El Confidencial
Periodista Digital
Infolatam
Brasil:Estadao
lunes, 31 de agosto de 2009
La oposición unificó criterios en torno al debate que se viene sobre radiodifusión
Tras una ardua jornada de debate, la UCR, la Coalición Cívica y el Pro –entre otros bloques- unificaron una postura en torno al proyecto de ley de Radiodifusión que el oficialismo quiere comenzar a discutir esta misma semana en comisión; no obstante, el consenso abarcó solo algunos puntos de la iniciativa.
Según explicó la presidenta de la Comisión de Libertad y Expresión, Silvana Giúdici, estos puntos tienen que ver con la autoridad de aplicación (nivel gubernamental) ya que la UCR planteó que sea "un organismo autónomo, por concurso y con acuerdo de la Cámara de Diputados. El otro punto -según la legisladora- tiene que ver con las licencias cada dos años. "Hay artículos bien dirigidos y tienen que ver con la revisión de las reglas por las cuales se otorgan las licencias. No tendría que haber una revisión cada dos años" replicó Giúdici y apuntó "el tiempo debería ser razonable".
"Este proyecto sólo tendría giro a las comisiones de Libertad y Expresión, Comunicaciones, Presupuesto y Hacienda" y sería necesario que lo revise la Comisión de Asuntos Constitucionales" dijo la legisladora ya que "el artículo 14 habla de la libertad de Expresión". También el artículo 32 porque "no se puede restringir la libertad de imprenta".
A su vez, la diputada considera que el proyecto debería pasar por la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento en cuanto crea una Comisión Bicameral de Seguimiento. En tanto el diputado Eduardo Macalusse, titular del bloque SI pidió que pase por la Comisión de Cultura, y otro legislador solicitó que gire a la de Deportes.
Giúdici, planteó como mínimo un mes de debate en comisiones, ya que de lo contrario, si el oficialismo convocara a una sesión especial y decidiera tratar la Ley de Radiodifusión con orden de preferencia para poder votarlo con mayoría simple, la oposición podría revisarla después del 10 de diciembre, aunque aclaró que "así no puede funcionar un Parlamento".
"La gente votó el 28 de junio y el gobierno no puede llevarse todo puesto por delante, votando todo hasta el 10 de diciembre" fundamentó. Y planteó como mínimo un mes de debate en comisiones, ya que de lo contrario, si el oficialismo convocara a una sesión especial y decidiera tratar la Ley de Radiodifusión con orden de preferencia para poder votarlo con mayoría simple, la oposición podría revisarla después del 10 de diciembre, aunque aclaró que "así no puede funcionar un Parlamento".
En ese sentido, Giudici informó que existe un amplio consenso entre los opositores, incluidos algunos aliados circunstanciales del kirchnerismo, respecto a los cuestionamientos a la propuesta oficial como que “la autoridad de aplicación dependa del secretario de Medios”.
También sumó críticas a “la revisión cada dos años de las licencias”, que ven como la posibilidad de ejercer presión sobre los licenciatarios para tener control sobre los contenidos a emitir, y a “la apertura para la incorporación de las telefónicas” al negocio, que entienden puede derivar en la conformación de oligopolios. La legisladora radical, además, se pronunció por la regulación de la publicidad oficial, que el texto de la norma no contempla, la instrumentación de un registro de medios que perciben publicidad del Estado y a favor de que también se trate en la comisión de Asuntos Constitucionales (en relación con los artículos 14 y 32 de la Constitución, que hablan de libertad de Expresión y el impedimento a legislar sobre imprenta).
Fuente: Noticias del Congreso Nacional
Según explicó la presidenta de la Comisión de Libertad y Expresión, Silvana Giúdici, estos puntos tienen que ver con la autoridad de aplicación (nivel gubernamental) ya que la UCR planteó que sea "un organismo autónomo, por concurso y con acuerdo de la Cámara de Diputados. El otro punto -según la legisladora- tiene que ver con las licencias cada dos años. "Hay artículos bien dirigidos y tienen que ver con la revisión de las reglas por las cuales se otorgan las licencias. No tendría que haber una revisión cada dos años" replicó Giúdici y apuntó "el tiempo debería ser razonable".
"Este proyecto sólo tendría giro a las comisiones de Libertad y Expresión, Comunicaciones, Presupuesto y Hacienda" y sería necesario que lo revise la Comisión de Asuntos Constitucionales" dijo la legisladora ya que "el artículo 14 habla de la libertad de Expresión". También el artículo 32 porque "no se puede restringir la libertad de imprenta".
A su vez, la diputada considera que el proyecto debería pasar por la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento en cuanto crea una Comisión Bicameral de Seguimiento. En tanto el diputado Eduardo Macalusse, titular del bloque SI pidió que pase por la Comisión de Cultura, y otro legislador solicitó que gire a la de Deportes.
Giúdici, planteó como mínimo un mes de debate en comisiones, ya que de lo contrario, si el oficialismo convocara a una sesión especial y decidiera tratar la Ley de Radiodifusión con orden de preferencia para poder votarlo con mayoría simple, la oposición podría revisarla después del 10 de diciembre, aunque aclaró que "así no puede funcionar un Parlamento".
"La gente votó el 28 de junio y el gobierno no puede llevarse todo puesto por delante, votando todo hasta el 10 de diciembre" fundamentó. Y planteó como mínimo un mes de debate en comisiones, ya que de lo contrario, si el oficialismo convocara a una sesión especial y decidiera tratar la Ley de Radiodifusión con orden de preferencia para poder votarlo con mayoría simple, la oposición podría revisarla después del 10 de diciembre, aunque aclaró que "así no puede funcionar un Parlamento".
En ese sentido, Giudici informó que existe un amplio consenso entre los opositores, incluidos algunos aliados circunstanciales del kirchnerismo, respecto a los cuestionamientos a la propuesta oficial como que “la autoridad de aplicación dependa del secretario de Medios”.
También sumó críticas a “la revisión cada dos años de las licencias”, que ven como la posibilidad de ejercer presión sobre los licenciatarios para tener control sobre los contenidos a emitir, y a “la apertura para la incorporación de las telefónicas” al negocio, que entienden puede derivar en la conformación de oligopolios. La legisladora radical, además, se pronunció por la regulación de la publicidad oficial, que el texto de la norma no contempla, la instrumentación de un registro de medios que perciben publicidad del Estado y a favor de que también se trate en la comisión de Asuntos Constitucionales (en relación con los artículos 14 y 32 de la Constitución, que hablan de libertad de Expresión y el impedimento a legislar sobre imprenta).
Fuente: Noticias del Congreso Nacional
“Hoy no hay libertad de expresión”
Lo dijo Edgardo Massarotti, ex secretario general de Asociación Trabajadores del Estado (ATE), miembro del Foro Popular de la Comunicación. Massarotti remarcó el valor social de la nueva norma, al expresar que “hoy no hay libertad de expresión”, advirtiendo que “cuando hablan solamente los que tienen plata, se aporta a que la pobreza se perpetúe”.
Massarotti comentó que “en el país, 19 empresas tienen el 70% de los medios de comunicación. Y una de ellas, como el grupo
Vilas – Manzano, hasta tiene inversiones en empresas petroleras”.
“En las provincias, el 70% de los contenidos son enlatados, viene desde Buenos Aires”, expresó Massarotti. “Por un lado, se busca romper los monopolios, y por otro, dar mayores chances para que los medios locales puedan expandirse. Son todos elementos centrales, unidos a lo que significa la democratización”.
“Lo que sí, es que esta norma levanta polvareda porque se tocan algunos intereses”, indicó el gremialista.
“El proyecto de ley garantiza muchas cosas, libertad de expresión, las realidades culturales”, dijo Massarotti. “Y por lo que conozco, más bien está orientado al modelo Canadiense, que a una chavización”.
Por otra parte, el gremialista expresó que “no hay reválidas de las licencias, sino de la revisión de los estándares técnicos. Esto va a significar, con las normas de televisación japonesas, haya más frecuencias en la misma frecuencia”.
“Y con esta nueva ley, en una misma frecuencia va a haber el doble o el triple de licencias que hoy hay. Esto se realizará a través de decodificadores, que a través del convenio firmado con Brasil, se van a conseguir mucho más baratos”, indicó.
Massarotti apuntó que “esto estará controlado por el Consejo General, que se compone por todas las jurisdicciones, por todas las provincias, que a su vez es controlado por la Comisión Bicameral”.
“Si uno ve el centimetraje que salía en los medios nacionales de Entre Ríos, es casi nulo. Ellos hacen invisibles determinados temas. Además, cambian las palabras. Cuando cortamos una calle, dicen que hay caos en el tránsito, y si lo hacen los ruralistas, es una protesta. Por eso, hay que empezar a cambiar esto”.
Colegiaturas
“Esto aplica para la autoridad de aplicación, para la Red Estatal, para lo cual se requiere como comisión una calificación estatal. Obviamente, no se va a poner al frente de los medios, a un tipo que vendía autos. Pero en los medios, no hay limitaciones en ese aspecto. No hay que olvidar que esta ley regula los medios audiovisuales”.
“Yo de todos modos creo que no deja de ser conveniente que se planteen algunas cosas, en defensa de tal o cual sector”, admitió.
Sobre los dichos de Busti, quien había criticado la ley, Massarotti indicó: “Hoy no hay libertad de expresión, cuando solo los que tienen plata manejan todo esto. Jauretche decía que había quienes en lugar de apostar a la libertad de prensa, apostaban a la Libertad de Empresa”.
“Otro instituto que también se incorpora a esta ley, es un Consejo de la Infancia. Lo cierto es que estamos ante una ley importante. Y si no empezamos con esto, la pobreza tampoco la vamos a poder combatir, porque que hablen solo los que tienen plata, hace que esto se perpetúe”, indicó el gremialista.
Televisación del fútbol
“El fútbol se tiene que ver de dos maneras. Una, como un negocio que hay que controlar. Y otra, como el deporte como recreación. Sinceramente, creo que esto es importante, y que el común de la gente, que antes tenía que pagar para mirar un partido, es un avance”.
“El 19% de las empresas tienen el 70% de los medios. Mientras que las Naciones Unidas, advierten que el 50% del mercado hace peligrar la democracia”, expresó.
“Si vos tenés más posibilidades, si a uno no le gusta, puede cambiar la radio. Ahora, cuando uno tiene todas las radios iguales, que repiten lo mismo de Buenos Aires. Yo pienso que hay que darle libertad a la gente, ahora, este tipo de cuestiones es parte de las libertades personales de la gente”, sentenció el dirigente.
Fuente: La Voz
Massarotti comentó que “en el país, 19 empresas tienen el 70% de los medios de comunicación. Y una de ellas, como el grupo
Vilas – Manzano, hasta tiene inversiones en empresas petroleras”.“En las provincias, el 70% de los contenidos son enlatados, viene desde Buenos Aires”, expresó Massarotti. “Por un lado, se busca romper los monopolios, y por otro, dar mayores chances para que los medios locales puedan expandirse. Son todos elementos centrales, unidos a lo que significa la democratización”.
“Lo que sí, es que esta norma levanta polvareda porque se tocan algunos intereses”, indicó el gremialista.
“El proyecto de ley garantiza muchas cosas, libertad de expresión, las realidades culturales”, dijo Massarotti. “Y por lo que conozco, más bien está orientado al modelo Canadiense, que a una chavización”.
Por otra parte, el gremialista expresó que “no hay reválidas de las licencias, sino de la revisión de los estándares técnicos. Esto va a significar, con las normas de televisación japonesas, haya más frecuencias en la misma frecuencia”.
“Y con esta nueva ley, en una misma frecuencia va a haber el doble o el triple de licencias que hoy hay. Esto se realizará a través de decodificadores, que a través del convenio firmado con Brasil, se van a conseguir mucho más baratos”, indicó.
Massarotti apuntó que “esto estará controlado por el Consejo General, que se compone por todas las jurisdicciones, por todas las provincias, que a su vez es controlado por la Comisión Bicameral”.
“Si uno ve el centimetraje que salía en los medios nacionales de Entre Ríos, es casi nulo. Ellos hacen invisibles determinados temas. Además, cambian las palabras. Cuando cortamos una calle, dicen que hay caos en el tránsito, y si lo hacen los ruralistas, es una protesta. Por eso, hay que empezar a cambiar esto”.
Colegiaturas
“Esto aplica para la autoridad de aplicación, para la Red Estatal, para lo cual se requiere como comisión una calificación estatal. Obviamente, no se va a poner al frente de los medios, a un tipo que vendía autos. Pero en los medios, no hay limitaciones en ese aspecto. No hay que olvidar que esta ley regula los medios audiovisuales”.
“Yo de todos modos creo que no deja de ser conveniente que se planteen algunas cosas, en defensa de tal o cual sector”, admitió.
Sobre los dichos de Busti, quien había criticado la ley, Massarotti indicó: “Hoy no hay libertad de expresión, cuando solo los que tienen plata manejan todo esto. Jauretche decía que había quienes en lugar de apostar a la libertad de prensa, apostaban a la Libertad de Empresa”.
“Otro instituto que también se incorpora a esta ley, es un Consejo de la Infancia. Lo cierto es que estamos ante una ley importante. Y si no empezamos con esto, la pobreza tampoco la vamos a poder combatir, porque que hablen solo los que tienen plata, hace que esto se perpetúe”, indicó el gremialista.
Televisación del fútbol
“El fútbol se tiene que ver de dos maneras. Una, como un negocio que hay que controlar. Y otra, como el deporte como recreación. Sinceramente, creo que esto es importante, y que el común de la gente, que antes tenía que pagar para mirar un partido, es un avance”.
“El 19% de las empresas tienen el 70% de los medios. Mientras que las Naciones Unidas, advierten que el 50% del mercado hace peligrar la democracia”, expresó.
“Si vos tenés más posibilidades, si a uno no le gusta, puede cambiar la radio. Ahora, cuando uno tiene todas las radios iguales, que repiten lo mismo de Buenos Aires. Yo pienso que hay que darle libertad a la gente, ahora, este tipo de cuestiones es parte de las libertades personales de la gente”, sentenció el dirigente.
Fuente: La Voz
"La ley de Comunicación Audiovisual promoverá el trabajo y la identidad nacional", aseguró la presidenta Cristina Fernández.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner asistió al acto por la remodelación de la Casa del Teatro, y afirmó que la nueva ley de Comunicación Audiovisual promoverá trabajo para actores y técnicos y que además impulsará identidad nacional y regional.
Visiblemente emocionada, y luego de agradecer a los artistas presentes, Cristina pidió que “la persecución o estigmatización de la gente quede atrás, especialmente cuando vivimos en una sociedad que tiene el derecho de votar democráticamente” y aprovechó el escenario para hacer referencia al proyecto audiovisual que envió al Congreso.
El hecho de que quienes comercializan las señales no puedan fijar contenidos, posibilitará que “surjan empresas que darán más trabajo, diversificando así la participación de todos para garantizar la industria nacional cultural, que son ustedes”, sostuvo dirigiéndose a los actores y actrices presentes en el acto.
Visiblemente emocionada, y luego de agradecer a los artistas presentes, Cristina pidió que “la persecución o estigmatización de la gente quede atrás, especialmente cuando vivimos en una sociedad que tiene el derecho de votar democráticamente” y aprovechó el escenario para hacer referencia al proyecto audiovisual que envió al Congreso.
El hecho de que quienes comercializan las señales no puedan fijar contenidos, posibilitará que “surjan empresas que darán más trabajo, diversificando así la participación de todos para garantizar la industria nacional cultural, que son ustedes”, sostuvo dirigiéndose a los actores y actrices presentes en el acto.
Medios sin remedios:
TelAm: a full con los oficialistas y el proyecto de Ley, el resto... bien, gracias!
Clarín descubre que en Argentina las cosas no están bien (y si algo está bien no figura en la lista)
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Binner: "Hay que habilitar el debate de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual"
El gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, consideró que la oposición en el Congreso de la Nación debería habilitar el tratamiento de la nueva Ley de Radiodifusión porque “toda ley debe ser tratada”. Sin embargo, dijo que hay que ser prudentes a la hora de introducir modificaciones. “Hay que ser cautos en las modificaciones, pero que es necesario modificar la ley es indiscutible porque es una ley que viene de la dictadura, y a Santa Fe la perjudica enormemente”, aseguró.
El mandatario aprovechó para darle anclaje local al tema. “En la provincia de Santa Fe estamos muy mal desde el punto de vista de las comunicaciones. No tenemos absolutamente ningún medio ni oral ni escrito ni televisivo, que llegue a toda la provincia. Por lo tanto, hasta encontramos algunas regiones santafesinas con tonada cordobesa. No tenemos medios propios que nos integren”, se quejó.
El mandatario aprovechó para darle anclaje local al tema. “En la provincia de Santa Fe estamos muy mal desde el punto de vista de las comunicaciones. No tenemos absolutamente ningún medio ni oral ni escrito ni televisivo, que llegue a toda la provincia. Por lo tanto, hasta encontramos algunas regiones santafesinas con tonada cordobesa. No tenemos medios propios que nos integren”, se quejó.
