jueves, 31 de octubre de 2013
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual: Un fallo tardío que abre nuevas disputas
La declaración de constitucionalidad de la ley de medios, por parte de la Corte de Suprema, se distingue solamente por su demora, ya que un fallo en sentido contrario habría implicado la posibilidad de un conflicto de poderes y de un golpe de Estado judicial. El llamado ‘control de constitucionalidad’ de las decisiones parlamentarias, por parte de una institución no electa y para colmo vitalicia, constituye una aberración en un régimen político que se presume democrático. El rol que la Constitución Nacional reserva al Poder Judicial y a la Corte en la determinación de las leyes, constituye un agravio a la soberanía del pueblo. La vigencia de un régimen realmente democrático implicaría que la sanción de las leyes y el con! trol de su constitucionalidad estén a cargo de un parlamento y de una Justicia electos y revocables. La propuesta del doctor Zaffaroni - una Corte Constitucional especial, no electa ni revocable, convertiría, todavía más, a la representación del pueblo en una hoja de parra.
El fallo de la Corte, por otra parte, no pone un punto final al litigio con el grupo Clarín y mucho menos consagra la libertad de expresión. Ya se anuncian recursos judiciales con la finalidad de bloquear la aplicación de oficio de la ley, a cargo de Afcsa. Nada menos que Zaffaroni, de nuevo, se ha apresurado a declarar que los tiempos y modalidades de la desinversión del grupo Clarín, es materia judiciable e incluso podría requerir un período de dos años. Viniendo de un hombre del oficialismo, no es poca cosa.
Esta judicialización continua de la ley de medios viene acompañada de una acentuación de las intrigas y conspiraciones que han caracterizado a todo este proceso. El accionista minoritario de Clarín - el fondo, Fintech Advisory -, con una fuerte posición en la deuda de Argentina y asociado a las negociaciones, avaladas por el gobierno, con los fondos buitres por la deuda en litigio, forma parte de estas intrigas. Martín Sabatella, el titular del Afcsa, anunció hace un tiempo que Fintech podría convertirse en un licenciatario de medios de comunicación, a pesar de que lo prohíbe la ley, en virtud del tratado de reciprocidad de inversiones con Estados Unidos. El mismo pretexto podría habilitar el ingreso al sistema de ‘triple play’ (televisión-telefonía- internet) a las telefónicas internacionales, algo prohibido por la ley de medios. La Presidenta apoyó este ingreso en ocasión de la sanción de la ley.
El fallo de la Corte no resuelve las pendencias establecidas ni zanja la desmonopolización o desconcentración de los medios. En lo que hace al monopolio que ejerce el Estado, por distintos medios, desde la manipulación de la publicidad oficial hasta los favores a capitales amigos, la Corte se limita a hacer “recomendaciones” que no tienen alcance legal, pero que servirán como argumento o pretexto para alimentar nuevas pendencias. Este panorama desmiente que se haya avanzado en el desarrollo de la libertad de expresión – ocurre más bien lo contrario. El fallo ofrece como alternativa a los perjuicios económicos que ocasionaría la desinversión al grupo Clarín, el recurso a los despidos y rebajas de salarios, así como a aumentos de tarifas. Esta conducta no sorprende: la semana anterior a este fallo, la Corte declaró inconstitucional la cesión a los trabajadores de las empresas recuperadas (caso IMPA). Alegó en este caso la ausencia de “utilidad pública” en los casos de expropiación de empresas vaciadas por sus dueños. Clarín y compañía podrían usar el mismo argumento para frenar las expropiaciones en su perjuicio que proyecta AFSCA.
El fallo de la Corte adolece de una contradicción insoluble cuando intenta conciliar el derecho de propiedad y la libertad de expresión. Declara a ésta superior al primero, para establecer enseguida que esa libertad no puede ser un pretexto para afectar a los patrimonios involucrados. Es claro, de todos modos, que el derecho de propiedad reserva la capacidad de expresión a través de los medios, a un grupo social reducido de intereses económicos. Solamente la socialización de la gestión de los medios, a cargo de las organizaciones populares de la sociedad (con respeto por la diversidad ideológica de las fuerzas que actúan en el seno de ellas) podría superar lo que es una contradicción en términos.
El fallo de la Corte se produce cuando el gobierno kirchnerista ha perdido gran parte de su capacidad política y cuando un sector considerable de la burguesía le ha puesto, provisionalmente, fecha de vencimiento. La cuestión de la desinversión de Clarín se suma a los litigios con Repsol, los sucesores de Marsans y los fondos buitres, en momentos en que el gobierno busca complacer a las privatizadas (en el Ciadi), al Banco Mundial, a Chevron y a los mismos fondos buitres. La Corte se pronuncia cuando el sujeto que debe aplicarla esta mortalmente herido, políticamente. La crisis por la cuestión de los medios no ha salido de la agenda política sino todo lo contrario; el gobierno mismo es uno de los principales abusadores del monopolio mediático. La crisis en este campo se suma a todos los factores de crisis que integran la transición política en desarrollo.
Llamamos al movimiento obrero y a las organizaciones populares a defender a los trabajadores de prensa que ven amenazadas sus fuentes de trabajo por esta crisis y a oponer a la confrontación entre los intereses capitalistas en presencia, un proyecto de libertad de expresión del movimiento obrero. Las comisiones internas, los cuerpos de delegados y las asambleas de empresa deben tener el derecho a controlar el ejercicio de la comunicación mediática, denunciar su parcialidad social y política, reclamar el espacio de expresión para el movimiento obrero y para todas las manifestaciones del pensamiento y la opinión de los sectores populares despojados de medios y capacidad propia de expresión y de derecho a la palabra.
Jorge Altamira, Néstor Pitrola; Partido Obrero
El fallo de la Corte, por otra parte, no pone un punto final al litigio con el grupo Clarín y mucho menos consagra la libertad de expresión. Ya se anuncian recursos judiciales con la finalidad de bloquear la aplicación de oficio de la ley, a cargo de Afcsa. Nada menos que Zaffaroni, de nuevo, se ha apresurado a declarar que los tiempos y modalidades de la desinversión del grupo Clarín, es materia judiciable e incluso podría requerir un período de dos años. Viniendo de un hombre del oficialismo, no es poca cosa.
Esta judicialización continua de la ley de medios viene acompañada de una acentuación de las intrigas y conspiraciones que han caracterizado a todo este proceso. El accionista minoritario de Clarín - el fondo, Fintech Advisory -, con una fuerte posición en la deuda de Argentina y asociado a las negociaciones, avaladas por el gobierno, con los fondos buitres por la deuda en litigio, forma parte de estas intrigas. Martín Sabatella, el titular del Afcsa, anunció hace un tiempo que Fintech podría convertirse en un licenciatario de medios de comunicación, a pesar de que lo prohíbe la ley, en virtud del tratado de reciprocidad de inversiones con Estados Unidos. El mismo pretexto podría habilitar el ingreso al sistema de ‘triple play’ (televisión-telefonía- internet) a las telefónicas internacionales, algo prohibido por la ley de medios. La Presidenta apoyó este ingreso en ocasión de la sanción de la ley.
El fallo de la Corte no resuelve las pendencias establecidas ni zanja la desmonopolización o desconcentración de los medios. En lo que hace al monopolio que ejerce el Estado, por distintos medios, desde la manipulación de la publicidad oficial hasta los favores a capitales amigos, la Corte se limita a hacer “recomendaciones” que no tienen alcance legal, pero que servirán como argumento o pretexto para alimentar nuevas pendencias. Este panorama desmiente que se haya avanzado en el desarrollo de la libertad de expresión – ocurre más bien lo contrario. El fallo ofrece como alternativa a los perjuicios económicos que ocasionaría la desinversión al grupo Clarín, el recurso a los despidos y rebajas de salarios, así como a aumentos de tarifas. Esta conducta no sorprende: la semana anterior a este fallo, la Corte declaró inconstitucional la cesión a los trabajadores de las empresas recuperadas (caso IMPA). Alegó en este caso la ausencia de “utilidad pública” en los casos de expropiación de empresas vaciadas por sus dueños. Clarín y compañía podrían usar el mismo argumento para frenar las expropiaciones en su perjuicio que proyecta AFSCA.
El fallo de la Corte adolece de una contradicción insoluble cuando intenta conciliar el derecho de propiedad y la libertad de expresión. Declara a ésta superior al primero, para establecer enseguida que esa libertad no puede ser un pretexto para afectar a los patrimonios involucrados. Es claro, de todos modos, que el derecho de propiedad reserva la capacidad de expresión a través de los medios, a un grupo social reducido de intereses económicos. Solamente la socialización de la gestión de los medios, a cargo de las organizaciones populares de la sociedad (con respeto por la diversidad ideológica de las fuerzas que actúan en el seno de ellas) podría superar lo que es una contradicción en términos.
El fallo de la Corte se produce cuando el gobierno kirchnerista ha perdido gran parte de su capacidad política y cuando un sector considerable de la burguesía le ha puesto, provisionalmente, fecha de vencimiento. La cuestión de la desinversión de Clarín se suma a los litigios con Repsol, los sucesores de Marsans y los fondos buitres, en momentos en que el gobierno busca complacer a las privatizadas (en el Ciadi), al Banco Mundial, a Chevron y a los mismos fondos buitres. La Corte se pronuncia cuando el sujeto que debe aplicarla esta mortalmente herido, políticamente. La crisis por la cuestión de los medios no ha salido de la agenda política sino todo lo contrario; el gobierno mismo es uno de los principales abusadores del monopolio mediático. La crisis en este campo se suma a todos los factores de crisis que integran la transición política en desarrollo.
Llamamos al movimiento obrero y a las organizaciones populares a defender a los trabajadores de prensa que ven amenazadas sus fuentes de trabajo por esta crisis y a oponer a la confrontación entre los intereses capitalistas en presencia, un proyecto de libertad de expresión del movimiento obrero. Las comisiones internas, los cuerpos de delegados y las asambleas de empresa deben tener el derecho a controlar el ejercicio de la comunicación mediática, denunciar su parcialidad social y política, reclamar el espacio de expresión para el movimiento obrero y para todas las manifestaciones del pensamiento y la opinión de los sectores populares despojados de medios y capacidad propia de expresión y de derecho a la palabra.
Jorge Altamira, Néstor Pitrola; Partido Obrero
Declaración de la Asamblea de los Trabajadores de Prensa de Canal 13 Y TN
Con la plena constitucionalidad de la ley de medios se abre un nuevo panorama para nosotros trabajadores de prensa. Esta Comisión Interna junto al resto de los compañeros de los noticieros de Canal 13/TN y TN.com.ar estamos dispuestos a dar las discusiones necesarias para sostener los puestos de trabajo. No vamos a negociar ni permitir ninguna medida o situación que vaya en detrimento de nuestra labor. Pero también somos conscientes de que nuestra función como periodistas no es cuestionar la legalidad otorgada por amplias mayorías del Congreso en el año 2009, la amplia discusión popular a través de foros y asambleas en todo el país y por las distintas instancias del poder judicial. En ese sentido volvemos a manifestar nuestro pleno apoyo a la legalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y su aplicación sin omisiones ni privilegios. Con el conjunto de los compañeros reunidos en asamblea ratificamos:
Ni un solo trabajador despedido. Ni un solo trabajador precarizado. Por el pleno cumplimiento de nuestro Convenio Colectivo 124/75.
Comisión Interna de Delegados de Canal 13/TN Y TN.com.ar (UTPBA)
- Que nosotros trabajadores somos fundamentales en este proceso de democratización de los servicios de comunicación audiovisuales. La defensa de todos y cada uno de los puestos de trabajo es condición indispensable para alcanzar dicho objetivo.
- Que instamos a poner en marcha los mecanismos institucionales que protejan nuestros puestos de trabajo en el marco de los respectivos convenios colectivos.
- Que está en plena vigencia el acta/acuerdo entre el Ministerio de Trabajo, la AFSCA y los gremios involucrados respecto de la conservación de los puestos de trabajo.
- Que circularemos un petitorio entre todos los compañeros para ser firmado y entregado a las autoridades del Ministerio de Trabajo y de la AFSCA como solicitud para integrar la Comisión de Coordinación de transferencia de licencias.
- Que declaramos el estado de asamblea permanente.
Ni un solo trabajador despedido. Ni un solo trabajador precarizado. Por el pleno cumplimiento de nuestro Convenio Colectivo 124/75.
Comisión Interna de Delegados de Canal 13/TN Y TN.com.ar (UTPBA)
Federación de Periodistas de Alemania recomienda dejar de usar Google y Yahoo por el presunto espionaje
La Federación de Periodistas de Alemania ha aconsejado a sus miembros este jueves que dejen de usar Google y Yahoo por el presunto espionaje que habría realizado la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) estadounidense y los servicios de Inteligencia británicos
"La Federación de Periodistas alemana recomienda a los periodistas que eviten hasta nuevo aviso usar los motores de búsqueda o los servicios de correo electrónico de Google y Yahoo para su búsqueda y comunicación digital", ha afirmado el sindicado en un comunicado.
El organismo ha citado las "escandalosas" informaciones sobre las interceptaciones del tráfico web de ambas compañías por la NSA y el GCHQ británico.
"Las búsquedas realizadas por periodisas son tan confidenciales como los detalles de contacto de sus fuentes y los contenidos de sus comunicaciones con ellos", ha afirmado Michael Konken, presidente del sindicato que representa a unos 38.000 periodistas. Según él, hay alternativas seguras para ambos motores de búsqueda y correo.
Ayer, el 'Washington Post' informó de que la NSA accedió a los servidores de datos de las compañías tecnológicas Yahoo y Google, que conectan a las dos firmas con sus centros repartidos por todo el mundo, citando a fuentes conocedoras de este espionaje y los documentos de la agencia filtrados por el excontratista de la agencia Edward Snowden. Según el diario, la operación se hacía de forma conjunta con el GCHQ.
Minutos después de la publicación de la información, el director de la NSA, el general Keith Alexander, negó que la agencia hubiera accedido a esos servidores de datos. "No conozco esa información", afirmó, antes de dejar claro que la NSA "no tiene acceso a los servidores de Google y Yahoo.
El asesor legal de Google ha señalado que la compañía esta "indignada" con la presunta intercepción de datos de sus redes privadas de fibra óptica, mientras que Yahoo ha asegurado que tiene un estricto sistema de seguridad en sus centros de datos y no ha permitido el acceso a la NSA u otras agencias.
NSA espía todo lo que hacen Google, Yahoo y sus usuarios
Reporte de The Washington Post profundiza el escándalo de ciberespionaje
La Agencia Nacional de Seguridad (NSA) infitró los centros de almacenaje de datos de los gigantes de internet Google y Yahoo, reportó The Washington Post a base de documentos obtenidos por Edward Snowden y entrevistas con fuentes conocedoras de la operación.
El Post, que junto a The Guardian reportó en primicia el escándalo de ciberespionaje de Estados Unidos a ciudadanos privados y a países aliadas, explicó que la NSA consiguió ganar acceso a los enlaces principales que comunican los almacenes de datos de estos gigantes de internet en distintas partes del mundo.
Así, la NSA podía recolectar cientos de millones de cuentas de usuarios en cualquier parte, incluido Estados Unidos, así como sus metadatos, es decir, la información sobre ubicación, equipos utilizados e incluso identidades reales, denunció el rotativo.
El programa de ciberespionaje secreto se denomina MUSCULAR y se suma al ya denunciado PRISM, con la diferencia de que esta segunda arma de vigilancia electrónica contaba con la anuencia de los proveedores de servicio de internet.
The Washington Post solicitó, sin éxito, alguna reacción oficial de Casa Blanca o de las autoridades de inteligencia de Washington. Sin embargo, en junio pasado Obama dijo públicamente que la vigilancia y recolección de información privada en internet "no aplicaba a ciudadanos de Estados Unidos".
Quienes sí reaccionaron fueron Google y Yahoo, que en declaraciones escritas reiteraron ignorer este tipo de operación de espionaje masivo.
Google se expresó “perturbado por las alegaciones de que el gobierno está interceptando el tráfico entre nuestros centros de datos”. Como reacción el gigante de las búsquedas está reforzando el cifrado en más servicios y enlaces, indicó.
Mientras, una portavoz de Yahoo indicó a The Washington Post que la compañía “no le ha dado acceso a nuestros centros de datos a la NSA ni a ninguna otra agencia de gobierno”.
Fuentes: EuropaPress y NuevoDia
"La Federación de Periodistas alemana recomienda a los periodistas que eviten hasta nuevo aviso usar los motores de búsqueda o los servicios de correo electrónico de Google y Yahoo para su búsqueda y comunicación digital", ha afirmado el sindicado en un comunicado.El organismo ha citado las "escandalosas" informaciones sobre las interceptaciones del tráfico web de ambas compañías por la NSA y el GCHQ británico.
"Las búsquedas realizadas por periodisas son tan confidenciales como los detalles de contacto de sus fuentes y los contenidos de sus comunicaciones con ellos", ha afirmado Michael Konken, presidente del sindicato que representa a unos 38.000 periodistas. Según él, hay alternativas seguras para ambos motores de búsqueda y correo.
Ayer, el 'Washington Post' informó de que la NSA accedió a los servidores de datos de las compañías tecnológicas Yahoo y Google, que conectan a las dos firmas con sus centros repartidos por todo el mundo, citando a fuentes conocedoras de este espionaje y los documentos de la agencia filtrados por el excontratista de la agencia Edward Snowden. Según el diario, la operación se hacía de forma conjunta con el GCHQ.
Minutos después de la publicación de la información, el director de la NSA, el general Keith Alexander, negó que la agencia hubiera accedido a esos servidores de datos. "No conozco esa información", afirmó, antes de dejar claro que la NSA "no tiene acceso a los servidores de Google y Yahoo.
El asesor legal de Google ha señalado que la compañía esta "indignada" con la presunta intercepción de datos de sus redes privadas de fibra óptica, mientras que Yahoo ha asegurado que tiene un estricto sistema de seguridad en sus centros de datos y no ha permitido el acceso a la NSA u otras agencias.
NSA espía todo lo que hacen Google, Yahoo y sus usuarios
Reporte de The Washington Post profundiza el escándalo de ciberespionaje
El Post, que junto a The Guardian reportó en primicia el escándalo de ciberespionaje de Estados Unidos a ciudadanos privados y a países aliadas, explicó que la NSA consiguió ganar acceso a los enlaces principales que comunican los almacenes de datos de estos gigantes de internet en distintas partes del mundo.
