El portal de noticias DiarioJunio, con sede en Concordia, Entre Ríos, denunció haber sido blanco de ataques cibernéticos reiterados durante las últimas semanas, que afectan gravemente su funcionamiento. Según explicó su director, Claudio Gastaldi, se trata de hackeos sistemáticos que no solo comprometen la operatividad del sitio, sino que representan un serio atentado contra la libertad de prensa y el derecho a la información.
"Todos los días verifican que el hackeo sea exitoso. En determinada franja horaria atacan para retomar el control del sitio y desplegar su propio 'sitio zombie'. Ese acto consume recursos del servidor y tira abajo la página", detalló Gastaldi, quien advirtió que el patrón de los ataques demuestra planificación y constancia.
El director del medio descartó que se trate de un inconveniente técnico aislado y apuntó directamente a motivaciones políticas: "No es un problema técnico, es un ataque directo contra un medio que incomoda a ciertos sectores del poder. Es un intento de censura encubierta que busca silenciar una voz crítica".
Desde DiarioJunio sostienen que los ataques no solo ponen en riesgo la labor periodística y las fuentes laborales, sino que afectan el derecho de la comunidad a estar informada. "Al afectar el acceso a la información, no solo perjudican a un medio, sino al conjunto de la sociedad", subrayó Gastaldi.
martes, 30 de septiembre de 2025
domingo, 28 de septiembre de 2025
Cuando enseñar también es resistir: el profesor que quiere llegar al Congreso
Desde las aulas de Villa Gobernador Gálvez hasta el Congreso, Franco Casasola representa la lucha por una educación pública digna, la defensa de los derechos laborales y la construcción de una salida política real para los trabajadores frente al ajuste y la precariedad.
Hace algún tiempo, revisando archivos, rescatábamos unas palabras de Miriam Bregman —"la Rusa", como le dicen muchos— en las que hablaba de Franco Casasola. Decía que lo conocía desde hace años y que siempre lo había visto profundamente comprometido con la defensa de la educación pública, los derechos de los trabajadores y de los estudiantes. Franco es profesor de historia en la zona sur de Rosario, en Villa Gobernador Gálvez, una localidad donde se vive de cerca la precariedad edilicia de las escuelas, los bajos salarios docentes y el impacto concreto del ajuste.
Represalias por la lucha: detenciones y despidos
El año pasado, su casa fue allanada. Fue detenido, junto a otros compañeros, por oponerse a la reforma jubilatoria que, entre otras cosas, elevó la edad de retiro de las mujeres y recortó derechos a los docentes. A raíz de su militancia, también fue despedido de un instituto privado, donde había organizado a sus compañeras y compañeros para exigir el cobro en tiempo y forma de sus ya magros salarios y aguinaldos. Lograron el objetivo, pero a él le costó el puesto.
Su historia no es excepcional: es la de miles de docentes que, día a día, sostienen la educación pública mientras enfrentan condiciones laborales adversas y luchan por sus derechos. Hoy, Franco Casasola encabeza la lista del Frente de Izquierda Unidad en la provincia de Santa Fe; lo acompaña Carla Deiana.
Violencia y criminalización contra la protesta
Después de un tiempo sin pasar por Aire Libre, Radio Comunitaria, Franco vuelve a las Señales. Recuerda que está por cumplirse un año de aquellos allanamientos violentos, cuando los trataron como delincuentes, como si defender derechos fuera un delito. La causa judicial sigue abierta. Siguen imputados.
El allanamiento no fue un episodio más dentro del repertorio de prácticas policiales; fue una irrupción violenta que desnudó una lógica de amedrentamiento. No tocaron la puerta ni se identificaron. Entraron con arietes, como en escenas extremas, con cascos y rostros cubiertos, derribando la puerta de una casa como si entraran a un bunker narco y no al hogar de docentes. Los esposaron, los detuvieron. Algunos estaban con sus hijos pequeños en ese momento. El miedo no fue solo físico: fue también un mensaje.
Material de lucha secuestrado: una evidencia de militancia
Lo más ofensivo, sin embargo, no fue la violencia del ingreso, sino el contenido simbólico de lo que se llevaron. No encontraron drogas, ni armas, ni dinero. Se llevaron pecheras de AMSAFE, volantes sindicales, afiches con consignas históricas como "Son 30.000 los desaparecidos". No sustrajeron pruebas de un delito, sino símbolos de la lucha y de la memoria colectiva. Ese gesto –ese intento de borrar, de intimidar, de criminalizar la militancia– fue lo que más dolió. Porque nunca, ni siquiera en las huelgas docentes más duras desde 1983, habían detenido a trabajadores de la educación por el solo hecho de organizarse. Lo que ocurrió dejó expuesta una intención política clara: castigar la pertenencia a una historia de lucha.
Reclamos y denuncias frente al ajuste jubilatorio
Nos detuvieron por reclamar: por oponernos al aumento de la edad jubilatoria para las mujeres; por denunciar que no pueden seguir descontándoles aportes a los jubilados; por exigir que los aumentos se paguen en tiempo y forma. Con la ley que se aplicó, los jubilados comenzaron a cobrar los aumentos dos meses después que los activos. Eso es lo que estábamos denunciando.
Fue el gobierno provincial quien impulsó estas medidas, con el respaldo de la justicia santafesina y de la legislatura, encabezada por Clara García. La causa sigue abierta. De hecho, en los próximos días —justo cuando se cumple un año de la detención— tendremos una nueva audiencia. En esa audiencia buscan acceder a nuestros celulares. Nos oponemos, por supuesto.
Además, la misma justicia solicitó a Meta —la empresa que administra Facebook, Instagram y WhatsApp— las contraseñas del sindicato para ingresar a los mensajes entre el sindicato y sus afiliados. Eso es gravísimo. No solo viola leyes argentinas, sino también normas internacionales que garantizan la libertad sindical y el derecho de las organizaciones a defender y organizar a sus afiliados sin persecución.
Intimidación y respuesta solidaria
Hasta ese punto llegaron. Fue un intento claro de aleccionamiento. No fue casual el nivel de violencia: todos los que fuimos detenidos teníamos presencia pública; éramos delegados o miembros de comisiones directivas. Si nos hubieran citado, habríamos ido. Nuestra actividad es pública, abierta y legal. Eligieron, en cambio, el camino de la intimidación. No lo lograron.
Ese mismo día, AMSAFE Rosario, ATE Rosario y el sindicato de Aceiteros hicieron un gran paro que fue un ejemplo de solidaridad. Las universidades también se movilizaron en medio del proceso de lucha contra la misma ley.
La fuerza de la solidaridad en las escuelas
En lo personal, lo que más conmovió fue lo que pasó en las escuelas donde trabajo: en Villa Gobernador Gálvez, en la Perito Moreno, en la Gurruchaga; en Rosario, en el Normal 3. Volver de la detención y encontrar a los estudiantes, al centro de estudiantes del Normal y al sindicato docente dándome la bienvenida fue muy fuerte. Y más aún saber que, el mismo día de la detención, los pibes y pibas de La Gurruchaga hicieron una asamblea espontánea en la puerta de la escuela.
