El expediente abrió una discusión que atravesó el sistema acusatorio, las facultades policiales, los controles judiciales, la política penitenciaria, la situación de las víctimas, los resultados del Plan Bandera, los antecedentes de las gestiones anteriores y hasta la utilización de los beneplácitos como herramienta política del Concejo.
La discusión dejó expuestas dos miradas prácticamente antagónicas: la del oficialismo, que defendió la necesidad de ampliar las herramientas estatales para enfrentar al crimen organizado, y la de buena parte de la oposición, que advirtió que algunas de las reformas en debate pueden afectar garantías constitucionales y terminar debilitando —en lugar de fortalecer— las investigaciones penales. También hubo posiciones propias dentro de esos espacios, con matices y cuestionamientos que atravesaron las distintas intervenciones.
El debate, además, tuvo cruces personales, referencias al pasado político de los distintos bloques, acusaciones de tergiversación y una discusión específica sobre la reciente reforma constitucional de Santa Fe.
"El Estado tiene que evolucionar a medida que el crimen evoluciona"
El debate comenzó con la intervención del concejal Damián Marcelo Pullaro, de Unidos por Rosario, autor del proyecto de beneplácito.
Pullaro planteó que el objetivo era poner en discusión iniciativas destinadas a fortalecer al Estado en materia de prevención, investigación y persecución del delito. Enumeró entre ellas modificaciones al Código Procesal Penal, a la Ley provincial 13.494 de protección y acompañamiento de víctimas, al fondo de recompensas, al sistema de inteligencia y análisis para la prevención del delito y a las herramientas para investigar los entornos digitales.
Su argumento central fue que las organizaciones criminales evolucionan y que el Estado debe hacerlo en la misma dirección.
También vinculó el debate con la política penitenciaria y cuestionó lo ocurrido durante la gestión provincial anterior. Sostuvo que los delitos habían continuado siendo ordenados desde las cárceles y que el retroceso de determinadas medidas penitenciarias había favorecido el crecimiento de la violencia.
Pero Pullaro llevó la discusión un paso más allá: reclamó que cada espacio político explicitara qué posición tenía sobre las reformas.
"Manifestémonos todos", fue, en esencia, su planteo. Y dirigió especialmente la mirada hacia Juan Monteverde, aunque este último no tuvo una intervención.
"Si vos decís que escuchás tanto a la gente, algo te tiene que decir la seguridad", le planteó Pullaro a Monteverde, en un tramo en el que también cuestionó las risas durante su exposición.
Para el autor del proyecto, el Concejo debía pronunciarse sobre una cuestión que atraviesa directamente a Rosario y no limitarse a discutir aspectos formales.
Pullaro planteó que el objetivo era poner en discusión iniciativas destinadas a fortalecer al Estado en materia de prevención, investigación y persecución del delito. Enumeró entre ellas modificaciones al Código Procesal Penal, a la Ley provincial 13.494 de protección y acompañamiento de víctimas, al fondo de recompensas, al sistema de inteligencia y análisis para la prevención del delito y a las herramientas para investigar los entornos digitales.
Su argumento central fue que las organizaciones criminales evolucionan y que el Estado debe hacerlo en la misma dirección.
También vinculó el debate con la política penitenciaria y cuestionó lo ocurrido durante la gestión provincial anterior. Sostuvo que los delitos habían continuado siendo ordenados desde las cárceles y que el retroceso de determinadas medidas penitenciarias había favorecido el crecimiento de la violencia.
Pero Pullaro llevó la discusión un paso más allá: reclamó que cada espacio político explicitara qué posición tenía sobre las reformas.
"Manifestémonos todos", fue, en esencia, su planteo. Y dirigió especialmente la mirada hacia Juan Monteverde, aunque este último no tuvo una intervención.
"Si vos decís que escuchás tanto a la gente, algo te tiene que decir la seguridad", le planteó Pullaro a Monteverde, en un tramo en el que también cuestionó las risas durante su exposición.
Para el autor del proyecto, el Concejo debía pronunciarse sobre una cuestión que atraviesa directamente a Rosario y no limitarse a discutir aspectos formales.