El impresentable dice:
De Vido aseguró que los trabajadores de medios “tendrán un rol importante” en la sanción de la ley de Comunicación Audiovisual
El ministro de Planificación Federal enumeró al “Sindicato de Trabajadores de Televisión, la Asociación Argentina de Actores, los compañeros de Foetra, de la Publicidad", quienes “tendrán en el Foro en que se debata la ley de Servicios de Comunicac
ión Audiovisual, una actividad y una presencia protagónica” (NdE: Con el devido respeto los foros ya se hicieron o no le avisó Mariotto, o los propios trabajadores que particiaparon de ellos vía sus organizaciones gremiales. O ¿preparan otro Foro y no avisaron?).
El ministro, junto a su par de Trabajo, Carlos Tomada y sindicalistas como Oscar Viviani, José Pedraza, Omar Maturano, Jorge Pérez Tamayo, entre otros, participó hoy del acto inaugural de la sede de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte CATT, en el porteño barrio de San Cristóbal.
Allí sostuvo que el Gobierno quiere que "todos los gremios del área comunicacional estén trabajando, a través del Ministerio, en el marco de la nueva modalidad de televisión digital terrestre".
Al respecto indicó que "seguramente a través del compañero (Gabriel) Mariotto (Interventor del ComFeR) y las distintas sedes de Gobierno se los va a invitar a opinar, a tener una presencia activa en lo que es la definición de esta ley tan importante para la Argentina".
La decisión de adoptar la televisión digital terrestre (para la que Argentina adhirió al sistema japonés), según De Vido "va a abrir al aire más de 20 canales, en forma gratuita, sólo en el área metropolitana de Buenos aires".
El ministro acusó hoy a los medios de comunicación de "demonizar" las políticas del gobierno nacional y ratificó la alianza con los sindicatos "para consolidar el modelo".
Por esa razón consideró que los cambios que aparejará el nuevo sistema de televisión digital "hace a la necesidad de que se consolide también una Confederación de Trabajadores de la Comunicación".
Fuente: TelAm
El ministro de Planificación Federal enumeró al “Sindicato de Trabajadores de Televisión, la Asociación Argentina de Actores, los compañeros de Foetra, de la Publicidad", quienes “tendrán en el Foro en que se debata la ley de Servicios de Comunicac
ión Audiovisual, una actividad y una presencia protagónica” (NdE: Con el devido respeto los foros ya se hicieron o no le avisó Mariotto, o los propios trabajadores que particiaparon de ellos vía sus organizaciones gremiales. O ¿preparan otro Foro y no avisaron?).El ministro, junto a su par de Trabajo, Carlos Tomada y sindicalistas como Oscar Viviani, José Pedraza, Omar Maturano, Jorge Pérez Tamayo, entre otros, participó hoy del acto inaugural de la sede de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte CATT, en el porteño barrio de San Cristóbal.
Allí sostuvo que el Gobierno quiere que "todos los gremios del área comunicacional estén trabajando, a través del Ministerio, en el marco de la nueva modalidad de televisión digital terrestre".
Al respecto indicó que "seguramente a través del compañero (Gabriel) Mariotto (Interventor del ComFeR) y las distintas sedes de Gobierno se los va a invitar a opinar, a tener una presencia activa en lo que es la definición de esta ley tan importante para la Argentina".
La decisión de adoptar la televisión digital terrestre (para la que Argentina adhirió al sistema japonés), según De Vido "va a abrir al aire más de 20 canales, en forma gratuita, sólo en el área metropolitana de Buenos aires".
El ministro acusó hoy a los medios de comunicación de "demonizar" las políticas del gobierno nacional y ratificó la alianza con los sindicatos "para consolidar el modelo".
Por esa razón consideró que los cambios que aparejará el nuevo sistema de televisión digital "hace a la necesidad de que se consolide también una Confederación de Trabajadores de la Comunicación".
Fuente: TelAm
Gil Lavedra: "El proyecto del gobierno es para confrontar con Clarín"
El diputado radical electo Ricardo Gil Lavedra consideró hoy que el Gobierno no lanzó el proyecto de ley de Radiodifusión “para defender la libertad de expresión”, sino para “controlar a los medios” y para “generar confrontación con el grupo Clarín”.
Anticipó que probablemente los legisladores del Acuerdo Cívico y Social decidirán que si el proyecto no se trata en conjunto con otras normas que
consideró “clave” para la libertad de expresión, como las de “acceso a la información y la regulación de la publicidad oficial”, no darán quórum cuando llegue el debate.
Gil Lavedra, en diálogo con radio Continental, afirmó que el proyecto contiene la posibilidad de dar al poder “los resortes que le permitirán tratar de controlar los medios”.
“Lo que parece claro es que lo que anima al Gobierno no es la defensa de la libertad de expresión, porque una norma así nunca podría sancionarse si no se regula simultáneamente la publicidad oficial y la ley de acceso a la información”, puntualizó.
Señaló que la oposición debería reunirse para evitar que el Gobierno logre “sacar la ley a empujones”.
Añadió que a su entender el proyecto “plantea enormes dudas, como la posibilidad de dar una enorme discrecionalidad a través de la autoridad de aplicación” de quienes revisarán cada dos años el cumplimiento de las pautas por parte de los medios.
“Pareciera que es una norma planteada exclusivamente para tratar de cuestionar o generar confrontación con el grupo Clarín”, agregó.
Estimó Gil Lavedra que la ley “debería estar rodeada del mayor consenso y acuerdo posible”, por lo que consideró sospechoso “haber omitido” para su tratamiento inicial a la comisión de libertad de expresión y a la de asuntos constitucionales.
Por otra parte, estimó que la nueva autoridad de aplicación que contempla el proyecto para reemplazar al ComFeR en la vigilancia de las licencias que se otorgan, y que estaría integrada por una mayoría oficialista, “es un retroceso, es un maquillaje” y recordó que Néstor Kirchner, cuando era presidente, “extendió licencias de televisión abierta por diez años de modo absolutamente discrecional y arbitrario”.
Añadió que la regulación de la publicidad oficial cobra “extraordinaria relevancia” y cuestionó que el proyecto contenga la “prohibición de publicidad privada en materia política, porque si sólo se puede destinar publicidad oficial, esa pauta del Estado será la que determine cuáles serán los medios exitosos y cuáles no”.
“Corresponde a la oposición poner los mayores recaudos para que la ley pueda ser discutida de un modo transparente y honesto, y no prestarse a estas trapizondas y trampas del Gobierno”, sostuvo.
Fuente: DyN
Anticipó que probablemente los legisladores del Acuerdo Cívico y Social decidirán que si el proyecto no se trata en conjunto con otras normas que
consideró “clave” para la libertad de expresión, como las de “acceso a la información y la regulación de la publicidad oficial”, no darán quórum cuando llegue el debate.Gil Lavedra, en diálogo con radio Continental, afirmó que el proyecto contiene la posibilidad de dar al poder “los resortes que le permitirán tratar de controlar los medios”.
“Lo que parece claro es que lo que anima al Gobierno no es la defensa de la libertad de expresión, porque una norma así nunca podría sancionarse si no se regula simultáneamente la publicidad oficial y la ley de acceso a la información”, puntualizó.
Señaló que la oposición debería reunirse para evitar que el Gobierno logre “sacar la ley a empujones”.
Añadió que a su entender el proyecto “plantea enormes dudas, como la posibilidad de dar una enorme discrecionalidad a través de la autoridad de aplicación” de quienes revisarán cada dos años el cumplimiento de las pautas por parte de los medios.
“Pareciera que es una norma planteada exclusivamente para tratar de cuestionar o generar confrontación con el grupo Clarín”, agregó.
Estimó Gil Lavedra que la ley “debería estar rodeada del mayor consenso y acuerdo posible”, por lo que consideró sospechoso “haber omitido” para su tratamiento inicial a la comisión de libertad de expresión y a la de asuntos constitucionales.
Por otra parte, estimó que la nueva autoridad de aplicación que contempla el proyecto para reemplazar al ComFeR en la vigilancia de las licencias que se otorgan, y que estaría integrada por una mayoría oficialista, “es un retroceso, es un maquillaje” y recordó que Néstor Kirchner, cuando era presidente, “extendió licencias de televisión abierta por diez años de modo absolutamente discrecional y arbitrario”.
Añadió que la regulación de la publicidad oficial cobra “extraordinaria relevancia” y cuestionó que el proyecto contenga la “prohibición de publicidad privada en materia política, porque si sólo se puede destinar publicidad oficial, esa pauta del Estado será la que determine cuáles serán los medios exitosos y cuáles no”.
“Corresponde a la oposición poner los mayores recaudos para que la ley pueda ser discutida de un modo transparente y honesto, y no prestarse a estas trapizondas y trampas del Gobierno”, sostuvo.
Fuente: DyN
El oficialismo quiere aprobar en octubre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
El kirchnerismo profundizará esta semana, en el Congreso, el análisis de la iniciativa. El proyecto será debatido esta semana por las comisiones de Libertad de Expresión, Comunicaciones y Presupuesto, entre otras.
La Cámara de Diputados iniciará esta
semana el análisis en comisión del proyecto de Ley de Comunicación Audiovisual enviado el jueves pasado por el Poder Ejecutivo al Parlamento.
Los diputados del oficialista bloque del Frente para la Victoria recibirán mañana o el miércoles a quienes desde el Poder Ejecutivo trabajaron en la elaboración del proyecto, entre ellos al titular del Comité Federal de radiodifusión, Gabriel Mariotto.
En esa reunión en la que los 110 diputados kirchneristas escucharán al los funcionarios del Ejecutivo se terminará de definir la estrategia de trabajo en el tratamiento de la iniciativa y se pondrán de plano los principales argumentos de defensa al proyecto. El texto de 157 artículos comenzaría a ser debatido el jueves por la mañana en un plenario de las comisiones a las que fue girado el proyecto: Comunicaciones, Presupuesto y Libertad de Expresión.
Esas comisiones presididas por los oficialistas Manuel Baladrón (La Pampa) y Gustavo Marconato (Santa Fe); y por la radical Silvana Giudici (Ciudad de Buenos Aires), respectivamente, trabajarían durante al menos dos semanas para emitir dictamen.
A las reuniones se invitará a todos los organismos que tengan relación con el tema como cooperativas, organizaciones no gubernamentales, sindicatos, asociaciones civiles y universitarias, entre otros. El diputado kirchnerista Carlos Kunkel consideró que el proyecto podría estar aprobado por las dos cámaras en un mes, por lo que, según estos cálculos, la iniciativa debería llegar al recinto de la Cámara a más tardar en la tercer semana de septiembre.
Para ello es fundamental la mayoría que el oficialismo tiene en las comisiones a las que fue girado el proyecto, donde la oposición sólo puede aspirar a firmar uno o más dictámenes contrarios a la iniciativa del Poder Ejecutivo. En la comisión de Comunicaciones e Informática, sobre 31 diputados, el oficialismo cuenta con 13 propios y con cuatro aliados incondicionales, lo que le permite superar las 16 firmas para constituirse en mayoría.
Además, en caso de contar con alguna baja imprevista, el Frente para la Victoria cuenta con algunos diputados que han manifestado su apoyo al proyecto, aunque plantean algunos matices en varios puntos. En este lote se encuentran los centroizquieradistas Cecilia Merchan, Miguel Bonasso y Nélida Belous.
El resto de los integrantes de la comisión se reparte entre radicales, cobistas y diputados de la Coalición Cívica, que suman seis; y peronistas disidentes y representantes del PRO, que reúnen cuatro.
El panorama en la comisión de Presupuesto no varía demasiado: sobre 49 integrantes el oficialismo suma entre 22 y 24 y cuenta con tres aliados incondicionales; por lo que supera los 25 necesarios para tener mayoría.
Además los diputados de centroizquierda, Carlos Raimundi y Claudio Lozano, se encuentran más cerca de acompañar el proyecto que de oponerse al mismo. En tanto la comisión de Libertad de Expresión, única presidida por la oposición, suma 23 integrantes: 11 kirchneristas, un aliado incondicional, 10 opositores representantes de la UCR, la CC, el PRO, el PJ disidente y el juecismo, entre otros. El restante miembro de la comisión es Eduardo Macaluse (Solidaridad e Igualdad), que se encuentra en la misma situación que sus pares de bancada, los mencionados Belous, Raimundi y Lozano (Proyecto Sur).
Fuentes: TelAm y Noticias Argentinas
La Cámara de Diputados iniciará esta
semana el análisis en comisión del proyecto de Ley de Comunicación Audiovisual enviado el jueves pasado por el Poder Ejecutivo al Parlamento.Los diputados del oficialista bloque del Frente para la Victoria recibirán mañana o el miércoles a quienes desde el Poder Ejecutivo trabajaron en la elaboración del proyecto, entre ellos al titular del Comité Federal de radiodifusión, Gabriel Mariotto.
En esa reunión en la que los 110 diputados kirchneristas escucharán al los funcionarios del Ejecutivo se terminará de definir la estrategia de trabajo en el tratamiento de la iniciativa y se pondrán de plano los principales argumentos de defensa al proyecto. El texto de 157 artículos comenzaría a ser debatido el jueves por la mañana en un plenario de las comisiones a las que fue girado el proyecto: Comunicaciones, Presupuesto y Libertad de Expresión.
Esas comisiones presididas por los oficialistas Manuel Baladrón (La Pampa) y Gustavo Marconato (Santa Fe); y por la radical Silvana Giudici (Ciudad de Buenos Aires), respectivamente, trabajarían durante al menos dos semanas para emitir dictamen.
A las reuniones se invitará a todos los organismos que tengan relación con el tema como cooperativas, organizaciones no gubernamentales, sindicatos, asociaciones civiles y universitarias, entre otros. El diputado kirchnerista Carlos Kunkel consideró que el proyecto podría estar aprobado por las dos cámaras en un mes, por lo que, según estos cálculos, la iniciativa debería llegar al recinto de la Cámara a más tardar en la tercer semana de septiembre.
Para ello es fundamental la mayoría que el oficialismo tiene en las comisiones a las que fue girado el proyecto, donde la oposición sólo puede aspirar a firmar uno o más dictámenes contrarios a la iniciativa del Poder Ejecutivo. En la comisión de Comunicaciones e Informática, sobre 31 diputados, el oficialismo cuenta con 13 propios y con cuatro aliados incondicionales, lo que le permite superar las 16 firmas para constituirse en mayoría.
Además, en caso de contar con alguna baja imprevista, el Frente para la Victoria cuenta con algunos diputados que han manifestado su apoyo al proyecto, aunque plantean algunos matices en varios puntos. En este lote se encuentran los centroizquieradistas Cecilia Merchan, Miguel Bonasso y Nélida Belous.
El resto de los integrantes de la comisión se reparte entre radicales, cobistas y diputados de la Coalición Cívica, que suman seis; y peronistas disidentes y representantes del PRO, que reúnen cuatro.
El panorama en la comisión de Presupuesto no varía demasiado: sobre 49 integrantes el oficialismo suma entre 22 y 24 y cuenta con tres aliados incondicionales; por lo que supera los 25 necesarios para tener mayoría.
Además los diputados de centroizquierda, Carlos Raimundi y Claudio Lozano, se encuentran más cerca de acompañar el proyecto que de oponerse al mismo. En tanto la comisión de Libertad de Expresión, única presidida por la oposición, suma 23 integrantes: 11 kirchneristas, un aliado incondicional, 10 opositores representantes de la UCR, la CC, el PRO, el PJ disidente y el juecismo, entre otros. El restante miembro de la comisión es Eduardo Macaluse (Solidaridad e Igualdad), que se encuentra en la misma situación que sus pares de bancada, los mencionados Belous, Raimundi y Lozano (Proyecto Sur).
Fuentes: TelAm y Noticias Argentinas
Maristella Svampa: “El modelo minero es peor que el sojero”
La investigadora asegura que el gobierno kirchnerista profundizó los beneficios para las empresas que realizan explotación a cielo abierto y advierte sobre la contaminación que provoca.
Por: Diego Genoud
Dice la socióloga Maristella Svampa que muchos la tratan como si fuera Marco Polo. “Es que les traigo noticias
de otros mundos”, bromea. Sobre fines de los 90, fue una de las primeras en ocuparse del movimiento de desocupados. Ahora, acaba de editar, junto a Mirta Antonelli, Minería transnacional, narrativas de desarrollo y resistencias sociales, un libro gestado por equipos de investigación de cuatro universidades nacionales (Buenos Aires, Córdoba, Catamarca y General Sarmiento) que se propusieron poner en agenda el tema de la minería a cielo abierto. “Es un conflicto con claras asimetrías. De un lado, las multinacionales en alianza con los gobiernos y, del otro, poblaciones que se oponen al saqueo y la contaminación”.
¿Por qué un país como la Argentina, sin una tradición minera fuerte, se convirtió en el sexto del mundo en potencial minero?
Tiene que ver con el nuevo tipo de minería. Los minerales ya no se encuentran bajo la forma de vetas sino que están diseminados, muchos de ellos, en la cordillera y precordillera. Esto lleva a utilizar tecnologías altamente agresivas que devastan el medio ambiente. En la Argentina, existe además un marco impositivo de privilegio que fue sancionado durante el gobierno de Carlos Menem y está vigente.
