Organizada por el Consejo Profesional de Radio de Argentores, el pasado 9 de junio se realizó la charla abierta "Comunitarias, alternativas y digitales" en el Espacio Encuentro Argentores, una actividad destinada a reflexionar sobre el presente y el futuro de las radios sin fines de lucro en el escenario comunicacional contemporáneo.
Bajo la premisa de que "las radios sin fines de lucro siguen sonando en el siglo XXI", el encuentro reunió a representantes de diversas emisoras comunitarias, alternativas y universitarias para intercambiar experiencias, analizar desafíos comunes y debatir estrategias de sostenimiento frente a los cambios tecnológicos y culturales que atraviesan la comunicación radiofónica.
Participaron integrantes de FM La Tribu (Ciudad de Buenos Aires), FM En Tránsito (Castelar), miembros de la red CRUCE de emisoras comunitarias y universitarias del conurbano bonaerense, representantes de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) y estudiantes de la carrera de Operación Técnica de Radio del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER), acompañados por la coordinadora académica del área, Mónica Torreto.
Por parte de Argentores estuvieron presentes Pedro Patzer, presidente del Consejo Profesional de Radio; Florencia Flores Iborra, secretaria; Hugo Bab Quintela, vocal; y los colaboradores Mariano Pagnucco y Marcelo Cotton.
Desde la entidad destacaron la importancia de promover la pluralidad y diversidad de voces como herramientas fundamentales para el fortalecimiento de la democracia. En ese sentido, señalaron que el encuentro buscó generar un espacio de diálogo para conocer distintas experiencias, trayectorias y perspectivas en un contexto político complejo y atravesado por la irrupción de nuevas tecnologías que han transformado las prácticas radiofónicas.
Durante la jornada se abordaron temas vinculados con la situación actual de los medios sin fines de lucro, las estrategias para su sostenimiento, la adaptación de proyectos con más de tres décadas de trayectoria a un escenario marcado por el streaming y la hibridez de lenguajes, así como las posibilidades de articulación con Argentores mediante capacitaciones, concursos con estímulos económicos y mesas de trabajo conjuntas.
Asimismo, se planteó la necesidad de impulsar políticas públicas y marcos normativos que reconozcan a las radios comunitarias como actores esenciales de una comunicación democrática y federal.
Uno de los aspectos destacados del encuentro fue la participación de los estudiantes del ISER, quienes valoraron especialmente la posibilidad de conocer de primera mano las formas de gestión, organización y sostenimiento de experiencias comunicacionales sin fines de lucro.
Al cierre de la actividad, el Consejo Profesional de Radio reafirmó su compromiso de mantener este espacio de trabajo e intercambio, con el objetivo de profundizar el vínculo entre Argentores y las radios comunitarias y avanzar en una colaboración sostenida a largo plazo.
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miércoles, 10 de junio de 2026
lunes, 2 de febrero de 2026
El Gobierno eliminó el FoMeCa y profundiza el desmantelamiento del sistema de fomento a los medios comunitarios
Con la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 11/2026, , que firmó el interventor del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), Juan Martín Ozores, el gobierno de Javier Milei le puso punto final al Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FoMeCa). Así, cae una de las principales fuentes de financiamiento para radios, canales y productoras comunitarias, cooperativas y medios sin fines de lucro en Argentina.
La medida tira abajo el reglamento anterior del FoMeCa y lo reemplaza por otro esquema, el Fondo para la Promoción de Proyectos Audiovisuales (FoProA), que el gobierno presenta como una "modernización". Pero, si uno mira bien, es mucho más que eso. Ya no se trata de un fondo pensado para cuidar la diversidad de voces y sostener medios comunitarios. Ahora, la apuesta pasa por un modelo más abierto, competitivo y, sobre todo, alineado con la lógica del mercado y la búsqueda de inversiones.
FoMeCa nació con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522). Usaba el 10% de los gravámenes pagados por los grandes medios para apuntalar proyectos locales, autogestivos y comunitarios. No buscaba generar ganancias ni exportar contenidos; su meta era garantizar el derecho a la comunicación, fortalecer lo local y mantener la pluralidad informativa. Todo ese espíritu, en el mejor de los casos, queda diluido en el nuevo esquema del ENaCom intervenido. En el peor, directamente desaparece.
Fondos congelados, pagos que no llegan y un silencio que persiste
Hay algo que la resolución no menciona: desde principios de 2024, los fondos del FoMeCa están congelados. Las transferencias de las convocatorias de 2023 nunca llegaron, aunque los proyectos se aprobaron, se hicieron y se rindieron como pedía el propio ENaCom.
Lo mismo pasa con el Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU), que debería usarse para conectividad e inclusión digital. En ambos casos, el Estado no cumplió lo prometido y dejó a cooperativas, pymes y medios comunitarios en serios problemas financieros.
Organizaciones como FARCo, CoNTA y AMARC lo vienen denunciando hace rato. Dicen que la falta de pagos no es casualidad ni un simple problema administrativo: es una decisión política para vaciar estos instrumentos de fomento sin admitirlo abiertamente. La Resolución 11/2026 no hace más que ponerle nombre y apellido a ese vaciamiento.
De la democratización al "contenido competitivo"
En la resolución, ENaCom justifica el fin del FoMeCa hablando de "simplificación burocrática", "innovación tecnológica" y la necesidad de crear contenidos "competitivos" y "exportables". Pero detrás de ese lenguaje técnico hay un giro político fuerte: el Estado deja de ser garante de derechos y pasa a ser, simplemente, un facilitador de negocios en el sector audiovisual.
Qué es el FoProA y por qué no reemplaza al FoMeCa
El FoProA es un régimen general de concursos para proyectos audiovisuales que prevé el acceso a aportes económicos no reembolsables, infraestructura, equipamiento o instancias de capacitación. Según su propio reglamento, está orientado a promover la producción de contenidos, la innovación tecnológica y la proyección de la industria audiovisual, con criterios de evaluación centrados en la consistencia, la factibilidad y el potencial de desarrollo de los proyectos.
Sin embargo, este diseño no reemplaza ni cumple la función que tenía el FoMeCa. El fondo eliminado estaba concebido como una política pública específica para sostener medios comunitarios, cooperativos y sin fines de lucro, reconociendo su rol social, territorial y democrático en el sistema de comunicación. El FoProA, en cambio, financia proyectos puntuales y acotados en el tiempo, no la continuidad operativa de radios, canales o productoras comunitarias que dependen de esos recursos para sostener su funcionamiento cotidiano.
A diferencia del FoMeCa, el nuevo esquema no establece prioridades explícitas para los medios comunitarios, no garantiza líneas específicas para el sector sin fines de lucro ni contempla criterios de evaluación vinculados al derecho a la comunicación, la diversidad de voces o el arraigo local. La eventual participación de estos medios queda supeditada a competir en igualdad formal de condiciones con productoras comerciales u otros actores con mayor capacidad financiera, técnica y administrativa.
Esa igualdad formal oculta una desigualdad estructural. En un escenario de concentración y ajuste, competir bajo reglas comunes favorece a quienes ya cuentan con recursos, equipos profesionales y espalda económica, y deja en clara desventaja a los medios comunitarios, cuya función no es la rentabilidad ni la exportación de contenidos, sino el ejercicio del derecho a comunicar.
En ese sentido, el reemplazo del FoMeCa por el FoProA no constituye una mera actualización administrativa, sino un cambio de lógica en las políticas de fomento: el eje se desplaza desde la comunicación entendida como derecho humano hacia un modelo basado en la competencia por proyectos, la productividad y la "proyección" industrial. Un corrimiento que redefine quiénes son los destinatarios reales del apoyo estatal y quiénes quedan, una vez más, al margen.
Un golpe directo al derecho a la comunicación
La eliminación del FoMeCa no es un hecho aislado. Forma parte de una política más amplia del gobierno de Milei: intervención eterna del ENaCom, parálisis de políticas públicas, desfinanciamiento de sectores clave y abandono de los principios de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que entiende la comunicación como derecho humano y asunto de interés público.
En vez de promover la pluralidad, esta medida debilita a los actores más frágiles del sistema de medios. El resultado: más concentración, más centralización y menos voces locales y comunitarias.
La pregunta que queda, y que no es técnica ni administrativa sino política, es clara: ¿qué lugar ocupan los medios comunitarios, cooperativos y populares en el país que quiere construir este gobierno? La respuesta, cada vez más, la deja escrita el Boletín Oficial.
El FoMeCA, una política clave para medios comunitarios y alterativas
En 2024, la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas (CoNTA) ya había advertido sobre la importancia estratégica del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FoMeCA) frente a los intentos de desmantelar las políticas públicas de apoyo a los medios comunitarios. En un comunicado difundido ese año, la organización subrayó que el FoMeCA era una herramienta central para garantizar el pluralismo informativo y la democratización de la comunicación.
En ese documento, CoNTA recordó que el FoMeCA es un fondo creado por ley, con más de diez años de implementación, basado en concursos abiertos, evaluaciones de jurados independientes y decisiones adoptadas por un directorio con representación del oficialismo y la oposición. Además, remarcó que no compite con otros sectores culturales, sino que se financia a partir de un porcentaje específico del gravamen a los servicios audiovisuales.
El comunicado también destacaba que, gracias a este fondo, cientos de medios comunitarios, de frontera y de pueblos originarios pudieron sostenerse, generar empleo y producir contenidos de calidad reconocidos a nivel nacional e internacional. Para CoNTA, el ataque al FoMeCA implicaba un retroceso democrático, ya que los medios sin fines de lucro cumplen un rol fundamental como contrapeso frente a la concentración mediática.
Estas advertencias, realizadas meses antes, adquieren hoy plena vigencia y permiten dimensionar el impacto que tiene la eliminación del FoMeCA sobre el derecho a la comunicación y la diversidad de voces en Argentina.
FoMeCa 2020–2023: balance de una política pública de fomento a los medios comunitarios
Entre 2020 y 2023, el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FoMeCa) atravesó el período de mayor alcance e impacto desde su creación. En esos cuatro años, la política pública de fomento a los medios comunitarios, de frontera y de pueblos originarios no solo se consolidó, sino que alcanzó los mejores indicadores históricos en términos de proyectos apoyados, entidades beneficiadas, montos adjudicados y nivel de ejecución.
Este balance permite dimensionar qué estuvo en juego durante esos años y por qué el FoMeCa se convirtió en una herramienta central para sostener la pluralidad de voces y la diversidad comunicacional en todo el país.
Una gestión récord en términos históricos
La gestión 2020–2023 concentró el 50,7% del total histórico del FoMeCa desde su inicio en 2013. En ese período:
- 367 entidades resultaron ganadoras, más de la mitad del total histórico.
- Se financiaron 1.591 proyectos, también el 50,7% del total acumulado.
- Se adjudicaron $2.444,5 millones, la cifra más alta desde la creación del fondo.
- Se ejecutaron 22 líneas de fomento, de las cuales 16 fueron creadas durante esta gestión.
El crecimiento fue especialmente significativo en comparación con la gestión anterior (2016–2019): el número de proyectos ganadores aumentó un 194% y la cantidad de entidades beneficiadas creció un 81%.
Más medios, más diversidad, más primeras veces
Uno de los datos más relevantes del período es la ampliación real del universo de beneficiarios. De las 367 entidades ganadoras:
- 167 participaron por primera vez del FoMeCa.
- 69 fueron comunidades de pueblos originarios, lo que representa el 18,8% del total de entidades ganadoras.
Este dato da cuenta de una política activa de inclusión, que permitió el acceso al fomento estatal a medios y organizaciones que históricamente habían quedado al margen de las políticas públicas de comunicación.