Esto viene a desmantelar un sistema acusatorio
Romero sostuvo que el proyecto aprobado era, en su redacción, "inocuo", porque formalmente expresaba beneplácito por el tratamiento de iniciativas orientadas a fortalecer las herramientas estatales, algo con lo que —dijo— difícilmente alguien pudiera estar en desacuerdo.
Sin embargo, señaló que detrás de esa formulación estaba el proyecto impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro y enumeró varias de las reformas en discusión: cambios al reglamento policial, a la ejecución penal y al sistema procesal.
El eje de su intervención fue jurídico. Según Romero, las reformas no significarían simplemente una actualización de las herramientas de seguridad, sino un retroceso respecto del sistema acusatorio que Santa Fe había construido durante los gobiernos del Frente Progresista.
Advirtió particularmente sobre:
- allanamientos sin orden judicial;
- medidas coercitivas dispuestas por fiscales sin control judicial;
- interrogatorios policiales durante las primeras etapas de una investigación sin presencia obligatoria de un defensor;
- intervenciones de inteligencia policial sin control judicial;
- facultades especiales para establecer zonas de intervención policial;
- restricciones a la circulación y controles de acceso y salida en barrios;
- y la posibilidad de demorar personas por averiguación de antecedentes durante 48 horas.
Su argumento fue que las pruebas obtenidas mediante procedimientos ilegales podrían luego ser cuestionadas por las defensas y derivar en nulidades.
"Quien lleva adelante la acusación tiene que ser el fiscal", resumió, mientras reivindicó el principio según el cual el juez debe funcionar como tercero imparcial y controlar las medidas que afectan derechos.
En su lectura, el proyecto implicaría "desbaratar" un sistema que, según sostuvo, había sido construido para superar el modelo inquisitivo.
Quién puede atribuirse los resultados de la política de seguridad
Aleart buscó colocar la discusión en una disputa política más amplia entre La Libertad Avanza, Unidos y el peronismo. Defendió las reformas impulsadas por el Gobierno nacional y sostuvo que existía una contradicción entre el apoyo de Unidos a herramientas de seguridad en la Legislatura y su posición durante la reforma de la Constitución provincial.
Mencionó la reiterancia, el régimen penitenciario de alto riesgo y el registro de huellas genéticas como herramientas que su espacio había intentado incorporar con rango constitucional.
También cuestionó al kirchnerismo y sostuvo que había votado en contra de distintas iniciativas nacionales vinculadas con seguridad.
Pero el tramo más político de su exposición llegó cuando presentó el Plan Bandera como una de las principales razones de la mejora de los indicadores de seguridad de Rosario.
Aleart sostuvo que el plan implementado durante la gestión de Patricia Bullrich y continuado por Alejandra Monteoliva había sido determinante para la caída de los homicidios y afirmó que "Rosario está pacificada y es producto del Plan Bandera, de las medidas firmes del presidente de la Nación".
A partir de allí, lanzó un desafío al oficialismo: si el Concejo estaba dispuesto a aprobar un beneplácito por las iniciativas provinciales, también debería pronunciarse sobre las políticas nacionales.
Enumeró, entre otras, la ley de reiterancia, el Registro Nacional de Datos Genéticos, el nuevo régimen penal juvenil, las medidas para impedir el uso de celulares en las cárceles y la resolución del Departamento de Estado estadounidense que modificó el nivel de alerta sobre Rosario.
La discusión, así, dejó de ser solamente provincial y se convirtió también en una disputa sobre quién podía atribuirse los resultados de la política de seguridad en la ciudad.
Este beneplácito no cambia la vida de nadie
Prence también deslizó una crítica política al origen de este tipo de iniciativas. "Entiendo —y esto va sin ánimo de hacer quilombo— que por ahí son órdenes de arriba que reciben, que hay que presentarlos para seguir haciendo buena letra al gobierno provincial", planteó. La concejala cuestionó así que el Concejo termine utilizando su tiempo para celebrar un proyecto que todavía se encuentra en tratamiento en la Legislatura.
Su advertencia no apuntó solamente al contenido del expediente, sino también al papel del Concejo. Consideró que había que tener cuidado de no convertir los beneplácitos en una práctica para respaldar proyectos que todavía no son leyes y cuestionó que el cuerpo legislativo terminara "azotándose con ramos de flores cuando miramos al frente y realmente el país está hecho un desastre, la situación socioeconómica está hecha un desastre, la salud está que explota y nosotros no damos más".