¿Qué es la megaminería a cielo abierto?
Es el proceso que se pone en marcha para obtener los recursos naturales, cada vez más escasos. Dinamitan montañas enteras y utilizan sustancias químicas, como el cianuro, para separar el metal. Para eso, requieren grandes cantidades de agua y energía. El agua va a ser un problema para todos en muy poco tiempo.
¿Qué tienen en común el modelo minero y el modelo sojero?
Ambos están ligados a esta nueva distribución global y territorial del capital y presionan por la expansión irracional de las fronteras. Eso lo demuestran los 20 millones de hectáreas de soja y los territorios mineros con soberanía propia, como Pascua Lama de la Barrick, que no es ni chileno ni argentino. El modelo sojero se expandió porque contiene más actores: pequeños, medianos y grandes. Pese a su tendencia a la concentración, tiene una capacidad de integración que el modelo minero no tiene porque no produce derrame alguno. En ese sentido, el modelo minero es peor que el sojero. En la Argentina, existe un imaginario predominantemente agrario que lo asocia con la idea de progreso y que hace muy difícil discutir el modelo sojero. En cambio, las mineras deben construir una mitología en torno al bienestar que produce la actividad.
¿Cómo describiría a las asambleas ambientalistas que se nuclean en la Unión de Asambleas Ciudadanas?
Es un movimiento heterogéneo y novedoso que nuclea a quienes luchan contra la minería a cielo abierto y también a quienes combaten el modelo sojero. Son vecinos que se convirtieron en ambientalistas por obligación porque tuvieron que salir a defender su comunidad. Funcionan de manera asamblearia con una gran desconfianza hacia toda forma de institucionalización. Éste es un proceso que surge en el interior más profundo, como sucedió hace doce años con los movimientos piqueteros, y también sufren la criminalización de este tipo de protestas.
En el libro, afirma que las mineras construyen un saber experto para presentar a los ambientalistas como “bárbaros modernos”.
El gobernador de San Juan, José Luis Gioja, afirma que la gente es ignorante y que no está informada. Pero, a partir de la experiencia de Esquel, las asambleas construyen un saber independiente. La minería involucra a todos porque tiene mucho impacto en el nivel de vida de las poblaciones: por eso hay hidrólogos, sociólogos, economistas y abogados que están planteando la importancia del derecho ambiental. Suele competir con la economía agrícola, que necesita agua. Bajo La Alumbrera, en Catamarca, consume cien millones de litros de agua por día y esto implica desertificación.
¿El kirchnerismo produjo algún cambio en este aspecto?
Al contrario, Kirchner le dio continuidad al modelo minero de Menem y lo afianzó con un gesto muy claro como el veto a la Ley de Glaciares.
Los casos de Perú y Bolivia
“Este proceso tiene una escala regional”, dice Maristella Svampa, que acaba de regresar de Bolivia y Perú. “Perú es una expresión extrema del saqueo y la contaminación. Es líder en inversiones mineras desde la década del 90 y mantiene el mismo marco normativo. Nadie cuestiona la minería como tal porque su historia está ligada al modelo extractivista, pese a que es fuerte la criminalización de las protestas”.
¿Y qué pasa en Bolivia?
Los funcionarios de Evo te dicen “Bolivia fue, es y continuará siendo minera”. Sostienen que el desarrollo sólo es posible a través de la explotación de los recursos naturales aunque al servicio de un modelo de redistribución. Convive la pequeña con la mediana y con la gran minería, que se está expandiendo. Evo tiene hacia afuera un discurso de defensa de la naturaleza y de la relación de las comunidades indígenas. Pero hacia adentro, tiene un discurso nacional productivista, que es riesgoso. En los últimos dos meses, decidió la expansión de la frontera hidrocarburífera, sin respetar el derecho de las comunidades, salvaguardada por su nueva Constitución.
¿Cómo es el caso de Ecuador?
Hicieron la Constitución más avanzada desde el punto de vista ambiental pero Correa avaló una ley de minería que habilita la expansión de la frontera hacia la Amazonia y tiene en contra a todos las organizaciones campesino-indígenas. Más allá de la inclinación ideológica del gobierno, conservador o de izquierda, tarde o temprano se va a una colisión.
Fuente: Crítica de la Argentina
Por: Diego Genoud
Dice la socióloga Maristella Svampa que muchos la tratan como si fuera Marco Polo. “Es que les traigo noticias
de otros mundos”, bromea. Sobre fines de los 90, fue una de las primeras en ocuparse del movimiento de desocupados. Ahora, acaba de editar, junto a Mirta Antonelli, Minería transnacional, narrativas de desarrollo y resistencias sociales, un libro gestado por equipos de investigación de cuatro universidades nacionales (Buenos Aires, Córdoba, Catamarca y General Sarmiento) que se propusieron poner en agenda el tema de la minería a cielo abierto. “Es un conflicto con claras asimetrías. De un lado, las multinacionales en alianza con los gobiernos y, del otro, poblaciones que se oponen al saqueo y la contaminación”.¿Por qué un país como la Argentina, sin una tradición minera fuerte, se convirtió en el sexto del mundo en potencial minero?
Tiene que ver con el nuevo tipo de minería. Los minerales ya no se encuentran bajo la forma de vetas sino que están diseminados, muchos de ellos, en la cordillera y precordillera. Esto lleva a utilizar tecnologías altamente agresivas que devastan el medio ambiente. En la Argentina, existe además un marco impositivo de privilegio que fue sancionado durante el gobierno de Carlos Menem y está vigente.
¿Qué es la megaminería a cielo abierto?
Es el proceso que se pone en marcha para obtener los recursos naturales, cada vez más escasos. Dinamitan montañas enteras y utilizan sustancias químicas, como el cianuro, para separar el metal. Para eso, requieren grandes cantidades de agua y energía. El agua va a ser un problema para todos en muy poco tiempo.
¿Qué tienen en común el modelo minero y el modelo sojero?
Ambos están ligados a esta nueva distribución global y territorial del capital y presionan por la expansión irracional de las fronteras. Eso lo demuestran los 20 millones de hectáreas de soja y los territorios mineros con soberanía propia, como Pascua Lama de la Barrick, que no es ni chileno ni argentino. El modelo sojero se expandió porque contiene más actores: pequeños, medianos y grandes. Pese a su tendencia a la concentración, tiene una capacidad de integración que el modelo minero no tiene porque no produce derrame alguno. En ese sentido, el modelo minero es peor que el sojero. En la Argentina, existe un imaginario predominantemente agrario que lo asocia con la idea de progreso y que hace muy difícil discutir el modelo sojero. En cambio, las mineras deben construir una mitología en torno al bienestar que produce la actividad.
¿Cómo describiría a las asambleas ambientalistas que se nuclean en la Unión de Asambleas Ciudadanas?
Es un movimiento heterogéneo y novedoso que nuclea a quienes luchan contra la minería a cielo abierto y también a quienes combaten el modelo sojero. Son vecinos que se convirtieron en ambientalistas por obligación porque tuvieron que salir a defender su comunidad. Funcionan de manera asamblearia con una gran desconfianza hacia toda forma de institucionalización. Éste es un proceso que surge en el interior más profundo, como sucedió hace doce años con los movimientos piqueteros, y también sufren la criminalización de este tipo de protestas.
En el libro, afirma que las mineras construyen un saber experto para presentar a los ambientalistas como “bárbaros modernos”.
El gobernador de San Juan, José Luis Gioja, afirma que la gente es ignorante y que no está informada. Pero, a partir de la experiencia de Esquel, las asambleas construyen un saber independiente. La minería involucra a todos porque tiene mucho impacto en el nivel de vida de las poblaciones: por eso hay hidrólogos, sociólogos, economistas y abogados que están planteando la importancia del derecho ambiental. Suele competir con la economía agrícola, que necesita agua. Bajo La Alumbrera, en Catamarca, consume cien millones de litros de agua por día y esto implica desertificación.
¿El kirchnerismo produjo algún cambio en este aspecto?
Al contrario, Kirchner le dio continuidad al modelo minero de Menem y lo afianzó con un gesto muy claro como el veto a la Ley de Glaciares.
Los casos de Perú y Bolivia
“Este proceso tiene una escala regional”, dice Maristella Svampa, que acaba de regresar de Bolivia y Perú. “Perú es una expresión extrema del saqueo y la contaminación. Es líder en inversiones mineras desde la década del 90 y mantiene el mismo marco normativo. Nadie cuestiona la minería como tal porque su historia está ligada al modelo extractivista, pese a que es fuerte la criminalización de las protestas”.
¿Y qué pasa en Bolivia?
Los funcionarios de Evo te dicen “Bolivia fue, es y continuará siendo minera”. Sostienen que el desarrollo sólo es posible a través de la explotación de los recursos naturales aunque al servicio de un modelo de redistribución. Convive la pequeña con la mediana y con la gran minería, que se está expandiendo. Evo tiene hacia afuera un discurso de defensa de la naturaleza y de la relación de las comunidades indígenas. Pero hacia adentro, tiene un discurso nacional productivista, que es riesgoso. En los últimos dos meses, decidió la expansión de la frontera hidrocarburífera, sin respetar el derecho de las comunidades, salvaguardada por su nueva Constitución.
¿Cómo es el caso de Ecuador?
Hicieron la Constitución más avanzada desde el punto de vista ambiental pero Correa avaló una ley de minería que habilita la expansión de la frontera hacia la Amazonia y tiene en contra a todos las organizaciones campesino-indígenas. Más allá de la inclinación ideológica del gobierno, conservador o de izquierda, tarde o temprano se va a una colisión.
Fuente: Crítica de la Argentina
Edita La Mañana de Córdoba el "Patético felpudismo a Clarín de políticos cordobeses"
Por: Horacio Lazcano
Los políticos -casi todos, de todos los colores partidarios- temen a la prensa. Todos ellos se desviven por un par de centímetros de columna y se ponen furiosos ante cualquier trascendido que los deje desairados.
Los que están en el gobierno intentan de mil maneras la quimera de un “arreglo” que dure, al menos, hasta el final de sus mandatos. Quieren paz y para ello utilizan todas las armas a su disposición. Principalmente la pauta publicitaria.
Los que están en la oposición maldicen en voz baja por los silencios o iniquidades perpetrados por los medios pero -al menos mientras estén en el llano- buscan congraciarse con la prensa ante cualquier avance del poder político sobre los medios.
Estas reglas de juego se expresan en los últimos días en todo el país y patéticamente en Córdoba.
Es que no hay dirigente cordobés que no se haya lamentado y sufrido la manipulación, la asfixia o la indiferencia -sería un buen desafío para el detector de mentiras sobre este punto- de La Voz del Interior. De este poder extorsivo, en el último lustro, solo se salvó Luis Juez (el preferido de la empresa y sus periodistas). El resto del abanico partidario, en mayor o menor medida, lo padeció con estoicismo, resignación o desesperación. Principalmente los representantes de la Unión Cívica Radical y del peronismo fueron sin dudas quienes con mayor rigor lo sintieron y lo sienten en los últimos tiempos.
Basta recordar dos situaciones que pueden considerarse anécdotas pero que reflejan con claridad esas situaciones. En 1999, con Ramón Mestre vencido y De la Sota cómodamente ubicado en la antesala del principal despacho de la Casa de las Tejas, La Voz machacaba sobre la herida radical escribiendo barbaridades tales como que De la Sota era un buen intérprete de guitarra y voz en amistosas reuniones con sus periodistas. Machacaba sobre aquellos aspectos que el último mandatario de la UCR había errado -en su particular interpretación- como el presentismo docente o la nuclearización en el sistema educativo o sanitario. Con su estilo hosco, Mestre había decidido mantener posturas muy lejanas a la promiscuidad que La Voz exige de los gobernantes.
Con José Manuel de la Sota pasa algo parecido, con el condimento de obsecuencia que le sumó Juez a las pretensiones dominantes de la sucursal de Clarín en Córdoba. Hasta lograron bautizar una avenida con el nombre de la sociedad anónima y hacer que el pobre Jerónimo Luis de Cabrera se aburra eternamente leyendo las obviedades que escriben habitualmente en sus páginas. De considerarlo un trovador interesante pasó a ser un abominable dirigente, solo porque en un rapto de contrariedad protocolar, siendo gobernador, De la Sota los dejó plantados en la fiestita de los cien años. Desde ahí nada de lo que hizo o haga De la Sota será valorado con algún equilibrio por el manifiesto juecista de Córdoba.
Claro que todas estas cosas están siempre protegidas por el epigrama “diario independiente de la mañana”, mentira que parece autoexculparlos de sus pecados.
Pero todo eso no es significativo, aunque sí patético por el cariz de las posiciones de muchos dirigentes en los últimos días frente al proyecto de Ley de Comunicación Audiovisual. Lo realmente chocante de los políticos de Córdoba, sobre todo de la Unión Cívica Radical y del peronismo en el gobierno, es el espanto que manifiestan, las vestiduras que desagarran y el felpudismo que despliegan expresando solidaridad y prometiendo disciplina ante los medios de Clarín frente a la probable pérdida de posiciones monopólicas del propietario de La Voz. Parece que nada más importa. Parece que el mandato divino es salvar a Clarín, casi como si fuera salvar a la Patria.
Sin dudas se viene una batalla feroz entre el gobierno nacional, que está probablemente enceguecido en su puja con Clarín, y la necesidad que tiene el país de lograr una ley de radiodifusión más democrática y equitativa, que elimine la posibilidad de monopolios y que diversifique más la oferta periodística. Pero una clase política pusilánime y calculadora de los segundos en el aire que cada uno tendrá conforme a la posición que sostenga, al margen del auténtico interés nacional, no es el mejor contexto al que podemos aspirar para que el país se dote asimismo de una mejor Ley de Medios.
Un país que sabe algo del tema ha pronunciado dos frases al respecto, por boca de sendos presidentes. Una, la conocida de Thomas Jefferson, quien dijo preferir un país sin gobierno a un país sin diarios. La otra, más reciente, de Barack Obama, que afirmó recientemente que los Estados Unidos no son viables “sin el pálpito de los medios de comunicación”.
Claro que nuestros políticos deberían recordar que los medios concentrados en una sola mano, más que de comunicación son medios extorsión, algo que La Voz ya le hizo sentir a los actuales líderes del radicalismo, del peronismo y de cuanto ismo pretenda tener alguna voz en Córdoba.
Antecedente
A poco de finalizar su segundo mandato, Carlos Menem concedió un reportaje a Ambito Financiero. Allí, ante una pregunta del periodista Julio Ramos, Menem dijo que uno de los principales errores que cometió en su gobierno fue permitir la concentración de los medios de comunicación.
Uno de los grupos más beneficiados por la permisividad de Menem en los noventa fue el Grupo Clarín, que sumó canales de TV a su fuerte posicionamiento en la prensa gráfica y su situación de privilegio, junto con otros medios en Papel Prensa, que le permite el acceso barato a un insumo sustancial.
Sin duda, la democratización de los medios es un debate pendiente que tenemos los argentinos. Se trata de una ley que debe ser consensuada entre todo el espectro político, representación del conjunto de la sociedad argentina. Sería un claro error el subordinarla a las estrechas demandas coyunturales y mucho más que los representantes cordobeses que en el poder o en llano conocieron la arbitrariedad de La Voz se encuadren pensando en la próxima candidatura.
Fuente: Diario La Mañana
Los políticos -casi todos, de todos los colores partidarios- temen a la prensa. Todos ellos se desviven por un par de centímetros de columna y se ponen furiosos ante cualquier trascendido que los deje desairados.
Los que están en el gobierno intentan de mil maneras la quimera de un “arreglo” que dure, al menos, hasta el final de sus mandatos. Quieren paz y para ello utilizan todas las armas a su disposición. Principalmente la pauta publicitaria.
Los que están en la oposición maldicen en voz baja por los silencios o iniquidades perpetrados por los medios pero -al menos mientras estén en el llano- buscan congraciarse con la prensa ante cualquier avance del poder político sobre los medios.
Estas reglas de juego se expresan en los últimos días en todo el país y patéticamente en Córdoba.
Es que no hay dirigente cordobés que no se haya lamentado y sufrido la manipulación, la asfixia o la indiferencia -sería un buen desafío para el detector de mentiras sobre este punto- de La Voz del Interior. De este poder extorsivo, en el último lustro, solo se salvó Luis Juez (el preferido de la empresa y sus periodistas). El resto del abanico partidario, en mayor o menor medida, lo padeció con estoicismo, resignación o desesperación. Principalmente los representantes de la Unión Cívica Radical y del peronismo fueron sin dudas quienes con mayor rigor lo sintieron y lo sienten en los últimos tiempos.
Basta recordar dos situaciones que pueden considerarse anécdotas pero que reflejan con claridad esas situaciones. En 1999, con Ramón Mestre vencido y De la Sota cómodamente ubicado en la antesala del principal despacho de la Casa de las Tejas, La Voz machacaba sobre la herida radical escribiendo barbaridades tales como que De la Sota era un buen intérprete de guitarra y voz en amistosas reuniones con sus periodistas. Machacaba sobre aquellos aspectos que el último mandatario de la UCR había errado -en su particular interpretación- como el presentismo docente o la nuclearización en el sistema educativo o sanitario. Con su estilo hosco, Mestre había decidido mantener posturas muy lejanas a la promiscuidad que La Voz exige de los gobernantes.