Eso te toca el corazón. Muestra la fuerza del pueblo, de la juventud. Para quienes estuvimos detenidos, saber eso —aunque lo supimos después— fue profundamente emotivo. Fue un gesto de solidaridad que no se olvida.
La política actual y la necesidad de diputados honestos
En el escenario político actual, la consigna "diputados que no se venden", que suena en los spots del Frente de Izquierda, no es una frase vacía. Es una afirmación cargada de sentido en un Congreso donde la negociación y el pacto por lo bajo parecen haberse vuelto norma. Cada vez que se discute una ley clave aparecen los llamados desde Buenos Aires y las instrucciones para que los diputados esperen, se abstengan o salgan del recinto a la hora del voto. Así se cierran acuerdos que nada tienen que ver con los intereses del pueblo.
Reivindicar la honestidad, la coherencia y la firmeza es necesario y urgente. Pero también evidencia la decadencia de las fuerzas tradicionales. Los radicales facilitaron votaciones y gobernabilidad; el PRO muestra su historial de entrega; y el peronismo, que asumió con 110 diputados y hoy tiene 99, fue clave para aprobar las leyes del ajuste.
Elecciones legislativas y la urgencia de fortalecer la izquierda
Ahora se vienen las elecciones legislativas, y es fundamental fortalecer a quienes estuvieron desde el primer día, poniendo el cuerpo cada miércoles en las calles, participando de las asambleas y votando consecuentemente. Ningún otro bloque puede decir lo mismo. Maximiliano Pullaro, que ahora se muestra como opositor, fue parte del engranaje: firmó el Pacto de Mayo y, antes de los escándalos, llegó a defender públicamente a Javier Milei en la causa Libra. Eso no es menor: marca complicidad política. Pullaro ajustó salarios, educación y salud; ajustó a los jubilados con la reforma previsional y recortó programas de prevención de la violencia de género. En lo esencial comparte el mismo plan que Milei, solo con otro tono, más presentable para ciertos sectores del poder económico, especialmente el agronegocio.
En ese panorama, la consecuente intervención del Frente de Izquierda se vuelve un valor irrenunciable. Con Miriam Bregman, Nicolás del Caño, Cristian Castillo y Romina del Plá, la izquierda mantuvo una línea clara. Incluso desde sectores adversarios reconocen esa coherencia: "son cinco, pero parecen cien", dijo Martín Menem.
El desafío es que esos cinco se multipliquen. Que esa voz combativa llegue desde Santa Fe: que un docente que conoce desde adentro la educación pública ocupe un lugar en el Congreso. No alcanza con quién encabeza una lista: importa quién viene después. El peronismo presenta figuras como Agustín Rossi y nombres del gabinete de Alberto Fernández —Kelly Olmos, Nicolás Trotta— que ya fracasaron en sus gestiones; ya aplicaron el ajuste. Por eso es hora de apostar por una fuerza que no se venda y que tenga un plan claro, porque el resto no lo tiene: se unen para ganar y después no muestran un rumbo común que favorezca a las mayorías.
La deuda externa: el problema central del país
En medio de las acusaciones cruzadas, lo que falta es un proyecto concreto. El problema central del país es la deuda externa. Todo gira alrededor de eso. El Frente de Izquierda sostiene una posición histórica: hay que desconocer soberanamente esa deuda ilegítima. No hay proyecto de país posible sin romper con esas estafas: es una condición de soberanía básica.
Fuimos muy críticos cuando el gobierno del Frente de Todos reconoció la deuda de 45.000 millones de dólares de Macri con el FMI; esa decisión contó con la colaboración del peronismo, que permitió el tratamiento en comisiones. Por eso proponemos el desconocimiento soberano de la deuda como primera medida: recuperar esos recursos permitiría afrontar necesidades elementales —vivienda, trabajo, infraestructura, salud, educación— de manera inmediata.
El año próximo vencen casi 10.000 millones de dólares. Con esos recursos podríamos solucionar el déficit habitacional en todo el país o triplicar las jubilaciones durante tres años. Recuperar esas palancas es esencial. A eso se suman otras medidas: nacionalizar el comercio exterior y estatizar puertos e hidrovías. Si no se hace, proliferan los negociados: por ejemplo, siete grandes exportadoras se quedaron con un negocio de 1.500 millones de dólares tras la baja de retenciones anunciada por el gobierno. Estatizar esos sectores es recuperar soberanía y evitar que especuladores fijen el precio de los alimentos y decidan el futuro del país.
La lucha contra el narcotráfico no será efectiva sin tocar los intereses que lo sostienen. Los puertos privados son, a menudo, la salida de cargamentos de cocaína que terminan en Europa, en Medio Oriente u otros destinos. Por eso la estatización de puertos e hidrovías es también una medida de seguridad elemental.
Además, proponemos una banca estatal única: recuperar el ahorro de los argentinos y planificar la inversión para las necesidades sociales. En manos privadas, el ahorro se fuga o sirve a la especulación financiera: bicicleta financiera, bonos y negocios que enriquecen a muy pocos. Una banca pública permitiría planificar y dirigir la inversión hacia vivienda, salud, educación y producción.
Si hablamos en serio de soberanía, estas son medidas fundamentales. Frente a eso, ni Libertad Avanza, ni el PRO, ni el radicalismo, ni siquiera el peronismo plantean un plan alternativo coherente. Por eso el Frente de Izquierda dará la pelea por un programa de salida real, desde abajo y para las mayorías.
Esa pelea tiene que construirse desde la base. Las ideas están compartidas por muchos sectores, pero hace falta organización colectiva. Esa fuerza existe, aunque aún dispersa: está en los jubilados movilizados, en las universidades en lucha, en el movimiento de mujeres que enfrenta la violencia, y en las asambleas populares que frenaron impulsos autoritarios. Es la misma fuerza que empezó a emerger con más potencia frente a crímenes brutales como el reciente triple femicidio narco.
Hay que disputar el rumbo del país desde abajo, con un proyecto colectivo
Hace algún tiempo, revisando archivos, rescatábamos unas palabras de Miriam Bregman —"la Rusa", como le dicen muchos— en las que hablaba de Franco Casasola. Decía que lo conocía desde hace años y que siempre lo había visto profundamente comprometido con la defensa de la educación pública, los derechos de los trabajadores y de los estudiantes. Franco es profesor de historia en la zona sur de Rosario, en Villa Gobernador Gálvez, una localidad donde se vive de cerca la precariedad edilicia de las escuelas, los bajos salarios docentes y el impacto concreto del ajuste.
Represalias por la lucha: detenciones y despidos
El año pasado, su casa fue allanada. Fue detenido, junto a otros compañeros, por oponerse a la reforma jubilatoria que, entre otras cosas, elevó la edad de retiro de las mujeres y recortó derechos a los docentes. A raíz de su militancia, también fue despedido de un instituto privado, donde había organizado a sus compañeras y compañeros para exigir el cobro en tiempo y forma de sus ya magros salarios y aguinaldos. Lograron el objetivo, pero a él le costó el puesto.