Mientras el debate se concentraba en nuevas herramientas de seguridad, recordó que policías habían reclamado mejoras salariales y sostuvo que las fuerzas de seguridad necesitaban recursos básicos para cumplir su tarea.
Su crítica apuntó además a lo que definió como una "decadencia" de la política y de la calidad de los proyectos. Para Prence, el Concejo estaba corriendo el riesgo de aprobar una declaración que no modificaba la vida cotidiana de ningún rosarino: "Probablemente mañana nos terminen pegando todos porque van a decir: 'El Concejo aprobó un beneplácito para aplaudirle al gobernador Pullaro'. Y con justa razón nos van a pegar, porque realmente no se puede salir a caminar en Rosario sin ver a gente que la está pasando mal".
Y reclamó que la discusión sobre seguridad no se limitara a nuevas facultades represivas, sino que incluyera el fortalecimiento concreto de quienes deben enfrentar al crimen.
La contradicción con los propios criterios del oficialismo
Recordó que el oficialismo había sostenido reiteradamente que el Concejo no debía pronunciarse mediante beneplácitos o declaraciones sobre proyectos que todavía se encontraban en tratamiento en otras cámaras legislativas. Por eso consideró contradictorio que este expediente sí hubiera llegado al recinto.
También cuestionó la técnica legislativa. Según Salinas, el título, los vistos y los considerandos no coincidían exactamente con lo que finalmente decía la declaración.
"Lo que estamos debatiendo es el beneplácito por un debate", planteó, retomando uno de los argumentos que había formulado Romero.
Pero Salinas decidió llevar la discusión al terreno jurídico y profesional. Leyó en el recinto un comunicado del Colegio de Abogados de Rosario, institución que —remarcó— había quedado bajo conducción de sectores vinculados a Unidos y La Libertad Avanza.
El comunicado manifiesta su preocupación frente al proyecto de ley y que es su deber advertir que el mencionado proyecto, en los términos en que ha sido presentado, contiene disposiciones que importan un serio retroceso en materia de garantías constitucionales.La seguridad pública es un objetivo legítimo y necesario, pero debe desarrollarse en el marco de los principios y garantías que sustentan al Estado de Derecho.En este sentido, el debido proceso y la defensa en juicio mediante la asistencia letrada, independiente y de calidad, constituyen pilares fundamentales de los cuales no podemos apartarnos.
Leyó Salinas, para dejar en claro que las objeciones al proyecto no provenían solamente de la oposición política.
Los datos sobre violencia institucional
La intervención de Norma López, de Comunidad, fue una de las más extensas y argumentadas de la sesión. A diferencia de quienes habían centrado sus exposiciones en la naturaleza política del beneplácito, López comenzó intentando respaldar sus objeciones con datos y antecedentes institucionales.
Recordó que durante la discusión en comisión había sido cuestionada porque sus críticas al proyecto eran consideradas "opiniones" y no hechos verificables. Por eso, explicó, en el recinto iba a presentar información proveniente de organismos oficiales y de instituciones vinculadas con la Justicia y los derechos humanos.
Su primer eje fue la violencia institucional. Citó datos del Ministerio Público de la Defensa según los cuales durante 2025 se registraron 93 víctimas de torturas en cárceles de Santa Fe, con 189 hechos denunciados, y 218 víctimas de violencia policial en la vía pública. También mencionó que 39 personas denunciaron el armado de causas por resistencia a la autoridad y advirtió que solamente una parte de las víctimas se anima a denunciar formalmente por temor a represalias.
López vinculó esos datos con la situación del sistema penitenciario santafesino. Señaló que la provincia tenía una tasa de 351 personas detenidas cada 100.000 habitantes, por encima del promedio nacional, un déficit de alrededor de 3.000 plazas penitenciarias y 43 personas fallecidas bajo custodia durante 2025.
El segundo punto estuvo referido a Naciones Unidas. López citó las observaciones del Comité contra la Tortura de la ONU sobre hechos denunciados en la cárcel de Piñero y mencionó la existencia de reclamos para que el Estado argentino aportara información sobre esas situaciones.
También incorporó datos de la Correpi sobre muertes vinculadas con el aparato represivo estatal y los utilizó para sostener que la discusión sobre nuevas facultades para las fuerzas de seguridad no podía darse sin considerar los antecedentes recientes de violencia institucional.