Así, la NSA podía recolectar cientos de millones de cuentas de usuarios en cualquier parte, incluido Estados Unidos, así como sus metadatos, es decir, la información sobre ubicación, equipos utilizados e incluso identidades reales, denunció el rotativo.
El programa de ciberespionaje secreto se denomina MUSCULAR y se suma al ya denunciado PRISM, con la diferencia de que esta segunda arma de vigilancia electrónica contaba con la anuencia de los proveedores de servicio de internet.
The Washington Post solicitó, sin éxito, alguna reacción oficial de Casa Blanca o de las autoridades de inteligencia de Washington. Sin embargo, en junio pasado Obama dijo públicamente que la vigilancia y recolección de información privada en internet "no aplicaba a ciudadanos de Estados Unidos".
Quienes sí reaccionaron fueron Google y Yahoo, que en declaraciones escritas reiteraron ignorer este tipo de operación de espionaje masivo.
Google se expresó “perturbado por las alegaciones de que el gobierno está interceptando el tráfico entre nuestros centros de datos”. Como reacción el gigante de las búsquedas está reforzando el cifrado en más servicios y enlaces, indicó.
Mientras, una portavoz de Yahoo indicó a The Washington Post que la compañía “no le ha dado acceso a nuestros centros de datos a la NSA ni a ninguna otra agencia de gobierno”.
Fuentes: EuropaPress y NuevoDia
Reporteros Sin Fronteras: "Debe existir un plan preciso para la atribución de frecuencias a los medios comunitarios"
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró, el 29 de octubre, que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) o Ley de Medios es constitucional, con siete votos a favor y uno en contra. Esta ley ya había sido aprobada por el Congreso en 2009 y debería haber sido aplicada en diciembre de 2012, pero el grupo Clarín interpuso un recurso legal argumentando la inconstitucionalidad de algunos de sus artículos. La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), órgano regulador instituido por la ley, anunció que se considera que la ley entra en vigor desde entonces
Reporteros Sin Fronteras ha expresado con frecuencia su apoyo a los principios generales de esta ley, por lo que recibe con agrado la decisión de la SCJN. RSF considera que la aplicación de esta legislación constituirá un gran paso a favor del pluralismo en Argentina y en la región. Los argumentos de los jueces que apoyan la ley son fundamentalmente los de RSF: la ley de SCA fortalecerá la libertad de información y el debate público, pues permite que un mayor segmento de la población pueda expresar sus opiniones con toda legalidad.
A diferencia de la ley de Ecuador o de la futura ley uruguaya en la materia, la LSCA Argentina no prevé stricto sensu la “regla de los tres tercios”: si bien el 33% de las frecuencias audiovisuales deben adjudicarse a los medios de comunicación comunitarios o sin fines de lucro, el resto puede repartirse libremente entre medios públicos y privados. No obstante, la AFSCA debe establezcer reglas claras para que se respete el pluralismo. Por ejemplo, el principio que figura en el artículo 106 de la futura SCA uruguaya, que prohíbe toda “censura indirecta” en la atribución de frecuencias según criterios ideológicos o editoriales, podría ser una fuente de inspiración. RSF considera igualmente que debe existir un plan preciso para la atribución de un tercio de las frecuencias a los medios de comunicación comunitarios o sin fines de lucro, lo que implica conocer bien la situación respecto a las frecuencias que pueden otorgarse. La información debe ser completa y transparente en este punto por parte de la AFSCA.
La organización también subraya la urgencia de que se establezca una verdadera regulación en lo que respecta a la publicidad oficial. En estos últimos años el volumen de la publicidad oficial que ha concedido el Gobierno a los medios de comunicación que lo apoyan ha aumentado escandalosamente . RSF comparte las advertencias que hicieron los jueces respecto a posibles desvíos del Gobierno, en especial sobre el uso de la ley para apoyar una ideología y limitar el debate público. "Es muy importante que la AFSCA sea un órgano independiente, libre de toda influencia de las autoridades o de grupos de presión”, añade la organización.
El recurso legal que interpuso el grupo Clarín, principal propietario de frecuencias audiovisuales del país, estaba ampliamente sustentado en intereses comerciales. Los jueces consideraron que “no se encuentra afectado el derecho a la libertad de expresión del grupo Clarín, en tanto no ha sido acreditado que el régimen de licencias que establece la ley ponga en riesgo su sustentabilidad económica”. Y agregaron que "es legítima una ley que fije límites generales a priori, porque de esa manera se favorece la libertad de expresión al impedir la concentración en el mercado". Clarín, a diferencia de otras empresas de medios de comunicación, no ha presentado ningún plan de desinversión (para ceder una parte de sus licencias) y, desde ahora, ha anunciado que podría recurrir a los tribunales internacionales.
Reporteros Sin Fronteras
Reporteros Sin Fronteras ha expresado con frecuencia su apoyo a los principios generales de esta ley, por lo que recibe con agrado la decisión de la SCJN. RSF considera que la aplicación de esta legislación constituirá un gran paso a favor del pluralismo en Argentina y en la región. Los argumentos de los jueces que apoyan la ley son fundamentalmente los de RSF: la ley de SCA fortalecerá la libertad de información y el debate público, pues permite que un mayor segmento de la población pueda expresar sus opiniones con toda legalidad.
A diferencia de la ley de Ecuador o de la futura ley uruguaya en la materia, la LSCA Argentina no prevé stricto sensu la “regla de los tres tercios”: si bien el 33% de las frecuencias audiovisuales deben adjudicarse a los medios de comunicación comunitarios o sin fines de lucro, el resto puede repartirse libremente entre medios públicos y privados. No obstante, la AFSCA debe establezcer reglas claras para que se respete el pluralismo. Por ejemplo, el principio que figura en el artículo 106 de la futura SCA uruguaya, que prohíbe toda “censura indirecta” en la atribución de frecuencias según criterios ideológicos o editoriales, podría ser una fuente de inspiración. RSF considera igualmente que debe existir un plan preciso para la atribución de un tercio de las frecuencias a los medios de comunicación comunitarios o sin fines de lucro, lo que implica conocer bien la situación respecto a las frecuencias que pueden otorgarse. La información debe ser completa y transparente en este punto por parte de la AFSCA.
La organización también subraya la urgencia de que se establezca una verdadera regulación en lo que respecta a la publicidad oficial. En estos últimos años el volumen de la publicidad oficial que ha concedido el Gobierno a los medios de comunicación que lo apoyan ha aumentado escandalosamente . RSF comparte las advertencias que hicieron los jueces respecto a posibles desvíos del Gobierno, en especial sobre el uso de la ley para apoyar una ideología y limitar el debate público. "Es muy importante que la AFSCA sea un órgano independiente, libre de toda influencia de las autoridades o de grupos de presión”, añade la organización.
El recurso legal que interpuso el grupo Clarín, principal propietario de frecuencias audiovisuales del país, estaba ampliamente sustentado en intereses comerciales. Los jueces consideraron que “no se encuentra afectado el derecho a la libertad de expresión del grupo Clarín, en tanto no ha sido acreditado que el régimen de licencias que establece la ley ponga en riesgo su sustentabilidad económica”. Y agregaron que "es legítima una ley que fije límites generales a priori, porque de esa manera se favorece la libertad de expresión al impedir la concentración en el mercado". Clarín, a diferencia de otras empresas de medios de comunicación, no ha presentado ningún plan de desinversión (para ceder una parte de sus licencias) y, desde ahora, ha anunciado que podría recurrir a los tribunales internacionales.
Reporteros Sin Fronteras
Comunicado de la RNMA: ¡¡¡Es hora de nuestras licencias!!!
- Que, avalados por nuestros históricos reclamos, nos sentimos reconfortados porque el Grupo Clarín tenga que ceder parte importante de sus licencias. A la vez alertamos para que esa desinversión no termine resultando una transferencia entre viejos socios o familiares -tanto en el caso de Clarín como en el del resto de los grupos concentrados- ratificada por la AFSCA a partir de interpretaciones de la norma o vericuetos legales.
- Como lo venimos expresando en anteriores declaraciones durante los últimos 4 años, advertimos que fue una falacia haber sostenido hasta aquí que la ley no se podía aplicar. Consideramos que se ha perdido un tiempo muy valioso en el que pudo haberse comenzado a recorrer el camino hacia la democratización de los discursos (no solo las voces, ya que muchas voces pueden tener solo uno o dos discursos), reconociendo a nuestros medios comunitarios, alternativos y populares como actores fundamentales de ese proceso.
- La aplicación de la ley ha sido parcial, discrecional y en cuentagotas. La muestra de esto es la reciente puesta en marcha del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FoMeCA), contemplado en la ley. Solo se ejecutó para ese fondo una parte del dinero que debió haberse destinado. Y, fundamentalmente, fue restrictivo, porque exigía a los medios que presentaran proyectos, tener licencia, autorización o reconocimiento que, luego de 4 años, la AFSCA casi no le ha dado a nuestro sector.
- Convocamos, fraternal y sinceramente, a las otras redes y a los medios comunitarios, alternativos y populares, a confluir en acuerdos básicos para que nuestros reclamos históricos sean reconocidos.
- Mientras tanto, día a día, como lo venimos haciendo, continuaremos impulsando la creación de nuevos medios en manos de los actores sociales postergados, silenciados o demonizados por los medios tradicionales (los monopólicos y los que no lo son).
- Reconocimiento legal YA a los medios comunitarios, alternativos y populares.
- Elaboración del Plan Técnico y reserva del 33 % para el sector sin fines de lucro
- Asignación transparente y no discrecional de los Fondos de fomento
- Reconocimiento de los medios comunitarios, alternativos y populares como actores diferenciados dentro del sector de las sin fines de lucro.
- Concursos específicos para medios comunitarios, alternativos y populares.
Enojo del Servicio Meteorológico Nacional por la asignación de nombre a tormenta
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un comunicado acerca de la asignación de un nombre identificatorio nombre a los fenómenos meteorológicos que están ocurriendo en centro y norte. Desde el SMN explicaron: "Sólo se le colocan nombres a huracanes y tormentas tropicales". "Lo de Berta es un dilema. Ese nombre lo pusieron algunos pronosticadores que no son del SMN. Según el Servicio Meteorológico Mundial, sólo se le puede colocar nombres a huracanes y tormentas tropicales. Por lo tanto, no es lo que corresponde".
El comunicado oficial:
El Servicio Meteorológico Nacional comunica que a los fenómenos meteorológicos que están ocurriendo en centro y norte del país no corresponde asignarles nombres identificatorios, tal como se está difundiendo en algunos medios de comunicación.
Las tormentas se nombran en la zona del cinturón ecuatorial, en donde un único fenómeno, con altas probabilidades de devenir en huracán, se mueve muy velozmente y es difícil precisar su ubicación por latitud y longitud. Por eso, a partir del año 1953, la Organización Meteorológica Mundial, de común acuerdo con los 189 países que la integran, determinó que a ese tipo de tormentas tropicales se las nombre con uno de los nombres que aparecen en un listado oficial estipulado por ese organismo internacional.
Acerca de los ciclones tropicales
Una de las condiciones para que se pueda formar una perturbación de este tipo, es que la temperatura de la capa superficial del mar u océano sea superior a los 26° C en una profundidad de hasta 60 metros. En estas condiciones se produce una intensa transferencia de calor y humedad desde el océano hacia la atmósfera, la que alcanza su máximo hacia el final del verano boreal.
Esa necesidad de aguas cálidas, que es el verdadero “motor” del ciclón o huracán, explica por qué no se forman en el Atlántico Sur, donde las aguas son relativamente frías, y también porque esas perturbaciones se debilitan al llegar a las aguas continentales. (Aunque hay un evento registrado en marzo de 2004, que afectó la costa de Brasil y que recibió el nombre de Catarina)
La Organización Meteorológica Mundial, agencia especializada de las Naciones Unidas, integrada por ciento ochenta y nueve países y territorios, entre ellos la Argentina, ha definido a los huracanes o tifones en los siguiente términos: Nombre asignado en el Atlántico Norte, el Caribe, el Golfo de Méjico y la parte oriental del Pacífico Norte a un ciclón tropical en el que la velocidad
máxima del viento en superficie es igual o superior a 118 km/h.
Desde hace años, se le asignan nombres a estas perturbaciones para que se las pueda identificar fácilmente en los boletines de alerta y para que los medios de difusión puedan informar con más precisión para que los correspondientes avisos de alerta lleguen en tiempo oportuno a las poblaciones y al público en general.
Desde 1953 estas tormentas llevan nombres que se toman de una lista que establece el Centro de Huracanes de los Estados Unidos de América, hasta que es avalada por el Comité Internacional para los Ciclones Tropicales de la Organización Meteorológica Mundial.
Fuentes: Servicio Meteorológico Nacional, ediciónciudad.com
El Servicio Meteorológico Nacional comunica que a los fenómenos meteorológicos que están ocurriendo en centro y norte del país no corresponde asignarles nombres identificatorios, tal como se está difundiendo en algunos medios de comunicación.
Las tormentas se nombran en la zona del cinturón ecuatorial, en donde un único fenómeno, con altas probabilidades de devenir en huracán, se mueve muy velozmente y es difícil precisar su ubicación por latitud y longitud. Por eso, a partir del año 1953, la Organización Meteorológica Mundial, de común acuerdo con los 189 países que la integran, determinó que a ese tipo de tormentas tropicales se las nombre con uno de los nombres que aparecen en un listado oficial estipulado por ese organismo internacional.
Acerca de los ciclones tropicales
Una de las condiciones para que se pueda formar una perturbación de este tipo, es que la temperatura de la capa superficial del mar u océano sea superior a los 26° C en una profundidad de hasta 60 metros. En estas condiciones se produce una intensa transferencia de calor y humedad desde el océano hacia la atmósfera, la que alcanza su máximo hacia el final del verano boreal.
Esa necesidad de aguas cálidas, que es el verdadero “motor” del ciclón o huracán, explica por qué no se forman en el Atlántico Sur, donde las aguas son relativamente frías, y también porque esas perturbaciones se debilitan al llegar a las aguas continentales. (Aunque hay un evento registrado en marzo de 2004, que afectó la costa de Brasil y que recibió el nombre de Catarina)
La Organización Meteorológica Mundial, agencia especializada de las Naciones Unidas, integrada por ciento ochenta y nueve países y territorios, entre ellos la Argentina, ha definido a los huracanes o tifones en los siguiente términos: Nombre asignado en el Atlántico Norte, el Caribe, el Golfo de Méjico y la parte oriental del Pacífico Norte a un ciclón tropical en el que la velocidad
máxima del viento en superficie es igual o superior a 118 km/h.
Desde hace años, se le asignan nombres a estas perturbaciones para que se las pueda identificar fácilmente en los boletines de alerta y para que los medios de difusión puedan informar con más precisión para que los correspondientes avisos de alerta lleguen en tiempo oportuno a las poblaciones y al público en general.
Desde 1953 estas tormentas llevan nombres que se toman de una lista que establece el Centro de Huracanes de los Estados Unidos de América, hasta que es avalada por el Comité Internacional para los Ciclones Tropicales de la Organización Meteorológica Mundial.
Fuentes: Servicio Meteorológico Nacional, ediciónciudad.com
Grupo Clarín: Grave atropello de la AFSCA tras el fallo de la Corte
A menos de 48 horas del fallo de la Corte Suprema, el Gobierno decidió avanzar de facto sobre los medios del Grupo Clarín, al margen de la ley y de lo establecido por el propio fallo
El titular de la AFSCA, Martín Sabbatella, se presentó en la sede del Grupo Clarín para llevar adelante un procedimiento de oficio y forzoso, cuando esto es abiertamente ilegal. Funcionarios de la AFSCA hicieron lo propio en las sedes de Canal 13, TN y Radio Mitre.
Como hemos reiterado, de ninguna manera puede aplicársele este procedimiento al Grupo Clarín, ya que las normas de adecuación estuvieron totalmente suspendidas para la compañía a raíz de la medida cautelar.
Por otra parte, la nulidad de este procedimiento ha sido expresamente reconocida por la Justicia en un fallo de la Cámara Federal del mes de junio pasado, que rechazó la validez de la “adecuación de oficio” en el caso del Grupo Clarín.
Además, según dejó claramente establecido el fallo de la Corte, deben regir para el Grupo Clarín las mismas condiciones, alternativas y posibilidades que tuvieron el resto de los grupos de medios.
El desembarco de hoy en los medios del Grupo Clarín desconoce el fallo de la Corte y ratifica que el gobierno está urgido por avanzar contra las escasas voces independientes que quedan en la Argentina.
Buenos Aires, 31 de octubre de 2013.-
Ver anteriores: Sabbatella notificó a medios del Grupo Clarín sobre el inicio de la adecuación de oficio, Martín Sabbatella se presentó en Clarín para notificar "la adecuación de oficio"
El titular de la AFSCA, Martín Sabbatella, se presentó en la sede del Grupo Clarín para llevar adelante un procedimiento de oficio y forzoso, cuando esto es abiertamente ilegal. Funcionarios de la AFSCA hicieron lo propio en las sedes de Canal 13, TN y Radio Mitre.
Como hemos reiterado, de ninguna manera puede aplicársele este procedimiento al Grupo Clarín, ya que las normas de adecuación estuvieron totalmente suspendidas para la compañía a raíz de la medida cautelar.
Por otra parte, la nulidad de este procedimiento ha sido expresamente reconocida por la Justicia en un fallo de la Cámara Federal del mes de junio pasado, que rechazó la validez de la “adecuación de oficio” en el caso del Grupo Clarín.
Además, según dejó claramente establecido el fallo de la Corte, deben regir para el Grupo Clarín las mismas condiciones, alternativas y posibilidades que tuvieron el resto de los grupos de medios.
El desembarco de hoy en los medios del Grupo Clarín desconoce el fallo de la Corte y ratifica que el gobierno está urgido por avanzar contra las escasas voces independientes que quedan en la Argentina.
Buenos Aires, 31 de octubre de 2013.-
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Sabbatella notificó a medios del Grupo Clarín sobre el inicio de la adecuación de oficio
Martín Sabbatella notificó al Grupo Clarín sobre la "adecuación de oficio" a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El titular de la la AFSCA dijo que el organismo será quién decida de qué medios debe desprenderse el Grupo y sostuvo que con la declaración de constitucionalidad de la ley de medios "se acabó la incertidumbre" y "hay que aplicar" la norma. También presentaron oficios en el edificio de Canal 13 y TN, Radio Mitre y Cablevisión
En diálogo con la prensa que lo aguardaba en las puertas del edificio que el Grupo Clarín posee en el barrio de Constitución, Sabbatella reiteró que el acto administrativo realizado hoy significó el "cumplimiento a lo que estaba suspendido en la espera de la resolución judicial, y que es la adecuación de oficio del grupo".