Pueblos originarios: fomento con identidad
Durante la gestión 2020–2023, los pueblos originarios alcanzaron niveles inéditos de participación:
- 227 proyectos ganadores, el 14,3% del total del período.
- $225,2 millones adjudicados, equivalentes al 9,2% del monto total.
Presencia de comunidades beneficiarias en 16 provincias del país.
La mayor concentración se dio en las regiones del Noroeste y la Patagonia, donde el FoMeCa se convirtió en una herramienta clave para fortalecer experiencias de comunicación con identidad cultural, lingüística y territorial.
Ejecución efectiva y pagos sostenidos
Otro aspecto central del período fue el nivel de ejecución presupuestaria. Entre 2020 y 2023:
- Se pagaron $2.025,6 millones, incluyendo compromisos de años anteriores.
- De los fondos adjudicados durante la misma gestión, se ejecutó el 79,73% del total.
En términos comparativos, esta gestión alcanzó el mejor nivel de pago histórico dentro del mismo período de adjudicación, superando a las gestiones previas:
- 2013–2015: 53% ejecutado.
- 2016–2019: 73% ejecutado.
- 2020–2023: 80% ejecutado.
¿En qué se invirtieron los recursos?
Los montos adjudicados durante la gestión se orientaron principalmente a fortalecer la producción y la sostenibilidad de los medios comunitarios:
- 59% a producción de contenidos.
- 28% a equipamiento y adecuación edilicia.
- 11% a gestión de medios.
- 2% a formación y capacitación.
En cuanto a formatos:
- 54% de los fondos se destinaron a proyectos radiofónicos.
- 43% a proyectos audiovisuales.
- 4% a formatos mixtos.
Estos datos reflejan el rol central de la radio y el audiovisual comunitario en el entramado comunicacional federal.
Alcance federal: FoMeCa en todo el país
Los proyectos financiados durante 2020–2023 alcanzaron a todas las regiones del país. En términos de montos adjudicados:
- Región Metropolitana: 25%
- Provincia de Buenos Aires: 20%
- Región Centro: 20%
- Patagonia: 12%
- Noroeste: 9%
- Noreste y Nuevo Cuyo: 7% cada una
Esta distribución muestra un alcance verdaderamente federal, con presencia sostenida de medios comunitarios en todas las provincias.
El Canal Benteveo: memoria audiovisual del FoMeCa
Un aspecto central —y muchas veces invisibilizado— del trabajo desarrollado durante estos años fue la construcción de una memoria pública de las producciones financiadas por el FoMeCa. En ese marco se creó y fortaleció el Canal Benteveo, el canal audiovisual del fondo en la plataforma YouTube (@canalbenteveo), integrado por contenidos realizados por las entidades ganadoras de todo el país.
Durante 2023 se analizaron y catalogaron más de 2.500 horas de material radiofónico y audiovisual, lo que permitió conformar un archivo federal sin precedentes. El canal reúne actualmente más de 700 capítulos de casi 500 producciones, que suman más de 300 horas de contenidos sobre derechos humanos, soberanía alimentaria, infancias y adolescencias, género y diversidades, pueblos originarios, discapacidades, Malvinas, trabajo y experiencias productivas comunitarias, entre muchas otras temáticas.
Lejos de ser solo un repositorio, el Canal Benteveo funciona como una política de transparencia, circulación y democratización de los contenidos, poniendo en valor el trabajo de los medios comunitarios y permitiendo que esas producciones —financiadas con recursos públicos— tengan alcance nacional, circulación federal y vida más allá de cada convocatoria.
El Canal Benteveo: memoria audiovisual del FoMeCa
Un aspecto central —y muchas veces invisibilizado— del trabajo desarrollado durante estos años fue la construcción de una memoria pública de las producciones financiadas por el FoMeCa. En ese marco se creó y fortaleció el Canal Benteveo, el canal audiovisual del fondo en la plataforma YouTube (@canalbenteveo), integrado por contenidos realizados por las entidades ganadoras de todo el país.
Durante 2023 se analizaron y catalogaron más de 2.500 horas de material radiofónico y audiovisual, lo que permitió conformar un archivo federal sin precedentes. El canal reúne actualmente más de 700 capítulos de casi 500 producciones, que suman más de 300 horas de contenidos sobre derechos humanos, soberanía alimentaria, infancias y adolescencias, género y diversidades, pueblos originarios, discapacidades, Malvinas, trabajo y experiencias productivas comunitarias, entre muchas otras temáticas.
Lejos de ser solo un repositorio, el Canal Benteveo funciona como una política de transparencia, circulación y democratización de los contenidos, poniendo en valor el trabajo de los medios comunitarios y permitiendo que esas producciones —financiadas con recursos públicos— tengan alcance nacional, circulación federal y vida más allá de cada convocatoria.
Más allá del financiamiento: acompañamiento y memoria
El trabajo del FoMeCa no se limitó a la adjudicación de fondos. Durante estos años se desarrollaron políticas complementarias clave:
- Capacitaciones territoriales y virtuales para medios comunitarios e indígenas.
- Acompañamiento a procesos de regularización y acceso a licencias, que permitió que 38 radios comunitarias y un canal comunitario obtuvieran licencias sin fines de lucro.
- Creación y fortalecimiento del Programa Benteveo, un archivo audiovisual y radiofónico que ya reúne más de 300 horas de producciones comunitarias y permite la circulación federal de contenidos.
Un balance que marca un piso
El período 2020–2023 dejó un piso alto para las políticas de fomento a la comunicación comunitaria en la Argentina. Los números muestran que cuando el FoMeCa funciona de manera sostenida, con reglas claras, ejecución efectiva y presencia territorial, el resultado es más producción, más voces, más federalismo y más derecho a la comunicación.
El FoMeCa como política estratégica, no como gasto
Los datos del período 2020 a 2023 son claros: el FoMeCa fue una política importante para asegurar el derecho a la comunicación. En lugares donde el mercado no puede llegar porque no es rentable o porque las voces son incómodas, el Estado desempeñó un papel fundamental para apoyar medios, identidades y territorios.
En estos momentos, hay un debate sobre reemplazar el FoMeCa con programas generales para ayudar a la producción de audiovisuales. El peligro es que se pierda una política pensada especialmente para este sector en un sistema que no entiende las desigualdades que hay en las comunidades. El FoMeCa no se trataba solo de dar dinero, sino de crear programas específicos, ayudar técnicamente, trabajar de manera federal y reconocer a personas que han sido excluidas durante mucho tiempo.
Desarmar o vaciar esta herramienta no implica modernizar el sistema de fomento, sino retroceder en pluralidad, diversidad y democracia comunicacional. Los números de estos años marcan un piso político: muestran que cuando el Estado asume la comunicación como un derecho y no como un negocio, los resultados se traducen en más voces, más producción local y más ciudadanía informada.
Repudio al desmantelamiento de medios cooperativos y comunitarios
El Sindicato de Prensa Rosario repudia la eliminación del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FoMeCA) por parte del gobierno de Milei a través de la Resolución 11/2026. Este dispositivo había sido creado en el marco de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522 para promover proyectos de medios sin fines de lucro con el aporte de las grandes empresas del sector.
En lugar del FoMeCA, el gobierno crea el FoProA (Fondo para la Promoción de Proyectos Audiovisuales) que, más allá de su denominación amigable, es un modo de oficializar la lógica opuesta, la del mercado, y de destruir el espíritu democratizador de la LSCA.
El SPR denuncia las políticas del gobierno de LLA contra los medios comunitarios y cooperativos que golpean su sostenimiento, lo que vulnera la pluralidad de voces y el derecho a la comunicación de toda la sociedad.
SPR – Sindicato de Prensa Rosario
viernes, 17 de octubre de 2025
Organismo internacional de derechos humanos, convoca al Gobierno argentino por el deterioro de la libertad de expresión
Tras denuncias por agresiones a periodistas, fotógrafos, camarógrafos y otros trabajadores de prensa, así como por ataques sistemáticos a la libertad de expresión, la CIDH convocó una audiencia para evaluar la situación en Argentina bajo el gobierno de Javier Milei, en un contexto de creciente hostilidad hacia los medios críticos
La audiencia se celebrará el próximo 19 de noviembre de 2025 en la Universidad de Miami, Estados Unidos, en el marco del 194° Período de Sesiones del organismo y unifica los pedidos presentados por Amnistía Internacional Argentina, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), el Foro de Periodismo Argentino (FoPeA), entre otros.
Recientemente, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH advirtió sobre la preocupante situación de la libertad de expresión en Argentina y sobre una baja tolerancia del poder ejecutivo hacia la crítica, un ambiente para el debate público que se ha vuelto más hostil, y riesgoso para los periodistas.
Las organizaciones expondrán ante la Comisión sobre la deslegitimación del periodismo crítico en el discurso oficial, así como los crecientes ataques, amenazas y discursos estigmatizantes hacia periodistas y medios de comunicación, muchos de ellos promovidos desde las más altas autoridades del Estado. También alertarán sobre la judicialización abusiva de periodistas, la intensificación de la violencia policial contra trabajadores de prensa en manifestaciones públicas, las restricciones en el acceso a la información pública y el vaciamiento de los medios públicos y comunitarios.
La audiencia ante la CIDH será una oportunidad clave para visibilizar la gravedad de la situación, exigir garantías efectivas de protección para periodistas y medios, y reafirmar el compromiso con el derecho a la libertad de expresión como pilar esencial del Estado de derecho.
Lista completa de solicitantes:
Amnistía Internacional Argentina
ARGRA (Asociación de Reporteros Gráficos de Argentina)
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)
Asociación Mundial de Radios Comunitarias Argentina (AMARC)
Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA
Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE)
Colectivo Revista Crisis
Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA)
FATPren (Federación de Prensa de la Argentina)
Foro de Periodismo Argentino (FOPEA)
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)
Fundación Heinrich Böll
Fundación Poder Ciudadano, Fundar
Fundación Transparencia Activa
Innocence Project Argentina.
SiPreEBA (Sindicato de Prensa de Buenos Aires)
RedCom (Red de Carreras de Comunicación)
Asimismo, la presentación contó con el aval de destacados referentes jurídicos y del derecho constitucional: Marcela Basterra, Eduardo Bertoni, Juan Pablo Bianchedi, Enrique Bianchi, Ignacio Boulin, Alejandro Carrió, Susana Cayuso, Laura Clerico, Alberto Dallavia, Gustavo Ferreyra, Carmen Fontán, Alberto Garay, Roberto Gargarella, María Angélica Gelli, Ricardo Gil Lavedra, Sebastián Guidi, Hernan Gullco, Pablo Manili, Osvaldo Pérez Sammartino, Mónica Pinto, Roberto Saba, Daniel Sabsay, Mariela Uberti y Hugo Wortman Jofre.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocó una audiencia sobre la situación de la libertad de expresión en Argentina, tras recibir solicitudes de un amplio conjunto de organizaciones periodísticas, sindicales, de derechos humanos y referentes académicos que denuncian un deterioro sostenido y alarmante en el ejercicio de la libertad de expresión y prensa en el país. El objetivo es propiciar un espacio de diálogo para que el Estado adopte medidas que detengan los ataques a trabajadores de prensa y a las voces críticas.
La audiencia se celebrará el próximo 19 de noviembre de 2025 en la Universidad de Miami, Estados Unidos, en el marco del 194° Período de Sesiones del organismo y unifica los pedidos presentados por Amnistía Internacional Argentina, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), el Foro de Periodismo Argentino (FoPeA), entre otros.
