Luego de despedir a decenas de compañeros y compañeras, mientras otros eran presionados al retiro voluntario en el que se gastaron millones de pesos, ahora la gestión de Hernán Lombardi en su retirada lleva adelante designaciones y nombramientos en planta permanente en Radio Nacional y otorga plus salariales en TelAm de manera discrecional.
En el caso de las designaciones en RTA, los mismos se decretan a dedo, sin concurso, violando sus propios decretos que congelaron y achicaron las plantas del Estado.
Desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) exigimos que se dé marcha atrás en estas designaciones de un gobierno que esta a un mes de dejar el poder. Si hay nombramientos, deben realizarse de acuerdo a la ley 26.522, mediante concurso público y la supervisión de los sindicatos, dando prioridad a los compañeros y compañeras contratadas desde hace años en la emisora. A su vez, solicitamos que si se toma nuevo personal se dé prioridad a quienes han sido despedidos injustamente durante el Plan de Vaciamiento del Estado llevado adelante por la actual gestión y esto se concrete mediante los mecanismos correspondientes. Comisiones Gremiales Internas de Radio Nacional, TelAm, TV Pública SiPreBA
La Mesa Nacional de Prensa exige la continuidad laboral de todxs lxs trabajadorxs de Radio y Televisión Argentina.
En los medios públicos nacionales existe un importante grupo de su personal que viene desarrollando tareas con contratos que vencen a fin de año. Se trata de trabajadorxs que desde hace años sostienen las programaciones habituales en diferentes emisoras de la radio y en el canal público.
Hasta el momento sus autoridades se niegan a resolver la continuidad de todxs.
Por ese motivo desde las organizaciones sindicales de prensa alertamos sobre esta situación que, de no modificarse, implicará un despido masivo el próximo 31 de diciembre.
Ante esta grave situación, las organizaciones sindicales integrantes de la mesa declaramos el estado de alerta y convocamos a realizar acciones para defender la continuidad laboral, y la urgente regularización mediante su correcto encuadramiento de todxs lxs contratatadxs precarizados en los medios del Estado nacional.
El Ente Nacional de Comunicaciones otorgó otra licencia a la radio del Grupo Clarín, antes el regularizó el permiso de “Radio Mitre Córdoba”, en la frecuencia de 97.9 MHz. Ahora le tocó el turno a la 91.5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ¿repetidora de la AM 790?
Ente Nacional de Comunicaciones Resolución Sintetizada 4558/2019
Resol-2019-4558-APN-ENaCom#JGM Fecha 18/10/2019 Acta 54
EX-2018-63900038-APN-DNSA#ENaCom
El Directorio del Ente Nacional de Comunicaciones ha resuelto:
1.- Aprobar los actos de concurso de oposición, tendiente a la regularización de la estación del Permiso Precario y Provisorio asentado en el Registro Decreto N° 1.357/89, bajo el N° 1.274, correspondiente a la estación de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia, denominada "Radio Mitre", en la frecuencia de 91.5 MHz., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
2.- Dar por concluido el trámite de oposición documentado bajo EX-2018-67151355-APNDNSA#ENaCom.
3.- Adjudicar a la firma Radio Mitre S.A., integrada por Grupo Clarín S.A., GC Minor S.A. Unipersonal, una licencia para el funcionamiento y explotación de una estación de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia, en la frecuencia de 91.5 MHz., canal 218, en el domicilio de planta transmisora y estudios sito en calle Mansilla Nº 2668 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
4.- El plazo de la licencia adjudicada abarcará un período de 10 años, a partir de habilitación definitiva del servicio, a cuyo vencimiento podrá ser prorrogada a solicitud de la licenciataria.
5.- Constituir condición esencial de la adjudicación efectuada en el Artículo 3 que las emisiones se realicen asegurando la compatibilidad técnica con aquéllos servicios que han sido asignados mediante Decretos o Resoluciones según la Normativa Técnica del Servicio de Radiodifusión Sonora por Modulación de Frecuencia aprobada por Resolución N° 142-SC/96.
6.- Establecer que el presente acto administrativo podrá ser revocado por contrario imperio si dentro del plazo de 90 días computados desde su dictado se constatara que el servicio licenciatario se encuentra provocando interferencias.
7.- Dentro de los 90 días de cumplido el plazo previsto en el Artículo que antecede, prorrogables por el mismo término, la licenciataria deberá presentar la documentación técnica del servicio para la correspondiente habilitación de las instalaciones.
8.- La licenciataria asumirá la responsabilidad de realizar los trámites pertinentes ante la ANAC.
9.- A solicitud de la licenciataria se otorgará la señal distintiva correspondiente.
10.- El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones definidas por los Artículos precedentes, importará la caducidad del presente acto de adjudicación.
11.- Notifiquese, comuníquese a las áreas pertinentes, publíquese.
Firmado: Silvana Myriam Giudici, Presidenta, Ente Nacional de Comunicaciones
Nos solidarizamos y nos sumamos a la lucha de los trabajadores de prensa, del Diario El Litoral, que despidió a cuatro trabajadores y amenaza con seguir despidiendo, sin causa y sin justificaciones.
Denunciamos persecución y despidos arbitrarios, ya que uno de los trabajadores es el Delegado Gremial y miembro de Comisión Directiva de la Asociación de Periodistas.
En la jornada de este miércoles 30, se harán las presentaciones correspondientes y una nueva asamblea de los trabajadores, rechazando los despidos y las amenazas.
Otra burla a los derechos de los trabajadores de la Familia Romero Feris y sus gerentes administrativos. Asociación de Periodistas de Corrientes
La FATPren repudia los despidos y la persecución sindical en Diario El Litoral
La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPren) rechaza el despido de cuatro Trabajadores de Prensa del diario correntino El Litoral, propiedad de Carlos Romero Feris (foto), y repudia la persecución sindical de la que son parte quienes reclaman desde hace años la aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 541/08 y el pago de la millonaria deuda que la empresa tiene con la Obra Social del Personal de Prensa de la República Argentina (OSPPRA).
Con tan solo 3 días de preaviso, la dirección del diario El Litoral de la provincia de Corrientes, uno de los más antiguos de la capital y de los más beneficiados con pauta oficial del gobierno provincial, decidió ponerle fin a la relación laboral de cuatro trabajadores, entre ellos Diego Acevedo, Delegado sindical de los Trabajadores en la empresa y además miembro de la Comisión Directiva de la Asociación de Periodistas de Corrientes (APC).
"Sin Causa", reza el telegrama que coincidentemente llega a sólo días de una presentación formal del sindicato local y esta Federación ante un juzgado federal de Corrientes, por el cumplimiento efectivo del Convenio Colectivo de Trabajo que rige para los medios gráficos y portales de noticias web en todo el País.
Cabe señalar que El Litoral, es uno de los cuatro diarios existentes en la capital correntina que no cumple con la normativa laboral, mantiene personal sin registrar, no hace aportes a la seguridad social hace años, precariza a sus trabajadores y mantiene una deuda millonaria con la (OSPPRA), que supera los 7.000.000 de pesos, todos hechos denunciados por la APC y la FATPren ante las autoridades laborales del Ministerio de Trabajo de la Nación y de la Provincia de Corrientes, quienes en complicidad total y connivencia con el medio gráfico, prefieren "mirar al costado", sin hacerse cargo de las responsabilidades que les corresponden.
Desde la FATPren exigimos al gobernador Gustavo Valdés a que urgentemente se haga cargo de la situación, al igual que a las autoridades de AFIP y ANSES, como también del Ministerio de Trabajo, dada la cantidad de denuncias administrativas y públicas que se han hecho, no sólo del diario El Litoral, sino también de los diarios Época, El Libertador y Norte, quienes incumplen con todas las normativas laborales vigentes.
La FATPren también expresa su solidaridad con los compañeros despedidos: Ramiro Hertler (distribución), Celeste Gómez (corrección), Carlos Ayala (fotógrafo) y Diego Acevedo (periodista) y ya los está acompañando junto a la APC en las pertinentes acciones legales.
Hacemos un llamado de Alerta a todos los Sindicatos del País, a que se solidaricen con la lucha de los Trabajadores de Prensa de Corrientes.
Trabajadores del @DiarioElLitoral repudiamos el despido sin justa causa de 4 compañerxs, uno de los cuales es delegado de lxs trabajadores y miembro de la Comisión Directiva de la Asociación de Periodistas de Ctes (APC). A esta grave situación se suma la amenaza de más despidos.
Trabajadores del diario El Litoral agradecemos el acompañamiento y la solidaridad de estudiantes y profesores de la Facultad de Comunicación Social de la UNNE. Invitamos a toda la sociedad a sumarse a la lucha contra los despidos. Reincorporación YA!!! pic.twitter.com/UnrdJIXzRJ
Comunicado de la Comisión directiva de la Biblioteca Vigil en torno definición judicial del reclamo por honorarios profesionales de Marcelo Scalona y Marcelo Abaca contra la institución
En diciembre de 2015, desde la comisión directiva de la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil, hicimos pública la pretensión de los Sres. Marcelo Scalona y Marcelo Abaca dentro del expediente judicial de liquidación de la Vigil, (N.º 436/77) - iniciado en 1977 por la dictadura cívico-militar – para que se les abonaran honorarios profesionales en la suma de $10.871.650 por su labor como abogados de la “Asamblea de socios para la recuperación de la Biblioteca Vigil”, primero, y de la institución después, tanto en ese expediente, como en otras actuaciones judiciales y administrativas.
Cabe aclarar que el mismo expediente que fuera creado a partir de la intervención liquidadora, bajo el imperio del Terrorismo de Estado, para destruir Vigil, fue ahora el vehículo utilizado para atacar su incipiente resurgimiento. Desde el 25 de febrero de 1977 hasta bien entrado el siglo XXI, ese expediente de liquidación, fue la razón legal mediante la cual, miles de rosarinxs perdieron su lugar en el mundo, su espacio de trabajo, de educación, de arte y cultura popular.
Como compartimos públicamente en el año 2015, la exorbitante demanda por liquidación de honorarios, supuso un ataque directo a los bienes que fuesen recuperados por la comunidad, ponía en riesgo la continuidad institucional de la Vigil y representaba un intento de apropiación individual de una lucha colectiva, que llevó más de tres décadas y dio sus frutos gracias al trabajo de socixs, vecinxs, fundadores, ex miembros de comisión directiva, ex estudiantes, organizaciones sociales, políticas y de DDHH. También vale aclarar que hasta esta presentación de diciembre de 2015, los Sres. Scalona y Abaca nunca habían manifestado ningún reclamo o pretensión de cobrar honorarios ni ante la asamblea de socios ni ante la Vigil recuperada.
El juez interviniente (del Juzgado de Distrito Civil y Comercial N° 14 de Rosario), inicialmente rechazó el pedido, pero luego ambos abogados, a través de un recurso que interpusieron, consiguieron que el magistrado variara ese criterio regulándoles honorarios por un monto aproximado de $ 12.000 a cada uno, a valores de junio de 2016 (más específicamente, se regularon los honorarios de los Sres. Scalona y Abaca en el equivalente a 8 y 7 “jus”, respectivamente, que es una unidad de medida con la que se cuantifica los honorarios de los abogados en nuestra provincia). Aquí queda de manifiesto lo ridículo de la pretensión, cuando el Juez les regula por el uno por mil de lo que pretendían, sin que la Caja Forense hiciera ninguna objeción.
