logró que una anciana de 71 años que vive en un geriátrico y cobra 320 pesos por mes le prestara al club 150.000 dólares, y que un monotributista que habita un barrio carenciado le entregara 1.300.000 dólares. Para Horacio Usandizaga, presidente desde noviembre, los acreedores insólitos son parte de un robo de la anterior comisión directiva –encabezada por Pablo Scarabino– al club. Hay tres causas penales abiertas, y en una de ellas están acusados seis ex dirigentes y tres abogados. “La causa no avanza porque el juez Luis María Caterina es un cobarde”, dispara Usandizaga.
El Vasco, ex intendente de Rosario por la UCR, asegura haber descubierto una maniobra para estafar a Central: inventar supuestos acreedores que, en realidad, son testaferros de los propios ex dirigentes y sus allegados.
“Cuando el club vendió a Marco Ruben, Cristian Villagra y Juan Ojeda a River, en diciembre de 2006, la plata fue a parar a una cuenta por decisión de la jueza que entiende en la quiebra del club, Liliana Giorgetti. Los dirigentes no podían disponer de ella. Pero empezaron a aparecer inhibiciones de acreedores que trabaron el pase. Para que se destrabara, la jueza tuvo que pagarles a los poseedores de los pagarés”, explica Usandizaga.
Los dueños de la deuda son insólitos. Nélida Olga Espadas, de 71 años, vive en un geriátrico y recibe 320 pesos mensuales de pensión. En 2000, el Banco Municipal de Rosario la consideró morosa incobrable por una deuda de 6.000 pesos. Sin embargo, seis años después se las arregló para ahorrar 150.000 dólares y prestárselos a Central. Cuando se vendieron las tres joyas de la abuela a River, presentó el pagaré en Buenos Aires y cobró.
Cuenta Usandizaga que la abogada patrocinante de la abuelita era Julieta Pariso, socia en Buenos Aires de Valentín Ubieta, entonces letrado de Central. Ubieta había sido abogado de la señora en el juicio que le hizo el Banco Municipal. Es decir, según consta en la causa penal, un letrado del club le asignó abogada a una acreedora del club.
El otro acreedor emblemático es Juan Carlos Álvarez, quien vive en un edificio del Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavi), es monotributista y trabaja en un centro de compraventa de joyas y relojes en Rosario. Su capacidad de ahorro es asombrosa: le prestó a Central 1.300.000 dólares.
Aún sigue viviendo en el edificio del Fonavi, a pesar de que cobró 600.000 verdes en 2007. Todavía se le debe el resto. Su abogada también es Julieta Pariso.
Hay dos causas penales contra Espadas y Álvarez, iniciadas por la actual dirigencia. Pero, además, hay otro juicio penal en curso en la vida de Central. Los acusados en la otra denuncia son Juan José Valentín Ubieta –nombre repetido en las tres causas–, Autarco Arfini y Eduardo Carrillo, abogados que trabajaron en el club desde el concurso preventivo de acreedores que se abrió en 2003.
Cuando fueron designados, firmaron un poder en el que renunciaban a percibir dinero de Rosario Central. Dos años después, interpelaron una demanda para cobrarle al club 6.240.000 pesos en concepto de honorarios. Los entonces directivos de la institución, lejos de pelear en Tribunales, allanaron la demanda. Y aceptaron pagar.
El club y los abogados demandantes –las partes enfrentadas– constituyeron domicilio legal en el mismo estudio jurídico. Martín Ovejero Cornejo fue designado por –sí, adivinó– Ubieta. Al igual que Pariso, no supo que quien lo contrataba era parte interesada. Nadie avisó a la jueza Giorgetti que el club se iba a comprometer con semejante cifra, y la magistrada alertó a la Justicia sobre la irregularidad. Por culpa de esta deuda, Central tiene inhibidos los ingresos por derechos de televisación. Ubieta, Arfini y Carrillo, más seis directivos de aquella época, incluyendo el ex presidente Scarabino, están acusados de presunta administración fraudulenta, estafa procesal y asociación ilícita.
Las tres causas cayeron en el juzgado de Luis María Caterina, pero según Usandizaga, “aún no tuvimos una respuesta. No digo que Caterina sea corrupto, pero sí es un juez cobarde que no tiene ganas de trabajar. Cuando les llegan las denuncias dice: ‘¡¿Otra denuncia de Central?! ¿Se creen que trabajo sólo para ellos?’”.

Fuente: Crítica de la Argentina
Dibujo: El Tomi

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