Luego puso el foco en lo ocurrido después de la última ampliación de facultades policiales. Según relató, durante cinco semanas se produjeron cerca de 4.000 detenciones por falta de documentación, de las cuales solamente una persona tenía pedido de captura. Mencionó en ese punto la intervención del camarista Gustavo Salvador, quien, según su exposición, debió establecer límites judiciales frente a esas prácticas.
El cuarto eje fue el rechazo de sectores profesionales y jurídicos al proyecto. López citó a la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario, cuyo presidente, José Nanni, había calificado la iniciativa como un "atropello autoritario". También mencionó al constitucionalista Óscar Blando y al camarista Gustavo Salvador como voces que habían expresado preocupación por las reformas.
A partir de allí llegó al núcleo de su planteo: la Constitución provincial. López sostuvo que las reformas impulsadas por el gobernador Maximiliano Pullaro podían entrar en contradicción con los artículos 14, 15 y 42 de la nueva Constitución santafesina: la prohibición de la tortura y los tratos crueles, la exigencia de orden judicial para ingresar a domicilios y la garantía del hábeas corpus.
También advirtió sobre una posible consecuencia económica. Citando las objeciones de los abogados penalistas, sostuvo que una eventual aprobación del proyecto podría derivar en una multiplicación de planteos de inconstitucionalidad y litigios contra el Estado, con un eventual costo que terminaría siendo afrontado por los contribuyentes.
Para López, por lo tanto, la discusión sobre seguridad no podía reducirse a más patrulleros, cámaras o facultades policiales. Reclamó un Estado capaz de perseguir el delito, pero sometido a controles y garantías democráticas.
¿Cuál es el modelo alternativo?
Recordó que durante la discusión en comisión había sido cuestionada porque sus críticas al proyecto eran consideradas "opiniones" y no hechos verificables. Por eso, explicó, en el recinto iba a presentar información proveniente de organismos oficiales y de instituciones vinculadas con la Justicia y los derechos humanos.
Su primer eje fue la violencia institucional. Citó datos del Ministerio Público de la Defensa según los cuales durante 2025 se registraron 93 víctimas de torturas en cárceles de Santa Fe, con 189 hechos denunciados, y 218 víctimas de violencia policial en la vía pública. También mencionó que 39 personas denunciaron el armado de causas por resistencia a la autoridad y advirtió que solamente una parte de las víctimas se anima a denunciar formalmente por temor a represalias.
López vinculó esos datos con la situación del sistema penitenciario santafesino. Señaló que la provincia tenía una tasa de 351 personas detenidas cada 100.000 habitantes, por encima del promedio nacional, un déficit de alrededor de 3.000 plazas penitenciarias y 43 personas fallecidas bajo custodia durante 2025.
El segundo punto estuvo referido a Naciones Unidas. López citó las observaciones del Comité contra la Tortura de la ONU sobre hechos denunciados en la cárcel de Piñero y mencionó la existencia de reclamos para que el Estado argentino aportara información sobre esas situaciones.
También incorporó datos de la Correpi sobre muertes vinculadas con el aparato represivo estatal y los utilizó para sostener que la discusión sobre nuevas facultades para las fuerzas de seguridad no podía darse sin considerar los antecedentes recientes de violencia institucional.
Luego puso el foco en lo ocurrido después de la última ampliación de facultades policiales. Según relató, durante cinco semanas se produjeron cerca de 4.000 detenciones por falta de documentación, de las cuales solamente una persona tenía pedido de captura. Mencionó en ese punto la intervención del camarista Gustavo Salvador, quien, según su exposición, debió establecer límites judiciales frente a esas prácticas.
El cuarto eje fue el rechazo de sectores profesionales y jurídicos al proyecto. López citó a la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario, cuyo presidente, José Nanni, había calificado la iniciativa como un "atropello autoritario". También mencionó al constitucionalista Óscar Blando y al camarista Gustavo Salvador como voces que habían expresado preocupación por las reformas.
A partir de allí llegó al núcleo de su planteo: la Constitución provincial. López sostuvo que las reformas impulsadas por el gobernador Maximiliano Pullaro podían entrar en contradicción con los artículos 14, 15 y 42 de la nueva Constitución santafesina: la prohibición de la tortura y los tratos crueles, la exigencia de orden judicial para ingresar a domicilios y la garantía del hábeas corpus.