Recientemente, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH advirtió sobre la preocupante situación de la libertad de expresión en Argentina y sobre una baja tolerancia del poder ejecutivo hacia la crítica, un ambiente para el debate público que se ha vuelto más hostil, y riesgoso para los periodistas.
Las organizaciones expondrán ante la Comisión sobre la deslegitimación del periodismo crítico en el discurso oficial, así como los crecientes ataques, amenazas y discursos estigmatizantes hacia periodistas y medios de comunicación, muchos de ellos promovidos desde las más altas autoridades del Estado. También alertarán sobre la judicialización abusiva de periodistas, la intensificación de la violencia policial contra trabajadores de prensa en manifestaciones públicas, las restricciones en el acceso a la información pública y el vaciamiento de los medios públicos y comunitarios.
La audiencia ante la CIDH será una oportunidad clave para visibilizar la gravedad de la situación, exigir garantías efectivas de protección para periodistas y medios, y reafirmar el compromiso con el derecho a la libertad de expresión como pilar esencial del Estado de derecho.
Lista completa de solicitantes:
Amnistía Internacional Argentina
ARGRA (Asociación de Reporteros Gráficos de Argentina)
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)
Asociación Mundial de Radios Comunitarias Argentina (AMARC)
Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA
Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE)
Colectivo Revista Crisis
Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA)
FATPren (Federación de Prensa de la Argentina)
Foro de Periodismo Argentino (FOPEA)
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)
Fundación Heinrich Böll
Fundación Poder Ciudadano, Fundar
Fundación Transparencia Activa
Innocence Project Argentina.
SiPreEBA (Sindicato de Prensa de Buenos Aires)
RedCom (Red de Carreras de Comunicación)
Asimismo, la presentación contó con el aval de destacados referentes jurídicos y del derecho constitucional: Marcela Basterra, Eduardo Bertoni, Juan Pablo Bianchedi, Enrique Bianchi, Ignacio Boulin, Alejandro Carrió, Susana Cayuso, Laura Clerico, Alberto Dallavia, Gustavo Ferreyra, Carmen Fontán, Alberto Garay, Roberto Gargarella, María Angélica Gelli, Ricardo Gil Lavedra, Sebastián Guidi, Hernan Gullco, Pablo Manili, Osvaldo Pérez Sammartino, Mónica Pinto, Roberto Saba, Daniel Sabsay, Mariela Uberti y Hugo Wortman Jofre.
jueves, 10 de octubre de 2024
Medios comunitarios exigen al ENaCom garantizar el cumplimiento de la Ley Audiovisual
Representantes de medios audiovisuales comunitarios enviaron una carta al interventor del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), Juan Martín Ozores, para solicitar una reunión y expresar su preocupación sobre el actual estado del cumplimiento de la Ley N° 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual.
La misiva, firmada por organizaciones como el Foro Argentino de Medios Comunitarios (FARCo), la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas (CoNTA), la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), la Red Nacional de Medios Alternativos (RMA), la Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas (ARUNA) y la Red de Radios Rurales, detalla los puntos del reclamo:
Intervención y Autonomía del Órgano Regulador:
La intervención del ENaCom contraviene el principio de autonomía del órgano regulador, subordinado el control y la asignación de espectro al Poder Ejecutivo. Esto elimina cualquier tipo de contralor y participación del Congreso, afectando la transparencia y la rendición de cuentas que garantiza la independencia del ente regulador, alineándose con las recomendaciones de la OEA y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) sobre el derecho a la libertad de expresión.
Paralización del Fomento a la Comunicación Comunitaria:
Pese a la vigencia de la ley y recaudación del gravamen que la sustenta, se registra una paralización total del fomento a la comunicación comunitaria, originaria y de frontera. El nivel de ejecución continúa en cero (0) de lo recaudado por el inciso f del artículo 97 en el período 2023, así como de lo asignado en el presupuesto vigente. Se están reteniendo fondos de proyectos en desarrollo, ignorando convenios firmados y concursos iniciados. Esto es violatorio de la propia ley y sujeto de ser encuadrable en la figura de incumplimiento de deberes de funcionarios públicos, así como de malversación de fondos en caso de constatarse que los mismos hayan tenido otro destino. Así como contraviene el principio de promoción de la diversidad cultural, establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de la UNESCO entre otros pactos y acuerdos internacionales de los que nuestro país es parte.
Ninguneo de la Comunicación Comunitaria:
Pese a estar entre sus funciones y obligaciones, desde el comienzo de la intervención el ENACOM se ha negado sistemáticamente recibir a las redes y federaciones que representan a la comunicación comunitaria, enviando un mensaje político de desprecio y ninguneo que no registra precedentes en ningún gobierno. Esta situación es inaceptable y debe ser rectificada. Según el artículo 3 de la 26522 se debe promover el acceso equitativo a la comunicación, lo cual es fundamental para el desarrollo de una sociedad democrática, como se estipula en el Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA.
Reserva de Frecuencias y Legalización:
Solicitamos la inmediata implementación de las disposiciones que establecen que al menos el 33% de las frecuencias del espectro radioeléctrico deben ser asignadas a medios sin fines de lucro. Hasta la fecha, hemos observado un acceso limitado a estas frecuencias, lo que perjudica a numerosas organizaciones comunitarias. Esta asignación es fundamental para garantizar el pluralismo y la diversidad, principios respaldados por el Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Derechos de los Pueblos Originarios:
Demandamos que se implementen políticas específicas para garantizar que los pueblos originarios tengan acceso a los medios de comunicación y que se reconozcan sus derechos a producir y difundir contenidos que reflejen su cultura y necesidades. Este enfoque está alineado con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
jueves, 6 de junio de 2024
Seis meses de Milei: menos libertad de expresión y acceso a la información
A seis meses de la asunción de Javier Milei y tras un nuevo avance del gobierno nacional sobre los medios públicos, nos presentamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría para la Libertad de Expresión. Junto con organizaciones de medios comunitarios, trabajadores de prensa y carreras de comunicación, alertamos sobre los retrocesos en materia de derecho a la comunicación.
Fuente: CELS
En seis meses de gestión, el gobierno de Javier Milei impulsó una serie de medidas que afectan el derecho al acceso a la información y la libertad de expresión. Además de las dificultades graves para el trabajo de periodistas, que incluyen actos de violencia física y verbal, el gobierno tomó decisiones legales y administrativas que conducen a una mayor concentración del sistema de medios argentino -ya de por sí concentrado- y al achicamiento de su pluralismo y diversidad.
Por este motivo, junto con organizaciones que nuclean a los medios de comunicación comunitarios y autogestivos, carreras de comunicación social y periodismo, y el sindicato de trabajadores de prensa volvimos a presentarnos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. En febrero, les habíamos advertido sobre el incumplimiento de los estándares de libertad de expresión de parte del gobierno que había asumido dos meses antes. En la ampliación de aquella presentación, enumeramos los nuevos hechos que implican una grave regresión en materia de derecho a la comunicación, al acceso en condiciones de igualdad a la información y al conocimiento, no mercantilizada, y a la libertad de expresión en Argentina.
El 21 de mayo el gobierno nacional anunció que comenzó un “proceso de reorganización” en todo el sistema de señales de televisión y radios estatales. La primera medida suspendió los contenidos de las redes sociales y páginas web de la Televisión Pública, Radio Nacional, las emisoras del interior, FM Clásica, FM Rock, FM Folklórica, Paka Paka y Canal Encuentro.
Al momento no se sabe cuánto durará esta medida aparentemente temporal, ni tampoco existe una fundamentación de esta restricción que amenaza la igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación sin discriminación. Además, la decisión afecta el acceso al archivo de documentos públicos de estos medios, lo que dificulta mantener una memoria y archivo de los sucesos de la nación a nivel federal.
El mensaje que aparece en las páginas web suspendidas es idéntico al publicado desde marzo de este año en la página de Télam, la agencia de noticias estatal que fue vallada y silenciada por el Gobierno y lleva más de 80 días cerrada.
Dentro de una sociedad democrática es necesario que se garanticen las mayores posibilidades de circulación de noticias, ideas, opiniones, así como el más amplio acceso a la información por parte de la sociedad en su conjunto. Argentina tiene un sistema de medios de comunicación altamente concentrado desde el punto de vista económico y centralizado desde el punto de vista geográfico. Esta circunstancia torna aún más relevante el rol de los medios de comunicación públicos para la producción y circulación de información, entretenimiento y educación, entre otras funciones.
Las diferentes políticas del Gobierno nacional demuestran la profundización de un proyecto en el que todo lo que no tiene fines de lucro es atacado y desguazado. Ha desmontado pilares fundamentales de la comunicación y la pluralidad de voces, orientando toda decisión a sus metas de ajuste fiscal y al dogma de que sólo el mercado merece sobrevivir.
Ante esta situación, junto con AMARC Argentina, el Centro de Investigaciones ICEP-UNQ, CoNTA, FARCo, FATPren, REDCOM, la Red de Medios Digitales y SiPreBA solicitamos a la CIDH y a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión que soliciten al Estado argentino cesar con el apagón informativo digital de los medios públicos, garantizar el acceso público a todo el material periodístico creado por los medios públicos de forma urgente, preservar la totalidad del archivo y ponerlo a disposición de manera accesible, ordenada y práctica para su búsqueda. También les pedimos que insten al Estado a que adopte las medidas necesarias para evitar la aprobación de normativas que limiten la libertad de expresión o el acceso a la información; y proteja los derechos a la libertad de prensa de las y los trabajadores de los medios públicos.
Fuente: CELS
jueves, 29 de febrero de 2024
El gobierno tiene un trato discriminatorio que lesiona gravemente la libertad de expresión, sostienen las Radios Comunitarias
En Uruguay se criticó que la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones exija a estas emisoras la presentación de la declaración jurada, pero no a "todos los titulares de servicio de comunicación audiovisual"
Este jueves venció el plazo que otorga la URSeC a las radios comunitarias con personería jurídica para presentar su declaración jurada anual. Sin embargo, hasta el martes pasado por la tarde, sólo cinco de las 70 emisoras obligadas a hacerlo habían completado el trámite, declaró a Búsqueda el director de la Ursec en representación del Frente Amplio, Pablo Siris.
Esta obligación responde a una resolución de la URSeC del 8 de junio del año pasado, que determinó que las asociaciones civiles sin fines de lucro titulares de estaciones de radiodifusión deberán presentar anualmente la declaración jurada con información sobre sus ingresos y egresos, copia de la planilla de trabajadores y datos genéricos del titular, directivos titulares y suplentes. Asimismo, establece que el trámite deberá realizarse en línea dentro de los primeros 60 días "corridos posteriores al cierre del ejercicio civil".
