En pleno siglo XXI, la información circula a velocidades inimaginables, y con ella el poder de influir en la opinión pública se ha concentrado en manos de unos pocos. Grandes tecnológicas y sus dueños multimillonarios han asumido el rol de titiriteros en el escenario digital, orquestando la narrativa global y decidiendo, en muchas ocasiones, quién tiene voz y quién queda relegado al silencio.
Este fenómeno, tan sorprendente como inquietante, nos lleva a cuestionar: ¿Quién es el verdadero artífice de nuestra libertad de expresión?
Un nuevo orden en la comunicación digital
Hace apenas unas décadas, la comunicación era un terreno más descentralizado. Los medios tradicionales, a pesar de sus limitaciones, competían en un mercado relativamente plural. Sin embargo, con la irrupción de plataformas como Google, Facebook, Twitter y Amazon se ha gestado un nuevo orden en el que los algoritmos son los nuevos guardianes de la información. Estos sistemas deciden, casi de manera invisible, qué contenidos merecen llegar a la audiencia y cuáles se pierden en un mar de datos.
En este nuevo ecosistema, cada clic se convierte en un voto y cada “me gusta” en una señal de aprobación. Pero ¿Qué sucede cuando estos votos están siendo manipulados o filtrados por intereses corporativos? La capacidad de estas empresas para moldear el flujo de información plantea serias dudas sobre la verdadera pluralidad del debate público. Al controlar qué se muestra y qué se oculta, se ejercita un poder sin precedentes en la configuración de la opinión social.
Los titanes del ciberespacio y sus estrategias
Detrás de estas plataformas se encuentran figuras multimillonarias, capaces de influir no solo en el mercado, sino en la esfera política y social a nivel global. Estos titanes del ciberespacio no se limitan a ser simples empresarios; son estrategas que, mediante campañas de relaciones públicas y una sofisticada gestión de datos, logran imponer una visión del mundo que, en ocasiones, favorece sus propios intereses.
Podemos imaginar este proceso como un gran tablero de ajedrez donde cada movimiento digital está cuidadosamente calculado. Los algoritmos actúan como piezas invisibles que, al unísono, determinan el destino de los discursos públicos. ¿Hasta qué punto se está sacrificando la diversidad de ideas en pos de un sistema que privilegia ciertos puntos de vista sobre otros? La concentración del poder en un puñado de manos plantea la inquietante posibilidad de que la libertad de expresión se transforme en un privilegio accesible solo para quienes forman parte de este selecto grupo.
La delgada línea entre moderación y censura
Uno de los argumentos más recurrentes en defensa de la moderación de contenidos es la necesidad de combatir la desinformación y los discursos de odio. Sin embargo, este mecanismo protector puede convertirse en una espada de doble filo. ¿Dónde queda el límite entre la protección de la comunidad y la restricción injustificada del debate? Cada política de moderación, cada algoritmo de filtrado, puede funcionar como un cortafuegos que, en lugar de salvar, termina reprimiendo voces críticas y alternativas.
Esta paradoja es el epicentro de un debate ético y geopolítico de enormes dimensiones. Mientras algunos defienden que la censura digital es un mal necesario para mantener el orden y la seguridad en el entorno virtual, otros alertan que, sin una supervisión adecuada, este poder puede degenerar en un medio para controlar la opinión pública y limitar el pluralismo democrático. La pregunta persiste: ¿estamos dispuestos a sacrificar la diversidad de ideas en nombre de una supuesta seguridad digital?
Implicaciones geopolíticas y el futuro de la democracia
El impacto de estas decisiones va más allá del ámbito tecnológico; afecta directamente a la geopolítica global. En un mundo en el que las fronteras tradicionales se desdibujan, el control de la información se convierte en una herramienta de poder comparable a la influencia militar o económica. Los gobiernos y organismos internacionales se ven obligados a replantear sus estrategias y marcos regulatorios para adaptarse a esta nueva realidad.
La influencia de las grandes tecnológicas y sus dueños multimillonarios se extiende a la arena internacional, donde se disputan narrativas que pueden alterar el equilibrio de fuerzas entre naciones. La capacidad para moldear la opinión pública tiene implicaciones directas en elecciones, políticas públicas y, en última instancia, en la consolidación o el debilitamiento de las democracias modernas.
¿Cómo podemos asegurar que el control de la palabra digital no se convierta en una herramienta de opresión, sino en un instrumento de libertad y empoderamiento ciudadano?
Hacia un diálogo y una regulación efectiva
Ante este panorama complejo, resulta imprescindible fomentar un diálogo abierto entre gobiernos, empresas y sociedad civil. La transparencia en la moderación de contenidos, la rendición de cuentas por parte de las grandes tecnológicas y la creación de marcos regulatorios claros son pasos esenciales para garantizar que la libertad de expresión no se vea comprometida. La descentralización del control y la promoción de estándares éticos globales pueden ser la clave para equilibrar el poder en la era digital.
Además, es fundamental que la comunidad científica y los expertos en tecnología participen activamente en este debate. Estudios recientes señalan que el uso de algoritmos en la difusión de información puede generar sesgos inadvertidos que refuerzan estereotipos y limitan la diversidad de opiniones.
Por ello, la colaboración interdisciplinaria entre tecnólogos, politólogos, sociólogos y legisladores es crucial para diseñar un futuro en el que la innovación tecnológica y la protección de los derechos fundamentales convivan en armonía.
La era digital nos enfrenta a un reto sin precedentes: el control de la libertad de expresión en manos de grandes tecnológicas y multimillonarios. Este nuevo orden, que se impone a través de algoritmos y políticas internas, redefine el panorama de la comunicación y la geopolítica mundial. Si bien la innovación nos ha acercado y empoderado, también nos ha expuesto a riesgos de concentración del poder y censura encubierta.
*Investigador en Derecho Internacional Público e IA. Tutor Máster Relaciones Internacionales y Diplomacia UOC, UOC - Universitat Oberta de Catalunya
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a arremeter contra los medios de su país, esta vez contra MSNBC, a la que nombra como la "cadena de las noticias falsas" cuya audiencia es incluso menor, según afirma, "que el desastre de radiodifusión CNN".
"¡Guau! MSNBC, la cadena de noticias falsas, tiene un rating pésimo; de hecho, no mucho mejor que el desastre de la radiodifusión CNN", afirmó Trump anoche en un mensaje en su Truth, su red social.
MSNBC es un canal de televisión por suscripción estadounidense operado por NBCUniversal y una página web de noticias y comentario político.
Por su parte, CNN también es un canal de televisión por suscripción estadounidense de noticias fundado en 1980 por el empresario Ted Turner. Actualmente es propiedad de Warner Bros. Discovery y es operada por su subsidiaria CNN Global.
Trump atacó igualmente a "Comcast", el conglomerado mediático que ofrece televisión e internet por cable.
"Comcast, que también tiene la cadena NBC, intenta evitar demandas desvinculando NBC de MSNBC, pero no funcionará. Comcast, propietaria de ambas cadenas, y su presidente, Brian Roberts, son una vergüenza para la integridad de la radiodifusión", subrayó el presidente republicano.
Las críticas de Trump contra algunos medios de comunicación de Estados Unidos han sido constantes desde que tomó posesión en este segundo mandato, especialmente con las cadenas MSNBC y CNN a las que tacha de ser partidarias del Partido Demócrata.
En este segundo mandado, el mandatario negó el acceso al Despacho Oval y al avión presidencial (Air Force One) a los periodistas de la agencia de noticias estadounidense AP por haberse negado a utilizar el término Golfo de América, tal y como él impuso, para denominar al Golfo de México.
AP presentó una demanda contra esta decisión gubernamental alegando que "la prensa y todas las personas en Estados Unidos tienen derecho a elegir sus propias palabras y a no ser objeto de represalias por ello por parte del Gobierno. La Constitución no permite al Gobierno controlar la libertad de expresión", sostiene ese medio.
El veto se ha mantenido hasta ahora pese a que un juez federal ordenó levantar las restricciones que sufre AP para acceder a eventos presidenciales.
El juez Trevor McFadden falló que el Gobierno no puede castigar a un medio de comunicación por ejercer su derecho a la libertad de expresión, blindado en la Primera Enmienda de la Constitución.
Mientras, la Casa Blanca está formalizando una propuesta para que el Congreso retire unos 9.300 millones de dólares en fondos aprobados para radios y televisiones públicas y otras agencias, según adelantó el diario The Hill.
La propuesta solicita eliminar financiación valorada en 9.300 millones para entes federales como la Corporación para la Radiodifusión Pública (CBP), que supervisa a la televisión PBS y la radio NPR, entre otros.
La solicitud aglutina argumentos para demostrar que estos organismos no comparten objetivos en línea con los del actual Gobierno, según The Hill.
Ya el pasado mes de marzo, Trump dijo que le "encantaría" quitar la financiación a la radio pública NPR y a la televisión estatal PBS, a los que acusa de no ser imparciales.
"Me encantaría hacerlo. Todo el grupo es muy injusto y sesgado. Sería un honor que terminara", declaró en la Casa Blanca al ser preguntado por la prensa si planea retirar los fondos federales a esas dos emisoras.
Y ese mismo mes ordenó el cierre de la Agencia de Estados Unidos para Medios Globales, una red de medios públicos que incluía la Voz de América, emisora de alcance internacional creada en 1942 y que contaba con cerca de 2.000 empleados. Fuente: Agencia EFE
El edificio Harry S. Truman, sede del Departamento de Estado
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, clausuró este miércoles una oficina del Departamento de Estado dedicada a combatir la desinformación porque considera que el Gobierno de Joe Biden (2022-2025) la utilizaba para "censurar".
El Centro de Participación Global fue creado en 2016, durante el mandato de Barack Obama (2009-2017), para combatir la propaganda terrorista y posteriormente se ampliaron sus funciones para contrarrestar la desinformación de rivales de Estados Unidos como Rusia, China o Irán.