Con José Manuel de la Sota pasa algo parecido, con el condimento de obsecuencia que le sumó Juez a las pretensiones dominantes de la sucursal de Clarín en Córdoba. Hasta lograron bautizar una avenida con el nombre de la sociedad anónima y hacer que el pobre Jerónimo Luis de Cabrera se aburra eternamente leyendo las obviedades que escriben habitualmente en sus páginas. De considerarlo un trovador interesante pasó a ser un abominable dirigente, solo porque en un rapto de contrariedad protocolar, siendo gobernador, De la Sota los dejó plantados en la fiestita de los cien años. Desde ahí nada de lo que hizo o haga De la Sota será valorado con algún equilibrio por el manifiesto juecista de Córdoba.
Claro que todas estas cosas están siempre protegidas por el epigrama “diario independiente de la mañana”, mentira que parece autoexculparlos de sus pecados.
Pero todo eso no es significativo, aunque sí patético por el cariz de las posiciones de muchos dirigentes en los últimos días frente al proyecto de Ley de Comunicación Audiovisual. Lo realmente chocante de los políticos de Córdoba, sobre todo de la Unión Cívica Radical y del peronismo en el gobierno, es el espanto que manifiestan, las vestiduras que desagarran y el felpudismo que despliegan expresando solidaridad y prometiendo disciplina ante los medios de Clarín frente a la probable pérdida de posiciones monopólicas del propietario de La Voz. Parece que nada más importa. Parece que el mandato divino es salvar a Clarín, casi como si fuera salvar a la Patria.
Sin dudas se viene una batalla feroz entre el gobierno nacional, que está probablemente enceguecido en su puja con Clarín, y la necesidad que tiene el país de lograr una ley de radiodifusión más democrática y equitativa, que elimine la posibilidad de monopolios y que diversifique más la oferta periodística. Pero una clase política pusilánime y calculadora de los segundos en el aire que cada uno tendrá conforme a la posición que sostenga, al margen del auténtico interés nacional, no es el mejor contexto al que podemos aspirar para que el país se dote asimismo de una mejor Ley de Medios.
Un país que sabe algo del tema ha pronunciado dos frases al respecto, por boca de sendos presidentes. Una, la conocida de Thomas Jefferson, quien dijo preferir un país sin gobierno a un país sin diarios. La otra, más reciente, de Barack Obama, que afirmó recientemente que los Estados Unidos no son viables “sin el pálpito de los medios de comunicación”.
Claro que nuestros políticos deberían recordar que los medios concentrados en una sola mano, más que de comunicación son medios extorsión, algo que La Voz ya le hizo sentir a los actuales líderes del radicalismo, del peronismo y de cuanto ismo pretenda tener alguna voz en Córdoba.
Antecedente
A poco de finalizar su segundo mandato, Carlos Menem concedió un reportaje a Ambito Financiero. Allí, ante una pregunta del periodista Julio Ramos, Menem dijo que uno de los principales errores que cometió en su gobierno fue permitir la concentración de los medios de comunicación.
Uno de los grupos más beneficiados por la permisividad de Menem en los noventa fue el Grupo Clarín, que sumó canales de TV a su fuerte posicionamiento en la prensa gráfica y su situación de privilegio, junto con otros medios en Papel Prensa, que le permite el acceso barato a un insumo sustancial.
Sin duda, la democratización de los medios es un debate pendiente que tenemos los argentinos. Se trata de una ley que debe ser consensuada entre todo el espectro político, representación del conjunto de la sociedad argentina. Sería un claro error el subordinarla a las estrechas demandas coyunturales y mucho más que los representantes cordobeses que en el poder o en llano conocieron la arbitrariedad de La Voz se encuadren pensando en la próxima candidatura.
Fuente: Diario La Mañana
Los juzga un tribunal, los condenamos todos!!!
Un día antes del comienzo de los juicio los organismos de Derechos Humanos estuvieron en el Estadio de Newell´s Old Boys. El juicio se puede seguir en vivo acá.La primera transmisión en vivo y en directo se realiza el día 31 de agosto de 9:30 hs. a 13:00 hs. y de 16:00 a 20:00 hs. La misma se desarrolla en el Tribunal Oral Federal N° 1 de Rosario y corresponde a las causas Pascual Guerrieri, más conocida como Quinta de Funes y la causa acumulada Jordana Testoni, que investiga los delitos cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la Fábrica Militar de Armas Portátiles Domingo Matheu.
Imprime La Nación críticas al proyecto de radiodifusión
Legisladores y académicos de América latina evaluaron la iniciativa del Gobierno; recomendaciones y sugerencias
Por: Jaime Rosemberg
Una ley "alejada de los tiempos y las urgencias políticas y electorales". Absoluta libertad de expresión, con control limitado de los contenidos que emiten los licenciatarios. Autoridades de aplicación "independientes" y medios de comunicación públicos "sin molestas interferencias del poder de turno".
Estas son algunas de las recomendaciones y sugerencias que legisladores y expertos de distintos países del continente expresaron en el seminario sobre medios de comunicación audiovisual realizado en el Senado el jueves último, el mismo día que la presidenta Cristina Kirchner enviaba el proyecto de ley de radiodifusión oficialista al Congreso. Un día después del seminario, y reunidos por La Nación, debatieron sobre el tema Lorena Donoso, integrante del observatorio de Medios Fucatel, de Chile; Fernando Flexa Ribeiro, senador del PSBD y titular de la Comisión de Ciencia y Tecnología de Brasil; Ara Minassian, integrante de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (ANaTel), que regula el ámbito de las telecomunicaciones brasileñas, y la senadora de la Coalición Cívica María Eugenia Estenssoro, organizadora del encuentro, que contó también con la presencia de otros expertos uruguayos y chilenos.
Se critica el momento elegido por el Gobierno para presentar la ley. ¿Cuál sería para ustedes el mejor momento para hacerlo?
Donoso: En Chile está clarísimo que éste no es un buen momento. Se discute hoy la ley para la TV digital, y las elecciones son en noviembre. Legislar sobre los medios con una elección encima no parece ser razonable. Hay que diferenciarlo de los avatares políticos.
Ribeiro: Estamos en un proceso muy avanzado. En lo que hace a la TV digital, el proceso estará culminado en 2016, con diez años de transición. Estamos discutiendo en el Congreso [de Brasil] la convergencia tecnológica, las plataformas, los contenidos, porque la legislación no acompañó el avance tecnológico.
Estenssoro: Me parece bueno el ejemplo de Uruguay, donde no se asignan licencias un año antes y hasta un año después de cualquier elección. Este período, con un Congreso elegido el 28 de junio que no asumirá hasta diciembre, no parece ser el mejor para una nueva ley. Tuvieron seis años y medio para hacerla y no la hicieron, la ley que proponen es más pasado que futuro.
La potestad de revisar licencias cada dos años también es cuestionada por la oposición. ¿Qué evaluación hacen?
Donoso: Se está debatiendo en este momento el tema de las licencias en Chile. En la televisión abierta, los plazos a nivel internacional están entre los ocho y los quince años. Revisar cada dos años no es bueno, para nada, aunque debería diferenciarse entre los que dan los contenidos y los que tienen en sus manos el soporte técnico.
Minassian: En Brasil, las concesiones de tevé son de 15 años y las de radio, de 10. De esa manera hay previsibilidad, y soy favorable a qué se haga una revisión técnica cada cinco años, no para presionar a los medios, sino para ajustar las nuevas tecnologías. Ustedes tienen que tener una ley inteligente, adaptable a cualquier tecnología.
Estenssoro: La autoridad de aplicación debe estar monitoreando permanentemente a las prestadoras. En la aplicación de sanciones debe estar muy claro cuáles son las instancias de monitoreo hasta llegar a la revocación de las licencias. Dos años es poco, cinco años parece razonable si las concesiones van a durar quince años.
La mirada sobre los contenidos
Los expertos reunidos en el Senado también se preguntaron cómo regular los contenidos de los medios masivos.
"Un precepto constitucional brasileño es la libertad de expresión, y nada que huela a censura debe estar en la legislación", dijo el brasileño Fernando Ribeiro.
A criterio de la chilena Lorena Donoso, "el consejo nacional de tevé tiene que dar explicaciones al Congreso de temas como contenidos y adjudicación".
También los expertos reunidos en el seminario indagaron sobre los monopolios. "En Brasil no hay posibilidad de hacerlos porque hay mucha diversidad. Ahora, es inevitable la concentración? de la audiencia, que decide libremente. No hay ninguna ley que pueda controlar eso", dijo Ribeiro.
El doble fondo de la política de medios
Por: Carlos Pagni
De repente, como ganados por una iluminación, los Kirchner han descubierto el verbo "desmonopolizar". Su significado, tan esquivo cuando se trataba de asignar obra pública, tendidos eléctricos o la explotación de los juegos de azar, se les volvió evidente en el caso de los "servicios audiovisuales". Nada que objetar. Uno de los desafíos principales de la democracia contemporánea es garantizar la transparencia de la comunicación. Sin pluralidad de voces, sin fuentes diversificadas, los ciudadanos están condenados, como aquellos prisioneros de la caverna de Platón, a vivir entre falacias.
Sin embargo, los antecedentes de los Kirchner como defensores de la competencia son tan defectuosos que obligan a estar alerta aun ante los argumentos más nobles. Por un lado, llama la atención que una verdad por la que ahora cabe dar la vida haya sido descubierta tan tarde. Desde su prehistoria santacruceña, la Presidenta y su esposo vienen fomentando todos los monopolios: el político, el sindical, el comercial. Por otro lado, casi todas las veces que el Gobierno levantó la bandera de la libre competencia fue para forzar la venta de un paquete accionario a favor de alguna empresa amiga. Así ingresó Electroingeniería en Transener o la familia Eskenazi en Repsol.
Esa propensión a subordinar la capacidad regulatoria del Estado al armado de una estructura de negocios que tiene en Kirchner su cabeza política obliga a mirar dos veces la flamante cruzada a favor del correcto funcionamiento del mercado de las comunicaciones. Cuando se lo hace, aparece una desmonopolización con doble fondo.
Hace una semana, Lotería Nacional debió suspender, por orden judicial, una licitación por el servicio de recolección electrónica de apuestas en las 1200 agencias que posee en la ciudad de Buenos Aires. Uno de los competidores denunció que los pliegos habían sido confeccionados como un traje a medida para el empresario kirchnerista Cristóbal López.
Daniel Scioli está por convertir ese episodio en un detalle irrelevante: la Lotería bonaerense acaba de renovar el contrato por el mismo servicio a la empresa Boldt, de Antonio Tabanelli, por contratación directa, es decir, sin licitación. La extensión de esta concesión a Boldt fue uno de los últimos actos administrativos del anterior titular del instituto provincial de juegos, Luis Peluso. El convenio representa unos 300 millones de pesos por año. En la provincia las agencias de lotería son 4000. La comisión por el relevamiento de las apuestas es del 8% sobre el monto jugado.
Tabanelli, el beneficiario de la concesión de Scioli, es un empresario de bajísimo perfil que tuvo su mayor desarrollo cuando en la provincia de Buenos Aires reinaban Eduardo Duhalde y Carlos Ruckauf.
La Legislatura provincial guarda silencio sobre el pacto entre Scioli y Boldt. Una nueva complicidad de esa institución con los empresarios del juego. La última fue haber excluido a los locales de entretenimientos con más de 400 metros cuadrados -bingos y casinos- de la ley que prohíbe fumar en lugares públicos. La excepción casi estalla en un escándalo, sobre todo cuando se detectó la sospechosa visita de un conocido binguero del conurbano a varios legisladores que discutían la norma.
¿Qué relación existe entre la disputa por la captación online de los juegos de azar y la cruzada desmonopolizadora de los Kirchner? Sencillo: uno de los objetivos de la estatización del fútbol televisado fue la habilitación de un fenomenal negocio de apuestas deportivas, que provocará un aumento llamativo en los ingresos de las empresas que realizan el relevamiento electrónico.
Entregado el primer cheque a la AFA, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández se concentró en encontrar una conexión entre el fútbol y la industria del juego. Ya mantuvo un par de reuniones con Julio Grondona y con José Luis Meiszner, el secretario general de la AFA. Los quilmeños Fernández y Meiszner son íntimos amigos.
Prode con más variables
El nuevo negocio suele discutirse en Brandsen, en el campo de Grondona. Para las empresas de juego, lo ideal sería habilitar el sistema que existe en Europa. Allí, los apostadores pueden aventurar el resultado de los partidos, la identidad de los goleadores, el número de goles y hasta el momento en que son realizados. El juego se abre 72 horas antes de cada match y la recompensa que ofrece un equipo va mutando según cómo esté integrado, si se lesiona o no algún jugador crucial, etc. La empresa Bwin, que controla la red principal, habilitó modalidades tan extravagantes que después de la muerte de Juan Pablo II se tomaban apuestas sobre la duración del cónclave y la identidad del nuevo papa.
Grondona le viene explicando a Fernández que no hay que ser tan ambicioso. Un régimen muy sofisticado demandaría una ley especial, con la adhesión de todas las provincias, que el oficialismo no está en condiciones de conseguir. Igual que en la reforma de la ley de radiodifusión, Fernández debe trabajar con premura. Como si el 10 de diciembre llegaran a casa los nuevos dueños.
Grondona calcula que sería mejor reducir las apuestas digitales a un Prode con más variables, sin demasiado esfuerzo parlamentario. Hace una década, él ya impulsaba esta iniciativa a través de Scioli, por entonces diputado menemista.
Los empresarios del juego están revoloteando, ansiosos, sobre esta nueva cantera. No sólo López y Tabanelli, cuando pelean por la captura de apuestas. También está Codere, que administra la más importante cadena de bingos de la provincia de Buenos Aires. Cuatro de ellos están en Mar del Plata. Los gerencia Jorge Bosco, el presidente de la Liga Marplatense de Fútbol. Bosco es una especie de álter ego de Grondona, con quien organiza los torneos de verano. Los competidores de Codere temen que Grondona, clave ahora en los juegos de azar, imponga alguna ventaja para esa empresa.
Las apuestas electrónicas han hecho estallar el fútbol europeo, sobre todo el italiano, en el que decenas de jugadores y árbitros fueron procesados por realizar fraudes con los resultados de los partidos. ¿Permitiría Grondona semejante deformación en la Argentina? La fe antimonopólica, que pretendía salvar al fútbol, abrió la puerta a nuevas explotaciones que podrían echarlo a perder.
La pasión oficial por la libertad de mercados tuvo la semana pasada otra manifestación: la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia le dio a Telecom Italia 60 días para vender su participación en la Telecom local. La estrategia oficial sería que la Secretaría de Comercio -Guillermo Moreno- designe a un "desmonopolizador", que fijará los pasos del procedimiento y, de modo indirecto, el precio de venta.
El caso sería menos escandaloso si no fuera porque un grupo de amigos de Kirchner está esperando quedarse con la empresa. Lo integran Eduardo Eurnekian y Ernesto Gutiérrez, de Aeropuertos Argentina 2000. Dos directivos de Telecom Italia escucharon decir a Julio De Vido: "Si hablan con la gente de Aeropuertos, les podemos resolver el problema de la venta". Contra Gutiérrez y Eurnekian compite el Grupo Clarín.
La presión sobre Telecom podría ser una prueba piloto para la desmonopolización que prevé el proyecto de ley de "servicios audiovisuales" que acaba de llegar al Congreso. No sólo porque el texto permite a las telefónicas convertirse en medios de comunicación. También establece que muchas empresas tendrán que desprenderse de radios, canales de televisión o los tendidos de TV-cable para cumplir con los nuevos límites a la propiedad de medios. ¿Habrá también un funcionario desmonopolizador? ¿Se pondrán plazos perentorios de venta para bajar los precios? ¿Debutará Moreno en la industria periodística? ¿Habrá amigos de Kirchner preparándose para juntar las frutas que caigan del árbol?
Demasiadas incógnitas para una sola certeza: ahora se entiende por qué la desmonopolización, además de tardía, se ha vuelto urgente.
Fuente: Diario La Nación
Por: Jaime Rosemberg
Una ley "alejada de los tiempos y las urgencias políticas y electorales". Absoluta libertad de expresión, con control limitado de los contenidos que emiten los licenciatarios. Autoridades de aplicación "independientes" y medios de comunicación públicos "sin molestas interferencias del poder de turno".
Estas son algunas de las recomendaciones y sugerencias que legisladores y expertos de distintos países del continente expresaron en el seminario sobre medios de comunicación audiovisual realizado en el Senado el jueves último, el mismo día que la presidenta Cristina Kirchner enviaba el proyecto de ley de radiodifusión oficialista al Congreso. Un día después del seminario, y reunidos por La Nación, debatieron sobre el tema Lorena Donoso, integrante del observatorio de Medios Fucatel, de Chile; Fernando Flexa Ribeiro, senador del PSBD y titular de la Comisión de Ciencia y Tecnología de Brasil; Ara Minassian, integrante de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (ANaTel), que regula el ámbito de las telecomunicaciones brasileñas, y la senadora de la Coalición Cívica María Eugenia Estenssoro, organizadora del encuentro, que contó también con la presencia de otros expertos uruguayos y chilenos.