AMARC Uruguay criticó duramente al gobierno en un comunicado:
AMARC denuncia que el gobierno tiene un trato discriminatorio hacia las radios comunitariasDesde AMARC Uruguay estamos de acuerdo con la realización de auditorías a todos los titulares de servicios de comunicación audiovisual, porque además de darle transparencia al uso de los recursos económicos que reciben los medios, permiten tener información para el diseño de políticas públicas.Pero estamos realizando esta denuncia pública porque la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicación (URSeC) está realizando auditorias solo a titulares de radios comunitarias, cuando por las leyes vigentes (Ley de Radiodifusión Comunitaria y Ley Audiovisual) tiene la obligación de realizarlas para todos los titulares de servicios de comunicación audiovisual.Además la URSeC aprobó el trámite y lo notificó solo dos mes antes del vencimiento, sin una capacitación en la realización del mismo. El incumplimiento del trámite aprobado puede significar sanciones a los medios de comunicación, por lo que este accionar parece evidenciar una intencionalidad sancionatoria por incumplimiento, más que una intención real de controlar a los medios.Un aditivo no menor es que el gobierno hace explícito que las auditorias a las radios comunitarias las realiza a pedido ANDEBU, gremial que nuclea a los medios comerciales de mayor poder económico y también con mayor concentración de medios de comunicación en pocas manos, por lo que hay una actuación sesgada por parte del gobierno a demanda de una gremial cuyos socios paradójicamante no son auditados y se han beneficiado con millones de dólares por parte del gobierno.Cuando se pone foco en controlar únicamente a las radios comunitarias y de forma tan improvisada y se omiten los controles sobre el sector de medios más fuerte tanto a nivel de radio como televisión, claramente hay una intencionalidad política en contra del sector comunitario. Esto se evidenciódesde el inicio de este gobierno con las declaraciones de Acosta y Lara. lo que fue denunciado a la INDDHH que dictaminó que la Dinatel debería rendir cuentas anualmente de las políticas hacia el sector comunitario, con lo que no ha cumplido.Luego de estas declaraciones siguieron los cambios introducidos en la ley de radiodifusión comunitaria en el año 2021, que limitó los años de existencia de las radios comunitarias en la modalidad de frecuencias compartidas a solo 2 años. Esto implica que en cualquier momento el gobierno podría comenzar a cerrar las radios que no pasaron a la modalidad de frecuencias de uso exclusivo. una realidad que fue alertada por AMARC. tanto a nivel Parlamentario como a la propia Dinatel, promotora de la propuesta.Cuando hay un trato tan discriminatorio hacia el sector más débil y por otra parte se permite mayor concentración de medios, se lesiona gravemente los derechos de libertad de expresión y comunicación de la sociedad y de las comunidades, los derechos a difundir y acceder a información.Este accionar es más grave aún cuando se llevan adelante en un año electoral y de iniciativas populares, sabiendo lo que cada medio significa para la calidad del debate de ideas en la sociedad.Exigimos al gobierno tener un trato no discriminatorio hacia todos los titulares de medios de comunicación radial y televisivo.28 de febrero de 2024
viernes, 9 de febrero de 2024
Más concentración de medios, menos libertad de expresión
Organizaciones que nuclean a los medios de comunicación comunitarios y autogestivos, carreras de comunicación social y periodismo, trabajadores de prensa y organizaciones de derechos humanos le pedimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que alerte sobre el incumplimiento de los estándares de libertad de expresión en nuestro país.
En apenas dos meses, el gobierno de Javier Milei decidió suspender los límites a la concentración de la propiedad de los medios de comunicación a nivel nacional, intervenir el sistema público de medios y prometer su privatización, intervenir la autoridad de aplicación de las leyes que rigen al sector excluyendo a las minorías parlamentarias de las decisiones y reprimir sin miramientos a los trabajadores de prensa que intentan cubrir las manifestaciones contra el ajuste y el desmantelamiento del Estado.
La convicción de que el Estado no debe poner límites al sector privado está llevando al gobierno a desarmar un sistema de medios organizado en tres sectores: el privado-comercial, el gestionado por la sociedad civil sin fin de lucro y el estatal/público. Un sistema de medios que muy costosamente construimos en nuestro país luego de décadas en las que solo los dueños de los medios privados tenían condiciones para realizar su actividad.
Además de lo que ya fue hecho, a través del DNU 70/23 y los decretos de intervención, el gobierno y las fuerzas políticas que lo apoyan amenazan constantemente con clausurar valiosas políticas promotoras de derechos como el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FoMeCA) y la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.
A este escenario, se le agrega la violencia verbal y física contra trabajadores de prensa, que no se limita a las represiones reiteradas de los últimos días sino que abarca un ataque persistente del presidente y sus funcionarios a las y los periodistas, entre otras varias prácticas que entorpecen la labor periodística.
Por este motivo, AMARC Argentina, Centro de Investigaciones ICEP-UNQ, CoNTA, FARCo, FATPren, REDCom, la Red de Medios Digitales, SiPreBA y el CELS realizamos una presentación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
En apenas dos meses, el gobierno de Javier Milei decidió suspender los límites a la concentración de la propiedad de los medios de comunicación a nivel nacional, intervenir el sistema público de medios y prometer su privatización, intervenir la autoridad de aplicación de las leyes que rigen al sector excluyendo a las minorías parlamentarias de las decisiones y reprimir sin miramientos a los trabajadores de prensa que intentan cubrir las manifestaciones contra el ajuste y el desmantelamiento del Estado.
La convicción de que el Estado no debe poner límites al sector privado está llevando al gobierno a desarmar un sistema de medios organizado en tres sectores: el privado-comercial, el gestionado por la sociedad civil sin fin de lucro y el estatal/público. Un sistema de medios que muy costosamente construimos en nuestro país luego de décadas en las que solo los dueños de los medios privados tenían condiciones para realizar su actividad.
Además de lo que ya fue hecho, a través del DNU 70/23 y los decretos de intervención, el gobierno y las fuerzas políticas que lo apoyan amenazan constantemente con clausurar valiosas políticas promotoras de derechos como el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FoMeCA) y la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.
A este escenario, se le agrega la violencia verbal y física contra trabajadores de prensa, que no se limita a las represiones reiteradas de los últimos días sino que abarca un ataque persistente del presidente y sus funcionarios a las y los periodistas, entre otras varias prácticas que entorpecen la labor periodística.
Por este motivo, AMARC Argentina, Centro de Investigaciones ICEP-UNQ, CoNTA, FARCo, FATPren, REDCom, la Red de Medios Digitales, SiPreBA y el CELS realizamos una presentación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
jueves, 25 de enero de 2024
Promoviendo voces plurales e independientes desde los medios comunitarios
La Asociación Mundial de Radios Comunitarias para América Latina y el Caribe (AMARC ALC), con la cooperación de la Oficina Regional Multisectorial de la UNESCO para Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá, ejecutará en 2024 el proyecto "Promoviendo voces plurales e independientes desde los medios comunitarios", beneficiando a la red de radios comunitarias de AMARC ALC en la región.
"Este proyecto es una iniciativa regional clave y que gracias al acompañamiento de la UNESCO-Costa Rica vamos a desarrollar durante el 2024. Las actividades del proyecto apuntan a seguir fortaleciendo la sostenibilidad integral de los medios comunitarios socios de AMARC ALC. Buscamos siempre apostarle porque en nuestros países existan y funcionen medios comunitarios fuertes y con mucha incidencia dentro de las comunidades y buscar garantizar así un sistema mediático que sea diverso y plural", afirmó el coordinador regional de AMARC ALC, Oscar Pérez.
Dentro de las actividades del proyecto se prevé trabajar en conjunto con especialistas en comunicación comunitaria para retomar indicadores de sostenibilidad integral que funcione para medir las capacidades de las radios comunitarias centroamericanas.
También, se realizará una investigación donde se detallarán buenas prácticas en torno a la distribución de la pauta publicitaria estatal para poder elaborar una propuesta de norma tipo que sirva para democratizar la pauta publicitaria en la región.
Estos esfuerzos serán socializados vía campañas radiofónicas y digitales y dos foros: uno presencial en Honduras, donde se espera una amplia presencia de representantes de radios comunitarias de la región y autoridades de la UNESCO, y un foro virtual para conversar con las radios del continente sobre el beneficio de las actividades en el entorno comunitario.
"Para AMARC ALC es muy importante el desarrollo de este proyecto con la UNESCO, porque es una herramienta para fortalecer el movimiento de la radiodifusión comunitaria en la región (…) Es una posibilidad de diálogo e intercambio para que nuestras radios sean más sostenibles, no solamente desde el punto de vista social, cultural, sino financiero y económico", explicó la vicepresidenta de AMARC ALC, Mónica Valdés.
Fuente: AMARC ALC
domingo, 12 de noviembre de 2023
Los medios comunitarios, cooperativos, populares y universitarios dicen: ¡No a Milei!
Con vistas al próximo balotaje del19 de noviembre que se definirá el nuevo presidente de los argentinos y que disputan el cargo los candidatos Sergio Massa de Unión por la Patria y Javier Milei de La Libertad Avanza. Los diferentes medios cooperativos, comunitarios, populares y universitarios expresaron su postura mediante el lema No a Milei
Por un sistema plural de medios
Por una democracia con todas las voces
Por políticas de fomento a la comunicación federal
Por memoria, verdad y justicia
Convocan y adhieren
Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCo)
Asociación Mundial de Radios Comunitarias de Argentina (AMARC Aargentina)
Mesa de Comunicación Popular
RecorRe
Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos de la República Argentina Ltda. (FADiCCRA)
Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina (AReCIA)
Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo
Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas (CoNTA)
Red Entrerriana de Radios Comunitarias, Cooperativas y Colectivas (RERCCCo)
Unión de Comunicadores Audiovisuales y Afines (UCAyA)
Red de Comunicadorxs Regionales (ReCoRRe)
Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA)
CIN Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas (ARUNA)
Red de Radios Rurales
Mesa de comunicación Popular Salta y Jujuy
Red Enfoques
viernes, 3 de junio de 2022
Chile necesita reformar su legislación de medios comunitarios para adecuarlo a estándares interamericanos de libertad de expresión
Con la finalidad de intercambiar posturas, ideas e información sobre regulación, políticas públicas y sostenibilidad de medios comunitarios, en el día de ayer se llevó a cabo el “Coloquio sobre entornos regulatorios y políticas públicas para la sostenibilidad de medios comunitarios”, en Santiago de Chile.
Javier García, impulsor del Observatorio del Derecho a la Comunicación e investigador asociado de OBSERVACOM, presentó el informe "Entorno regulatorio y políticas públicas para la sostenibilidad de los medios comunitarios en Chile", donde realiza una revisión del marco normativo actual y de las concesiones de espectros en dicho país, y aporta elementos de diagnóstico y recomendaciones para contribuir a la mejora de políticas públicas hacia los medios comunitarios.
Dentro de las conclusiones del informe, que cuenta con el apoyo de UNESCO, se destaca que la normativa chilena actual contiene medidas discriminatorias y arbitrarias que impiden el desarrollo de la radio y televisión comunitaria tales como restricciones en el alcance geográfico y en las fuentes de financiamiento. A su vez, señala que el marco institucional de regulación de estos medios no se ciñe a los estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por lo que se recomienda una adecuación de la legislación a los estándares internacionales.
También se recomienda una revisión de los procedimientos de adjudicación de concesiones y fondos de promoción, como medidas para mejorar las condiciones del sector y quitar barreras al acceso de estos medios.
Asimismo, recalca la falta de políticas públicas específicas para los medios indígenas, por lo que se sugiere formular una política integral dirigida especialmente a que los pueblos indígenas en el país puedan acceder a sus propios medios.
El evento contó con una delegación de la UNESCO y una multiplicidad de voces, tanto del ámbito social como del Estado, y una de las coincidencias fue la necesidad de ejecutar políticas a futuro que fortalezcan los medios comunitarios, los hagan sostenibles y los empoderen.
El coloquio contó con un amplio panel de comentaristas dentro de los que se encuentran Javiera Olivares, actual subdirectora de la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno de Chile; la presidenta del CNTV, Faride Zerán; César Ramos, presidente de la Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile (ANARCICH) y Adrián Leal de la Asociación de Canales Comunitarios de Chile.
Javier García, impulsor del Observatorio del Derecho a la Comunicación e investigador asociado de OBSERVACOM, presentó el informe "Entorno regulatorio y políticas públicas para la sostenibilidad de los medios comunitarios en Chile", donde realiza una revisión del marco normativo actual y de las concesiones de espectros en dicho país, y aporta elementos de diagnóstico y recomendaciones para contribuir a la mejora de políticas públicas hacia los medios comunitarios.
