La Arena había adelantado en su edición del viernes que la resolución del STJ, suscripta por los ministros Víctor Menéndez y Tomás Mustapich, ya había sido redactada y sólo faltaba que los jueces la firmaran, trámite que se completó en la víspera. La notificación llegó a manos de los funcionarios municipales a las 17, hecho que desencadenó una serie de reuniones en el despacho del intendente Francisco Torroba, para resolver los pasos a seguir.
Perjuicio económico
La Resolución es sumamente breve en su aspecto resolutivo, el cual consta de tres artículos. El primero reza: "Rechazar la medida cautelar impuesta por Cablevisión S.A.". La segunda: "Imponer las costas a la vencida (art. 70 del CPCA), difiriendo la regulación (de) honorarios para la oportunidad de resolver los autos principales". El último es dispone la notificación de las partes a través de cédulas.
Pero lo interesante de la medida está escrito en los considerandos, donde -luego de repasar cronológicamente cada aporte de pruebas por parte de los litigantes (la empresa y la comuna) y mencionar el resultado de una pericia ordenada por el STJ-, el Tribunal fundamentó su rechazo a la cautelar de la firma del Grupo Clarín, que posee el monopolio del servicio de TV por cable en esta capital.
La cablera sostuvo en su presentación que dar curso a la disposición de la comuna la afectaría económicamente y calculó esos daños en 1,5 millones de pesos correspondientes a la inversión que realizó para reemplazar la vieja red de coaxil por otra de fibra óptica. A ese monto, Cablevisión afirmó que deben sumarse los 366 mil pesos mensuales que recauda por el abono de los 22 mil usuarios que existen en esta capital y la localidad de Toay.
En este aspecto, para el STJ, el avance del municipio en la desconexión "no se configura el peligro en la demora, atento a que (las posibles pérdidas económicas) pueden encontrar satisfacción en un adecuado resarcimiento". En otras palabras, si Cablevisión logra que la Justicia falle a favor de la nulidad de las disposiciones municipales podrá demandar una reparación económica al municipio, con lo cual, para el Tribunal, no se advierte "la naturaleza irreparable del fallo".
Derecho a la información
En cuanto al daño que la medida municipal pueda causar a terceros, es decir, los abonados al cable que se quedarían sin el servicio, la Resolución judicial afirmó que "si bien la actividad realizada por los servicios de comunicación audiovisual es considerada una actividad fundamental para el desarrollo sociocultural de la población, la satisfacción de las necesidades de información y comunicación social pueden ser suplidas por otros medios televisivos, radiales o gráficos que satisfacen ampliamente la diversidad y la universalidad de la información, dada la dimensión que ha adquirido esta ciudad capital en cuanto a la diversidad cuantitativa y cualitativa de modos de expresión de las mass media".
Antes de ese párrafo, el escrito el STJ dio por probado que cuando Cablevisión presentó la cautelar no estaba terminada la colocación del nuevo tendido y mucho menos se encontraban desmontadas las viejas líneas, tal como fue corroborado por la Secretaría de Obras Públicas de la comuna. En ese sentido, los jueces plantearon que al continuar quitando la red vieja cuando el conflicto ya estaba en curso, la cablera debió advertir que el pleito no sólo afectaba a las dos partes involucradas directamente sino a los terceros "a los cuales hoy pretende proteger".
Antes de pasar a la resolución de la cautelar propiamente dicha, la Sala A del STJ sostuvo: "Conforme lo expresado, no queda más que concluir que, ante la falta de perjuicio cierto y razonable a los consumidores que pueden satisfacer sus necesidades socioculturales por otros medios y, no habiéndose acreditado eficazmente la verosimilitud del derecho (ilegalidad y arbitrariedad) se impone el rechazo de la medida cautelar interpuesta".
Historia
Cablevisión había presentado la cautelar el 28 de abril de este año. Allí planteó un recurso contencioso-administrativo solicitando la nulidad de la disposición municipal 1695/09, y todos los actos posteriores dictados como consecuencia de ella, y además, a través de la medida cautelar, requirió la suspensión de esa norma para evitar las desconexiones.
El intendente Francisco Torroba, por la resolución 368/10, le había dado a la empresa monopólica un plazo de 15 días para que procediera a las desconexiones y había advertido que sino lo haría el propio municipio. Pero llegado el día "D", el jefe comunal, atento a que Cablevisión había ido al STJ, anunció que esperaría el pronunciamiento judicial antes de desenganchar a cientos de usuarios del servicio de TV por cable. En ese momento, la CPE -que espera el permiso de Nación para prestar el servicio de TV por cable- le había pedido a la Municipalidad que, directamente, bajara el nuevo tendido.
¿Qué había pasado antes? El 24 de agosto del año pasado la Dirección Municipal de Obras Públicas le otorgó a Cablevisión un permiso de "carácter eminentemente precario" para que arrancara con la nueva red en el área céntrica, pero el 29 de diciembre -como no había presentado la licencia que la autorizaba a prestar el servicio-, el secretario de Obras y Servicios Públicos, Diego Bosch, dictó la disposición 1695/09, ordenando a la empresa "el cese inmediato de los trabajados solicitados (...), consistentes en el reemplazo de los tendidos existentes y colocación de nuevo cableado en la ciudad (...) hasta tanto no se dé cabal cumplimiento a las exigencias de la ordenanza 2486/99", referida al régimen aplicable para el otorgamiento de los permisos de uso y ocupación del espacio aéreo y subterráneo del dominio público (instalación y/o uso de postes y colocación de redes o cableados).