La oficina del Departamento de Estado de Lucha contra la Manipulación de la Información Extranjera y la Interferencia, anteriormente era conocida como el Centro de Compromiso Global (GEC, por su sigla en inglés). El GEC ya había cerrado en diciembre de 2024 bajo el mandato del ex presidente demócrata Joe Biden después de que el Congreso no prorrogara su mandato que estaba a punto de expirar. Se reorganizó para crear una oficina de diplomacia pública diferente conocida como R/FIMI. El GEC había sido objeto de intensas críticas por parte de algunos republicanos que decían que se estaba desviando de su misión, acusándolo de desfavorecer las opiniones de la prensa conservadora.
"Durante la Administración anterior, esta oficina, que costaba a los contribuyentes más de 50 millones de dólares anuales, gastó millones de dólares en silenciar y censurar las voces de los estadounidenses a quienes se suponía que debían servir", declaró Rubio en un comunicado.
El jefe de la diplomacia estadounidense apuntó además que "durante la última década, en Estados Unidos se ha difamado, despedido, acusado e incluso encarcelado a personas simplemente por expresar sus opiniones".
Rubio prometió que la nueva Administración de Donald Trump trabajará siempre "para proteger los derechos del pueblo estadounidense" como la libertad de expresión y apuntó que el cierre del Centro de Participación Global "es un paso importante para cumplir con ese objetivo".
La Administración de Trump afirma que defiende al libertad de expresión y el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, protagonizó en febrero en Múnich un polémico discurso en el que acusó a los países europeos de censurar opiniones conservadoras.
Al mismo tiempo, el Departamento de Estado ha revocado centenares de visados de estudiantes extranjeros en Estados Unidos que se manifestaron a favor de Palestina y a quienes acusa de apoyar el terrorismo.
La iniciativa presentada por el diputado Gustavo Orozco (foto) propone que toda campaña o mensaje masivo en Salta deba ser firmado por un profesional matriculado. El gremio la calificó de inconstitucional y advirtió que reedita intentos frustrados como el de 2022.
Una nueva iniciativa legislativa en Salta volvió a encender las alarmas entre trabajadores y trabajadoras de prensa. El diputado Gustavo Orozco (Cambia Salta – Rosario de la Frontera) presentó un proyecto que propone crear un Registro Provincial de Profesionales de la Comunicación, con la particularidad de que haría obligatoria la firma de un profesional matriculado para cualquier contenido comunicacional —público o privado— que se difunda de forma masiva en el territorio provincial.
El proyecto establece que solo podrán inscribirse en el registro quienes cuenten con títulos terciarios o universitarios en carreras afines, como Comunicación Social, Periodismo, Publicidad, Locución, Diseño en Comunicación Visual, entre otras.
La autoridad de aplicación sería el Ministerio de Gobierno o el organismo que este designe, y los profesionales registrados tendrían responsabilidad legal sobre los contenidos que validen.
También se prevé la posibilidad de percibir honorarios por esta tarea, además de sanciones administrativas y económicas para quienes difundan campañas sin cumplir con este régimen.
Sin embargo, el Sindicato de Prensa de Salta (SinPreSal) expresó un enérgico rechazo al proyecto, al que consideró "una nueva forma encubierta de colegiación obligatoria" y un intento de regular la libertad de expresión en contra de lo establecido por la Constitución Nacional y tratados internacionales.
Fernando Díaz, secretario general del gremio, no dudó en calificar la propuesta como "vergonzosa" y sostuvo que "es un claro ejemplo de los avances contra la Constitución, los tratados internacionales y la Ley 12.908 que regula el Estatuto del Periodista Profesional".
Además, remarcó que el artículo 14 bis de la Carta Magna garantiza el derecho a trabajar y expresarse libremente, sin censura previa. "Este proyecto, desde su base, no tiene razón de ser, habida cuenta que en Salta no existe un Colegio Profesional habilitado para ejercer la matriculación. Pretender condicionar la difusión de ideas a una firma es censura encubierta", denunció Díaz.
El antecedente inmediato remite al año 2022, cuando el senador por La Caldera, Miguel Calabró, presentó una iniciativa similar que pretendía avanzar con la colegiación obligatoria de periodistas y comunicadores.
Aquel proyecto fue desestimado tras un amplio rechazo por parte de profesionales, organizaciones del sector y entidades como AdEPA, que lo consideraron un intento de limitar la libertad de prensa.
En esa misma línea, desde el SinPreSal advirtieron que el nuevo proyecto de Orozco no solo contradice el artículo 14 de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho a publicar ideas sin censura previa, sino que también vulnera el artículo 32 —que prohíbe dictar leyes que restrinjan la libertad de prensa—, y el artículo 75 inciso 22, que otorga jerarquía constitucional a tratados como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 19) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 13), pilares en la defensa de la libertad de expresión.
El proyecto aún debe ser debatido en las respectivas comisiones de la Cámara de Diputados, pero desde el gremio dejaron en claro que no permitirán retrocesos en derechos conquistados. "La comunicación no puede estar sujeta a controles estatales o condicionada por criterios formales. La libertad de expresión se defiende todos los días", concluyó Díaz.
Por último, remarcó que el legislador rosarino no solo incluye en su proyecto a comunicadores, sino que va más allá e intenta descabelladamente sumar a locutores, diseñadores y profesiones afines.
Fundamentos de Orozco
El proyecto, que debe debatirse en las diversas comisiones, se fundamenta en la relevancia que tiene la comunicación en la construcción de una sociedad informada y participativa.
Orozco advierte que, sin embargo, "existe una preocupante ausencia de regulación respecto al ejercicio profesional de la comunicación, permitiendo que personas sin formación adecuada diseñen, implementen y difundan contenidos de relevancia pública".
Expresa que esa circunstancia "no solo afecta negativamente la calidad y ética de los mensajes emitidos, sino que también perjudica directamente a quienes han invertido tiempo y recursos en formarse profesionalmente en áreas como comunicación social, periodismo, publicidad, locución, y disciplinas afines". Apunta que el proyecto busca establecer un marco legal que reconozca formalmente a los profesionales en comunicaciones.
El reciente lanzamiento de la función AI Insights por parte del diario Los Angeles Times ha suscitado un amplio debate en torno a la integridad y el futuro del periodismo de opinión. Esta herramienta, que promete ofrecer un análisis basado en inteligencia artificial de los artículos de opinión, plantea interrogantes sobre la autenticidad de las voces que tradicionalmente han caracterizado este género periodístico.
La función AI Insights se presenta como un recurso que permite a los lectores obtener un desglose de las ideas y argumentos expuestos en los artículos, así como una evaluación de su impacto potencial. Sin embargo, la implementación de esta tecnología podría tener consecuencias adversas para la percepción y la calidad del periodismo de opinión. En un campo donde la subjetividad y la interpretación personal son esenciales, la automatización del análisis podría desdibujar la esencia misma de lo que significa expresar una opinión.
Uno de los principales riesgos asociados con el uso de inteligencia artificial en el periodismo de opinión es la posibilidad de que las máquinas, por muy avanzadas que sean, no puedan captar la complejidad de las emociones y matices que los seres humanos aportan a sus escritos. La opinión periodística no solo se basa en hechos, sino también en la experiencia personal y en contextos culturales que son difíciles de cuantificar. La interpretación de un texto puede variar significativamente de una persona a otra, y una herramienta automatizada podría simplificar en exceso esta diversidad de perspectivas.
Además, la introducción de funciones como AI Insights podría llevar a una mayor homogenización del contenido. Si los lectores comienzan a confiar en resúmenes generados por algoritmos en lugar de sumergirse en el texto completo, se corre el riesgo de que la crítica y el debate se vean limitados. El periodismo de opinión tiene como uno de sus pilares fundamentales la capacidad de provocar la reflexión y el diálogo, algo que una evaluación automatizada puede no ser capaz de fomentar de la misma manera.
El impacto de estas tecnologías también se siente en la relación entre los periodistas y su audiencia. La función AI Insights podría alterar la dinámica de confianza que se establece entre un autor y sus lectores. La percepción de que un algoritmo puede ofrecer una comprensión más objetiva de un artículo puede diluir el valor de la voz individual del periodista, quien se esfuerza por articular su perspectiva de manera auténtica y personal.
En última instancia, la integración de la inteligencia artificial en el periodismo de opinión requiere un examen crítico y equilibrado. Si bien es innegable que estas herramientas pueden ofrecer beneficios en términos de accesibilidad y análisis, también es fundamental considerar sus implicaciones para la calidad y la diversidad del discurso. La esencia del periodismo de opinión radica en la capacidad de articular puntos de vista únicos y provocar la reflexión, algo que podría verse amenazado si se permite que la tecnología predomine sobre la voz humana.
Por: Julio Petrarca, Defensor de los lectores de Diario Perfil
No mezclar. Aunque sea una oferta tentadora, hay que decir no a la doble función
Hay una pregunta frecuente entre periodistas y comunicadores que acceden a espacios para ejercer sus trabajos: ¿es posible hacer un periodismo independiente, y al mismo tiempo asumir la tarea de servir de voceros, asesores u otras figuras, subordinados a corporaciones, grupos económicos, políticos, religiosos? En verdad, es una pregunta con respuesta única: no.
Quienes ejercemos esta profesión tenemos un compromiso férreo con al menos dos objetivos: uno, subordinado a la misión de llevar a la mayor cantidad de seguidores la mayor cantidad y calidad de información que les permita acceder a la más limpia cercanía con la verdad; otro, íntimo, pero irrenunciable, es la vocación decidida por defender los principios éticos que deben regir en nuestro trabajo.
Uno de esos compromisos, el de la ética como parte central de nuestros objetivos como periodistas, nos plantea un dilema porque nos obliga a aceptar el no como respuesta a aquel interrogante. Cuando el periodista se acerca demasiado a quienes ejercen el poder –alguna forma de poder– entrega necesariamente parte de su independencia y somete su conducta a prácticas non sanctas.
Una periodista mexicana, Kathia Alejandra Torres, formuló un problema al Consultorio Ético de la Fundación Gabo (como se ha dicho en esta columna, organismo indispensable cuando se trata de dilemas ontológicos): “Junto a otra colega periodista vamos dándole vuelo a este proyecto de periodismo independiente ‘Periodismo del Desierto’ para ser un poco más libres en nuestros textos e investigaciones, pero recientemente invitaron a mi colega a trabajar para un diputado local de Coahuila, perteneciente a un partido político nacional: ella se encargaría de realizar investigaciones sobre el gobierno estatal. ¿Será correcto que ella acepte el trabajo y a la par continúe en el proyecto?”.