No conformes con ello, los Sres. Scalona y Abaca apelaron esa decisión en agosto de 2016, si bien una vez que se estaba tramitando el recurso en la Sala 3ra. de la Cámara de Apelación, Marcelo Abaca desistió del mismo. Marcelo Scalona, en cambio, se mantuvo en su reclamo de que se fijaran los honorarios de acuerdo a la millonaria suma estimada originariamente.
Ello desembocó en el dictado de una sentencia por la mencionada Sala, a finales de junio de 2019, que fijó los honorarios a favor del Sr. Marcelo Scalona en la suma equivalente a 13 jus, es decir, alrededor de $43.000 a esa fecha.
Ahora bien, la Cámara estableció una distinción, complementada con otra decisión del juez de primera instancia (fines de setiembre de 2019), y según la cual, quedó definido que de los honorarios regulados al Sr. Scalona, 6 “jus” (aproximadamente $ 20.000) son a cargo de la Biblioteca Vigil, por planteos que realizó como patrocinante o apoderado de la entidad. Mientras que los restantes 7 “jus” deben soportarlos en forma personal aquellos socixs que integraron las distintas “asambleas” por la recuperación de la entidad - que a partir de 2004 hicieron diferentes presentaciones dentro del expediente judicial -, al considerar el tribunal que Marcelo Scalona “los patrocinó”, aunque se aclara que también actuó “por derecho propio”.
Cabe remarcar que esta decisión judicial (en cuanto a los montos) es definitiva, ya que no proceden otros recursos procesales contra la misma, y que incluso Marcelo Scalona ya ha practicado una planilla de liquidación de sus honorarios, incluso antes de la determinación final del Juez, en la cual, no casualmente, pretendía que Vigil se hiciera cargo del monto total (13 jus).
Desde la comisión directiva hemos resistido desde el primer momento este reclamo, incluso cuando los Sres. Scalona y Abaca negaban públicamente el monto y haberlo dirigido contra Vigil. Lo hicimos con sólidos argumentos jurídicos, éticos y políticos, asumiendo la defensa de la entidad y de lxs socixs, a lo largo de este agobiante derrotero judicial y siempre dando cuenta de ello, en asambleas y reuniones institucionales.
Esta definición judicial nos impone ahora una valoración y un compromiso.
Destacamos como positivo:
El apoyo de lxs socixs, de instituciones hermanas, del concejo municipal de la ciudad y de la comunidad en su conjunto.
La sanción por unanimidad de una ley provincial (Nº 13569 del 18/10/2016) que declara inembargables e inejecutables la totalidad de los bienes inmuebles de la entidad, protegiéndolos entonces de cualquier intento de agresión patrimonial, no solo de estos abogados, sino también de terceros.
La resistencia eficaz a una pretensión dineraria exorbitante, que superaba holgadamente el millón de dólares al momento en que fue planteada, que de haber prosperado hubiera significado el cierre de la Biblioteca Vigil.
Sin embargo, no podemos dejar de señalar que:
La suma determinada por la Justicia, aunque ínfima de acuerdo al reclamo inicial, sigue siendo significativa para una institución sin fines de lucro como Vigil, máxime en estos momentos de profunda crisis económica.
Nos parece inconcebible que se exponga en forma personal a quienes participaron en un espacio colectivo inspirado en una militancia (como lo fueron las distintas asambleas de socixs abocados a la recuperación de la Vigil) a reclamos patrimoniales de abogados que integraban ese mismo espacio, en las mismas condiciones que el resto de sus compañeros.
Como ya lo expresamos en otras oportunidades, consideramos de mucha gravedad el hecho de que este fallo sienta un peligroso antecedente en instituciones de bien público y espacios de construcción colectiva, al instalar el criterio de que toda actuación de abogados dentro de estos ámbitos siempre debe retribuirse en dinero, desconociendo el valor simbólico de una militancia abocada a justas causas sociales y culturales, y en la cual cada integrante (profesional o no), participa de igual manera.
Frente a todo esto, asumimos el compromiso de defender a lxs participantes de la “Asamblea de socixs para la recuperación de la Biblioteca Vigil” ante cualquier situación que pueda derivar del reclamo de pago de estos honorarios.
A pocos días del cumpleaños Nº 60 de nuestra Biblioteca, seguimos construyendo, tratando de hacer más anchas las puertas para que más gente entre a nuestra biblioteca, establecer puentes con nuestra propia historia, para que la memoria sea un camino por el que más de mil estudiantes pasen anualmente en nuestro programa de recorridos guiados, para que el arte popular y comunitario siga convocando a lxs jóvenes, a nuevas generaciones que siguen haciendo la Vigil, adentrándola en la complejidad de la actualidad, renovando así su compromiso con los sectores populares. Celebramos la compañía de todxs lxs que han participado de la presentación de los libros de nuestra Editorial Biblioteca, de lxs que bailaron en nuestros festivales, nuestras peñas, nuestros encuentros. A las miles de personas que asisten a las funciones gratuitas en nuestra sala de teatro Saulo Benavente, a lxs artistas, educadores, escritores que nos acompañan, a lxs feriantes que acampan con sus productos en cada Feriazo, a las personas que habitan los talleres a diario, a lxs que hacen la Vigil día a día.
Hoy Vigil volvió a ser de lxs rosarinxs, patrimonio de todo Rosario, una institución declarada de bien público por nuestro Concejo Deliberante, cuyos bienes son inembargables y están protegidos de lxs oportunistas de siempre. Hoy seguimos defendiendo con orgullo un espacio que pertenece a una comunidad que sigue creciendo y aprendiendo en el camino de lucha por un mundo mejor para todxs. Comisión Directiva, octubre de 2019
Hace una década, Grupo Clarín y Fernández de Kirchner incubaron una legendaria trama en la que ambos midieron sus fuerzas en la opinión pública de Argentina. En el que Kirchner quiso desmembrar a Clarín en varios negocios independientes de medios, en tanto que ese conglomerado buscó su nicho en la telefonía celular para vender productos de triple play
Por: Nicolás Lucas
Alberto Fernández, un político con ideas de izquierda, ganó la elección presidencial argentina con el 48% de los votos, gracias a un discurso de Estado benefactor y de contención de la inflación, así como del tipo de cambio peso-dólar; dos factores que hoy tienen en la lona a la economía de ese país. Esa prédica hace pensar que las acciones tomadas en telecomunicaciones y radiodifusión por el presidente Mauricio Macri durante su gobierno, autoproclamado como liberal, no serían prioritarios para el nuevo presidente y rescata del pasado aquella historia que acentuó el conflicto entre el Grupo Clarín con Cristina Fernández de Kirchner por un tema de ley de medios y convergencia.
Hace una década, Clarín y Fernández de Kirchner protagonizaron una legendaria trama en la que ambos midieron sus fuerzas en la opinión pública de Argentina. En la que Cristina Fernández quiso desmembrar a Clarín en varios negocios independientes de medios, en tanto que ese conglomerado buscó su nicho en la telefonía celular para vender productos de triple play, al tiempo que movilizó su influencia mediática contra el poder de Kirchner.
El pretexto que dio origen a toda esa historia fue un paro agropecuario y bloqueo carretero en el que Clarín tomó partido ante el entonces jefe de gabinete presidencial, Alberto Fernández, y Cristina de Kirchner, próximos presidente y vicepresidenta de Argentina a partir del 10 de diciembre de 2019.
Mauricio Macri respaldó siempre a Grupo Clarín y ya durante su presidencia, en 2018, avaló una concentración de activos entre Cablevisión de Clarín y Telecom Argentina; se habló entonces de una fusión valorada en 11,000 millones de dólares. Macri, como presidente, intentó abrir el sector a la competencia con la posibilidad de que los operadores de telefonía celular ahora pudieran vender televisión de paga a través de sistemas satelitales e incluso presentó un plan para que esas compañías distribuyeran ese tipo de contenidos mediante redes fijas; y de paso aprovechó su tiempo para crear mayor disponibilidad de espectro para servicios móviles.
Todo relacionado con un interés de crear una industria convergente que en los proyectos de ley y con los decretos de necesidad de urgencia que Mauricio Macri publicó, nunca quedó todo arreglado previo a hacer la entrega del traspaso de poder a Fernández.
La pronta llegada de los Fernández a la Casa Rosada tiene hoy en alerta a los especialistas que siguen el sector de telecomunicaciones bonaerense, pues más allá de qué tipo de política pública diseñará el nuevo gobierno para esa industria, queda por ver cómo terminará para siempre un conflicto que inició en 2008; que escaló a los tribunales y que tuvo una pausa con la victoria de Macri en las presidenciales de 2015 y una aparente victoria que, al morir Ernestina Herrera de Noble, dueña de Clarín, se marchó viendo a su candidato ganar la Presidencia del país y a Cablevisión incursionar en la telefonía celular.
"Por supuesto, el gobierno no va echar para atrás la fusión de Clarín con Telecom. Eso es impensable. Pero sí tiene que ver cómo va a arreglar definitivamente aquel viejo tema de la convergencia y cómo hacer un regulador fuerte, no queremos un órgano regulador a modo de cada gobierno. Y convergencia tenemos una década discutiendo ese tema; porque no lo resolvimos y si lo hicimos, mal lo resolvimos. Vamos a tener que discutir ese tema. Esto de la convergencia es la ley más vieja de todas; hablamos de 5G, Iot, inteligencia artificial, innovación, pero respecto a la convergencia, eso sigue allí", dijo Alejandro Prince, director general de Prince Consulting, en una serie de conferencias organizadas por 5G Americas en Futurecom Brasil.
En Futurecom 2019, el festival de telecomunicaciones de mayor relevancia en América Latina, Prince reconoció avances de Mauricio Macri en transparencia de datos, aplicaciones de gobierno electrónico que facilitaron más de un trámite gubernamental; también los avances para habilitar la prestación de servicios satelitales para las telefónicas y mantenimiento de políticas de conectividad en colegios de educación básica heredadas de gobiernos kirchneristas, pero el faltante fue el asunto de la convergencia, que necesariamente tendrá que tocar el futuro presidente Alberto Fernández.
Andrea Catalano, periodista argentina de telecomunicaciones, dijo que el próximo gobierno federal de su país también debería elevar a rango de ministerio a la entidad que observe la Ley de la Economía del Conocimiento, promulgada en junio todavía por Mauricio Macri con el fin de conceder beneficios fiscales a sujetos que promuevan desarrollos de software, producción audiovisual, biotecnología o servicios de investigación, entre otros; pero que por no tener escrito su texto con mayor claridad, podría entenderse que prácticamente cualquier empresa de otro sector económico podría beneficiarse de esta normativa.