El funcionario destacó que una vez zanjada la discusión sobre la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y con la continuidad de oficio que la AFSCA aplica en el caso Clarín, se puede completar "el trabajo hacia la adecuación general del conjunto de empresas" que presentaron voluntariamente sus planes antes del 7 de diciembre de 2012.
No existe la posibilidad de que Clarín haga una adecuación voluntaria, pero que sí se aviniera a completar la presentada por uno de sus socios minoritarios el pasado 5 de diciembre, la AFSCA "podría evaluarla".
Con los plazos establecidos por la ley ya vencidos, y una vez iniciadas las acciones de oficio, el Grupo Clarín cuenta -a partir de hoy- con 15 días para ratificar o rectificar "la información" respecto de la cantidad de licencias que posee y que hoy fue entregado por los funcionarios de la Autoridad Federal.
Por otra parte, acusó al grupo Clarín de publicar datos falsos respecto del caso Monetta, ya que el grupo que posee entre otros medios a Radio Splendid y Rock and Pop, presentó su adecuación el 6 de diciembre.
Sobre la tasación y elección de los medios de Clarín , señaló que en la adecuación es la AFSCA "que organiza el procedimiento: se selecciona y se concursa", con el objetivo de "generar el menor perjuicio a la empresa".
"La AFSCA es un organismo que trabaja con igualdad de criterio para el conjunto de las empresas", afirmó.
Por otra parte recordó que ningún tipo de accionar judicial por parte de Clarín puede tener ahora un carácter "suspensivo", porque "el fallo de la Corte establece la constitucionalidad de todos los artículos de la ley".
"Una cosa que fue importante es que con el fallo de la Corte se terminó la incertidumbre, se acabó la discusión, la ley es constitucional y hay que aplicarla", concluyó Sabbatella.
Además, el titular de la AFSCA mantuvo una reunión con los abogados de Clarín para notificarlos del inmediato comienzo del proceso de adecuación de oficio a las disposiciones de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual tras el fallo de la Corte Suprema que la declaró constitucional en su totalidad.
Estas son las primeras imágenes del momento en que funcionarios del organismo público informan a los representantes del multimedio sobre las medidas que se adoptarán en lo inmediato para dar comienzo al proceso de adecuación de oficio, tal como lo estipula el artículo 161 de la ley.
La AFSCA tiene que hacer cumplir la ley, dijo Sabbatella y agregó "A partir de ahora, el Grupo tiene 15 días para aceptar la notificación, luego viene la tasación, la selección de lo que se tiene que concursar, los concursos y la adjudicación con el nuevo titular. En este proceso tiene que garantizarse el servicio y los trabajadores", dijo.
Fuente: TelAm
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En diálogo con la prensa que lo aguardaba en las puertas del edificio que el Grupo Clarín posee en el barrio de Constitución, Sabbatella reiteró que el acto administrativo realizado hoy significó el "cumplimiento a lo que estaba suspendido en la espera de la resolución judicial, y que es la adecuación de oficio del grupo".El funcionario destacó que una vez zanjada la discusión sobre la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y con la continuidad de oficio que la AFSCA aplica en el caso Clarín, se puede completar "el trabajo hacia la adecuación general del conjunto de empresas" que presentaron voluntariamente sus planes antes del 7 de diciembre de 2012.
No existe la posibilidad de que Clarín haga una adecuación voluntaria, pero que sí se aviniera a completar la presentada por uno de sus socios minoritarios el pasado 5 de diciembre, la AFSCA "podría evaluarla".
Con los plazos establecidos por la ley ya vencidos, y una vez iniciadas las acciones de oficio, el Grupo Clarín cuenta -a partir de hoy- con 15 días para ratificar o rectificar "la información" respecto de la cantidad de licencias que posee y que hoy fue entregado por los funcionarios de la Autoridad Federal.
Sobre la tasación y elección de los medios de Clarín , señaló que en la adecuación es la AFSCA "que organiza el procedimiento: se selecciona y se concursa", con el objetivo de "generar el menor perjuicio a la empresa".
"La AFSCA es un organismo que trabaja con igualdad de criterio para el conjunto de las empresas", afirmó.
Por otra parte recordó que ningún tipo de accionar judicial por parte de Clarín puede tener ahora un carácter "suspensivo", porque "el fallo de la Corte establece la constitucionalidad de todos los artículos de la ley".
"Una cosa que fue importante es que con el fallo de la Corte se terminó la incertidumbre, se acabó la discusión, la ley es constitucional y hay que aplicarla", concluyó Sabbatella.
Además, el titular de la AFSCA mantuvo una reunión con los abogados de Clarín para notificarlos del inmediato comienzo del proceso de adecuación de oficio a las disposiciones de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual tras el fallo de la Corte Suprema que la declaró constitucional en su totalidad.
La AFSCA tiene que hacer cumplir la ley, dijo Sabbatella y agregó "A partir de ahora, el Grupo tiene 15 días para aceptar la notificación, luego viene la tasación, la selección de lo que se tiene que concursar, los concursos y la adjudicación con el nuevo titular. En este proceso tiene que garantizarse el servicio y los trabajadores", dijo.
Fuente: TelAm
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Martín Sabbatella se presentó en Clarín para notificar "la adecuación de oficio"
Después de que la Corte Suprema de Justicia declarara la constitucionalidad de la ley de medios, el presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual informó a la empresa cómo sigue el proceso
El titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Martín Sabbatella, ingresó pasadas las 11.30 a la sede del Grupo Clarín para avanzar con la aplicación de la Ley de Medios, luego del fallo de la Corte Suprema. El funcionario ingresó acompañado, a la sede de la compañía, del barrio de Barracas, en Capital Federal, por un equipo de abogados y la escribana Lorena Mosca.
Allí fue recibido por distintos abogados del Grupo, entre ellos Damián Cassino.
Esta vez no quiso hablar con los medios al ingresar y solo avisó: "A la salida hablamos" y agregó que "ne acompañan todos los funcionarios de la Afsca y el escribano, les cuento cuando salga".
Medio centenar de trabajadores de prensa, entre redactores, fotógrafos, camarógrafos y productores, esperaban a Sabbatella. Cuando llegó, en medio de empujones, no hizo declaraciones y entró al edificio poco después, acompañado por otro funcionario de la AFSCA.
Anteayer, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la constitucionalidad de la ley de servicios de comunicación audiovisual y allanó el camino para la puesta en vigor de la totalidad de la norma, que en el caso del Grupo Clarín había sido frenada por una presentación judicial desde su sanción en el Congreso, en octubre de 2009.
El multimedios había impugnado ante la Justicia los artículos 41, 45, 48 y 161 de la ley.
El fallo de la Corte, que rechazó todos los planteos de Clarín, no fue el punto final del largo conflicto entre el Gobierno y la empresa: ahora la discusión pasa por la forma en que se llevará a cabo el proceso de desinversión de las licencias de TV, radio y cable. Esto podría generar una infinidad de nuevos litigios.
Apenas se conoció la decisión del máximo tribunal, y mientras la empresa estudiaba distintas alternativas, como presentar un plan de adecuación o recurrir a tribunales internacionales, Sabbatella había dicho que "los plazos ya están vencidos" y que "la Corte ratificó todo" lo que planteaban.
"Vamos a continuar con todos los mecanismos necesarios para que el Grupo Clarín cumpla la ley", había adelantado.
En declaraciones a Radio Rivadavia, el titular del AFSCA consideró que "lo importante es que se ha establecido claramente la constitucionalidad de la ley, que todo el mundo tiene que cumplirla, esta es una ley que viene a mejorar y profundizar la democracia y afianzar la libertad de expresión".
Respecto a versiones que indicaban lo contrario manifestó que "el Estado no viene ni a expropiar, ni a comprar medios, ni a intervenir".
Allí fue recibido por distintos abogados del Grupo, entre ellos Damián Cassino.
Esta vez no quiso hablar con los medios al ingresar y solo avisó: "A la salida hablamos" y agregó que "ne acompañan todos los funcionarios de la Afsca y el escribano, les cuento cuando salga".
Medio centenar de trabajadores de prensa, entre redactores, fotógrafos, camarógrafos y productores, esperaban a Sabbatella. Cuando llegó, en medio de empujones, no hizo declaraciones y entró al edificio poco después, acompañado por otro funcionario de la AFSCA.
Anteayer, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la constitucionalidad de la ley de servicios de comunicación audiovisual y allanó el camino para la puesta en vigor de la totalidad de la norma, que en el caso del Grupo Clarín había sido frenada por una presentación judicial desde su sanción en el Congreso, en octubre de 2009.
El multimedios había impugnado ante la Justicia los artículos 41, 45, 48 y 161 de la ley.
El fallo de la Corte, que rechazó todos los planteos de Clarín, no fue el punto final del largo conflicto entre el Gobierno y la empresa: ahora la discusión pasa por la forma en que se llevará a cabo el proceso de desinversión de las licencias de TV, radio y cable. Esto podría generar una infinidad de nuevos litigios.
Apenas se conoció la decisión del máximo tribunal, y mientras la empresa estudiaba distintas alternativas, como presentar un plan de adecuación o recurrir a tribunales internacionales, Sabbatella había dicho que "los plazos ya están vencidos" y que "la Corte ratificó todo" lo que planteaban.
"Vamos a continuar con todos los mecanismos necesarios para que el Grupo Clarín cumpla la ley", había adelantado.
En declaraciones a Radio Rivadavia, el titular del AFSCA consideró que "lo importante es que se ha establecido claramente la constitucionalidad de la ley, que todo el mundo tiene que cumplirla, esta es una ley que viene a mejorar y profundizar la democracia y afianzar la libertad de expresión".
Respecto a versiones que indicaban lo contrario manifestó que "el Estado no viene ni a expropiar, ni a comprar medios, ni a intervenir".
Foto: Diaego Díaz, Clarín
Fuente: Agencia DyN y Noticias Argentinas
Los trabajadores de Perfil, en paro frente a los despidos
Perfil ha despedido, sin causa, a siete trabajadores de prensa de distintas áreas de la empresa. Cinco se desempeñan en la sede de Chacabuco, y dos, en el edificio de Barracas
La patronal adoptó esta medida en el marco de las elecciones de comisión gremial interna convocadas para los días 30 y 31 de octubre. Uno de los periodistas despedidos es integrante de la Junta Electoral nominada para el desarrollo de los comicios.
La metodología patronal -despidos en un día de elecciones gremiales- delata una intención de destruir la organización gremial colectiva, que ha defendido los puestos de trabajo y luchado por mejorar las condiciones laborales, y que ha organizado la participación de los periodistas de Perfil en el excepcional proceso de lucha por las paritarias de todos los trabajadores de prensa escrita de la ciudad durante el corriente año. Fruto de esta lucha, se logró el reconocimiento de los colaboradores, la reconquista del Día del Periodista como día del gremio y la defensa del salario de todos los trabajadores de prensa.
El objetivo empresario tras este golpe es ir al despido de más trabajadores. Hace menos de un mes, la patronal notificó su intención de prescindir de más de la mitad de los trabajadores del sector Fotografía.
Este ataque se da en el contexto de un abandono absoluto de la conducción de la Utpba de la más mínima disposición de defensa de los derechos del gremio.
Frente a esta situación, los trabajadores de prensa de la editorial decidimos por unanimidad repudiar la actitud patronal exigiendo que se garantice la continuidad laboral de los compañeros afectados por los telegramas de despido.
Por este motivo, la Asamblea ha dispuesto el paro general de actividades hasta que la empresa revea su actitud.
Los trabajadores de Editorial Perfil solicitamos la inmediata intervención del Ministerio de Trabajo frente a este brutal atropello. Reclamamos que la empresa retire en forma inmediata los telegramas.
Exigimos la estabilidad laboral y el respeto de nuestros estatutos y convenios.
Llamamos al Plenario de Delegados de toda la Prensa Escrita, Radial y Televisiva de la Ciudad de Buenos Aires a desarrollar la más amplia campaña en defensa de los puestos de trabajo en Perfil y en todo el gremio de prensa.
Asamblea de Trabajadores de Editorial Perfil
Repudio a despidos en Perfil
Repudiamos enérgicamente los despedidos injustificados de siete trabajadores de prensa de distintas áreas de la Editorial Perfil.
Como así también la intención de desarticular la organización sindical existente.
Apoyamos la lucha de nuestros compañeros por mejorar las condiciones de trabajo y ratificamos la defensa de todos y cada uno de los puestos de trabajo en el marco de las convenciones colectivas de trabajo existentes.
Comisión Interna de Delegados de Prensa UTPBA Canal13/TN Y TN.com
La metodología patronal -despidos en un día de elecciones gremiales- delata una intención de destruir la organización gremial colectiva, que ha defendido los puestos de trabajo y luchado por mejorar las condiciones laborales, y que ha organizado la participación de los periodistas de Perfil en el excepcional proceso de lucha por las paritarias de todos los trabajadores de prensa escrita de la ciudad durante el corriente año. Fruto de esta lucha, se logró el reconocimiento de los colaboradores, la reconquista del Día del Periodista como día del gremio y la defensa del salario de todos los trabajadores de prensa.
El objetivo empresario tras este golpe es ir al despido de más trabajadores. Hace menos de un mes, la patronal notificó su intención de prescindir de más de la mitad de los trabajadores del sector Fotografía.
Este ataque se da en el contexto de un abandono absoluto de la conducción de la Utpba de la más mínima disposición de defensa de los derechos del gremio.
Frente a esta situación, los trabajadores de prensa de la editorial decidimos por unanimidad repudiar la actitud patronal exigiendo que se garantice la continuidad laboral de los compañeros afectados por los telegramas de despido.
Por este motivo, la Asamblea ha dispuesto el paro general de actividades hasta que la empresa revea su actitud.
Los trabajadores de Editorial Perfil solicitamos la inmediata intervención del Ministerio de Trabajo frente a este brutal atropello. Reclamamos que la empresa retire en forma inmediata los telegramas.
Exigimos la estabilidad laboral y el respeto de nuestros estatutos y convenios.
Llamamos al Plenario de Delegados de toda la Prensa Escrita, Radial y Televisiva de la Ciudad de Buenos Aires a desarrollar la más amplia campaña en defensa de los puestos de trabajo en Perfil y en todo el gremio de prensa.
Asamblea de Trabajadores de Editorial Perfil
Repudio a despidos en Perfil
Repudiamos enérgicamente los despedidos injustificados de siete trabajadores de prensa de distintas áreas de la Editorial Perfil.
Como así también la intención de desarticular la organización sindical existente.
Apoyamos la lucha de nuestros compañeros por mejorar las condiciones de trabajo y ratificamos la defensa de todos y cada uno de los puestos de trabajo en el marco de las convenciones colectivas de trabajo existentes.
Comisión Interna de Delegados de Prensa UTPBA Canal13/TN Y TN.com
Trabajadores de Radio Continental en Estado de Alerta
En el día de ayer, martes 30 de octubre, se llevó a cabo una Asamblea de trabajadores en Radio Continental de la que participaron operadores, periodistas, locutores, administrativos y representantes de las organizaciones que los nuclean
La Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) reproduce a continuación el comunicado conjunto que surgiera del debate asambleario.
Buenos Aires, 30 de Octubre 2013
Ante distintas situaciones en las que la empresa continúa incumpliendo con los Convenios Colectivos y adoptan decisiones que podrían significar la reducción de puestos de trabajo en cada una de las áreas de la emisora, los trabajadores de radio Continental (operadores, periodistas, locutores, administrativos) resolvimos en asamblea, rechazar cualquier intento de modificación de las condiciones de trabajo, al mismo tiempo que ratificamos el compromiso de lucha en defensa de todos y cada uno de los puestos de trabajo.
En virtud de esta preocupación los trabajadores, y delegados gremiales decimos declarar el Estado de Alerta.
Cabe destacar que la asamblea contó con la participación de los representantes de la conducción de la UTPBA, Daniel Das Neves, de Atrac Diego Ibañez y de Sal Alejandro Rosquín.
César Ferri y Fernando Nuñez, delegados UTPBA
José García, delegado SUTEP
Osmar Spanu, delegado SAL
Luis Fariña y Hugo Ponce, delegado ATRAC
La Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) reproduce a continuación el comunicado conjunto que surgiera del debate asambleario.
Buenos Aires, 30 de Octubre 2013
Ante distintas situaciones en las que la empresa continúa incumpliendo con los Convenios Colectivos y adoptan decisiones que podrían significar la reducción de puestos de trabajo en cada una de las áreas de la emisora, los trabajadores de radio Continental (operadores, periodistas, locutores, administrativos) resolvimos en asamblea, rechazar cualquier intento de modificación de las condiciones de trabajo, al mismo tiempo que ratificamos el compromiso de lucha en defensa de todos y cada uno de los puestos de trabajo.
En virtud de esta preocupación los trabajadores, y delegados gremiales decimos declarar el Estado de Alerta.
Cabe destacar que la asamblea contó con la participación de los representantes de la conducción de la UTPBA, Daniel Das Neves, de Atrac Diego Ibañez y de Sal Alejandro Rosquín.
César Ferri y Fernando Nuñez, delegados UTPBA
José García, delegado SUTEP
Osmar Spanu, delegado SAL
Luis Fariña y Hugo Ponce, delegado ATRAC
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual: ¿cómo afecta a Clarín?
Análisis de cómo impactará al principal multimedios del país el fallo de la Corte Suprema que lo obliga a adecuarse a la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
La decisión de la Corte Suprema de Justicia de Argentina de declarar constitucional la llamada Ley de Medios, que regula los servicios audiovisuales del país, dejó a todos en Argentina con la misma pregunta: ¿qué pasará con el Grupo Clarín, el principal multimedios del país, que por cuatro años buscó frenar la nueva norma en la Justicia?
Según la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual -sancionada en octubre de 2009 pero paralizada hasta este martes- ningún grupo puede poseer más de diez licencias de radio y televisión abierta. Clarín tiene 12.
La norma también prohíbe a un mismo dueño tener un canal de televisión abierta y una operadora de cable en la misma localidad, lo que obligará a Clarín a tener que decidir entre su canal insignia, el Trece, y su principal fuente de ingresos: Cablevisión, en la ciudad de Buenos Aires.
En tanto, la ley también restringe a 24 localidades el alcance de la TV por cable. Cablevisión actualmente opera en 158 ciudades, por lo que tendría que dejar de brindar servicios en 134.