La respuesta estuvo a cargo de una de las codirectoras del Consultorio, la periodista Yolanda Ruiz, primera mujer en dirigir los servicios informativos en las dos cadenas más importantes de Colombia: Caracol y RCN Radio. “Como se plantea en la pregunta –responde Ruiz–, el ideal ético es que un periodista sea independiente de cualquier compromiso partidista y por eso siempre será un riesgo combinar de manera simultánea oficios en los cuales se tienen dos tareas distintas. Una de las dos se puede ver afectada y en el caso del periodismo se puede comprometer la calidad de la información y afectar el compromiso con la audiencia”. Y advierte: “La credibilidad de un proyecto independiente de periodismo se puede afectar si uno de los periodistas trabaja para un líder político. Por eso es mejor separar las tareas”. Con una mirada objetiva sobre las condiciones económicas en las que nos desenvolvemos buena parte de quienes ejercemos esta profesión, Ruiz concluye: “Muchos colegas se han visto enfrentados al dilema de tener dos, tres o más compromisos laborales por las condiciones precarias del trabajo de los reporteros y las dificultades para obtener ingresos. Eso no significa que no estemos obligados a tener comportamientos éticos, significa que todo dilema ético debe ser analizado en el contexto preciso para encontrar la mejor respuesta. Lo que nos debería mover en el fondo, en cualquier circunstancia, es buscar el camino para no afectar la información, evitar al máximo los sesgos y sostener la independencia que siempre da mejores herramientas para informar”.
En estas latitudes, hay una lamentable confusión (o no) en torno al tema. Así, vemos, escuchamos y leemos cada día las piruetas (a veces, ni eso) de ciertos comunicadores que entregaron su alma al diablo.
La operación se enmarca en la estrategia de Telefónica de reducir su exposición a América Latina y se suma a las ventas de sus filiales en Argentina y en Colombia
Telefónica ha vendido por 3,7 millones de soles peruanos (en torno a 900.000 euros) su filial en Perú a la compañía argentina Integra Tec International, subsidiaria que se encuentra en concurso de acreedores y que contaba con una deuda de unos 1.240 millones de euros al cierre de 2024.
"En el día de hoy Telefónica Hispanoamérica, filial 100% propiedad de Telefónica (Telefónica Hispam), ha vendido la totalidad de las acciones que ostenta en Telefónica del Perú (Telefónica del Perú), representativas aproximadamente del 99,3% de su capital social, a Integra Tec International", indica la información publicada por la compañía en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en la noche de este domingo.
Integra Capital es presidida por el empresario y exministro del Interior argentino José Luis Manzano, figura influyente en sectores clave de la economía latinoamericana como la energía, las telecomunicaciones y los medios. "Diario El Comercio. Todos los derechos reservados."
Además, la operación incluye que Telefónica Hispam ha vendido a Integra los créditos financieros concedidos a Telefónica del Perú.
"Ambas partes han acordado mantener a disposición de Telefónica del Perú el importe total no dispuesto del crédito de 1.549 millones de soles (en torno a 370 millones de euros), cuyos desembolsos serán realizados en parte por Telefónica Hispam y en parte por Integra Tec", ha destacado la filial peruana de Telefónica en un comunicado.
Al igual que en la venta de su filial argentina por alrededor de 1.200 millones de euros al grupo mediático Clarín que tuvo lugar a finales del pasado febrero, la operación para la venta de la subsidiaria peruana ya está firmada y cerrada.
"Integra se ha comprometido a lanzar una oferta pública de adquisición de acciones dirigida a la totalidad de los accionistas minoritarios de Telefónica del Perú, titulares de, aproximadamente, un 0,7% de su capital social, de conformidad con la normativa peruana del mercado de valores", añade el comunicado.
La operación se enmarca en la estrategia de Telefónica de reducir su exposición a América Latina y se suma a las ventas de sus filiales en Argentina y en Colombia.
José Luis Manzano: la historia del magnate argentino que compró Telefónica del Perú
Sus inversiones en Perú tienen un valor de US$ 639.5 millones. Fue diputado peronista, ministro de Menem y fue considerado empresario aliado del Kirchnerismo
El nombre de José Luis Manzano se hizo conocido en Perú cuando en mayo del 2024 adquirió el 55% de las acciones A (con derecho a voto) de Volcan Compañía Minera, por solo US$ 20 millones, cuando su valor en bolsa era de US$ 120 millones. Esa adquisición le abrió las puertas a Chancay, pues la minera tenía el 40% de acciones del Terminal Portuario Chancay. Volcan Compañía Minera escindió su negocio portuario y se creó la empresa Inversiones Portuarias Chancay (IPCH), en donde Integra Capital, el fondo de inversión de Manzano que compró Volcan, pasó a tener el 55% de las acciones con derecho a voto (IPCH).
Al momento de la adquisición, Volcan estaba en una terrible situación financiera, con bonos que no podía cancelar. Manzano puso como presidente del directorio de Volcan al abogado argentino Nicolás Mallo Huergo, quien es presidente de Empresa de Energía del Cono Sur (Edelcos), una de las principales empresas de Manzano. En la gerencia general continuó el argentino Luis Herrera, un antiguo funcionario de Glencore.
Después que Volcan fue adquirida por Manzano, se llegó a un acuerdo con los bancos que habían realizado un préstamo sindicado por US$ 400 millones el 2021, para extender la cancelación al 2029. También realizó una oferta de intercambio de bonos, para cambiar los bonos de 4.375% al 2026 (habían US$ 368.6 millones) por otros de 8.75% al 2030, cambiándose US$ 299.9 millones. Al mismo tiempo, vendió su central hidroeléctrica Huanchor por US$ 49.5 millones.
A pesar de todo esto, lo que salvó a Volcan es la plata que empezó a subir de precio en los mercados internacionales: de US$ 23.20 el 2023 a US$ 32.17 hoy.
Hoy, el valor en bolsa de las acciones que tiene Manzano en Volcan valen US$ 99.5 millones y las que tiene en IPCH valen US$ 539 millones, un valor total de US$ 638.5 millones. A esto se suma el millón de dólares que invirtió en adquirir Telefónica del Perú el último domingo 13 de abril.
La vida política de Manzano y sus escándalos
José Luis Manzano nació en la ciudad de Tupungato en la provincia de Mendoza, Argentina, el 9 de marzo de 1956, pero hoy vive en Ginebra, Suiza. Manzano es médico especialista en Salud Ocupacional de la Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza, Argentina), pero inició joven en la política como peronista, fue apodado "Chupete" y fue diputado por Mendoza (1983-1991), y ministro del Interior de Carlos Menem (1991-1992).
Un antiguo reportaje del diario Clarín dice sobre él: "Manzano fue el símbolo de la renovación peronista de finales de los 80, cuando el gobierno de Raúl Alfonsín ya estaba malherido y el peronismo buscaba lavar la derrota electoral de 1983 a manos de la UCR. El peronismo renovador de entonces llevaba a Antonio Cafiero en la proa de su buque insignia. Pero cuando en 1988, y de forma poco prevista, Carlos Menem derrotó a Cafiero en las internas del Partido Justicialista (PJ), Manzano, entre otros, pegó un rápido y oportuno salto a las filas del menemismo. Con Menem triunfante, lideró el bloque de diputados del PJ en aquel Congreso en el que el entonces flamante presidente hizo y deshizo casi a gusto para llevar adelante el desguace del Estado".
El reportaje cuenta que Manzano impulsó la privatización de Aerolíneas Argentinas y de ENTel y amplió la lista de activos a la venta de YPF, además que cuenta una buena anécdota:
"La oleada de privatizaciones y venta de empresas del Estado lanzada por Menem, hizo que Manzano lanzara su famosa frase que buscaba "legalizar" la corrupción… ‘Sólo tengo una cosa que decir –dijo entonces Manzano a sus pares legisladores durante la polémica privatización de Petroquímica Bahía Blanca–. Yo robo para la corona. ¿Les quedó claro o alguien necesita alguna explicación adicional?’ Verbitsky agrega en ‘Robo para la corona’, el libro que inmortalizó el desatino del hoy empresario de medios: Manzano había repetido muchas veces la frase, en el bloque, en el Consejo Nacional peronista, cada vez que enfrentó cuestionamientos por prácticas corruptas".
Según el Clarín, el 59% de argentinos consideraba a Manzano un político corrupto: "Y tenía varias causas judiciales que quedaron en la nada : coacción y asociación ilícita iniciada por el coronel Mohamed Alí Seineldín; el famoso caso de la Tangente (coimas) italiana lo involucró con presuntas maniobras irregulares en Petroquímica Bahía Blanca y en las licitaciones por el DIGI II (ENTel) y el río Matanza, entre otros procesos por presunto enriquecimiento ilícito". Clarín lo señalaba como un empresario aliado al Kirchnerismo, por la posición política que tomaba América TV.
La fundación de Integra y Grupo América
Cuando dejó el gobierno, Manzano se fue a vivir a EEUU, como Visiting Scholar (investigador visitante) en la Universidad de California de San Diego. Entre 1995 y 1996, residió en Washington, siendo Visiting Scholar en la Universidad de Georgetown y se hizo cercano a Jorge Mas Canosa (1939-1997), empresario cubano que financiaba actividades anticastristas, siendo su operador en América Central y Argentina. Sus íntimos lo llamaban "el tirano prófugo" (Clarín 25/8/12).
En 1995 creó una consultora, Integra, con sede en Washington, Miami, Buenos Aires y Mendoza.
En 1996, Manzano se asoció al mendocino Daniel Vila para crear Grupo Uno. Ambos se reunieron en Miami con Mas Canosa y recibieron un suculento aporte económico del cubano, Supercanal Holding.
"El Grupo Uno de Vila y Manzano (también se lo conoce así) enfrentó en la última década varias denuncias penales por administración fraudulenta en perjuicio del diario La Capital de Rosario, por lavado de dinero, por evasión fiscal y por espionaje, escuchas telefónicas que, según esas denuncias, se hicieron con las camionetas de Supercanal" (Clarín 25/8/12).