Su historia no es excepcional: es la de miles de docentes que, día a día, sostienen la educación pública mientras enfrentan condiciones laborales adversas y luchan por sus derechos. Hoy, Franco Casasola encabeza la lista del Frente de Izquierda Unidad en la provincia de Santa Fe; lo acompaña Carla Deiana.
Violencia y criminalización contra la protesta
Después de un tiempo sin pasar por Aire Libre, Radio Comunitaria, Franco vuelve a las Señales. Recuerda que está por cumplirse un año de aquellos allanamientos violentos, cuando los trataron como delincuentes, como si defender derechos fuera un delito. La causa judicial sigue abierta. Siguen imputados.
El allanamiento no fue un episodio más dentro del repertorio de prácticas policiales; fue una irrupción violenta que desnudó una lógica de amedrentamiento. No tocaron la puerta ni se identificaron. Entraron con arietes, como en escenas extremas, con cascos y rostros cubiertos, derribando la puerta de una casa como si entraran a un bunker narco y no al hogar de docentes. Los esposaron, los detuvieron. Algunos estaban con sus hijos pequeños en ese momento. El miedo no fue solo físico: fue también un mensaje.
Material de lucha secuestrado: una evidencia de militancia
Lo más ofensivo, sin embargo, no fue la violencia del ingreso, sino el contenido simbólico de lo que se llevaron. No encontraron drogas, ni armas, ni dinero. Se llevaron pecheras de AMSAFE, volantes sindicales, afiches con consignas históricas como "Son 30.000 los desaparecidos". No sustrajeron pruebas de un delito, sino símbolos de la lucha y de la memoria colectiva. Ese gesto –ese intento de borrar, de intimidar, de criminalizar la militancia– fue lo que más dolió. Porque nunca, ni siquiera en las huelgas docentes más duras desde 1983, habían detenido a trabajadores de la educación por el solo hecho de organizarse. Lo que ocurrió dejó expuesta una intención política clara: castigar la pertenencia a una historia de lucha.
Reclamos y denuncias frente al ajuste jubilatorio
Nos detuvieron por reclamar: por oponernos al aumento de la edad jubilatoria para las mujeres; por denunciar que no pueden seguir descontándoles aportes a los jubilados; por exigir que los aumentos se paguen en tiempo y forma. Con la ley que se aplicó, los jubilados comenzaron a cobrar los aumentos dos meses después que los activos. Eso es lo que estábamos denunciando.
Fue el gobierno provincial quien impulsó estas medidas, con el respaldo de la justicia santafesina y de la legislatura, encabezada por Clara García. La causa sigue abierta. De hecho, en los próximos días —justo cuando se cumple un año de la detención— tendremos una nueva audiencia. En esa audiencia buscan acceder a nuestros celulares. Nos oponemos, por supuesto.
Además, la misma justicia solicitó a Meta —la empresa que administra Facebook, Instagram y WhatsApp— las contraseñas del sindicato para ingresar a los mensajes entre el sindicato y sus afiliados. Eso es gravísimo. No solo viola leyes argentinas, sino también normas internacionales que garantizan la libertad sindical y el derecho de las organizaciones a defender y organizar a sus afiliados sin persecución.
Intimidación y respuesta solidaria
Hasta ese punto llegaron. Fue un intento claro de aleccionamiento. No fue casual el nivel de violencia: todos los que fuimos detenidos teníamos presencia pública; éramos delegados o miembros de comisiones directivas. Si nos hubieran citado, habríamos ido. Nuestra actividad es pública, abierta y legal. Eligieron, en cambio, el camino de la intimidación. No lo lograron.
Ese mismo día, AMSAFE Rosario, ATE Rosario y el sindicato de Aceiteros hicieron un gran paro que fue un ejemplo de solidaridad. Las universidades también se movilizaron en medio del proceso de lucha contra la misma ley.
La fuerza de la solidaridad en las escuelas
En lo personal, lo que más conmovió fue lo que pasó en las escuelas donde trabajo: en Villa Gobernador Gálvez, en la Perito Moreno, en la Gurruchaga; en Rosario, en el Normal 3. Volver de la detención y encontrar a los estudiantes, al centro de estudiantes del Normal y al sindicato docente dándome la bienvenida fue muy fuerte. Y más aún saber que, el mismo día de la detención, los pibes y pibas de La Gurruchaga hicieron una asamblea espontánea en la puerta de la escuela.
Eso te toca el corazón. Muestra la fuerza del pueblo, de la juventud. Para quienes estuvimos detenidos, saber eso —aunque lo supimos después— fue profundamente emotivo. Fue un gesto de solidaridad que no se olvida.
La política actual y la necesidad de diputados honestos
En el escenario político actual, la consigna "diputados que no se venden", que suena en los spots del Frente de Izquierda, no es una frase vacía. Es una afirmación cargada de sentido en un Congreso donde la negociación y el pacto por lo bajo parecen haberse vuelto norma. Cada vez que se discute una ley clave aparecen los llamados desde Buenos Aires y las instrucciones para que los diputados esperen, se abstengan o salgan del recinto a la hora del voto. Así se cierran acuerdos que nada tienen que ver con los intereses del pueblo.
Reivindicar la honestidad, la coherencia y la firmeza es necesario y urgente. Pero también evidencia la decadencia de las fuerzas tradicionales. Los radicales facilitaron votaciones y gobernabilidad; el PRO muestra su historial de entrega; y el peronismo, que asumió con 110 diputados y hoy tiene 99, fue clave para aprobar las leyes del ajuste.
Elecciones legislativas y la urgencia de fortalecer la izquierda
Ahora se vienen las elecciones legislativas, y es fundamental fortalecer a quienes estuvieron desde el primer día, poniendo el cuerpo cada miércoles en las calles, participando de las asambleas y votando consecuentemente. Ningún otro bloque puede decir lo mismo. Maximiliano Pullaro, que ahora se muestra como opositor, fue parte del engranaje: firmó el Pacto de Mayo y, antes de los escándalos, llegó a defender públicamente a Javier Milei en la causa Libra. Eso no es menor: marca complicidad política. Pullaro ajustó salarios, educación y salud; ajustó a los jubilados con la reforma previsional y recortó programas de prevención de la violencia de género. En lo esencial comparte el mismo plan que Milei, solo con otro tono, más presentable para ciertos sectores del poder económico, especialmente el agronegocio.
En ese panorama, la consecuente intervención del Frente de Izquierda se vuelve un valor irrenunciable. Con Miriam Bregman, Nicolás del Caño, Cristian Castillo y Romina del Plá, la izquierda mantuvo una línea clara. Incluso desde sectores adversarios reconocen esa coherencia: "son cinco, pero parecen cien", dijo Martín Menem.
El desafío es que esos cinco se multipliquen. Que esa voz combativa llegue desde Santa Fe: que un docente que conoce desde adentro la educación pública ocupe un lugar en el Congreso. No alcanza con quién encabeza una lista: importa quién viene después. El peronismo presenta figuras como Agustín Rossi y nombres del gabinete de Alberto Fernández —Kelly Olmos, Nicolás Trotta— que ya fracasaron en sus gestiones; ya aplicaron el ajuste. Por eso es hora de apostar por una fuerza que no se venda y que tenga un plan claro, porque el resto no lo tiene: se unen para ganar y después no muestran un rumbo común que favorezca a las mayorías.