Dentro de las conclusiones del informe, que cuenta con el apoyo de UNESCO, se destaca que la normativa chilena actual contiene medidas discriminatorias y arbitrarias que impiden el desarrollo de la radio y televisión comunitaria tales como restricciones en el alcance geográfico y en las fuentes de financiamiento. A su vez, señala que el marco institucional de regulación de estos medios no se ciñe a los estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por lo que se recomienda una adecuación de la legislación a los estándares internacionales.
También se recomienda una revisión de los procedimientos de adjudicación de concesiones y fondos de promoción, como medidas para mejorar las condiciones del sector y quitar barreras al acceso de estos medios.
Asimismo, recalca la falta de políticas públicas específicas para los medios indígenas, por lo que se sugiere formular una política integral dirigida especialmente a que los pueblos indígenas en el país puedan acceder a sus propios medios.
El evento contó con una delegación de la UNESCO y una multiplicidad de voces, tanto del ámbito social como del Estado, y una de las coincidencias fue la necesidad de ejecutar políticas a futuro que fortalezcan los medios comunitarios, los hagan sostenibles y los empoderen.
El coloquio contó con un amplio panel de comentaristas dentro de los que se encuentran Javiera Olivares, actual subdirectora de la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno de Chile; la presidenta del CNTV, Faride Zerán; César Ramos, presidente de la Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile (ANARCICH) y Adrián Leal de la Asociación de Canales Comunitarios de Chile.
También participaron María Pía Matta, coordinadora de Radio Escuela y expresidenta mundial de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC); el presidente del Colegio de Periodistas, Danilo Ahumada; Juan Ortega, integrante de la Red de Medios de los Pueblos; Leyla Noriega Zegarra, de la Comunidad Territorial de Belén y periodista aymara de Radio Ayni y Patricio Rivera Moya de la AMARC-Chile.
Los participantes saludaron la iniciativa de abordar la temática de los medios comunitarios y la necesidad de emprender acciones para formular políticas que los fortalezcan, compartiendo los contenidos del informe elaborado por Javier García.
En la actividad se destacó la importancia de los medios comunitarios como garantía para la diversidad y pluralismo, sobre todo en países como Chile donde existe gran concentración de medios tradicionales. Los medios comunitarios al tener una vocación sin fines de lucro, y sostenerse desde y para las comunidades, son fundamentales para generar un sistema de medios de comunicación plural y diverso, construyendo una sociedad democrática.
El encuentro se realizó en el marco de la agenda que OBSERVACOM está desarrollando en Chile, participando en varias reuniones con actores de la sociedad civil y representantes gubernamentales, con el objetivo de estimular un cambio que pueda potenciar los medios comunitarios. El encuentro estuvo apoyado por la Fundación Friedrich Ebert (FES) y la UNESCO.
Fuente: Observacom
Los participantes saludaron la iniciativa de abordar la temática de los medios comunitarios y la necesidad de emprender acciones para formular políticas que los fortalezcan, compartiendo los contenidos del informe elaborado por Javier García.
En la actividad se destacó la importancia de los medios comunitarios como garantía para la diversidad y pluralismo, sobre todo en países como Chile donde existe gran concentración de medios tradicionales. Los medios comunitarios al tener una vocación sin fines de lucro, y sostenerse desde y para las comunidades, son fundamentales para generar un sistema de medios de comunicación plural y diverso, construyendo una sociedad democrática.
El encuentro se realizó en el marco de la agenda que OBSERVACOM está desarrollando en Chile, participando en varias reuniones con actores de la sociedad civil y representantes gubernamentales, con el objetivo de estimular un cambio que pueda potenciar los medios comunitarios. El encuentro estuvo apoyado por la Fundación Friedrich Ebert (FES) y la UNESCO.
martes, 24 de agosto de 2021
La radio en América Latina
Se viene el Día de la Radio y desde la Defensoría del Público lo van a celebrar con algunas actividades virtuales. El viernes 27 de agosto la Defensora Miriam Lewin entrevista a Annamaria Muchnik, la legendaria conductora de Buenas tardes, mucho gusto y más tarde del programa radial Ciudadanas, que emitía Radio Belgrano.
Más tarde, estarán reflexionando sobre el estado actual de la radio en América Latina con diversos invitados como José Ignacio López Vigil (Radialistas Apasionados) desde Ecuador, Monica Valdes (Amarc Alc) desde Colombia, Gabriel Sosa Plata (Radio Educación) desde México y Graciela Martínez Matías (Investigadora) desde México.
Las exposiciones se pueden ver desde la página de la Defensoría o desde el canal de YouTube donde podrán dejar preguntas y comentarios.
Las exposiciones se pueden ver desde la página de la Defensoría o desde el canal de YouTube donde podrán dejar preguntas y comentarios.
miércoles, 18 de agosto de 2021
El ENaCom y su trato desigual a los medios comunitarios
En plena emergencia social y económica, la asistencia del organismo encargado de controlar y ejecutar políticas de fomento hacia el sector sin fin de lucro de la comunicación fue poca y lenta. La comparación con el macrismo y las demandas de un sector acostumbrado al trato asimétrico con los grandes medios comerciales
Por: Agustín Espada
Uno de los peores rasgos de la gestión macrista en materia de políticas de comunicación fue su continuo destrato, desfinanciamiento y postergación del sector sin fin de lucro de los medios. En particular, de radios y canales de televisión comunitaria. Es en esta misma área donde podían esperarse los cambios más fuertes con el ingreso de Alberto Fernández a la Casa Rosada y la renovación de autoridades en el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), organismo encargado de controlar y aplicar las regulaciones. Sin embargo, ni fue tan grande la renovación de autoridades, ni se notaron grandes cambios en materia de políticas hacia los medios comunitarios.
El 2020 fue el año de la pandemia. Si bien en 2021 el Covid-19 sigue su circulación por el mundo, el pasado fue un año de grandes cierres económicos y de crisis en distintas actividades. Entre ellas, los medios de comunicación. El gobierno de Fernández decidió asistir a buena parte de las actividades económicas más dañadas por la pandemia y las cuarentenas que se extendieron, más o menos flexibles, durante todo el año. Los medios de comunicación no fueron la excepción. Empresas privadas chicas, medianas y, sobre todo, las más grandes; fueron asistidas por el gobierno con publicidad oficial y también con el ingreso al programa ATP, con el cual el Estado abonó la mitad de los salarios de buena parte de sus trabajadores. En ese año, el presupuesto invertido en publicidad oficial por el gobierno nacional fue de $ 4.700 millones. Si a eso se suman las pautas provinciales, municipales, exenciones y flexibilidades para el pago de tasas y gravámenes, las políticas de asistencia suman cifras billonarias.
El sector comunitario de la comunicación fue nuevamente discriminado en esta repartija de fondos para garantizar la sostenibilidad de fuentes laborales y empresariales. No solo fueron incluidos tímidamente -y apenas unos pocos en el reparto de publicidad oficial-, sino que la misma Secretaría de Medios lanzó un subsidio por ¡$ 20.000! para cubrir eventualidades. Un trato asimétrico hacia medios que son pilares para la diversidad de expresión y pluralidad de voces, que sostienen agendas alternativas a las de los medios comerciales, que expresan a grandes colectivos sociales, y que trabajan con temáticas locales que suelen ser invisibilizadas.
El ENaCom, por su parte, tardó en tomar las riendas de la situación y continuó con los extensos retrasos heredados de la gestión macrista. La suspensión de los plazos administrativos en las oficinas públicas junto al trabajo a distancia y desde los hogares pueden explicar una parte del enlentecimiento en la ejecución de fondos que debían adjudicarse a medios comunitarios y que fueron más necesarios que nunca. El Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FoMeCA) fue creado por la Ley Audiovisual. Se estipula que el ENaCom debe destinar el 10 % de lo recaudado por multas y gravámenes a los prestadores de servicios audiovisuales, al fomento de la producción, el equipamiento y la gestión de medios comunitarios y de pueblos originarios.
Su funcionamiento fue irregular desde su creación y a lo largo de las distintas gestiones: ni Martín Sabbatella, ni Miguel De Godoy, ni Silvana Giudici, ni Claudio Ambrosini ejecutaron lo que corresponde en los plazos que corresponden. Por supuesto, no todas las gestiones tuvieron los mismos problemas. De Godoy y Giudici retrasaron y empastaron todo para peor.
El circuito normal de un subsidio de fomento implica su concurso, la adjudicación y su pago. Ese proceso puede durar como mínimo un año, y como máximo tres o cuatro. De hecho, hay emisoras que hoy mismo deben gestionar (entre rendiciones, presentaciones y pagos pendientes) FoMeCAs de 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. Un laberinto de subsidios cuyos presupuestos fueron presentados hace tres o cuatro años, en un país con una inflación promedio del 30 %. Al momento de recibir los pagos, el dinero alcanza para poco de lo presupuestado.
Tan mala fue la gestión macrista que en 2016 no se adjudicaron nuevos subsidios mientras en 2017 no se abrieron concursos nuevos. Para ponerlo en términos absolutos y claros: en cuatro años de gestión concursaron y ejecutaron solo lo correspondiente a dos años de trabajo. El panorama era malo y se esperaban mejoras con la salida del nuevo sol peronista.
“En lo que va de la gestión podemos decir que se han pagado proyectos correspondientes a los años 2017, 2018 y 2019 que venían atrasados. Los proyectos –programas u obras de construcción- se siguen haciendo independientemente que se hagan a tiempo los desembolsos. Los compañeros que los implementan muchas veces se ven muy perjudicados por el retraso en los pagos. Otra cuestión que genera esto es que vivimos en un país inflacionario y lo que se proyecta para un FoMeCA en cuanto a compras de equipamiento luego no te alcanza cuando el pago efectivamente se realiza”, remarca Juana Alfonso, integrante del Colectivo La Tribu, al respecto de las consecuencias que las demoras de los desembolsos del fondo tienen sobre la gestión de un medio comunitario. “Reformulamos los proyectos, achicamos lo planificado porque cobramos los pesos dos años después de lo que correspondía. Los tiempos, en líneas generales, no son respetados por el ENaCom. Eso nos preocupa porque es muy difícil como medio comunitario poder establecer un cronograma claro de planificación de producciones o proyectos durante el año”, sentencia. La Tribu es un colectivo de comunicación y cultura que se reúne desde 1989, y su FM forma parte de la Asociación Mundial de Radio Comunitarias (AMARC).
Pero la actual gestión de Ambrosini – hombre del massismo, integrante del directorio de ENaCom durante el macrismo y coautor de resoluciones que beneficiaron y benefician a grandes corporaciones comunicacionales - presenta grandes problemas para los FoMeCA. Tras 20 meses de gobierno, se abrieron líneas de concursos devaluadas y que no se corresponden con lo que debiera haber sucedido en un año y medio de gestión. Lo concursado es menor a cualquier gestión anterior. Por otro lado, la gestión debió hacerse cargo de concursos no cerrados por el macrismo en 2019 y ejecutarlos con presupuestos de 2020. Eso llevó a un reacomodo presupuestario que también quitó posibilidades de ejecución mejores.