El Grupo Clarín desoyó la norma y continuó con el cableado, pero presentó recursos administrativos contra la disposición. El municipio ordenó que no usara la fibra óptica y Cablevisión volvió a desoírlo. Entonces Bosch dictó la resolución 368/10 dándole el plazo de 15 días para que anulara las conexiones ilegales, atento a que ya había avanzando con la fibra óptica aunque no estaba autorizada.
El dilema es saber si los abonados se quedarán sin el servicio
El gobierno municipal está envuelto en una discusión que podría saldarse hoy. Si bien la resolución del STJ afirma que desconectar a los usuarios de la red de fibra óptica de Cablevisión no afectará su derecho a la información y a la comunicación, la gestión comunal busca evitar que los abonados se queden sin el servicio de TV por cable.
Desde las 17, cuando la Dirección de Asuntos Jurídicos fue notificada de lo resuelto por los jueces de la Sala A del máximo tribunal, el intendente Torroba, parte de su gabinete y los asesores legales estuvieron reunidos por espacio de tres horas. En ese lapso, el jefe comunal se hizo de unos minutos para asistir al lanzamiento de la nueva página web del Concejo Deliberante, pero luego volvió a las discusiones.
Más tarde, pasadas las 19.30, el viceintendente Guillermo Di Liscia y los concejales Alicia Iribarren, Cristina Requejo y Marcos Cuelle se acercaron al despacho de Torroba para participar en las deliberaciones. Alrededor de las 20.30, la reunión se cortó hasta esta mañana, cuando terminarán de definir un plan de acción que incluiría ocho puntos, de los cuales sobresalen nuevas consultas ante la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (el ex Comfer) y la CPE.
El secretario de Gobierno, Pedro Salas, dejó por un momento la reunión y dialogó con La Arena. Allí dejó entrever la preocupación que la gestión tiene respecto a la falta de una alternativa de TV por cable en la ciudad, puesto que la CPE recién en marzo podría prestar el servicio. El gobierno comunal no quiere anular las conexiones domiciliarias que se abastecen de la red ilegal si el costo es dejar sin servicio a los 22 mil usuarios.
Un funcionario afirmó que si la entidad solidaria lograra un permiso de la AFSCA para prestar el servicio en breve, la comuna podría esperar ese lapso para efectuar las desconexiones, dado que, en ese caso, los usuarios podrían recurrir a otra prestadora. Igualmente, el director de Servicios Públicos, Celso Causa, quien quedaría encargado ante un eventual operativo de desconexión, estuvo en el despacho del intendente.
También pasó por allí la jueza de Faltas, Alicia Corral, atento a que de la resolución del STJ surgieron nuevos incumplimientos de Cablevisión que serían pasibles de más multas por parte del Juzgado de Faltas de Santa Rosa.
En la comuna preocupa el párrafo de la resolución judicial que, según sostienen, deja abierta la puerta a un nuevo juicio millonario contra la comuna, si la Justicia falla a favor de Cablevisión en cuanto a la cuestión de fondo, es decir, el pedido de nulidad de las disposiciones municipales que cuestionaron el cableado. "Queremos obrar con responsabilidad porque el municipio ya está pagando un juicio perdido con Telefónica", afirmó un alto funcionario.
Cablevisión intenta bajar los decibeles
Funcionarios de Cablevisión intentaron bajarle los decibeles a la disputa que iniciaron con la publicación de solicitadas atacando a la CPE y a la municipalidad. El cambio de estrategia del Grupo Clarín se puso de manifiesto ayer en un encuentro con directivos de este diario, en el que, lejos del tono agresivo de sus solicitadas, admitieron la importancia de la cooperativa y expresaron su deseo de poder competir con ella en el servicio de cable.
Lorena Marino, jefa de Comunicaciones y Relaciones con la Comunidad, Sebastián Delgui, de Relaciones Institucionales, y Fernando Cravero, gerente de Operaciones Interior, analizaron la situación de enfrentamiento a la que llegó la empresa en la ciudad en términos más conciliadores, admitieron como un error el silencio que guardaron en el conflicto que lleva ya más de un año y se comprometieron a responder las consultas periodísticas.
Los directivos de la empresa, si bien se excusaron de explayarse sobre el escenario luego de la resolución del STJ conocida ayer, consideraron que la cuestión no está cerrada pese al rechazo judicial a la medida cautelar solicitada por Cablevisión porque la cuestión de fondo, indicaron, sigue sin decidirse. Esa cuestión, precisaron, es la existencia de licencia para operar en Santa Rosa que la comuna consideró que no estaba demostrada. Una vez analizada por la empresa la resolución, prometieron, responder a la requisitoria periodística.
Fuente: Diario La Arena