La deuda externa: el problema central del país
En medio de las acusaciones cruzadas, lo que falta es un proyecto concreto. El problema central del país es la deuda externa. Todo gira alrededor de eso. El Frente de Izquierda sostiene una posición histórica: hay que desconocer soberanamente esa deuda ilegítima. No hay proyecto de país posible sin romper con esas estafas: es una condición de soberanía básica.
Fuimos muy críticos cuando el gobierno del Frente de Todos reconoció la deuda de 45.000 millones de dólares de Macri con el FMI; esa decisión contó con la colaboración del peronismo, que permitió el tratamiento en comisiones. Por eso proponemos el desconocimiento soberano de la deuda como primera medida: recuperar esos recursos permitiría afrontar necesidades elementales —vivienda, trabajo, infraestructura, salud, educación— de manera inmediata.
El año próximo vencen casi 10.000 millones de dólares. Con esos recursos podríamos solucionar el déficit habitacional en todo el país o triplicar las jubilaciones durante tres años. Recuperar esas palancas es esencial. A eso se suman otras medidas: nacionalizar el comercio exterior y estatizar puertos e hidrovías. Si no se hace, proliferan los negociados: por ejemplo, siete grandes exportadoras se quedaron con un negocio de 1.500 millones de dólares tras la baja de retenciones anunciada por el gobierno. Estatizar esos sectores es recuperar soberanía y evitar que especuladores fijen el precio de los alimentos y decidan el futuro del país.
La lucha contra el narcotráfico no será efectiva sin tocar los intereses que lo sostienen. Los puertos privados son, a menudo, la salida de cargamentos de cocaína que terminan en Europa, en Medio Oriente u otros destinos. Por eso la estatización de puertos e hidrovías es también una medida de seguridad elemental.
Además, proponemos una banca estatal única: recuperar el ahorro de los argentinos y planificar la inversión para las necesidades sociales. En manos privadas, el ahorro se fuga o sirve a la especulación financiera: bicicleta financiera, bonos y negocios que enriquecen a muy pocos. Una banca pública permitiría planificar y dirigir la inversión hacia vivienda, salud, educación y producción.
Si hablamos en serio de soberanía, estas son medidas fundamentales. Frente a eso, ni Libertad Avanza, ni el PRO, ni el radicalismo, ni siquiera el peronismo plantean un plan alternativo coherente. Por eso el Frente de Izquierda dará la pelea por un programa de salida real, desde abajo y para las mayorías.
Esa pelea tiene que construirse desde la base. Las ideas están compartidas por muchos sectores, pero hace falta organización colectiva. Esa fuerza existe, aunque aún dispersa: está en los jubilados movilizados, en las universidades en lucha, en el movimiento de mujeres que enfrenta la violencia, y en las asambleas populares que frenaron impulsos autoritarios. Es la misma fuerza que empezó a emerger con más potencia frente a crímenes brutales como el reciente triple femicidio narco.
Carla Deiana y Franco Casasola
La experiencia demuestra que se necesita una herramienta política propia de los trabajadores: un gran partido de trabajadores impulsado desde los sindicatos. La dirigencia peronista fracasó política, económica y socialmente y abrió la puerta a la emergencia de monstruos como Milei. Si los sindicatos que estuvieron en la calle durante este tiempo impulsan una herramienta propia, hay condiciones reales para construir algo nuevo. No alcanza con la lucha sindical: hay que disputar el rumbo del país desde abajo, con un proyecto colectivo.
Para eso se necesita también fuerza institucional. Una bancada del Frente de Izquierda más amplia —diez o quince diputados— sería mucho más que números: sería una herramienta concreta para fortalecer al movimiento popular. Especialmente ahora, cuando todo indica que después del 26 de octubre podría venir una nueva devaluación, más ajuste y más crisis.
Los trabajadores no solo deben estar preparados para resistir; tienen que estar listos para proponer una salida política distinta. Ese es el desafío y la oportunidad está en nuestras manos.
No hay diferencias de fondo entre Milei y Pullaro; solo cambian las formas. En el ataque a los jubilados, el ajuste de salarios y los recortes en salud, educación y programas de prevención de la violencia de género, hay una plena sintonía. Esto no es una lectura teórica: es la realidad cotidiana que veo en las escuelas de Villa Gobernador Gálvez, donde doy clases.
La violencia de género atraviesa las aulas. Son frecuentes los relatos de abusos y situaciones gravísimas que cuentan las y los estudiantes. Cada acta que redacté este año con denuncias de chicos quedó muchas veces sin respuesta: no hay equipos socioeducativos que aborden estas situaciones. Las familias están desbordadas, sobreviviendo con ingresos de miseria, y sus hijas e hijos quedan a la deriva.
El ajuste se implementa con una brutalidad silenciosa: se recortan programas y se vacían espacios de cuidado. En secundaria existe la "Rueda de Convivencia", un espacio donde los estudiantes pueden hablar de sus problemáticas y encontrar confianza para contar lo que les sucede. Pero cuando falta el docente responsable no se designa reemplazo. En la Perito Moreno, por ejemplo, muchos chicos pierden su única oportunidad para expresar lo que les pasa. La confianza y la escucha son parte del derecho a la educación; hoy son recortadas sin miramientos.
Fuera de las escuelas la situación es igual de grave. En barrios como el QOM, en la zona de Aborigen Argentinos y Rouillón, muchas familias no tienen agua potable: el agua está contaminada, es peligrosa incluso para bañarse o cocinar. Los vecinos deben caminar seis o siete cuadras con bidones para conseguir agua potable. ¿Y los jubilados? ¿Qué hacen las personas mayores ante esa situación? Nadie da respuesta desde el poder.
Mientras tanto, la costanera del río se habilita para torres de lujo: negocios para los ricos, abandono para el resto. Y en ese escenario de exclusión se afianza el negocio narco. Cuando un pibe puede cobrar más por ser soldadito que por trabajar en una metalúrgica, el camino está marcado. La narco-criminalidad avanza con un entramado de complicidades que incluye a la policía. No es un problema ajeno: es lo que vemos diariamente en Tablada, Villa Gobernador Gálvez y otros barrios.
Los casos recientes, como el asesinato de tres chicas en Buenos Aires, no pueden leerse sólo como femicidios aislados: son actos aleccionadores que muestran la violencia sobre los cuerpos de las mujeres más vulnerables, la marginación que las empuja a la prostitución y el entramado de bandas narcas que controlan barrios con complicidad policial. El crimen organizado sólo actúa con la connivencia del poder político, policial y judicial. Es la expresión más cruda de un modelo que desecha vidas.
Un mal necesario
Para eso se necesita también fuerza institucional. Una bancada del Frente de Izquierda más amplia —diez o quince diputados— sería mucho más que números: sería una herramienta concreta para fortalecer al movimiento popular. Especialmente ahora, cuando todo indica que después del 26 de octubre podría venir una nueva devaluación, más ajuste y más crisis.