Solo las noticias de las últimas semanas, donde se otorgaron los primeros subsidios de 2021 y se abrieron nuevas líneas, calmaron las aguas en la relación con el sector. Parte de esto señala el presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCo), Pablo Antonini: “Pasamos del hostigamiento, la persecución, la acusación pública a FARCo por altos dirigentes de ENaCom a la inclusión, recuperamos un lugar en el esquema de medios de comunicación. Es una inclusión al fondo de la cola, en los bordes, en la marginalidad del sistema de medios. La legalidad sigue siendo un tema pendiente, de arrastre. En zonas con disponibilidad de espectro, se abren concursos. En zonas de conflicto seguimos en la misma e incomprensible parálisis que hace 12 años. Lo mismo puede decirse de la pauta publicitaria oficial, pasamos de estar discriminados a estar en los bordes con un porcentaje muy mínimo. En el fomento en particular seguimos lejos de que se aplique lo que la ley indica”, grafica.
En este punto, Antonini marcó los problemas de ejecución del FoMeCA: “Seguimos en una maraña burocrática que hace que los tiempos sean muy largos, que los proyectos se devalúen. Recién al 4 de agosto se adjudicaron los primeros concursos de esta gestión, el grado de ejecución hasta este momento es muy bajo. Sobre esa estructura heredada, la gestión actual la complejizó sumando nuevas direcciones de control. Falta decisión, falta priorizar el fomento. Hay que aplicar la ley vigente en sus términos presupuestarios, ver una forma de asegurar esos fondos en una estructura de fideicomiso para no quedar todos los años pendientes de decisiones arbitrarias del Tesoro y garantizar plazos de rendición y criterios que hagan que los proyectos sean sustentables y sirvan a toda la sociedad en su conjunto. Es necesario escuchar a las organizaciones, cosa que el gobierno prometió y no cumplió”, concluye el presidente de FARCo.
En pesos constantes, los números entre la gestión de Ambrosini y la de De Godoy (hasta 2018) son distantes. También se destaca que la cuenta entre lo concursado, adjudicado y efectivamente pagado cierra mucho mejor en la gestión macrista: Cambiemos pagó montos por un 89 % de lo adjudicado (aunque no todo sobre líneas concursadas por su gestión), mientras entre 2020 y 2021 se pagaron montos por un 76 % de lo adjudicado.
Lo cierto también es que, si se comparan los períodos de inicio de ambas gestiones, y se tiene en cuenta que en el último año y medio de gestión hubo una pandemia, las cuentas dan mucho mejor para el albertismo. Especialmente en lo pagado y lo adjudicado, los números más importantes. Y con cinco meses menos de cómputo. Lo realizado hasta ahora es poco, en algunos aspectos es superior al macrismo, pero no significa el cambio que el sector de medios esperaba. Además, una parte de las líneas destinadas a producción de contenidos lanzadas por esta gestión estuvo acotada a algunas temáticas bien específicas ligadas a leyes y políticas públicas impulsadas por el oficialismo. Esto es la primera vez que sucede y se transforma en una manera de poner a los medios comunitarios a producir contenidos afines a la gestión de turno (hoy albertista, mañana no se sabe).
Por último, el sector reclama que se avance en la generación de instancias de diálogo con el organismo, que se destruyen ante cada cambio de gestión e impiden actualizar las problemáticas del sector. Una de ellas corresponde con la legalización de emisoras. El macrismo elaboró un plan de “normalización” de permisos precarios provisorios que existían desde la década de 1990, que le permitió a emisoras históricas como La Tribu o Ahijuna acceder a la tan ansiada licencia. Aún con las irregularidades técnicas de esas adjudicaciones, los medios comunitarios sostienen que el proceso de regularización debe continuar con un centenar de emisoras empadronadas que aún esperan un plan técnico que permita llamar a concurso público para garantizar el cumplimiento del 33 % de licencias que la ley fija para medios sin fines de lucro.
Pese a todo, y saliendo de la competencia comparativa entre gestiones, los números aún muestran que los fondos para fomentar a los medios comunitarios disminuyen en términos absolutos año tras año, mientras la canilla que atiende la sed de los comerciales no se cierra nunca.
*El autor es Doctor en Ciencias Sociales (UBA) y especialista en medios de comunicación
Por: Agustín Espada
Uno de los peores rasgos de la gestión macrista en materia de políticas de comunicación fue su continuo destrato, desfinanciamiento y postergación del sector sin fin de lucro de los medios. En particular, de radios y canales de televisión comunitaria. Es en esta misma área donde podían esperarse los cambios más fuertes con el ingreso de Alberto Fernández a la Casa Rosada y la renovación de autoridades en el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), organismo encargado de controlar y aplicar las regulaciones. Sin embargo, ni fue tan grande la renovación de autoridades, ni se notaron grandes cambios en materia de políticas hacia los medios comunitarios.
El 2020 fue el año de la pandemia. Si bien en 2021 el Covid-19 sigue su circulación por el mundo, el pasado fue un año de grandes cierres económicos y de crisis en distintas actividades. Entre ellas, los medios de comunicación. El gobierno de Fernández decidió asistir a buena parte de las actividades económicas más dañadas por la pandemia y las cuarentenas que se extendieron, más o menos flexibles, durante todo el año. Los medios de comunicación no fueron la excepción. Empresas privadas chicas, medianas y, sobre todo, las más grandes; fueron asistidas por el gobierno con publicidad oficial y también con el ingreso al programa ATP, con el cual el Estado abonó la mitad de los salarios de buena parte de sus trabajadores. En ese año, el presupuesto invertido en publicidad oficial por el gobierno nacional fue de $ 4.700 millones. Si a eso se suman las pautas provinciales, municipales, exenciones y flexibilidades para el pago de tasas y gravámenes, las políticas de asistencia suman cifras billonarias.
El sector comunitario de la comunicación fue nuevamente discriminado en esta repartija de fondos para garantizar la sostenibilidad de fuentes laborales y empresariales. No solo fueron incluidos tímidamente -y apenas unos pocos en el reparto de publicidad oficial-, sino que la misma Secretaría de Medios lanzó un subsidio por ¡$ 20.000! para cubrir eventualidades. Un trato asimétrico hacia medios que son pilares para la diversidad de expresión y pluralidad de voces, que sostienen agendas alternativas a las de los medios comerciales, que expresan a grandes colectivos sociales, y que trabajan con temáticas locales que suelen ser invisibilizadas.
El ENaCom, por su parte, tardó en tomar las riendas de la situación y continuó con los extensos retrasos heredados de la gestión macrista. La suspensión de los plazos administrativos en las oficinas públicas junto al trabajo a distancia y desde los hogares pueden explicar una parte del enlentecimiento en la ejecución de fondos que debían adjudicarse a medios comunitarios y que fueron más necesarios que nunca. El Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FoMeCA) fue creado por la Ley Audiovisual. Se estipula que el ENaCom debe destinar el 10 % de lo recaudado por multas y gravámenes a los prestadores de servicios audiovisuales, al fomento de la producción, el equipamiento y la gestión de medios comunitarios y de pueblos originarios.
Su funcionamiento fue irregular desde su creación y a lo largo de las distintas gestiones: ni Martín Sabbatella, ni Miguel De Godoy, ni Silvana Giudici, ni Claudio Ambrosini ejecutaron lo que corresponde en los plazos que corresponden. Por supuesto, no todas las gestiones tuvieron los mismos problemas. De Godoy y Giudici retrasaron y empastaron todo para peor.
El circuito normal de un subsidio de fomento implica su concurso, la adjudicación y su pago. Ese proceso puede durar como mínimo un año, y como máximo tres o cuatro. De hecho, hay emisoras que hoy mismo deben gestionar (entre rendiciones, presentaciones y pagos pendientes) FoMeCAs de 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. Un laberinto de subsidios cuyos presupuestos fueron presentados hace tres o cuatro años, en un país con una inflación promedio del 30 %. Al momento de recibir los pagos, el dinero alcanza para poco de lo presupuestado.
Tan mala fue la gestión macrista que en 2016 no se adjudicaron nuevos subsidios mientras en 2017 no se abrieron concursos nuevos. Para ponerlo en términos absolutos y claros: en cuatro años de gestión concursaron y ejecutaron solo lo correspondiente a dos años de trabajo. El panorama era malo y se esperaban mejoras con la salida del nuevo sol peronista.
“En lo que va de la gestión podemos decir que se han pagado proyectos correspondientes a los años 2017, 2018 y 2019 que venían atrasados. Los proyectos –programas u obras de construcción- se siguen haciendo independientemente que se hagan a tiempo los desembolsos. Los compañeros que los implementan muchas veces se ven muy perjudicados por el retraso en los pagos. Otra cuestión que genera esto es que vivimos en un país inflacionario y lo que se proyecta para un FoMeCA en cuanto a compras de equipamiento luego no te alcanza cuando el pago efectivamente se realiza”, remarca Juana Alfonso, integrante del Colectivo La Tribu, al respecto de las consecuencias que las demoras de los desembolsos del fondo tienen sobre la gestión de un medio comunitario. “Reformulamos los proyectos, achicamos lo planificado porque cobramos los pesos dos años después de lo que correspondía. Los tiempos, en líneas generales, no son respetados por el ENaCom. Eso nos preocupa porque es muy difícil como medio comunitario poder establecer un cronograma claro de planificación de producciones o proyectos durante el año”, sentencia. La Tribu es un colectivo de comunicación y cultura que se reúne desde 1989, y su FM forma parte de la Asociación Mundial de Radio Comunitarias (AMARC).
Pero la actual gestión de Ambrosini – hombre del massismo, integrante del directorio de ENaCom durante el macrismo y coautor de resoluciones que beneficiaron y benefician a grandes corporaciones comunicacionales - presenta grandes problemas para los FoMeCA. Tras 20 meses de gobierno, se abrieron líneas de concursos devaluadas y que no se corresponden con lo que debiera haber sucedido en un año y medio de gestión. Lo concursado es menor a cualquier gestión anterior. Por otro lado, la gestión debió hacerse cargo de concursos no cerrados por el macrismo en 2019 y ejecutarlos con presupuestos de 2020. Eso llevó a un reacomodo presupuestario que también quitó posibilidades de ejecución mejores.
El directorio de ENaCom es presidido por Ambrosini junto con Gustavo López, su vice. Fueron designados por el Poder Ejecutivo, al igual que otros 3 de los 6 directores que los acompañan a la cabeza del organismo
Solo las noticias de las últimas semanas, donde se otorgaron los primeros subsidios de 2021 y se abrieron nuevas líneas, calmaron las aguas en la relación con el sector. Parte de esto señala el presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCo), Pablo Antonini: “Pasamos del hostigamiento, la persecución, la acusación pública a FARCo por altos dirigentes de ENaCom a la inclusión, recuperamos un lugar en el esquema de medios de comunicación. Es una inclusión al fondo de la cola, en los bordes, en la marginalidad del sistema de medios. La legalidad sigue siendo un tema pendiente, de arrastre. En zonas con disponibilidad de espectro, se abren concursos. En zonas de conflicto seguimos en la misma e incomprensible parálisis que hace 12 años. Lo mismo puede decirse de la pauta publicitaria oficial, pasamos de estar discriminados a estar en los bordes con un porcentaje muy mínimo. En el fomento en particular seguimos lejos de que se aplique lo que la ley indica”, grafica.
En este punto, Antonini marcó los problemas de ejecución del FoMeCA: “Seguimos en una maraña burocrática que hace que los tiempos sean muy largos, que los proyectos se devalúen. Recién al 4 de agosto se adjudicaron los primeros concursos de esta gestión, el grado de ejecución hasta este momento es muy bajo. Sobre esa estructura heredada, la gestión actual la complejizó sumando nuevas direcciones de control. Falta decisión, falta priorizar el fomento. Hay que aplicar la ley vigente en sus términos presupuestarios, ver una forma de asegurar esos fondos en una estructura de fideicomiso para no quedar todos los años pendientes de decisiones arbitrarias del Tesoro y garantizar plazos de rendición y criterios que hagan que los proyectos sean sustentables y sirvan a toda la sociedad en su conjunto. Es necesario escuchar a las organizaciones, cosa que el gobierno prometió y no cumplió”, concluye el presidente de FARCo.