Grupo Uno ingresó como accionista de América TV en el 2002, que en ese entonces, tenía como accionista a Eduardo Eurnekian. A partir de entonces, Grupo Uno pasó a llamarse Grupo América y adquiere una participación en Radio La Red en el 2003, convirtiéndose en el segundo grupo de medios en Argentina.
Grupo América hoy es dueña de los canales de televisión El Siete (Mendoza), Canal 8 (San Juan), Canal 10 (Junín), América TV y A24, las dos últimas, canales nacionales. Grupo América también tiene las radios Nihuil (regional), Radio La Red y Blue 100.7, y el diario económico El Cronista.
El conglomerado Integra Capital
Lo que fue fundado como una consultora para inversiones en Latinoamérica, pasó a convertirse en un fondo de inversión que controla un conglomerado en la región.
A inicios del año 2000, Integra intervino en la reestructuración de varias empresas en Argentina: London Supply, Sociedad Rural Argentina, entre otros.
En el 2018, vendió el operador de cable Supercanal, del que era propietario desde fines del Siglo XX, al grupo CVI Austral por US$ 180 millones.
En el 2021 conformó un consorcio que adquirió el 51% de las acciones de Edenor, empresa que distribuye energía eléctrica en Buenos Aires. Las acciones de Edenor han pasado de un precio en bolsa de US$ 4.82 el 2021 a US$ 31.82 el día de hoy.
Integra junto con Mercuria Energy Group Ltd., es accionista de Metrogas, dedicada a la distribución del servicio de gas natural en Argentina.
En el 2023, en asociación con la brasilera ARG, Integra (Minera Aguilar) se adjudicó la buena pro del proyecto Potasio Río Colorado (PRC), el cual había dejado trunco la exVale y había pasado a manos de la provincia de Mendoza.
Integra tiene varias inversiones en hidrocarburos. Tiene una asociación con PDVSA en producción de un campo petrolero y es accionista de la noruega Interoil Exploration and Production ASA, que produce petróleo en Argentina y Colombia.
Manzano y su familia son accionistas importantes de Phoenix Global Resources (PGR), compañía que se dedica a la exploración y explotación de petróleo, con actividad en Argentina. Manzano es al mismo tiempo un accionista significativo de Edemsa, la compañía de distribución de electricidad de la provincia de Mendoza, de Hidroeléctrica Ameghino, una planta hidroeléctrica que produce 60 megas y de Altus, una productora de vinos de gran calidad en Argentina.
Integra ha invertido en exploración de uranio en la provincia de Chubut, y en litio en las provincias de Jujuy y Catamarca, todas en Argentina.
Un trágico accidente laboral conmocionó a la ciudad el pasado martes. Nicolás Ezequiel Panuncio, de 26 años, murió tras caer desde un séptimo piso en una obra en construcción ubicada en 27 de Febrero 121, esquina Necochea. La obra, que ya había sido clausurada en seis oportunidades, volvió a estar en el centro de la polémica tras el fatal desenlace.
El joven se encontraba realizando tareas de limpieza y asistencia a albañiles cuando, por razones que aún se investigan, cayó por el hueco de un ascensor que no tenía ningún tipo de protección. Se cree que falleció en el acto tras impactar contra el subsuelo del edificio, un espacio destinado a cocheras.
En diálogo con el programa Buscando Trabajo, de Aire Libre, Radio Comunitaria, Sergio Panuncio —padre de la víctima— compartió un testimonio desgarrador y denunció graves irregularidades en la obra donde ocurrió la tragedia.
"Esa obra ya tenía varias denuncias. Fueron clausurados seis veces. Mirá vos. Por eso necesito saber qué le pasó a mi hijo, que alguien me diga algo, que me ayuden. No sabemos nada. Estamos destruidos, loco. Destruidos", contó.
Y continuó: "Mi hijo empezó a trabajar ahí porque no había laburo. Nosotros somos pintores de obra, pero cuando escaseaba el trabajo, él se sumaba como ayudante de albañil. Hacía tareas de limpieza y ayudaba a los oficiales a preparar los materiales".
"Estoy quebrado. Quebrado mentalmente, con un odio en el corazón que no se me va", expresó entre lágrimas. "Mi hijo no era nuevo en la construcción, sabía cómo manejarse. Lo llevé a trabajar conmigo cuando dejó la secundaria, le enseñé el oficio. No entiendo cómo pasó esto", subrayó.
Sergio contó que Nicolás llevaba dos quincenas trabajando en el lugar, contratado por un ingeniero que se llama Leonardo, quien a su vez trabaja para la Cooperativa de Viviendas Rosario, titular del edificio dónde ocurrió el incidente. "Me llamó y me dijo que Nico se había quebrado una pierna. Cuando llegué a la obra estaba todo lleno de policías y ambulancias.
"Me acerqué a los médicos de la ambulancia y les pregunté si sabían el nombre del chico que había tenido el accidente. Uno de ellos me miró y me preguntó: '¿Usted quién es?'. Le dije: 'Soy el papá de Nicolás'. Entonces bajó la mirada y me dio la condolencia. Nadie de la empresa o de UOCRA se acercó a decirme nada".
El padre denunció también el abandono institucional: "Tuvieron como 25 'monos' de la UOCRA parados ahí y no hicieron nada. Les pedí ayuda, que hicieran algo por mi hijo, y ni se movieron. Sólo miraban. Tuve que ir a buscar un abogado privado porque nadie se hizo cargo de nada".
Nicolás había compartido su última cena con la familia la noche anterior. "El lunes cenamos todos juntos. Se fue temprano a trabajar porque arrancaba la nueva quincena. Horas después, estaba muerto", relató. Su madre, devastada por la noticia, apenas pudo acompañar el entierro. "Mi mujer está destruida. Mis hijos también, pero son ellos los que ahora me están sosteniendo", agregó Sergio.
En medio del dolor, la familia se prepara para movilizarse. Esta semana organizarán una marcha frente a la obra, actualmente clausurada, para exigir justicia por Nicolás. "Vamos a ir a pedir que alguien se haga cargo. Queremos saber qué le pasó realmente a mi hijo", cerró su padre.
En las Señales charlamos con Lavih Abraham, economista del Mirador de la Actualidad, el Trabajo y la Economía MATE. En un análisis urgente y exhaustivo repasó la situación económica de Argentina, ofreció una mirada crítica sobre las políticas implementadas por el gobierno Libertario de Javier Milei y las reformas económicas anunciadas, además del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En esta entrevista, se profundiza en los efectos del dólar y el impacto en los salarios y la calidad de vida de las y los trabajadores
Estamos tratando de entender todo lo que ocurrió ayer, que fue mucho, especialmente en el terreno económico. ¿Cómo lo viste? El gobierno está atravesando un momento muy delicado en cuanto a su programa económico. En las últimas semanas, comenzó a quedarse sin reservas y, con eso, sin margen para intervenir en el mercado cambiario. El dólar empezó a subir y, como sabemos, en Argentina cuando se escapa el dólar, se escapa todo lo demás.
Ayer se conoció el dato de inflación de marzo, que marcó un quiebre importante. Veníamos de seis meses con una inflación mensual en torno al 2 o 3%, y ahora saltó al 4%. En el rubro alimentos, incluso, fue casi del 6%. Es decir, estamos hablando de una aceleración clara, una señal de que el programa económico está haciendo agua.
Cuando esto pasa en Argentina y el gobierno es de signo liberal, como el de Milei, la respuesta suele ser la misma: salir a buscar ayuda externa. Se trata de un manotazo de ahogado. El Fondo Monetario Internacional aparece con su "salvavidas", aunque, paradójicamente, ese salvavidas viene con condiciones que terminan siendo una soga al cuello.
Sí, por ahora permite que el gobierno siga a flote, pero no lo sube de vuelta al bote. Nos vuelve a endeudar por muchos años y refuerza una lógica de dependencia económica que ya conocemos.
Es preocupante lo que implica ese "salvavidas" en la letra chica, ¿no? Las reformas... Sí, efectivamente. Todavía no conocemos con detalle qué implica, pero ya se habla de reformas que van a afectar directamente a los trabajadores. Una de las más fuertes sería el aumento de la edad jubilatoria. En lugar de los 65 años para los varones y 60 para las mujeres, podría pasar a 70 y 65, o algo similar. Es decir: más años de trabajo, menos años de jubilación.
Esto forma parte del ajuste, que una vez más recae sobre los sectores más vulnerables. Empleados y empleadas del Estado, en todos sus niveles, están cobrando cada vez menos. Se recorta también en áreas clave como salud y educación, especialmente la educación pública universitaria.
Este es un gobierno que, en apenas un año y medio, perdió completamente el rumbo económico y, como respuesta, recurrió al Fondo Monetario Internacional para seguir ajustando sobre el sacrificio del pueblo.
Esto ya lo vivimos. Como dijo Nicolás Avellaneda hace más de 150 años, cuando le preguntaron si Argentina iba a honrar sus deudas, él respondió: "La siempre va a honrar su deuda, aunque tenga que pagarla con el hambre y la sed de los argentinos". Milei está haciendo lo mismo. Está pagando con nuestro hambre y nuestra sed. Es, en definitiva, un regreso al siglo XIX, ese mismo siglo que él tanto idealiza desde que asumió.
¿Qué significa el tema del cepo? Básicamente, en Argentina los dólares son escasos. No alcanzan para todos, y menos en un país con una tradición inflacionaria como la nuestra. Acá, cuando alguien puede ahorrar, muchas veces lo hace comprando dólares. No solo las personas: también las empresas —sobre todo las grandes— buscan dólares todo el tiempo.
El problema es que, si todos quieren dólares al mismo tiempo, simplemente no hay para todos. Entonces, los distintos gobiernos terminan implementando controles sobre la compra de divisas, lo que comúnmente se llama "cepo".
Lo que anunció el gobierno ahora es la flexibilización de algunos de esos controles, particularmente para las personas —no para las empresas—. Pero hay que decir que muchas personas ya podían comprar dólares a través del mercado MEP, es decir, mediante bonos, usando home banking o apps financieras. Así que, en los hechos, no hay un gran cambio.
Se presenta como un anuncio importante, como si se levantara el cepo, pero la verdad es que no modifica demasiado la situación. Ahora se podrá comprar dólares de forma un poco más directa, con menos intermediaciones o requisitos, pero sigue siendo un cambio limitado, que no transforma significativamente el acceso al dólar.