Los trabajadores no solo deben estar preparados para resistir; tienen que estar listos para proponer una salida política distinta. Ese es el desafío y la oportunidad está en nuestras manos.
No hay diferencias de fondo entre Milei y Pullaro; solo cambian las formas. En el ataque a los jubilados, el ajuste de salarios y los recortes en salud, educación y programas de prevención de la violencia de género, hay una plena sintonía. Esto no es una lectura teórica: es la realidad cotidiana que veo en las escuelas de Villa Gobernador Gálvez, donde doy clases.
La violencia de género atraviesa las aulas. Son frecuentes los relatos de abusos y situaciones gravísimas que cuentan las y los estudiantes. Cada acta que redacté este año con denuncias de chicos quedó muchas veces sin respuesta: no hay equipos socioeducativos que aborden estas situaciones. Las familias están desbordadas, sobreviviendo con ingresos de miseria, y sus hijas e hijos quedan a la deriva.
El ajuste se implementa con una brutalidad silenciosa: se recortan programas y se vacían espacios de cuidado. En secundaria existe la "Rueda de Convivencia", un espacio donde los estudiantes pueden hablar de sus problemáticas y encontrar confianza para contar lo que les sucede. Pero cuando falta el docente responsable no se designa reemplazo. En la Perito Moreno, por ejemplo, muchos chicos pierden su única oportunidad para expresar lo que les pasa. La confianza y la escucha son parte del derecho a la educación; hoy son recortadas sin miramientos.
Fuera de las escuelas la situación es igual de grave. En barrios como el QOM, en la zona de Aborigen Argentinos y Rouillón, muchas familias no tienen agua potable: el agua está contaminada, es peligrosa incluso para bañarse o cocinar. Los vecinos deben caminar seis o siete cuadras con bidones para conseguir agua potable. ¿Y los jubilados? ¿Qué hacen las personas mayores ante esa situación? Nadie da respuesta desde el poder.
Mientras tanto, la costanera del río se habilita para torres de lujo: negocios para los ricos, abandono para el resto. Y en ese escenario de exclusión se afianza el negocio narco. Cuando un pibe puede cobrar más por ser soldadito que por trabajar en una metalúrgica, el camino está marcado. La narco-criminalidad avanza con un entramado de complicidades que incluye a la policía. No es un problema ajeno: es lo que vemos diariamente en Tablada, Villa Gobernador Gálvez y otros barrios.
Los casos recientes, como el asesinato de tres chicas en Buenos Aires, no pueden leerse sólo como femicidios aislados: son actos aleccionadores que muestran la violencia sobre los cuerpos de las mujeres más vulnerables, la marginación que las empuja a la prostitución y el entramado de bandas narcas que controlan barrios con complicidad policial. El crimen organizado sólo actúa con la connivencia del poder político, policial y judicial. Es la expresión más cruda de un modelo que desecha vidas.
Un mal necesario
Durante la entrevista se leyeron mensajes de oyentes que destacaban la constancia del Frente de Izquierda: su presencia los miércoles junto a los jubilados, en el Congreso y en la calle, incluso ante represiones. Otros remarcan: "son luchadores; son un mal necesario". Pero la preocupación común fue lo que viene después del 27 de octubre.
La situación económica está contenida artificialmente y se ha vuelto frágil. En días recientes, el dólar se disparó y el riesgo país se disparó; el gobierno pareció perder el control de las variables. Apareció entonces el gesto público con Donald Trump: Milei en la reunión, con un tuit impreso entregado como símbolo. Ni siquiera durante el menemismo se vio un grado tan explícito de subordinación.
Sin embargo, la ayuda internacional no está asegurada: el secretario del Tesoro dijo que la plata llegaría "si le va bien en las elecciones". Mientras tanto, las cerealeras aprovecharon para hacer un negociado: en 48 horas se llevaron 1.500 millones de dólares por la baja de retenciones, una transferencia desde los bolsillos populares hacia siete grandes exportadoras, en su mayoría multinacionales.
¿Qué se negoció a cambio? ¿Una base militar en el sur? ¿La privatización de empresas estratégicas como YPF? Hay que rechazar esto con fuerza: en las calles, en las urnas y fortaleciendo la bancada del Frente de Izquierda. No podemos esperar hasta 2027: este gobierno debe terminar porque cada mes más deteriora la vida de jubilados, personas con discapacidad, docentes, estatales, trabajadores del comercio, monotributistas y emprendedores.
La respuesta tiene que venir desde abajo, con una gran huelga general que imponga una reorganización nacional sobre bases de soberanía real e independencia económica, priorizando las necesidades sociales sobre la ganancia empresarial. Son días decisivos: los mercados dudan y la presión sobre el dólar puede aumentar, lo que hace probable una nueva devaluación tras el 26 de octubre. Eso sería otro saqueo al bolsillo popular.
Frente a eso, la herramienta efectiva es la movilización, la organización, las asambleas y el paro. Esa experiencia histórica es la que debemos retomar para frenar el ajuste y construir otra salida.
La disputa por bancas en Santa Fe: un desafío clave para la izquierda
La situación económica está contenida artificialmente y se ha vuelto frágil. En días recientes, el dólar se disparó y el riesgo país se disparó; el gobierno pareció perder el control de las variables. Apareció entonces el gesto público con Donald Trump: Milei en la reunión, con un tuit impreso entregado como símbolo. Ni siquiera durante el menemismo se vio un grado tan explícito de subordinación.
Sin embargo, la ayuda internacional no está asegurada: el secretario del Tesoro dijo que la plata llegaría "si le va bien en las elecciones". Mientras tanto, las cerealeras aprovecharon para hacer un negociado: en 48 horas se llevaron 1.500 millones de dólares por la baja de retenciones, una transferencia desde los bolsillos populares hacia siete grandes exportadoras, en su mayoría multinacionales.
¿Qué se negoció a cambio? ¿Una base militar en el sur? ¿La privatización de empresas estratégicas como YPF? Hay que rechazar esto con fuerza: en las calles, en las urnas y fortaleciendo la bancada del Frente de Izquierda. No podemos esperar hasta 2027: este gobierno debe terminar porque cada mes más deteriora la vida de jubilados, personas con discapacidad, docentes, estatales, trabajadores del comercio, monotributistas y emprendedores.
La respuesta tiene que venir desde abajo, con una gran huelga general que imponga una reorganización nacional sobre bases de soberanía real e independencia económica, priorizando las necesidades sociales sobre la ganancia empresarial. Son días decisivos: los mercados dudan y la presión sobre el dólar puede aumentar, lo que hace probable una nueva devaluación tras el 26 de octubre. Eso sería otro saqueo al bolsillo popular.
Frente a eso, la herramienta efectiva es la movilización, la organización, las asambleas y el paro. Esa experiencia histórica es la que debemos retomar para frenar el ajuste y construir otra salida.