También el principal canal de noticias del Grupo Clarín, Todo Noticias (TN) –el más visto de Argentina-, podría estar en riesgo, ya que la ley indica que un operador de cable sólo puede tener una señal de generación propia, y Clarín tiene cinco, además de TN.
Con este panorama, está claro que la aprobación de la Ley de Medios por parte de la máxima instancia judicial de Argentina traerá aparejados grandes cambios para el principal multimedios del país, que es el más afectado por la nueva norma.
Sin embargo, hasta ahora los representantes de Clarín no han aclarado qué decisiones tomarán para adecuarse a la ley.
En un comunicado publicado en el portal online de su principal medio, el diario Clarín (que no es afectado por la polémica ley por no tratarse de un medio audiovisual), los voceros de la empresa afirmaron que el Grupo "respeta las decisiones judiciales" y "analiza las futuras derivaciones judiciales del caso, incluyendo la apelación ante tribunales internacionales".
Clarín también acusó al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de buscar "colonizar" a la prensa a través de esta ley y "silenciar, sin justificación técnica ni competitiva alguna, medios que hoy ejercen periodismo crítico".
¿Debe deshacerse ya de sus medios?
Uno de los artículos más controvertidos de la Ley de Medios es el que establece un plazo de un año para que los grupos que se exceden en el número permitido de licencias las vendan.
Los impulsores de la ley consideran que ese plazo ya caducó. Sin embargo para algunos expertos legales ese período debería comenzar a calcularse a partir del fallo de este martes.
"La Corte no ha sido clara al respecto pero la lógica es que el plazo comienza a regir cuando el fallo queda firme", dijo a TN el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez.
A través de una conferencia de prensa, el encargado de aplicar la Ley de Medios, Martín Sabbatella, presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), dejó en claro que "los plazos están absolutamente vencidos".
"No es un triunfo sólo del gobierno, es un triunfo de la democracia, de la libertad, del pluralismo; es un triunfo de los miles de medios y trabajadores que en todo el país pujan por hacer uso de su derecho a expresarse en libertad sin que ningún gigante condicione el mercado y los silencie", afirmó el funcionario.
Para el periodista y profesor universitario Martín Becerra es probable que el Grupo Clarín cuestione el plazo de desinversión ante la Justicia, en busca de una nueva medida cautelar que vuelva a suspender su adecuación a la ley.
"Clarín buscará por todos los medios judicializar el tema, abriendo varias causas contra la aplicación de la Ley de Medios", dijo a BBC Mundo.
No obstante, el experto consideró que eventualmente el multimedios tendrá que vender algunas de sus licencias y reducir su tamaño.
En este sentido, coincide otro de los expertos consultados por BBC Mundo, todo este periodo de transición "puede tardar fácilmente dos años".
"Es posible incluso que cuando salga de la presidencia Cristina Fernández en 2015 Clarín aún tenga en sus manos esos medios", aclaró Gustavo Arballo, profesor de Derecho de la Universidad Nacional de la Pampa.
"En ese tiempo en que se tramitan los concursos Clarín tiene la obligación de explotar estas licencias para no dejar puestos de trabajo desafectados, para no dejar a las personas con cable contratado sin servicios, etc.", explicó.
¿Se acalla así a Clarín?
Según Clarín, el gobierno busca debilitarlo a través de esta norma, para dominarlo y reducir su poder de crítica.
"La ley busca medios que no sean autosustentables sino que dependan de la publicidad oficial o de negocios vinculados con el Estado", acusó a través de su comunicado, en el que también aseguró que más del 80% de los medios argentinos es controlado directa o indirectamente por el gobierno.
No obstante, en su fallo, la Corte Suprema descartó que la adecuación a la Ley de Medios afecte la sustentabilidad económica del Grupo Clarín o limite la libertad de prensa.
"La 'sustentabilidad' no puede ser equiparada a 'rentabilidad', y en este sentido, hace a la naturaleza propia de un proceso de desconcentración la posibilidad de una reducción consiguiente de los márgenes de ganancia empresaria", acotó el máximo tribunal en su sentencia.
"No resulta admisible que sólo una economía de escala, como la que posee actualmente (el Grupo Clarín), le garantiza la independencia suficiente como para constituir una voz crítica. Hay numerosos medios pequeños o medianos que ejercen una función crítica y, a la inversa, hay grandes concentraciones mediáticas que son condescendientes con los gobiernos de turno", agregó.
Los expertos consultados por BBC Mundo aseguran que, aún con la obligación de desinvertir en algunos de sus medios, Clarín seguirá siendo por ahora el principal conglomerado del país.
¿Quién se queda con los medios?
¿Quién se hará cargo de las licencias a las que tiene que renunciar el Grupo Clarín y cómo cambiará el mapa de medios del país a partir del fallo de este martes?
Todo depende de qué decida hacer Clarín con estas licencias. Una posibilidad es que transfiera sus acciones a familiares o empresarios cercanos, algo que incluso fue avalado por el propio Sabbatella.
"Es probable que Clarín intente dividir sus estructuras, separando distribución de contenidos y generación de contenidos, con empresas operando por separado y que sí se adecúen a la ley", dijo Gustavo Arballo.
Es decir, distribuirlas entre sus propios accionistas, crear grupos menores que puedan funcionar en sintonía, pero separados.
"Es lo que hizo a una escala mucho menor (el empresario presidente del Grupo UNO) Daniel Vila, también afectado por la ley, quien vendió licencias a su hija", aseguró.
No está claro todavía si otros grupos mediáticos podrán hacerse con el control de esas licencias a través de concursos públicos o si Clarín podrá ofrecer un plan para entregarlas a empresas cercanas, pero jurídicamente ajenas a Clarín.
Arballo coincidió con Becerra en que además el multimedios buscará ganar tiempo judicializando cada proceso.
"Cada licencia va a tener su propio expediente, su propio concurso. Cada una de ellas es una oportunidad de Clarín para litigar", consideró.
En cualquier caso, lo más probable es que para los argentinos poco cambie en el corto plazo a partir de este fallo.
A la larga, sin embargo, muchos esperan que Clarín pierda la posición dominante que ostentó hasta ahora.
Foto: Agencia EFE
Viñeta: Berlich, El País
Fuente: BBC Mundo
Según la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual -sancionada en octubre de 2009 pero paralizada hasta este martes- ningún grupo puede poseer más de diez licencias de radio y televisión abierta. Clarín tiene 12.
La norma también prohíbe a un mismo dueño tener un canal de televisión abierta y una operadora de cable en la misma localidad, lo que obligará a Clarín a tener que decidir entre su canal insignia, el Trece, y su principal fuente de ingresos: Cablevisión, en la ciudad de Buenos Aires.
En tanto, la ley también restringe a 24 localidades el alcance de la TV por cable. Cablevisión actualmente opera en 158 ciudades, por lo que tendría que dejar de brindar servicios en 134.
También el principal canal de noticias del Grupo Clarín, Todo Noticias (TN) –el más visto de Argentina-, podría estar en riesgo, ya que la ley indica que un operador de cable sólo puede tener una señal de generación propia, y Clarín tiene cinco, además de TN.
Con este panorama, está claro que la aprobación de la Ley de Medios por parte de la máxima instancia judicial de Argentina traerá aparejados grandes cambios para el principal multimedios del país, que es el más afectado por la nueva norma.
Sin embargo, hasta ahora los representantes de Clarín no han aclarado qué decisiones tomarán para adecuarse a la ley.
En un comunicado publicado en el portal online de su principal medio, el diario Clarín (que no es afectado por la polémica ley por no tratarse de un medio audiovisual), los voceros de la empresa afirmaron que el Grupo "respeta las decisiones judiciales" y "analiza las futuras derivaciones judiciales del caso, incluyendo la apelación ante tribunales internacionales".
Clarín también acusó al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de buscar "colonizar" a la prensa a través de esta ley y "silenciar, sin justificación técnica ni competitiva alguna, medios que hoy ejercen periodismo crítico".
Uno de los artículos más controvertidos de la Ley de Medios es el que establece un plazo de un año para que los grupos que se exceden en el número permitido de licencias las vendan.
Los impulsores de la ley consideran que ese plazo ya caducó. Sin embargo para algunos expertos legales ese período debería comenzar a calcularse a partir del fallo de este martes.
"La Corte no ha sido clara al respecto pero la lógica es que el plazo comienza a regir cuando el fallo queda firme", dijo a TN el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez.
A través de una conferencia de prensa, el encargado de aplicar la Ley de Medios, Martín Sabbatella, presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), dejó en claro que "los plazos están absolutamente vencidos".
"No es un triunfo sólo del gobierno, es un triunfo de la democracia, de la libertad, del pluralismo; es un triunfo de los miles de medios y trabajadores que en todo el país pujan por hacer uso de su derecho a expresarse en libertad sin que ningún gigante condicione el mercado y los silencie", afirmó el funcionario.
Para el periodista y profesor universitario Martín Becerra es probable que el Grupo Clarín cuestione el plazo de desinversión ante la Justicia, en busca de una nueva medida cautelar que vuelva a suspender su adecuación a la ley.
"Clarín buscará por todos los medios judicializar el tema, abriendo varias causas contra la aplicación de la Ley de Medios", dijo a BBC Mundo.
No obstante, el experto consideró que eventualmente el multimedios tendrá que vender algunas de sus licencias y reducir su tamaño.
En este sentido, coincide otro de los expertos consultados por BBC Mundo, todo este periodo de transición "puede tardar fácilmente dos años".
"Es posible incluso que cuando salga de la presidencia Cristina Fernández en 2015 Clarín aún tenga en sus manos esos medios", aclaró Gustavo Arballo, profesor de Derecho de la Universidad Nacional de la Pampa.
"En ese tiempo en que se tramitan los concursos Clarín tiene la obligación de explotar estas licencias para no dejar puestos de trabajo desafectados, para no dejar a las personas con cable contratado sin servicios, etc.", explicó.
Según Clarín, el gobierno busca debilitarlo a través de esta norma, para dominarlo y reducir su poder de crítica.
"La ley busca medios que no sean autosustentables sino que dependan de la publicidad oficial o de negocios vinculados con el Estado", acusó a través de su comunicado, en el que también aseguró que más del 80% de los medios argentinos es controlado directa o indirectamente por el gobierno.
No obstante, en su fallo, la Corte Suprema descartó que la adecuación a la Ley de Medios afecte la sustentabilidad económica del Grupo Clarín o limite la libertad de prensa.
"La 'sustentabilidad' no puede ser equiparada a 'rentabilidad', y en este sentido, hace a la naturaleza propia de un proceso de desconcentración la posibilidad de una reducción consiguiente de los márgenes de ganancia empresaria", acotó el máximo tribunal en su sentencia.
"No resulta admisible que sólo una economía de escala, como la que posee actualmente (el Grupo Clarín), le garantiza la independencia suficiente como para constituir una voz crítica. Hay numerosos medios pequeños o medianos que ejercen una función crítica y, a la inversa, hay grandes concentraciones mediáticas que son condescendientes con los gobiernos de turno", agregó.
Los expertos consultados por BBC Mundo aseguran que, aún con la obligación de desinvertir en algunos de sus medios, Clarín seguirá siendo por ahora el principal conglomerado del país.
¿Quién se queda con los medios?
¿Quién se hará cargo de las licencias a las que tiene que renunciar el Grupo Clarín y cómo cambiará el mapa de medios del país a partir del fallo de este martes?
Todo depende de qué decida hacer Clarín con estas licencias. Una posibilidad es que transfiera sus acciones a familiares o empresarios cercanos, algo que incluso fue avalado por el propio Sabbatella.
"Es probable que Clarín intente dividir sus estructuras, separando distribución de contenidos y generación de contenidos, con empresas operando por separado y que sí se adecúen a la ley", dijo Gustavo Arballo.
Es decir, distribuirlas entre sus propios accionistas, crear grupos menores que puedan funcionar en sintonía, pero separados.
"Es lo que hizo a una escala mucho menor (el empresario presidente del Grupo UNO) Daniel Vila, también afectado por la ley, quien vendió licencias a su hija", aseguró.
No está claro todavía si otros grupos mediáticos podrán hacerse con el control de esas licencias a través de concursos públicos o si Clarín podrá ofrecer un plan para entregarlas a empresas cercanas, pero jurídicamente ajenas a Clarín.
Arballo coincidió con Becerra en que además el multimedios buscará ganar tiempo judicializando cada proceso.
"Cada licencia va a tener su propio expediente, su propio concurso. Cada una de ellas es una oportunidad de Clarín para litigar", consideró.
En cualquier caso, lo más probable es que para los argentinos poco cambie en el corto plazo a partir de este fallo.
A la larga, sin embargo, muchos esperan que Clarín pierda la posición dominante que ostentó hasta ahora.
Foto: Agencia EFE
Viñeta: Berlich, El País
Fuente: BBC Mundo
LSCA: Libertad de expresión, un derecho colectivo
Por: Graciana Peñafort
Casi cuatro años de discusión de medidas cautelares más que derecho de fondo, y finalmente una sentencia de enorme profundidad conceptual. Una sentencia que se aleja de los enfoques binarios, de los Boca-River de la comunicación audiovisual y sitúa el eje del análisis en la libertad de expresión como "precondición del sistema democrático".
Finalmente, el 29 de octubre la Corte Suprema se expresó en favor de la constitucionalidad de los artículos 41, 45, 48 y 161 de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Dichos artículos, cuestionados por el Grupo Clarín, establecen límites a la concentración de medios en nuestro país. Y estos límites son establecidos, toda vez que la sanción de la ley significó un profundo cambio de paradigma respecto del concepto de libertad de expresión. De un concepto que la encuadra como derecho individual, de claro corte liberal, la Argentina finalmente hace norma expresa la libertad de expresión como derecho colectivo.
Además de saldar debates pendientes, la sentencia posee verdaderas pautas de interpretación que deberán ser tenidas en cuenta cada vez que los temas del debate público y del debate institucional aborden la libertad de expresión.
Volver a leer la sentencia, con la calma de los días posteriores, permitirá dar mayor claridad a estas nuevas pautas de interpretación, por sobre la coyuntura de un juicio que demoró demasiado para quienes formamos parte de la enorme reflexión democrática y colectiva que significó la elaboración de la ley. Y, quizá, demasiado poco para quienes durante treinta años no supieron o no quisieron encontrar un momento adecuado para discutir la herencia restrictiva y excluyente que significaba la vigencia de la antigua ley de radiodifusión. Una norma en la cual la información estaba bastante lejos de los derechos de los ciudadanos y bastante cerca de los balances de contadores.
Tal vez por ese requisito de la pluralidad, los movimientos políticos y sociales de raíz profundamente popular y diversos hicieron propio el debate sobre cómo reconocerse y expresarse en la diversidad. Y en la rebelión frente a la hegemonía de los discursos únicos están los que se encontraban excluidos o incluidos desde el estigma y el prejuicio.
Esta sentencia de la Corte Suprema nos interpela como sociedad frente a los nuevos desafíos de la libertad de expresión. Uno de estos desafíos es comprender que un mundo plural y diverso, la tolerancia es necesaria. Poder decir todo lo que se quiera decir obliga necesariamente a escuchar todo aquello que digan otros, aun sabiendo que esto nos enfrentará a nuestros propios prejuicios y nuestras limitaciones.
Interpelaremos y seremos interpelados, con independencia de si somos ciudadanos, dirigentes, militantes o periodistas. También nos desafía a renunciar a la pretensión -siempre un poco absurda- de que existe una verdad única, solo posible en un discurso único. Abandonar la muletilla de "estás equivocado" para asumir la certeza de "pensamos distinto".
Tal vez, como señalara Paulo Freire, ese educador enorme: "Los hombres no se hacen en el silencio, sino en la palabra, en el trabajo, en la acción, en la reflexión.
Si decir la palabra verdadera es transformar el mundo, decirla no es privilegio de algunos hombres, sino derecho de todos. Decir la palabra referida al mundo que se ha de transformar implica un encuentro de los hombres para esa transformación.
Fuente: Diario La Nación
Casi cuatro años de discusión de medidas cautelares más que derecho de fondo, y finalmente una sentencia de enorme profundidad conceptual. Una sentencia que se aleja de los enfoques binarios, de los Boca-River de la comunicación audiovisual y sitúa el eje del análisis en la libertad de expresión como "precondición del sistema democrático".
Finalmente, el 29 de octubre la Corte Suprema se expresó en favor de la constitucionalidad de los artículos 41, 45, 48 y 161 de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Dichos artículos, cuestionados por el Grupo Clarín, establecen límites a la concentración de medios en nuestro país. Y estos límites son establecidos, toda vez que la sanción de la ley significó un profundo cambio de paradigma respecto del concepto de libertad de expresión. De un concepto que la encuadra como derecho individual, de claro corte liberal, la Argentina finalmente hace norma expresa la libertad de expresión como derecho colectivo.
Además de saldar debates pendientes, la sentencia posee verdaderas pautas de interpretación que deberán ser tenidas en cuenta cada vez que los temas del debate público y del debate institucional aborden la libertad de expresión.
Volver a leer la sentencia, con la calma de los días posteriores, permitirá dar mayor claridad a estas nuevas pautas de interpretación, por sobre la coyuntura de un juicio que demoró demasiado para quienes formamos parte de la enorme reflexión democrática y colectiva que significó la elaboración de la ley. Y, quizá, demasiado poco para quienes durante treinta años no supieron o no quisieron encontrar un momento adecuado para discutir la herencia restrictiva y excluyente que significaba la vigencia de la antigua ley de radiodifusión. Una norma en la cual la información estaba bastante lejos de los derechos de los ciudadanos y bastante cerca de los balances de contadores.
Tal vez por ese requisito de la pluralidad, los movimientos políticos y sociales de raíz profundamente popular y diversos hicieron propio el debate sobre cómo reconocerse y expresarse en la diversidad. Y en la rebelión frente a la hegemonía de los discursos únicos están los que se encontraban excluidos o incluidos desde el estigma y el prejuicio.
Esta sentencia de la Corte Suprema nos interpela como sociedad frente a los nuevos desafíos de la libertad de expresión. Uno de estos desafíos es comprender que un mundo plural y diverso, la tolerancia es necesaria. Poder decir todo lo que se quiera decir obliga necesariamente a escuchar todo aquello que digan otros, aun sabiendo que esto nos enfrentará a nuestros propios prejuicios y nuestras limitaciones.
Interpelaremos y seremos interpelados, con independencia de si somos ciudadanos, dirigentes, militantes o periodistas. También nos desafía a renunciar a la pretensión -siempre un poco absurda- de que existe una verdad única, solo posible en un discurso único. Abandonar la muletilla de "estás equivocado" para asumir la certeza de "pensamos distinto".
Tal vez, como señalara Paulo Freire, ese educador enorme: "Los hombres no se hacen en el silencio, sino en la palabra, en el trabajo, en la acción, en la reflexión.
Si decir la palabra verdadera es transformar el mundo, decirla no es privilegio de algunos hombres, sino derecho de todos. Decir la palabra referida al mundo que se ha de transformar implica un encuentro de los hombres para esa transformación.
Fuente: Diario La Nación
LSCA: Una notable distancia con la realidad, en un juicio surrealista
Por: Henoch Aguiar
Tras el fallo de la Corte, deberán definirse temas clave. Si la adecuación del Grupo Clarín será voluntaria o forzosa. Si la medida cautelar que rigió hasta el fallo congela los plazos para adecuarse. Si los criterios de desinversión serán iguales para todos. Si se escindirán los servicios de TV por cable de los servicios de acceso a Internet, con regulaciones autónomas.
La Corte ha fallado en un juicio algo surrealista. Lo que se argumentó ante ella no se parece a la aplicación de la ley, a cuatro años de su sanción. La distancia con la realidad es notable.
El máximo tribunal ratificó que las licencias de radiodifusión son intransferibles. La norma es tajante. Esta prohibición fue defendida por el Estado e impugnada por Clarín. En los hechos, el Grupo Clarín no quiere desprenderse de medios. Y el Estado, en vez de impedir ilegítimas transferencias, las permite. El caso emblemático es la venta de las radios y la señal televisiva de Hadad a Cristóbal López, en 2012.
Hadad vendió sin aprobación previa de AFSCA. El organismo recibió, sin chistar, la presentación de López para adecuar su flamante grupo de medios a los máximos que fija la ley. Pero el titular legítimo es Hadad. Él debía solicitar la adecuación y, de aprobarse, vender lo sobrante a quien fuera.
La ley no se aplica como la votó el Congreso, como fue ratificada por la Corte. El titular de AFSCA ha dicho que Telefe nada tiene que ver con Telefónica Argentina, porque no poseen participaciones directas cruzadas. Que pertenezcan a un mismo dueño, Telefónica de España, es apenas un detalle.
La ley prohíbe a los prestadores de servicios públicos ser titulares de medios y Telefónica brinda telefonía. Telefe pertenece a un extranjero, que no puede ser socio mayoritario, y el regulador no se inmuta. Se permite que Telefónica de España, que factura US$ 5000 millones en el país, sea dueña de Telefé y ocho canales de TV, que protegen su jugoso mercado regulado de telefonía y de Internet. Justo lo que la ley no quiere. Fue vetado por la oposición que acompañó al Gobierno en 2009. Esto, que ya era inaceptable, empeora, ya que Telefónica de España, desde enero, controlará a Telecom Italia y a su filial argentina. Será el mayor prestador de servicios públicos del país, casi como Entel, pero con canales de TV. La ley deshilachada.
La Corte validó que Cablevisión debe adecuarse a un máximo de 24 localidades o hasta el 35% de los abonados totales de TV paga. Ese tope se ha derogado en los hechos. Se otorgaron "permisos experimentales" a canales privados para cubrir el 85% de la población, con 68 antenas instaladas por la TDA, televisión digital abierta, financiada íntegramente por el Estado. C5N, Canal 26, 360, CN23 y otros duplican el tope de 35% de cobertura máxima permitida en televisión. La TV digital nace y se desarrolla al margen de lo que ordena la ley.
La ley regula la radiodifusión como en los 90. No incorporó la revolución de la digitalización, la convergencia con las telecomunicaciones ni el creciente predominio de Internet sobre la radiodifusión tradicional. Con un clic se accede a mil contenidos que navegan por la Red, en entornos abiertos. Los debates que de verdad dirimen lo candente para las comunicaciones son otros, no éstos.
Tras el fallo de la Corte, deberán definirse temas clave. Si la adecuación del Grupo Clarín será voluntaria o forzosa. Si la medida cautelar que rigió hasta el fallo congela los plazos para adecuarse. Si los criterios de desinversión serán iguales para todos. Si se escindirán los servicios de TV por cable de los servicios de acceso a Internet, con regulaciones autónomas.
La Corte ha fallado en un juicio algo surrealista. Lo que se argumentó ante ella no se parece a la aplicación de la ley, a cuatro años de su sanción. La distancia con la realidad es notable.
El máximo tribunal ratificó que las licencias de radiodifusión son intransferibles. La norma es tajante. Esta prohibición fue defendida por el Estado e impugnada por Clarín. En los hechos, el Grupo Clarín no quiere desprenderse de medios. Y el Estado, en vez de impedir ilegítimas transferencias, las permite. El caso emblemático es la venta de las radios y la señal televisiva de Hadad a Cristóbal López, en 2012.
Hadad vendió sin aprobación previa de AFSCA. El organismo recibió, sin chistar, la presentación de López para adecuar su flamante grupo de medios a los máximos que fija la ley. Pero el titular legítimo es Hadad. Él debía solicitar la adecuación y, de aprobarse, vender lo sobrante a quien fuera.
La ley no se aplica como la votó el Congreso, como fue ratificada por la Corte. El titular de AFSCA ha dicho que Telefe nada tiene que ver con Telefónica Argentina, porque no poseen participaciones directas cruzadas. Que pertenezcan a un mismo dueño, Telefónica de España, es apenas un detalle.
La ley prohíbe a los prestadores de servicios públicos ser titulares de medios y Telefónica brinda telefonía. Telefe pertenece a un extranjero, que no puede ser socio mayoritario, y el regulador no se inmuta. Se permite que Telefónica de España, que factura US$ 5000 millones en el país, sea dueña de Telefé y ocho canales de TV, que protegen su jugoso mercado regulado de telefonía y de Internet. Justo lo que la ley no quiere. Fue vetado por la oposición que acompañó al Gobierno en 2009. Esto, que ya era inaceptable, empeora, ya que Telefónica de España, desde enero, controlará a Telecom Italia y a su filial argentina. Será el mayor prestador de servicios públicos del país, casi como Entel, pero con canales de TV. La ley deshilachada.
La Corte validó que Cablevisión debe adecuarse a un máximo de 24 localidades o hasta el 35% de los abonados totales de TV paga. Ese tope se ha derogado en los hechos. Se otorgaron "permisos experimentales" a canales privados para cubrir el 85% de la población, con 68 antenas instaladas por la TDA, televisión digital abierta, financiada íntegramente por el Estado. C5N, Canal 26, 360, CN23 y otros duplican el tope de 35% de cobertura máxima permitida en televisión. La TV digital nace y se desarrolla al margen de lo que ordena la ley.
La ley regula la radiodifusión como en los 90. No incorporó la revolución de la digitalización, la convergencia con las telecomunicaciones ni el creciente predominio de Internet sobre la radiodifusión tradicional. Con un clic se accede a mil contenidos que navegan por la Red, en entornos abiertos. Los debates que de verdad dirimen lo candente para las comunicaciones son otros, no éstos.
Fuente: Diario La Nación
miércoles, 30 de octubre de 2013
LSCA: Un fallo impecable al que volveremos siempre
Después de casi cuatro años se ha completado el proceso judicial y, finalmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) dictaminó en la causa iniciada en 2009 por el Grupo Clarín contra el Estado para declarar inconstitucional los artículos 41, 45, 48 y 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
Por: Santiago Marino, @santiagomarinoSu decisión establece un fallo sólido, argumentado, con citas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las Relatorías de Libertad de Expresión de la OEA y la ONU, la Comisión Europea de Derechos Humanos, constitucionalistas como Owen Fiss (que había sido citado por ambas partes en las audiencias públicas convocadas por la Corte) y doctrina jurídica amplia.
La decisión de la CSJN constituye un parte aguas en materia de regulación sobre libertad de expresión. Es un fallo histórico, al que volveremos cientos de veces, para estudiar, investigar y dar clases en las universidades. Este actor central de la política argentina actual, a la que el propio gobierno ha criticado con y sin razón varias veces, hizo un trabajo impecable, de alta calidad y de valor político también. El texto es consciente de su nivel de discusión técnica, pero además, sus autores tienen muy clara la incidencia política y los efectos políticos y culturales.
Una primera lectura permite evaluar que para la CSJN resultaron claves las audiencias públicas, y hasta las performances de los contendientes en ese foro, cuyo resultado "discursivo" implicó una precaria defensa del Grupo Clarín y su imposibilidad de demostrar que de afectarse su "rentabilidad" se vería afectada a su vez su derecho a la información y su libertad de expresión. El texto cita en varias oportunidades lo expuesto en esas jornadas. Y demuestra claramente que la norma no tiene como objeto afectar en particular los intereses de Clarín, sino que establece un marco regulatorio equitativo para todos los actores del sistema.
Está claro que será leído como un triunfo del gobierno y sus aliados, como también de quienes llevaron adelante años de trabajo y militancia en pos de garantizar una regulación que superara la norma de facto y las condiciones de concentración y extranjerización avaladas por las reformas realizadas durante el menemismo. Pero la CSJN deja abierta la puerta además a escenarios complejos en el futuro, en el caso de que se mantengan los actuales mecanismos de asignación desigual y discrecional de la pauta oficial de publicidad, o el tratamiento para los grupos afines al gobierno, y la gestión gubernamental (histórica, pero muy marcada en la actualidad) de los medios públicos, que son del Estado y no del gobierno.
Aunque resulte sorprendente e inesperado, conocimos el fallo de constitucionalidad de la ley antes que se apruebe el Plan Técnico de Frecuencias. Ahora es tiempo de que Clarín se adecue en forma. Y que la aplicación de la ley sea plena. Ojalá.
Fuente: Tiempo Argentino
Por: Santiago Marino, @santiagomarinoSu decisión establece un fallo sólido, argumentado, con citas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las Relatorías de Libertad de Expresión de la OEA y la ONU, la Comisión Europea de Derechos Humanos, constitucionalistas como Owen Fiss (que había sido citado por ambas partes en las audiencias públicas convocadas por la Corte) y doctrina jurídica amplia.
La decisión de la CSJN constituye un parte aguas en materia de regulación sobre libertad de expresión. Es un fallo histórico, al que volveremos cientos de veces, para estudiar, investigar y dar clases en las universidades. Este actor central de la política argentina actual, a la que el propio gobierno ha criticado con y sin razón varias veces, hizo un trabajo impecable, de alta calidad y de valor político también. El texto es consciente de su nivel de discusión técnica, pero además, sus autores tienen muy clara la incidencia política y los efectos políticos y culturales.
Una primera lectura permite evaluar que para la CSJN resultaron claves las audiencias públicas, y hasta las performances de los contendientes en ese foro, cuyo resultado "discursivo" implicó una precaria defensa del Grupo Clarín y su imposibilidad de demostrar que de afectarse su "rentabilidad" se vería afectada a su vez su derecho a la información y su libertad de expresión. El texto cita en varias oportunidades lo expuesto en esas jornadas. Y demuestra claramente que la norma no tiene como objeto afectar en particular los intereses de Clarín, sino que establece un marco regulatorio equitativo para todos los actores del sistema.
Está claro que será leído como un triunfo del gobierno y sus aliados, como también de quienes llevaron adelante años de trabajo y militancia en pos de garantizar una regulación que superara la norma de facto y las condiciones de concentración y extranjerización avaladas por las reformas realizadas durante el menemismo. Pero la CSJN deja abierta la puerta además a escenarios complejos en el futuro, en el caso de que se mantengan los actuales mecanismos de asignación desigual y discrecional de la pauta oficial de publicidad, o el tratamiento para los grupos afines al gobierno, y la gestión gubernamental (histórica, pero muy marcada en la actualidad) de los medios públicos, que son del Estado y no del gobierno.
Aunque resulte sorprendente e inesperado, conocimos el fallo de constitucionalidad de la ley antes que se apruebe el Plan Técnico de Frecuencias. Ahora es tiempo de que Clarín se adecue en forma. Y que la aplicación de la ley sea plena. Ojalá.
Fuente: Tiempo Argentino
LSCA: Comunicado del Movimiento Sindical de Prensa
Porque somos esencialmente trabajadores, desde el Movimiento Sindical de Prensa (MSP) saludamos el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declara la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522, aprobada por el Congreso de la Nación hace ya cuatro años y nos pronunciamos a favor de la aplicación plena de su articulado
Su sanción fue antecedida por un extenso e intenso programa de consultas en los mas diversos ámbitos de la sociedad civil.
La puesta en vigencia integral de la Ley referida contribuirá a la diversificación social de las fuentes de emisión de informaciones, opiniones y expresiones culturales, preservando y consolidando así el sistema democrático vigente.
La posibilidad de contar con espacios definidos en el espectro para la comunicación desde los medios privados, otros del Estado nacional, provinciales y municipales, y también desde cooperativas, sindicatos, entidades educativas y profesionales, conlleva la potencial generación de nuevos empleos en este rubro.
En este orden consideramos una cuestión clave la puesta en práctica de los instrumentos legales y financieros que hagan viable el surgimiento y desarrollo de Medios en todo el territorio nacional, a manos de los diferentes estamentos de la sociedad civil.
En lo especifico del ejercicio del periodismo, entendemos que es esencial revertir el proceso de concentración de Medios entre pocos propietarios, acentuado desde la década del noventa, que produjo un grave deterioro en las condiciones de trabajo y salariales del sector, en decidida violación de los derechos establecidos en los Convenios Colectivos y en el Estatuto del Periodista Profesional.
La defensa de los derechos laborales, sindicales, de los puestos de trabajo, y del ejercicio profesional digno son objetivos prioritarios para el MSP.
La vigencia plena de la Ley referida implica un fuerte desafío para funcionarios, empresarios, trabajadores y dirigentes sociales: hacer que los Medios sean una caja de resonancia al servicio de la libertad de expresión en el marco de un proyecto nacional y popular que aliente nuestra capacidad de reflexión y el desarrollo de una sociedad plural e inclusiva.
Buenos Aires, Octubre de 2013
MSP / Movimiento Sindical de Prensa / en el Frente de Unidad
Tato Dondero (Delegado PáginaI12), Ana Paoletti (Delegada PáginaI12), Carlos De Mori (Delegado La Nación), Alfredo Migueles (Delegado La Nación), Antonio Soriano (Delegado La Nación), Carlos Liascovich (Delegado Clarin), Daniel Vides (Delegado Noticias Argentinas), Santiago Magrone (Delegado Diarios y Noticias), Susana Grassi (Delegada Diarios y Noticias), Nicolàs Borojovich (ARGRA), Raúl “Darta” Ferrari (TelAm – ARGRA), Facundo Martínez (Delegado PáginaI12)... y siguen las firmas
Su sanción fue antecedida por un extenso e intenso programa de consultas en los mas diversos ámbitos de la sociedad civil.
La puesta en vigencia integral de la Ley referida contribuirá a la diversificación social de las fuentes de emisión de informaciones, opiniones y expresiones culturales, preservando y consolidando así el sistema democrático vigente.
La posibilidad de contar con espacios definidos en el espectro para la comunicación desde los medios privados, otros del Estado nacional, provinciales y municipales, y también desde cooperativas, sindicatos, entidades educativas y profesionales, conlleva la potencial generación de nuevos empleos en este rubro.
En este orden consideramos una cuestión clave la puesta en práctica de los instrumentos legales y financieros que hagan viable el surgimiento y desarrollo de Medios en todo el territorio nacional, a manos de los diferentes estamentos de la sociedad civil.
En lo especifico del ejercicio del periodismo, entendemos que es esencial revertir el proceso de concentración de Medios entre pocos propietarios, acentuado desde la década del noventa, que produjo un grave deterioro en las condiciones de trabajo y salariales del sector, en decidida violación de los derechos establecidos en los Convenios Colectivos y en el Estatuto del Periodista Profesional.
La defensa de los derechos laborales, sindicales, de los puestos de trabajo, y del ejercicio profesional digno son objetivos prioritarios para el MSP.
La vigencia plena de la Ley referida implica un fuerte desafío para funcionarios, empresarios, trabajadores y dirigentes sociales: hacer que los Medios sean una caja de resonancia al servicio de la libertad de expresión en el marco de un proyecto nacional y popular que aliente nuestra capacidad de reflexión y el desarrollo de una sociedad plural e inclusiva.
Buenos Aires, Octubre de 2013
MSP / Movimiento Sindical de Prensa / en el Frente de Unidad
Tato Dondero (Delegado PáginaI12), Ana Paoletti (Delegada PáginaI12), Carlos De Mori (Delegado La Nación), Alfredo Migueles (Delegado La Nación), Antonio Soriano (Delegado La Nación), Carlos Liascovich (Delegado Clarin), Daniel Vides (Delegado Noticias Argentinas), Santiago Magrone (Delegado Diarios y Noticias), Susana Grassi (Delegada Diarios y Noticias), Nicolàs Borojovich (ARGRA), Raúl “Darta” Ferrari (TelAm – ARGRA), Facundo Martínez (Delegado PáginaI12)... y siguen las firmas
LSCA: Es más un desafío que una victoria
Por: Sebastián Lacunza, @sebalacunza
El mercado de medios de la Argentina funcionó durante décadas bajo la premisa, aceptada de mejor o peor grado por los gobernantes, de que el Grupo Clarín era demasiado grande para ser regulado. Incluso, algunos ejecutivos que contribuyeron a su expansión a cambio de apoyo mediático, luego se arrepintieron y buscaron, sin éxito, replantear el escenario, transformándose en víctimas de su propio legado.
El fallo de la Corte conocido el martes puso sello a un giro copernicano avalado por los tres poderes del Estado. Para la ley y la Constitución argentinas, el principal multimedios del país y uno de los más importantes de América Latina puede ser controlado, tal como fue reclamado durante años por quienes llevaron adelante trabajo y militancia en pos de superar la norma de facto firmada por Jorge Rafael Videla y, en ciertos aspectos, empeorada por gobiernos democráticos.
Un razonamiento puede parecer básico pero ha demandado treinta años hasta ser consagrado en una sentencia de la Corte Suprema: la concentración de la propiedad de los medios afecta de modo directo la Libertad de expresión y por esto debe ser regulada específicamente.
Con el fallo culminó un proceso judicial complejo, con idas, vueltas, dilaciones inexplicables y chicanas de letrados potenciadas por las trincheras mediáticas, hasta que el máximo tribunal revocó la decisión de la Cámara Federal en lo Civil que había dado curso a casi todos los reclamos del multimedios.
Una vez conocida la decisión sostenida por los jueces Raúl Eugenio Zaffaroni, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Enrique Petracchi, el oficialismo comenzó a festejar la que consideran una victoria decisiva para “democratizar la palabra” o, en lenguaje menos poético, un punto crucial en la guerra contra el principal enemigo del Gobierno. Sin embargo, ciertos festejos parecen prematuros para un Poder Ejecutivo que se encuentra ahora más que nunca en la encrucijada de demostrar que realmente aspira a establecer un sistema de medios plural.
Enmarcados en la incertidumbre del modo de ejecución del fallo, sus plazos y formas, aparecen dos interrogantes clave. Por un lado, quiénes y cómo podrían adquirir los medios que Clarín debe vender. Por el otro, cómo garantizar los puestos de trabajo de cientos de trabajadores de las empresas del Grupo sujetas a desinversión y reducción de costos. En principio, la lógica económica indica que la pérdida de posición dominante deriva en mayor diversidad y calidad; por ende, más puestos laborales, aunque el camino suele presentar dificultades inevitables o provocadas que la teoría y las buenas intenciones no puedan frenar, al menos transitoriamente.
Uno de los aspectos a tener en cuenta para no anticipar conclusiones es que, perdida la batalla madre, Clarín ya dio señales de que resistirá por vía administrativa y judicial, amparado en el desbarajuste de licencias creado en complicidad con el viejo Comfer y en la opaca aplicación de la ley vigente por la actual Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), dando lugar a una lucha "de guerrillas", más diseminada y con fines menos pretenciosos que una declaración de inconstitucionalidad, y que fuera prenunciada hace meses por los especialistas Martín Becerra y Gustavo Arballo.
Al virtualmente ampliar el período para que el multimedios presente un plan de adecuación, tal como anunció ayer Martín Sabbatella a las puertas de la empresa, el Gobierno parece dar señales de pretender acotar al mínimo la posibilidad de un nuevo recurso judicial que aduzca discriminación con respecto al resto de los grupos. Fuentes técnicas gubernamentales agregan que aún sin presentar un plan de adecuación, Clarín podría "colaborar" con la desinversión de oficio, al tiempo que descreen de las posibilidades reales de la empresa de multiplicar los recursos judiciales. "Si se niegan a todo, si dicen que no cambió nada con el fallo de la Corte, se le va a hacer muy difícil a un juez disparar cautelares porque sí. Nadie puede alegar su propia torpeza en defensa propia", razonó la fuente.
El fondo de la retórica
En su texto, los jueces supremos se ocuparon de dar cauce a demandas vinculadas a la génesis de los famosos 21 puntos en los que se basó gran parte de la ley audiovisual. No por retórica, dicha mención debería ser menospreciada. La Corte aludió a que la utilización de los medios públicos como herramientas gubernamentales y la discrecionalidad y falta de transparencia de los organismos de control son tan negativas para la libertad de expresión como la concentración de la propiedad, acaso un anticipo del eje de la discusión en los meses venideros si el gobierno no reacciona a tiempo.
Los jueces supremos dejaron abierta la puerta a escenarios complejos en el futuro si se mantienen los actuales mecanismos de asignación desigual y discrecional de la pauta oficial de publicidad (independientemente de que, bien legislada, puede ser una herramienta saludable para promover la diversidad), y la gestión gubernamental de los medios públicos, que, corresponde recordar, son del Estado y no de la Casa Rosada.
La discusión no es tan lineal como atribuir los males a tal o cual apellido. Una mirada sobre el abuso de las pautas publicitarias y los aparatos de difusión de los gobiernos de la Capital Federal, Córdoba, Corrientes o la provincia de Buenos Aires, por citar algunos mercados, revela lo impregnada que está la dirigencia política argentina de ciertos vicios.
Aunque resulte sorprendente e inesperado, el fallo que avaló la constitucionalidad de la ley fue conocido antes que el plan técnico de frecuencias, un aspecto básico a la hora de repartir y reasignar el espectro radioeléctrico. Es decir, una muestra de que la decisión de los jueces no resuelve ni más ni menos que el litigio central que comenzó el Grupo Clarín semanas después de que se aprobara la ley, en su objetivo de demorar la aplicación hasta un cambio en la escena política.
El nuevo escenario exige del Gobierno otra calidad para la aplicación de la ley pero también mayor responsabilidad de parte de la oposición. Cabe recordar que los partidos que rechazaron la ley dejaron vacantes durante dos años los asientos que les corresponden en los organismos de control establecidos en la ley. En una palabra: boicot.
Sin embargo, a comienzos de 2012, el Frente Amplio Progresista, que incluye a varios legisladores que votaron a favor de la ley, finalmente propuso para la AFSCA al abogado Alejando Pereyra, un letrado que considera que no hay posición dominante de parte de Clarín y sostiene que la norma es inconstitucional. Rarezas y contradicciones aparte, el representante del FAP fue rechazado por el Gobierno a raíz de una serie de impugnaciones, por lo que nunca pudo asumir, con lo que, de persistir esa situación, otorgará a Clarín un argumento para cuestionar la validez de un directorio incompleto.
Por otro lado, será importante analizar la decisión al respecto que tendrán los nuevos actores que se instalarán en el Congreso a partir de diciembre, y ver si la tercera minoría (aparentemente, el Frente Renovador liderado por Sergio Massa) decide nombrar su representante en AFSCA. De paso, el kirchnerismo podría descongelar la Comisión Bicameral, otra herramienta de control consagrada por la ley pero inactiva en los hechos.
A su vez, todo indica que el multimedios acelerará a fondo en la estrategia de sumar fuerzas a través de sus aceitados vínculos internacionales, lo que incluye la apelación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Por cierto, según entienden varios especialistas en este tema, será difícil que esas acciones resulten exitosas por el tipo de demandas que suele aceptar la CIDH, vinculadas a derechos de las personas y no así a intereses de empresas.
En sendas entrevistas posteriores al fallo, Lorenzetti y Zaffaroni ratificaron lo obvio: Clarín puede recurrir a todas las vías le habiliten las leyes.Acaso previendo el escenario, los jueces que avalaron la constitucionalidad apelaron a numerosas citas a la misma CIDH a la que Clarín debería acudir, así como a las relatorías de Libertad de Expresión de la OEA y la ONU, la Comisión Europea de Derechos Humanos, constitucionalistas como Owen Fiss (que había sido citado por ambas partes en las audiencias públicas convocadas por la Corte) y una amplia doctrina jurídica.
Al respecto, embajadores europeos, quienes vienen siguiendo con atención el conflicto con Clarín y manifiestan críticas para ambas partes, suelen expresar que el texto de la ley audiovisual argentina no es muy diferente del de las leyes de sus respectivos países. Hasta la Embajada norteamericana se ocupó de filtrar a Washington su acuerdo parcial con algunos objetivos de la norma cuando ésta estaba en fase de preparación, en 2008, a raíz de que señales norteamericanas se habían quejado de que Cablevisión hacía valer su posición dominante para pagarles migajas.
Cierto es que, en términos de dominio del mercado, si bien son mencionables multimedios con valuación superior a la de Clarín (Murdoch, Globo, Televisa, Prisa, Berlusconi, Comcast, Bertelsmann), resulta más difícil encontrar un homólogo con tentáculos repartidos en todos los negocios referidos a la comunicación; una singularidad conseguida por la combinación de innegables méritos para comprender (y promover) el “sentido común” de la clase media argentina (“la gente”) y una manifiesta y exitosa presión a los gobernantes para perpetuar su privilegio.
La sentencia del martes, emitida por un tribunal que contribuyó en gran medida a una demora injustificable de cuatro años para decidir sobre el fondo, fue categórica. La palabra "dogmatismo" aparece en varios párrafos, tanto para puntualizar falencias del peritaje contable notoriamente favorable al multimedios como, sobre todo, para criticar sin eufemismos la estrategia jurídica de "la parte actora". "La Corte no puede sustituir a las partes... ni expedirse sobre lo no apelado", remarcó uno de los firmantes sobre la escasa fundamentación de los abogados de Clarín.
En cambio, la Cámara Federal en lo Civil había tomado uno a uno sus argumentos. La mayoría de los jueces de la Corte se ahorraron esfuerzos retóricos para contradecir a sus colegas. Mediante algunos párrafos lapidarios, el máximo tribunal arrasó con la confusión entre "rentabilidad" y "sustentabilidad" en la que incurrieron los letrados de Clarín (muy especialmente en las audiencias públicas llevadas a cabo en agosto), un perito y los jueces subalternos. “Nadie tiene derecho a que se proteja un derecho particular sobre un derecho colectivo”, aclararon los magistrados para zanjar el asunto de los “derechos adquiridos” en el plano patrimonial.
A la luz de los resultados, caben dudas sobre si el fallo liderado Francisco de las Carreras, Susana Najurieta y Ricardo Guarinoni terminó beneficiando o perjudicando los intereses de Clarín. El jurista Arballo escribió en Ámbito Financiero, semanas atrás, que la extraña argumentación de los jueces de Cámara que equipararon sustentabilidad con rentabilidad había transformado el concepto económico "too big to fail" en el absurdo jurídico "too big to regulate".
En 2008, el Gobierno supo ver un escenario en el que había un tendal actores con ganas de limitar a Clarín, de izquierda a derecha, desde diarios de todo tipo a los que escamoteó el papel y sometió a estrategias comerciales desleales, a pequeñas cooperativas de cable que debieron cerrar sus puertas y magnates de los medios que envidian sus negocios; desde políticos menemistas dolidos por pactos quebrados a organizaciones de derechos humanos. Fue así como el kirchnerismo encontró una ventaja estratégica en el inicio de la batalla y puso a Clarín a la defensiva, como nunca antes.
Cinco años después, muchos de los impulsores ideológicos de la ley de medios critican la aplicación parcial, intencionada y desprolija del texto. Otros que miraban a cierta distancia pero les agradaba un Clarín menos abrumador, se preguntan cuáles son los beneficios concretos de una lucha, con frecuencia, desquiciante.
En cualquier caso, más allá del tiempo perdido y de los aliados estratégicos que hoy lucen descreídos, a Cristina Kirchner le aguardan dos años por delante. Tiene en sus manos una ley valorada más allá de las fronteras kirchneristas. Una oportunidad única para establecer una política democrática de comunicación y en condiciones de mercado más saludables como nunca ha tenido el país.
Si la Presidenta utiliza la sentencia de ayer para promover a sus amigos mediáticos y abusar del poder del Estado, en contra del espíritu y la letra de la ley de medios, entonces Clarín tendrá más oportunidades para mantener su posición dominante. Ningún líder opositor parece preparado para lidiar con el grupo poderoso y 2015 está a la vuelta de la esquina.
Fuente: Buenos Aires Herald
El mercado de medios de la Argentina funcionó durante décadas bajo la premisa, aceptada de mejor o peor grado por los gobernantes, de que el Grupo Clarín era demasiado grande para ser regulado. Incluso, algunos ejecutivos que contribuyeron a su expansión a cambio de apoyo mediático, luego se arrepintieron y buscaron, sin éxito, replantear el escenario, transformándose en víctimas de su propio legado.
El fallo de la Corte conocido el martes puso sello a un giro copernicano avalado por los tres poderes del Estado. Para la ley y la Constitución argentinas, el principal multimedios del país y uno de los más importantes de América Latina puede ser controlado, tal como fue reclamado durante años por quienes llevaron adelante trabajo y militancia en pos de superar la norma de facto firmada por Jorge Rafael Videla y, en ciertos aspectos, empeorada por gobiernos democráticos.Un razonamiento puede parecer básico pero ha demandado treinta años hasta ser consagrado en una sentencia de la Corte Suprema: la concentración de la propiedad de los medios afecta de modo directo la Libertad de expresión y por esto debe ser regulada específicamente.
Con el fallo culminó un proceso judicial complejo, con idas, vueltas, dilaciones inexplicables y chicanas de letrados potenciadas por las trincheras mediáticas, hasta que el máximo tribunal revocó la decisión de la Cámara Federal en lo Civil que había dado curso a casi todos los reclamos del multimedios.
Una vez conocida la decisión sostenida por los jueces Raúl Eugenio Zaffaroni, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Enrique Petracchi, el oficialismo comenzó a festejar la que consideran una victoria decisiva para “democratizar la palabra” o, en lenguaje menos poético, un punto crucial en la guerra contra el principal enemigo del Gobierno. Sin embargo, ciertos festejos parecen prematuros para un Poder Ejecutivo que se encuentra ahora más que nunca en la encrucijada de demostrar que realmente aspira a establecer un sistema de medios plural.
Enmarcados en la incertidumbre del modo de ejecución del fallo, sus plazos y formas, aparecen dos interrogantes clave. Por un lado, quiénes y cómo podrían adquirir los medios que Clarín debe vender. Por el otro, cómo garantizar los puestos de trabajo de cientos de trabajadores de las empresas del Grupo sujetas a desinversión y reducción de costos. En principio, la lógica económica indica que la pérdida de posición dominante deriva en mayor diversidad y calidad; por ende, más puestos laborales, aunque el camino suele presentar dificultades inevitables o provocadas que la teoría y las buenas intenciones no puedan frenar, al menos transitoriamente.
Uno de los aspectos a tener en cuenta para no anticipar conclusiones es que, perdida la batalla madre, Clarín ya dio señales de que resistirá por vía administrativa y judicial, amparado en el desbarajuste de licencias creado en complicidad con el viejo Comfer y en la opaca aplicación de la ley vigente por la actual Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), dando lugar a una lucha "de guerrillas", más diseminada y con fines menos pretenciosos que una declaración de inconstitucionalidad, y que fuera prenunciada hace meses por los especialistas Martín Becerra y Gustavo Arballo.
Al virtualmente ampliar el período para que el multimedios presente un plan de adecuación, tal como anunció ayer Martín Sabbatella a las puertas de la empresa, el Gobierno parece dar señales de pretender acotar al mínimo la posibilidad de un nuevo recurso judicial que aduzca discriminación con respecto al resto de los grupos. Fuentes técnicas gubernamentales agregan que aún sin presentar un plan de adecuación, Clarín podría "colaborar" con la desinversión de oficio, al tiempo que descreen de las posibilidades reales de la empresa de multiplicar los recursos judiciales. "Si se niegan a todo, si dicen que no cambió nada con el fallo de la Corte, se le va a hacer muy difícil a un juez disparar cautelares porque sí. Nadie puede alegar su propia torpeza en defensa propia", razonó la fuente.
El fondo de la retórica
En su texto, los jueces supremos se ocuparon de dar cauce a demandas vinculadas a la génesis de los famosos 21 puntos en los que se basó gran parte de la ley audiovisual. No por retórica, dicha mención debería ser menospreciada. La Corte aludió a que la utilización de los medios públicos como herramientas gubernamentales y la discrecionalidad y falta de transparencia de los organismos de control son tan negativas para la libertad de expresión como la concentración de la propiedad, acaso un anticipo del eje de la discusión en los meses venideros si el gobierno no reacciona a tiempo.
Los jueces supremos dejaron abierta la puerta a escenarios complejos en el futuro si se mantienen los actuales mecanismos de asignación desigual y discrecional de la pauta oficial de publicidad (independientemente de que, bien legislada, puede ser una herramienta saludable para promover la diversidad), y la gestión gubernamental de los medios públicos, que, corresponde recordar, son del Estado y no de la Casa Rosada.
La discusión no es tan lineal como atribuir los males a tal o cual apellido. Una mirada sobre el abuso de las pautas publicitarias y los aparatos de difusión de los gobiernos de la Capital Federal, Córdoba, Corrientes o la provincia de Buenos Aires, por citar algunos mercados, revela lo impregnada que está la dirigencia política argentina de ciertos vicios.
Aunque resulte sorprendente e inesperado, el fallo que avaló la constitucionalidad de la ley fue conocido antes que el plan técnico de frecuencias, un aspecto básico a la hora de repartir y reasignar el espectro radioeléctrico. Es decir, una muestra de que la decisión de los jueces no resuelve ni más ni menos que el litigio central que comenzó el Grupo Clarín semanas después de que se aprobara la ley, en su objetivo de demorar la aplicación hasta un cambio en la escena política.
El nuevo escenario exige del Gobierno otra calidad para la aplicación de la ley pero también mayor responsabilidad de parte de la oposición. Cabe recordar que los partidos que rechazaron la ley dejaron vacantes durante dos años los asientos que les corresponden en los organismos de control establecidos en la ley. En una palabra: boicot.
Sin embargo, a comienzos de 2012, el Frente Amplio Progresista, que incluye a varios legisladores que votaron a favor de la ley, finalmente propuso para la AFSCA al abogado Alejando Pereyra, un letrado que considera que no hay posición dominante de parte de Clarín y sostiene que la norma es inconstitucional. Rarezas y contradicciones aparte, el representante del FAP fue rechazado por el Gobierno a raíz de una serie de impugnaciones, por lo que nunca pudo asumir, con lo que, de persistir esa situación, otorgará a Clarín un argumento para cuestionar la validez de un directorio incompleto.
Por otro lado, será importante analizar la decisión al respecto que tendrán los nuevos actores que se instalarán en el Congreso a partir de diciembre, y ver si la tercera minoría (aparentemente, el Frente Renovador liderado por Sergio Massa) decide nombrar su representante en AFSCA. De paso, el kirchnerismo podría descongelar la Comisión Bicameral, otra herramienta de control consagrada por la ley pero inactiva en los hechos.
A su vez, todo indica que el multimedios acelerará a fondo en la estrategia de sumar fuerzas a través de sus aceitados vínculos internacionales, lo que incluye la apelación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Por cierto, según entienden varios especialistas en este tema, será difícil que esas acciones resulten exitosas por el tipo de demandas que suele aceptar la CIDH, vinculadas a derechos de las personas y no así a intereses de empresas.
En sendas entrevistas posteriores al fallo, Lorenzetti y Zaffaroni ratificaron lo obvio: Clarín puede recurrir a todas las vías le habiliten las leyes.Acaso previendo el escenario, los jueces que avalaron la constitucionalidad apelaron a numerosas citas a la misma CIDH a la que Clarín debería acudir, así como a las relatorías de Libertad de Expresión de la OEA y la ONU, la Comisión Europea de Derechos Humanos, constitucionalistas como Owen Fiss (que había sido citado por ambas partes en las audiencias públicas convocadas por la Corte) y una amplia doctrina jurídica.
Al respecto, embajadores europeos, quienes vienen siguiendo con atención el conflicto con Clarín y manifiestan críticas para ambas partes, suelen expresar que el texto de la ley audiovisual argentina no es muy diferente del de las leyes de sus respectivos países. Hasta la Embajada norteamericana se ocupó de filtrar a Washington su acuerdo parcial con algunos objetivos de la norma cuando ésta estaba en fase de preparación, en 2008, a raíz de que señales norteamericanas se habían quejado de que Cablevisión hacía valer su posición dominante para pagarles migajas.
Cierto es que, en términos de dominio del mercado, si bien son mencionables multimedios con valuación superior a la de Clarín (Murdoch, Globo, Televisa, Prisa, Berlusconi, Comcast, Bertelsmann), resulta más difícil encontrar un homólogo con tentáculos repartidos en todos los negocios referidos a la comunicación; una singularidad conseguida por la combinación de innegables méritos para comprender (y promover) el “sentido común” de la clase media argentina (“la gente”) y una manifiesta y exitosa presión a los gobernantes para perpetuar su privilegio.
La sentencia del martes, emitida por un tribunal que contribuyó en gran medida a una demora injustificable de cuatro años para decidir sobre el fondo, fue categórica. La palabra "dogmatismo" aparece en varios párrafos, tanto para puntualizar falencias del peritaje contable notoriamente favorable al multimedios como, sobre todo, para criticar sin eufemismos la estrategia jurídica de "la parte actora". "La Corte no puede sustituir a las partes... ni expedirse sobre lo no apelado", remarcó uno de los firmantes sobre la escasa fundamentación de los abogados de Clarín.
En cambio, la Cámara Federal en lo Civil había tomado uno a uno sus argumentos. La mayoría de los jueces de la Corte se ahorraron esfuerzos retóricos para contradecir a sus colegas. Mediante algunos párrafos lapidarios, el máximo tribunal arrasó con la confusión entre "rentabilidad" y "sustentabilidad" en la que incurrieron los letrados de Clarín (muy especialmente en las audiencias públicas llevadas a cabo en agosto), un perito y los jueces subalternos. “Nadie tiene derecho a que se proteja un derecho particular sobre un derecho colectivo”, aclararon los magistrados para zanjar el asunto de los “derechos adquiridos” en el plano patrimonial.
A la luz de los resultados, caben dudas sobre si el fallo liderado Francisco de las Carreras, Susana Najurieta y Ricardo Guarinoni terminó beneficiando o perjudicando los intereses de Clarín. El jurista Arballo escribió en Ámbito Financiero, semanas atrás, que la extraña argumentación de los jueces de Cámara que equipararon sustentabilidad con rentabilidad había transformado el concepto económico "too big to fail" en el absurdo jurídico "too big to regulate".
En 2008, el Gobierno supo ver un escenario en el que había un tendal actores con ganas de limitar a Clarín, de izquierda a derecha, desde diarios de todo tipo a los que escamoteó el papel y sometió a estrategias comerciales desleales, a pequeñas cooperativas de cable que debieron cerrar sus puertas y magnates de los medios que envidian sus negocios; desde políticos menemistas dolidos por pactos quebrados a organizaciones de derechos humanos. Fue así como el kirchnerismo encontró una ventaja estratégica en el inicio de la batalla y puso a Clarín a la defensiva, como nunca antes.
Cinco años después, muchos de los impulsores ideológicos de la ley de medios critican la aplicación parcial, intencionada y desprolija del texto. Otros que miraban a cierta distancia pero les agradaba un Clarín menos abrumador, se preguntan cuáles son los beneficios concretos de una lucha, con frecuencia, desquiciante.
En cualquier caso, más allá del tiempo perdido y de los aliados estratégicos que hoy lucen descreídos, a Cristina Kirchner le aguardan dos años por delante. Tiene en sus manos una ley valorada más allá de las fronteras kirchneristas. Una oportunidad única para establecer una política democrática de comunicación y en condiciones de mercado más saludables como nunca ha tenido el país.
Si la Presidenta utiliza la sentencia de ayer para promover a sus amigos mediáticos y abusar del poder del Estado, en contra del espíritu y la letra de la ley de medios, entonces Clarín tendrá más oportunidades para mantener su posición dominante. Ningún líder opositor parece preparado para lidiar con el grupo poderoso y 2015 está a la vuelta de la esquina.
Fuente: Buenos Aires Herald
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual: Clarín entra en el siglo XXI
Por: Graciela Mochkofsky
“No creo que la pelea esté perdida”, me dijo un importante ejecutivo de Clarín cuando todavía nadie podía asegurar si la Corte Suprema de Justicia de la Argentina confirmaría o no la constitucionalidad de la llamada ley de medios.
A su alrededor, sin embargo, todo transmitía una sensación de derrota: la semipenumbra de la oficina; su trato solícito; el silencio del teléfono durante las cinco horas en que conversamos, un martes por la tarde en un país en el que, como siempre, pasaba de todo.
También sus relatos. Ya nadie quería reunirse con ellos: nadie del mundo del poder, la política o los negocios; les huían como a la peste, se quejaba, por temor a represalias del gobierno. Por primera vez en décadas, ya no tenían acceso a información crucial, y, en las pocas ocasiones en que se las hacían llegar, tenían que preguntarse: ¿y si es una “operación” del gobierno? Esa incertidumbre los paralizaba. Durante la batalla judicial en torno de la adopción y la identidad de Marcela y Felipe Noble, hijos de Ernestina, directora y principal accionista del Grupo Clarín, un alto funcionario judicial les adelantó un dato que necesitaban para tomar una decisión crucial (dejar o no que Marcela y Felipe se sometieran a un examen de ADN, cosa que hicieron más tarde). No se atrevieron a actuar.
Y sin embargo, todavía no habían perdido, creía. Entonces, pregunté, ¿por qué avanzar tan empecinadamente hacia una derrota? ¿Por qué no se adaptaban cínicamente a la ley de medios, que les impedía mantener el control unificado, y dividían las acciones del Grupo entre sus cuatro accionistas principales?
No, me respondió. Estaban “magullados”, sí, la “pelea de resistencia” contra el gobierno era “cada vez más difícil”, sí, y, claro, tenían esos planes de contingencia para el peor de los casos.
Pero preferían seguir peleando hasta la derrota. No cederían hasta perder.
Así lo hicieron y, hoy, por fin, perdieron.
***
El martes de la semana pasada, en la ciudad de Nueva York, el jefe de redacción de Clarín, Ricardo Kirschbaum, cumplía con la que ha sido una de sus principales tareas desde que los Kirchner declararon esa guerra, a mediados de 2008: ser el vocero victimista del multimedio. Ha recorrido todo foro internacional de periodismo que ha encontrado denunciando al gobierno argentino: quiere destruir a la prensa independiente y, en última instancia, a la democracia; quiere destruir a Clarín. Esta vez, lo hacía en un espacio tradicionalmente favorable: una conferencia sobre libertad de prensa en América Latina organizada por la Universidad de Columbia.
Pero algo había cambiado.
Kirschbaum tuvo que hablar como un miembro más del público, no como panelista: tuvo que pararse y caminar hasta un micrófono en el pasillo central de la sala, como cualquier otro, y disfrazar su denuncia de pregunta. Los miembros del panel sostenían, mayoritariamente, que, más allá de que debía ponerse límite al poder de los gobiernos latinoamericanos y de que sin dudas estos tenían una agenda política en su forma de encarar el asunto, eran legítimas la necesidad y la búsqueda de un contrapeso público frente al poder desmedido de las grandes concentraciones de medios privados de la región. Cuando Kirschbaum hizo su intervención, simplemente fue ignorado. Ni le dieron la razón ni se la quitaron: fue como si lloviera.
Algo ha cambiado, y no es la mera derrota política de estos medios frente a gobiernos que han perdurado a lo largo de la última década contra los pronósticos de sus adversarios. Acaso es su legitimidad misma, la de esos grandes conglomerados, la que está en crisis, por un complejo conjunto de procesos que tienen uno de sus centros en la revolución tecnológica de las comunicaciones que se inició en el siglo pasado pero que domina este.
De hecho, como sus equivalentes en otras partes del mundo, el Grupo Clarín ya sufría esos problemas de legitimidad años antes de que comenzara su enfrentamiento con el kirchnerismo.
Como casi toda otra institución del país, salió dañado de la crisis del 2001. Su agresiva –y pública- presión por lograr que el Congreso de la Nación aprobara una ley (llamada de Bienes Culturales) que lo salvara del naufragio mientras el resto del país se hundía no le ganó precisamente la simpatía popular. Muchos recuerdan todavía las (entonces) sorprendentes pintadas en algunas paredes de la ciudad: “Nos mean y Clarín dice que llueve”.
Es que esa relación de poder –la relación entre esos grandes holdings de medios y los gobiernos, y el peso desmedido de aquellos en la esfera pública–, que antes parecía intocable, natural o invisible, se volvió materia de discusión cuando el ciudadano común empezó a tener la posibilidad de expresarse por sí mismo y llegar a otros sin necesidad de comprar una rotativa. De pronto no eran los medios de comunicación los dueños exclusivos de la palabra pública, como antes; y cuando eso ocurrió, discutir sus privilegios y sus conductas fue una secuencia inevitable.
Al mismo tiempo, muchos gobiernos descubrían que los cambios tecnológicos les daban la oportunidad histórica de deshacerse del mediador y comunicarse directamente con la sociedad. Muchos presidentes pasaron a negar la palabra a periodistas y medios para dirigirse a sus electorados desde sus cuentas en redes sociales, emisoras o programas públicos.
Esto no ocurrió solamente en América Latina, como algunos quieren creer o hacer creer, sino por todo el mundo, incluyendo los Estados Unidos. Este mes, por ejemplo, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ en su sigla en inglés) publicó un impactante informe sobre la persecución del gobierno de Barak Obama contra periodistas y medios norteamericanos y sus fuentes, y sobre su decisión, sin precedente en la historia moderna del país, de eludir a la prensa para comunicarse con los ciudadanos en directo.
En los años que siguieron, en que los cambios también pusieron en crisis la mecánica financiera y comercial de su negocio, los grandes grupos de medios del mundo comenzaron a discutir cómo sobrevivir. Siendo dinosaurios en un mundo nuevo, ¿podrían adaptarse o estaban condenados a la extinción?
Ante ese desafío, Clarín se aferró a su estrategia histórica: seducción, alianza y chantaje del poder político, y prácticas monopólicas sobre el mercado de los avisadores. Así construyó su alianza con Néstor Kirchner, que duró los cuatro años de su Presidencia, entre 2003 y 2007. Oscurecidos por esta alianza y por su ruptura durante el gobierno de Cristina Kirchner (2007-2011, 2011 a hoy), que condujo a la guerra posterior, aquellos problemas de fondo permanecieron ignorados. “El desafío es hacerse más digital –admitió el ejecutivo que me hablaba en esa larga tarde de Buenos Aires–. Cambiar toda la estructura, explorar las alternativas. Pero la pelea con el gobierno te quita toda la energía”.
En estos cuatro años transcurridos desde junio de 2009, cuando el gobierno pasó de los ataques verbales contra Clarín a acciones prácticas para dañarlo económicamente, el Grupo perdió mucho dinero pero, sobre todo, perdió esa relación especial con el poder que había establecido décadas atrás y sobre la que basaba su estrategia de crecimiento.
El dictamen de la Corte Suprema de Justicia de hoy, que confirma la constitucionalidad de la ley de medios, es el fin formal y público a la aspiración o el sueño de que ese pasado alguna vez regrese. Tras una pelea homérica entre facciones aparentemente irreconciliables, al puro estilo argentino, Clarín ha sido arrojado por fin al duro siglo XXI.
Fuente: El Puercoespín
“No creo que la pelea esté perdida”, me dijo un importante ejecutivo de Clarín cuando todavía nadie podía asegurar si la Corte Suprema de Justicia de la Argentina confirmaría o no la constitucionalidad de la llamada ley de medios.
También sus relatos. Ya nadie quería reunirse con ellos: nadie del mundo del poder, la política o los negocios; les huían como a la peste, se quejaba, por temor a represalias del gobierno. Por primera vez en décadas, ya no tenían acceso a información crucial, y, en las pocas ocasiones en que se las hacían llegar, tenían que preguntarse: ¿y si es una “operación” del gobierno? Esa incertidumbre los paralizaba. Durante la batalla judicial en torno de la adopción y la identidad de Marcela y Felipe Noble, hijos de Ernestina, directora y principal accionista del Grupo Clarín, un alto funcionario judicial les adelantó un dato que necesitaban para tomar una decisión crucial (dejar o no que Marcela y Felipe se sometieran a un examen de ADN, cosa que hicieron más tarde). No se atrevieron a actuar.
Y sin embargo, todavía no habían perdido, creía. Entonces, pregunté, ¿por qué avanzar tan empecinadamente hacia una derrota? ¿Por qué no se adaptaban cínicamente a la ley de medios, que les impedía mantener el control unificado, y dividían las acciones del Grupo entre sus cuatro accionistas principales?
No, me respondió. Estaban “magullados”, sí, la “pelea de resistencia” contra el gobierno era “cada vez más difícil”, sí, y, claro, tenían esos planes de contingencia para el peor de los casos.
Pero preferían seguir peleando hasta la derrota. No cederían hasta perder.
Así lo hicieron y, hoy, por fin, perdieron.
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El martes de la semana pasada, en la ciudad de Nueva York, el jefe de redacción de Clarín, Ricardo Kirschbaum, cumplía con la que ha sido una de sus principales tareas desde que los Kirchner declararon esa guerra, a mediados de 2008: ser el vocero victimista del multimedio. Ha recorrido todo foro internacional de periodismo que ha encontrado denunciando al gobierno argentino: quiere destruir a la prensa independiente y, en última instancia, a la democracia; quiere destruir a Clarín. Esta vez, lo hacía en un espacio tradicionalmente favorable: una conferencia sobre libertad de prensa en América Latina organizada por la Universidad de Columbia.
Pero algo había cambiado.
Kirschbaum tuvo que hablar como un miembro más del público, no como panelista: tuvo que pararse y caminar hasta un micrófono en el pasillo central de la sala, como cualquier otro, y disfrazar su denuncia de pregunta. Los miembros del panel sostenían, mayoritariamente, que, más allá de que debía ponerse límite al poder de los gobiernos latinoamericanos y de que sin dudas estos tenían una agenda política en su forma de encarar el asunto, eran legítimas la necesidad y la búsqueda de un contrapeso público frente al poder desmedido de las grandes concentraciones de medios privados de la región. Cuando Kirschbaum hizo su intervención, simplemente fue ignorado. Ni le dieron la razón ni se la quitaron: fue como si lloviera.
Algo ha cambiado, y no es la mera derrota política de estos medios frente a gobiernos que han perdurado a lo largo de la última década contra los pronósticos de sus adversarios. Acaso es su legitimidad misma, la de esos grandes conglomerados, la que está en crisis, por un complejo conjunto de procesos que tienen uno de sus centros en la revolución tecnológica de las comunicaciones que se inició en el siglo pasado pero que domina este.
De hecho, como sus equivalentes en otras partes del mundo, el Grupo Clarín ya sufría esos problemas de legitimidad años antes de que comenzara su enfrentamiento con el kirchnerismo.
Como casi toda otra institución del país, salió dañado de la crisis del 2001. Su agresiva –y pública- presión por lograr que el Congreso de la Nación aprobara una ley (llamada de Bienes Culturales) que lo salvara del naufragio mientras el resto del país se hundía no le ganó precisamente la simpatía popular. Muchos recuerdan todavía las (entonces) sorprendentes pintadas en algunas paredes de la ciudad: “Nos mean y Clarín dice que llueve”.
Es que esa relación de poder –la relación entre esos grandes holdings de medios y los gobiernos, y el peso desmedido de aquellos en la esfera pública–, que antes parecía intocable, natural o invisible, se volvió materia de discusión cuando el ciudadano común empezó a tener la posibilidad de expresarse por sí mismo y llegar a otros sin necesidad de comprar una rotativa. De pronto no eran los medios de comunicación los dueños exclusivos de la palabra pública, como antes; y cuando eso ocurrió, discutir sus privilegios y sus conductas fue una secuencia inevitable.
Al mismo tiempo, muchos gobiernos descubrían que los cambios tecnológicos les daban la oportunidad histórica de deshacerse del mediador y comunicarse directamente con la sociedad. Muchos presidentes pasaron a negar la palabra a periodistas y medios para dirigirse a sus electorados desde sus cuentas en redes sociales, emisoras o programas públicos.
Esto no ocurrió solamente en América Latina, como algunos quieren creer o hacer creer, sino por todo el mundo, incluyendo los Estados Unidos. Este mes, por ejemplo, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ en su sigla en inglés) publicó un impactante informe sobre la persecución del gobierno de Barak Obama contra periodistas y medios norteamericanos y sus fuentes, y sobre su decisión, sin precedente en la historia moderna del país, de eludir a la prensa para comunicarse con los ciudadanos en directo.
En los años que siguieron, en que los cambios también pusieron en crisis la mecánica financiera y comercial de su negocio, los grandes grupos de medios del mundo comenzaron a discutir cómo sobrevivir. Siendo dinosaurios en un mundo nuevo, ¿podrían adaptarse o estaban condenados a la extinción?
Ante ese desafío, Clarín se aferró a su estrategia histórica: seducción, alianza y chantaje del poder político, y prácticas monopólicas sobre el mercado de los avisadores. Así construyó su alianza con Néstor Kirchner, que duró los cuatro años de su Presidencia, entre 2003 y 2007. Oscurecidos por esta alianza y por su ruptura durante el gobierno de Cristina Kirchner (2007-2011, 2011 a hoy), que condujo a la guerra posterior, aquellos problemas de fondo permanecieron ignorados. “El desafío es hacerse más digital –admitió el ejecutivo que me hablaba en esa larga tarde de Buenos Aires–. Cambiar toda la estructura, explorar las alternativas. Pero la pelea con el gobierno te quita toda la energía”.
En estos cuatro años transcurridos desde junio de 2009, cuando el gobierno pasó de los ataques verbales contra Clarín a acciones prácticas para dañarlo económicamente, el Grupo perdió mucho dinero pero, sobre todo, perdió esa relación especial con el poder que había establecido décadas atrás y sobre la que basaba su estrategia de crecimiento.
El dictamen de la Corte Suprema de Justicia de hoy, que confirma la constitucionalidad de la ley de medios, es el fin formal y público a la aspiración o el sueño de que ese pasado alguna vez regrese. Tras una pelea homérica entre facciones aparentemente irreconciliables, al puro estilo argentino, Clarín ha sido arrojado por fin al duro siglo XXI.
Fuente: El Puercoespín
LSCA: Perdimos tiempo, pero ganamos autoridad
Por: Gabriel Mariotto
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es constitucional. Hubo que esperar mucho tiempo, trabajar muy duro. Una vez sancionada, por amplia mayoría en ambas cámaras, hubo que seguir trabajando. Para superar las medidas cautelares interpuestas y llevar a la Justicia las razones que legitimaban y demostraban su constitucionalidad. Hemos perdido tiempo, pero hemos ganado autoridad y reconocimiento.
Es una ley de interés para toda la ciudadanía. Es un tema árido, de poco gancho, dirían los marketineros de la política y la comunicación. Comparada con medidas como la asignación universal o el plan Procrear, que la gente sintió en su cabeza, en su corazón y en su bolsillo, despertaba interés sólo en los profesionales de la comunicación y el mundo político, empresarial y sindical, que por lidiar con los medios conocían las perversiones que había que padecer por parte de los dueños de los medios concentrados. El largo tiempo transcurrido sirvió para difundir la ley, para que se conocieran los intereses que defendía y los privilegios que atacaba. Diría Nietzsche: "Todo lo que no te mata te fortalece", y eso fue lo que ocurrió. La instalación, a través de litros de tinta y horas de aire radial y televisivo por parte de los medios concentrados en la "batalla por la libertad de expresión" dio como resultado que la sociedad empezara a mirar cada vez con mayor atención el contenido y los alcances de la norma. Mucho debemos agradecer a esos medios concentrados por los niveles de encendido que alcanzó la audiencia pública convocada por la Corte. Fue el golpe de gracia que recibieron aquellos que pretendían que sus privilegios y sus negocios resultaran más importantes que los intereses de la sociedad. Esa audiencia pública fue un rico debate. La sociedad volvió a participar.
La ley no apunta a nadie en particular, sino que atiende los intereses del conjunto, al permitir y alentar la diversidad de voces y la pluralidad que toda sociedad moderna y democrática necesita. Es un día para recordar a tantos que pelearon valientemente contra la concentración informativa. Elijo al diputado radical Ricardo Laferriere, que pagó con su desaparición de los medios la patriótica decisión de presentar en tiempos de Alfonsín un proyecto sobre medios, y a Néstor "Tato" Contissa, docente de mi querida Facultad de Ciencias Sociales de Lomas de Zamora, que anticipó en sus libros la necesidad de esta ley.
Fuente: Diario La Nación
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es constitucional. Hubo que esperar mucho tiempo, trabajar muy duro. Una vez sancionada, por amplia mayoría en ambas cámaras, hubo que seguir trabajando. Para superar las medidas cautelares interpuestas y llevar a la Justicia las razones que legitimaban y demostraban su constitucionalidad. Hemos perdido tiempo, pero hemos ganado autoridad y reconocimiento.
Es una ley de interés para toda la ciudadanía. Es un tema árido, de poco gancho, dirían los marketineros de la política y la comunicación. Comparada con medidas como la asignación universal o el plan Procrear, que la gente sintió en su cabeza, en su corazón y en su bolsillo, despertaba interés sólo en los profesionales de la comunicación y el mundo político, empresarial y sindical, que por lidiar con los medios conocían las perversiones que había que padecer por parte de los dueños de los medios concentrados. El largo tiempo transcurrido sirvió para difundir la ley, para que se conocieran los intereses que defendía y los privilegios que atacaba. Diría Nietzsche: "Todo lo que no te mata te fortalece", y eso fue lo que ocurrió. La instalación, a través de litros de tinta y horas de aire radial y televisivo por parte de los medios concentrados en la "batalla por la libertad de expresión" dio como resultado que la sociedad empezara a mirar cada vez con mayor atención el contenido y los alcances de la norma. Mucho debemos agradecer a esos medios concentrados por los niveles de encendido que alcanzó la audiencia pública convocada por la Corte. Fue el golpe de gracia que recibieron aquellos que pretendían que sus privilegios y sus negocios resultaran más importantes que los intereses de la sociedad. Esa audiencia pública fue un rico debate. La sociedad volvió a participar.
La ley no apunta a nadie en particular, sino que atiende los intereses del conjunto, al permitir y alentar la diversidad de voces y la pluralidad que toda sociedad moderna y democrática necesita. Es un día para recordar a tantos que pelearon valientemente contra la concentración informativa. Elijo al diputado radical Ricardo Laferriere, que pagó con su desaparición de los medios la patriótica decisión de presentar en tiempos de Alfonsín un proyecto sobre medios, y a Néstor "Tato" Contissa, docente de mi querida Facultad de Ciencias Sociales de Lomas de Zamora, que anticipó en sus libros la necesidad de esta ley.
Fuente: Diario La Nación
LSCA: Desafíos en un mapa de medios cambiante
Por: Martín Becerra
Tras un periplo dramático de cuatro años, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual aprobada por el Congreso en 2009 fue declarada ayer completamente constitucional. Los artículos objetados por el Grupo Clarín eran pocos pero trascendentes y aluden a la multiplicidad de licencias que un grupo de medios puede operar, a los derechos adquiridos de los licenciatarios y a las condiciones de transferencia en caso de superar el límite de concentración determinado por ley.
Una mayoría consistente de la Corte avaló la vigencia de los artículos cuestionados y sentenció que la ley no afecta el derecho a la libertad de expresión ni pone en riesgo la sustentabilidad del grupo. Ahora Clarín deberá adecuarse a la ley audiovisual. Y el Gobierno, cumplirla y respetarla. Serían, en ambos casos, novedades.
La Corte desmontó la estrategia argumental de Clarín que presentaba su tamaño y rentabilidad como condiciones imprescindibles para el ejercicio de la libre expresión. No asoció desconcentración con derechos constitucionales y diferenció entre renta y sustentabilidad. Enfatizó que la libertad de expresión requiere un debate público robusto y regulación activa para promover el acceso a los medios.
El fallo sostiene que las pautas se ajustan a criterios de razonabilidad, de proporcionalidad y de idoneidad. Y que no corresponde a la Corte juzgar si los límites a la concentración son adecuados o eficaces o si debió regularse la convergencia tecnológica. La Corte no evalúa la calidad de la norma. Los planteos críticos a la aplicación de la ley tampoco fueron objeto del fallo.
El Grupo Clarín tiene derecho a reclamar en la medida en que no reciba un trato justo en el proceso de adecuación en el que deberá desprenderse, inéditamente, de gran cantidad de licencias como cableoperador. La Corte cuestionó al Gobierno en varios párrafos. Apuntó que el Estado puede afectar la libertad de expresión cuando actúa discrecionalmente, por ejemplo en la distribución de publicidad oficial.
Finalizada la etapa de la guerra abierta por la impugnación de artículos de la ley, se abren la adecuación, definición y tasación de los bienes afectados a la desinversión y el control de las transferencias e indemnizaciones. Estas cuestiones se judicializarán, pero en capítulos específicos. Será medular el trato que dispense el Estado a los conglomerados que deben ajustarse a la ley en un mapa de medios cambiante, con nuevas relaciones de fuerzas, que mira a 2015.
Fuente: Diario La Nación
Tras un periplo dramático de cuatro años, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual aprobada por el Congreso en 2009 fue declarada ayer completamente constitucional. Los artículos objetados por el Grupo Clarín eran pocos pero trascendentes y aluden a la multiplicidad de licencias que un grupo de medios puede operar, a los derechos adquiridos de los licenciatarios y a las condiciones de transferencia en caso de superar el límite de concentración determinado por ley.
Una mayoría consistente de la Corte avaló la vigencia de los artículos cuestionados y sentenció que la ley no afecta el derecho a la libertad de expresión ni pone en riesgo la sustentabilidad del grupo. Ahora Clarín deberá adecuarse a la ley audiovisual. Y el Gobierno, cumplirla y respetarla. Serían, en ambos casos, novedades.
La Corte desmontó la estrategia argumental de Clarín que presentaba su tamaño y rentabilidad como condiciones imprescindibles para el ejercicio de la libre expresión. No asoció desconcentración con derechos constitucionales y diferenció entre renta y sustentabilidad. Enfatizó que la libertad de expresión requiere un debate público robusto y regulación activa para promover el acceso a los medios.
El fallo sostiene que las pautas se ajustan a criterios de razonabilidad, de proporcionalidad y de idoneidad. Y que no corresponde a la Corte juzgar si los límites a la concentración son adecuados o eficaces o si debió regularse la convergencia tecnológica. La Corte no evalúa la calidad de la norma. Los planteos críticos a la aplicación de la ley tampoco fueron objeto del fallo.
El Grupo Clarín tiene derecho a reclamar en la medida en que no reciba un trato justo en el proceso de adecuación en el que deberá desprenderse, inéditamente, de gran cantidad de licencias como cableoperador. La Corte cuestionó al Gobierno en varios párrafos. Apuntó que el Estado puede afectar la libertad de expresión cuando actúa discrecionalmente, por ejemplo en la distribución de publicidad oficial.
Finalizada la etapa de la guerra abierta por la impugnación de artículos de la ley, se abren la adecuación, definición y tasación de los bienes afectados a la desinversión y el control de las transferencias e indemnizaciones. Estas cuestiones se judicializarán, pero en capítulos específicos. Será medular el trato que dispense el Estado a los conglomerados que deben ajustarse a la ley en un mapa de medios cambiante, con nuevas relaciones de fuerzas, que mira a 2015.
Fuente: Diario La Nación
martes, 29 de octubre de 2013
Satisfacción de la Asociación de Prensa de Santa Fe por el fallo de la Corte
La Asociación de Prensa de Santa Fe expresa su satisfacción y alegría por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declaró la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26522) dando lugar a la plena vigencia de la norma
Tras cuatro años de demoras por la apelación presentada en su momento por el Grupo Clarín, finalmente la CSJN en un extenso y sustancioso fallo convalidó la constitucionalidad de la LSCA votada por amplia mayoría en el Congreso de la Nación en 2009.
Los artículos cuestionados eran los artículos 41 sobre la intransferibilidad de las licencias, el 45 en dos apartados que limitan la cantidad de licencias, el 48 que rechaza derechos adquiridos para las empresas que deben desmonopolizar y el 161 sobre el plazo de adecuación a la ley. En cuanto a este último artículo, la Corte consideró que "como ya lo señalara el Tribunal en dos oportunidades en esta misma causa, que el plazo de un año previsto en la norma venció el 28 de diciembre de 2011. De ahí que, además de los argumentos que conducen a la constitucionalidad del plazo, no puede dejar de valorarse que ya han transcurrido casi dos años desde su vencimiento, lo cual justifica que dentro del término fijado para el cumplimiento de la presente sentencia, el artículo 161 de la ley resulte plenamente aplicable a la actora, con la aclaración de que el plazo de un año allí previsto se encuentra vencido".
De esta forma, entendemos que la ley se encuentra, a partir del fallo del máximo tribunal, plenamente vigente, por lo que todos los grupos de medios que se encuentren excedidos en su cantidad de licencias deberán iniciar el proceso de adecuación que establece la norma. Varios de estos grupos ya habían presentado ante la AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual) sus planes de adecuación y solo fue el Grupo Clarín quien resistió la medida.
"La ley 26522, en cuanto regula la multiplicidad de licencias de modo general, es constitucional, porque es una facultad del Congreso, cuya conveniencia y oportunidad no es materia de análisis de los jueces. Por otra parte, el análisis constitucional es ajeno a los conflictos futuros que puedan presentarse con la aplicación de la ley, que son materia de otros pleitos", explicó la Corte.
Los jueces Ricardo Lorenzetti, Eugenio Zaffaroni, Enrique Petracchi y Elena Highton de Nolasco votaron a favor de la constitucionalidad total de la normativa, mientras que Carlos Maqueda y Carmen Argibay hicieron una aprobación parcial. Carlos Fayt fue el único que se expresó en contra de la constitucionalidad de la norma.
En otro tramo del fallo, el máximo tribunal también señaló que "deben existir políticas transparentes en los subsidios y la publicidad oficial; que los medios públicos no deben ser meros instrumentos de apoyo a una política de gobierno, o una vía para eliminar voces disidentes; que la AFSCA debe ser independiente y la ley debe ser aplicada respetando la igualdad y el debido proceso".
Desde la APSF creemos que este fallo de la Corte establece claramente la facultad del Estado de regular el mercado de las empresas de comunicación audiovisual evitando los monopolios, lo que dará lugar a nuevas voces, más democracia y más participación de distintos sectores en la propiedad de los medios audiovisuales.
La gestión de la LSCA debe de inmediato asegurar la aplicación de la ley en todos sus términos, lo que permitirá la aparición de nuevas fuentes de trabajo para los trabajadores de la comunicación e iniciará un proceso de mayor democratización de la palabra.
Finalmente, la APSF felicita a todos aquellos que lucharon y militaron por tener una ley de medios audiovisuales de la democracia.
Constitucionalidad de la LSCA: logro indiscutido de la democracia
El Sindicato de Prensa Rosario (FETRACCOM CTA) celebra el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declara la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Un fallo que ratifica la vigencia plena de la ley que se construyó entre todos. La persistente negativa del grupo Clarín a la adecuación que exige la ley llevó cuatro años de demora para su aplicación total
Sólo el grupo Clarín resistió la adecuación que implica la desmonopolización de los medios a través del pedido de inconstitucionalidad de los art. 41 sobre la intransferibilidad de la licencias, el 45 en dos apartados que limitan la cantidad de licencias, el 48 que rechaza derechos adquiridos para las empresas que deben desmonopolizar y el 161 del plazo de un año para presentar a la autoridad de aplicación el plan de desmonopolización.
Felicitaciones a todxs quienes con militancia y compromiso lucharon para derogar la ley de la dictadura: desde la Coalición por una Comunicación Democrática con los 21 puntos que le dieron fundamento, la presidenta Cristina Kirchner que impulsó el proyecto, los legisladores que la aprobaron hasta las autoridades de la AFSCA que vienen defendiendo su aplicación.
Los trabajadores de Prensa festejan el logro indiscutido de la democracia.
Tras cuatro años de demoras por la apelación presentada en su momento por el Grupo Clarín, finalmente la CSJN en un extenso y sustancioso fallo convalidó la constitucionalidad de la LSCA votada por amplia mayoría en el Congreso de la Nación en 2009.
Los artículos cuestionados eran los artículos 41 sobre la intransferibilidad de las licencias, el 45 en dos apartados que limitan la cantidad de licencias, el 48 que rechaza derechos adquiridos para las empresas que deben desmonopolizar y el 161 sobre el plazo de adecuación a la ley. En cuanto a este último artículo, la Corte consideró que "como ya lo señalara el Tribunal en dos oportunidades en esta misma causa, que el plazo de un año previsto en la norma venció el 28 de diciembre de 2011. De ahí que, además de los argumentos que conducen a la constitucionalidad del plazo, no puede dejar de valorarse que ya han transcurrido casi dos años desde su vencimiento, lo cual justifica que dentro del término fijado para el cumplimiento de la presente sentencia, el artículo 161 de la ley resulte plenamente aplicable a la actora, con la aclaración de que el plazo de un año allí previsto se encuentra vencido".
De esta forma, entendemos que la ley se encuentra, a partir del fallo del máximo tribunal, plenamente vigente, por lo que todos los grupos de medios que se encuentren excedidos en su cantidad de licencias deberán iniciar el proceso de adecuación que establece la norma. Varios de estos grupos ya habían presentado ante la AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual) sus planes de adecuación y solo fue el Grupo Clarín quien resistió la medida.
"La ley 26522, en cuanto regula la multiplicidad de licencias de modo general, es constitucional, porque es una facultad del Congreso, cuya conveniencia y oportunidad no es materia de análisis de los jueces. Por otra parte, el análisis constitucional es ajeno a los conflictos futuros que puedan presentarse con la aplicación de la ley, que son materia de otros pleitos", explicó la Corte.
Los jueces Ricardo Lorenzetti, Eugenio Zaffaroni, Enrique Petracchi y Elena Highton de Nolasco votaron a favor de la constitucionalidad total de la normativa, mientras que Carlos Maqueda y Carmen Argibay hicieron una aprobación parcial. Carlos Fayt fue el único que se expresó en contra de la constitucionalidad de la norma.
En otro tramo del fallo, el máximo tribunal también señaló que "deben existir políticas transparentes en los subsidios y la publicidad oficial; que los medios públicos no deben ser meros instrumentos de apoyo a una política de gobierno, o una vía para eliminar voces disidentes; que la AFSCA debe ser independiente y la ley debe ser aplicada respetando la igualdad y el debido proceso".
Desde la APSF creemos que este fallo de la Corte establece claramente la facultad del Estado de regular el mercado de las empresas de comunicación audiovisual evitando los monopolios, lo que dará lugar a nuevas voces, más democracia y más participación de distintos sectores en la propiedad de los medios audiovisuales.
La gestión de la LSCA debe de inmediato asegurar la aplicación de la ley en todos sus términos, lo que permitirá la aparición de nuevas fuentes de trabajo para los trabajadores de la comunicación e iniciará un proceso de mayor democratización de la palabra.
Finalmente, la APSF felicita a todos aquellos que lucharon y militaron por tener una ley de medios audiovisuales de la democracia.
Constitucionalidad de la LSCA: logro indiscutido de la democracia
El Sindicato de Prensa Rosario (FETRACCOM CTA) celebra el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declara la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Un fallo que ratifica la vigencia plena de la ley que se construyó entre todos. La persistente negativa del grupo Clarín a la adecuación que exige la ley llevó cuatro años de demora para su aplicación total
Sólo el grupo Clarín resistió la adecuación que implica la desmonopolización de los medios a través del pedido de inconstitucionalidad de los art. 41 sobre la intransferibilidad de la licencias, el 45 en dos apartados que limitan la cantidad de licencias, el 48 que rechaza derechos adquiridos para las empresas que deben desmonopolizar y el 161 del plazo de un año para presentar a la autoridad de aplicación el plan de desmonopolización.
Felicitaciones a todxs quienes con militancia y compromiso lucharon para derogar la ley de la dictadura: desde la Coalición por una Comunicación Democrática con los 21 puntos que le dieron fundamento, la presidenta Cristina Kirchner que impulsó el proyecto, los legisladores que la aprobaron hasta las autoridades de la AFSCA que vienen defendiendo su aplicación.
Los trabajadores de Prensa festejan el logro indiscutido de la democracia.
LT8: Vila desinvierte en favor de Vila
¿De quién es A.D.V.S.P.S.? Según el boletín oficial de Mendoza es de Agustín Vila (hijo de Daniel Vila) y el abogado de Supercanal, Eduardo Marcelo Vila
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