Mauricio Macri en su momento intentó sacar adelante una robusta ley de telecomunicaciones, en la que se planteó el tema de la convergencia, pero no halló los tiempos políticos adecuados para avanzar con ese proyecto en el Congreso de su país.
Ahora, "el escenario ha cambiado. El gobierno de Cristina de Kirchner era un enemigo declarado de Grupo Clarín, pero ahora viene el gobierno de Alberto Fernández y pareciera que los ejecutivos de Clarín lo ven con una mirada enamorada", añade Alejandro Prince, de la firma Prince Consulting.
"Parece que hay un cambio que nos hace pensar que estamos en la relación que había entre el primer gobierno Kirchner y Clarín. Aparentemente viene una relación distinta, pero es una historia que se tocará otra vez". Foto: Reuters Fuente: El Economista
El director del servicio internacional de la BBC, Jamie Angus, cree que los medios públicos y privados deben trabajar juntos en todo el mundo para derrotar a la desinformación, en una batalla en la que los gobiernos tienen que asumir la responsabilidad de enseñar a los ciudadanos a distinguir lo verdadero de lo falso
Por: Desirée García
En una entrevista con EFE, el responsable del BBC World Service reivindica la utilidad del periodismo actual porque, aunque acosado por las noticias falsas, sigue siendo necesario y capaz de cumplir con metas tan elevadas como la de obligar a rendir cuentas a aquellos que “se creen por encima de la ley”.
Líderes políticos derribados por ‘noticias falsas’, superpotencias que declaran guerras híbridas con un ejército de ‘bots’. La gente llega a morir por bulos que se hacen virales. ¿Hay alguna posibilidad de que los periodistas salvemos al mundo de la desinformación?
Creo que cualquiera que quiera ser periodista cree que puede salvar el mundo hasta cierto punto, pero es cierto que el negocio de la información hace cada vez más difícil que el periodismo de alta calidad sobreviva. Dos cosas tienen que pasar: las audiencias tienen que dirigirse a sus proveedores de noticias de confianza, pero también deben apoyar el periodismo de calidad allí donde lo encuentren, incluidos los modelos comerciales y de suscripción. No podemos ser únicamente las cadenas públicas o estatales las que libremos esta lucha, tiene que ser una coalición donde medios privados y públicos trabajen juntos para ganar la batalla a las noticias falsas y la desinformación.
Precisamente, la campaña para el referéndum sobre la salida de la UE en el Reino Unido reveló la debilidad de los medios frente a la desinformación y la manipulación de voto mediante el uso de datos privados. ¿Ha sido el Brexit una victoria para la desinformación?
No sé si estoy de acuerdo con eso. Es cierto que tanto en las presidenciales de EE.UU. en 2016 como en el referéndum sobre el Brexit se detectaron prácticas de algunos medios y en las redes sociales que tienen que ver con la publicidad y la manipulación de datos privados. Pero, al final, el brexit es un problema más amplio. Tres años después, los británicos todavía estamos intentando encontrar la forma de llevarlo a cabo y de que los políticos y el país vuelvan a unirse después de un periodo en el que hemos estado profundamente divididos. No estoy seguro de que el Brexit diga mucho sobre los medios, creo que dice más de la problemática relación que los británicos han mantenido con la Unión Europea durante muchas décadas.
No obstante, durante la campaña del referéndum, la BBC fue criticada por dar un tratamiento equilibrado que llevó a situaciones en las que un premio Nobel tenía el mismo espacio que un portavoz de la campaña para salir de la UE sin una trayectoria sólida. ¿Qué consecuencias ha tenido este enfoque?
La BBC está comprometida con dar un equilibrio apropiado, pero no falso. Nos vimos obligados, creo que con razón, a representar a ambos lados de la campaña del referéndum por igual y creo que es inevitable para una cadena pública además de una consecuencia inevitable de convocar un referéndum 50-50 (de una sola pregunta) sobre un tema técnico enormemente complejo. Pero la BBC no da un equilibrio inapropiado cuando se trata de temas como el cambio climático, por ejemplo. Somos muy cautos a la hora de representar donde está el centro del pensamiento y no presentar temas como el cambio climático como un debate 50-50.
Estos días están circulando muchos bulos en España relacionados con la situación de Catalunya, como ya ocurrió con el referéndum catalán. ¿Hay alguna relación entre nacionalismo y desinformación?
El auge de la desinformación política se está transformando a través de la agenda política. No lo veo como una característica única del nacionalismo ni de la izquierda y la derecha. Creo que lo que representa es una mayor tendencia de las audiencias de recibir información de baja calidad en plataformas sociales porque los medios, en algunos casos, han abandonado ese espacio. El negocio de hacer noticias de calidad se ha vuelto muy difícil. En algunos países, las cadenas públicas están en retirada y los medios privados más potentes también se enfrentan a serias dificultades, y ese vacío ha dejado atrás un espacio en el que brotan noticias digitales de baja calidad por todas partes. Las personas las consumen en sus móviles y han sido abandonadas, incapaces de diferenciar lo que es buena y mala calidad.
El BBC World Service llega a una audiencia de 400 millones de personas. También tiene una reputación incontestable como servicio independiente e imparcial de noticias. Sería lógico pensar que la BBC debe liderar la lucha global contra la desinformación.
Somos muy afortunados porque publicamos noticias en 42 lenguas, aparte del Inglés, y eso nos permite identificar en mercados de todo el mundo tendencias y patrones en noticias falsas y desinformación. Pero solo podemos ser parte de la solución: la alfabetización mediática global es un enorme desafío para las políticas públicas en todo el mundo. Lo vemos ahora mismo con el cambio climático: es un gran desafío para los países en todo el mundo, y cada país debe encontrar la forma de mejorar la alfabetización mediática de su población, tanto en Europa occidental como en África Subsahariana.
La investigación de la BBC ‘Anatomy of a killing’ se ha convertido en una obra maestra de la verificación digital que demostró cómo un grupo de soldados cameruneses habían asesinado a dos mujeres y dos niños. ¿Cómo de difícil y cara ha sido esa investigación?
Fue difícil y bastante cara, pero creo que ha tenido un gran impacto y nos dice un par de cosas muy interesantes sobre el periodismo de hoy. Primero, que hace una generación difícilmente podíamos informar sobre los hechos que ocurrían sobre el terreno si no éramos capaces de ir allí, hacer nuestras fotos, nuestras investigaciones, filmar nuestro material. Anatomy of a Killingdemuestra que, incluso después de los hechos, somos capaces de reconstruir lo ocurrido a través del análisis de fuentes abiertas y de vídeos publicados en redes sociales. Creo que ha sido increíblemente importante y que muestra que hay responsabilidad por acciones que parecen haber sido enterradas. Las personas que perpetraron estos asesinatos confiaban en que nunca serían atrapados y pienso que un importante papel del periodismo, dentro del periodismo de investigación, es obligar a rendir cuentas a las personas que se creen por encima de la ley.
¿En qué lugares del mundo muestra su cara más temible la desinformación?
La desinformación apoyada por Estados, ya sea Rusia u otros países, localiza conflictos preexistentes y promueve la violencia o perturba la actividad política legítima, especialmente en elecciones. Hemos visto que esto no ocurre solo en países en desarrollo;aquí mismo hemos visto pruebas de acciones de desinformación apoyadas por actores estatales en las elecciones al Parlamento Europeo de este año.
Por lo tanto, para nada se trata de un problema exclusivo de los países en desarrollo, también es un problema para Europa occidental y Estados Unidos. Foto: Jamie Angus
Fuente: Agencia EFE
La jueza Ana María Guadalupe Varela en un fallo emitido el pasado 24 de octubre ordenó al Nuevo Diario de Salta a reinstalar en su puesto laboral a la periodista Laura Urbano, al entender que la medida tomada por el director del medio, Néstor Gauna, es nula y denota un comportamiento antisindical.
La compañera Urbano fue despedida tras haber notificado su condición de congresal del Sindicato de Prensa de Salta (SiPrenSal) ante la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPren), situación ante la cual Gauna tomó la determinación de desvincular a la trabajadora de prensa de la empresa, el pasado 4 de septiembre.
Ante ello, Urbano -que contaba con más de15 años de trabajo ininterrumpido- con el apoyo del SiPrenSal y la FATPren, presentó una demanda de Tutela Sindical contra el Grupo GG a cargo del Nuevo Diario de Salta, al entenderque el motivo de su despido fue el haberse sindicalizado. La compañera, además, es desde el martes 22 de octubre la nueva Secretaria Adjunta electa de la organización sindical salteña.
Los afiliados y afiliadas al SiPrenSal realizaron una histórica movilización en contra de la decisión empresarial de Gauna, quien se mantuvo en su posición de continuar con su actitud antisindical.
Desde expresaron que "entendemos que la única salida de los trabajadores es la unidad y la lucha colectiva ante las injusticias del empresariado. No estamos más solos. Si tocan a uno, nos tocan a todos".
El premio Nobel de la Paz fue objeto de controversias por el rol de la Comisión Provincial por la Memoria de la provincia de Buenos Aires en el caso de Marcelo D’Alessio. Sin embargo, se manifiesta totalmente en contra de una Conadep para el periodismo.
En un artículo de 2008 usted escribió lo siguiente: “Estos empleados judiciales locales de las embajadas de Estados Unidos son actores, directores mediáticos, que dirigen escenas de allanamientos policiales y preparan confesiones de arrepentidos, que luego se desdicen. Algo que se ajusta a la medida de los intereses y tiempos políticos de los gobiernos neoliberales. El show que dirigen se llama ‘Bailando para meter preso al presidente o a la presidenta’. Pero los directores pasan y los canales de televisión siempre quedan. Por eso, es preciso ponerle nombre a la guerra judicial en Brasil, se llama Red Globo; en Argentina, Grupo Clarín; en Ecuador, diario ‘Universal’”. ¿Podría argumentarnos su visión sobre el lawfare, sobre la guerra judicial y la batalla mediática?
Me alegra estar aquí. Que podamos compartir y reflexionar sobre estos temas. Me parece importante buscar la unidad en la diversidad. Pensar distinto es la riqueza de los pueblos. En lo específico de su pregunta, le diría que es un tema que nos preocupa. Soy un sobreviviente de una época trágica para el país, para toda América Latina. Llevamos cincuenta años de trabajo en el continente latinoamericano. Es el área de la que nos ocupamos con el Servicio Paz y Justicia.
¿Cuál es a su juicio el rol de los medios en esta repetición de los 70 a través de otras formas?
En esa época los medios sufrieron distintos embates. Hubo una persecución muy fuerte, mucha censura. En el año 1975 fue el secuestro, asesinato, muerte, de un periodista brasileño de origen judío, Vladimir Herzog.
En la dictadura de Argentina sobran ejemplos.
Rodolfo Walsh, y muchos otros. Además, había mucha censura. En Brasil también algunos medios ejercieron la censura.
Según su mirada, “O Globo” en Brasil, “El Universal” en Ecuador y “Clarín” en la Argentina son parte de ese Plan Cóndor 2. Es una acusación grave. Le pido que la fundamente.