En pesos constantes, los números entre la gestión de Ambrosini y la de De Godoy (hasta 2018) son distantes. También se destaca que la cuenta entre lo concursado, adjudicado y efectivamente pagado cierra mucho mejor en la gestión macrista: Cambiemos pagó montos por un 89 % de lo adjudicado (aunque no todo sobre líneas concursadas por su gestión), mientras entre 2020 y 2021 se pagaron montos por un 76 % de lo adjudicado.
Lo cierto también es que, si se comparan los períodos de inicio de ambas gestiones, y se tiene en cuenta que en el último año y medio de gestión hubo una pandemia, las cuentas dan mucho mejor para el albertismo. Especialmente en lo pagado y lo adjudicado, los números más importantes. Y con cinco meses menos de cómputo. Lo realizado hasta ahora es poco, en algunos aspectos es superior al macrismo, pero no significa el cambio que el sector de medios esperaba. Además, una parte de las líneas destinadas a producción de contenidos lanzadas por esta gestión estuvo acotada a algunas temáticas bien específicas ligadas a leyes y políticas públicas impulsadas por el oficialismo. Esto es la primera vez que sucede y se transforma en una manera de poner a los medios comunitarios a producir contenidos afines a la gestión de turno (hoy albertista, mañana no se sabe).
Por último, el sector reclama que se avance en la generación de instancias de diálogo con el organismo, que se destruyen ante cada cambio de gestión e impiden actualizar las problemáticas del sector. Una de ellas corresponde con la legalización de emisoras. El macrismo elaboró un plan de “normalización” de permisos precarios provisorios que existían desde la década de 1990, que le permitió a emisoras históricas como La Tribu o Ahijuna acceder a la tan ansiada licencia. Aún con las irregularidades técnicas de esas adjudicaciones, los medios comunitarios sostienen que el proceso de regularización debe continuar con un centenar de emisoras empadronadas que aún esperan un plan técnico que permita llamar a concurso público para garantizar el cumplimiento del 33 % de licencias que la ley fija para medios sin fines de lucro.
Pese a todo, y saliendo de la competencia comparativa entre gestiones, los números aún muestran que los fondos para fomentar a los medios comunitarios disminuyen en términos absolutos año tras año, mientras la canilla que atiende la sed de los comerciales no se cierra nunca.
*El autor es Doctor en Ciencias Sociales (UBA) y especialista en medios de comunicación
Fuente: La Izquierda Diario
sábado, 26 de junio de 2021
Chile: Radios Comunitarias fijan crítica postura sobre propuesta de Ley Audiovisual
Ante la discusión pública nacional sobre el ejercicio y rol de los medios de comunicación en una sociedad democrática, la Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile declaran:
1.- El Estado nunca podrá ejercer acciones ni actitudes tendientes a imponer su injerencia en las líneas editoriales de nuestros medios locales, sino que debe respetar siempre y de forma irrestricta la libertad de expresión. La comunicación es un derecho humano universal y fundamental y es rol del Estado defender y proteger ese derecho.
2.- Rechazamos la creación de cualquier tipo de organismos públicos orientados a la censura de nuestros contenidos. Esta propuesta amedrentadora de la libertad de expresión nos parece una violación grave a la democracia, la libertad y pluralidad.
3.- No aceptamos el cuestionamiento público respecto de la ausencia de pluralidad y diversidad en los contenidos de nuestras emisoras. La radios comunitarias, tradicionales y comerciales, han demostrado ser un aporte al proceso democrático que vive nuestro país, siendo mediadores entre la ciudadanía y estado. Las radios son espacios pluralistas, solidarios y participativos, basados en la no discriminación, el respeto a los derechos humanos y el respeto a la diversidad cultural y al medio ambiente.
Para FUCATEL la futura Constitución Política del Estado debería responder a los acuerdos internacionales que consagran la libertad de expresión como un derecho de todos los ciudadanos y no exclusivamente como una prerrogativa de los dueños de los medios. Ninguna democracia es plena si los ciudadanos no cuentan con los instrumentos legales y vías para elaborar su propia opinión, con el derecho a comunicarla sin discriminaciones o distingos en el acceso a los medios nacionales.
1.- El Estado nunca podrá ejercer acciones ni actitudes tendientes a imponer su injerencia en las líneas editoriales de nuestros medios locales, sino que debe respetar siempre y de forma irrestricta la libertad de expresión. La comunicación es un derecho humano universal y fundamental y es rol del Estado defender y proteger ese derecho.
2.- Rechazamos la creación de cualquier tipo de organismos públicos orientados a la censura de nuestros contenidos. Esta propuesta amedrentadora de la libertad de expresión nos parece una violación grave a la democracia, la libertad y pluralidad.
3.- No aceptamos el cuestionamiento público respecto de la ausencia de pluralidad y diversidad en los contenidos de nuestras emisoras. La radios comunitarias, tradicionales y comerciales, han demostrado ser un aporte al proceso democrático que vive nuestro país, siendo mediadores entre la ciudadanía y estado. Las radios son espacios pluralistas, solidarios y participativos, basados en la no discriminación, el respeto a los derechos humanos y el respeto a la diversidad cultural y al medio ambiente.
4.- Las radios comunitarias exigimos a los constituyentes electos y precandidatos presidenciales, proteger, contribuir y promover la prensa libre, los medios libres y la libertad editorial, para así garantizar el ejercicio de una democracia plena y construir un mejor país. Las radios comunitarias y ciudadanas somos medios surgidos desde las bases mismas de la comunidad, como canales fuertemente sociales que abren el necesario espacio para que se escuchen sus voces y opiniones. Estas experiencias han sido y siguen siendo expresión de la sociedad civil, especialmente de los más pobres y excluidos, así como de las minorías marginadas.
5.- Junto con el derecho de libertad de prensa, el Estado debe garantizar el acceso de todos los sectores sociales, en igualdad de oportunidades, sin discriminación, al espectro radioeléctrico. Las radios comunitarias y ciudadanas no pueden regularse con medidas tales como el establecimiento arbitrario de la potencia, la prohibición de la publicidad, permitir hacer cadenas y limitar el número de frecuencia asignadas por comunas. Las radios no buscamos ningún privilegio frente al los medios comerciales, pero tampoco aceptamos ninguna discriminación.
6.- Hacemos un llamado a la opinión pública nacional a proteger y cuidar nuestras conquistas históricas en materia de libertad de expresión y de prensa, y avanzar en garantizar el Derecho a la Comunicación. Rechazaremos y condenaremos sin vacilación alguna, cualquier intento que dañe este derecho humano universal y fundamental.
Directorio Nacional de ANARCICH
5.- Junto con el derecho de libertad de prensa, el Estado debe garantizar el acceso de todos los sectores sociales, en igualdad de oportunidades, sin discriminación, al espectro radioeléctrico. Las radios comunitarias y ciudadanas no pueden regularse con medidas tales como el establecimiento arbitrario de la potencia, la prohibición de la publicidad, permitir hacer cadenas y limitar el número de frecuencia asignadas por comunas. Las radios no buscamos ningún privilegio frente al los medios comerciales, pero tampoco aceptamos ninguna discriminación.
6.- Hacemos un llamado a la opinión pública nacional a proteger y cuidar nuestras conquistas históricas en materia de libertad de expresión y de prensa, y avanzar en garantizar el Derecho a la Comunicación. Rechazaremos y condenaremos sin vacilación alguna, cualquier intento que dañe este derecho humano universal y fundamental.
Directorio Nacional de ANARCICH
Otra crítica a medios de un observatorio
La Asociación Nacional de Canales de Televisión (ANaTel) hizo leer en todos los noticiarios la noche del 24 de junio una declaración para expresar el temor a una eventual intervención de los contenidos de los canales durante un posible gobierno de Daniel Jadue. Ante esta denuncia, el el Observatorio de Medios FUCATEL no solo responde a esta asociación de patrones de medios sino que aclara el escaso pluralismo y sesgo editorial que existe hoy en día en los canales de la televisión abierta, todos imbricados por el poder económico a través del avisaje, sus propietarios y sus vinculaciones políticas. En Chile, en síntesis, no existe ni la objetividad ni el pluralismo que ANaTel propugna. La libertad de expresión la tienen los propietarios.
A continuación la detallada y clara respuesta de Fucatel:- El solo derecho de cada medio de informar de acuerdo a su propia línea editorial no garantiza el pluralismo, entendido como la consideración de los distintos puntos de vista sobre la realidad al momento de informar y abrir debate sobre los asuntos públicos. No son conocidas públicamente las distintas líneas programáticas y es imposible acceder a ellas.
- Es falso que en Chile exista una oferta de medios con una diversidad de miradas. Importantes organizaciones y tribunales internacionales han manifestado que Chile -excluyendo los regímenes dictatoriales-, es uno de los raros casos de países donde la casi totalidad de los medios de alcance mayor o masivos pertenecen a un sector de opinión ligado a la derecha política y a la oligarquía económica.
- Con los niveles objetivos de concentración de la propiedad que tenemos en nuestro país, el pluralismo no está garantizado y se asiste a numerosos abusos. Uno de los más grotescos, la cacería de brujas desatada luego de estallido social, donde rostros de programas y panelistas fueron despedidos solo por el modo en que expresaron sus opiniones y abrieron debate en torno al caso.
- Lo mismo sucedió entonces con el empresario Juan Sutil antes de asumir como presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, CPC, quien retiró de los canales de Warner Media (CNN Chile y Chilevisión) el avisaje de sus empresas y su programa Agenda Agrícola, molesto con la cobertura periodística de estas movilizaciones sociales.
- ANATEL guardó silencio ante este chantaje editorial y acto de censura ideológica del empresariado y los avisadores. Lo mismo, cuando los directores de sus canales de tv fueron citados a La Moneda por el Presidente Sebastián Piñera y sus ministros políticos para instarlos a moderar la cobertura del estallido social y así evitar un incremento de la crisis.
Para FUCATEL la futura Constitución Política del Estado debería responder a los acuerdos internacionales que consagran la libertad de expresión como un derecho de todos los ciudadanos y no exclusivamente como una prerrogativa de los dueños de los medios. Ninguna democracia es plena si los ciudadanos no cuentan con los instrumentos legales y vías para elaborar su propia opinión, con el derecho a comunicarla sin discriminaciones o distingos en el acceso a los medios nacionales.
Fuente: ANARCICH, FUCATEL
jueves, 4 de febrero de 2021
Honduras: Radios comunitarias abogan por ayuda internacional para subsistir
La periodista Belkis Paz transmite en la cabina de una radio comunitaria en la sede de la Red de Desarrollo Sostenible
Por: Germán ReyesLas radios comunitarias de Honduras, como medios que promueven el desarrollo y la democracia en sus comunidades, abogan por el apoyo internacional ante la pandemia de la covid-19 y la preocupación de que se profundice la crisis interna que vive el país centroamericano.
"Pedimos colaboración, solidaridad internacional para que nuestros medios sigan funcionando, haciendo su trabajo, surcando el aire y diciéndole a nuestros pueblos las alternativas que hay para poder salir de este sistema en el cual estamos viviendo", dijo a Efe en Tegucigalpa el secretario de la Asociación de Medios Comunitarios de Honduras (AMCH), Carlos Enamorado.
