El gigante de las redes sociales Facebook anunció el nuevo nombre de la empresa: Meta, el mundo virtual que están creando la compañía al que los usuarios podrán acceder a través de la realidad virtual. En el marco de su nuevo evento Facebook Connect 2021, Mark Zuckerberg anunció el cambio del nombre para dar inicio a una nueva etapa centrada en el "metaverso". El nuevo logo es el signo infinito de color azul, aunque también señalan que representa la M, la letra inicial de la nueva marca del gigante de las redes sociales y mantiene la misma misión: "Conectar a la gente"
"Meta está ayudando a construir el metaverso, un lugar donde jugaremos y nos conectaremos en 3D. Bienvenido al próximo capítulo de conexión social", es la descripción que tiene la nueva marca en su cuenta de Twitter.
Mientras que, Zuckerberg en la instancia dijo que "a partir de ahora, vamos a ser primero metaverso y no Facebook". Luego explicó que esto significa que "con el tiempo, no necesitarás usar Facebook para usar nuestros otros servicios y a medida que nuestras marcas empiecen aparecer en nuestros productos, espero que la gente llegue a conocer la marca Meta y el futuro que representamos".
En tanto, la empresa afirmó que los nombres de las aplicaciones como Facebook, Instagram, Messenger y WhatsApp seguirán siendo los mismos.
"Estoy orgulloso de lo que hemos construido hasta ahora y entusiasmado por lo que vendrá, cuando vayamos más allá de lo que hoy es posible, más allá de las limitaciones de las pantallas, más allá de los límites de la distancia física, y hacia un futuro en el que todos puedan estar presentes entre sí, crear nuevas oportunidades y vivir nuevas experiencias. Es un futuro más allá de cualquier compañía y que construiremos entre todos", explicó.
"A partir de ahora, seremos primero en metaverso, no en Facebook. Eso significa que con el tiempo no se necesitará una cuenta de Facebook para utilizar nuestros otros servicios. A medida que nuestra nueva marca comienza a aparecer en nuestros productos, espero que la gente de todo el mundo conozca la marca Meta y el futuro que representamos", agregó el CEO en una carta dirigida a los empleados de la compañía.
Zuckerberg reveló de dónde surgió la idea de llamar Meta a todo el conglomerado de sus compañías, vino de sus lecturas de los griegos y es una palabra significativa para él.
"Solía estudiar Clásicos, y la palabra ‘meta’ proviene de la palabra griega que significa ‘más allá’. Para mí, simboliza que siempre hay más para construir, y siempre hay un próximo capítulo de la historia. La nuestra es una historia que comenzó en un dormitorio y creció más allá de lo que imaginamos; en una familia de aplicaciones que las personas usan para conectarse entre sí, encontrar su voz y comenzar negocios, comunidades y movimientos que han cambiado el mundo", reveló.
¿Qué es el metaverso?
El metaverso es un universo virtual que amplía el mundo físico en digital, sea con la realidad aumentada, avatares o interfaces virtuales. Uno de los ejemplos de este metaverso es Facebook Horizon, una especie de "Second Life" en realidad virtual. Según cálculos de Bloomberg, el negocio del metaverso podría suponer hasta 800 mil millones de dólares en 2024. Un sector con un enorme potencial por el cual Facebook, ahora Meta, va a intentar pugnar.
Hechos clave Facebook cubrió un letrero afuera de su sede de Silicon Valley, previo a que el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, anunciara el cambio de nombre para la compañía el jueves por la tarde, esto como un esfuerzo por cambiar el nombre en medio en medio de un fuerte escrutinio sobre las prácticas de la compañía, de acuerdo Bloomberg.
Bloomberg informó que el letrero de la compañía de Facebook se encontraba cubierto con un lienzo temporal adornado con un logotipo de pulgar hacia arriba, ocultando el nombre de Facebook a la vista. Los guardias de seguridad también agregaron una barrera frente al área.
El 19 de octubre pasado, The Verge informó por primera vez los planes de Zuckerberg de anunciar el cambio de nombre anticipado.
El cambio evoca recuerdos de que Google cambió el nombre de su empresa a Alphabet en 2015 para reflejar las empresas comerciales más amplias del gigante de la tecnología.
Los papeles de Facebook
El cambio de nombre se produce cuando Facebook se enfrente a una presión negativa significativa de documentos internos publicados por un denunciante que ha sido apodado "Los papeles de Facebook", que han planteado preguntas sobre cómo Facebook ha manejado la información errónea y las actividades peligrosas en sus plataformas de redes sociales.
Entre las afirmaciones hechas en los documentos se encuentran que Zuckerberg "interfirió" para permitir que las figuras públicas eludieran las reglas de la plataforma de redes sociales y que la compañía no hizo lo suficiente para evitar la propagación de información errónea sobre la pandemia de Covid-19, las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020 y otros eventos mundiales.
De igual forma, Facebook se enfrenta a una demanda antimonopolio de la Comisión Federal de Comercio.
ViacomCBS anunció un acuerdo con The Walt Disney Company y la familia Duque para adquirir una participación mayoritaria de Fox TeleColombia & Estudios TeleMexico.
ViacomCBS sorprendió este jueves al anunciar un acuerdo con The Walt Disney Company y la familia Duque para adquirir una participación mayoritaria de Fox TeleColombia & Estudios TeleMexico.
Una vez que se apruebe la operación ViacomCBS International Studios (VIS) liderará las operaciones de ambas compañías en alianza con la familia fundadora.
VIS obtendrá así acceso a las operaciones de estudio de Fox TeleColombia & Estudios TeleMéxico tanto en Colombia como en México, así como muchas horas de contenido de biblioteca, que se compone de entretenimiento multifacético que abarca múltiples géneros clave, incluyendo series premium, telenovelas, películas, documentales, sin guion, niños y familia, contenido digital y de marca, así como espectáculos deportivos en vivo producidos para diversas audiencias.
Este contenido alimentará las plataformas globales de streaming de ViacomCBS, incluyendo Paramount+ y Pluto TV, y sus canales lineales en todo el mundo.
Fox TeleColombia & Estudios TeleMéxico también reforzarán las capacidades de producción de contenidos en español de ViacomCBS para capitalizar la importante demanda de contenidos en la región y en todo el mundo.
Esta adquisición se suma a las de Telefe en Argentina y la recientemente adquirida Chilevisión en Chile.
"La adquisición de Fox TeleColombia & Estudios TeleMéxico, combinada con el portafolio existente de ViacomCBS en español, incluyendo Telefe y Chilevisión, refuerza la posición de la compañía como productora líder mundial de contenidos en español", dijo Raffaele Annecchino, presidente y CEO de ViacomCBS Networks International.
Samuel Duque Rozo, fundador y CEO de Fox TeleColombia & Estudios TeleMéxico, agregó: "Este anuncio es muy satisfactorio y me siento muy honrado de que Fox TeleColombia & Estudios TeleMéxico continúe su expansión y crecimiento en manos de una compañía tan increíble como ViacomCBS y sus talentosos y visionarios ejecutivos. El extraordinario trabajo que nuestro equipo ha realizado durante todos estos años, combinado con la visión, las marcas icónicas, la experiencia, el profesionalismo y la creatividad de ViacomCBS, entre mucho más, traerá nada menos que lo mejor para ambos negocios".
Duque Rozo continuará apoyando exclusivamente el negocio desde una posición de asesoría creativa y estratégica, y Samuel Duque Duque, actual presidente, liderará el negocio.
Fox TeleColombia & Estudios TeleMéxico estarán bajo la responsabilidad de Juan «JC» Acosta, presidente de ViacomCBS International Studios and Networks Americas.
Fox TeleColombia & Estudios TeleMéxico habían sido adquiridos por Disney tras la compra global de Fox.
La adquisición se suma al portafolio latinoamericano de ViacomCBS, que incluye dos canales de televisión abierta, Telefe en Argentina y Chilevisión en Chile; el servicio premium SVOD, Paramount+; el servicio FAST, Pluto TV; los centros de producción de ViacomCBS International Studios; el canal de comedia y creadores de YouTube, Porta dos Fundos; más de 10 canales de televisión paga incluyendo MTV, Nickelodeon, Nick Jr. y Comedy Central, entre otros; múltiples eventos y experiencias en vivo y un amplio catálogo de productos de consumo.
Los términos de la transacción no fueron revelados. La transacción está sujeta a la aprobación regulatoria y las condiciones de cierre habituales.
Fue mediante el mecanismo de juicio abreviado, en el que reconoció su responsabilidad en la interrupción del servicio radial
Por: Néstor Espósito El juez federal Sebastián Casanello condenó al empresario Mariano Martínez Rojas, preso por contrabando en el marco de la causa “Mafia de los Contenedores”, a un año de prisión de cumplimiento efectivo por interrumpir las transmisiones de Radio América en 2016.
Martínez Rojas se adjudicaba por entonces la propiedad de Radio América y del diario Tiempo Argentino, en una supuesta operación de adquisición al empresario Sergio Szpolski.
Casanello hizo lugar a un acuerdo de “juicio abreviado” entre Martínez Rojas y la fiscal Paloma Ochoa.
Martínez Rojas nunca estuvo preso en este expediente, por lo que el tiempo que lleva detenido en el marco de otros procesos no se computa para esta condena.
El 11 de junio de 2016, el trabajador de Radio América Francisco Juan Yofré denunció ante la Policía Federal Argentina que ese día “le fue informado por grupo de Whatsapp que habían intrusado la antena de transmisión de la radio, sita en la calle Pergamino 4055”. A las 14.30 horas “tomó conocimiento que habían interrumpido la señal transmitida por el estudio, y desde la antena de transmisión, comunicaban al aire, música, habiendo perdido el estudio el control sobre la emisión de aire de la radio”.
El delito por el que fue condenado es el de “interrupción de las comunicaciones radiales” en calidad de autor, ocurrido el 11 de junio de 2016 en la planta transmisora situada en la calle Pergamino 4055, de la Capital Federal.
La condena fue dictada “de acuerdo al reconocimiento efectuado por el propio imputado, tanto en lo que se refiere a la existencia del hecho atribuido en el requerimiento de elevación a juicio, como en lo que atañe a su intervención en dicho suceso”.
“Las pruebas resultan idóneas para tener por legalmente acreditada la materialidad del hecho enrostrado”, resumió Casanello.
Martínez Rojas también deberá hacerse cargo de las costas (los gastos) del proceso. Esta es la cuarta condena contra Martínez Rojas (ninguna de ellas firme), entre otros delitos por contrabando, defraudación en la venta de automóviles y estafa. Fuente: Noticias Argentinas
En los últimos días, distintos medios de comunicación se sumaron a una campaña de estigmatización hacia el pueblo mapuche, en la que reprodujeron discursos racistas y persecutorios de distintos sectores de la política. El punto más alto se dio en el programa televisivo PPT que conduce Jorge Lanata, emitido los domingos por la noche por Canal 13, que dedicó su edición del día de ayer a «los indios al ataque» (sic).
Este tipo de mensajes son burdas operaciones periodísticas que construyen una agenda para perseguir y judicializar a las comunidades originarias que reclaman por sus derechos en el sur del país, y es coincidente con el debate en el Congreso por la prórroga de la Ley 26.160 de relevamiento territorial de comunidades indígenas.
De acuerdo a la ley 23.592, la propaganda del racismo es un delito federal y penaliza los actos discriminatorios por motivos como raza, religión, nacionalidad o ideología, entre otros. Estas empresas de medios, que reproducen informaciones falsas y están en un abierto conflicto con nuestro marco constitucional, encabezan las listas de medios que reciben más financiamiento a través de la Pauta Oficial.
Llamamos a las y los trabajadores de prensa a no reproducir o compartir esta metodología completamente contraria a la labor y al oficio periodístico. Nuestra tarea como comunicadores y comunicadoras es bregar por el derecho a una información fidedigna para el conjunto de la población. Federación Argentina de Trabajadores de Prensa
Pedido a la Defensoría del Püblico Por la presente, los abajo firmantes, nos dirigimos a la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, para denunciar el programa Periodismo Para Todos (PPT) (Canal El trece), de Jorge Lanata, por la emisión del pasado domingo 24 de octubre del 2021, que con el título “Indios al ataque” publicitó un “informe” que atentó contra los pueblos originarios.
En el marco de una campaña mediática desatada esta última semana contra el pueblo mapuche y sus reclamos, PPT difundió en la noche de ayer un mensaje racista e irresponsable, calificando a los mapuches de terroristas, de vándalos, y se los negó diciendo que se trata de “seudomapuches”.
Es preocupante la circulación de este tipo de mensajes que niegan la existencia de otras culturas hablando de terrorismo, de atentados. Se violan disposiciones legales internacionales, nacionales y provinciales. El programa ignora la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena, ignora también la Constitución Nacional en su artículo 75, inciso 17, donde indica que se reconoce la “preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas” que garantiza la “posesión y propiedad comunitarias de las tierras”.
Fundamentada en Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Defensoría del Público tiene la función de promover la protección de derechos. En este sentido, existen pasos a seguir ante una cobertura periodística de asuntos relacionados a pueblos originarios que violan disposiciones fundamentales y el respeto a la audiencia.
Por ello, como ciudadanos y público de radio y televisión nos sentimos agredidos por este nivel de cinismo y violencia mediática que promueve e incita un trato discriminatorio por motivos culturales. Repudiamos la estigmatización con la que se está intentando construir la idea del “enemigo interno” en nuestra sociedad, consideramos esto un atentado mediático contra las comunidades originarias y esperamos el pronunciamiento de la Defensoría del Público.
Pablo Llonto - DNI 13859152 - Periodista - Abogado - Profesor
Ernesto PalmeiroDNI 44483259 - Producción de radio - Estudiante universitario.
Winni Righi - DNI 43317404 - Producción radial - Estudiante universitaria.
Repudio a la violencia y a la campaña racista y estigmatizante hacia el pueblo Mapuche/Mapuche-Tehuelche
Un conjunto de equipos de investigación pertenecientes a diferentes Universidades, unidades ejecutoras y centros de investigación del CONICET, quienes trabajamos con el pueblo originario mapuche/mapuche-tehuelche, deseamos fijar postura frente a los hechos de los últimos días y a la vez repudiar la nueva operación de criminalización, desarrollada sugestivamente en plena campaña electoral.
Repudiamos cualquier forma de violencia, como el incendio producido en el Club Andino Piltriquitrón en El Bolsón, hecho que nada tiene que ver con las reivindicaciones históricas del pueblo mapuche/mapuche-tehuelche, cuyo diálogo con la sociedad no indígena, se ha construido a lo largo de décadas sobre la base de mutuo enriquecimiento. Pero además, con relación a este caso concreto, nos preocupan algunas cuestiones específicas. En primer lugar, que aun cuando el gobierno provincial no cuenta con pruebas concretas respecto a quienes han sido los responsables del incendio del Club Andino, funcionarixs y medios de prensa caracterizaron al acontecimiento como “terrorismo” y acusaron a todo un pueblo (de más de 300.000 integrantes distribuidos en varias provincias) del hecho. En segundo lugar, y ligado a lo anterior, nos preocupa el racismo, la ignorancia y los prejuicios que, tanto sectores del periodismo como de la función pública sacaron a relucir contra todo el pueblo mapuche.
Llama la atención que estos hechos tengan lugar y adquieran centralidad mediática -bajo una operatoria similar a la ocurrida en el año 2017- en un contexto en el que se está debatiendo la prórroga de la Ley 26.160 de “emergencia territorial indígena” en el Congreso de la Nación, pero además, a escasos días de las elecciones. Ello nos lleva, como mínimo, a preguntarnos si no se trata de un “escenario” ideal, montado para quienes obtienen un rédito electoral a partir de la criminalización y estigmatización del “otro”; en este caso, del pueblo originario mapuche/mapuche-tehuelche. También nos preguntamos si, en este particular contexto y frente a las enormes dificultades económicas de vastísimos sectores sociales en la región -tras años de recesión económica, con grandes problemas de trabajo, de precariedad laboral, dificultades para satisfacer las necesidades básicas--, ciertos sectores no habrán encontrado en un histórico “chivo expiatorio” la forma de sacar el foco sobre la falta de soluciones a los problemas antes descritos.
Como es habitual en estas situaciones, comienzan a circular una serie de falacias, tergiversaciones y discursos estigmatizantes que buscan generar sentimientos de odio y racismo en vastos sectores de la población. Por todo lo expuesto, como especialistas en el tema en cuestión, nos vemos en la obligación de responder a estas falacias que circulan por estas horas.
Diversas investigaciones arqueológicas demuestran la milenaria presencia de contactos entre los pueblos indígenas ubicados a ambos lados de la cordillera de los Andes, evidenciando complejos procesos de interacción social de larga data. En esta misma línea, estudios histórico-antropológicos ponen de manifiesto que la cordillera pasó a erigirse como frontera varias décadas después de la constitución de los Estados nacionales. En efecto, la reiteración de muchos apellidos indígenas en lo que actualmente se conoce como Chile y Argentina y de familias que quedaron divididas con la conformación de la cordillera como frontera, son indicativas de la movilidad que ha existido en toda la Patagonia. De ahí la falacia en que incurren quienes niegan la presencia ancestral del pueblo mapuche, clasifican en términos nacionales a pueblos indígenas que existían con anterioridad a la creación reciente de las naciones y hablan de una supuesta invasión en sentido Oeste-Este, negando procesos muy complejos, de gran profundidad temporal.
La preexistencia del pueblo mapuche. Existen también citas de los partes de campaña escritos por los militares que efectuaron el avance violento sobre sus territorios a fines del suche/mapuche - tehuelche está ampliamente documentada. Para citar solo algunos ejemplos, podemos recordar que cerca de la zona de conflicto, al norte del lago Nahuel Huapi hay testimonios escritos de la presencia de caciques pehuenches (parcialidad del pueblo mapuche) hacia fines del 1700. Los documentos del siglo XIX dan cuenta también de la presencia de las actuales comunidades que hoy habitan el lugar. En la zona de Bariloche diferentes evidencias -memorias indígenas y documentos estatales- indican que desde 1870 ya estaban asentadas algunas de las actuales comunidades. Es decir, varias décadas antes de la efectiva presencia del Estado y la consolidación de la frontera con siglo XIX -violando los pactos firmados entre el Estado y los caciques que se reconocían como autoridades en la Pampa y la Patagonia argentina-, que testimonian cómo expulsaron hacia Chile a los mapuche que habitaban el sur argentino.
Entre las explicaciones empleadas para poner en duda el carácter “originario” del pueblo mapuche, se recurre al argumento largamente refutado que afirma que presuntamente “los mapuche exterminaron a los tehuelche”. No hay ninguna evidencia científica que permita confirmar esta falacia, desmentida por diversas crónicas históricas que aluden a sus relaciones comerciales y parentales y por la histórica convivencia entre mapuches y tehuelches en las provincias de Chubut, Río Negro y Santa Cruz. De hecho, la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro en los ultimos años adoptó la denominacion mixta de Coordinadora del Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro, de una forma integradora, para representar mejor la composición de sus comunidades.
Como miembros de la comunidad científica instamos a la opinión pública en general, a los medios masivos de comunicación y a las personas del gobierno involucradas a abordar la temática con la complejidad y responsabilidad ética que se merece. Denunciamos la gravedad de algunos mensajes mediáticos que intentan imponer la idea de "amenaza" -que presuntamente incluiría al conjunto del pueblo mapuche- y son empleados para negar sus derechos, contribuyendo a las situaciones de violencia que se vienen registrando en estos días.
Para finalizar, denunciamos la violación de los derechos de niños, niñas y adolescentes, que están siendo vulnerados hoy, en particular en la comunidad Quemquemtrew en Cuesta del Ternero. Los hechos denunciados abarcan innumerables actos de violencia por parte de las fuerzas de seguridad contra pobladores pacíficos, incluyendo la violencia física contra mujeres, niños y niñas, la ocupación y utilización de la escuela 211 como base policial, generando una situación de avasallamiento de los derechos de las infancias y de toda la comunidad educativa que está fuera de todo marco legal. Y especialmente el virtual sitio a la comunidad, ejecutado por las fuerzas de seguridad provinciales con el fin de acorralar por el hambre y el frío a sus habitantes, provocando daños intencionales a un grupo de personas, atribuyéndose la potestad de castigar a un grupo humano sobre el cual no se ha expedido la justicia ni se visualiza tampoco un interés genuino por parte del poder político de dilucidar la situación.
Reclamamos que cese toda forma de violencia y se haga efectivo lo estipulado en la Constitución Nacional (art. 75 inc. 17), las constituciones provinciales, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, la Convención Internacional sobre los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y todo el marco normativo nacional que refiere a los derechos del pueblo originario mapuche, mapuche tehuelche y los restantes pueblos. Alentamos también a los legisladores nacionales a sancionar la prórroga de la ley 26.160 actualmente en tratamiento en el Congreso y a dictar la ley de propiedad comunitaria indígena.
Firman:
Cátedra extensión Rural AUSMA Universidad Nacional del Comahue
Grupo de estudios sobre “producción de Estado, alteridad y conflicto en Norpatagonia. IIDYPCA- CONICET-UNRN
Instituto Patagónico de Estudios en Humanidades y Ciencias Sociales (IPEHCS-CONICET-UNCo).
Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas (IPCSH CCT CONICET-CENPAT).
Grupo de Investigación “Trayectorias migratorias y laborales en territorios rurales y urbanos del Norte de la Patagonia” (FADECS-UNCo).
Proyecto Unidad Ejecutora “La (re)producción de las desigualdades en la Patagonia Norte. Un abordaje multidimensional” (IPEHCS-CONICET-UNCo).
Grupo de Investigación “Transformaciones territoriales y relaciones interétnicas en el desarrollo turístico de la Patagonia Norte” (Facultad de Turismo, UNCo).
Grupo Interdisciplinario de Estudio en Políticas Públicas Participativas, Interculturales e Interseccionales (GIEPPPII)
Programa “Etnicidades y Territorios en redefinición” (ICA-FFyL-UBA) - Asignaturas Antropología Sistemática II (Antropología Económica) y Seminario de Antropología Social: Antropología Rural del Dto. de Cs. Antropológicas - FFyL-UBA.
Claudia Briones, IIDyPCa (UNRN/CONICET)
Grupo de Estudios sobre Memorias Alterizadas y Subordinadas (GEMAS)
Proyecto UBACYT 2020-20020190100136BA “Memorias, resistencias y agencias políticas de comunidades y colectivos indígenas: trayectorias en contextos post genocidas” (ICA-FFyL-UBA).
Grupo de Estudios de la Frontera Sur (ICA-FFyL-UBA)
Equipo Niñez Plural (ICA, FFyL, UBA/ FTS, UNLP- CONICET).
Equipo Arqueología de Pampa Occidental (IDECU- Museo Etnográfico- CONICET- UBA).
Red de investigador@s en Genocidio y política indígena en Argentina (RIGPI)
Grupo de Investigación sobre territorialidades, alteridades y agencia colectiva en norpatagonia (GITAAC).
Núcleo de Estudios sobre Identidad y Cultura (IEHSOLP, CONICET-UNLPam) y Proyecto de Investigación “Campos culturales y campos de interlocución: procesos de identificación, tensiones y actores en un espacio regional (La Pampa y Norpatagonia, siglos XX y XXI)”, Instituto de Estudios Socio-Históricos (IESH, UNLPam).
Programa de “Arqueología Histórica y Estudios Pluridisciplinarios” (PROARHEP) del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Luján (UNLU)
Cátedra "Historia Social de América. "Entre la memoria y la desmemoria". Procesos sociales, políticos y económicos de la región pampeano-patagónica: desde los primeros pobladores hasta la formación del estado nación", Facultad de Humanidades, UNMdP
La CTA Autónoma repudia la criminalización institucional y mediática del pueblo mapuche Desde la Central manifestamos nuestro absoluto rechazo a la campaña estigmatizante contra la comunidad mapuche y el intento de vincular a sus integrantes con el reciente incendio registrado en el Club Andino Piltriquitrón de El Bolsón.
Exigimos al gobierno rionegrino y a los medios de comunicación hegemónicos que cesen las operaciones de criminalización en contra del pueblo mapuche por los hechos violentos registrados durante los últimos días que han provocado múltiples acusaciones sobre esta comunidad originaria sin prueba alguna.
También exigimos un freno a la utilización de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad contra los pobladores que pacíficamente ocupan tierras ancestrales.
Funcionarios y periodistas han calificado recientemente como “terroristas” a integrantes de la comunidad mapuche, una afirmación totalmente alejada de sus reivindicaciones históricas y que deja al descubierto, una vez más, prejuicios e ignorancia.
A su vez, advertimos una llamativa coincidencia entre esta operación de desprestigio y el debate por la prórroga de la Ley 26.160 de “emergencia territorial indígena” en el Congreso de la Nación.
Desde la CTA Autónoma nos solidarizamos con todo el pueblo mapuche, reiteramos nuestro pedido para que cese la violencia institucional y mediática, y exigimos se respete lo estipulado por la Constitución Nacional, las constituciones provinciales, y los convenios internacionales sobre la protección y el resguardo de los derechos de las comunidades indígenas.
Miriam Liempe, Secretaría de Relación con los Pueblos Originarios
Capítulo del libro “Manipulados”, una investigación de las periodistas Sheera Frenkel y Cecilia Kang, especializadas en tecnología sobre cómo nos afecta el peligroso poder del emporio de Mark Zuckerberg. Edita Editorial Debate
En mayo de 2020, Facebook anunció el nombramiento de los veinte primeros miembros de un comité independiente creado para decidir sobre los casos de libertad de expresión más controvertidos a los que hacía frente la plataforma. La junta de supervisión de Facebook estaba integrada por académicos de todo el mundo, incluyendo exlíderes políticos y expertos en derechos civiles, que elegirían entre las peticiones ciudadanas para apelar las decisiones de contenido de Facebook, por ejemplo, la eliminación de publicaciones individuales y cuentas de usuarios.
Zuckerberg llevaba años incubando la idea; su plan era que se pareciera a un Tribunal Supremo que votara en los casos y escribiera sus opiniones. La junta sería financiada por Facebook, pero tendría poder para emitir dictámenes vinculantes que no podrían ser anulados por Zuckerberg ni alguno de los líderes de la empresa. “Facebook no debería tomar por sí solo tantas decisiones importantes sobre la libertad de expresión y la seguridad”, explicó el fundador en una publicación para presentar a la junta. Una de las primeras decisiones de la comisión giraba en torno a una publicación del gobierno birmano que Facebook borró inicialmente porque fue considerada “peyorativa u ofensiva” hacia los musulmanes.
En su dictamen, la junta de supervisión concluyó que el post no fomentaba el odio ni incitaba un daño inminente, aunque reconoció el peligroso papel que había desempeñado con anterioridad la plataforma en el país. La decisión llegó en un momento extraño para Facebook, ya que, recientemente, la empresa había tomado medidas contra el discurso de odio en ese país del sudeste asiático, ampliado su plantilla de moderadores de habla birmana y trabajado más estrechamente con ONG locales. En agosto de 2020, casi dos años después de que la empresa bloqueara la petición de Matthew Smith de facilitar a la ONU posibles pruebas de crímenes de guerra cometidos por el ejército de Birmania, Facebook proporcionó gran cantidad de documentos a la organización.
Muchos de los casos que seleccionó el grupo al principio eran quejas relativamente menores, desde la eliminación de la foto de un pezón que pretendía concienciar sobre el cáncer de mama hasta posibles curas para la COVID-19 en Francia. Pero el 21 de enero de 2021, Zuckerberg les pasó una patata caliente. En lugar de tomar la decisión final de cancelar de manera permanente las cuentas de Trump después de la toma de poder de Biden, delegó el caso a la junta de supervisión de Facebook.
Tenían hasta abril para emitir un dictamen. La junta ofreció a Facebook la salida perfecta. Zuckerberg había endilgado a otros la compleja y trascendental decisión de qué hacer con Trump. Era una estrategia de conveniencia que cubría muchos frentes. Después de la prohibición al expresidente, grupos de la sociedad civil de todo el mundo exigieron el mismo trato con autócratas como el líder turco Recep Tayyip Erdogan y su homólogo venezolano Nicolás Maduro por incitar al odio y difundir desinformación. ¿Por qué era peor la insurrección del Capitolio estadounidense que el genocidio y la violencia en Birmania, Sri Lanka o Etiopía?
Muchos empleados y usuarios también cuestionaban por qué Trump fue castigado por publicaciones que incitaban a la violencia en los altercados del Capitolio, pero no cuando hizo un llamamiento a “disparar” en respuesta a los saqueadores que participaron en las protestas de Black Lives Matter. Ahora, todo aquello estaba en el tejado de la junta. Una vez más, la empresa había encontrado la manera de eludir responsabilidades aduciendo que hacía lo que era mejor para el mundo. No le interesaba aplicar una reforma real y, en lugar de eso, se centró en “cambios cosméticos”, según describió la senadora Elizabeth Warren las decisiones reiterativas de la empresa en cuanto al discurso político.
Las demandas antimonopolio federales y estatales presentadas en diciembre pasado serían más difíciles de esquivar. La gravedad y el alcance de las alegaciones y la petición de una disolución de Facebook fueron una sorpresa. Dos meses antes, los abogados de la empresa habían hecho público un documento en que argumentaban que, si eso ocurría, mantener sistemas independientes costaría miles de millones de dólares, se debilitaría la seguridad y se perjudicaría la experiencia de uso de las aplicaciones. “Por tanto, una ‘disolución’ de Facebook es totalmente imposible”, concluyeron los abogados.
Durante el verano, Zuckerberg y Sheryl Sandberg (su directora de operaciones) habían presentado su testimonio a la FTC y varios estados, y sus ayudantes consideraban que sus mensajes eran irrefutables. Ofreciendo testimonio en video desde su casa, Sandberg se quitó los zapatos, cruzó las piernas, como hace a menudo en las reuniones, y recogió la espuma del capuchino con la cucharilla mientras respondía preguntas. Se mantuvo fiel al guion: Facebook tenía muchos competidores y no era un monopolio. Habían hecho todo lo posible por ayudar a Instagram y WhatsApp a prosperar dentro de la empresa.
Igual que ocurrió con los funcionarios de la FTC una década antes, la informalidad de Sandberg cogió a algunos reguladores por sorpresa y transmitió la imagen de que malinterpretaba la seriedad de sus intenciones. Era como si estuviera charlando con unos amigos, recordaría una persona. Aunque a menudo se jactaba de su instinto político, demostró ser extrañamente inconsciente y pecar de exceso de confianza. Sin embargo, Facebook no quería correr riesgos.
La empresa había contratado a antiguos empleados de la FTC para que presionaran en su nombre a las autoridades antimonopolio y redactaran documentos oficiales en apoyo a su defensa. La compañía contaba con más de cien abogados en plantilla y externos, incluyendo a los litigantes del lujoso bufete Kellogg, Hansen y un antiguo asesor de la FTC, ahora en Sidley Austin. Los abogados internos de Facebook creían que la FTC y los Estados tenían unos argumentos endebles basados en una nueva teoría del antimonopolio —que Facebook quería aplastar a un futuro competidor—, y la empresa estaba dispuesta a echar mano de todo su poder y recursos para la batalla en los tribunales.
En la práctica, la FTC estaba pidiendo que se revirtieran las fusiones, a las cuales no se había opuesto la comisión cuando aprobó los acuerdos años atrás. “Entonces ¿están diciéndole a un tribunal que se equivocó y que nos escuche ahora?”, comentó un empleado de Facebook que trabajaba en el equipo antimonopolio. Zuckerberg se cuidó de expresar sus opiniones. En una carta a los trabajadores, advirtió que no debían hablar de temas legales en público, pero manifestó su voluntad de combatir a largo plazo. Las demandas eran solo “un paso en un proceso que podría durar años”. Al mismo tiempo que llegaban las denuncias, Facebook recurrió a sus tácticas habituales de evasión y defensa, mencionando amenazas más grandes en otras empresas.
Sus abogados se prepararon para un posible litigio antimonopolio contra Apple por nuevas restricciones de privacidad en aplicaciones como Facebook. Los directivos siguieron avisando de la amenaza que constituían China y una posible ley australiana que exigiría a Facebook pagar a la prensa por publicar artículos en la red social. Entre tanto, la oficina de Washington se apresuró a adaptarse al cambio de guardia en la capital.
Al principio de cada nueva administración, la subeconomía de los lobbies del Capitolio se reinicia y las empresas reorientan su personal y sus prioridades para satisfacer al nuevo partido gobernante. En el caso de Facebook, el cambio fue como si un crucero diese un giro de 180 grados, agitando el océano. La empresa había llegado tan lejos para complacer a Trump que la efusiva acogida que ofreció Zuckerberg a la administración Biden descolocó a empleados y líderes políticos, y exigió una importante renovación de sus colosales operaciones de presión. Pero la oficina de Facebook en Washington no estaba en modo alguno desamparada. La empresa había gastado más que casi todas las demás para afianzar sus defensas.
En 2020, fue la segunda compañía de cualquier sector en lo relacionado con las maniobras de presión, y gastó casi US$20 millones, superando así a Amazon, Alphabet, Big Oil, Big Pharma y el comercio minorista. Todos aquellos años cultivando la relación con ambos partidos y los vínculos con líderes destacados de los mundos empresarial y político también dieron dividendos. Jeff Zients, un antiguo miembro de la junta, fue elegido para el grupo especial de la COVID-19 creado por Biden. Erskine Bowles, otro exmiembro de la junta, tuvo un papel en el equipo de traspaso de poderes de Biden, igual que Jessica Hertz, una abogada de Facebook que había trabajado en la investigación de Cambridge Analytica y más tarde fue nombrada secretaria del gabinete presidencial.
Los demócratas de la oficina de Washington competían por los importantes cargos del lobby de la Casa Blanca y por dirigir el equipo de lobistas del Congreso. Aunque Nick Clegg (vicepresidente de Facebook) conoció a Biden cuando era viceprimer ministro del Reino Unido, Sandberg volvía a ser la demócrata más poderosa de la empresa. Durante la transición de poder, varios artículos especularon con la posibilidad de que se fuera para ocupar un cargo en la administración Biden, probablemente como miembro de su gabinete. Pero, según creían algunos demócratas, su reputación y la marca de Facebook eran demasiado tóxicas. O, en palabras de un asesor de Biden en la transferencia de poderes: “Ni de coña”.
Las decisiones tomadas bajo la dirección de Joel Kaplan durante la administración Trump acabaron por desgastar a algunos. La lobista demócrata Catlin O’Neill se fue en enero, y dijo a sus amigos que la decisión obedecía a una acumulación de acciones de las que discrepaba, incluyendo la decisión de no eliminar el video manipulado de la presidenta Pelosi, su antigua jefa. Otros trabajadores de la empresa se sentían más cómodos criticando a Kaplan y su historial. “Si Joel es tan bueno, ¿por qué vuelve a testificar nuestro consejero delegado?”, preguntó un empleado que trabajaba en cuestiones políticas cuando el Comité Judicial del Senado citó a Zuckerberg para una vista sobre censura en las redes sociales días antes de las elecciones.
Cualquier otra empresa habría despedido a la oficina de Washington al completo. Pero el puesto de Kaplan estaba a salvo. A pesar de que los demócratas se habían hecho con la Casa Blanca y tenían mayoría en el Congreso, siguió ejerciendo de vicepresidente de política ciudadana global. Había conseguido entrar en el círculo íntimo de Zuckerberg. Kaplan desempeñaría un papel discreto en la nueva administración, y otros mantendrían un contacto más directo con la Casa Blanca de Biden, pero Zuckerberg seguiría escuchándolo en todo lo relacionado con la política.
“Joel se irá cuando él quiera. Mark confía en muy poca gente en temas políticos, y Joel está en el centro de ese círculo de confianza”, aseguraba el miembro del equipo de política. Cox y Boz también continuaban acomodados con firmeza en ese círculo. La relación de Sandberg y Zuckerberg también se hallaba a salvo. En ocasiones no había estado a la altura de las expectativas del consejero delegado, pero Clegg aguantó parte del chaparrón al aceptar el papel de embajador de una de las empresas más castigadas del mundo, un cargo que Sandberg abandonó con gusto, según sus confidentes.
No le interesaba un cambio de política, aseguraba gente cercana a ella. Consideraba que aún tenía mucho por solucionar en Facebook. Además, estaba satisfecha con su vida personal y no le interesaba que sus hijos, que estudiaban secundaria, sufrieran alteraciones de ninguna clase. Ella y su novio, Tom Bernthal, habían formado una familia que incluía a sus cinco hijos y dividían su tiempo entre Menlo Park y Los Ángeles. Algunos empleados aseguraban que no la veían tan a menudo en reuniones de alto nivel, pero los ayudantes de Sandberg insistían en que ello obedecía a un cambio de calendario debido a filtraciones a la prensa y al teletrabajo por causa de la COVID19.
Cotilleos al margen, no cabía duda de que en un aspecto importante seguía soportando su parte de la sociedad: la generación constante de beneficios gracias al negocio publicitario del cual era artífice. El 27 de enero de 2021, Zuckerberg y Sandberg hicieron gala de su singular dinámica en una reunión de resultados financieros con analistas de inversiones, durante la cual lanzaron dos mensajes muy distintos. En otro giro radical en cuanto a la libertad de expresión, Zuckerberg anunció que Facebook planeaba restar relevancia al contenido político en el News Feed ya que, según dijo, “la gente no quiere que la política y las discusiones dominen su experiencia” en el servicio.
Aún tenía la última palabra en las decisiones políticas más importantes. El anuncio también era un reconocimiento tácito del hecho de que, durante años, Facebook no había controlado la retórica peligrosa que campaba a sus anchas en la red social, especialmente durante las elecciones. “Nos centraremos en ayudar a millones de personas más a participar en comunidades saludables, y aún más en ser una fuerza para unir más a la gente”, añadió. Entonces, Sandberg cambió de tema y pasó a hablar de las ganancias. “Este ha sido un buen trimestre para nuestra empresa”, dijo.
Los ingresos de octubre a diciembre habían aumentado un 33 %, hasta alcanzar los US$28.000 millones, “el índice de crecimiento más rápido en más de dos años”. Durante la pandemia, los usuarios visitaban más que nunca la página —26.000 millones de personas utilizaban cada día una de las tres aplicaciones de Facebook— y los anunciantes se peleaban por llegar a ellos.
Cuando lea este libro, Facebook podría ser muy diferente. Es posible que Zuckerberg abandone el puesto de consejero delegado para dedicar más tiempo a sus actividades filantrópicas. Quizá la manera en que se conecte la gente a Facebook no sea mediante un teléfono, sino otro dispositivo, como unas gafas de realidad aumentada. Puede que la función más popular de la empresa no sean las actualizaciones de estado o compartir contenidos, sino algo como los pagos con “blockchain” para artículos o la producción y distribución de entretenimiento popular.
Con US$55.000 millones en reservas de efectivo, la compañía tiene innumerables opciones para comprar o innovar en nuevas líneas de negocio, igual que han hecho Google con los vehículos autónomos y Apple con los dispositivos sanitarios. Incluso durante su “annus horribilis” de 2020, Zuckerberg estaba mirando al futuro. En un intento por adentrarse en el lucrativo campo del software de comunicaciones para empresas, a finales de noviembre de 2020 Facebook compró Kustomer por US$1.000 millones. La popularidad de la herramienta Zoom durante la pandemia se había disparado, y Zuckerberg desafió a sus empleados a crear un rival para videoconferencias.
Destinó más recursos de ingeniería a ampliar las funciones de las gafas de realidad virtual y aumentada, que describía como la nueva frontera para las comunicaciones humanas del futuro. La empresa también estaba estudiando herramientas de edición para usuarios quince años después de que Donald Graham, de “The Washington Post”, ofreciera comprar parte de la nueva empresa de tecnología. Y a pesar de las presiones de los reguladores, Zuckerberg estaba decidido a desarrollar su proyecto Libra de divisa “blockchain”, que rebautizó Diem.
A lo largo de los diecisiete años de historia de Facebook, las enormes ganancias de la red social se han gestado repetidamente a expensas de la privacidad y seguridad del consumidor y la integridad de los sistemas democráticos. Y, sin embargo, nunca se han interpuesto en el camino de su éxito. Zuckerberg y Sandberg crearon un negocio que se ha convertido en una máquina imparable de generar beneficios, que podría resultar demasiado poderosa para disolverla.
Una cosa está clara: aunque la empresa se someta a una transformación radical en los próximos años, ese cambio difícilmente provendrá de dentro. El algoritmo que sirve al corazón de Facebook es demasiado poderoso y lucrativo. Además, la plataforma se cimienta en una dicotomía fundamental y tal vez irreconciliable: su supuesta misión de mejorar la sociedad conectando a la gente a la vez que obtiene beneficios de ella. Es el dilema de Facebook y su fea realidad.
Las autoras del libro no autorizado por Facebook Sheera Frankel es periodista, vive en San Francisco (Estados Unidos) y escribe sobre ciberseguridad para The New York Times. Durante más de una década fue corresponsal en Oriente Próximo escribiendo para medios como BuzzFeed, NPR, The Times y los periódicos del grupo McClatchy.
Cecilia Kang vive en Washington D. C. y escribe sobre tecnología y regulación tecnológica en The New York Times. Antes trabajó durante diez años en The Washington Post cubriendo temas de tecnología y negocios.
Por este tipo de investigaciones, Frankel y Kang formaron parte del equipo de periodistas finalistas del Premio Pulitzer en la categoría Reportajes nacionales y ganaron los premios George Polk y Gerald Loeb.
Manipulados: La batalla de Facebook por la dominación mundial Sheera Frenkel, Cecilia Kang - 2021 - 368 páginas
Fuente: Penguin Random House Grupo Editorial, sello Debate
"El golpe definitivo" −The New York Times Facebook lleva varios años en el ojo del huracán. Desde que estalló el escándalo de Cambridge Analytica y la campaña de desinformación rusa intenta esquivar una avalancha de controversias y demandas relacionadas con su estrategia empresarial. Mientras el gigante tecnológico presume de crear un mundo interconectado en el que poder expresarse con libertad, viola la privacidad de sus usuarios y propaga una epidemia de desinformación tóxica y dañina.
A partir de una minuciosa investigación y tras haber entrevistado a legisladores, inversores, académicos, ejecutivos y empleados del gigante de Silicon Valley, Sheera Frenkel y Cecilia Kang –dos prestigiosas periodistas de The New York Times– se adentran en los entresijos de una empresa rodeada siempre de un gran secretismo y cuya cultura exige una lealtad ciega, y revelan las operaciones ocultas y las luchas de poder de la red social por excelencia.
Mucha gente considera que Facebook es una compañía que ha perdido el rumbo, pero esta explosiva investigación demuestra cómo los pasos en falso de los últimos años no son una anomalía, sino una consecuencia inevitable. Mark Zuckerberg y Sheryl Sandberg emprendieron juntos la construcción metódica y deliberada de un modelo de negocio despiadado basado en el crecimiento ilimitado. Cegados por su propia ambición y arrogancia, esta no es la clásica historia de Frankenstein, el monstruo que se liberó de su creador, sino de dos personas que decidieron mantenerse al margen mientras su imperio sirve de altavoz a criminales y regímenes corruptos en todo el mundo con consecuencias devastadoras.
Sería muy fácil reducir la historia de Facebook a la de un algoritmo fallido. La verdad es mucho más compleja y este libro es la prueba definitiva.
El periodista Hernán Vaca Narvaja se refirió al juicio por "daño moral" que le hicieron los hijos de Macarrón y a la situación procesal en torno al crimen que conmocionó al país.
A pocos días de cumplirse 15 años del asesinato de Nora Dalmasso en Río Cuarto, esta semana se conoció el dictamen del Procurador General ante la Corte Suprema de la Nación sobre el fallo en contra del periodista Hernán Vaca Narvaja en relación a la cobertura que realizó del caso en la revista Sur.
Dos años atrás el Tribunal Superior de Justicia consideró que se había vulnerado la intimidad de Valentina Macarrón y el honor e imagen de Facundo Macarrón, quienes, al momento del crimen, eran menores de 21 años.
Sin embargo Víctor Abramovich Cossarín indicó que debe revocarse el fallo contra Vaca Narvaja y se espera la resolución del máximo tribunal.
"Opino que las expresiones y las imágenes divulgadas, en las particulares circunstancias de este caso, y en atención a la modalidad con que fueron difundidas, no exceden el legítimo interés social que ampara la libertad de expresión", señaló Cossarín en su resolución.
Este sábado Vaca Narvaja, en diálogo con el programa Es por Acá, se refirió al impacto del dictamen no vinculante y a la situación judicial del caso que conmocionó al país.
"No debe haber caso policial con tanta repercusión pública como el caso Dalmasso. Se cometieron todo tipo de excesos. Se hicieron barbaridades desde el punto de vista de la ética periodística. Pero curiosamente sólo fuimos tres los periodistas denunciados. Los tres de la ciudad de Río IV, con medios de comunicación humildes. Nos denunciaron con el claro fin de amedrentarnos para que no sigamos investigando una causa que está salpicada por intereses políticos, económicos, donde se protege a los poderosos. Lamentablemente el Poder Judicial de Córdoba avaló, sancionó y consintió esa condena ejemplar que exigían los abogados de quien hoy está acusado de asesinar a Nora Dalmasso”, afirmó por la FM 102.3.
Además sobre la situación actual de la causa, que está en manos del fiscal Luis Pizarro, Vaca Narvaja consideró que la acusación es "endeble"
"El fiscal renunció a la prueba más importante de la causa, que es la prueba de ADN, que ubica a Marcelo Macarrón en la escena del crimen", concluyó.Fuente: Cba24n
Fernando Niembro es una presencia que empieza a incomodar. Con comentarios políticos en medio de las transmisiones, el histórico periodista deportivo genera tensión en los propios canales, la AFA y la Liga Profesional. El Gobierno, molesto por la creciente influencia de la oposición en ESPN
Por: Agustín Colombo Cuando en 2017 se terminó el Fútbol para Todos y volvieron las transmisiones pagas, Fernando Niembro llevaba a las reuniones con empresarios y gerentes una carpeta. Ante la mínima mención o pregunta sobre la causa por corrupción que lo mantenía alejado de los medios, el histórico periodista deportivo la abría y mostraba la copia del sobreseimiento firmado por Roberto Ponce, a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción Nº 23.
En esas charlas, Niembro no solo mostraba su condición frente a la Justicia: también su trayectoria y sus condiciones: “Si yo no comento el partido principal de la fecha, no trabajo”, decía. Las respuestas, por lo general, apuntaban hacia otra dirección: los representantes de las cadenas que habían adquirido los derechos televisivos argumentaban que querían hacer algo distinto y tener nueva gente.
Niembro se iba casi siempre de esas oficinas o cafeterías con un dejo de fastidio. Asimiló la idea con el paso del tiempo: si volvía, tenía que ser de modo ascendente. De abajo hacia arriba. Ése es el camino que transita en la actualidad.
No comments. Su estado de hibernación televisiva le duró seis años. En septiembre de 2015, el diario Tiempo Argentino reveló que La Usina Producciones, una empresa perteneciente al periodista deportivo, había firmado 192 contratos por 23 millones de pesos durante la gestión de Mauricio Macri en la Ciudad. A Niembro esa causa judicial lo sacó de sus lugares de privilegio tanto en el fútbol como en la política: debió renunciar a su candidatura como primer diputado nacional por Cambiemos y salió de la pantalla de Fox.
Niembro volvió a una cabina de transmisión en mayo, seis años después, para comentar el partido por la Copa Sudamericana entre Bahía e Independiente, en ESPN, ahora dueña de Fox.
En el torneo local, el histórico comentarista subió escalafones poco a poco: si había arrancado en la Liga Profesional con encuentros de tercer órden, hoy está en el segundo. Desde ahí le alcanza para disputar sentido y bajar su línea. El último fin de semana lo validó: un comentario en el duelo Aldosivi-Independiente lo volvió a poner en el centro de la escena.
Con dicción perfecta, su tono característico y la pausa y aceleración que durante décadas acompañó al fútbol televisivo en Argentina, Niembro esperó a que empezara el segundo tiempo para deslizar el enojo del intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por haber adelantado el inicio de clases y, de ese modo, acortar la temporada turística de verano. Si esa interna en Juntos por el Cambio se mantenía solapada, Niembro la llevó a cielo abierto.
El comentario político reavivó la tensión que produce el periodista no solo en canales y productoras, sino en la AFA, en la Liga Profesional y en las dos principales fuerzas políticas que se disputan los votos en las próximas elecciones. “No tiene amigos en ningún lado”, le dicen a PERFIL desde el edificio de Viamonte 1366.
Malestares. Niembro motoriza memes y campañas pintorescas en su contra, como por ejemplo la petición en change.org para que deje de comentar a Independiente, pero también un resquemor cada vez más perceptible en algunos sectores del Gobierno, que observan como ESPN se convierte, poco a poco, en una versión edulcorado y deportiva de LN+, un canal de noticias fervientemente opositor.
La comparación no es antojadiza: ambas señales —ESPN y LN+— tienen como jefe de contenidos a Juan Cruz Ávila, el productor que tracciona figuras y ráting a fuerza de contratos millonarios que producen mucho malestar en los elencos estables. “Juan Cruz tripula sobre la cabeza de muchos periodistas”, cuenta una persona que trata con los canales.
El Gobierno observa en ESPN un nido opositor: a Niembro le suman al programador Juan Cruz Ávila y el presidente de Disney, Diego Lerner
La relación entre Disney-ESPN y el Gobierno siempre fue sinuosa: osciló entre programas incendiarios —con Niembro como invitado— y la extensión del contrato de TV hasta 2030; o entre la cesión gratuita de dos partidos para que televisara la TV Pública y ciertos guiños a la oposición. Ese zigzagueo siempre tuvo como telón de fondo la demorada aprobación de la fusión ESPN-Fox, un espinoso trámite que –como casi todo en el Gobierno– reúne diferentes posiciones.
Con Diego Lerner como presidente de Disney Latinoamérica, la figura de Macri sobrevuela siempre. Quienes recuerdan la fiesta despedida que el CEO de la multinacional del Ratón Mickey le organizó a Macri el 4 de diciembre de 2019 en su chacra, no se sorprenden al escuchar la versión de que el expresidente pidió que sumaran al staff de conductores a Martín Liberman, excluido en la migración masiva de Fox a ESPN el año pasado.
Niembro fue el mentor de Liberman allá por la década del noventa, una época en la que mediaba, por ejemplo, entre Ramón Díaz y Macri cuando se apostaban Mercedes Benz en su programa. Un nivel de influencia que, ahora, el histórico periodista debe añorar.
La presentación fue hecha por la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, para que la entidad internacional intervenga ante la suspensión judicial obtenida por la empresa Telecom, del Grupo Clarín, a partir de una medida cautelar.
La Defensoría detalló que la cautelar que beneficia a Telecom "afecta derechos reconocidos" que están salvaguardados por la Declaración Universal de los DDHH y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual informó que solicitó a la Relatoría de Libertad de Expresión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que intervenga ante la suspensión judicial del Decreto 690/2020 obtenida por la empresa Telecom (Grupo Clarín) a partir de una medida cautelar de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.
La Defensoría pidió a la Relatoría de Naciones Unidas que "se expida" y "formule recomendaciones" al Estado argentino, en particular al Poder Judicial, en base a los llamados procedimientos especiales que la facultan para actuar ante violaciones de derechos humanos fundamentales, en este caso el acceso igualitario al servicio de Internet.
En la denuncia realizada durante el mes de octubre, a la que accedió Télam, se advierte al organismo de la ONU que la decisión de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que suspende la aplicación del contenido del decreto 690/2020 del Enacom para la empresa Telecom Argentina SA afecta derechos garantizados en tratados internacionales al impedir "el ejercicio de la libertad de expresión en el ámbito digital".
"Esta Defensoría considera que la declaración de servicio público de Internet, la regulación de las tarifas (del wifi hogareño, por caso) y de una tarifa social para acceder a Internet, medidas dispuestas por el Decreto 690/2020 actualmente suspendidas, reafirman el derecho de toda persona a un nivel adecuado de vida para sí y su familia"
Con la firma de su titular, la periodista Miriam Lewin, la Defensoría detalló que la medida cautelar que beneficia a Telecom -dictada el 30 de abril de 2021 y prorrogada recientemente por seis meses más- "afecta derechos reconocidos" que están salvaguardados por la Declaración Universal de los DDHH y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como también por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
En los fundamentos de la denuncia, la Defensoría explicó los antecedentes que llevaron al dictado del Decreto 690/2020 del Ejecutivo, sobre todo la necesidad de facilitar el acceso a la conectividad para los sectores empobrecidos con motivo de la pandemia, y detalló los alcances de la norma cuya aplicación fue suspendida por el Poder Judicial.
"Esta Defensoría considera que la declaración de servicio público de Internet, la regulación de las tarifas (del wifi hogareño, por caso) y de una tarifa social para acceder a Internet, medidas dispuestas por el Decreto 690/2020 actualmente suspendidas, reafirman el derecho de toda persona a un nivel adecuado de vida para sí y su familia", planteó el organismo que encabeza Lewin, un ente estatal autónomo de DDHH creado por la ley 26522 y con autoridades designadas por el Parlamento.
En el tramo inicial del documento, la Defensoría comunicó a la Relatoría de Libertad de Expresión que se involucró en esta controversia tras recibir denuncias particulares de ciudadanos que manifestaron que el fallo de la Justicia que bloqueó la aplicación del Decreto 690 del Enacom está "vulnerando derechos a la comunicación" al impedirles acceder a la tarifa básica universal que establecía la norma, entre otros perjuicios.
Las dos denuncias recibidas por la Defensoría del Público corresponden al presidente y secretario de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores, Osvaldo Bassano y Rodolfo Leonardi, por un lado, y por la comunidad indígena Painefilu, del paraje Pampa de Malleo, Neuquén, por otro, según detalló el organismo.
En la presentación, de 38 carillas, la Defensoría recordó asimismo que el 13 de julio pasado el Consejo de Derechos Humanos de la ONU dictó una resolución sobre "Promoción, Protección y Disfrute de los DDHH en Internet", en la que ratificó que el acceso al servicio de wifi "es un derecho humano fundamental" que los Estados deben garantizar y que las empresas "tienen la responsabilidad de respetar" esos principios rectores.
Además, la Defensoría del Público destacó que el propio Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas reconoció en un pronunciamiento que la pandemia de Covid-19 y las medidas para hacerle frente "han hecho que todos los sectores de la sociedad, incluidas las personas en situación de marginación, dependan más de Internet" tanto como fuente de información, para participar en al vida civil, política y económica, y también "como medio de acceso a los servicios públicos, incluidos la educación y la salud".
A 70 años de la creación de la televisión argentina, luego de seis meses de debate libre, abierto, plural e interdisciplinario; las trabajadoras y los trabajadores de la comunicación pública, en unión sindical y solidaria, proclamamos este Código de Ética conscientes de la responsabilidad histórica que significa haberlo construido de manera colectiva y que sea, a su vez, el primero de todos los servicios de comunicación audiovisual y digitales de la Argentina.
Comprendiendo que los principios éticos aquí establecidos deben ser el pilar fundamental de la labor de todas las personas que trabajan y de cualquier forma obtienen beneficios de la TV Pública, de gestión estatal no gubernamental, declaramos como principal objetivo alcanzar la más alta calidad comunicacional, para la contribución al fortalecimiento de la identidad y soberanía argentina, privilegiando nuestra realidad, con el carácter democrático, federal y pluricultural que la constituyen.
Considerando como base la legislación y normativa vigentes, las incumbencias profesionales y la defensa inclaudicable de los derechos humanos, reivindicamos la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y declaramos, con la memoria permanente de quienes nos precedieron, desde este presente histórico y para las generaciones futuras que:
1. Nuestra labor deberá ser siempredecolonial, despatriarcal y respetuosa de la diversidad,promotora de la defensa de la comunicación como derecho humano y no como negocio u operación de prensa; de las audiencias como plenos sujetos de derecho y no como consumidores, y de la información como bien social y no como mercancía, para garantizar la búsqueda de la verdad y fomentar la construcción ciudadana.
2. Como parte integrante de las agendas, enfoques y contenidos, se deberá priorizar la participación y pleno acceso de grupos históricamente vulnerados, oprimidos comunicacionales, como mujeres, personas con discapacidad, adultas mayores, migrantes, colectivo LGTTBIQ+, pueblos indígenas, afrodescendientes, niños, niñas, niñes y adolescentes, personas privadas de libertad y en situación de pobreza, desigualdad económica, social, educativa, sanitaria y laboral, como portadores de voz y fuentes de información y opinión.
3. El interés público y social relevante, desde la perspectiva de los derechos humanos, será el criterio esencial para la toma de decisiones sobre los contenidos y la línea editorial. No se aceptará alentar, propiciar, buscar o replicar discursos de odio, estereotipos discriminatorios, declaraciones o escenas estigmatizantes ni descalificatorias. El editorial y/o la opinión deberán diferenciarse de manera explícita de la información. Se promoverá un federalismo activo, para que las identidades de nuestro país puedan expresarse y ser reflejadas en pie de igualdad.
4. Se rechazará la divulgación de noticias falsas, las Fake News y la Infodemia. Para evitarlas, se contrastará y chequeará siempre la información con fuentes que deberán ser explicitadas. No se difundirán rumores, información imprecisa, ni especulaciones. Se promoverá la contextualización de la noticia, la multiplicidad de enfoques, el rigor y la búsqueda de profundización, con consulta irrestricta a fuentes de información diversas, plurales, federales e identificables para las audiencias, que deberán dar su consentimiento previo, libre e informado.
5. Se deberá otorgar amplia cobertura a los hechos acontecidos durante la última dictadura cívico, militar, clerical, empresarial y judicial en los años previos a su inicio, para la comprensión del terrorismo de estado, el genocidio y sus causas y consecuencias. En ese marco, se cubrirán los juicios por delitos de lesa humanidad bajo prácticas que eviten la revictimización y jerarquicen siempre las voces de las víctimas, familiares, testigos y representantes legales. Se acompañará de manera activa el derecho a laidentidad y la búsqueda de memoria, verdad y justicia. Se procederá de igual manera con todo genocidio, ruptura del orden constitucional y masacres ocurridas en nuestro territorio y el resto del mundo.
6. Se dará cobertura y seguimiento, de manera prioritaria, a los hechos de violencia institucional, comprendiéndolos como aquellos cometidos -por acción, omisión y/o complicidad-, por quienes ejercen la función pública (fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, servicios penitenciarios, efectores de salud, operadores judiciales y administrativos). Se contemplarán las diversas manifestaciones (como el asesinato, la represión, el aislamiento y la tortura física y psicológica) y los contextos en que ocurran, de restricción de autonomía y/o libertad (como situaciones de detención, de internación, de instrucción). Deberá tenerse en cuenta no solo la versión de las instituciones, sino también las de víctimas, familiares, especialistas y organismos y defensores de derechos humanos.
7. Se otorgará derecho de rectificación y respuesta, de manera gratuita e inmediata, ante la emisión de información inexacta y agraviante que cause daño a la dignidad, honra e intimidad de una persona o un grupo. No procederá ante opiniones con las que meramente se disienta. Dentro de los 10 días hábiles de reclamado, el Observatorio creado por este Código en el artículo 21 determinará el procedimiento aplicable, en base a los principios de buena fe y razonabilidad. Rechazamos la práctica comunicacional recurrente de brindar información inexacta y agraviante.
8. Se otorgará amplia cobertura a las luchas históricas y presentes de los Pueblos Indígenas y se respetarán y difundirán los derechos vigentes en el país, como la obligación de ser consultados de manera previa, libre e informada ante cualquier acción que pudiera afectar sus intereses, de manera de promover un diálogo abierto y de buena fe. Se promoverá una comunicación con enfoque intercultural, que propenda a la erradicación de la discriminación y el racismo y que considere a todas las identidades culturales, idiomas, cosmovisiones y espiritualidades en un pie de igualdad.
9. Se velará por la inclusión de mecanismos de accesibilidad audiovisual y digital que garanticen que todas las personas con discapacidad comprendan y participen de la programación en igualdad de condiciones. Se considera un deber irrestricto reconocer a las audiencias con discapacidad como plenos sujetos de derecho y se tomarán todas las medidas necesarias para lograrlo, teniendo en cuenta la guía incluida y elaborada de manera colectiva para este Código. 10. Todas las imágenes buscarán reflejar los hechos a narrar, sin manipulaciones, con los más altos estándares de calidad. Se establecerá con claridad la diferenciación de las imágenes de archivo, de actualidad y de recreación ficcionada. Se promoverá el acompañamiento de líneas de asistencia y ayuda ante las diversas problemáticas que representen. También se incorporarán advertencias de posible daño a la sensibilidad de las audiencias ante la exposición de hechos de violencia como choques, asesinatos, femicidios, peleas callejeras y atentados. Se deberá evitar la reiteración en continuo de escenas de violencias y aquellas que estigmaticen, sexualicen y hagan referencia a prejuicios y estereotipos negativos. Las imágenes de videovigilancia y aquéllas tomadas por testigos ocasionales no se considerarán fuente de información única ni autosuficiente, por el contrario se chequearán de manera previa a su emisión para descartar que hayan sido descontextualizadas, editadas y manipuladas. La decisión de publicación se basará siempre en la pertinencia del interés socialmente relevante y nunca de manera acrítica, por impacto, truculencia, morbo o seguidismo de agenda.
11. Se promoverá el uso responsable de las plataformas digitales de comunicación, a partir de un rol activo en la defensa y difusión de los derechos digitales y la contribución a la reducción de contenido abusivo o perjudicial, así como la suplantación de identidad. Se prestará especial atención a la producción de mensajes que aporten información veraz y fomenten la reflexión crítica y el enriquecimiento del debate; se evitará el intercambio directo con quienes promueven discursos de odio, noticias falsas u operaciones de desinformación y confusión. Para evitar ser parte de mecanismos de viralización que atentan contra una comunicación democrática, se observará especialmente la circulación de tendencias de hashtags así como a asociaciones entre hashtags y otras etiquetas de metadatos que operen como agrupadores de contenidos. Con el fin de desactivar campañas de confusión y desestabilización, ante discursos de odio, noticias falsas u operaciones coordinadas de desinformación, se promoverá la producción de mensajes complementarios que deconstruyan la vulneración de derechos y que aporten información veraz y precisa para fomentar la reflexión crítica y evidencien la operación
12. El lenguaje deberá ser correcto, preciso, incluyente y no sexista. Deberá evitar extranjerismos y promover el uso de idiomas de pueblos indígenas, con la incorporación de doblaje y subtitulado, respetando siempre el contenido original.
13. Se podrá alegar con fundamento claro y preciso cláusula de conciencia para negarse a realizar cualquier tarea que vulnere este Código de Ética, así como la dignidad, la intimidad, el honor, los valores democráticos y los derechos humanos, sin que implique perjuicio alguno, como traslado, sanción o despido para quien lo reclame. No se podrá usar la imagen y/o a la voz de una persona sin su consentimiento, sobre todo cuando su trabajo haya sido alterado o sufrido modificaciones sustanciales, que no hayan sido acordadas con la libertad que exige toda tarea laboral. Se tendrá derecho a reclamar ante el Observatorio creado por este Código cuando ocurra.
14. No se podrán obtener, aceptar ni dar por ningún medio, pagos, favores, beneficios, dádivas o privilegios relacionados de manera directa o indirecta con la labor profesional, incluyendo sorteos u obsequios en el marco de eventos especiales convocados por empresas, en los que se participe en virtud de su función. El pago por información queda prohibido. Tampoco se pueden dar o aceptar regalos, gratificaciones o atenciones que pudieran influir y/o condicionar el trabajo y apartar la toma de decisiones de la búsqueda de la verdad e independencia que se requiere para cumplir con este Código. Quedan exceptuados aquellos presentes con carácter simbólico de amistad o camaradería. Frente a eventuales dudas sobre la aplicación de este artículo se resolverá en el Observatorio creado por este Código. La transgresión de este artículo se considerará falta grave.
15. Los premios colectivos como estatuillas y esculturas, una vez recibidos, deberán ser entregados en su versión original al Directorio de RTA para su exhibición pública. Las personas que integran el equipo tendrán derecho a solicitar una réplica. Para aquellos otorgados por labor individual, el Directorio realizará una réplica con el mismo fin. El original podrá quedar en posesión de la persona galardonada.
16. Los títulos de inicio y créditos finales tienen como objetivo reconocer la participación profesional de quienes intervinieron durante alguna o toda la cadena productiva en las obras audiovisuales y/o digitales. Para lograrlo, se emitirán dentro de la obra, durante al menos 20 segundos al inicio y 40 segundos al final, con el tamaño y velocidad necesarios para ser leídos y comprendidos por la audiencia en su integridad.
17. Con el objetivo de contribuir a preservar y proteger la vida de toda la naturaleza o “Pachamama”, y de todas las especies, personas humanas y no humanas, y pensando en las generaciones futuras, los conflictos ambientales formarán parte sustancial de las agendas públicas. Para tal fin se incluirán voces autorizadas que puedan aportar información fundada. Se promoverá desde los medios educación ambiental que visibilice estos conflictos y las potenciales reparaciones.
18. Se otorgará cobertura a los genocidios acaecidos en suelo extranjero y a todos aquellos sucesos donde la vida y la dignidad humana se vean afectadas por políticas masivas y sistemáticas, cuyo objetivo sea el exterminio de las personas o la vulneración de los derechos humanos. La cobertura de acontecimientos y protagonistas internacionales promoverá la inclusión de testimonios de las víctimas sobrevivientes o de representantes directos. Para evitar desviaciones semánticas y dar cuenta fiel de la complejidad del suceso, en los casos de expresiones y testimonios en idioma extranjero, se evitará reemplazarlos con narraciones y se priorizará el subtitulado y doblaje fiel del proceso de enunciación. Teniendo en cuenta que muchos conflictos bélicos y genocidios tienen lugar en el marco de pujas geopolíticas complejas, se otorgará cobertura a todas las partes involucradas, priorizando aquellos grupos donde la vida y los derechos humanos de su población civil, hayan sido afectados de forma mayoritaria. Se priorizará la información propia y obtenida en los territorios de manera directa. De no poder hacerlo, se ponderará aquella que resulte de medios locales, diarios, radios, blogs, redes sociales o plataformas digitales del lugar y región donde se desarrollan. En cualquiera de las opciones, el origen de la información deberá ser explicitado.
19. Como principio activo para la construcción de una ciudadanía comunicacional, se promoverá la alfabetización de las audiencias con encuentros, charlas y espacios de debate, reflexión y concientización, a partir de los principios de inclusión y reparación simbólica de daños causados, como derecho de rectificación y respuesta, pedidos de disculpas, diálogos abiertos y campañas públicas que visibilicen el derecho vulnerado. Se generarán canales claros y concretos para la participación activa, en todos los aspectos, incluido el cumplimiento del presente Código. La presentación y canalización de opiniones, reclamos y consultas serán visibilizadas por todos los medios disponibles, dándole máxima difusión.
20. Se garantizará la preservación y salvaguarda de los archivos audiovisuales de la TV Pública. Este acervo, en constante crecimiento, constituye un testimonio invaluable que reviste el carácter de patrimonio cultural de todas las personas que habitan el suelo argentino. Se deberá garantizar el acceso democrático mediante herramientas eficaces de visualización y contextualización.
21. Todos los artículos precedentes serán interpretados interculturalmente. Se promoverá la superación del monoculturalismo, el colonialismo y el antropocentrismo, para reemplazarlos por el respeto igualitario de todas las culturas, de la pluralidad de saberes y de la naturaleza.
22. Dentro de los 180 días de promulgación de este Código, se creará un Observatorio integrado por representantes de la empresa, las y los trabajadores y las audiencias con conocimiento en las materias específicas aquí desarrolladas. Su misión será velar por el cumplimiento del Código, así como por la formación constante de las personas alcanzadas. Además, establecerá mecanismos claros y accesibles para la participación, bajo los principios de transparencia activa en la acción y rendición de cuentas. Durante el primer año de funcionamiento, promoverá la redacción colectiva de un manual de procedimientos que regirá su labor, con la obligación de incorporar las resoluciones tomadas a este Código para enriquecer su aplicación. Por lo menos una vez al año, deberá presentar un informe público de gestión, por todos los medios a su alcance, ante el colectivo de trabajadores, audiencias, Directorio de RTA, Secretaría de Medios y Comunicación Pública, Consejo Honorario Consultivo de los Medios Públicos y Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Comunicaciones y la Digitalización.
23. Quienes integren el Observatorio deberán participar en las audiencias y toda otra instancia convocada y realizada por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual del Congreso de la Nación Argentina donde se presentan las propuestas para la designación de integrantes del Directorio de RTA y en caso de tener objeciones sobre los antecedentes en la función pública, idoneidad y conducta ética en los términos de este Código de quienes se postulan deberá expresarlas, teniendo en cuenta, incluso la potestad legal de requerir su impugnación.
24. Se promoverá, inicialmente y como base fundamental, la publicación de este Código y sus modificaciones en los siguientes formatos y/o soportes: pdf, generado a partir de un texto de Word accesible; audio y video con placas, alocución y Lengua de Señas Argentina; lenguaje claro y escrito; y audiolibro, como mínimo, en los siguientes idiomas indígenas Guaraní, Quechua, Mapudungun, Qom la´qtac, Wichi.
Nos pronunciamos desde el Sur del Sur, en un momento inédito para la humanidad en su conjunto, luego de que más de 110 mil compatriotas fallecieron como consecuencia de la pandemia por coronavirus en nuestro país.
Estos hechos dolorosos ocurren sobre un escenario de profunda desigualdad social, económica, sanitaria y cultural, con una concentración comunicacional única en la historia, un alto grado de desocupación y precarización laboral, luego de haber sufrido durante el último lustro un repudiable intento de vaciamiento de los medios públicos, censura, persecución sindical e ideológica.
Por estos motivos, creemos en lo más profundo de nuestras convicciones que este Código de Ética permitirá sentar las bases para una comunicación democrática, que erradique las mentiras, discriminaciones, violencias simbólicas, mediáticas y políticas, así como toda práctica nociva para un ejercicio profesional de calidad, que contribuya a la búsqueda de la verdad y la defensa de los derechos humanos, obligatorios para comunicadoras y comunicadores, pero sobre todo para quienes nos desempeñamos en los medios públicos.
Invitamos a trabajadoras y trabajadores de otras televisiones públicas del país, así como licenciatarias de gestión con y sin fines de lucro a adherir a este Código de Ética y/o impulsar uno propio para elevar la calidad de la televisión y el debate público en la Argentina.
Hernán Vaca Narvaja, junto a Marta Maezo, secretaria del CiSPren Río Cuarto y el periodista Juan Carlos Giuliani
El Procurador Fiscal ante la Corte Suprema señaló que el periodista no se excedió ni agravió en la publicación de notas sobre el crimen de la empresaria. Y recomendó al máximo tribunal que revoque la sentencia del TSJ
Vaca Narvaja señaló que siente el fallo como una reivindicación a su trabajo profesional.
Un dictamen del Procurador Fiscal ante la Corte Suprema recomendó que el máximo órgano judicial del país revoque la sentencia con la que el Tribunal Superior condenó al periodista Hernán Vaca Narvaja por su cobertura del caso Nora Dalmasso. "Opino que corresponde hacer lugar al recurso extraordinario interpuesto y revocar la sentencia apelada", concluye el texto de Víctor Ernesto Abramovich Cosarin.
Con ese antecedente, la Corte Suprema estaría ahora a un paso de anular el fallo que le ordenó a Vaca Narvaja indemnizar a los hermanos Valentina y Facundo Macarrón, quienes recurrieron a los tribunales por sentirse agraviados e injuriados por la cobertura que desde la revista El Sur hizo el periodista.
El Tribunal Superior había condenado a Vaca Narvaja a indemnizar a Valentina y Facundo Macarrón, los hijos de Nora, con 50 mil y 70 mil pesos respectivamente más los intereses por los supuestos daños y perjuicios ocasionados con sus artículos periodísticos.
El TSJ consideró vulneradas la intimidad de Valentina y Facundo. Uno de los puntos planteados por el Tribunal era la edad de los dos chicos, entonces de 17 y 20 años.
Ante el fallo del máximo órgano judicial de Córdoba, Vaca Narvaja presentó un recurso extraordinario, que el TSJ rechazó. Por eso, la vía elegida finalmente fue interponer una queja ante la Corte.
El planteo de Vaca Narvaja señalaba que la sentencia del TSJ era arbitraria y que violentaba los derechos constitucionales de la libertad de prensa y de expresión.
Para el Procurador de la Corte, el recurso extraordinario fue mal denegado. Yremarcó que la cuestión a dilucidar era si las publicaciones cuestionadas estaban amparadas por el derecho de libertad de expresión o si, por el contrario, vulneraron los derechos de los hijos de Nora Dalmasso.
Abramovich Cosarin remarcó que ante las opiniones, sólo la forma de expresión y no el contenido es pasible de reproche porque la opinión es libre.
"Los juicios de valor no configuran un insulto o vejación gratuita".
"En ese marco interpretativo, entiendo que los juicios de valor efectuados por la demandada con relación al actor no configuran un insulto o vejación gratuita sino que se relacionan con la crónica del acontecimiento periodístico (...) Estimo que las opiniones y juicios de valor contenidos en las notas periodísticas guardan vinculación directa con la materia de interés público debatida, por lo cual no exceden el ejercicio regular de la libertad de expresión", se lee en el dictamen.
Con respecto a la divulgación de aspectos íntimos vinculados a la sexualidad de Facundo, el Procurador indicó que fue relevante a partir de que el fiscal que investigaba la estableció como aspecto central de una hipótesis que derivó en la imputación del hijo.
El dictamen remarca en todo momento que el contenido guardaba relación con hechos de trascendencia pública y que no agraviaban ni vulneraban la intimidad ni el honor de los jóvenes.
"Fueron 14 años de soportar embargos y acusaciones sin fundamento"
Hernán Vaca Narvaja, director de la revista El Sur y docente universitario, señaló que el dictamen del Procurador Fiscal de la Corte lo deja tranquilo porque "es contundente y concluyente".
Agregó que el criterio judicial de Abramovich Cosarin es una reivindicación personal y profesional. "Todo el mundo me llama por la cobertura que hice en la revista del Caso Dalmasso, le puse el alma a esa cobertura y hasta publiqué un libro. Era muy injusto que el único condenado en el caso Dalmasso fuera yo", manifestó Vaca Narvaja.
"Es una reivindicación que confirma lo que veníamos diciendo y que incluso pusimos en la contestación de la demanda. Esto confirma que para conseguir justicia había que salir de Córdoba, dejar atrás esta justicia comarcal que tenemos en esta provincia, que condena en base a frases aisladas y sacadas de contexto", declaró el periodista.
El director de El Sur remarcó que fueron 14 años en los que se vio sometido a investigación, a pericias que buscaban determinar si se había enriquecido y a acusaciones sin fundamento.
"Cuando el Tribunal Superior me denegó la posibilidad de ir a la Corte, tuve que pagar. Fueron 240 mil pesos que los chicos no demoraron ni 72 horas en cobrar, a pesar de que habíamos pedido a la jueza fiadores y garantes porque íbamos a apelar a la Corte", dijo Vaca Narvaja.
"Quedó claro que no hubo arbitrariedad en la cobetura", indicó.
Anoche se realizó la marcha por pedido de justicia por el asesinato de Joaquín Perez. Estuvieron los canales de la ciudad en vivo y también muchas señales de noticias porteñas y la Televisión Pública. Su par santafesino, Santa Fe Canal tomó la decisión de no cubrirla. Las y los trabajadores de prensa de Santa Fe emitieron la siguiente declaración:
Se realizó la marcha por pedido de justicia por el asesinato de #JoaquínPerez. Estuvieron los canales de la ciudad en vivo, muchos medios porteños, hasta la @TV_Publica. Pero @santafecanal tenía que cubrir la microferia del arte... pic.twitter.com/pa8YpHzR9L
Las y los trabajadores de prensa de Santa Fe Canal, nucleados en la Asociación de Prensa Santa Fe (APSF) y el Sindicato de Prensa Rosario (SPR), nos vemos en la obligación de aclarar que no compartimos la decisión del directorio del canal público de la provincia de no llevar a cabo la cobertura de la marcha en reclamo de justicia y seguridad.
Dicha marcha se expresó en el día de ayer en el barrio rosarino de Arroyito, tras el asesinato de Joaquín Pérez en un intento de robo.
La información es un derecho humano y un bien social que se debe proteger, corresponde a los medios, y más aún a un canal público, una profunda responsabilidad social porque a diario aportan la información con la que una sociedad construye gran parte de su visión del mundo.
Como periodistas tenemos derecho a disentir con la línea editorial de la empresa y que ese disenso pueda ser expresado.
El trabajo periodístico no significa sumisión de conciencia, por el contrario, el hecho de trabajar para una empresa que tiene su línea o determinación editorial no implica que se deban dejar de lado convicciones y principios, cualquiera sea la índole de los mismos.
Fue secuestrada en la ESMA por buscar a su hijo desaparecido. Entre sus torturas, padeció el calvario de que la llevaran, maquillada, a una confitería y le sacaran una foto para una nota periodística titulada "Habla la madre de un subversivo muerto"
Thelma Jara de Cabezas, sobreviviente de la última dictadura cívico-militar, Madre de Plaza de Mayo y miembro de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, falleció este jueves a los 94 años de edad, informó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Jara de Cabezas era madre de un adolescente de 17 años, Gustavo, militante de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), que está desaparecido desde 1976, cuando fue detenido por fuerzas de la represión ilegal.
La mujerse dedicó intensamente a la búsqueda del muchacho sumándose a las Madres de Plaza de Mayo y a la comisión de Familiares y fue secuestrada el 30 de abril de 1979 mientras cuidaba a su esposo, Vicente Cabezas, que sufría una enfermedad terminal.
Jara de Cabezas fue llevada a la entonces Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA),donde fue torturada. Meses después fue sacada de allí junto con otro preso ilegal y, tras ser maquillada, le tomaron fotos en una confitería del barrio de Palermo para fraguar una nota en una revistade amplia circulación entonces,bajo el título "Habla la madre de un subversivo muerto".
Al periodista que enviaron desde la revista Para Tí le dijeron que era una "subversiva arrepentida", el le hizo unas preguntas mientras un fotógrafo la retrató. Luego Agustín Bottinelli, jefe de redacción de la revista, editó respuestas y las preguntas
Tras su liberación, la mujer sumó ese episodio a su lucha por la búsqueda de Gustavo. Su otro hijo, Daniel, exiliado en México, también hizo gestiones por su madre y su hermano.
En el año 2013 la Justicia condenó a prisión perpetua a varios jerarcas militares por el secuestro y desaparición del joven y el homicidio de Kitty Villagra, su compañera de volanteada que fue asesinada en el momento en que los capturaron, el 10 de mayo de 1976, en la ciudad bonaerense de Martínez, en el norte del conurbano.
La Secretaría de DD.HH. de la Nación dijo en su cuenta de Twitter que "lamenta el fallecimiento de Thelma Jara de Cabezas, integrante de @Familiares_Cap, Madre de Plaza de Mayo y sobreviviente de la ESMA. La Secretaría despide con mucho dolor y acompaña a sus seres queridos en este triste momento".