Lógicamente que la fundamento. Tanto contra Lula como aquí Clarín, se comenzó a armar toda una historia que incluía condenas antes de ser juzgados. Es una condena a través de los medios. Es algo que no corresponde. Ahí se ve la complicidad en la lawfare: la suma de los medios de comunicación y de un Poder Judicial condicionado y restringido a los intereses políticos. No creo en los medios asépticos.
Según su visión, ¿lo serían por ser partícipes necesarios en función de las consecuencias?
Están alineados con esa política. Un ejemplo es que en Clarín jamás me han publicado nada. No ahora, es algo que viene desde un tiempo atrás. Para mí no son creíbles, están condicionados por intereses políticos. Todos los medios tienen su ideología, su mirada. Algo que sigue hasta el día de hoy.
Llegó a esta entrevista con un ejemplar del diario “PáginaI12”, que imagino es el diario que lee todos los días. También me decía que el domingo compra Perfil
No leo todos los días PáginaI12. Pero sí, lo leo.
¿Y por qué lee Perfil? ¿Qué ideología nos asigna?
Tiene una mirada más amplia, no restringida. Como sale los fines de semana, me interesa la síntesis diferente que hace de la situación mundial. Me preocupan los medios de comunicación. Por eso trabajamos mucho con los medios alternativos. En la semana precedente, dimos una conferencia en la sede del Serpaj. Fue muchísima gente, muchos periodistas de medios alternativos, pero no se dijo ni una palabra en los grandes medios: están ausentes, no asisten a actos así. Tratamos la situación de Chile, que es gravísima. Nosotros tenemos secretariados en distintos países y me había comunicado previamente con el de Santiago, con el de Valparaíso. La situación es tal que le mandé una carta al presidente Sebastián Piñera, a quien conozco personalmente. No puede haber 19 muertos cuando el pueblo sale a protestar y reivindicar sus derechos.
Referido a la prensa, usted dijo: “No hay que confundir libertad de prensa con delitos”. ¿Cuáles fueron, a su juicio, los delitos cometidos por Daniel Santoro, Jorge Lanata, Luis Majul, Gustavo Grabia, Nicolás Wiñazki, Rodrigo Alegre, Rolando Graña y Fernando Laborda? ¿Fueron víctimas o partícipes necesarios?
Usted se refiere al trabajo de la Comisión Provincial por la Memoria. A pedido del juez Alejandro Ramos Padilla. Nos solicitó un trabajo técnico, un análisis de la documentación. La Comisión se limita a hacer ese trabajo técnico. La Justicia pasa por otro lado.
¿Realizaron una suerte de peritaje?
Hicimos un análisis de los documentos que se nos entregaron. Este es el cuarto caso en que hicimos algo así.
¿Cuándo comenzaron a hacerlos?
No recuerdo la fecha, pero debe ser varios meses atrás. Terminamos el primer informe y se lo entregamos al juez, que después lo analiza. Lo que nosotros hicimos es un estudio de esa documentación, que incluyó no solo material impreso: son CDs, pendrives, entre otros materiales, que incluyen conversaciones telefónicas. De esos documentos se ven las relaciones que surgen. Aparecen nombres de periodistas en el material. Nosotros no juzgamos a los periodistas, no es nuestra responsabilidad. Ahora se habla de una Conadep para el periodismo. Es algo que mencionó incluso el presidente Mauricio Macri en el debate. Pero es falso decir que nosotros hacemos eso.
¿Usted está en contra de una Conadep para el periodismo?
Totalmente. No tenemos nada que ver con eso. Lo que sí hicimos es entregar un informe. Y de ahí surgen relaciones. Se formó un centro de espionaje paralelo al estatal. Y eso es grave.
En eso coincidimos todos. También los periodistas.
Si de ahí surgen nombres de periodistas, nuestra labor no está en juzgar si son o no culpables. Bajo ningún punto de vista. Lo que digo, frente a los ataques que recibimos, es que si hay delitos, deben ser investigados.
¿Es su convicción después de haber hecho estos cuatro informes?
Sí.
En los países anglosajones, los jueces tienen la posibilidad de juzgar no solamente por pruebas: pueden también por convicciones aunque no tengan pruebas, algo que en el derecho romano está permitido.
Eso es lo que ha hecho Sérgio Moro con Lula.
Ya llegaremos a Lula. Pero, desde su perspectiva, ¿su convicción es que los periodistas fueron víctimas de esto?
No lo sé. Habrá que analizarlo. Es algo que tiene que determinar el juez. Si el juez ve que algunos de los periodistas fueron parte... Vaya a saber por qué están mencionados. Lo que nosotros hicimos fue clarificar esos informes. Por ejemplo, aparecen cartas de la Embajada de Estados Unidos, con sus respectivos membretes. Y la Embajada desconoce eso. Es el juez quien tiene que determinar las responsabilidades de periodistas como Daniel Santoro. A Santoro lo voy a recibir el día 30 de noviembre. Me pidió una reunión. Nos veremos en el Serpaj y conversaremos. Nosotros hacemos un trabajo técnico. Pero la responsabilidad es judicial.
Déjeme decirle que los periodistas sabemos que Santoro es una persona que no tiene patrimonio. Si hubiera sido beneficiario de extorsiones se vería reflejado precisamente en ese patrimonio. De cualquier forma, creemos que actuó mal, que tuvo una cercanía indebida con sus fuentes y lo está pagando con un costo reputacional. Pero nuestra convicción es que no cometió un delito.
Es su convicción, está bien.
Usted sí señala que Marcelo D’Alessio es una persona que cometió serios delitos: está convencido de que es un agente de la DEA, o de la CIA, o de algún organismo de los Estados Unidos. Sobre eso sí tiene convicción.
Claro. Es algo que aparece en la documentación...
Pero la Embajada dice que esos documentos son falsos. Lo que D’Alessio muestra o dice en sus diálogos es desmentido por la misma Embajada.
Habrá que confirmar eso. Esa es la investigación que le corresponde al juez, a través de sus equipos jurídicos. Nosotros no emitimos opinión sobre esa cuestión. Lo que afirmamos es que está en la documentación. Y se lo entregamos al juez. En el caso de Santoro, se ve que hay una relación con D’Alessio. Hay comunicaciones.
Muy estrecha, sí. Excesivamente estrecha.
No me corresponde opinar sobre eso.
Usted fue más contundente y asertivo con Carlos Stornelli. Dijo: “Es el más claro brazo judicial del Gobierno”.
Carlos Stornelli tendría que haberse presentado ante el juez. Pero no lo hace.
En eso también estamos todos los periodistas de acuerdo.
Hay muchas cosas que se mezclan. Es lo que pasa en el caso de los cuadernos. Yo llamo “cuadernos fantasmas” al asunto. Ahora resulta que aparecieron los cuadernos. Oscar Centeno dijo que los había quemado. Ahora aparecen.
Ahora aparecieron los originales. Obviamente es sospechoso que aparezcan justo la semana previa a las elecciones. Pero eso no tiene nada que ver con el periodismo. Puede ser que existan personas que intenten influir de una u otra manera. El periodismo ahí es simplemente un medio.
Lo que tendrá que hacer el juez es determinar la responsabilidad. Nosotros hacemos nuestra labor. Si existe un delito, debe ser investigado.
¿Por qué el fiscal de Dolores, Juan Pablo Curi, cuestionó el informe que ustedes prepararon? El juez lo pide, el fiscal lo cuestiona...
Hay una controversia entre la posición del fiscal Curi y el juez. El juez lo avaló para que siga en la fiscalía. Hay una controversia que es de orden jurídico, acerca del lugar en el que tiene que estar esa causa. Ahora habría que preguntarse por qué hacen tanto escándalo en querer quitarle la causa al juez Padilla. Hasta el presidente de la Nación pide su destitución.
¿Para usted habría una sobreactuación también en quienes critican al juez Ramos Padilla?
No solo es sobreactuación. Hay una decisión del Poder Ejecutivo de quitarle la causa y que pase a Comodoro Py. Pero en Comodoro Py hay personas involucradas en esa causa. Y que no se presentan, como el fiscal Stornelli. En eso aparece hasta la ministra Patricia Bullrich.
¿Eso demostraría que la causa tiene una importancia política que incluye al Gobierno?
No solo es una importancia política. Estamos frente a una situación muy grave de avalar un servicio de inteligencia paralelo al estatal. Es un peligro para la democracia.
¿Usted cree que el Gobierno es parte de eso?
Es parte de eso.
¿Usted está afirmando que D’Alessio no era un loco que operaba para sí sino que estaba apañado por grupos del Gobierno?
Es grave institucionalmente que el presidente Macri pida la destitución del juez Alejo Ramos Padilla.
En otro reportaje usted dijo: “D’Alessio es simplemente un integrante más. Es tal vez la punta del iceberg de un servicio de inteligencia paralelo al oficial con la complicidad de Gobierno. Y eso está comprobado”.
Es gravísimo. Esto es gravísimo, porque pone en riesgo el sistema democrático del país. Es esto lo que nos preocupa. ¿Por qué ponen un sistema paralelo al sistema oficial? D’Alessio para mí no está solo ahí: no se trata de una locura.
Déjeme argumentarle la otra posición. La de aquellos que piensan que Marcelo D’Alessio era una persona que no actuaba bajo las órdenes del Gobierno, sino que se aprovechaba de ciertos contactos con los servicios de inteligencia para extorsionar a personas en su propio beneficio. Alguien que se mandaba la parte diciendo que era representante de la DEA y de organismos norteamericanos para impresionar, amedrentar y conseguir maximizar su beneficio económico. Siguiendo esa lógica, al ver que la causa es tomada por un juez de Justicia Legítima como Alejo Ramos Padilla, el Gobierno temería que la causa pasara a tener una gran importancia política. ¿Ese razonamiento y tal hipótesis le parecen posibles?
Se tendrá que ver la resolución judicial. Nosotros no entramos en eso. La Comisión Provincial por la Memoria actúa a pedido del juez. Nosotros contamos con información, tenemos los archivos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dippba). Nuestro trabajo fue analizar documentos.
Una persona que estuvo en la misma trinchera que usted durante la dictadura, Graciela Fernández Meijide, se preguntó: “¿Por qué llamar a una comisión cuyo trabajo es recoger la memoria, que está especialmente ligada a la historia de los 70, para que analice un texto de hoy y periodístico? ¿Qué le respondería?
Es falso lo que dice Graciela, que en algún momento fue una compañera. Primero, es falso porque nosotros actuamos también sobre la realidad de hoy, la situación que vive el país. La Comisión hace un trabajo en cárceles y comisarías. Hacemos el monitoreo del Comité contra la Tortura. La tortura sigue hasta el día de hoy. Los jueces nos piden un análisis y se lo entregamos. No solo trabajamos con el pasado.
Pero sí con la memoria.
La memoria es una cosa. Pero esa memoria también es presente. La Comisión hace el análisis de la información que recibe y lo entregamos a la Justicia. Antes de venir, hablé con un compañero, Roberto Cipriano, secretario de la Comisión. Conversamos porque está en Pergamino, por la masacre de Pergamino. También seguimos lo de Esteban Echeverría, seguimos lo de San Miguel del Monte.