En definitiva, es más un anuncio político que una medida de fondo. Y lo más preocupante es que seguimos en una situación donde quienes pueden ahorrar siguen eligiendo el dólar, porque ya no confían en nuestra moneda. Eso refleja años de deterioro y desprestigio del peso argentino, que debería ser una institución en sí misma, y sin embargo, ha sido bastardeada sistemáticamente.
Sé que no tenés la bola de cristal, pero… ¿Qué imaginás que puede pasar el lunes? El lunes lo que va a ocurrir es que el dólar empezará a flotar libremente. Hasta ahora existía un valor oficial, que lo fijaba el Banco Central. A ese valor se lo conocía como el "dólar oficial", y convivía con otros tipos de cambio, como los dólares paralelos.
Con esta nueva medida, los paralelos tienden a desaparecer y el dólar oficial comenzará a moverse más libremente, sin un precio fijo. No habrá un único valor de referencia, sino una banda de flotación, que al principio estará entre los 1.100 y los 1.400 pesos. Esa banda se irá ampliando con el tiempo. Por ejemplo, al final del primer mes podría ir desde 990 hasta más de 1.400 pesos. Es decir, ese margen de movimiento va a crecer.
¿Qué puede pasar específicamente el lunes? Probablemente, muchas personas que quieran comprar dólares lo hagan de golpe, y eso dispare el valor hacia la parte alta de la banda, más cerca de los 1.400 pesos. Pero, con el correr de los días, ese valor podría bajar y estabilizarse en un rango más cercano a los 1.300.
Hoy el dólar blue está entre 1.300 y 1.350 pesos, así que lo más probable es que el valor se mantenga cerca del techo, pero sin romperlo de forma sostenida. El Banco Central va a intervenir —y sobre todo al principio— va a mostrar que tiene poder de fuego para controlar el tipo de cambio.
Entonces, es probable que el lunes el dólar se ubique en torno a los 1.390 o 1.400 pesos, pero que dos semanas más tarde esté más cerca de los 1.250 o 1.300. Por eso, salir corriendo a comprar dólares el lunes quizás no sea la mejor idea. El que tenga plata y se apure, probablemente termine pagando de más. Como diríamos en criollo: se van a embaucar los que crean que se salvan con esto, porque al menos en el corto plazo, no parece valer la pena.
Vos contabas lo que puede hacer el Banco Central… ¿Eso significa quemar dólares, usar reservas? Sí, básicamente eso. El Banco Central se endeuda —todavía no está del todo claro cómo— ya sea con el Fondo Monetario Internacional o directamente con el gobierno de Estados Unidos, a través del Tesoro. Lo cierto es que vuelve a tomar deuda externa, y esos dólares estarán disponibles para intervenir en el mercado.
¿En qué consiste esa intervención? En ofrecer dólares para que quienes los quieran puedan comprarlos. Esos dólares pueden irse del país, terminar en una caja de seguridad o simplemente guardarse sin circular. Y ahí está el problema: si los dólares salen del país o se estancan, no generan condiciones para pagar la deuda que los trajo.
La comparación es clara. Cuando una fábrica pide un préstamo, lo hace para expandirse: compra máquinas, mejora su infraestructura, aumenta su producción. Y con esa producción extra genera ingresos para pagar el préstamo. Esa es la lógica sana de endeudarse.
Pero en este caso, como ya pasó en 2018, se toma un préstamo que no deja nada. No hay inversión en infraestructura, no se mejora la competitividad del país, no se moderniza la economía. No se usa para algo productivo, sino para calmar a los mercados financieros.
Argentina podría, por ejemplo, usar esos dólares para mejorar rutas, puentes, otorgar líneas de crédito para renovar maquinaria, modernizar el aparato productivo… Pero no. Ya quedó demostrado en 2018 que eso no va a pasar, y ahora vamos por el mismo camino.
En resumen: vamos a tener nueva deuda, pero sin generar condiciones para el repago, como se dice técnicamente. Y eso es un problemón, porque al final, lo único que nos queda es la deuda. Nada más.
Y además… ya veníamos endeudados. Sí, claro. Ya debíamos de antes. Argentina ya está endeudada, y no tiene hoy las condiciones para afrontar esos pagos. Endeudarse, en sí mismo, no es necesariamente algo malo. Si uno lo piensa en términos teóricos, podría ser incluso útil: se puede tomar deuda para mejorar rutas, ciudades, construir viviendas, pavimentar calles, hacer cloacas, obras que hacen falta en los barrios. En definitiva, endeudarse para vivir mejor, para transformar el país.
Pero no va a ser para eso. Y ahí está el verdadero problema, Claudio. Esa es la joda. Nos estamos endeudando para que unos pocos se lleven dólares baratos, hagan su negocio, y salgan ganando. Para que los millonarios del país sean todavía más millonarios, mientras el resto miramos cómo pasa todo desde la vereda de enfrente.
Así viene siendo cada vez que gobierna este tipo de proyecto político y económico.
Ya tuvimos la experiencia de que en estas últimas semanas se vendieron cerca de 3.000 millones de dólares baratos, y no se hizo nada para evitarlo, sabiendo lo que podía pasar, que fue lo que se anunció ayer. Exactamente. Se vendieron dólares baratos, que ahora van a valer mucho más. Hay gente que va a hacer una diferencia enorme, y muy rápido. Amigos del poder. Sin ir más lejos, el viernes —o sea, ayer mismo— el gobierno vendió 400 millones de dólares a un precio mucho más bajo que el que van a tener el lunes. Bueno… eso es negocio.
Un negocio al cual no fuimos invitados. No, claro. Nosotros no somos nunca los invitados. Y tampoco lo son quienes están escuchando esta radio. Le mandamos un saludo grande a toda la audiencia que nunca va a ser parte de esa fiesta donde se compran dólares baratos un día, y se venden caros al siguiente.
Y ojo, no hablamos de alguien que compró 100 dólares y los vende el lunes para hacer una diferencia mínima. No es eso. Estamos hablando de quienes compran 100 mil, o un millón de dólares. Ahí está la diferencia real. Porque el que araña para ahorrar 100 dólares por mes —en el mejor de los casos— no entra en ese juego.
Y volvemos al punto de partida: este plan económico no funciona. La plata no alcanza, las cosas están carísimas, los sueldos no suben. La comida está por las nubes, la ropa igual, y hasta el colectivo es impagable. A nadie le alcanza.
Ese es el verdadero plan: empobrecer a la gran mayoría del pueblo para enriquecer a una minoría. Una minoría muy chiquita, el grupo más rico de los millonarios. Y nadie más.
Por último, hablábamos del dólar que va a flotar el lunes. Nosotros usamos el neologismo del gobierno, no hablamos de devaluación, pero esa devaluación finalmente va a impactar en los productos básicos que todos necesitamos comprar todos los días, y que van a aumentar un montón. Sí, exactamente. El dólar en Argentina es el valor de referencia de la mayoría de los precios. Y lo que vos dijiste es así, palabras más, palabras menos: si el dólar sube un 25% —que es más o menos lo que va a subir, quizás un 30% según cómo cierre—, entonces quien busca ganar en dólares va a aumentar los precios para mantener esa ganancia.
Y no solo eso: el que importa algo, lo va a vender más caro, lógicamente. Si antes algo valía un dólar y se necesitaban 1.000 pesos, y ahora se necesitan 1.400, bueno, es simple: hace falta más plata para comprar lo mismo. Aumentan los costos, y por tanto, aumentan los precios.
Y cuando uno dice esto, piensa: "bueno, pero yo no compro muchas cosas importadas". Pero en realidad, casi todo tiene algo importado. Te doy un ejemplo exagerado, pero que ayuda a entender: un auto. Un auto que se hace en la General Motors de General Alvear, acá nomás. Parece un auto argentino. Pero ese auto tiene entre 2.000 y 3.000 piezas importadas. De las más de 10.000 piezas que tiene un auto, miles son del exterior. Entonces, aunque el auto se arme acá, va a subir igual por esas piezas.
Y esto se aplica a todo: a los muebles, a la ropa, y a buena parte de la cadena alimentaria. No al alimento en sí, claro, que se produce en nuestra tierra, pero sí al fertilizante, a las herramientas, a las maquinarias. Entonces, el aumento del dólar pega por todos lados.
Y sí, eso nos lleva a otro aumento de la inflación, otra vez, durante los próximos dos o tres meses. Desde el gobierno se va a decir que es por única vez, que después va a bajar. Y probablemente sí baje un poco a los tres meses. Pero en el medio, otra vez, somos más pobres.
Mientras tanto, por ejemplo, UPCN cierra una paritaria con un aumento del 1,3% mensual. La inflación fue del 4%, y este mes va a ser 4 o 5, y el que viene tal vez entre 6 y 8. ¿Cómo hacés con un aumento del 1% si los precios suben 6? No te alcanza.
Entonces sí, nos vamos a empobrecer otra vez. No de la noche a la mañana, no es que todos vamos a vivir bajo un puente, no hay tantos puentes además. Pero sí, hay gente que va a terminar ahí. Otros van a dejar de comprar cosas que antes podían. Una ropita cada tanto, una comida hecha, un pequeño gusto. Cada uno en su nivel va a vivir peor en los próximos meses. Bastante peor, en algunos casos.
La Agencia EFE se ha sumado a la iniciativa Journalism Trust Initiative (JTI), lanzada por Reporteros Sin Fronteras (RSF), para acreditar al periodismo transparente y profesional y combatir la desinformación.
La JTI tiene como objetivo establecer un marco que permita a los medios demostrar su compromiso con las mejores prácticas periodísticas y destacar frente a plataformas menos confiables.
Esto se logra a través de un proceso de autoevaluación y auditorías independientes que culminan en una certificación oficial. EFE ha completado ya su autoevaluación, disponible en su web corporativa, de modo que los ciudadanos pueden conocer cuáles son los procesos editoriales que la primera agencia del mundo en español aplica en la producción de información, y verificar que se realizan con integridad y transparencia.
En ese informe de transparencia, EFE proporciona datos sobre su titularidad y fuentes de ingresos, sus mecanismos de elaboración de información y de corrección, y acerca de la gestión ética del contenido generado automáticamente.