También advirtió sobre una posible consecuencia económica. Citando las objeciones de los abogados penalistas, sostuvo que una eventual aprobación del proyecto podría derivar en una multiplicación de planteos de inconstitucionalidad y litigios contra el Estado, con un eventual costo que terminaría siendo afrontado por los contribuyentes.
Para López, por lo tanto, la discusión sobre seguridad no podía reducirse a más patrulleros, cámaras o facultades policiales. Reclamó un Estado capaz de perseguir el delito, pero sometido a controles y garantías democráticas.
¿Cuál es el modelo alternativo?
Después defendió el modelo de seguridad provincial y municipal. Para Fiatti, el debate sobre seguridad es demasiado importante como para quedar reducido a una discusión formal sobre el expediente.
Defendió la política penitenciaria de alto perfil, la necesidad de evitar que los presos continúen manejando organizaciones criminales desde las cárceles y la importancia de dotar de herramientas al Ministerio Público de la Acusación.
Pero su pregunta principal estuvo dirigida a la oposición: "¿Cuál es el modelo alternativo?". Fiatti reclamó propuestas concretas y no solamente rechazos a las reformas.
También reivindicó la responsabilidad política del oficialismo y aseguró que el objetivo era continuar transformando el Estado hasta recuperar definitivamente la paz en Rosario.
El concejal cuestionó además la referencia histórica a la dictadura realizada durante el debate y consideró "absurdo" comparar un gobierno democrático con aquella etapa.
La defensa del modelo de seguridad
Anahí Schibelbein, de Unidos por Rosario, defendió el proyecto desde la experiencia cotidiana de comerciantes y vecinos. Se refirió a la caída de los homicidios y a la recuperación de espacios públicos, pero eligió como ejemplo el testimonio de un comerciante rosarino llamado Jorge.
Según relató, el hombre había tenido que trabajar durante años con las persianas bajas por temor a la violencia y ahora podía desarrollar nuevamente su actividad. Para Schibelbein, ese tipo de testimonios debía formar parte del debate tanto como las estadísticas.
También defendió las herramientas tecnológicas implementadas por el Ministerio de Seguridad y sostuvo que la recuperación de la ciudad no podía considerarse algo natural o permanente.
La concejala cuestionó a quienes, según su interpretación, habían tenido responsabilidades de gobierno durante los años más violentos y ahora criticaban las políticas que estaban permitiendo la recuperación de Rosario.
Su intervención reforzó uno de los argumentos centrales del oficialismo: la discusión no debía detenerse en las objeciones jurídicas al texto, sino considerar qué herramientas necesita el Estado para sostener la baja de la violencia.
Según relató, el hombre había tenido que trabajar durante años con las persianas bajas por temor a la violencia y ahora podía desarrollar nuevamente su actividad. Para Schibelbein, ese tipo de testimonios debía formar parte del debate tanto como las estadísticas.
También defendió las herramientas tecnológicas implementadas por el Ministerio de Seguridad y sostuvo que la recuperación de la ciudad no podía considerarse algo natural o permanente.
La concejala cuestionó a quienes, según su interpretación, habían tenido responsabilidades de gobierno durante los años más violentos y ahora criticaban las políticas que estaban permitiendo la recuperación de Rosario.
Su intervención reforzó uno de los argumentos centrales del oficialismo: la discusión no debía detenerse en las objeciones jurídicas al texto, sino considerar qué herramientas necesita el Estado para sostener la baja de la violencia.
No estamos acá para hacerle un cumpleañitos a nadie
Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular, llevó la discusión nuevamente hacia la naturaleza del proyecto. "Los que no quisieron discutir el fondo son ustedes", sostuvo, en respuesta al oficialismo. "si uno lee la carátula, claramente era un beneplácito por la presentación y tratamiento del proyecto de ley,
Para Gigliani, el problema estaba en que la carátula presentaba un beneplácito por un proyecto de ley "falta decir que presentó el gobernador Pullaro. ¿Quién lo presenta? El concejal Damián Pullaro, su hermano" y agregó que el texto se limitaba a expresar apoyo al tratamiento de iniciativas.