Cualquier abuso de fuerzas de seguridad dentro de la Provincia es algo en lo que ustedes tienen experiencia actual.
Se actúa y se acompaña a los familiares. Estuve en San Miguel del Monte y también en Pergamino acompañando a los familiares. A eso se suma la acción jurídica de la Comisión.
Si se mira el sitio web de la Comisión Provincial por la Memoria, se puede observar cuáles son las áreas con las que trabaja. Tiene un Comité contra la Tortura, que recoge la recepción de denuncias, la inspección de los lugares de encierro y la producción de análisis de información. Otra área es educación, investigación y archivo, en la que está la justicia por los delitos de lesa humanidad, jóvenes y memoria, gestión y preservación de los archivos, investigación de sitios de memoria, y fortalecimiento de los juicios de delito por lesa humanidad, algo referido al pasado. Además, el Comité contra la Tortura refiere a temas absolutamente actuales. Luego está el ítem justicia y seguridad democrática, que incluye litigio estratégico, pueblos originarios inmigrantes, salud mental, promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes... Y por último, comunicación y cultura, que incluye prensa y comunicación, museo del arte de la memoria y agenda de andar. No se observa que la Comisión Provincial de la Memoria tenga una expertise en temas de periodismo y medios de comunicación actuales. Entonces, ¿desde qué perspectiva pueden hacer un análisis de la actuación periodística?
Nosotros no hicimos un análisis de la cuestión periodística, esto es falso. Nos limitamos simplemente a analizar el material entregado por la Justicia, punto.
¿Se concentraron en analizar el tema de los servicios de seguridad paralelos?
Es lo que hicimos. Lo que no podemos obviar es que en los informes surge el nombre de periodistas.
Pero usted no tiene, a priori, la idea de que los periodistas cometieron un delito.
No. Eso no nos corresponde a nosotros. Bajo ningún concepto. Y por eso voy a recibir a Daniel Santoro el día 30.
Me parece muy bien.
Voy a recibir a también a los directores de FoPeA.
Muestra su ecumenismo y un gesto para cerrar la grieta.
Es lo que podemos hacer…
"Hay empresas que deben renovar pronto su lecencia, no perseguiré a nadie, pero algunos tendrán dificultades", dijo el presidente de Brasil, al referirse a la Globo que destapó un caso de corrupción de su gobierno
Jair Bolsonaro durante Fórum de Negocios en los Emirados Árabes Unidos-Brasil em Abu Dhabi - Satish Kumar
El presidente Jair Bolsonaro (PSL) culpó a los medios de comunicación por las noticias que estan tratando de desestabilizarlo, lo dijo antes de la partida de su hotel de Abu Dhabi. Dijo que las compañías de medios pueden tener problemas para renovar las concesiones. Las emisoras de radio y televisión del Grupo Globo vencen durante el mandato de Bolsonaro y deben renovarlas para continuar sus operaciones.
“Hay compañías que tendrán que renovar pronto sus concesiones, no perseguiré a nadie. (Pero) para aquellos que deben, tendrán dificultades. Por esto los medios de comunicación juegan pesado para ver si me sacan del combate, para hacerles la vida más fácil", dijo Bolsonaro. Estas declaraciones fueron publicadas por la periodista Ana Estela de Sousa Pinto, en la edición del pasado sábado del diario Folha de S.Paulo.
¿Qué publicó la cadena Globo?
El diario y la cadena de televisión Globo presentó a su público un reportaje en el que se informaba que el día del asesinato de Marielle Franco, el nombre del presidente fue mencionado por el portero del condominio Vivendas da Barra, en Río de Janeiro, donde vivían Jair Bolsonaro y Ronie Lessa, el principal sospechoso de asesinar a la concejala Marielle Franco y al conductor Anderson Gomes.
Según el diario, el portero le dijo a la policía que horas antes del asesinato, el 14 de marzo, otro sospechoso, Elcio Vieira de Queiroz, dijo que iría a la casa del entonces diputado Jair Bolsonaro. El portero llamó a la casa de Bolsonaro y obtuvo autorización para la entrada de Elcio.
El miércoles, todavía conforme con el informe de Globo, el Ministerio Público de Río de Janeiro dijo que la declaración del portero "no coincide con la verdad".
Según la policía, un audio obtenido en la investigación de la muerte de la concejala muestra que fue Ronnie Lessa quien permitió la entrada de Élcio de Queiroz en el condominio horas antes del crimen. Sospechosos de ser los autores del asesinato, los dos han sido arrestados desde marzo de este año.
Los operadores de televisión por cable, molestos desde hace años debido a la negativa del gobierno a permitirles expandir sus negocios hacia los servicios de Internet, encontraron estos días un nuevo motivo de enojo. Según dijeron a Búsqueda representantes del sector, las compañías consideran que el Poder Ejecutivo está favoreciendo al Grupo Clarín —a través de la proveedora de TV para abonados Cablevisión— en detrimento de las empresas nacionales
La razón es que el nuevo servicio que comenzó a promocionarse recientemente —Cablevisión Flow, una plataforma que ofrece TV en vivo y contenido on demand en dispositivos electrónicos— forma parte de un acuerdo entre la estatal Antel y la empresa. Así, la venta del servicio está acompañada de un aumento gratuito del ancho de banda por parte de Antel, para que los usuarios que lo contraten no vean encarecerse sus planes de Internet móvil.
La Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos (Andebu) pidió a sus asesores legales un análisis jurídico del tema, ya que entienden que el acuerdo entre Antel y Cablevisión podría contravenir la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Aunque aún la directiva de Andebu no emitió una resolución oficial al respecto, ya que todavía está analizando el tema, su presidente, Omar De León, declaró a título personal, que existe una “gran preocupación relativa a la venta de Flow a través de la red de Antel”.
“Este sector está conformado en un 90% por pequeñas y microempresas, en su inmensa mayoría familiares, sobre todo en el interior del país. Si esto se expande, va a afectar fuertemente y en especial a las empresas de TV para abonados mediante la reducción de mano de obra. Están desesperadas”, dijo a Búsqueda.
“Antel hizo un acuerdo con Flow para que pueda usar la red de Antel para la llegada a los hogares con un servicio de televisión de abonados. Y con una particularidad que no le hemos encontrado explicación en que si uno contrata el servicio de Flow, Antel aumenta la capacidad que uno tiene de transmisión de datos en un 75 % sin modificar el precio. Interpretamos que hay un subsidio que se le está haciendo a esta empresa. Y esto último es lo que va a pegar muy fuerte sobre todo en todos los operadores de televisión por cable pequeños y los del interior. Hay que estar alerta porque si esto se pone intenso, el primer efecto que va a tener es la pérdida de puestos de trabajo”.
El acuerdo entre Antel y Cablevisión —competidora directa de las empresas de TV para abonados locales— se da en un contexto que De León describe como “crítico” para las empresas televisivas. La pérdida de ingresos y la reducción de la plantilla laboral es una realidad tanto en los canales de Montevideo como en el interior, aseguró.
Las restricciones estatales que les impiden expandir sus servicios y, por ejemplo, utilizar sus redes para ofrecer a sus clientes conexión a Internet, no colaboran, sostuvo. Para empeorar las cosas, hoy ven cómo el Estado, a través de Antel, se alía con una competidora y ofrece al público ambos servicios juntos, Internet y TV.
Licencia “ilegal”
En 2017 el Poder Ejecutivo dispuso que los servicios de TV para abonados que utilizaran la banda de 512 MHz a 698 MHz, para transmitir mediante el sistema terrestre, debían migrar a una sistema satelital. Eso afectó concretamente a Cablevisión, que operaba en esas frecuencias. Al migrar de sistema, la empresa pasó de tener una “autorización” —que se concede para realizar transmisiones por frecuencias terrestres— a tener una “licencia”, prevista para aquellas empresas que transmiten vía satélite.
Eso, según De León, contraviene la “ley de medios”, ya que la compañía obtuvo la licencia “sin seguir un procedimiento competitivo detallado como establece la norma”. El ingeniero sostuvo que la licencia fue adjudicada de forma directa por orden de la expresidenta de Antel Carolina Cosse.
De León afirmó que ese beneficio “ilegal” fue un gran golpe para el sector, ya que demostró que Antel colabora “a la extranjerización de los medios y del trabajo, porque en definitiva con estos nuevos servicios se va la mano de obra del Uruguay”. Es que, a su juicio, cuando finalice la migración, el cambio de tecnología implicará que Cablevisión cierre su planta de emisión local y pase a emitir desde Argentina, prescindiendo, por ejemplo, de su equipo técnico. El call center para la atención de los clientes ya comenzó a funcionar en el vecino país.
Acuerdo
Al anunciar su acuerdo con el Grupo Clarín el pasado 1 de octubre, la estatal informó de beneficios para los clientes que contraten Flow. Al hacerlo, Antel incurrió en una “competencia desleal”, opinó De León.
Si un usuario quiere contratar el servicio de Cablevisión Flow, se comunica con la compañía, esta da aviso a Antel y el ente le aumenta en 75% la cantidad de gigas (volumen de datos) que puede usar sin cargo adicional ni reducción de la velocidad de descarga, para que pueda acceder correctamente al servicio. Es que los usuarios generalmente tienen un límite de gigas disponible en sus contratos, y en caso de excederse (por ejemplo, al utilizar Netflix u otras plataformas similares de operadores de cable, como NS Now o Montecable Go, que consumen mucho Internet), Antel reduce la velocidad o le cobra por el exceso de consumo.
En cambio, al usar Flow eso no sucede. Incluso, el beneficio que Antel les otorga a los abonados al no cobrar el consumo de Internet extra, puede superar el costo de Flow ($ 699). “Es imposible competir contra esto”, cuestionó De León.
Además, el especialista denunció que el acuerdo entre Antel y el Grupo Clarín, firmado en febrero de 2018 y que pretende renovarse automáticamente, fue declarado confidencial, por lo cual no se conocen sus condiciones. “Una empresa monopólica está obligada a publicar esos contratos, para asegurar que se le otorguen las mismas condiciones a todos”, sostuvo. Según De León, ese tipo de medidas parecen responder a una política “que tiende a perjudicar a las empresas nacionales a favor de extranjeras”.
Consultados por Búsqueda, desde Antel optaron por no hacer declaraciones.
Foto: Ricardo Antúnez/adhoc
Fuente: Búsqueda
Los periodistas argentinos detenidos en Chile fueron liberados y se les permitió ingresar. El SiPreBA celebra la solidaridad a ambos lados de la Cordillera, fundamental para obtener su libertad. https://t.co/4A6iYppBGR
Nazareno Roviello (La Retaguardia), Andrés Masotto (Radio Presente) y Leandro Diaz del Campo (ANCAP) se encuentran demorados en el Aeropuerto de Santiago de Chile. Cuando pretendían ingresar para registrar las manifestaciones populares en Chile, los demoraron, les registraron todo el equipaje y les anunciaron que los deportarían por sus publicaciones en las redes sociales. Los tres periodistas argentinos están ahora en la sala de embarque. La deportación está confirmada: vuelven a la Argentina en un vuelo mañana a las 7 AM
Nazareno Rovielllo, Leandro Diaz del Campo y Andres Massoto son los periodistas que llegaron hoy al Chile pasadas las 17 hs. con la intención de registrar mediante sus cámaras la realidad que hoy vive el pueblo chileno. Están encerrados en un cuarto bajo llave sin ninguna explicación. Se les informó que serán deportados por el contenido en sus redes sociales.
El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), la Agencia de Noticias de Comunicación Alternativa y Popular (ANCAP) y La Retaguardia denunciaron el hecho en redes sociales. La noticia se dio a conocer luego de que Roviello grabara un video en que cuenta la situación.
Los llevaron a la sala de embarque. Los tres serían deportados en un vuelo a las 7AM. pic.twitter.com/Gsrh9n9Fyk
“Hoy es 26 de octubre, con un grupo llegamos a Chile. Sin dar más explicaciones, nos llevaron a un cuarto, nos hicieron esperar, después nos hicieron pasar uno por uno. Cuando terminaron dijeron que nos iban a deportar porque hay fotos en nuestras redes sociales que incitan al odio“, asegura el periodista en el video.
🔴 Urgente: los periodistas argentinos Nazareno Roviello, Andrés Masotto y Leandro Díaz del Campo se encuentran detenidos en el Aeropuerto de Santiago, de dónde el estado chileno pretende deportarlos por el contenido de sus redes sociales. pic.twitter.com/HeoXQOQR1J
“Vinimos a trabajar como periodistas, somos periodistas y ahora estamos encerrados en un cuarto, no sabemos hasta cuándo, si nos van a deportar y no tenemos mucha más información“, agrega.
Llamamos a su liberación inmediata e instamos a las autoridades chilenas a garantizar la seguridad y libertad de expresión de los trabajadores de prensa de medios argentinos que cubren la protesta social en el país hermano.
El SiPreBA llamó a la liberación inmediata de sus compatriotas e instaron a las autoridades a garantizar la seguridad y libertad de expresión de los trabajadores de prensa argentina que cubren las manifestaciones en Chile.
Mientras, la Agencia de Noticias de Comunicación Alternativa y Popular (ANCAP) catalogó la situación como "gravísima" y manifestó que este hecho de "censura de prensa y libertad de expresión que debe denunciarse", a la vez que exigen "garantías para los tres periodistas retenidos en el aeropuerto".
La edición de este sábado 26 de octubre impresa en AGL
Después de 152 años, el decano de la prensa Argentina, el diario La Capital de Rosario no se imprimirá más en su planta. Sus nuevos dueños Gustavo Scaglione, titular de Televisión Litoral, Nahuel Caputto, CEO de Multimedios El Litoral, junto a Roberto Villavicencio, titular del grupo Oroño; Federico Pucciarello, CEO de Rosario Bioenergy y el abogado Leandro Salvatierra, decidieron cerrarla.
Tras más de 150 años cerró la planta impresora de La Capital. Muchos compañeros quedan en la calle. Es enorme la tristeza. pic.twitter.com/BhxqSd17bH
Ahora la edición viaja a Sauce Viejo y Artes Gráficas del Litoral -una empresa industrial gráfica originada en la sociedad del diario El Litoral de Santa Fe y AGEA (Arte Gráfico Editorial Argentino) del Grupo Clarín-, es su nueva imprenta. Cuando quede un hueco entre las impresiones de Clarín, Olé, El Litoral, El Mirador, Castellanos y otras publicaciones, le tocará a La Capital.
En medio del vaciamiento del patrimonio del Decano, está el duro presente de 46 compañeros que se encargaban de la impresión del diario La Capital, El Ciudadano, que ahora se imprimirá también en AGL, y varios diarios regionales. El próximo lunes 28, a las 15hs., habrá una asamblea en el diario para analizar acciones a seguir ante el cierre de la planta y el futuro incierto de los traajadores.
Editorial Diario La Capital, de Rosario, decidió cerrar su planta impresora. 50 trabajadores quedan en la calle, pretenden pagarles la indemnización en cómodas cuotas. El matutino adelantó el cierre de su edición para imprimir desde hoy en la planta de #AGL-Clarín en Santa Fe
En Chile se dio un estallido social que nadie preveía, que fue masivo y si bien en los últimos años hubo un caldo de cultivo que generó diversas protestas, por educación gratuita en 2006 y 2011, por los fondos de pensión más tarde y con un modelo que se mantiene inalterable desde la dictadura de Pinochet, con pocos cambios en los gobiernos de la Concertación. Aumentó el subte en Santiago y estalló todo. Y las protestas se extienden por todo el país. Un país que soporta la constitución redactada por la dictadura en 1980, con pocas familias muy ricas y poderosas que manejan todo. Y medios de comunicación concentrados que comienzan a ser interpelados por la población. Un cóctel explosivo, sin duda, que suma violencia institucional de las fuerzas armadas contra la población que elige salir a la calle y manifestarse en contra del modelo. Sobre todos estos temas charlamos en las Señales con María Pía Matta periodista, expresidenta de AMARC y directora responsable de Radio Tierra entre 1998 y 2003
La Justicia reconoció que el vínculo laboral terminó al decretarse la quiebra de Balkbrug SA, tal como reclaman los trabajadores, y no al constituirse la cooperativa. El valor de la autogestión y la acción colectiva
Por: Federico Amigo @amigofede
La responsabilidad empresaria de Balkbrug, sociedad anónima con la que Sergio Szpolski y Matías Garfunkel editaban Tiempo Argentino, con los trabajadores llega hasta el 25 de octubre de 2017. Hasta esa fecha -la de la quiebra de Balkbrug- debían pagar los sueldos o en su defecto la indemnización correspondiente por el vaciamiento, tal como reclaman los trabajadores desde el inicio del conflicto. Así lo dispuso la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial al revocar la sentencia en primera instancia del Juzgado Comercial N° 23 que había atado el final de la relación laboral a la constitución de la cooperativa creada para sostener los puestos de trabajo.
"Nada impide a los dependientes formar una cooperativa, derecho constitucionalmente garantizado ni a la cooperativa coexistir con el vínculo laboral que pudieren tener sus asociados con sus empleadores", argumentó la fiscal general, Gabriela Boquín, en el dictamen que ratifica el reclamo de los trabajadores y considera que el crédito laboral debe contabilizarse hasta el día de la quiebra. Tanto Boquín como la resolución de la Cámara Nacional se basan en principios del derecho laboral y de asociación para descartar la interpretación de primera instancia del Juzgado Comercial N° 23 que recortaba 18 meses en el cálculo de cada indemnización.
Además de lo que implica para la causa de la quiebra de Balkbrug, los distintos escritos también tienen un efecto para el sector autogestivo y generan un precedente para futuros casos. “La asociación en cooperativa aparece como método para defender derechos durante procesos judiciales que hubiesen sido imposibles con acciones individuales”, sostiene Andrés Bernal, representante de los trabajadores e integrante del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER). “¿Qué hubiera sido si no se constituía la cooperativa? ¿Se hubiera considerado qué fecha para anticipar los efectos de la quiebra?”, se planteó en la presentación realizada por Tiempo sobre el pedido de revisión de los créditos laborales.
La medida a favor de los trabajadores, además, hace una extensa descripción de la cooperativas: recuerda que “son personas jurídicas reguladas por ley”, que “son los propios asociados quienes organizan su actividad, distribuyen las tareas, establecen los horarios y los turnos de trabajo, fijan los anticipos que percibirán” y que no hay impedimento “para que un trabajador en relación de dependencia participe en una cooperativa”.
La resolución refuerza la importancia de la asociación: en forma individual y sin la cooperativa como estrategia para fortalecer el reclamo, se hubiese perdido la discusión judicial y tampoco se hubiese podido pelear en una situación de igualdad. Foto: Diego Martínez Fuente: Tiempo Argentino
Los Trabajadores de Prensa de Canal13, TN y Web ARTEAR, repudiamos la contratación de extras para figurar como periodistas en la Redacción el día de la elección nacional, 27 de octubre, tal como ocurrió en las PASO. En la Asamblea realizada ayer con amplia participación de los trabajadores, se decidió pedir a las Gerencias de Recursos Humanos y Noticias que no se lleve a cabo semejante puesta en escena que, además de desvirtuar la genuina función de nuestro espacio de trabajo, resulta una provocación a los profesionales de la comunicación que denunciamos el no pago de esa jornada laboral, al igual que los francos y feriados trabajados, hechos que violan nuestro Convenio Colectivo de Trabajo 124/75.
Queremos trabajar con respeto y periodismo de calidad. Las elecciones nacionales son un hito fundamental para el crecimiento de nuestra Democracia y el fortalecimiento de la República. Agregarle a la cobertura condimentos de espectáculo público y varieté no solo deteriora los lazos laborales, sino también la imagen de la Empresa ante la opinión pública. Comisión Interna de Delegados de Prensa de Canal 13, TN y Web Artear.
Sindicato de Prensa Buenos Aires (SiPreBa)
Se trata de Gabriela Weller, periodista y miembro de la Red PAR. Su incorporación llega luego de las denuncias por violencia machista
Por: Consuelo Cabral
En septiembre pasado el directorio de los Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba anunció la incorporación de una editora de género. La decisión llegó luego del fuerte reclamo articulado por una red de periodistas, artistas, políticas, académicas y referentes sociales que denunció a Max Delupi por maltrato laboral y violencia de género.
Cabe recordar que fue la periodista y abogada Laura Leonelli quien denunció, a través de las redes sociales, la violencia machista del ahora ex conductor de radio de los SRT ejercida contra distintas comunicadoras.
La publicación de Leonelli despertó una ola de solidaridad que desembocó con el apartamiento del conductor de su ciclo radial, y con el ahora nombramiento como editora de género la periodista e integrante de la Red PAR por una comunicación no sexista, Gabriela Weller.
Fue la Decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UNC, Mariela Parisi, la impulsora de la medida inédita en los medios audiovisuales de Córdoba y la cual apunta a garantizar la perspectiva de género, diversidad e inclusión en todos los contenidos emitidos por el multimedio universitario.
“Lo más importante es que la universidad y los medios van a estar a la vanguardia en Córdoba. Es un gran desafío que incorporemos esta figura -y un gran paso que se haga desde las facultades con incumbencia disciplinar- porque los discursos están naturalizados y sabemos que en los discursos se construye poder, y el poder que se está construyendo es el del varón”, resaltó Parisi en el momento de la propuesta.
Por su parte, desde Red PAR celebraron la incorporación de Weller. "La Red PAR celebra la resolución del directorio de los Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba de nombrar a nuestra compañera Gabriela Weller como editora de género en los Servicios de Radio y Televisión de la UNC".
Y agregaron: "Con más de una década dedicada a trabajar, formar, discutir, reflexionar y construir el derecho a la comunicación igualitaria, festejamos que se asuma el compromiso y la responsabilidad de entender que la comunicación es un derecho y su abordaje en términos de equidad de género implica fortalecer los procesos democráticos".
Weller es además licenciada en Comunicación Social por la UNC; especialista en Género y Cultura por la Universidad de Chile y Magíster en Sociosemiótica con tesis en Cine y Feminismo CEA-UNC. Ha trabajado en medios de comunicación, docencia universitaria y comunicación institucional en Córdoba, Santiago de Chile y Madrid. Actualmente es miembro de un equipo de investigación en la FCC y capacitadora dentro del Programa de Educación Sexual Integral de la secretaría de género y derechos humanos de la Uepc.
Otras medidas adoptadas por los SRT
Por otro lado, a raíz de las denuncias el Directorio de los SRT ratificó "lo aprobado en noviembre de 2018 de adherir al Programa de Género de la UNC y su Plan de Acción y disponer la implementación inmediata del mismo en el ámbito de los SRT" y "adherir a las reglamentaciones vigentes de la Universidad Nacional de Córdoba referidas a esta temática".
También resolvieron "crear un espacio de escucha y ámbito de confianza para canalizar consultas, manifestaciones y/o denuncias respecto de situaciones de violencias de género, que se implementará con el equipo de profesionales multidisciplinario del Plan de Acción de la UNC".
Aseguraron además que desarrollarán "políticas de género, acciones que promuevan la paridad, implementación de la Ley Micaela y asimismo, desarrollar una campaña de bien público en toda la programación, convocando o exhortando a concientizar y consultar sobre situaciones de violencia".
Y resolvieron crear "un espacio técnico jurídico administrativo que revise la reglamentación actual, para adecuarla a situaciones de violencia de genero y proponga un protocolo de actuación para instruir los sumarios y aplicar las sanciones correspondientes".
Gabriela Weller como Editora de Género en el Multimedio SRT
El Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (CiSPren) saluda y celebra la designación de la compañera Gabriela Weller como Editora de Género en el Multimedio SRT, este es un triunfo de todas las trabajadoras de prensa, quienes a partir de las denuncias en contra de Max Delupi, emprendimos una cruzada de organización y sororidad para frenar las situaciones de violencia hacia el interior de los medios de comunicación.
La figura de Editora de Género en el Multimedio SRT tendrá por función garantizar la perspectiva de género, diversidad e inclusión en todos los contenidos que se emitan.
Nuestra institución, que viene bregando por la defensa de los derechos de las trabajadoras de prensa y visibilizando situaciones de violencia, continúa con el compromiso de impulsar el protocolo de prevención de violencia de género en todos los medios de la provincia. Ésta iniciativa continúa siendo debatida en el ámbito del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Córdoba con la participación de compañeras de los medios, referentes del Cispren y también de los medios de comunicación de nuestra provincia. La aprobación y posterior implementación de este protocolo en los medios sería de gran avance en materia de prevención en casos de violencia de género en nuestros lugares de trabajo. Córdoba, 25 de Octubre de 2019
Comisión Directiva CiSPren Fuente: La Nueva Mañana, CiSPren Ver también: Violencia de genero: Denuncia contra Max Delupi y aclaración del CiSPren, La dimensión política de la violencia contra mujeres periodistas
Se trata de momentos en los que diversos ciudadanos anónimos son entrevistados por la prensa, y los mismos ciudadanos critican duramente la forma en la que la televisión ha tratado las manifestaciones y otros de los temas que han surgido en los últimos días
Este miércoles el Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile (ICEI), estrenó un video que recopila diversas intervenciones ciudadanas en vivo en la televisión.
Se trata de momentos en los que diversos ciudadanos anónimos son entrevistados por la prensa en televisión, y los mismos ciudadanos critican duramente la forma en la que la televisión ha tratado las manifestaciones y otros de los temas que han surgido en los últimos días.
En el video se registran momentos en los que “la televisión chilena recorre los barrios de Santiago buscando declaraciones de ciudadanos angustiados por las dificultades en el transporte, abastecimiento y seguridad”, según su propia descripción.
“Estaba hablando y me cortaron” y “hay que perder el temor, hay que seguir manifestándose, ustedes han creado sicosis en la gente“, son algunas de las frases que destacan en el video.
Declaración Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile ante cobertura mediática de Estado de Excepción
Como primera Escuela de Periodismo del país, que históricamente se ha visto a sí misma como una comunidad de profesionales y estudiantes al servicio de la comunicación, manifestamos nuestro malestar ante la cobertura y tratamiento mediático que han realizado los canales de televisión abierta respecto al momento difícil está pasando el país.
Llamamos a los medios a cumplir con la exigencia ética y social que la profesión nos convoca, con un tratamiento plural y ético que no considere solamente las fuentes oficiales, sino a todas las voces.
Exigimos a los medios no hacer de esto un espectáculo y estar a la altura de lo que requiere nuestra patria en el contexto de un Estado de Excepción que transgrede libertades y derechos individuales y colectivos.
No es bueno para el país que todas las acciones ejercidas por las Fuerzas Armadas y Carabineros sean justificadas por periodistas y líderes de opinión en pantalla, principalmente, luego de las escenas de violencia brutal y vulneración de los derechos humanos que se están conociendo solamente a partir de una cobertura ciudadana en redes sociales, medios comunitarios e internacionales.
Finalmente, llamamos a todos los integrantes de nuestra comunidad a romper desde sus herramientas comunicacionales la falta de rigor periodístico que privilegia el morbo y la entrega de la primicia. Desde todo punto de vista, esta no puede ser tolerada en nuestro rol de comunicadores. Estudiantes y académicos
Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile
Declaración Escuela de Cine y Televisión de la Universidad de Chile
La Escuela de Cine y Televisión de la Universidad de Chile condena enérgicamente la violencia excesiva ejercida por las fuerzas de orden como respuesta de la autoridad a las demandas de mayor justicia social que diferentes sectores han planteado. Las movilizaciones pacíficas han sido reprimidas de manera desproporcionada y no se condicen con el discurso de normalidad y protección de la ciudadanía que el gobierno afirma representar.
Asimismo, condenamos las formas de desinformación que diferentes medios de comunicación están utilizando para generar confusión, polarización y miedo en la población. Exigimos versiones más objetivas y fidedignas de los acontecimientos que ayuden a ponderar la verdadera naturaleza del conflicto social que vive nuestro país.
Las y los cineastas han jugado un rol fundamental en la construcción de la memoria de nuestra nación y como escuela nos sentimos convocados a mantenerla con el trabajo y rigurosidad que siempre nos ha caracterizado. Por eso invitamos a todos los interesados a construir archivos visuales de este tiempo para poder en el futuro relatar con la mayor claridad posible lo que ha ocurrido a partir del 19 de octubre.
Enviamos un mensaje de esperanza y reconocimiento a todos y todas las personas que pacíficamente han decidido movilizarse por justas demandas de cambio y futuro. Escuela de Cine y Televisión de la Universidad de Chile
La TV una mierda, la radio informando, las redes luchando Evidentemente, estos conductores/as de estudio nunca se habían enfrentado a un estrés periodístico de esta magnitud y, sobre todo, de esta profundidad política que implica, entre otros, un cuestionamiento al “modelo” que a ellos mismos les ha permitido ser millonarios/as y famosos/as. Se trata de un desafío mayor, sobre todo si no hay reflexión crítica, pues entonces, automáticamente a la escala de valor a la que se acude para construir el encuadre periodístico es al de la ideología dominante. Y esa es la ideología neoliberal, la misma que valora más la propiedad privada que los derechos sociales, la seguridad que la solidaridad, al individuo mas que al colectivo
Por: Pedro Santander, Demoscopia Electrónica del Espacio Público
Hoy todo está bajo escrutinio, no solo el gobierno, los partidos y los empresarios, también los medios y los periodistas, un gremio que le gusta evaluar y observar a los demás, pero no que lo evalúen y observen.
Claro, no es fácil hacer esa evaluación, sobre todo porque, como suele ocurrir en situaciones de excepcionalidad, el flujo informativo y comunicacional es profuso, constante, múltiple. Pero una observación atenta de los medios nos permite levantar unas primeras hipótesis. La primera de ella tiene que ver con el fuerte contraste entre televisión y redes sociales, al momento de informar acerca de este inédito terremoto social que estamos viviendo.
Analizando el discurso que se está comenzando a estructurar en los espacios informativos de los principales canales de la televisión chilena vemos asomar claramente dos encuadres (o frames) con los cuales los periodistas – y sobre todo los conductores- están observando los acontecimientos; ambos encuadres están estrechamente relacionados: a) la protesta social se difunde como un problema de orden público; b) la valoración de la propiedad privada ocupa un lugar prioritario en los comentarios de los periodísticos, sobre todo, de los rostros.
En esa línea el foco informativo audiovisual está cada vez más puesto en los saqueos, en mostrar el miedo de la población a que asalten sus viviendas, en las rondas de autodefensa, en los chalecos amarillos chilenos, etc. De este modo, los informativos de la televisión han convertido el problema social en un problema de orden público. Se trata justamente del mismo relato del gobierno, y del sustento argumental para tener miles de militares en las calles y decir que estamos en guerra (pronto aparecerá Venezuela). La justificación y base discursiva es el ataque que muchos chilenos/as sufren a sus propiedades privadas (negocios, casas, condominios, etc.). Se levanta en ese marco la dicotomía entre “turbas” y “ciudadanos”. Dudo que alguna vez la televisión haya usado tanto esa palabra – turba- para describir a otros chilenos. “Turba”, sustantivo que semánticamente implica la idea de muchedumbre, confusión, desorden, desconcierto…así nos ven.
En el periodismo la operación de encuadrar de la que estamos hablando consiste en concentrar la atención profesional en ciertos aspectos de los acontecimientos y no en otros. Se organizan así los hechos de acuerdo a reglas de relevancia/irrelevancia y, de paso, se incide (a menudo) en la percepción del espectador. Las operaciones de seleccionar y encuadrar son inevitables, pero qué se considera relevante o irrelevante es una decisión editorial y también una opción personal del profesional, sobre todo cuando se está “en vivo y en directo”, lo que ha sido justamente el caso en estos días, especialmente para los rostros de los noticieros.
Evidentemente, estos conductores/as de estudio nunca se habían enfrentado a un estrés periodístico de esta magnitud y, sobre todo, de esta profundidad política que implica, entre otros, un cuestionamiento al “modelo”, el mismo que a ellos les ha permitido ser millonarios/as y famosos/as. Se trata pues de un desafío mayor, nada fácil, sobre todo si no hay reflexión crítica, pues entonces, automáticamente a la escala de valor a la que se acude para construir el encuadre es al de la ideología dominante. Y esa es la ideología neoliberal, la misma que valora más la propiedad privada que los derechos sociales, la seguridad que la solidaridad, al individuo más que al colectivo. Por eso, a estos profesionales no les cuesta sancionar la violencia social en el modo indicativo (“es”), pero hablar de “disparos horizontales”, de “protocolos” y emplear el modo condicional (“sería”) cuando de violencia militar se trata.