Restaurar la confianza en el periodismo
La Journalism Trust Initiative es una herramienta que busca restaurar la confianza en el periodismo mediante estándares internacionales que premian las prácticas éticas y transparentes.
Su implementación global refuerza su papel como un modelo clave para combatir la desinformación y proteger la libertad de prensa.
Para el presidente de EFE, Miguel Ángel Oliver, "la transparencia es un deber y un desafío para los medios de información de todo el mundo. Por eso, los periodistas y editores deben ser impecables y claros con sus fuentes de información. La opacidad o falta de transparencia arruina la confianza entre el público y los propios medios de comunicación, e influye negativamente en la calidad de la democracia".
"Celebramos la publicación de EFE del informe de Journalism Trust Initiative, que promueve la transparencia en los métodos de producción de información. EFE, con este ejercicio, se posiciona como ejemplo en España mostrando su cumplimiento con los 130 criterios de la Journalism Trust Initiative, a la que optan cada vez más agencias de prensa a nivel mundial", afirma Chloé Fiodiere, directora adjunta de JTI.
Lanzada por RSF con el apoyo de la Unión Europea de Radiodifusión (EBU) y la agencia de noticias Agence France Presse (AFP) y el esfuerzo de más de 120 expertos y entidades, EFE entre ellas, la certificación JTI nació en 2019.
Más de 1.700 medios en 119 países han adoptado o están en proceso de certificación bajo el estándar JTI. En España cuentan con esta certificación dos medios de comunicación y otros 20 están haciendo el informe de transparencia o ya lo han publicado.
EFE es la primera agencia de noticias y el primer ente público periodístico en publicar el informe en España.
La Agencia EFE está reconocida por la UE como un servicio de interés económico general y cuenta con una red de periodistas presente 110 países que distribuye tres millones de noticias al año a más de 2.000 clientes, entre los que figuran medios de comunicación, instituciones y empresas.
El Sindicato de Prensa Rosario y la Asociación de Prensa de Santa Fe expresan su preocupación por el texto de la ley provincial 14.256 que se refiere a la "Gobernanza de Datos" e incluye en un capítulo, de forma escueta, el derecho de Acceso a la Información Pública. Esta norma, que debería ser un pilar para la transparencia de las gestiones de gobierno, no obstante no fue dada a conocer por las autoridades provinciales, tal como hubiese sido necesario y resulta absolutamente desconocida para la sociedad santafesina.
El texto de la ley es limitativo para el ejercicio de este derecho. Cuando el acceso a la información en poder del Estado debe ser irrestricto para cualquier persona que la requiera, la 14.256 exige algo más: la "acreditación de un interés simple", un requisito que no debiera pedirse, ni ningún otro, para que se cumpla con el principio del acceso sin restricción. Nos preguntamos ¿quién evaluará si ese "interés simple" califica para el acceso solicitado?, sin contar con que también se deberá aportar prueba documentada de ese interés.
El texto sancionado tiene, además, ausencias importantes, ya que no define los principios del Derecho a Saber sobre la información que se encuentra en manos de los tres poderes del Estado; no prevé ninguna sanción para el incumplimiento de los actores obligados a brindar información; no define el mecanismo de acceso, los plazos de entrega, ni los recursos que el solicitante pueda transitar en el caso de denegatoria o silencio.
Las excepciones son muy amplias y genéricas, y permiten que el sujeto obligado pueda decidir a su antojo si entrega la información o no: como ejemplo se puede citar que no se entregará cuando la información sea "susceptible de ser aprovechada por el requirente en forma indebida o en desmedro del principio de igualdad o de la libre competencia de otras personas". Es decir que abre una puerta enorme para que una autoridad de aplicación -que el texto legal no menciona- sea todopoderosa y pueda decidir si da o no publicidad a los actos de gobierno.
El acceso a la información pública es un reclamo de nuestras organizaciones sindicales y de otras numerosísimas que integran la sociedad civil, tal como se expresó en actos públicos, reuniones con legisladores y campañas de firmas a lo largo de tantos años. Hace pocos días tomamos conocimiento del texto legal que niega la que debe ser la esencia de este derecho: poder conocer la información pública sin ningún tipo de restricciones o condicionamientos.
Tiempo atrás el Senado hablaba de interés legítimo y dejó que todos los proyectos perdieran estado parlamentario por casi 20 años. Ahora la limitación adquiere otras formas que contrarían los estándares internacionales y se pierde en mecanismos burocráticos.
Desde el SPR y la APSF debemos decir que, una vez más, el deseo y la convicción por impedir aparecen de manera descarnada en el texto de la ley que no está a la altura de las necesidades ni del derecho de lxs santafesinxs.
Estamos a pocos días de elegir a quiénes serán los convencionales constituyentes y tendremos luego una nueva Carta Magna que deberá contener el Derecho a Saber redactado de manera amplia y generosa para quienes son lxs destinatarixs y componen la sociedad santafesina.
Una nueva ley de Acceso a la Información Pública deberá redactarse en consonancia con los mejores estándares y con la letra y el espíritu de las normas que involucran a los poderes del Estado, ya que se trata de una herramienta vital para el fortalecimiento del sistema democrático y la transparencia respecto a la información pública.
Sindicato de Prensa Rosario - Asociación de Prensa de Santa Fe
Como escritores, artistas, intelectuales, docentes, investigadores y trabajadores de la cultura, consideramos que es urgente la construcción de una agenda política integral y federal que exprese un compromiso con los derechos, la justicia social, el respeto a las diversas identidades, la igualdad de oportunidades, la autonomía externa y la democracia. Aspiramos a forjar un pacto intergeneracional que permita recuperar la solidaridad colectiva y la recomposición del tejido social. Para anticiparnos a la destrucción total, tenemos que empezar a movilizarnos y construir alternativas desde ahora.
1-
Atravesamos tiempos de descomposición política, social, ética y cultural, sacudidos por una crisis climática acelerada y una tecno-plutocracia que nunca pensamos o imaginamos que podríamos vivir. Lejos de ser la excepción, en este escenario mundial tan convulsionado, la radicalidad destructiva y perversa a gran escala que asume el experimento de extrema derecha en la Argentina ha hecho sonar todas las alarmas.
Nada bueno puede salir de este proyecto político e ideológico reaccionario, mucho menos en beneficio de los sectores más vulnerables o de los jóvenes, incluso de aquellos que en octubre de 2023 votaron por Javier Milei. Ni siquiera de cara al celebrado control de la inflación, siempre volátil, frente a un ensayo económico ultra-neoliberal inconsistente -cuyo fracaso hemos visto en nuestra historia reciente- y un endeudamiento externo que nos empuja al abismo. Políticas neoliberales radicalmente desfasadas respecto del nuevo escenario geopolítico de proteccionismo y guerra comercial instalado por Donald Trump, supuestamente un aliado del presidente argentino.
Los derechos básicos que supimos conseguir esforzadamente, sobre todo a partir de 1983, luego de una terrible dictadura cívico-militar, están siendo socavados y derogados, con un discurso que los desacredita y desprecia, mientras las desigualdades sociales se multiplican. Con políticas que se apuntalan sobre megadecretos desreguladores (como el 70/23) y la Ley Bases. Junto con el RIGI (Régimen de incentivo de Grandes Inversiones), que exacerba la entrega de bienes públicos y naturales a las fuerzas más poderosas y salvajes del mercado. Todo sucede mientras se ensanchan las desigualdades sociales y los super-ricos –nacionales y extranjeros- acumulan más riqueza, fugan las ganancias, pagan menos impuestos y son tratados por el presidente Milei como "héroes" y "benefactores sociales".
La política de despojo de derechos es sistemática y abarcativa: el gobierno decide la interrupción del suministro de medicamentos a pacientes con cáncer y otras enfermedades graves; se cierran o vacían hospitales públicos psiquiátricos; se cuestiona públicamente y se pretende derogar la figura del femicidio; se persigue -cuando no se prohíbe – a periodistas, a artistas, en especial y no casualmente a las mujeres. Se debilita, tergiversando sus fines, la enseñanza de la Educación sexual integral. El presidente llama "pedófilos" a quienes eligen convivir con personas del mismo sexo. Se modifica ilegalmente la Ley de Identidad de Género desprotegiendo a las infancias y adolescencias de la comunidad travesti trans no binaria, mientras se niega el derecho a la existencia de este colectivo. También se demoniza al Conicet y a las universidades públicas, reconocidas internacionalmente. El gobierno busca desinstalar la política de la memoria respecto de la última dictadura cívico-militar, con un discurso oficial que se coloca del lado de los represores.
La política de supresión de libertades tampoco es azarosa: cada semana, nuestros jubilados y jubiladas son golpeados con saña frente a las vallas de un Congreso Nacional militarizado; las fuerzas de seguridad reprimen y disparan a los ojos o a la cabeza, como sucedió con el fotógrafo Pablo Grillo; golpean incluso a niñas indefensas y se sienten con tal nivel de impunidad que lanzan sus carros hidrantes al grito de "¡ahora vengan, zurdos!"… Comandados por la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, arman cacerías al voleo y encarcelan a manifestantes –e incluso a personas no- manifestantes que pasan por el lugar- para imputarles figuras penales severas que no se sostienen en un proceso judicial.
Funcionarios y periodistas acólitos celebran la "motosierra" que cercena áreas importantes de políticas de Estado: mujeres y disidencias, agricultura familiar, discapacidad, pueblos originarios, derechos humanos, ciencia y tecnología, organismos vinculados a la cultura, mantenimiento de la infraestructura vial. Se desguazan y precarizan organismos públicos que intervienen en los desastres ambientales.
Y esto sucede con un gobierno que adhiere de modo enfático al negacionismo climático, en el mismo momento en que vivimos el fin de la normalidad climática y los eventos extremos frecuentes y letales, como la inundación en Bahía Blanca, como los incendios en Córdoba, la Patagonia y en el Litoral, que arrasan con animales, viviendas, montes y humedales; las lluvias torrenciales que parten en dos rutas y puentes; las olas de calor que colapsan a un sistema energético ya insuficiente, dejando ciudades y pueblos enteros sin luz ni agua durante días, y la repetición de una sequía que ya ha afectado –y seguirá afectando– la cosecha de la soja y las ganancias del sector agroexportador más poderoso del país.
En las provincias, nunca tan cercanas ideológicamente y tan ávidas de extractivismo como en el presente, algunos gobernadores se subieron con entusiasmo a la ola libertaria. Envalentonados, multiplican el retroceso institucional y alientan con más políticas de estado la actual economía de rapiña. Vienen por más oro, por el litio y los minerales críticos, vienen por nuestras tierras y por el agua. Avanzan atropellando los derechos de las comunidades indígenas, desconociendo el derecho a manifestar y peticionar de las poblaciones, encarcelando a activistas ambientales y defensores del agua que desde hace más de 20 años cuestionan el carácter contaminante y colonial de estas actividades.
El objetivo de esta política represiva no es sólo "cárcel y bala"; es la instalación de un clima de miedo que incline a la sociedad al oscurantismo, al pánico moral y al disciplinamiento social. Quieren que bajemos la cabeza, que nos desanimemos, que obedezcamos, que nos callemos, que nos volvamos sumisos y cómplices. En nombre de una falsa libertad, vienen a destruir la libertad de todos y todas.
Nunca, en tiempos de régimen democrático, la Argentina estuvo tan cerca de un gobierno autocrático y de un Estado de excepción como ahora. Todos los días hay un hecho político que empeora y busca hacer olvidar el hecho político horroroso del día anterior, encabezado por un presidente que muestra desprecio y rechazo a la Constitución Nacional y ve a la justicia social como una "aberración".
Nunca estuvimos tan sumergidos en una degradación política y una regresión institucional que abarca al presidente, los insultadores seriales del gobierno, sus representantes parlamentarios, ministros, equipos de trolls, periodistas cómplices, pero también una clase política –Parlamento nacional y gobernadores– que decidió acatar y apoyar este plan destructivo de gobierno. Sea por afinidad ideológica, porque acepta el intercambio de favores o porque cede a la extorsión, el grueso de la dirigencia argentina decidió dotar a este gobierno de herramientas extraordinarias de destrucción masiva, aprobando leyes, habilitando Decretos de Necesidad y Urgencia, aceptando vetos presidenciales o haciendo oídos sordos a ilícitos como la cripto-estafa ocurrida en febrero, que no habría sido posible sin el aval del jefe de Estado.
Así mueren las democracias.
Pero ya lo dijimos en nuestra primera declaración, cuando acompañamos la marcha LGTBIQ+ del 1ro de febrero de este año: Nosotros y nosotras no volvemos más al clóset.
2-
Creemos que es la sociedad movilizada la que debe colocar límites políticos y éticos a esta ofensiva autoritaria. Nos oponemos a la normalización del brutalismo y la destrucción del Estado, a la confiscación de la libertad y de los derechos básicos. Nos oponemos a la narrativa infame que apela insistentemente a las fuerzas divinas. Así, nos dicen, estamos en las manos de Dios. No sabemos de qué Dios, ni tampoco qué Fuerzas
del Cielo, a menos que apelen al Dios dinero, a las finanzas y a las fuerzas asimétricas del mercado. Pero para quienes todavía conservamos una mirada laica de la política, y sostenemos que lo social sólo se explica por lo social y no por la intervención de fuerzas divinas, solo existen las fuerzas de la tierra.
Y la Argentina tiene un notable acumulado de fuerzas de la tierra, representadas por potentes movimientos sociales y corrientes culturales, en el campo de los derechos humanos, sociales, territoriales, sindicales, de género, ambientales. Estas fuerzas de la tierra ilustran la materialidad de vidas forjadas en historias de lucha y solidaridad, como las de Osvaldo Bayer, el escritor y periodista cuyo monumento destruyó Vialidad Nacional en la provincia de Santa Cruz. Fuerzas de la tierra como la de la luminosa Nora Cortiñas, que acompañó todas las luchas importantes del país, sin sectarismos ni cálculos estratégicos.
Hoy nuestras fuerzas de la tierra también están representadas por los jubilados y jubiladas, que todos los miércoles ponen el cuerpo y la garra, y enfrentan pacíficamente los gases lacrimógenos y los palos de las fuerzas de seguridad.
Deseamos que este llamado alcance a las y los jóvenes, cuyo futuro aparece ensombrecido e incierto. Si no generamos alianzas colectivas y solidaridades mayores, que alienten un proyecto de vida justo y sostenible, basado en la cooperación, la empatía y el sentido comunitario, viviremos en un planeta dañado con un país saqueado no solo económica sino también culturalmente. Llamamos a detener el proyecto de muerte sostenido por un gobierno aliado al capital y al club de los multimillonarios internacionales.
Convocamos a la tarea de construcción de una agenda política propositiva e integral, que exprese un compromiso con los derechos y la democracia, por y con nuestros jubilados y jubiladas, por y con nuestros jóvenes; un pacto intergeneracional que forje solidaridad colectiva y regenere el tejido social. Hacemos un llamado a las fuerzas de la tierra: por la libertad, por el pluralismo, por los derechos básicos, por un reparto justo de la riqueza, por la igualdad, por la democracia.
Claudia Aboaf, Florencia Abbate, Pablo Alabarces, Ezequiel Adamovsky, Pompeyo Audivert, Feda Baeza, Soledad Barruti, Cristina Banegas, Diana Bellesi, Flavia Broffoni, Martín Bergel, Adriana Bustos, Lucy Caballero, Gabriela Cabezón Cámara, Martin Caparrós, Albertina Carri, Alicia del Rosario Chalabe Michaud, Flavia Costa, Pablo De Marinis, Juan Carlos Distéfano, Carlos Díaz, Cinthia Edul, Silvina Friera, Verónica Gago, Andrés Gallina, Griselda Gambaro, Carlos Gamerro, Roberto Gargarella, Andrea Giunta, Gabriela Golder, Adrian Gorelik, Eduardo Gruner, Liliana Heer, Mauricio Kartun, Gabriel Kessler, Laura Klein, Juan Carlos Kreimer, Maria Ines Krimer, Karina Jannello, Paula Jimenez España, Julieta Laso, Nacho Levi, Alejandra López, Valeria Llobet, Rubén Lo Vuolo, Diana Maffia, Lucrecia Martel, Guillermo Martínez, Juan Mattio, Alejandro Modarelli, Mercedes Morán, Michel Nieva, Ana Ojeda, Julieta Obedman,Sergio Olguin, José Miguel Onaindia, Mario Pecheny, Claudia Piñeiro, Marcelo Piñeyro, Juan Ignacio Piovani, Hinde Pomeraniec, Dolores Reyes, Martha Rosemberg, Tomás Saraceno, Dardo Scavino, Samanta Schweblin, Cristina Schiavi, Guillermo Schnitman, Mariano Schuster, Rita Segato, Pablo Seman, Graciela Speranza, Lita Stantic, Maristella Svampa, Ruben Szuchmacher, Luisa Valenzuela, Enrique Viale, Alejandro Tantanian, Horacio Tarcus, Juan Toklatian, Susana Torres Molina, Patricia Zangaro, siguen las firmas.
Por: David Bauder Un juez federal ordenó el martes a la Casa Blanca que restablezca el pleno acceso de The Associated Press a la cobertura de actos presidenciales, basándose en la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense para asegurar que el gobierno no puede castigar a la agencia de noticias por el contenido de su discurso.
El juez de distrito Trevor N. McFadden, designado por el presidente Donald Trump, falló que el gobierno no puede tomar represalias contra la decisión de la AP de no acatar la orden ejecutiva del presidente de cambiar el nombre del Golfo de México. La decisión, aunque es una medida cautelar preliminar, le representa a la AP una gran victoria en un momento en que la Casa Blanca ha estado desafiando a la prensa en varios niveles.
“En virtud de la Primera Enmienda, si el gobierno abre sus puertas a algunos periodistas —ya sea al Despacho Oval, a la Sala Este o a cualquier otro lugar—, no puede luego cerrar esas puertas a otros periodistas debido a sus puntos de vista”, escribió McFadden. “La Constitución nos obliga a ello”.
De momento se desconoce si la Casa Blanca tomaría medidas de inmediato para cumplir con el fallo de McFadden. El juez aplazó la implementación de su orden por una semana, dando tiempo al gobierno para responder o presentar una apelación. Poco después del fallo, a un reportero y un fotógrafo de la AP se les negó unirse a una caravana con el grupo de prensa de la Casa Blanca para cubrir la aparición de Trump ante el Comité Nacional Republicano del Congreso.
A la AP se le ha impedido formar parte del pequeño grupo de periodistas que cubren a Trump en el Despacho Oval o a bordo del avión presidencial desde el 11 de febrero, y esporádicamente ha tenido acceso a coberturas en actos en la Sala Este.
“Estamos satisfechos con la decisión del tribunal”, declaró la portavoz de la AP, Lauren Easton. “El fallo de hoy ratifica el derecho fundamental de la prensa y del público a hablar libremente sin represalias del gobierno. Esta es una libertad que la Constitución de Estados Unidos garantiza para todos los estadounidenses”.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien fue nombrada en la demanda, no respondió de momento a un mensaje en busca de comentarios. En la querella presentada el 21 de febrero, la AP demandó a Leavitt; a la jefa de despacho de la Casa Blanca, Susie Wiles, y al subjefe de despacho Taylor Budowich.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, habla con los periodistas en la Sala de Prensa James Brady de la Casa Blanca, el martes 8 de abril de 2025, en Washington
Muchos medios de comunicación han estado a la defensiva con este gobierno Trump ha actuado agresivamente contra los medios en varios frentes desde que asumió el cargo para un segundo mandato. La Comisión Federal de Comunicaciones tiene demandas abiertas contra ABC, CBS y NBC News. El gobierno ha intentado cortar fondos para servicios de noticias gubernamentales como Voice of America y amenaza con retirar financiación para emisoras públicas como PBS y NPR por ser supuestamente demasiado liberales en sus coberturas noticiosas.
La AP le había pedido a McFadden que decretara que Trump había violado el derecho constitucional de la AP a la libertad de expresión al tomar medidas porque no estaba de acuerdo con las palabras que utilizan sus periodistas. El juez había rechazado anteriormente la solicitud de la AP de revocar los cambios mediante una orden judicial.
Debido a su amplio alcance, la AP ha sido incluida por tradición en los grupos que son parte de la cobertura presidencial en eventos en lugares como el Despacho Oval o el avión presidencial. McFadden advirtió que su fallo no necesariamente significa que los retomará.
“El Tribunal no le ordena al gobierno que otorgue a la AP acceso permanente al Despacho Oval, la Sala Este o a cualquier otro evento de prensa”, escribió. “No otorga un trato especial a la AP. De hecho, la AP no necesariamente tiene derecho al acceso permanente al ‘primer lugar en la fila’ del que gozó (con la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca). Pero tampoco puede recibir un peor trato que las agencias competidoras”.
El juez destacó que su decisión no prohíbe que funcionarios del gobierno elijan a qué medios dar entrevistas, o elegir qué preguntas de los periodistas deciden responder en una conferencia de prensa.
“Esta es una decisión importante”, dijo Katie Fallow, directora adjunta de litigios en el Instituto Knight de la Primera Enmienda de la Universidad de Columbia. “La Primera Enmienda significa que la Casa Blanca no puede prohibir a los medios de comunicación cubrir al presidente simplemente porque no repiten su lenguaje preferido”.
Trump explicó por qué tomó la decisión Aunque hubo poca disputa durante la audiencia judicial del 27 de marzo sobre por qué Trump tomó represalias contra la AP —el presidente lo dijo claramente— el gobierno afirmó que le correspondía a él, y no a los corresponsales de la Casa Blanca o una añeja tradición, determinar quién puede formular preguntas al presidente y cuándo.
Desde que comenzó la disputa con la AP, la Casa Blanca ha tomado medidas para controlar quién puede cubrir al presidente en eventos más íntimos e incluso dónde se sientan los periodistas durante las conferencias de Leavitt, asegurando que ambos necesitan reflejar mejor los cambios sobre cómo la gente obtiene información.
Las decisiones de la AP sobre los términos que utiliza son seguidas por periodistas y otros escritores en todo el mundo a través de su manual de estilo. La agencia subrayó que seguiría usando Golfo de México, como se le ha conocido al cuerpo de agua durante cientos de años, aunque también hace notar la decisión de Trump de cambiarle el nombre a Golfo de Estados Unidos. Distintos medios han usado diferentes enfoques, algunos evitándolo por completo y limitándose a llamarlo únicamente el “Golfo”.
“Para cualquiera que piense que la demanda de The Associated Press contra la Casa Blanca del presidente Trump es sobre el nombre de un cuerpo de agua, piensen en un panorama más amplio”, escribió Julie Pace, directora ejecutiva de la AP, en un editorial para The Wall Street Journal. “Realmente se trata de si el gobierno puede controlar lo que dices”. Testimonios revelan que la cobertura de la AP se ha visto obstaculizada
Trump ha calificado a la AP, la cual fue fundada en 1846, de “lunáticos radicales de izquierda”, y dijo que “los mantendremos al margen hasta que acepten que es el Golfo de Estados Unidos”.
Para una agencia de noticias que depende de la velocidad como uno de sus principales puntos de venta, la AP llevó a su corresponsal en jefe de la Casa Blanca y a su fotógrafo a testificar ante McFadden sobre cómo su ausencia en la cobertura de ciertos eventos ha retrasado su transmisión de texto e imágenes. Su abogado, Charles Tobin, dijo que la AP ya ha perdido un contrato publicitario de 150.000 dólares de un cliente al que le preocupaba el veto de la Casa Blanca.
El abogado del gobierno, Brian Hudak, mostró cómo la AP ha podido usar transmisiones en vivo o fotos de otras agencias para difundir noticias, y señaló que la agencia asiste regularmente a las conferencias diarias de Leavitt.
McFadden dijo en el fallo del martes en el caso, Associated Press v. Budowich, et al, que el gobierno ha sido “descarado” sobre por qué ha excluido a la AP.
“El gobierno no ofrece otra explicación plausible para su trato a la AP”, escribió. La Constitución prohíbe la discriminación por puntos de vista, incluso en un foro no público como el Despacho Oval”. __
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
La Justicia argentina procesó este lunes a la diputada nacional y candidata a legisladora porteña del Frente de Izquierda, Vanina Biasi y la acusó de violación de la ley antidiscriminatoria e incitación a la discriminación, tras publicaciones en la red social X donde calificó a Israel de Estado "nazi", "terrorista" y "genocida"
"La crítica se distorsiona y excede los límites de la libertad de expresión cuando se hace de forma de deslegitimar su existencia, o de exigirle acciones distintas a las que se le exigen a cualquier otro Estado que no tenga la característica de su religión judía como constitución", afirmó el juez federal Daniel Rafecas en su acusación, a la que tuvo acceso EFE.
La resolución del juez se justifica en parte en la adopción por parte de Argentina de la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA, en inglés), que incluye entre sus ejemplos del antisemitismo "aplicar un doble rasero al pedir a Israel un comportamiento no esperado ni exigido a ningún otro país democrático" y "establecer comparaciones entre la política actual de Israel y la de los nazis".
El juez decretó el procesamiento de la legisladora nacional sin prisión preventiva y le impuso un embargo de diez millones de pesos (9.126 dólares).
Los comentarios a los que hace referencia la acusación fueron publicados por Biasi a través de su perfil de la red social X entre noviembre de 2023 y enero de 2024.
En una de ellas, señaló que "el Estado sionista es nazi por sus prácticas y su ideología" y acusó a Israel de ser "un Estado terrorista, genocida y asesino de niños".
En una de sus publicaciones, la legisladora sostuvo: "Miles sufriendo porque Emily había sido asesinada y finalmente todo era una construcción de la narrativa sionista a la que poco le importa la vida de la gente y su sufrimiento".
En otro posteo escribió: "El Estado sionista es nazi por sus prácticas y su ideología y entiendo que a un propagandista de un Estado terrorista, genocida y asesino de niños le moleste leerlo, pero sus patoteadas no me van a silenciar".
"El supremacismo y el racismo que dieron sustento ideológico al exterminio del pueblo judío, están hoy presentes en la justificación del genocidio palestino a manos del Estado de Israel", señaló la diputada en otra de sus publicaciones, en referencia a la ofensiva israelí en la Franja de Gaza.
La guerra de Israel, hasta el momento, ha dejado un saldo de más de 50.000 palestinos muertos y comenzó el 7 de octubre de 2023 en respuesta a un ataque terrorista del grupo islamista Hamás en el que murieron unos 1.200 israelíes y 251 fueron secuestrados.
La legisladora expresó este lunes su rechazo al fallo judicial, y acusó a Rafecas de esperar a que llegara el periodo electoral para ayudar a "sus amigos del poder político", debido a que Biasi encabeza el listado del Frente de Izquierda y Unidad de cara a las elecciones legislativas de la ciudad de Buenos Aires que se celebraran el próximo 18 de mayo.
La causa había iniciado en octubre del año pasado, cuando el fiscal federal Carlos Stornelli la denunció penalmente y el juez Rafecas la llamó a declaración indagatoria.
En caso de avanzar la acusación en su contra, Biasi deberá comparecer ante un juicio oral y público, aunque adelantó que apelará la decisión.
Apelaremos este procesamiento de Rafecas que es un golpe a la libertad de expresión
Así se refirió a la resolución del Juez Rafecas que dictó el procesamiento en la causa donde se le imputa violar la ley anti-discriminación por supuesto antisemitismo
Vanina Biasi dijo: "El procesamiento de Rafecas va en contra de la libertad de expresión, impulsa la censura a la opinión, en este caso, de una diputada nacional y fue emitido para incidir en el proceso electoral, incumpliendo para ello los propios tiempos reglamentarios que tenía Rafecas para hacerlo cuando hace casi 6 meses! me tomó declaración indagatoria junto al fiscal Eduardo Taiano (el mismo que no investiga a Milei por la estafa cripto)" denunció la diputada. Apelaremos sin desconocer la influencia poderosa que estos sectores tienen dentro del estado argentino"
"A pesar del burdo intento de Rafecas y Taiano, usaré esta censura y esta obvia persecución política que estoy viviendo para difundir con más fuerza las ideas que las motivaron. El poder criminal de Israel en argentina no logrará acallarme y junto a los millones que en todo el mundo alzan su voz seguiré llamándolo como corresponde, genocidio, exterminio, supremacismo y racismo" declaró la Diputada. "Estas definiciones son hoy abrazadas por la Corte Penal Internacional, la ONU, por Amnistía Internacional y por millones en todo el mundo que están viendo al ejecución de un genocidio a través de las redes sociales"
Respecto de los intereses detrás del fallo judicial, agregó: "La DAIA y el Estado de Israel tienen sus jueces. Rafecas, que tenía que resolver en 10 días, desde la indagatoria del 15 de Octubre del 2024, se guardó su fallo para esta etapa electoral para ver si puede darle una mano mayor a sus amigos del poder político y económico. Haber sido anfitrión de eventos de la DAIA en muchas oportunidades no le hizo ponerse colorado a la hora de aceptar su querella y ahora darles el procesamiento que querían." denunció desde X la diputada Biasi, a minutos de conocer el fallo. Es que el juez Federal Daniel Rafecas fue partícipe de múltiples eventos organizados por la DAIA y organizaciones comunitarias que están detrás de esta persecución judicial y política.
Para finalizar, la diputada nacional dijo: "No se trata de un hecho aislado: una persona estuvo detenida luego de expresarse en redes sociales en defensa de Palestina, durante 9 meses entre el 2023 y el 2024 y luego de salir, se suicidó. Otro dirigente de la izquierda, Alejandro Bodart también es perseguido por expresarse en sus redes sociales. Contra otros como Norman Brisky operaron con su tradicional hate desde las redes sociales. Junto a ellxs y muchxs más daremos la batalla hasta el final. Quienes pretenden tener el monopolio de la palabra son los mismos que hoy adquieren un gran poder de la mano de Milei y de muchos políticos que son cómplices con su silencio".
“Abajo el apartheid y exterminio del pueblo palestino. Viva el movimiento internacional que lucha contra los genocidas israelíes. Sionismo no es judaísmo”, concluyó la diputada.