A su entender, eso dejaba al Concejo frente a una situación paradójica: aprobar un beneplácito por algo que no se estaba votando concretamente. "Nosotros no estamos acá para hacerle ningún cumpleañitos a nadie", resumió.
También cuestionó la utilización de las estadísticas como una competencia política y sostuvo que detrás de los números existen muertes y dolor.
Su intervención incorporó además otras dimensiones de la seguridad: salud mental, pobreza, desempleo, endeudamiento y violencia digital.
Gigliani sostuvo que Rosario necesita políticas públicas integrales y recordó episodios vinculados con el narcotráfico y la política provincial.
También defendió el sistema acusatorio y cuestionó específicamente la posibilidad de tomar declaraciones policiales sin abogado, allanar sin orden judicial o utilizar pruebas obtenidas ilegalmente.
Gigliani también puso el foco en la contradicción política del oficialismo: recordó que varias de las leyes que ahora se pretende modificar fueron creadas durante los gobiernos del Frente Progresista y que el actual intendente Pablo Javkin fue miembro informante de esas reformas en la Legislatura.
"Interpreto yo que en alguna especie de autocrítica están asumiendo que quieren dar marcha atrás", sostuvo. Para la concejala, esa situación explica parte de la incomodidad del oficialismo y cuestionó que el Concejo terminara aprobando un beneplácito que, según planteó, ni siquiera respaldaba explícitamente los proyectos presentados por el gobernador. "Están haciendo como que votan algo que en realidad no están votando", resumió.
Para ella, no se trataba de una discusión ideológica sino de respetar la Constitución y el Estado de Derecho.
Pullaro y López vuelven a cruzarse
Luego de las intervenciones opositoras, Damián Pullaro volvió a tomar la palabra. Su respuesta fue especialmente dura. Consideró "inaceptable" la comparación con la dictadura y sostuvo que las reformas no vulneraban garantías constitucionales.
"No es momento de ser blando, de ser tibio", afirmó, antes de reclamar una posición más firme frente al crimen organizado. También volvió a mencionar al gobierno de Omar Perotti y sostuvo que un retroceso en las políticas de seguridad podía volver a generar incrementos de violencia.
La discusión se volvió entonces más personal, con Pullaro cuestionando a quienes, según él, "hablan mucho y hacen poco".
López pidió nuevamente la palabra para aclarar su posición y respondió a los cuestionamientos que había recibido durante la sesión. Primero rechazó que su posición pudiera ser reducida a una identidad de "panperonismo", como había planteado Anahí Schibelbein. Y luego respondió directamente a Damián Pullaro y Fabricio Fiatti, quienes habían cuestionado su referencia a la última dictadura.
López aclaró que nunca había equiparado un gobierno constitucional con la dictadura cívico-militar-eclesiástica. Su comparación, explicó, apuntaba a advertir sobre las consecuencias de otorgar al Estado facultades represivas sin un marco constitucional adecuado.
También cuestionó la utilización permanente del "fantasma del peronismo y el kirchnerismo" para responder a las críticas y reivindicó el trabajo que distintos sectores políticos habían realizado acompañando a víctimas de delitos, incluso durante gestiones anteriores.
En ese punto intervino María Eugenia Schmuck para recordar que ella también había participado de ese acompañamiento.
López cerró esa parte de su exposición con una crítica política a Fiatti: sostuvo que el oficialismo había modificado el proyecto original de Pullaro porque no podía aprobarlo tal como había sido presentado y consideró que esos cambios habían mejorado su "espíritu democrático", aunque, a su entender, seguían sin incorporar las herramientas necesarias para una política de seguridad pública compatible con las garantías constitucionales.
Así, la intervención de López tuvo dos momentos claramente diferenciados: primero, una extensa argumentación basada en datos, antecedentes institucionales y normas constitucionales; después, las respuestas políticas a quienes habían cuestionado su posición. Esa estructura es importante porque muestra que su intervención no se limitó al cruce político: el núcleo de su rechazo estuvo en las consecuencias que, según planteó, podrían tener las reformas sobre los derechos y el funcionamiento del sistema penal.
Finalmente, Fabricio Fiatti retomó la palabra. Reivindicó el modelo de seguridad de los gobiernos de Unidos y sostuvo que no podía existir resignación frente al crimen organizado.