En las radios, en cambio, se está desde siempre acostumbrado al ritmo frenético y en vivo para seguir los acontecimientos. Vemos una programación y rutinas fuertemente informativas, y también arraigadas, que siguiendo lineamientos conocidos y fuertemente orintados a cumplir con un rol de orientación social para la ciudadanía. Destaca, en esa lìnea, la participación que en estos días ha tenido la audiencia informando acerca de lo que ocurre en sus contextos más próximos, auditores dando a otros auditores consejos, datos, haciendo denuncias, etc.
Por último, en el otro polo de este eje, las redes sociales también se han probado y puesto a prueba en esta inédita circunstancia nacional. Twitter, Instagram, Facebook, Whatsap y Telegram están operando frenéticamente por estos días; las dos últimas cada vez menos como servicios de mensajerías y cada vez mas como redes que conectan y construyen comunidades. Hacia todas estas rrss ha emigrado el periodismo y la comunicación de trinchera que hoy genera y permite un encuentro virtual/digital entre periodistas profesionales y ciudadanos que quieren comunicar los sucesos de estos históricos días, pero con su propio encuadre. En la trinchera están todos y todas, los y las partidarias del gobierno, los movimientos sociales, las ciudadanas/nos sin afiliación, todos y todas haciendo ruido y, sobre todo, agitación.
De acuerdo a la observación inicial hecha por el estudiante tesista de la carrera de Periodismo PUCV, Ignacio Molina, las redes están operando muy organizadamente y ocurren dos fenómenos interesantes: a) menos presencia de los seguidores de Piñera, en comparación a la de los defensores de la movilización social; b) desconexión de los usuarios de redes con la televisión al momento de usar sus dispositivos y sus herramientas digitales. Lo primero (a) era esperable, los desaciertos, la falta de empatia, las ofensas que el gobierno ha hecho por estos días al pueblo de Chile evidentemente se iban a reflejar en la conducta de los/las usuarios/as. Lo espontáneo le gana en estos días a lo forzado. Más sorpresivo es el comportamiento autónomo de las redes en relación con la TV. Hasta ahora la literatura especializada ha demostrado que en momentos de debate político las redes reaccionan a lo que la pantalla dice, en una simbiosis en la cual la televisión gatilla la actividad digital, y ésta reacciona a lo que en la pantalla ocurre.
Pudiera ser esa conducta la respuesta política coherente de cientos de miles de usuarios/as que ante una televisión que claramente ha optado por el encuadre del gobierno, por enmarcar la protesta social como un problema de seguridad, que no cesa de pedir la vuelta a la “normalidad”, prefieran apagar la televisión y vivir la vida de la calle, comunicándola a través de las redes.
Seria esa otra anormalidad chilena que asoma por estos días, que tal vez la escuchemos comentada en la radio, pero que, de seguro, la tele no sabrá explicar.
La televisión: Un festival de irreflexividad Cuando las imágenes solo transportan una versión unidimensional de lo que está pasando; cuando el registro del sentir de los actores se reduce al pensar de los personeros políticos involucrados en los problemas que hoy explotan –como jueces y partes–; cuando el análisis sociopolítico se circunscribe a la opinión de periodistas que, además de su carencia formativa en la materia, son en muchos casos insignes “rostros comerciales” de centrales hidroeléctricas, de tiendas de ropa, de supermercados, de farmacias coludidas, etc.; cuando todas estas circunstancias se reproducen de manera irreflexiva y constante, el operar de los medios de televisión no solo contribuye entonces a generar una imagen distorsionada de la realidad, sino que además –y más grave aún– a exacerbar los ánimos y el descontento de la gente que hoy se pronuncia marchando
Por: Rafael Alvear, Postdoctorante en Sociología, UAI
En un artículo de 1957, Helmut Schelsky formulaba una interrogante que resulta del todo importante para la situación que tiene en vilo al país: ¿La reflexión permanente es institucionalizable? Si bien Schelsky planteó esta pregunta buscando problematizar cuestiones ligadas a la religión, hoy día nos lleva necesariamente a transportarla a nuestro álgido contexto actual. Por cierto, que la pregunta antes mencionada puede ser extendida en primera instancia hacia la institucionalidad política, toda vez que su sostenida falta de reflexividad ha terminado por llevar a los militares a la calle –institución por definición no-deliberante– y a sostener por parte del jefe de Estado que estamos en una guerra contra un “enemigo poderoso”. La obvia e imprudente irreflexividad del discurso de gobierno ha sido materia de discusión en diversas columnas. No se pretende aquí profundizar en la materia. En lo que más bien pretende detenerse esta reflexión, es en un actor más activo de lo que suele suponerse a primera vista y que ha demostrado una evidente falta de racionalidad para procesar los acontecimientos presentes, a saber: los medios de comunicación y, más específicamente, los medios de prensa de televisión. La irreflexividad a la que se alude, tiene que ver sobre todo con 3 aspectos:
Primero, la excesiva concentración en las imágenes de saqueos, defensa territorial y destrozo de inmobiliario privado/público. La exposición de tales hechos de violencia es ciertamente necesaria en la comunicación del escenario político-social. Sin embargo, la unidimensional transmisión de estas circunstancias ha conformado una imagen monotemática que tiende –ya sea por consecuencia imprevisible u objetivo buscado– a ocultar las innumerables protestas pacíficas que han tenido lugar en la diversidad de comunas de la capital y otras regiones –muchas veces distanciadas unas de otras por solo algunas cuadras. El volcamiento pacífico de la población a las calles del barrio –fenómeno que puede constatarse en lugares del estrato social más diverso– queda borrado de la imagen televisiva. Las estaciones de televisión se han concentrado en entregar las imágenes que generan mayor impacto mediático, transportando una cuestión resueltamente esquizofrénica. Si bien quienes han acudido a los cacerolazos vuelven a sus casas con una sensación de involucramiento y responsabilidad por el país, al prender la televisión se les da a entender subliminalmente que están contribuyendo con su mera destrucción. La construcción televisiva de la realidad, a pesar de tener el contrapeso de las redes sociales y el internet, sigue siendo preponderante.
Segundo, la mencionada monotonía en la cobertura “cronista” de informaciones solo se ha visto interrumpida por mensajes publicitarios y contados espacios de conversación, en su mayoría con personeros políticos. Es evidente la relevancia que supone escuchar a la clase dirigente del país, sobre todo al gobierno y a los líderes de la oposición. No obstante lo anterior, sin perjuicio de la importancia de tales actores políticos, al constatar su responsabilidad y sordera respecto de los acontecimientos señalados –sordera que se sigue percibiendo en la última propuesta de agenda social–, ¿por qué no abrir el debate para actores ajenos a la institucionalidad tradicional? ¿Cuál es la razón de sobre-representar la opinión de parlamentarios, presidentes de partidos políticos o personeros de gobierno? Claro que es razonable escuchar a los actores de la clase política, pero reducir el debate a ella contribuye solamente a exacerbar aún más el descontento. ¿Qué deben pensar aquellos que protestan cuando quienes realizan el análisis han contribuido decisivamente para producir el momento actual? ¿Qué han de reflexionar los televidentes en sus casas cuando el Presidente o el Ministro del Interior persisten en la tesis de la guerra interna?
Tercero, la visible limitación de la prensa televisiva a transmitir en vivo los diversos hechos de destrozos registrados en el país, interrumpidos de vez en cuando, como se ha dicho, por mensajes publicitarios y palabras de actores políticos tradicionales, ha cercenado con ello toda posible y sistemática problematización de lo que está ocurriendo sociopolíticamente en el país. La forma de transmitir información de los canales de televisión abierta se ha reducido a un relato cronista de hechos de violencia que, además de no ser representativos del hilo conductor del descontento, permanecen en una superficialidad imprudente. Así, es posible escuchar una serie de juicios rápidos de periodistas que, a pesar de su destacada trayectoria en el mundo de los medios, carecen del conocimiento necesario para ofrecer un análisis más complejo del acontecer actual. En innumerables momentos es posible escuchar términos como “tejido social”, “violencia”, “protesta”, “contrato social”, “entramado”, etc. Y, entonces, ¿por qué no mejor invitar, por ejemplo, a premios nacionales de historia o de humanidades a ofrecer su punto de vista al respecto? ¿No habrá algún especialista sobre la materia? Claro que toda las opiniones son valiosas, pero reducir el análisis de un programa de televisión que llega a toda la población a un análisis superficial de la realidad sólo parece contribuir a la falta de reflexividad antes señalada.
Por todo lo anterior, se hace necesario que los canales de televisión asuman su tarea de difundir, pero también de contribuir a la discusión y reflexión colectiva de lo que está sucediendo en el país. Si hay algo que nos enseñan las ciencias sociales es que la complejidad del mundo no se deja aprehender por visiones simplistas. Cuando las imágenes solo transportan una versión unidimensional de lo que está pasando; cuando el registro del sentir de los actores se reduce al pensar de los personeros políticos involucrados en los problemas que hoy explotan –como jueces y partes–; cuando el análisis sociopolítico se circunscribe a la opinión de periodistas que, además de su carencia formativa en la materia, son en muchos casos insignes “rostros comerciales” de centrales hidroeléctricas, de tiendas de ropa, de supermercados, de farmacias coludidas, etc.; cuando todas estas circunstancias se reproducen de manera irreflexiva y constante, el operar de los medios de televisión no solo contribuye entonces a generar una imagen distorsionada de la realidad, sino que además –y más grave aún– a exacerbar los ánimos y el descontento de la gente que hoy se pronuncia marchando. La visita de algunos manifestantes a algunos canales de televisión para protestar por su cobertura comunicacional es solo una muestra más de aquello.
Un famoso cantante nacional afirmó alguna vez en el Festival de Viña del Mar que los medios de prensa suelen estar felices con las guerras y este tipo de circunstancias, porque las noticias abundan –tal como hemos podido presenciar desde el viernes en la tarde. El rating está asegurado. Pero si esto es así, ¿por qué quedarse solamente con las imágenes de violencia delictual y no profundizar en las mayoritarias protestas pacíficas que se extienden por todo el país? ¿Tenemos que entender dicha cuestión como un error o una decisión editorial? Si hay algo que, sin embargo, debiesen tener claro quienes lideran las transmisiones de televisión, es que la comunicación no sólo transmite, sino que construye realidad. De ahí que el rol de los medios en la formación de la opinión pública y social, no solo suponga un desafío técnico de transmisión informativa, sino que ético-político de fiabilidad frente a su público. Esto solo es posible superando la irreflexividad de lo “inmediato”. Hace más de 30 años, diarios como La Segunda titulaban sus periódicos con informaciones falsas ciertamente escandalosas y reprobadas por la mayoría de periodistas en la actualidad. Sin embargo, lo que no deben olvidar es que el daño a la democracia no se consuma solamente encubriendo asesinatos, sino también volviendo mayoritario aquello que es minoritario y minoritario lo que es evidentemente mayoría; esto es, en otras palabras: generando violencia comunicativa. Fuentes: El Desconcierto, Señales