Agregó que hay muchas radios comunitarias que, a raíz de la pandemia de la covid-19 (que desde marzo se comenzó a expandir en Honduras), "han tenido que cerrar por estar cuatro o cinco meses fuera del aire, producto de que su personal se enfermó o que la misma situación económica les afectó mucho más".
La pandemia, que llevó al país a un confinamiento durante unos cinco meses, afectó a todos los sectores, con cuantiosas pérdidas económicas y el cierre temporal o definitivo de micros, pequeños y medianos negocios, además de dejar a miles de personas sin empleo.
En opinión de Enamorado, en el país, donde operan más de 400 radios y canales de televisión no comunitarios, debería haber "políticas de alivio hacia los medios comunitarios" que les permitan seguir trabajando y aportando a la democracia.
"Por ejemplo, tenemos la gran carga de la energía eléctrica, nuestros medios tienen dificultades para pagarla, tenemos poco acceso a Internet en nuestras radios, principalmente aquellas que están en los sectores más vulnerables, que abarca a los indígenas", añadió el secretario de la AMCH, cuyo ente es miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC).
Sin medios no hay democracia
Enamorado, quien además es representante de la AMARC para Honduras y Centroamérica, recordó que las radios comunitarias en su país nacen como producto de una ola que surgió en Latinoamérica.
En el caso de Honduras, las primeras surgen en comunidades afrodescendientes en la región caribeña, entre los años 80 y 90 del siglo pasado.
Después surgieron otras en departamentos del occidente del país, donde habitan pueblos indígenas que siempre han venido clamando por mejores condiciones de vida, lo mismo que en el sur y oriente.
"Pero el mayor auge de la radio comunitaria en Honduras es a partir del golpe de Estado de 2009", al entonces presidente, Manuel Zelaya, cuando le restaban siete meses para el fin de su mandato.
Enamorado (foto), dijo que con el golpe de Estado se produjo una "irrupción de radios comunitarias debido a un cerco mediático, producto de la concentración mediática que había" en el país.
Así surgen a partir de 2010 más radios comunitarias, pero es hasta en 2013 que lo hacen con más fuerza, debido a que el Gobierno que presidió Porfirio Lobo (2010-2014) quiso hacer una reforma a la Ley Marco de las Telecomunicaciones, que resultó fallida, en la que incluiría, supuestamente, la democratización de las telecomunicaciones y radiodifusión en Honduras.
En ese ambiente, de mucha convulsión derivada del golpe de Estado a Zelaya, en 2013 nació la AMCH con las radios que ya funcionaban.
Luego fueron surgiendo nuevas radios comunitarias a partir de la fallida iniciativa que promovía Porfirio Lobo, además de la declaración del Reglamento de Radiodifusión Comunitaria, con apoyo de grupos de la sociedad civil.
Actualmente hay más de 50 emisoras comunitarias, no todas con frecuencia autorizada por el Estado, de las que están operando unas 35, aglutinadas en tres movimientos, indicó Enamorado.
Además, existen tres canales de televisión comunitaria, cuyas frecuencias fueron aprobadas por el Estado, aunque ninguno está operando todavía por los altos costos que implica su instalación.
Los tres movimientos de radios comunitarias son respaldados por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), y Radio Progreso, que dirigen los jesuitas.
La existencia de unas 50 radios y tres canales de televisión comunitarios "es un logro significativo para el país", que en el último año ha permanecido "sumergido no solamente en una crisis sanitaria por la pandemia de la covid-19, sino también en una crisis económica social, política y cultural de grandes proporciones", dijo el titular de la AMCH.
"Creemos que los medios comunitarios son un bastión importante para la democracia de todo país. Nosotros decimos que sin medios no hay democracia y por eso es nuestra consigna de la democratización de los medios de comunicación, de las telecomunicaciones", acotó.
Una radio comunitaria en la capital hondureña
Una de las radios comunitarias opera en Tegucigalpa, la capital hondureña, dependiendo de la Red de Desarrollo Sostenible (RDS), organización de desarrollo no gubernamental (ONG) que nació en 1994 como un proyecto en 45 naciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para apoyar a los países en vías de desarrollo en materia de información y comunicación.
La coordinadora nacional de la RDS, Raquel Isaula, dijo a Efe que la radio obtuvo su frecuencia en 2013 y ha tenido tres etapas.
En la primera llegó a tener unos 70 programas, en los que tenían participación representantes de diversos sectores del país.
"Aquí tenían participación muchos pensadores, con un programa de radio de una hora, pero luego comenzamos a tener un poco de presiones y pasamos a ser una radio con más contenido social", añadió Isaula, quien también ha sido titular de la AMCH.
Señaló que ahora la radio tiene una programación variada, con música y segmentos cortos de contenido en los que se abordan temas como la migración, salud, educación y medio ambiente, entre otros.
Dijo además que hay una condición que tiene la asignación de la frecuencia, "que se prohíbe terminantemente asuntos proselitistas, ya sean políticos o religiosos", por lo que deben tener "mucho cuidado con la programación, de lo que está pendiente la estatal Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
Sin embargo, la emisora de la RDS le ha abierto micrófonos a políticos este año de elecciones primarias o internas de partidos el 14 de marzo, y generales el 28 de noviembre, pero para que hablen solamente sobre cómo son como personas, como candidatos a un cargo de elección popular, sin que se refieran a temas políticos.
En otros espacios, en las redes sociales, los políticos sí pueden hablar sobre sus planes de gobierno y, en la Red, integrante de la AMCH, se está pensando en crear un observatorio electoral a nivel de comunidades, sin que sea proselitismo, indicó Isaula.
"Pedimos colaboración, solidaridad internacional para que nuestros medios sigan funcionando, haciendo su trabajo, surcando el aire y diciéndole a nuestros pueblos las alternativas que hay para poder salir de este sistema en el cual estamos viviendo", dijo a Efe en Tegucigalpa el secretario de la Asociación de Medios Comunitarios de Honduras (AMCH), Carlos Enamorado.
Agregó que hay muchas radios comunitarias que, a raíz de la pandemia de la covid-19 (que desde marzo se comenzó a expandir en Honduras), "han tenido que cerrar por estar cuatro o cinco meses fuera del aire, producto de que su personal se enfermó o que la misma situación económica les afectó mucho más".
La pandemia, que llevó al país a un confinamiento durante unos cinco meses, afectó a todos los sectores, con cuantiosas pérdidas económicas y el cierre temporal o definitivo de micros, pequeños y medianos negocios, además de dejar a miles de personas sin empleo.
En opinión de Enamorado, en el país, donde operan más de 400 radios y canales de televisión no comunitarios, debería haber "políticas de alivio hacia los medios comunitarios" que les permitan seguir trabajando y aportando a la democracia.
"Por ejemplo, tenemos la gran carga de la energía eléctrica, nuestros medios tienen dificultades para pagarla, tenemos poco acceso a Internet en nuestras radios, principalmente aquellas que están en los sectores más vulnerables, que abarca a los indígenas", añadió el secretario de la AMCH, cuyo ente es miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC).
Sin medios no hay democracia
Enamorado, quien además es representante de la AMARC para Honduras y Centroamérica, recordó que las radios comunitarias en su país nacen como producto de una ola que surgió en Latinoamérica.
En el caso de Honduras, las primeras surgen en comunidades afrodescendientes en la región caribeña, entre los años 80 y 90 del siglo pasado.
Después surgieron otras en departamentos del occidente del país, donde habitan pueblos indígenas que siempre han venido clamando por mejores condiciones de vida, lo mismo que en el sur y oriente.
"Pero el mayor auge de la radio comunitaria en Honduras es a partir del golpe de Estado de 2009", al entonces presidente, Manuel Zelaya, cuando le restaban siete meses para el fin de su mandato.
Enamorado (foto), dijo que con el golpe de Estado se produjo una "irrupción de radios comunitarias debido a un cerco mediático, producto de la concentración mediática que había" en el país.
Así surgen a partir de 2010 más radios comunitarias, pero es hasta en 2013 que lo hacen con más fuerza, debido a que el Gobierno que presidió Porfirio Lobo (2010-2014) quiso hacer una reforma a la Ley Marco de las Telecomunicaciones, que resultó fallida, en la que incluiría, supuestamente, la democratización de las telecomunicaciones y radiodifusión en Honduras.
En ese ambiente, de mucha convulsión derivada del golpe de Estado a Zelaya, en 2013 nació la AMCH con las radios que ya funcionaban.
Luego fueron surgiendo nuevas radios comunitarias a partir de la fallida iniciativa que promovía Porfirio Lobo, además de la declaración del Reglamento de Radiodifusión Comunitaria, con apoyo de grupos de la sociedad civil.
Actualmente hay más de 50 emisoras comunitarias, no todas con frecuencia autorizada por el Estado, de las que están operando unas 35, aglutinadas en tres movimientos, indicó Enamorado.
Además, existen tres canales de televisión comunitaria, cuyas frecuencias fueron aprobadas por el Estado, aunque ninguno está operando todavía por los altos costos que implica su instalación.
Los tres movimientos de radios comunitarias son respaldados por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), y Radio Progreso, que dirigen los jesuitas.
La existencia de unas 50 radios y tres canales de televisión comunitarios "es un logro significativo para el país", que en el último año ha permanecido "sumergido no solamente en una crisis sanitaria por la pandemia de la covid-19, sino también en una crisis económica social, política y cultural de grandes proporciones", dijo el titular de la AMCH.
"Creemos que los medios comunitarios son un bastión importante para la democracia de todo país. Nosotros decimos que sin medios no hay democracia y por eso es nuestra consigna de la democratización de los medios de comunicación, de las telecomunicaciones", acotó.
Una radio comunitaria en la capital hondureña
Una de las radios comunitarias opera en Tegucigalpa, la capital hondureña, dependiendo de la Red de Desarrollo Sostenible (RDS), organización de desarrollo no gubernamental (ONG) que nació en 1994 como un proyecto en 45 naciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para apoyar a los países en vías de desarrollo en materia de información y comunicación.
La coordinadora nacional de la RDS, Raquel Isaula, dijo a Efe que la radio obtuvo su frecuencia en 2013 y ha tenido tres etapas.
En la primera llegó a tener unos 70 programas, en los que tenían participación representantes de diversos sectores del país.
"Aquí tenían participación muchos pensadores, con un programa de radio de una hora, pero luego comenzamos a tener un poco de presiones y pasamos a ser una radio con más contenido social", añadió Isaula, quien también ha sido titular de la AMCH.
Señaló que ahora la radio tiene una programación variada, con música y segmentos cortos de contenido en los que se abordan temas como la migración, salud, educación y medio ambiente, entre otros.
Dijo además que hay una condición que tiene la asignación de la frecuencia, "que se prohíbe terminantemente asuntos proselitistas, ya sean políticos o religiosos", por lo que deben tener "mucho cuidado con la programación, de lo que está pendiente la estatal Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
Sin embargo, la emisora de la RDS le ha abierto micrófonos a políticos este año de elecciones primarias o internas de partidos el 14 de marzo, y generales el 28 de noviembre, pero para que hablen solamente sobre cómo son como personas, como candidatos a un cargo de elección popular, sin que se refieran a temas políticos.
En otros espacios, en las redes sociales, los políticos sí pueden hablar sobre sus planes de gobierno y, en la Red, integrante de la AMCH, se está pensando en crear un observatorio electoral a nivel de comunidades, sin que sea proselitismo, indicó Isaula.
Fotos: Gustavo Amador, Agencia EFE
Fuente: Agencia EFE
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