Para el concejal, el objetivo era que las organizaciones criminales y sus integrantes estuvieran presos, pero también que las herramientas estatales permitieran proteger testigos, intervenir ante búnkeres, actuar frente a inmuebles usurpados y responder ante nuevas modalidades delictivas.
"Las líneas tienen que estar claras", sostuvo. Y volvió a plantear que el oficialismo estaba dispuesto a seguir realizando reformas para garantizar que los rosarinos pudieran volver a caminar y regresar a sus casas con tranquilidad.
Una votación que reflejó una división política más profunda
El resultado fue de 16 votos positivos y 9 negativos.
Más allá del resultado formal, el debate dejó varios ejes que excedieron ampliamente el texto del beneplácito:
- La constitucionalidad de las reformas de seguridad y la tensión entre mayores facultades policiales y garantías individuales.
- El sistema acusatorio, defendido por la oposición como una conquista institucional frente al viejo sistema inquisitivo.
- El control judicial de las medidas policiales y fiscales, particularmente en allanamientos, detenciones, interrogatorios e inteligencia.
- La política penitenciaria, con el oficialismo reivindicando el régimen de alto perfil y la oposición advirtiendo sobre los riesgos de ampliar facultades represivas.
- La violencia institucional, con López aportando datos y antecedentes de organismos oficiales y organizaciones profesionales.
- Los resultados de la política de seguridad en Rosario, con Unidos y La Libertad Avanza disputándose buena parte del reconocimiento por la baja de los homicidios.
- El pasado de las gestiones anteriores, utilizado por el oficialismo para responsabilizar al peronismo por el crecimiento del crimen organizado, y por la oposición para recordar que las actuales leyes que se pretenden modificar fueron impulsadas por gobiernos del propio Frente Progresista.
- La utilización de los beneplácitos, cuestionada incluso desde sectores que finalmente acompañaron el proyecto.
- La relación entre seguridad y situación social, introducida por Prence y Gigliani a través de referencias a salarios, pobreza, salud mental, desempleo y endeudamiento.
- Y, finalmente, la disputa sobre qué significa una política de seguridad democrática: para el oficialismo, un Estado con mayores herramientas para perseguir al crimen; para la oposición, un Estado fuerte pero sometido a controles judiciales y constitucionales.
La diferencia quedó planteada sobre hasta dónde puede llegar el Estado para hacerlo, quién debe controlar esas facultades y qué riesgos está dispuesto a asumir una sociedad que todavía tiene muy presente el pasado reciente de violencia, pero que también reclama respuestas concretas frente al delito.
Y esa discusión, a juzgar por la intensidad del debate en el recinto, recién comienza.
El Concejo Municipal apenas dejó constancia del resultado
Esa síntesis institucional consigna el resultado, pero omite prácticamente todo lo que convirtió al expediente en uno de los principales debates políticos de la sesión: las advertencias sobre posibles vulneraciones constitucionales, el cuestionamiento al sistema acusatorio, las facultades que podrían otorgarse a la policía, los allanamientos sin orden judicial, los interrogatorios sin defensor, las zonas de intervención policial especial, la política penitenciaria, los datos sobre violencia institucional, las críticas del Colegio de Abogados y las diferencias entre oficialismo, peronismo, Ciudad Futura, Iniciativa Popular y La Libertad Avanza.
Tampoco aparecen en esa comunicación los fuertes cruces políticos que atravesaron la discusión: la acusación de "tergiversación" formulada por Norma López; la crítica de Damián Pullaro a quienes consideró "blandos" o "tibios"; el reclamo de Fabricio Fiatti para que la oposición presentara un modelo alternativo de seguridad; el desafío de Juan Pedro Aleart al oficialismo para que acompañara también las políticas nacionales; ni la advertencia de Sabrina Prence sobre el uso de los beneplácitos.
Mucho menos aparece el resultado de la votación: 16 votos positivos contra 9 negativos.
En otras palabras, registra que el beneplácito fue aprobado, pero deja afuera buena parte de aquello que hizo sustancial la discusión: qué herramientas se le quieren dar al Estado para combatir el delito, qué límites deberían tener esas herramientas y qué riesgos implica avanzar sobre las garantías constitucionales. El resultado quedó publicado; el debate, prácticamente no.
Escuchá el debate completo:
