Leonardo Jerez es uno de los despedidos y una de las voces visibles de la protesta charló con Señales. La comunicación con él no fue sencilla. El sábado anterior había sido imposible establecer contacto. Recién una hora después de terminado el programa logró enviar un mensaje con disculpas: desde temprano un temporal feroz había azotado la zona. La carpa no resistió, estaban completamente mojados, sin luz, sin baterías en los celulares y sin señal. En esas condiciones, cualquier intento de comunicación era inviable. La escena, más que una anécdota, describía con crudeza el día a día del acampe.
Cuando finalmente pudo relatar la situación, precisó el número: 113 días de permanencia frente a la fábrica. "Hoy son 113 días de acampe, afuera del ingenio", contó, marcando el tiempo como quien lleva la cuenta de una resistencia prolongada. Sostener la carpa —explicó— es complicado, y lo es aún más en términos económicos. La mayoría de quienes permanecen allí son despedidos; algunos fueron delegados, otros simples trabajadores. Todos atraviesan situaciones difíciles, ya sea por la pérdida del salario o por la desocupación. "Es complicado, es difícil el día a día del acampe azucarero", resumió.
El reclamo es claro: la reincorporación. Buscan que el gobierno intervenga y que la empresa asuma responsabilidades. Para Jerez, resulta inadmisible que "una empresa tan grande como Ledesma despida a trabajadores así, porque sí". Asegura que la mayoría de los despidos fueron sin causa.
Hubo gestiones formales. Presentaron notas ante la empresa y en dos oportunidades ingresaron a dialogar con representantes. La respuesta fue una negativa sostenida en lo que, según les dijeron, es una política interna: no reincorporar. "Ellos no están de acuerdo con una reincorporación, es la política de la empresa", afirmó. También acudieron a la Secretaría de Trabajo provincial. Allí quedaron en llamarlos, en avisarles. Pero la llamada nunca llegó. Hasta ahora, dice Jerez, no hubo ninguna respuesta concreta. Esperan que el Estado propicie una instancia de diálogo y se haga cargo de la "situación de vulnerabilidad total" que atraviesan los despedidos.
La ausencia sindical
El silencio, sostiene, es el dato más elocuente. "El silencio es síntoma de que están vendiendo los derechos de los trabajadores", lanzó, apuntando directamente a la burocracia sindical. En más de tres meses de acampe, asegura, no han recibido apoyo del gremio que los representa, el SOEAIL. Tampoco de los municipios ni del Concejo Deliberante. Sectores que, a su entender, podrían intervenir, pero no lo hacen. Cuando habla de silencio como síntoma, aclara, se refiere a quienes deberían velar por sus derechos y no lo están haciendo.
La cifra que circula ronda los 300 despidos. Según su relato, fueron arbitrarios y persecutorios. Muchos de los afectados estaban vinculados a la actividad sindical o social. "La empresa te marca y te despide", sostiene. No quieren —asegura— personas "revoltosas", término con el que, dice, son señalados internamente quienes reclaman o participan. Algunos trabajadores fueron despedidos con causa, pero Jerez afirma que las acusaciones no existen o carecen de sustento. En su mirada, se trata de una empresa que ejecuta despidos sin medir consecuencias.
En una ciudad como Libertador General San Martín, perder el trabajo no es solo quedarse sin salario: es caer en un vacío que arrastra todo alrededor. Leonardo Jerez lo describe sin rodeos. En el contexto económico actual, dice, quedarse sin empleo "es horrible, no se lo desea a nadie". La pérdida condiciona cada aspecto de la vida cotidiana, más aún cuando las alternativas laborales son, en su mayoría, precarias y en negro.
En el acampe aprendieron a sobrevivir vendiendo comida. Choripanes, pollo, platos caseros que preparan y ofrecen para sostener la protesta. Pero Jerez sabe que esa salida es apenas un paliativo. En la zona, explica, las familias son numerosas y la economía local es frágil. En los pueblos cercanos —donde él mismo vive— la subsistencia depende muchas veces de la pesca, la ganadería, la caza y la agricultura. Sin embargo, denuncia que la propia empresa limita esas prácticas: prohíbe cazar, interviene sobre el uso del agua de los ríos y restringe el acceso a recursos naturales. "Es un combo de cuestiones", resume, porque al despido se suma la imposibilidad de apoyarse en actividades tradicionales para compensar la caída del ingreso.
El efecto dominó en El Ramal
El impacto no se detiene en la puerta de cada casa. Jerez habla de un efecto dominó que recorre toda la región de El Ramal. Un trabajador del Ingenio Ledesma que antes gastaba "diez" en el kiosco o en el mercado del barrio, tras el despido pasa a gastar "dos" o "uno", o directamente deja de comprar. Ese comercio, a su vez, reduce personal. Una madre o un padre que atendía el mostrador pierde su ingreso. Y esa familia, entonces, ya no puede pagar la luz ni comprar útiles escolares. La cadena se multiplica en comunidades pequeñas como El Talar y otras localidades de la zona, donde cincuenta despidos no son un número abstracto sino cincuenta hogares —casi doscientas personas— en situación de vulnerabilidad.
La postal urbana confirma esa saturación: mototaxis, remises, conductores de aplicaciones, puestos improvisados en cada esquina vendiendo chorizos o pollos. Todos buscando lo mismo. Jerez advierte que llegará un punto de colapso, porque quienes quedan afuera del ingenio se vuelcan a las mismas actividades informales en un mercado ya sobrecargado. La idea de que cada despedido puede "emprender" por su cuenta, ironiza el trasfondo de su relato, desconoce la escala real de estas economías chicas donde la demanda es limitada y la competencia feroz.
Asamblea, represión y disciplinamiento
A ese cuadro económico se suma, según denuncia, la persecución interna. Los despidos —afirma— golpearon especialmente a delegados y activistas. El grupo inicial de diez trabajadores organizados llegó a sumar setenta personas activas; hoy quedan alrededor de veinte. Los delegados considerados combativos, los que apoyaron el reclamo de reincorporación, fueron suspendidos y expulsados del sindicato por decisión del secretario general. Para Jerez, ese es el ejemplo más claro de la burocracia sindical y del poder que atribuye a la empresa por encima de la estructura gremial. "Salís a luchar y el sindicato que te tiene que defender te expulsa", sintetiza.
La tensión escaló en una asamblea convocada, según relata, para formalizar expulsiones. Ese día intervino la policía. Hubo represión. Un delegado expulsado terminó con el brazo quebrado; otro sufrió un corte. Un abogado laboralista y de derechos humanos recibió un golpe en la cabeza que requirió puntos de sutura. La asamblea no se concretó como estaba prevista, pero dejó heridos y profundizó la fractura interna. Para los trabajadores del acampe, fue un episodio más en una secuencia destinada a desarticular la organización.
Así, entre la intemperie económica y la presión sindical y policial, el acampe azucarero continúa. La disputa ya no se limita a la reincorporación de los despedidos: se ha convertido, en palabras y hechos, en una pulseada más amplia por la supervivencia material y por el derecho mismo a organizarse en una región donde cada decisión empresarial repercute como un temblor en toda la comunidad.
Jerez fue despedido el 30 de octubre. Desde entonces, asegura, no hubo un solo comunicado del gremio en defensa de los trabajadores cesanteados. Ese silencio, para él, no es una omisión menor sino la prueba de que la conducción "no existe" en términos de representación real. Sostiene que no están a la altura de las circunstancias y que ni en este conflicto ni en otros cumplen la función que deberían cumplir. En Libertador General San Martín, afirma, no hay representación sindical efectiva para los trabajadores del Ingenio Ledesma.
La sospecha va más allá de la pasividad. Jerez habla directamente de convivencia entre la empresa, la conducción sindical y el poder político provincial. Dice que no cree en las casualidades cuando quienes se organizan y luchan terminan despedidos, perseguidos o expulsados del sindicato, mientras el gobierno guarda silencio. Recuerda que presentaron reclamos ante la Secretaría de Trabajo sin obtener respuestas. Para él, hay una secuencia clara: "el silencio del gobierno, la obediencia del sindicato y la ejecución de la empresa". Una relación consolidada que, según su mirada, se replica en otros niveles del país, donde —señala— ciertas centrales sindicales negocian y dosifican sus medidas frente al gobierno nacional.
¿Ensayo de reforma laboral?
En ese marco, lo que ocurre en Ledesma no sería un conflicto aislado ni coyuntural. Jerez sostiene que allí ya se practica, de hecho, la reforma laboral impulsada por Javier Milei. Enumera situaciones concretas: jornadas en las que los trabajadores se presentaban a cumplir tareas pero, por lluvia, eran enviados a sus casas sin cobrar; horas extras que a veces se pagaban y otras veces se compensaban discrecionalmente; un sistema de "banco de horas" que desdibuja los límites de la jornada; indemnizaciones mal liquidadas; despidos "baratos" que reducen costos empresariales; persecución sindical como método para desarticular la organización obrera.
Las condiciones de trabajo, describe, rozan la insalubridad: temperaturas de 45 o 50 grados manejando tractores sin aire acondicionado; yuyos hasta el pecho en el riego de la caña; cosechas a la intemperie, en campos con ratas y víboras. Para él, no se trata solo de precarización sino de vulneración directa de derechos laborales y constitucionales. "El reflejo de la reforma laboral está aquí", insiste, convencido de que la empresa viene ensayando desde hace tiempo prácticas que ahora encuentran un marco normativo más amplio.
Poder económico y poder político
Jerez va incluso más lejos al hablar del peso histórico y político del grupo empresario. Señala que Ledesma es una compañía con más de un siglo de historia, con contactos políticos directos y una influencia que, a su entender, atraviesa la vida institucional de Jujuy. Llega a decir que es "el partido político que gana las elecciones sin participar", una forma de expresar la centralidad que atribuye al poder económico en la provincia.
En Libertador General San Martín, el ingenio no es solo una fábrica: es historia, economía y memoria. En julio de 1976, durante la última dictadura militar, los cortes de energía que precedieron a los secuestros masivos quedaron grabados como “La Noche del Apagón”. Entre el 20 y el 27 de julio de ese año, en operativos realizados en la zona, más de 400 trabajadores, estudiantes, militantes y sindicalistas fueron secuestrados; muchos de ellos continúan desaparecidos. Organismos de derechos humanos denunciaron la participación de la empresa en aquellos hechos.
Desde entonces, el nombre de Ledesma carga con un capítulo oscuro que todavía resuena en la región. El reclamo por memoria, verdad y justicia sigue vigente.
Esa densidad histórica atraviesa también el presente: cada conflicto laboral se inscribe en una trama donde empresa, poder político y comunidad se superponen.
En su análisis, lo que sucede en el ingenio forma parte de un proceso más amplio. Menciona conflictos en otras empresas, como FATE y Lustramax, y habla de miles de fábricas cerradas en el país. No ve hechos aislados sino luchas entrelazadas. Lo que pasa en Ledesma, afirma, pasa también en FATE; lo que ocurre en FATE se replica en otros establecimientos. Precarización, límites a la organización sindical, presión sobre los salarios y las condiciones laborales: los mismos golpes, dice, recaen sobre distintos sectores de la clase trabajadora.
Desde el acampe, esa lectura se vuelve horizonte político. La pelea por las reincorporaciones se inscribe, para Jerez y sus compañeros, en una trama mayor donde se disputa el modelo laboral. Por eso, insiste, la lucha no es solo local. Es parte de una resistencia que se reconoce en otros puntos del país, unida por la convicción de que lo que está en juego excede los portones del ingenio y alcanza a toda la clase trabajadora.