Se critica el momento elegido por el Gobierno para presentar la ley. ¿Cuál sería para ustedes el mejor momento para hacerlo?
Donoso: En Chile está clarísimo que éste no es un buen momento. Se discute hoy la ley para la TV digital, y las elecciones son en noviembre. Legislar sobre los medios con una elección encima no parece ser razonable. Hay que diferenciarlo de los avatares políticos.
Ribeiro: Estamos en un proceso muy avanzado. En lo que hace a la TV digital, el proceso estará culminado en 2016, con diez años de transición. Estamos discutiendo en el Congreso [de Brasil] la convergencia tecnológica, las plataformas, los contenidos, porque la legislación no acompañó el avance tecnológico.
Estenssoro: Me parece bueno el ejemplo de Uruguay, donde no se asignan licencias un año antes y hasta un año después de cualquier elección. Este período, con un Congreso elegido el 28 de junio que no asumirá hasta diciembre, no parece ser el mejor para una nueva ley. Tuvieron seis años y medio para hacerla y no la hicieron, la ley que proponen es más pasado que futuro.
La potestad de revisar licencias cada dos años también es cuestionada por la oposición. ¿Qué evaluación hacen?
Donoso: Se está debatiendo en este momento el tema de las licencias en Chile. En la televisión abierta, los plazos a nivel internacional están entre los ocho y los quince años. Revisar cada dos años no es bueno, para nada, aunque debería diferenciarse entre los que dan los contenidos y los que tienen en sus manos el soporte técnico.
Minassian: En Brasil, las concesiones de tevé son de 15 años y las de radio, de 10. De esa manera hay previsibilidad, y soy favorable a qué se haga una revisión técnica cada cinco años, no para presionar a los medios, sino para ajustar las nuevas tecnologías. Ustedes tienen que tener una ley inteligente, adaptable a cualquier tecnología.
Estenssoro: La autoridad de aplicación debe estar monitoreando permanentemente a las prestadoras. En la aplicación de sanciones debe estar muy claro cuáles son las instancias de monitoreo hasta llegar a la revocación de las licencias. Dos años es poco, cinco años parece razonable si las concesiones van a durar quince años.
La mirada sobre los contenidos
Los expertos reunidos en el Senado también se preguntaron cómo regular los contenidos de los medios masivos.
"Un precepto constitucional brasileño es la libertad de expresión, y nada que huela a censura debe estar en la legislación", dijo el brasileño Fernando Ribeiro.
A criterio de la chilena Lorena Donoso, "el consejo nacional de tevé tiene que dar explicaciones al Congreso de temas como contenidos y adjudicación".
También los expertos reunidos en el seminario indagaron sobre los monopolios. "En Brasil no hay posibilidad de hacerlos porque hay mucha diversidad. Ahora, es inevitable la concentración? de la audiencia, que decide libremente. No hay ninguna ley que pueda controlar eso", dijo Ribeiro.
El doble fondo de la política de medios
Por: Carlos Pagni
De repente, como ganados por una iluminación, los Kirchner han descubierto el verbo "desmonopolizar". Su significado, tan esquivo cuando se trataba de asignar obra pública, tendidos eléctricos o la explotación de los juegos de azar, se les volvió evidente en el caso de los "servicios audiovisuales". Nada que objetar. Uno de los desafíos principales de la democracia contemporánea es garantizar la transparencia de la comunicación. Sin pluralidad de voces, sin fuentes diversificadas, los ciudadanos están condenados, como aquellos prisioneros de la caverna de Platón, a vivir entre falacias.
Sin embargo, los antecedentes de los Kirchner como defensores de la competencia son tan defectuosos que obligan a estar alerta aun ante los argumentos más nobles. Por un lado, llama la atención que una verdad por la que ahora cabe dar la vida haya sido descubierta tan tarde. Desde su prehistoria santacruceña, la Presidenta y su esposo vienen fomentando todos los monopolios: el político, el sindical, el comercial. Por otro lado, casi todas las veces que el Gobierno levantó la bandera de la libre competencia fue para forzar la venta de un paquete accionario a favor de alguna empresa amiga. Así ingresó Electroingeniería en Transener o la familia Eskenazi en Repsol.
Esa propensión a subordinar la capacidad regulatoria del Estado al armado de una estructura de negocios que tiene en Kirchner su cabeza política obliga a mirar dos veces la flamante cruzada a favor del correcto funcionamiento del mercado de las comunicaciones. Cuando se lo hace, aparece una desmonopolización con doble fondo.
Hace una semana, Lotería Nacional debió suspender, por orden judicial, una licitación por el servicio de recolección electrónica de apuestas en las 1200 agencias que posee en la ciudad de Buenos Aires. Uno de los competidores denunció que los pliegos habían sido confeccionados como un traje a medida para el empresario kirchnerista Cristóbal López.
Daniel Scioli está por convertir ese episodio en un detalle irrelevante: la Lotería bonaerense acaba de renovar el contrato por el mismo servicio a la empresa Boldt, de Antonio Tabanelli, por contratación directa, es decir, sin licitación. La extensión de esta concesión a Boldt fue uno de los últimos actos administrativos del anterior titular del instituto provincial de juegos, Luis Peluso. El convenio representa unos 300 millones de pesos por año. En la provincia las agencias de lotería son 4000. La comisión por el relevamiento de las apuestas es del 8% sobre el monto jugado.
Tabanelli, el beneficiario de la concesión de Scioli, es un empresario de bajísimo perfil que tuvo su mayor desarrollo cuando en la provincia de Buenos Aires reinaban Eduardo Duhalde y Carlos Ruckauf.
La Legislatura provincial guarda silencio sobre el pacto entre Scioli y Boldt. Una nueva complicidad de esa institución con los empresarios del juego. La última fue haber excluido a los locales de entretenimientos con más de 400 metros cuadrados -bingos y casinos- de la ley que prohíbe fumar en lugares públicos. La excepción casi estalla en un escándalo, sobre todo cuando se detectó la sospechosa visita de un conocido binguero del conurbano a varios legisladores que discutían la norma.
¿Qué relación existe entre la disputa por la captación online de los juegos de azar y la cruzada desmonopolizadora de los Kirchner? Sencillo: uno de los objetivos de la estatización del fútbol televisado fue la habilitación de un fenomenal negocio de apuestas deportivas, que provocará un aumento llamativo en los ingresos de las empresas que realizan el relevamiento electrónico.
Entregado el primer cheque a la AFA, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández se concentró en encontrar una conexión entre el fútbol y la industria del juego. Ya mantuvo un par de reuniones con Julio Grondona y con José Luis Meiszner, el secretario general de la AFA. Los quilmeños Fernández y Meiszner son íntimos amigos.
Prode con más variables
El nuevo negocio suele discutirse en Brandsen, en el campo de Grondona. Para las empresas de juego, lo ideal sería habilitar el sistema que existe en Europa. Allí, los apostadores pueden aventurar el resultado de los partidos, la identidad de los goleadores, el número de goles y hasta el momento en que son realizados. El juego se abre 72 horas antes de cada match y la recompensa que ofrece un equipo va mutando según cómo esté integrado, si se lesiona o no algún jugador crucial, etc. La empresa Bwin, que controla la red principal, habilitó modalidades tan extravagantes que después de la muerte de Juan Pablo II se tomaban apuestas sobre la duración del cónclave y la identidad del nuevo papa.
Grondona le viene explicando a Fernández que no hay que ser tan ambicioso. Un régimen muy sofisticado demandaría una ley especial, con la adhesión de todas las provincias, que el oficialismo no está en condiciones de conseguir. Igual que en la reforma de la ley de radiodifusión, Fernández debe trabajar con premura. Como si el 10 de diciembre llegaran a casa los nuevos dueños.
Grondona calcula que sería mejor reducir las apuestas digitales a un Prode con más variables, sin demasiado esfuerzo parlamentario. Hace una década, él ya impulsaba esta iniciativa a través de Scioli, por entonces diputado menemista.
Los empresarios del juego están revoloteando, ansiosos, sobre esta nueva cantera. No sólo López y Tabanelli, cuando pelean por la captura de apuestas. También está Codere, que administra la más importante cadena de bingos de la provincia de Buenos Aires. Cuatro de ellos están en Mar del Plata. Los gerencia Jorge Bosco, el presidente de la Liga Marplatense de Fútbol. Bosco es una especie de álter ego de Grondona, con quien organiza los torneos de verano. Los competidores de Codere temen que Grondona, clave ahora en los juegos de azar, imponga alguna ventaja para esa empresa.
Las apuestas electrónicas han hecho estallar el fútbol europeo, sobre todo el italiano, en el que decenas de jugadores y árbitros fueron procesados por realizar fraudes con los resultados de los partidos. ¿Permitiría Grondona semejante deformación en la Argentina? La fe antimonopólica, que pretendía salvar al fútbol, abrió la puerta a nuevas explotaciones que podrían echarlo a perder.
La pasión oficial por la libertad de mercados tuvo la semana pasada otra manifestación: la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia le dio a Telecom Italia 60 días para vender su participación en la Telecom local. La estrategia oficial sería que la Secretaría de Comercio -Guillermo Moreno- designe a un "desmonopolizador", que fijará los pasos del procedimiento y, de modo indirecto, el precio de venta.
El caso sería menos escandaloso si no fuera porque un grupo de amigos de Kirchner está esperando quedarse con la empresa. Lo integran Eduardo Eurnekian y Ernesto Gutiérrez, de Aeropuertos Argentina 2000. Dos directivos de Telecom Italia escucharon decir a Julio De Vido: "Si hablan con la gente de Aeropuertos, les podemos resolver el problema de la venta". Contra Gutiérrez y Eurnekian compite el Grupo Clarín.
La presión sobre Telecom podría ser una prueba piloto para la desmonopolización que prevé el proyecto de ley de "servicios audiovisuales" que acaba de llegar al Congreso. No sólo porque el texto permite a las telefónicas convertirse en medios de comunicación. También establece que muchas empresas tendrán que desprenderse de radios, canales de televisión o los tendidos de TV-cable para cumplir con los nuevos límites a la propiedad de medios. ¿Habrá también un funcionario desmonopolizador? ¿Se pondrán plazos perentorios de venta para bajar los precios? ¿Debutará Moreno en la industria periodística? ¿Habrá amigos de Kirchner preparándose para juntar las frutas que caigan del árbol?
Demasiadas incógnitas para una sola certeza: ahora se entiende por qué la desmonopolización, además de tardía, se ha vuelto urgente.
Fuente: Diario La Nación
domingo, 30 de agosto de 2009
Radiodifusión: una pelea entre patronales que no democratiza nada y atenta contra la libertad de expresión
El gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley de medios audiovisuales que no va a democratizar el acceso de la población a la información ni defenderá la libertad de expresión. Se da en un contexto concreto de monopolios de la comunicación. Sí es aprobado tal como está redactado, surgirá un nuevo balance de poder entre los monopolios, pero éstos no dejarán de existir.
El grupo Clarín perderá parte de sus privilegios, que pasarán a manos de Telefónica o Telecom, cuyas prácticas monopólicas, predatorias, antidemocráticas y anticompetitivas son tan abusivas como las que desarrolla Clarín.
Clarín es un monopolio informativo, cabeza de la oposición sojera al gobierno. Rechazamos las pretensiones del multimedio de convertirse en el adalid de la libertad de expresión. En Canal 13, ejerce una dictadura que desconoce a la organización gremial interna de los trabajadores de prensa y despide en forma salvaje a dos delegados a los cuales les niega el reingreso decidido por la justicia, mientras en la redacción de Clarín la sistemática represión a cualquier intento de organización sindical es su garantía para continuar con el trabajo en negro, el abuso hacia los pasantes y el congelamiento salarial. Lo mismo le cabe a C5N, La Nación, etc.
El proyecto no incentiva la adopción de una nueva tecnología sino que pretende determinar quién será el que hará negocios con ella.
Así, la libertad de prensa y de expresión no dejarán de ser, a pesar de lo que diga la Presidenta y la crítica de la oposición sojera, la libertad de empresa y de presión que hasta ahora han ejercido con impunidad las grandes patronales de la comunicación.
En este proyecto de ley están ausentes los intereses de la población trabajadora. Para ella, la libertad de expresión y el derecho a la información seguirá limitada a lo que un puñado de patronales considere que es su ejercicio.
Ni la elaboración de los contenidos, ni su distribución ni sus precios estarán en sus manos. El proyecto de ley sigue la línea de las leyes anteriores, que buscan oyentes y televidentes cautivos.
Tampoco están presentes los intereses de los trabajadores de prensa. No hay una sola mención al Estatuto del Periodista. El Gobierno de los techos salariales, el trabajo en negro y los subsidios a las patronales que vacían empresas y fugan capitales, se cuida de mencionarlo porque es un arma de los trabajadores de prensa en su lucha por el salario y las condiciones de trabajo.
Rechazamos que cualquier intención democratizadora de la comunicación social pueda provenir de un gobierno que, además, sometió a la agencia Télam a un proceso de censura y regimentación, persecución y represión de los reclamos laborales que no tiene precedentes en los gobiernos posteriores a la dictadura militar. En Radio Nacional, las autoridades del Sistema Nacional de Medios Públicos suspendieron por 30 días a un grupo de trabajadores que participó de un paro. Sobre ellos todavía pende la amenaza de ir a la cárcel, porque la patronal pretendió imputarles la comisión de un delito federal radicando una denuncia en el Juzgado de María Romilda Servini de Cubría, la misma que se hizo famosa por querer censurar a Tato Bores, en los demonizados “90”.
Sin embargo, la dirección de la Utpba, dijo que “saluda y acompaña el envío” del proyecto. Pero nunca consultó a sus afiliados ni propuso ninguna asamblea ni mecanismo democrático en el sindicato o los lugares de trabajo para conocer la opinión de sus representados.
La Naranja de Prensa, advierte que somos los trabajadores los que siempre hemos pagado los platos rotos de cualquier cercenamiento de la libertad de expresión que pueda disponerse tomando como excusa una disputa de poder entre patronales rivales.
Por todo esto, rechazamos este proyecto y llamamos a la población trabajadora, en particular al gremio de prensa, a impugnarlo.
Impulsamos la convocatoria a un Congreso Nacional de trabajadores de prensa y medios audiovisuales en defensa de nuestros derechos y reivindicaciones y por un verdadero plan de comunicaciones al servicio de las mayorías nacionales que garantice el acceso igualitario y democrático a los medios.
Por la defensa irrestricta del Estatuto del periodista y de los convenios de todas las empresas de comunicacion, plenos derechos sindicales, de organización y agremiación, reconocimiento de todas las comisiones internas, elección de delegados en todas las empresas periodisticas.
La Naranja de Prensa
El grupo Clarín perderá parte de sus privilegios, que pasarán a manos de Telefónica o Telecom, cuyas prácticas monopólicas, predatorias, antidemocráticas y anticompetitivas son tan abusivas como las que desarrolla Clarín.
Clarín es un monopolio informativo, cabeza de la oposición sojera al gobierno. Rechazamos las pretensiones del multimedio de convertirse en el adalid de la libertad de expresión. En Canal 13, ejerce una dictadura que desconoce a la organización gremial interna de los trabajadores de prensa y despide en forma salvaje a dos delegados a los cuales les niega el reingreso decidido por la justicia, mientras en la redacción de Clarín la sistemática represión a cualquier intento de organización sindical es su garantía para continuar con el trabajo en negro, el abuso hacia los pasantes y el congelamiento salarial. Lo mismo le cabe a C5N, La Nación, etc.
El proyecto no incentiva la adopción de una nueva tecnología sino que pretende determinar quién será el que hará negocios con ella.
Así, la libertad de prensa y de expresión no dejarán de ser, a pesar de lo que diga la Presidenta y la crítica de la oposición sojera, la libertad de empresa y de presión que hasta ahora han ejercido con impunidad las grandes patronales de la comunicación.
En este proyecto de ley están ausentes los intereses de la población trabajadora. Para ella, la libertad de expresión y el derecho a la información seguirá limitada a lo que un puñado de patronales considere que es su ejercicio.
Ni la elaboración de los contenidos, ni su distribución ni sus precios estarán en sus manos. El proyecto de ley sigue la línea de las leyes anteriores, que buscan oyentes y televidentes cautivos.
Tampoco están presentes los intereses de los trabajadores de prensa. No hay una sola mención al Estatuto del Periodista. El Gobierno de los techos salariales, el trabajo en negro y los subsidios a las patronales que vacían empresas y fugan capitales, se cuida de mencionarlo porque es un arma de los trabajadores de prensa en su lucha por el salario y las condiciones de trabajo.
Rechazamos que cualquier intención democratizadora de la comunicación social pueda provenir de un gobierno que, además, sometió a la agencia Télam a un proceso de censura y regimentación, persecución y represión de los reclamos laborales que no tiene precedentes en los gobiernos posteriores a la dictadura militar. En Radio Nacional, las autoridades del Sistema Nacional de Medios Públicos suspendieron por 30 días a un grupo de trabajadores que participó de un paro. Sobre ellos todavía pende la amenaza de ir a la cárcel, porque la patronal pretendió imputarles la comisión de un delito federal radicando una denuncia en el Juzgado de María Romilda Servini de Cubría, la misma que se hizo famosa por querer censurar a Tato Bores, en los demonizados “90”.
Sin embargo, la dirección de la Utpba, dijo que “saluda y acompaña el envío” del proyecto. Pero nunca consultó a sus afiliados ni propuso ninguna asamblea ni mecanismo democrático en el sindicato o los lugares de trabajo para conocer la opinión de sus representados.
La Naranja de Prensa, advierte que somos los trabajadores los que siempre hemos pagado los platos rotos de cualquier cercenamiento de la libertad de expresión que pueda disponerse tomando como excusa una disputa de poder entre patronales rivales.
Por todo esto, rechazamos este proyecto y llamamos a la población trabajadora, en particular al gremio de prensa, a impugnarlo.
Impulsamos la convocatoria a un Congreso Nacional de trabajadores de prensa y medios audiovisuales en defensa de nuestros derechos y reivindicaciones y por un verdadero plan de comunicaciones al servicio de las mayorías nacionales que garantice el acceso igualitario y democrático a los medios.
Por la defensa irrestricta del Estatuto del periodista y de los convenios de todas las empresas de comunicacion, plenos derechos sindicales, de organización y agremiación, reconocimiento de todas las comisiones internas, elección de delegados en todas las empresas periodisticas.
La Naranja de Prensa
Las tapas de Clarín que los Kirchner no objetaban
Durante años Clarín miró con simpatía las acciones del gobierno de Néstor Kirchner. Una de las características eran portadas con mucho deporte y noticias internacionales. Cuando el resto de los diarios hablaba de hechos negativos ellos ignoraban el tema. Como ejemplo la bolsa encontrada en el despacho de la ministra de economía Felisa Miceli. El diario espero dos días para luego editar: Miceli: la bolsa de dinero era para una operación inmobiliaria. Se encontraron US$ 60.000 en su despacho. Y hablan de "una ingenuidad". En el camino el Grupo Clarín se alineó fuertemente al presidente Néstor Kirchner y a cambio el gobierno hacia concesiones: Decreto 527, autorización de compra de Cablevisión, frecuencias de radio, Papel Prensa, etc.
En este período Kirchner hablaba muy bien de los emprendimientos del grupo.
De manera aleatoria se seleccionaron 44 tapas desde la asunción de Néstor Kirchner a la fecha.
A las tapas de ayer...:
En este período Kirchner hablaba muy bien de los emprendimientos del grupo.
De manera aleatoria se seleccionaron 44 tapas desde la asunción de Néstor Kirchner a la fecha.
A las tapas de ayer...:
Enredados en el aire
Gabriel Mariotto le responde a AdEPA, "Nunca los escuche preocupados por una nueva Ley":
"Quieren que nunca se trate un proyecto así":
María Seoane opinó sobre la distribución de licencias y habla de la nota de Crítica que hoy publicamos acá y dice "La ley no hay que hacerla contra nadie, hay que hacer una Ley para todos de aquí al futuro":
Se juegan las licencias de grandes grupos de comunicación y eso les preocupa:
La selección de audios es del programa "Enredados en el aire" que conducen Carlos Castro y Amanda Alma los sábados de 12:00 a 13:00 por Radio Nacional.
"Quieren que nunca se trate un proyecto así":
María Seoane opinó sobre la distribución de licencias y habla de la nota de Crítica que hoy publicamos acá y dice "La ley no hay que hacerla contra nadie, hay que hacer una Ley para todos de aquí al futuro":
Se juegan las licencias de grandes grupos de comunicación y eso les preocupa:
La selección de audios es del programa "Enredados en el aire" que conducen Carlos Castro y Amanda Alma los sábados de 12:00 a 13:00 por Radio Nacional.
“La democracia tiene una deuda que es una nueva ley de radiodifusión”
Por: Rubén Giustiniani*
Veinticinco años de democracia no lograron, todavía, que el Parlamento argentino sancione una ley de Radiodifusión.
La pregunta inmediata es, ¿por qué? No es casual entonces que esto ocurra
cuando son muchos los intereses económicos en pugna y los formidables juegos de poder que se manifiestan, se discute nada más ni nada menos la posibilidad en el siglo XXI de progresar en la democratización de la información, de garantizar la libertad de expresión y el acceso de todos a la revolución de las comunicaciones.
Los distintos gobiernos enviaron en estos años proyectos de ley al Congreso, una cantidad importante de diputados y senadores nacionales presentaron también proyectos, ninguno avanzó. Sí, se produjeron 205 normas que modificaron el bando militar que rige la radiodifusión. De todos ellos sólo nueve se hicieron por ley, ochenta por decretos y 126 veces por decisiones administrativas. La mayoría de las veces, casi siempre, por presiones del poder económico sobre el poder político con un resultado que está a la vista: creciente concentración de la titularidad de los medios de comunicación, exclusión de actores sociales como las cooperativas y las universidades que puedan generar propuestas de radiodifusión alternativas y, vacíos legales frente a las nuevas tecnologías en la materia.
El actual gobierno, -el mismo que a través del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 527de 2005 tomó la medida discrecional e injustificada de prorrogar la explotación de las licencias por diez años, consolidando los privilegios existentes a favor de los grupos concentrados- envía ahora un proyecto de ley al Congreso.
El gobierno nacional después de la derrota que sufriera en las urnas el 28 de junio se comporta como Eric Hobsbawm describe en “Años interesantes” una ocurrencia de Bertold Brecht muy aguda acerca de un gobierno que al no lograr el consenso del pueblo , entonces disolvia al pueblo y elegía a otro nuevo.
La sociedad es la que está con su nivel de conciencia, y le dio un mensaje al gobierno que debe cambiar las prácticas hegemónicas y concentradoras por un nuevo diálogo con el Parlamento y con la sociedad. El gobierno ante la derrota interpreta que debe profundizar las practicas que lo llevaron a la misma . La pregunta surge inmediata ¿y si ganaba?
Una ley de esta envergadura no puede tratarse a libro cerrado en tiempo récord, como se ha hecho con tantas leyes importantes en los ultimos anos. Tampoco demorarse su tratamiento con el argumento que debe ser el “nuevo Parlamento” a partir del 10 de diciembre el que la trate. En definitiva, la coartada para que no se sancione nunca como hasta el presente una nueva ley de Radiodifusión.
La democracia tiene una deuda que es una nueva ley de radiodifusión, pero de ninguna manera debemos cambiar lo que hoy existe, que funciona de mala manera, por un manejo discrecional del Poder Ejecutivo Nacional.
El Congreso debe abrir hoy, un amplio debate público con amplia participación ciudadana que concrete una nueva radiodifusión como servicio esencial para el desarrollo social, cultural y educativo de la población, y no que la misma resulte solo negocios para unos pocos.
En una sociedad democrática, la comunicación desempeña una función trascendente para garantizar la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la información, derechos humanos consagrados en la Constitución Nacional.
*Senador Nacional por la Provincia de Santa Fe y Presidente del Partido Socialista.
Veinticinco años de democracia no lograron, todavía, que el Parlamento argentino sancione una ley de Radiodifusión.
La pregunta inmediata es, ¿por qué? No es casual entonces que esto ocurra
cuando son muchos los intereses económicos en pugna y los formidables juegos de poder que se manifiestan, se discute nada más ni nada menos la posibilidad en el siglo XXI de progresar en la democratización de la información, de garantizar la libertad de expresión y el acceso de todos a la revolución de las comunicaciones.Los distintos gobiernos enviaron en estos años proyectos de ley al Congreso, una cantidad importante de diputados y senadores nacionales presentaron también proyectos, ninguno avanzó. Sí, se produjeron 205 normas que modificaron el bando militar que rige la radiodifusión. De todos ellos sólo nueve se hicieron por ley, ochenta por decretos y 126 veces por decisiones administrativas. La mayoría de las veces, casi siempre, por presiones del poder económico sobre el poder político con un resultado que está a la vista: creciente concentración de la titularidad de los medios de comunicación, exclusión de actores sociales como las cooperativas y las universidades que puedan generar propuestas de radiodifusión alternativas y, vacíos legales frente a las nuevas tecnologías en la materia.
El actual gobierno, -el mismo que a través del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 527de 2005 tomó la medida discrecional e injustificada de prorrogar la explotación de las licencias por diez años, consolidando los privilegios existentes a favor de los grupos concentrados- envía ahora un proyecto de ley al Congreso.
El gobierno nacional después de la derrota que sufriera en las urnas el 28 de junio se comporta como Eric Hobsbawm describe en “Años interesantes” una ocurrencia de Bertold Brecht muy aguda acerca de un gobierno que al no lograr el consenso del pueblo , entonces disolvia al pueblo y elegía a otro nuevo.
La sociedad es la que está con su nivel de conciencia, y le dio un mensaje al gobierno que debe cambiar las prácticas hegemónicas y concentradoras por un nuevo diálogo con el Parlamento y con la sociedad. El gobierno ante la derrota interpreta que debe profundizar las practicas que lo llevaron a la misma . La pregunta surge inmediata ¿y si ganaba?
Una ley de esta envergadura no puede tratarse a libro cerrado en tiempo récord, como se ha hecho con tantas leyes importantes en los ultimos anos. Tampoco demorarse su tratamiento con el argumento que debe ser el “nuevo Parlamento” a partir del 10 de diciembre el que la trate. En definitiva, la coartada para que no se sancione nunca como hasta el presente una nueva ley de Radiodifusión.
La democracia tiene una deuda que es una nueva ley de radiodifusión, pero de ninguna manera debemos cambiar lo que hoy existe, que funciona de mala manera, por un manejo discrecional del Poder Ejecutivo Nacional.
El Congreso debe abrir hoy, un amplio debate público con amplia participación ciudadana que concrete una nueva radiodifusión como servicio esencial para el desarrollo social, cultural y educativo de la población, y no que la misma resulte solo negocios para unos pocos.
En una sociedad democrática, la comunicación desempeña una función trascendente para garantizar la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la información, derechos humanos consagrados en la Constitución Nacional.
*Senador Nacional por la Provincia de Santa Fe y Presidente del Partido Socialista.
Revista Sudestada, Cultura, Política y Actualidad
En Rosario se encuentra en la Librería Puerto Libre y en algunos quioscos de la peatona. Se presentan así:
"Sudestada es una revista de arte, cultura y actualidad, de periodicididad mensual, que tiene como objetivo reflejar las diversas alternativas de la vida artística del país en general y también sobre la historia y actualidad latinoamericana. La publicación se distribuye en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Conurbano Bonaerense, y en los principales ciudades del resto del país intentando abordar la amplia agenda cultural de estas zonas.
Sudestada nació con un objetivo concreto: intentar ocupar un espacio que creemos vacío en la actualidad, el de la cultura en los medios gráficos, y para tal fin intenta cubrir sus páginas con entrevistas a artistas de renombre (como Eduardo Galeano, Ismael Serrano, Alejandro Dolina, Luis Salinas, Roberto Fontanarrosa, Eduardo Belgrano Rawson, Andrés Rivera, el Chango Spasiuk, Ciro Bustos, Pablo De Santis, Adriana Varela, Diego Capusotto, Quique Pesoa, La Mississippi Blues Band, Osvaldo Bayer, Martín Caparrós entre otros), investigaciones sobre personalidades históricas de la cultura (como Julio Cortázar, Roberto Arlt, Osvaldo Soriano, Haroldo Conti, Horacio Quiroga, Carlos Gardel, Fabián Polosecki, Rodolfo Walsh, Héctor Oesterheld, Luca Prodan, Raúl González Tuñón, Agustín Tosco, Alejandra Pizarnik, Alfonsina Storni, Pablo Picasso, Jorge Luis Borges, etc). Además la revista se ocupa de cubrir toda la información de teatro, plástica, cine, poesía y música en secciones particulares.
La mirada que asume nuestra publicación a la hora de registrar las actividades culturales no se limita a una crónica periódica de eventos; sino que se define como una revista inserta en un clima social que no nos es ajeno, con sus problemas y sus vicisitudes. De modo que no intenta, en ningún caso, mantenerse al margen de la realidad, y mucho menos asume una postura técnica o erudita frente a la cultura. Es decir, que parte desde una concepción amplia y de acercamiento a ciertos personajes de la vida artística popular, ya que la mayoría de los de Sudestada son jóvenes. En la actualidad, colaboran con nuestro trabajo de redacción los escritores Andrés Rivera, Guillermo Saccomanno, Juan Bautista Duizeide, Leopoldo Brizuela y Carlos María Domínguez, entre otros.
Sudestada comenzó su historia en agosto de 2001 a partir de un emprendimiento conjunto entre un puñado de estudiantes universitarios que no encontraban los medios para expresar sus inquietudes en publicaciones comerciales o alternativas, y hoy (Junio de 2010) ya cuenta con 89 ediciones en la calle, dos libros publicados, ediciones especiales... manteniendo una regularidad mensual inédita para una revista de este tipo. Es decir que el proyecto de Sudestada surge y comienza a crecer en uno de los peores momentos sociales del país, y su evolución se da en un marco donde el sacrificio y el esfuerzo son los elementos necesarios para su subsistencia. Por otro lado, y desde el punto de vista económico, la revista se solventa a partir de las ventas y las suscripciones, más el aporte de algunos avisadores locales, pero no recibe subsidio ni ayuda oficial de ningún tipo. De modo que su subsistencia depende en forma objetiva del aporte de sus lectores. Cabe decir también, que hasta la fecha ninguno de los integrantes de Sudestada obtuvo ganancia alguna, ya que lo recaudado se destinó exclusivamente a la edición de la revista y gastos varios. De hecho, Sudestada no tiene entre sus objetivos el lucro, aunque resulta evidente que la situación económica de los integrantes del staff no varía en ningún caso de la general a nivel nacional (es decir, desempleo y falta de recursos)."
Ignacio Portela, Walter Marini y Hugo Montero.
Dirección editorial de revista Sudestada
"Sudestada es una revista de arte, cultura y actualidad, de periodicididad mensual, que tiene como objetivo reflejar las diversas alternativas de la vida artística del país en general y también sobre la historia y actualidad latinoamericana. La publicación se distribuye en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Conurbano Bonaerense, y en los principales ciudades del resto del país intentando abordar la amplia agenda cultural de estas zonas.
La mirada que asume nuestra publicación a la hora de registrar las actividades culturales no se limita a una crónica periódica de eventos; sino que se define como una revista inserta en un clima social que no nos es ajeno, con sus problemas y sus vicisitudes. De modo que no intenta, en ningún caso, mantenerse al margen de la realidad, y mucho menos asume una postura técnica o erudita frente a la cultura. Es decir, que parte desde una concepción amplia y de acercamiento a ciertos personajes de la vida artística popular, ya que la mayoría de los de Sudestada son jóvenes. En la actualidad, colaboran con nuestro trabajo de redacción los escritores Andrés Rivera, Guillermo Saccomanno, Juan Bautista Duizeide, Leopoldo Brizuela y Carlos María Domínguez, entre otros.
Sudestada comenzó su historia en agosto de 2001 a partir de un emprendimiento conjunto entre un puñado de estudiantes universitarios que no encontraban los medios para expresar sus inquietudes en publicaciones comerciales o alternativas, y hoy (Junio de 2010) ya cuenta con 89 ediciones en la calle, dos libros publicados, ediciones especiales... manteniendo una regularidad mensual inédita para una revista de este tipo. Es decir que el proyecto de Sudestada surge y comienza a crecer en uno de los peores momentos sociales del país, y su evolución se da en un marco donde el sacrificio y el esfuerzo son los elementos necesarios para su subsistencia. Por otro lado, y desde el punto de vista económico, la revista se solventa a partir de las ventas y las suscripciones, más el aporte de algunos avisadores locales, pero no recibe subsidio ni ayuda oficial de ningún tipo. De modo que su subsistencia depende en forma objetiva del aporte de sus lectores. Cabe decir también, que hasta la fecha ninguno de los integrantes de Sudestada obtuvo ganancia alguna, ya que lo recaudado se destinó exclusivamente a la edición de la revista y gastos varios. De hecho, Sudestada no tiene entre sus objetivos el lucro, aunque resulta evidente que la situación económica de los integrantes del staff no varía en ningún caso de la general a nivel nacional (es decir, desempleo y falta de recursos)."
Ignacio Portela, Walter Marini y Hugo Montero.
Dirección editorial de revista Sudestada
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual: Solicitada de AdEPA
"El debate de la Ley de Radiodifusión debe ser oportuno y desapasionado". En esos términos se expresó ayer a través de un comunicado la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (AdEPA).
Fue la frase que eligió para ratificar su posición con respecto al marco institucional y los tiempos de discusión en que "se debiera debatir seriamente -y lejos de cualquier interés confrontativo o urgencia coyuntural- la futura norma que regule la radiodifusión del país.
"No parece que el debate pueda ser limitado a los plazos de la actual composición parlamentaria y debería considerar, para otorgarle un nivel mayor de consenso y legitimidad, la representación surgida tras las reciente elecciones", señala el comunicado que podés leer haciendo clic para ampliar la imagen.
Fue la frase que eligió para ratificar su posición con respecto al marco institucional y los tiempos de discusión en que "se debiera debatir seriamente -y lejos de cualquier interés confrontativo o urgencia coyuntural- la futura norma que regule la radiodifusión del país.
"No parece que el debate pueda ser limitado a los plazos de la actual composición parlamentaria y debería considerar, para otorgarle un nivel mayor de consenso y legitimidad, la representación surgida tras las reciente elecciones", señala el comunicado que podés leer haciendo clic para ampliar la imagen.
Por qué ganan las telefónicas y cuáles son los grupos que deberán achicarse
Ley de medios y el control de la programación. Entre las principales modificaciones que se realizaron al proyecto desde que se dio a conocer y se envió al Congreso, aparece la imposibilidad de que una radio FM retransmita los programas de una FM de un mismo grupo. También crecieron las restricciones a los canales y radios para evitar contenidos sexistas o discriminatorios. Habrá mayor producción de programas nacionales y se define qué es la música independiente. Las condiciones para entregar licencias para poder operar medios se revisarán cada dos años, pero se aseguró que no afectará a las otorgadas con anterioridad.
Por: Rodolfo Barros
De aprobarse tal como se envió al Congreso, el proyecto oficial de Servicios de Comunicación Audiovisual, que reemplazará a la Ley de Radiodifusión. cambiará el mapa de medios y telecomunicaciones en la Argentina. Sus consecuencias son trascendentales, si se tiene en cuenta que la información es uno de los principales bienes de la economía postindustrial.
1 ¿Por qué el Gobierno decide reformar el mercado de medios de la Argentina?
La Ley de Radiodifusión vigente fue proclamada durante la última dictadura militar y tuvo más de 160 reformas durante el período democrático. Muchos especialistas coinciden en que esas reformas la empeoraron. Desde hace más de 20 años, distintas agrupaciones académicas y políticas plantean que es obsoleta y que permite mantener un mercado concentrado de medios en el país. La pelea entre el kirchnerismo y el Grupo Clarín precipitó la redacción y el envío al Congreso de proyecto oficial.
2 ¿Cuál es el espíritu del proyecto? ¿Quién controlará a los medios?
Si se descuenta la pelea del Gobierno con Clarín y que las gestiones Kirchner realizan un uso arbritrario de la publicidad oficial, premiando a medios amigos; que la Presidenta casi no da conferencias de prensa y tiene una política de comunicación de sus funcionarios decididamente cerrada; además de que no mejoró las condiciones en las que deben operar los organismos reguladores de este mercado, el proyecto limita con fuerza a los multimedios, regula a las compañías de televisión paga, autoriza a las empresas de servicios públicos como las telefónicas a ingresar a este mercado y divide al espectro radioeléctrico en tres partes iguales, para ser usados por medios comerciales, ONGs y estatales. De esta manera se evitaría la concentración. Los medios serán regulados por un organismo que dependerá de la Secretaría de Medios. Esto es criticado porque el regulador dependerá del regulado. Otro aspecto a debatir es su conformación: el directorio tendrá cinco miembros nombrados por el Poder Ejecutivo, dos de ellos a propuesta de una comisión bicameral.
3 ¿Qué nuevos límites se les ponen a las empresas de multimedios?
La ley vigente permite a las empresas tener hasta 24 licencias para operar radios y canales de televisión en el país. El proyecto oficial las limita a 10. Además, quien sea operador de un canal de aire no puede tener en la misma ciudad un canal de cable. Sólo se puede tener en la misma área una radio AM y hasta dos FM. Los operadores de cable podrán dar el servicio hasta en 24 localidades (el proyecto no define si son ciudades o barrios). Tendrán otro límite: no podrán tener más de 35% de los abonados de todo el país. Si bien no es común en el mundo que se impida ser dueño de un canal de aire y otro de cable, en algunos países se prohibe a los dueños de diarios tener radios o canales. Lo mismo pasaba en la Argentina hasta una modificación realizada en 1990 a la Ley de Radiodifusión que posibilitó la creación de los multimedios y la privatización de los canales.
4 ¿Cuáles serán los grupos más beneficiados por el proyecto oficial?
Telefónica y Telecom, las herederas del monopolio estatal Entel, tienen prohibido el ingreso al mercado de los medios en los pliegos de licitación de la privatización. Esa claúsula existe porque son dueñas de las redes que llegan a casi todos los hogares de la Argentina, lo que les da una ventaja muy fuerte respecto a las empresas de cable. Con esa prohibición se garantizó el desarrollo de redes independientes, la de las telefónicas y las de los cableros. El proyecto oficial les permite ingresar ahora. Pero les impone dos restricciones básicas: crear una empresa separada para evitar subsidios cruzados y respetar la Ley de Bienes Culturales, por la que los extranjeros no pueden ser dueños de más de 30% de la misma. Esto afecta a Telefónica, que es española. Pero Telecom está en vías de argentinizarse 100%. Por otra parte, se beneficiarán los grupos que compren las empresas y abonados al cable de los que deberán desprenderse los multimedios más grandes.
5 ¿Cuáles serán los grupos más perjudicados por el proyecto oficial?
Clarín, porque deberá vender Canal 13 si quiere mantener Cablevisión, que le entrega más de 60% de sus ingresos. Además deberá achicar esa empresa de cable ya que tiene 50% de los abonados del país y no podrá superar el 35%. El Grupo Uno, de Daniel Vila y José Luis Manzano, es dueño de Supercanal, la tercera red de cable del país, pero tiene además 19 radios y canales. No puede tener más de 10 licencias. Lo mismo le pasa al español Grupo Prisa, dueño de Continental, que tiene 19 licencias y sólo podrá tener hasta 10.
6 ¿Es legal obligar a las empresas grandes a que reduzcan su tamaño?
El proyecto oficial les dará un año desde su reglamentación a las empresas para que se adecuen a la nueva norma. En el mundo es muy conocido el caso de “desinversión” de AT&T que fue desmembrada por el regulador de telecomunicaciones de los EE.UU. en 9 compañías, para favorecer la competencia.
7 ¿Habrá más espacios de representación de la ciudadanía en el mapa de medios?
El proyecto oficial propone distribuir el espacio del espectro radioeléctrico, a través del cual se propagan las señales de radio y televisión, en tres partes iguales para usos comerciales, de ONGs y de medios estatales. El argumento oficial es que de esta manera se generará una mayor polifonía de voces ya que dan por sentado que los medios niegan la palabra de algunos sectores. Sin embargo, que haya más espacio para que los gremios, iglesias, ONGs y universidades tengan sus propios canales o radios, no garantiza que esas voces sean escuchadas. Asegurarlo, como lo hace el oficialismo, es desconocer la diferencia entre tener un micrófono y llegar a una audiencia. Legisladores de la oposicón, como María Eugenia Estensoro, consideraron que de no aplicarse pautas similares a las que se impondrán a medios comerciales, también pueden crearse monopolios en el sector de radios de ONGs, por ejemplo. Criticó que la segmentación del espectro no garantiza la libertad de información, “porque un gremio no puede hacer periodismo, sino propaganda”, explicó.
8 ¿Habrá mayor control de los contenidos en las radios y la televisión?
El proyecto plantea la prohibición de emitir programación sexista y discriminatoria entre otras restricciones. Más allá de ello, algunos legisladores consideran que el proyecto intenta controlar a los medios ya que cada dos años se revisará el esquema por el que se otorga las licencias para poder operar los servicios de televisión y radio. Creen que de esta manera, el Gobierno puede tomar examen a los propietarios de los medios y así influir en su línea editorial.
9 ¿Se garantizarán más espacios a las producciones nacionales?
Sí. El proyecto oficial introduce cuotas en las programaciones de canales de televisión y en las radios, para que incluyan películas, telefilms y otras producciones culturales de origen nacional. Distingue además, para el caso de la música, entre las producciones de las disqueras y las independientes, de manera de garantizar un espacio mínimo para las producciones nacionales que no cuentan con el apoyo de grandes empresas productoras.
10 ¿Qué cambiaron en el proyecto desde que se presentó?
Cuando el proyecto se dio a conocer en marzo, se criticó, entre otras cosas, que la revisión cada dos años de las condiciones en las que se entregan las licencias sería una forma de controlar la línea editorial de los medios. Ese punto fue nuevamente redactado y se especifica que esa revisión se realizará para garantizar que las nuevas tecnologías tengan un buen impacto en el mercado. Se especificó que no afectará a las licencias otorgadas con anterioridad.
Se cambiaron los criterios para otorgar licencias: se prioriza la innovación cultural de la propuesta por sobre el patrimonio de los concursantes.
Una empresa de televisión satelital como DirecTV, sólo podrá tener una licencia. No podrá operar una radio o un canal de televisión abierta. Deberá además tener una señal propia nacional (hoy DirecTV no la tiene).
De esta forma, se impedirá que las telefónicas brinden el servicio de televisión por ese sistema. Están obligadas a hacerlo por su propia red. Así se pretende que las mejoren y las amplíen a más localidades, ya que en el Gobierno estiman que el 80% de las redes de banda ancha que hay en el país se concentran en sólo cinco ciudades.
Los bienes de los medios quedarán afectados a la explotación. Se pretende de esta manera que los propietarios de los medios, ante una quiebra, no se lleven los sistemas de producción, como por ejemplo las cámaras y de esta manera no se pueda continuar la explotación y se pierdan fuentes de trabajo.
Las radios no podrán hacer dúplex, es decir repetir la programación de AM en FM.
Consideran que el proyecto es contradictorio con la política K
La iniciativa que Cristina Kirchner envió al Congreso podrá bajar la concentración del mercado de medios. Sin embargo, la autoridad regulatoria que se cree deberá ser precompetitiva. En el mercado de telecomunicaciones, el Gobierno adoptó una estrategia distinta que mantuvo altos niveles de concentración en dos empresas.
El proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que el Gobierno envió al Congreso encierra profundas contradicciones con la política oficial de medios, no sólo porque la Presidenta que lo firma sólo dió una conferencia de prensa durante su mandato y mantiene una estrategia comunicacional militarista para con sus funcionarios, sino porque, por ejemplo, va contra las decisiones de “democratización del fútbol”, que tomó hace sólo dos semanas.
El proyecto oficial destina los artículos 68 al 71 al “derecho al acceso a los contenidos informativos de interés relevante, de acontecimientos futbolísticos y de otro género”.
Su definición es laxa, por lo que en el mercado se cree que la nueva ley podría habilitar a televisar por un canal abierto un recital de los Rolling Stones, por ejemplo.
El artículo 70 también despertó críticas en el mundo de los medios: “Las emisiones o retransmisiones por televisión de programas deportivos especializados, siempre que fueran autorizados por las entidades deportivas, darán lugar a una contraprestación económica a favor de ellas”, dice. Esto significa, según la interpretación de parte del mercado, que programas que hablan de fútbol, como Líbero (TyC Sports), Estudio fútbol (TyC Sports), 90 minutos de fútbol (Fox Sports), Hablemos de fútbol (ESPN), entre otros, tendrían que pedirle permiso a AFA y, sólo una vez que los autorice, tendrán que pagarle.
“Es como si A dos voces (TN) tuviera que pedirle permiso y después pagarle al Congreso por hablar de política parlamentaria, o si cualquier otro programa político tuviera que pagarle al Gobierno por hablar de la política intramuros de la Casa Rosada”, aseguró un ejecutivo.
También criticó: “Cualquiera que quiera hablar de algún deporte tendrá que hablar bien para que la asociación de ese deporte lo deje tener el programa. Y encima, tendrá que pagarle para hablar bien”.
Otro aspecto contradictorio es que el proyecto oficial avanza sobre el marco regulatorio de las telecomunicaciones y pide algunas condiciones a las telefónicas para poder ofrecer servicios audiovisuales. Entre esas condiciones están la portabilidad numérica; es decir, el derecho de los usuarios a mantener su número de teléfono aunque cambie de prestador. Este derecho fue consagrado en la deregulación del mercado en el 2000. Pero en los seis años de gestión de los Kirchner no se implementó, en favor de las telefónicas que vieron así menor competencia en el mercado.
Fue una decisión judicial, tras una denuncia de una ONG, la que obligó al Gobierno a implementarlo. Pero la semana pasada, presentó un recurso de amparo ante la Corte para que se revea la sentencia.
El proyecto oficial también habla de que las telefónicas deben abrir sus redes a los otros operadores para llegar hasta cada hogar. Lo mismo dijo el jueves en el fallo que obliga a los italianos a retirarse de Telecom, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Ocurre que en los seis años de gestión K, la Secretaría de Comunicaciones también frenó esa reglamentación dictada en el 2000.
Algunos especialistas se preguntan si las demoras en las regulaciones para hacer más competitivo y abierto el mercado de telecomunicaciones no se trasladará a los medios con los nuevos órganos que crea una ley que el oficialismo tilda de antimonopólica.
El gobierno acelera
Con la iniciativa perdida, la oposición busca posponer la ley de medios hasta diciembre
El presidente de la Unión Cívica Radical, el senador Gerardo Morales, confirmó que el objetivo de la oposición es lograr que la nueva ley de radiodifusión no se trate en el Congreso y posponer su discusión hasta después del 10 de diciembre, cuando asuman los nuevos legisladores. Ayer, Agustín Rossi, jefe de la bancada oficialista en la Cámara baja, defendió, otra vez, la iniciativa del Gobierno nacional y sugirió que De Narváez no participe de la discusión.
Por: Juan Cruz Sanz
Distintos. Cada uno defendió sus intereses. Rossi respalda, Morales busca suspender y Das Neves dice
que hay “temas más urgentes”.
El Gobierno nacional recuperó la iniciativa. Eso despertó y preocupó a todo el arco opositor, que ahora busca confluir en una misma postura para evitar que la nueva ley de radiodifusión llegue al recinto.
Ayer, el presidente de la Unión Cívica Radical, el senador Gerardo Morales, se manifestó en concordancia con el sector de la oposición que pretende no dar quórum al debate del proyecto oficial y así lograr su postergación hasta después del 10 de diciembre, con la conformación del nuevo Congreso. “No tengo ninguna duda de que detrás de este proyecto está la intención del Gobierno de controlar a los medios”, advirtió Morales, quien anticipó que si bien su partido “está analizando” la actitud a adoptar por sus representantes parlamentarios, él no daría número para habilitar el debate.
Fuera del radicalismo, el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, criticó la iniciativa oficial. “Los argentinos tenemos temas mucho más urgentes que resolver.”
Das Neves reiteró que el proyecto oficial responde a un “enfrentamiento personal que tiene el Gobierno con el Grupo Clarín”, y calificó de “peligroso” que un tercio de los medios queden en manos de ONGs, porque “seguramente serán ONGs amigas del poder”.
En la otra vereda, el Gobierno nacional buscó, otra vez, enfrentarse a las críticas. El jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, cruzó con fuerza al diputado reelecto de Unión-PRO Francisco De Narváez, a quien le sugirió que “pida licencia” para no participar en el tratamiento de la norma. “¿Qué intereses defiende el diputado De Narváez? ¿Los intereses de la sociedad o los intereses del multimedios al cual representa?” Con respecto a la intención de la oposición de postergar el debate, Rossi fue claro: “Siempre, cada vez que hay algo que no se pueda discutir en la Argentina, se aduce ‘falta de oportunidad’, que no es prudente, no es el momento, no es lo mejor”. Consultado por PERFIL, De Narváez aseguró que va a participar porque “no está haciendo una defensa sectorial y particular” y que la discusión excede “el tema económico y personal”.
El diputado K también aseguró que “no hay un encono del Gobierno” con un grupo de medios, aunque estimó que sí existe “una resistencia de ese sector a perder su posición dominante, en algunos casos monopólica, en un mercado que es su negocio”.
El martes, Mariotto dará el primer paso
El tratamiento del proyecto de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual tiene un cronograma bastante ajustado.
El martes, el titular del ComFeR, Gabriel Mariotto, visitará a los legisladores oficialistas para explicarles cada uno de los 156 puntos del proyecto impulsado por Cristina Kirchner. Ese será el primer paso en la estrategia oficial, que continuará el jueves, cuando la iniciativa sea tratada en las distintas comisiones, en su mayoría controladas por el kirchnerismo.
El plenario de comisiones estará encabezado por el grupo de Comunicación, dirigido por el kirchnerista pampeano Manuel Baladrón, encargado de disponer la metodología de trabajo y su coordinación. En orden de importancia, lo seguirá Presupuesto, que comanda el santafesino Gustavo Marconato, y luego la Comisión de Libertad de Expresión, cuerpo que preside la radical porteña Silvana Giudici. El tratamiento se llevará a cabo en Comunicación e Informática, Presupuesto y Hacienda, y Libertad de Expresión, cuerpos que funcionarán en conjunto, según estimaron fuentes oficialistas, “durante unas cuatro semanas”, antes de llevar la medida al recinto para intentar su aprobación.
Se espera una reunión de comisión muy concurrida, ya que Comunicación posee 31 integrantes, Presupuesto 49 y Libertad de Expresión 23 miembros, y juntas involucran un total de 103 legisladores, sin contar asesores y diputados ajenos a los cuerpos.
Sólo de una opinión consensuada por parte de la oposición depende que la intención de evitar el tratamiento prospere. A la Coalición Cívica y a la UCR se le pueden sumar los independientes y los legisladores que responden al PJ disidente. Las declaraciones del gobernador de Chubut, Mario Das Neves, fueron bien recibidas en la oposición. Cinco diputados responden a los designios del mandatario provincial.
Fuente: Diario Perfil
Por: Rodolfo Barros
De aprobarse tal como se envió al Congreso, el proyecto oficial de Servicios de Comunicación Audiovisual, que reemplazará a la Ley de Radiodifusión. cambiará el mapa de medios y telecomunicaciones en la Argentina. Sus consecuencias son trascendentales, si se tiene en cuenta que la información es uno de los principales bienes de la economía postindustrial.
1 ¿Por qué el Gobierno decide reformar el mercado de medios de la Argentina?La Ley de Radiodifusión vigente fue proclamada durante la última dictadura militar y tuvo más de 160 reformas durante el período democrático. Muchos especialistas coinciden en que esas reformas la empeoraron. Desde hace más de 20 años, distintas agrupaciones académicas y políticas plantean que es obsoleta y que permite mantener un mercado concentrado de medios en el país. La pelea entre el kirchnerismo y el Grupo Clarín precipitó la redacción y el envío al Congreso de proyecto oficial.
2 ¿Cuál es el espíritu del proyecto? ¿Quién controlará a los medios?
Si se descuenta la pelea del Gobierno con Clarín y que las gestiones Kirchner realizan un uso arbritrario de la publicidad oficial, premiando a medios amigos; que la Presidenta casi no da conferencias de prensa y tiene una política de comunicación de sus funcionarios decididamente cerrada; además de que no mejoró las condiciones en las que deben operar los organismos reguladores de este mercado, el proyecto limita con fuerza a los multimedios, regula a las compañías de televisión paga, autoriza a las empresas de servicios públicos como las telefónicas a ingresar a este mercado y divide al espectro radioeléctrico en tres partes iguales, para ser usados por medios comerciales, ONGs y estatales. De esta manera se evitaría la concentración. Los medios serán regulados por un organismo que dependerá de la Secretaría de Medios. Esto es criticado porque el regulador dependerá del regulado. Otro aspecto a debatir es su conformación: el directorio tendrá cinco miembros nombrados por el Poder Ejecutivo, dos de ellos a propuesta de una comisión bicameral.
3 ¿Qué nuevos límites se les ponen a las empresas de multimedios?
La ley vigente permite a las empresas tener hasta 24 licencias para operar radios y canales de televisión en el país. El proyecto oficial las limita a 10. Además, quien sea operador de un canal de aire no puede tener en la misma ciudad un canal de cable. Sólo se puede tener en la misma área una radio AM y hasta dos FM. Los operadores de cable podrán dar el servicio hasta en 24 localidades (el proyecto no define si son ciudades o barrios). Tendrán otro límite: no podrán tener más de 35% de los abonados de todo el país. Si bien no es común en el mundo que se impida ser dueño de un canal de aire y otro de cable, en algunos países se prohibe a los dueños de diarios tener radios o canales. Lo mismo pasaba en la Argentina hasta una modificación realizada en 1990 a la Ley de Radiodifusión que posibilitó la creación de los multimedios y la privatización de los canales.
4 ¿Cuáles serán los grupos más beneficiados por el proyecto oficial?
Telefónica y Telecom, las herederas del monopolio estatal Entel, tienen prohibido el ingreso al mercado de los medios en los pliegos de licitación de la privatización. Esa claúsula existe porque son dueñas de las redes que llegan a casi todos los hogares de la Argentina, lo que les da una ventaja muy fuerte respecto a las empresas de cable. Con esa prohibición se garantizó el desarrollo de redes independientes, la de las telefónicas y las de los cableros. El proyecto oficial les permite ingresar ahora. Pero les impone dos restricciones básicas: crear una empresa separada para evitar subsidios cruzados y respetar la Ley de Bienes Culturales, por la que los extranjeros no pueden ser dueños de más de 30% de la misma. Esto afecta a Telefónica, que es española. Pero Telecom está en vías de argentinizarse 100%. Por otra parte, se beneficiarán los grupos que compren las empresas y abonados al cable de los que deberán desprenderse los multimedios más grandes.
5 ¿Cuáles serán los grupos más perjudicados por el proyecto oficial?
Clarín, porque deberá vender Canal 13 si quiere mantener Cablevisión, que le entrega más de 60% de sus ingresos. Además deberá achicar esa empresa de cable ya que tiene 50% de los abonados del país y no podrá superar el 35%. El Grupo Uno, de Daniel Vila y José Luis Manzano, es dueño de Supercanal, la tercera red de cable del país, pero tiene además 19 radios y canales. No puede tener más de 10 licencias. Lo mismo le pasa al español Grupo Prisa, dueño de Continental, que tiene 19 licencias y sólo podrá tener hasta 10.
6 ¿Es legal obligar a las empresas grandes a que reduzcan su tamaño?
El proyecto oficial les dará un año desde su reglamentación a las empresas para que se adecuen a la nueva norma. En el mundo es muy conocido el caso de “desinversión” de AT&T que fue desmembrada por el regulador de telecomunicaciones de los EE.UU. en 9 compañías, para favorecer la competencia.
7 ¿Habrá más espacios de representación de la ciudadanía en el mapa de medios?
El proyecto oficial propone distribuir el espacio del espectro radioeléctrico, a través del cual se propagan las señales de radio y televisión, en tres partes iguales para usos comerciales, de ONGs y de medios estatales. El argumento oficial es que de esta manera se generará una mayor polifonía de voces ya que dan por sentado que los medios niegan la palabra de algunos sectores. Sin embargo, que haya más espacio para que los gremios, iglesias, ONGs y universidades tengan sus propios canales o radios, no garantiza que esas voces sean escuchadas. Asegurarlo, como lo hace el oficialismo, es desconocer la diferencia entre tener un micrófono y llegar a una audiencia. Legisladores de la oposicón, como María Eugenia Estensoro, consideraron que de no aplicarse pautas similares a las que se impondrán a medios comerciales, también pueden crearse monopolios en el sector de radios de ONGs, por ejemplo. Criticó que la segmentación del espectro no garantiza la libertad de información, “porque un gremio no puede hacer periodismo, sino propaganda”, explicó.
8 ¿Habrá mayor control de los contenidos en las radios y la televisión?
El proyecto plantea la prohibición de emitir programación sexista y discriminatoria entre otras restricciones. Más allá de ello, algunos legisladores consideran que el proyecto intenta controlar a los medios ya que cada dos años se revisará el esquema por el que se otorga las licencias para poder operar los servicios de televisión y radio. Creen que de esta manera, el Gobierno puede tomar examen a los propietarios de los medios y así influir en su línea editorial.
9 ¿Se garantizarán más espacios a las producciones nacionales?
Sí. El proyecto oficial introduce cuotas en las programaciones de canales de televisión y en las radios, para que incluyan películas, telefilms y otras producciones culturales de origen nacional. Distingue además, para el caso de la música, entre las producciones de las disqueras y las independientes, de manera de garantizar un espacio mínimo para las producciones nacionales que no cuentan con el apoyo de grandes empresas productoras.
10 ¿Qué cambiaron en el proyecto desde que se presentó?
Cuando el proyecto se dio a conocer en marzo, se criticó, entre otras cosas, que la revisión cada dos años de las condiciones en las que se entregan las licencias sería una forma de controlar la línea editorial de los medios. Ese punto fue nuevamente redactado y se especifica que esa revisión se realizará para garantizar que las nuevas tecnologías tengan un buen impacto en el mercado. Se especificó que no afectará a las licencias otorgadas con anterioridad.
Se cambiaron los criterios para otorgar licencias: se prioriza la innovación cultural de la propuesta por sobre el patrimonio de los concursantes.
Una empresa de televisión satelital como DirecTV, sólo podrá tener una licencia. No podrá operar una radio o un canal de televisión abierta. Deberá además tener una señal propia nacional (hoy DirecTV no la tiene).
De esta forma, se impedirá que las telefónicas brinden el servicio de televisión por ese sistema. Están obligadas a hacerlo por su propia red. Así se pretende que las mejoren y las amplíen a más localidades, ya que en el Gobierno estiman que el 80% de las redes de banda ancha que hay en el país se concentran en sólo cinco ciudades.
Los bienes de los medios quedarán afectados a la explotación. Se pretende de esta manera que los propietarios de los medios, ante una quiebra, no se lleven los sistemas de producción, como por ejemplo las cámaras y de esta manera no se pueda continuar la explotación y se pierdan fuentes de trabajo.
Las radios no podrán hacer dúplex, es decir repetir la programación de AM en FM.
Consideran que el proyecto es contradictorio con la política K
La iniciativa que Cristina Kirchner envió al Congreso podrá bajar la concentración del mercado de medios. Sin embargo, la autoridad regulatoria que se cree deberá ser precompetitiva. En el mercado de telecomunicaciones, el Gobierno adoptó una estrategia distinta que mantuvo altos niveles de concentración en dos empresas.
El proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que el Gobierno envió al Congreso encierra profundas contradicciones con la política oficial de medios, no sólo porque la Presidenta que lo firma sólo dió una conferencia de prensa durante su mandato y mantiene una estrategia comunicacional militarista para con sus funcionarios, sino porque, por ejemplo, va contra las decisiones de “democratización del fútbol”, que tomó hace sólo dos semanas.El proyecto oficial destina los artículos 68 al 71 al “derecho al acceso a los contenidos informativos de interés relevante, de acontecimientos futbolísticos y de otro género”.
Su definición es laxa, por lo que en el mercado se cree que la nueva ley podría habilitar a televisar por un canal abierto un recital de los Rolling Stones, por ejemplo.
El artículo 70 también despertó críticas en el mundo de los medios: “Las emisiones o retransmisiones por televisión de programas deportivos especializados, siempre que fueran autorizados por las entidades deportivas, darán lugar a una contraprestación económica a favor de ellas”, dice. Esto significa, según la interpretación de parte del mercado, que programas que hablan de fútbol, como Líbero (TyC Sports), Estudio fútbol (TyC Sports), 90 minutos de fútbol (Fox Sports), Hablemos de fútbol (ESPN), entre otros, tendrían que pedirle permiso a AFA y, sólo una vez que los autorice, tendrán que pagarle.
“Es como si A dos voces (TN) tuviera que pedirle permiso y después pagarle al Congreso por hablar de política parlamentaria, o si cualquier otro programa político tuviera que pagarle al Gobierno por hablar de la política intramuros de la Casa Rosada”, aseguró un ejecutivo.
También criticó: “Cualquiera que quiera hablar de algún deporte tendrá que hablar bien para que la asociación de ese deporte lo deje tener el programa. Y encima, tendrá que pagarle para hablar bien”.
Otro aspecto contradictorio es que el proyecto oficial avanza sobre el marco regulatorio de las telecomunicaciones y pide algunas condiciones a las telefónicas para poder ofrecer servicios audiovisuales. Entre esas condiciones están la portabilidad numérica; es decir, el derecho de los usuarios a mantener su número de teléfono aunque cambie de prestador. Este derecho fue consagrado en la deregulación del mercado en el 2000. Pero en los seis años de gestión de los Kirchner no se implementó, en favor de las telefónicas que vieron así menor competencia en el mercado.
Fue una decisión judicial, tras una denuncia de una ONG, la que obligó al Gobierno a implementarlo. Pero la semana pasada, presentó un recurso de amparo ante la Corte para que se revea la sentencia.
El proyecto oficial también habla de que las telefónicas deben abrir sus redes a los otros operadores para llegar hasta cada hogar. Lo mismo dijo el jueves en el fallo que obliga a los italianos a retirarse de Telecom, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Ocurre que en los seis años de gestión K, la Secretaría de Comunicaciones también frenó esa reglamentación dictada en el 2000.
Algunos especialistas se preguntan si las demoras en las regulaciones para hacer más competitivo y abierto el mercado de telecomunicaciones no se trasladará a los medios con los nuevos órganos que crea una ley que el oficialismo tilda de antimonopólica.
El gobierno acelera
Con la iniciativa perdida, la oposición busca posponer la ley de medios hasta diciembre
El presidente de la Unión Cívica Radical, el senador Gerardo Morales, confirmó que el objetivo de la oposición es lograr que la nueva ley de radiodifusión no se trate en el Congreso y posponer su discusión hasta después del 10 de diciembre, cuando asuman los nuevos legisladores. Ayer, Agustín Rossi, jefe de la bancada oficialista en la Cámara baja, defendió, otra vez, la iniciativa del Gobierno nacional y sugirió que De Narváez no participe de la discusión.
Por: Juan Cruz Sanz
Distintos. Cada uno defendió sus intereses. Rossi respalda, Morales busca suspender y Das Neves dice
que hay “temas más urgentes”.El Gobierno nacional recuperó la iniciativa. Eso despertó y preocupó a todo el arco opositor, que ahora busca confluir en una misma postura para evitar que la nueva ley de radiodifusión llegue al recinto.
Ayer, el presidente de la Unión Cívica Radical, el senador Gerardo Morales, se manifestó en concordancia con el sector de la oposición que pretende no dar quórum al debate del proyecto oficial y así lograr su postergación hasta después del 10 de diciembre, con la conformación del nuevo Congreso. “No tengo ninguna duda de que detrás de este proyecto está la intención del Gobierno de controlar a los medios”, advirtió Morales, quien anticipó que si bien su partido “está analizando” la actitud a adoptar por sus representantes parlamentarios, él no daría número para habilitar el debate.
Fuera del radicalismo, el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, criticó la iniciativa oficial. “Los argentinos tenemos temas mucho más urgentes que resolver.”
Das Neves reiteró que el proyecto oficial responde a un “enfrentamiento personal que tiene el Gobierno con el Grupo Clarín”, y calificó de “peligroso” que un tercio de los medios queden en manos de ONGs, porque “seguramente serán ONGs amigas del poder”.
En la otra vereda, el Gobierno nacional buscó, otra vez, enfrentarse a las críticas. El jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, cruzó con fuerza al diputado reelecto de Unión-PRO Francisco De Narváez, a quien le sugirió que “pida licencia” para no participar en el tratamiento de la norma. “¿Qué intereses defiende el diputado De Narváez? ¿Los intereses de la sociedad o los intereses del multimedios al cual representa?” Con respecto a la intención de la oposición de postergar el debate, Rossi fue claro: “Siempre, cada vez que hay algo que no se pueda discutir en la Argentina, se aduce ‘falta de oportunidad’, que no es prudente, no es el momento, no es lo mejor”. Consultado por PERFIL, De Narváez aseguró que va a participar porque “no está haciendo una defensa sectorial y particular” y que la discusión excede “el tema económico y personal”.
El diputado K también aseguró que “no hay un encono del Gobierno” con un grupo de medios, aunque estimó que sí existe “una resistencia de ese sector a perder su posición dominante, en algunos casos monopólica, en un mercado que es su negocio”.
El martes, Mariotto dará el primer paso
El tratamiento del proyecto de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual tiene un cronograma bastante ajustado.
El martes, el titular del ComFeR, Gabriel Mariotto, visitará a los legisladores oficialistas para explicarles cada uno de los 156 puntos del proyecto impulsado por Cristina Kirchner. Ese será el primer paso en la estrategia oficial, que continuará el jueves, cuando la iniciativa sea tratada en las distintas comisiones, en su mayoría controladas por el kirchnerismo.
El plenario de comisiones estará encabezado por el grupo de Comunicación, dirigido por el kirchnerista pampeano Manuel Baladrón, encargado de disponer la metodología de trabajo y su coordinación. En orden de importancia, lo seguirá Presupuesto, que comanda el santafesino Gustavo Marconato, y luego la Comisión de Libertad de Expresión, cuerpo que preside la radical porteña Silvana Giudici. El tratamiento se llevará a cabo en Comunicación e Informática, Presupuesto y Hacienda, y Libertad de Expresión, cuerpos que funcionarán en conjunto, según estimaron fuentes oficialistas, “durante unas cuatro semanas”, antes de llevar la medida al recinto para intentar su aprobación.
Se espera una reunión de comisión muy concurrida, ya que Comunicación posee 31 integrantes, Presupuesto 49 y Libertad de Expresión 23 miembros, y juntas involucran un total de 103 legisladores, sin contar asesores y diputados ajenos a los cuerpos.
Sólo de una opinión consensuada por parte de la oposición depende que la intención de evitar el tratamiento prospere. A la Coalición Cívica y a la UCR se le pueden sumar los independientes y los legisladores que responden al PJ disidente. Las declaraciones del gobernador de Chubut, Mario Das Neves, fueron bien recibidas en la oposición. Cinco diputados responden a los designios del mandatario provincial.
Fuente: Diario Perfil
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