La represión no fue un episodio aislado ni una mera formalidad de control. Cuando la policía intervino en la asamblea, no solo impidió el ingreso de los trabajadores: avanzó. Hubo heridos. Brazos quebrados, cabezas partidas, cortes provocados con armas blancas. Leonardo Jerez lo cuenta sin dramatismo impostado, pero con la firmeza de quien busca dejar claro que el mensaje no fue casual. Para él, la intervención tuvo un contenido político, gubernamental y patronal.
No queremos subsidios, queremos trabajar
El sentido de esa acción, interpreta, fue disciplinar. "Que sepan que nosotros tenemos el control", traduce en palabras el mensaje que, a su entender, se quiso imponer. Un control que no solo se ejerce sobre el espacio físico de la asamblea sino sobre la propia institución sindical, que —remarca— pertenece a los trabajadores y no a quienes hoy la conducen. Lo que está en juego, insiste, es el derecho a reclamar por algo elemental: trabajar. Nadie pide subsidios ni "migajas", subraya; lo único que exigen es volver a sus puestos.
En paralelo, el rol del gobierno provincial aparece, hasta ahora, marcado por el silencio. Los trabajadores presentaron notas ante la Secretaría de Trabajo y aguardan una convocatoria que nunca llegó. Jerez dice confiar en que la administración jujeña actúe con la "sensibilidad social" que en otras ocasiones invocó públicamente, por ejemplo frente a conflictos vinculados con la empresa de energía EJESA. Recuerda que incluso él mismo participó de reclamos por el mal servicio eléctrico y que entonces se habló de empatía con los ciudadanos.
Pero en este caso, hasta el momento, no hubo intervención concreta. Jerez espera que el gobierno convoque a las partes, propicie el diálogo y destrabe el conflicto. Señala que detrás de cada despedido hay niños, niñas, abuelos; que el impacto social debería ser suficiente para encender alarmas oficiales. Sin embargo, el acampe continúa sin una respuesta formal. La perspectiva, advierte, es seguir. No regresarán a sus casas con las manos vacías.
Después de tantos días, lo que los sostiene —dice— es la familia y la convicción de que la clase trabajadora organizada puede torcer decisiones. La lucha se alimenta del plato de comida que falta en cada mesa y del deseo de recuperar un trabajo digno. También, agrega, del respeto propio. No se trata solo de salarios sino de dignidad.
La condición para levantar la medida es clara: reincorporación o una solución efectiva impulsada por el Estado. No pueden permanecer sin empleo. Jerez pone como ejemplo reciente la expansión empresarial del grupo propietario del Ingenio Ledesma, que adquirió en pocos meses los ingenios Concepción y Trinidad, en Tucumán, por sumas millonarias. Frente a ese poder económico, pregunta con ironía cómo puede resultar imposible reincorporar a un puñado de trabajadores.
El acampe, afirma, también afecta la imagen de la empresa, históricamente cuidadosa de su reputación. Desde allí, desde la carpa, los despedidos cuentan lo que sucede. Sostiene que el conflicto ya trascendió las fronteras locales y se conoce en todo el país. Por eso, insiste, no habrá levantamiento sin una respuesta favorable a los trabajadores. El reclamo es uno y no se negocia: volver a trabajar.
Cuando se le pide un mensaje para otros trabajadores que atraviesan situaciones similares, Leonardo Jerez no duda: organizarse. Habla desde la experiencia y desde una historia personal que se entrelaza con la del conflicto.
El 30 de octubre fue su último día en el Ingenio Ledesma. Había trabajado doce años allí. En la última zafra manejaba un tractor en la cosecha de caña: la máquina cosechadora cargaba los carros que él trasladaba hasta los camiones; esos camiones llevaban la materia prima al ingenio, donde se transformaba en azúcar, papel, alcohol, bioetanol y otros derivados. Conoce cada tramo del circuito productivo. Y en los últimos cuatro meses antes de su despido, mientras cumplía esa rutina, empezó a conversar cada vez más con sus compañeros.
Dice que siempre habló, que siempre planteó cómo enfrentar determinadas situaciones. Por eso —asegura— lo "marcaron". En esos meses finales preguntaba a los changos qué harían si la empresa avanzaba, cómo podrían responder colectivamente. Una de sus propuestas era clara: generar un problema a la empresa sin arrojar una sola piedra. Pensaba en un acampe azucarero, en una permanencia pacífica, en un encadenamiento que hiciera visible el conflicto sin recurrir a la violencia.
Estuvo doce años en la empresa, pero fue en ese último tramo cuando comenzó a organizar con mayor intensidad. Y entonces, relata, la empresa hizo lo suyo. Lo despidió solo a él, en su pueblo y en su sección, pese a que el ingenio está compuesto por múltiples áreas: cosecha, riego, mecánica, tractoristas que preparan el terreno, operadores de motoniveladoras y de cosechadoras. Un universo amplio de trabajadores. Sin embargo, en octubre, el despedido fue él.
Organizarse antes del despido
Desde esa experiencia, el consejo que ofrece es concreto: que los trabajadores activos empiecen a organizarse ahora, que se reúnan, que debatan y que planifiquen cómo actuar ante un eventual despido. "Lo único que nos va a salvar somos nosotros mismos", repite. Sostiene que la clase trabajadora no maneja fortunas ni aparatos clientelares; que no puede comprar voluntades con mercadería o dinero. La única herramienta es la organización y la unidad.
El acampe se sostiene con lo que producen y con la solidaridad. Venden comidas y tortillas en la vereda del ingenio. Mantienen un fondo de lucha para quienes quieran colaborar. El alias es Lucha.Azucarera, a nombre de Cristian Leonardo Ramón Jerez. Cualquier aporte, por mínimo que sea, ayuda. La escena cotidiana es austera: una carpa bajo los árboles, colchones, sillas, mesas, una conservadora con hielo que acerca la gente, algunos paquetes de arroz. Allí comen y allí viven.
Jerez es del Talar, a 65 kilómetros. Viajar ida y vuelta implica un gasto que hoy no puede afrontar con facilidad: catorce mil pesos que equivalen, calcula, a dos días de comida en el acampe. Permanecer lejos de su casa, en situación de calle, es duro. Pero insiste en que la medida no se levantará sin una respuesta favorable: reincorporación, cese de los despidos, respeto a la clase trabajadora y a sus familias.
Antes de despedirse, su mensaje vuelve al punto de partida: arriba la unión de los trabajadores, arriba la organización. En su convicción, no hay salvadores externos. Son los propios trabajadores quienes deben reunirse, debatir y sostenerse entre sí. Esa certeza es, junto al plato de comida que falta en cada mesa, el motor que mantiene en pie el acampe azucarero.
Bajo la intemperie, con la precariedad a cuestas y la incertidumbre como horizonte, el acampe continúa. Más de cien días después, la carpa sigue siendo refugio y símbolo. Allí, frente a los portones del ingenio, los despedidos insisten en que su lucha no es solo por sus puestos de trabajo, sino por lo que consideran un límite necesario ante un modelo que avanza, silencioso, sobre derechos que creían conquistados.
El viento mueve la lona y hace crujir los palos de la carpa. A lo lejos, el ingenio respira como una bestia vieja, constante.
De un lado, el capital imponente y centenario. Del otro, veinte hombres que no quieren irse a casa derrotados.
La historia grande parece escribirse puertas adentro. Pero cada mañana, frente a los portones, alguien vuelve a cebar mate y a decir que no se rinde.
Y mientras esa escena exista, el conflicto seguirá vivo.
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