La disputa por bancas en Santa Fe: un desafío clave para la izquierda
En el escenario santafesino, la izquierda tiene una oportunidad concreta para ganar bancas. Apostamos con todo: la elección en la constituyente fue muy buena y queremos replicar ese resultado para ingresar con al menos una banca. Santa Fe necesita una voz de los laburantes: el resto de las fuerzas políticas forma parte de la misma casta que nos trajo hasta aquí. Agustín Rossi integra el gabinete de Alberto Fernández; Gisela Scaglia, del PRO, va integrada con Libertad Avanza y ocupa un lugar testimonial como vicegobernadora.
El Frente de Izquierda mantiene coherencia, perspectiva y convicción: no nos vendemos. Nuestros legisladores cobran como una docente y destinan el resto de su sueldo a causas populares. Mientras tanto, otros se enriquecen y acumulan escándalos, como el caso de Armando Traferri y los negociados vinculados al juego clandestino. Traferri ingresó a la constituyente con la lista de Juan Monteverde y formó parte del apoyo que permitió la reelección de Pullaro. Cuando alguien vota al Frente de Izquierda, sabe lo que vota. Esta vez tenemos la oportunidad de que un docente trabajador llegue al Congreso, alguien que trabaja todos los días y hace campaña desde el día a día, algo que no puede hacer cualquiera de los otros candidatos.
Los docentes afrontamos además el castigo del presentismo, que representa entre el 15 y el 20% del salario. Con sueldos tan deteriorados hay presión para no faltar: compañeras y compañeros en avanzado embarazo o enfermos muchas veces siguen yendo por miedo a perder ese adicional. Si tenés cáncer o necesitás quimioterapia se puede perder ese plus. La realidad es la del pluriempleo: muchos trabajan toda la jornada y además complementan con otros trabajos para llegar a fin de mes.
Para acercarse a la canasta básica, que está muy por encima de lo que pagan los cargos docentes, muchas y muchos deben cumplir doble cargo: entrar a las siete y media y salir a las seis, con horas de corrección, planificación y capacitación fuera de la escuela. Un cargo docente representa cerca de 800.000 pesos; así, incluso con más de un cargo, el salario queda lejos de cubrir la canasta. Lo mismo ocurre con trabajadores municipales o del puerto, que terminan haciendo Uber o vendiendo productos caseros para completar ingresos. Por eso es hora de votar a quienes laburamos, no a las figuritas políticas que viven de la política y no muestran trabajo real.
Si ingresamos al Congreso no será para quedarnos cuatro años atornillados a una banca. El Frente de Izquierda tiene un mecanismo de rotación que representa a toda la fuerza. No estamos en política para perpetuarnos en cargos, sino para ponerlos al servicio de la lucha colectiva. Esta práctica arrancó en Neuquén con Raúl Godoy y Alejandro "El Conejo" López, obreros de la fábrica Zanón (FaSinPat), y la sostenemos. Mientras otros se cruzan de bloque en bloque o terminan votando con Milei tras haber sido electos por otro espacio, en el Frente de Izquierda eso no sucede. No vamos a ver a nuestros representantes con millones cruzando fronteras como en casos de corrupción que conocemos.
Si ingreso al Congreso, mi banca rotará con Carla Deiana (segunda), Adolfo Colombich (tercero) y Fernanda Gutiérrez (cuarta). Es un compromiso colectivo y transparente: somos una fuerza distinta porque entendemos la política como herramienta de transformación, no como un privilegio personal.
Recibimos también el afecto y el reconocimiento de compañeros: "Franco es un docente con coherencia, es el maestro pueblo, el que se compromete con el acto político que es enseñar", escribió un compañero; otros mandaron saludos y palabras de aliento que nos llenan de fuerza para seguir.
Vamos con boleta única: en ese formato horizontal aparecerán las dieciséis listas con los logos y las dos principales candidaturas por fuerza. La lista del Frente de Izquierda está situada del medio hacia la derecha; ahí me encontrarán encabezando con Carla Deiana. Estamos dando esta pelea electoral con esfuerzo porque es fundamental que el pueblo trabajador tenga representación real. Invitamos a participar, a ir a votar y a hablar con compañeros de trabajo, vecinos y amigos: muchas veces la gente no nos conoce; cuando nos conoce, se siente representada.
Tenemos el desafío de que esa voz crezca y llegue al Congreso para fortalecer nuestras bancas. La pelea no termina el día de la elección: ahí empieza otra etapa, que exige más organización para frenar el ajuste y construir una salida desde abajo, para que esta vez los laburantes tengamos la palabra. La vamos a pelear desde abajo, con convicción y con el compromiso de quienes no se venden.
El Frente de Izquierda mantiene coherencia, perspectiva y convicción: no nos vendemos. Nuestros legisladores cobran como una docente y destinan el resto de su sueldo a causas populares. Mientras tanto, otros se enriquecen y acumulan escándalos, como el caso de Armando Traferri y los negociados vinculados al juego clandestino. Traferri ingresó a la constituyente con la lista de Juan Monteverde y formó parte del apoyo que permitió la reelección de Pullaro. Cuando alguien vota al Frente de Izquierda, sabe lo que vota. Esta vez tenemos la oportunidad de que un docente trabajador llegue al Congreso, alguien que trabaja todos los días y hace campaña desde el día a día, algo que no puede hacer cualquiera de los otros candidatos.
Los docentes afrontamos además el castigo del presentismo, que representa entre el 15 y el 20% del salario. Con sueldos tan deteriorados hay presión para no faltar: compañeras y compañeros en avanzado embarazo o enfermos muchas veces siguen yendo por miedo a perder ese adicional. Si tenés cáncer o necesitás quimioterapia se puede perder ese plus. La realidad es la del pluriempleo: muchos trabajan toda la jornada y además complementan con otros trabajos para llegar a fin de mes.
Para acercarse a la canasta básica, que está muy por encima de lo que pagan los cargos docentes, muchas y muchos deben cumplir doble cargo: entrar a las siete y media y salir a las seis, con horas de corrección, planificación y capacitación fuera de la escuela. Un cargo docente representa cerca de 800.000 pesos; así, incluso con más de un cargo, el salario queda lejos de cubrir la canasta. Lo mismo ocurre con trabajadores municipales o del puerto, que terminan haciendo Uber o vendiendo productos caseros para completar ingresos. Por eso es hora de votar a quienes laburamos, no a las figuritas políticas que viven de la política y no muestran trabajo real.
Si ingresamos al Congreso no será para quedarnos cuatro años atornillados a una banca. El Frente de Izquierda tiene un mecanismo de rotación que representa a toda la fuerza. No estamos en política para perpetuarnos en cargos, sino para ponerlos al servicio de la lucha colectiva. Esta práctica arrancó en Neuquén con Raúl Godoy y Alejandro "El Conejo" López, obreros de la fábrica Zanón (FaSinPat), y la sostenemos. Mientras otros se cruzan de bloque en bloque o terminan votando con Milei tras haber sido electos por otro espacio, en el Frente de Izquierda eso no sucede. No vamos a ver a nuestros representantes con millones cruzando fronteras como en casos de corrupción que conocemos.
Si ingreso al Congreso, mi banca rotará con Carla Deiana (segunda), Adolfo Colombich (tercero) y Fernanda Gutiérrez (cuarta). Es un compromiso colectivo y transparente: somos una fuerza distinta porque entendemos la política como herramienta de transformación, no como un privilegio personal.
Recibimos también el afecto y el reconocimiento de compañeros: "Franco es un docente con coherencia, es el maestro pueblo, el que se compromete con el acto político que es enseñar", escribió un compañero; otros mandaron saludos y palabras de aliento que nos llenan de fuerza para seguir.
Vamos con boleta única: en ese formato horizontal aparecerán las dieciséis listas con los logos y las dos principales candidaturas por fuerza. La lista del Frente de Izquierda está situada del medio hacia la derecha; ahí me encontrarán encabezando con Carla Deiana. Estamos dando esta pelea electoral con esfuerzo porque es fundamental que el pueblo trabajador tenga representación real. Invitamos a participar, a ir a votar y a hablar con compañeros de trabajo, vecinos y amigos: muchas veces la gente no nos conoce; cuando nos conoce, se siente representada.
Tenemos el desafío de que esa voz crezca y llegue al Congreso para fortalecer nuestras bancas. La pelea no termina el día de la elección: ahí empieza otra etapa, que exige más organización para frenar el ajuste y construir una salida desde abajo, para que esta vez los laburantes tengamos la palabra. La vamos a pelear desde abajo, con convicción y con el compromiso de quienes no se venden.
El gobierno de Milei prioriza a las exportadoras y abandona a los sectores más vulnerables, sostiene Daniel Arroyo
En una entrevista con Señales, el exministro de Desarrollo Social y actual presidente de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, Daniel Arroyo, reflexionó sobre la profundización de la crisis social en Argentina. Criticó las políticas del gobierno de Javier Milei, el abandono de los barrios más vulnerables, la contradicción del modelo económico y el retiro estatal de áreas claves como la discapacidad. Además, planteó los desafíos que enfrenta el peronismo para renovar sus propuestas en medio del creciente malestar social.
En conversación con Silvia Carafa, el Diputado ofreció un análisis sobre la situación social actual en Argentina, calificándola como cada vez más compleja. En sus palabras, destacó tres problemas clave que, a su juicio, marcan el panorama social del país.
El primero de ellos, según Arroyo, es el creciente endeudamiento de las familias argentinas, un fenómeno que ha alcanzado niveles preocupantes. Las familias enfrentan altos costos fijos, como los servicios de luz, gas, agua, alimentación, transporte y medicamentos, lo que les deja poco margen para el resto de sus necesidades. Como resultado, recurren al crédito para cubrir esos gastos, lo que genera un ciclo de endeudamiento creciente. Este sobreendeudamiento, que obliga a muchas familias a seguir endeudándose para poder subsistir, será, en su opinión, uno de los principales factores de conflicto social en el futuro cercano.
En segundo lugar, Arroyo señaló un fenómeno de implosión social, caracterizado por una acumulación de tensiones que no se exteriorizan de forma abierta, sino que se manifiestan internamente. Este fenómeno de “implosión” se observa en el creciente malestar de las personas, quienes, al verse atrapadas por las dificultades económicas y el sobreendeudamiento, reaccionan de manera explosiva ante situaciones cotidianas. Arroyo lo ejemplificó con el aumento de la violencia cotidiana, mencionando que incluso pequeños roces o conflictos en la vía pública pueden derivar rápidamente en peleas físicas o, en casos extremos, en enfrentamientos armados. Para el diputado, este tipo de violencia refleja la acumulación de frustración y desesperación de una parte importante de la sociedad.
Por último, el diputado abordó la difícil situación laboral que atraviesa el país, con un panorama cada vez más complejo en cuanto a la obtención de empleo. Señaló que los trabajos informales, como las “changas”, están siendo cada vez menos rentables, lo que agrava la situación de quienes dependen de estos ingresos. Además, indicó que muchas empresas están recortando horas de trabajo y reduciendo personal, lo que genera un escenario de precarización laboral. La falta de oportunidades de empleo, especialmente para los jóvenes, se perfila como uno de los desafíos más graves a nivel social y económico.
A modo de conclusión, Arroyo destacó que los tres problemas que identificó —el sobreendeudamiento de las familias, la implosión social y la crisis del empleo— son interdependientes y podrían generar un escenario social aún más conflictivo si no se abordan de manera urgente. Además, señaló que los informes recientes indican que el 85% de las personas desconoce el monto total de sus deudas, lo que refleja el grado de descontrol y desconcierto que sufren muchos ciudadanos respecto a su situación financiera.
En otra parte de la entrevista, Daniel Arroyo profundizó sobre la falta de reacción colectiva en la sociedad ante las dificultades económicas y sociales que atraviesa Argentina. En su análisis, destacó que una de las principales razones de este desinterés o falta de acción colectiva es la ruptura de la relación entre la sociedad y la política. Según Arroyo, gran parte de la población ya no cree en la política en general, pues siente que los políticos no viven la realidad cotidiana de la gente común. La desconexión es palpable, ya que mientras la mayoría de los ciudadanos lucha por llegar a fin de mes, los políticos parecen desconectados de esas dificultades.
Fotos: Juano Tesone, Diario Clarín
Fuente: Señales
En conversación con Silvia Carafa, el Diputado ofreció un análisis sobre la situación social actual en Argentina, calificándola como cada vez más compleja. En sus palabras, destacó tres problemas clave que, a su juicio, marcan el panorama social del país.
El primero de ellos, según Arroyo, es el creciente endeudamiento de las familias argentinas, un fenómeno que ha alcanzado niveles preocupantes. Las familias enfrentan altos costos fijos, como los servicios de luz, gas, agua, alimentación, transporte y medicamentos, lo que les deja poco margen para el resto de sus necesidades. Como resultado, recurren al crédito para cubrir esos gastos, lo que genera un ciclo de endeudamiento creciente. Este sobreendeudamiento, que obliga a muchas familias a seguir endeudándose para poder subsistir, será, en su opinión, uno de los principales factores de conflicto social en el futuro cercano.
En segundo lugar, Arroyo señaló un fenómeno de implosión social, caracterizado por una acumulación de tensiones que no se exteriorizan de forma abierta, sino que se manifiestan internamente. Este fenómeno de “implosión” se observa en el creciente malestar de las personas, quienes, al verse atrapadas por las dificultades económicas y el sobreendeudamiento, reaccionan de manera explosiva ante situaciones cotidianas. Arroyo lo ejemplificó con el aumento de la violencia cotidiana, mencionando que incluso pequeños roces o conflictos en la vía pública pueden derivar rápidamente en peleas físicas o, en casos extremos, en enfrentamientos armados. Para el diputado, este tipo de violencia refleja la acumulación de frustración y desesperación de una parte importante de la sociedad.
Por último, el diputado abordó la difícil situación laboral que atraviesa el país, con un panorama cada vez más complejo en cuanto a la obtención de empleo. Señaló que los trabajos informales, como las “changas”, están siendo cada vez menos rentables, lo que agrava la situación de quienes dependen de estos ingresos. Además, indicó que muchas empresas están recortando horas de trabajo y reduciendo personal, lo que genera un escenario de precarización laboral. La falta de oportunidades de empleo, especialmente para los jóvenes, se perfila como uno de los desafíos más graves a nivel social y económico.
A modo de conclusión, Arroyo destacó que los tres problemas que identificó —el sobreendeudamiento de las familias, la implosión social y la crisis del empleo— son interdependientes y podrían generar un escenario social aún más conflictivo si no se abordan de manera urgente. Además, señaló que los informes recientes indican que el 85% de las personas desconoce el monto total de sus deudas, lo que refleja el grado de descontrol y desconcierto que sufren muchos ciudadanos respecto a su situación financiera.
En otra parte de la entrevista, Daniel Arroyo profundizó sobre la falta de reacción colectiva en la sociedad ante las dificultades económicas y sociales que atraviesa Argentina. En su análisis, destacó que una de las principales razones de este desinterés o falta de acción colectiva es la ruptura de la relación entre la sociedad y la política. Según Arroyo, gran parte de la población ya no cree en la política en general, pues siente que los políticos no viven la realidad cotidiana de la gente común. La desconexión es palpable, ya que mientras la mayoría de los ciudadanos lucha por llegar a fin de mes, los políticos parecen desconectados de esas dificultades.
El diputado señaló que esta desconexión también se debe a que la política, en muchos casos, aborda temas que no están relacionados con las verdaderas necesidades de la sociedad, lo que genera una sensación de indiferencia o desengaño. Para él, parte de la solución radica en que los políticos comprendan y vivan de la misma manera que el resto de la población. En este sentido, citó como ejemplo el modelo político uruguayo, donde los candidatos de distintas corrientes ideológicas, a pesar de ser de derecha, centro o izquierda, eran percibidos como personas comunes y cercanas, con las que la gente podía identificarse fácilmente en su vida diaria.
En contraste, Arroyo destacó que en Argentina, los políticos parecen estar distantes de los problemas cotidianos de los ciudadanos, lo que frena el impulso hacia una acción colectiva. Sin embargo, el diputado también mencionó que sí existe una forma de reacción colectiva, aunque no sea generalizada. Un ejemplo claro de esto, según él, es el movimiento en torno a la ley de emergencia en discapacidad, que fue impulsado por él mismo. En este caso, las familias, las personas con discapacidad, los prestadores de servicios y otros actores involucrados lograron unirse en un reclamo colectivo fuerte. Este sector encontró un punto de identificación común y, ante la falta de respuestas, se organizó en manifestaciones y reclamos concretos.
El diputado resaltó que cuando un sector de la sociedad se reconoce como parte de un mismo problema y entiende que no puede ser ignorado, es cuando se da la posibilidad de una acción colectiva más efectiva. Sin embargo, esa unidad debe surgir de una identificación compartida de las necesidades y el reconocimiento de que la situación es urgente y no puede seguir siendo pasada por alto.
Daniel Arroyo expresó su profunda preocupación y frustración ante la actitud del gobierno respecto a la ley de emergencia en discapacidad, una legislación clave para mejorar las condiciones de las personas con discapacidad en el país. Arroyo denunció lo que calificó como un acto de cinismo por parte del Ejecutivo, al sostener que no pondrá en marcha la ley hasta que el Congreso no determine el origen de los fondos necesarios para su implementación. Según el diputado, esta postura es no solo absurda, sino también inconstitucional, dado que el gobierno ya había promulgado la ley, aunque de manera irregular, al vetarla primero y luego promulgarla con la condición de suspender su aplicación hasta que se aclarara el financiamiento.
Arroyo subrayó que esta actitud refleja una contradicción dentro del gobierno, que constantemente ajusta y redistribuye recursos de manera opaca, sin un presupuesto aprobado desde hace más de dos años. En su análisis, señaló que el Ejecutivo maneja partidas de fondos de manera arbitraria, transfiriendo recursos a sectores como seguridad o inteligencia, pero no está dispuesto a aplicar los fondos necesarios para la ley de discapacidad. Según el diputado, esto crea una situación completamente irracional, ya que, mientras no existe un presupuesto aprobado y se redistribuyen recursos a otras áreas, se bloquea una ley de emergencia fundamental para los más vulnerables de la sociedad.
En cuanto a las opciones para resolver el conflicto, Arroyo señaló tres caminos posibles. El primero es el sentido común: poner en marcha la ley de inmediato. El segundo es la vía judicial, ya que la justicia podría ordenar su aplicación. El tercero, en el ámbito político, es la intervención del Congreso, donde el diputado propone interpelar al jefe de gabinete para que se dé una solución rápida al problema. Arroyo hizo énfasis en que la ley de emergencia en discapacidad es un proyecto que logró el apoyo de más de dos tercios de los votos en ambas cámaras del Congreso, y que se trataba de una legislación que trascendía las divisiones políticas y se basaba en un principio de humanidad.
A lo largo de la entrevista, el diputado mostró un claro descontento con la postura del gobierno, que considera no solo un obstáculo para el avance de la ley, sino también una amenaza al bienestar de miles de personas con discapacidad que, según él, están viviendo en una situación de total precariedad. Para ilustrar la gravedad de la situación, Arroyo relató ejemplos concretos del colapso en el sector. Por ejemplo, mencionó que los trabajadores en los llamados "talleres protegidos" cobran salarios miserables —en torno a los 28.000 pesos mensuales por cuatro horas de trabajo diario— y que los servicios terapéuticos son completamente inalcanzables para muchas familias, con tarifas de hasta 3.000 pesos por hora, una suma exorbitante para muchos.
En su testimonio, Arroyo también relató una experiencia personal, mencionando a su madre, de 85 años, quien padece de poliomielitis. Explicó que muchas personas mayores, como su madre, que sobrevivieron a la epidemia de polio, sufren severas limitaciones motrices y requieren acompañamiento constante. Esta anécdota sirvió para poner en evidencia la falta de atención a las necesidades de las personas con discapacidad en el país, especialmente aquellas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad. Arroyo concluyó que la ley de emergencia en discapacidad es esencial no solo para mejorar el acceso a los servicios médicos, terapéuticos y de transporte, sino también para aliviar el sufrimiento y la angustia de las familias que enfrentan esta problemática día a día.
Arroyo continuó su análisis sobre el abandono de las políticas sociales por parte del gobierno, enfocándose en cómo esto afecta directamente a los barrios más vulnerables y a las personas en situación de extrema pobreza. Según Arroyo, el gobierno dejó de implementar políticas de acompañamiento a sectores clave, como los barrios marginales, las personas en situación de calle, los que requieren medicamentos y los proyectos comunitarios. Aunque reconoció el aumento de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la expansión de la Tarjeta Alimentar como dos políticas positivas, señaló que, en términos generales, el Estado ha desatendido todas las demás áreas de asistencia social, lo que ha provocado un desajuste crítico en las comunidades más empobrecidas.
Una de las consecuencias más graves, según el diputado, es el impacto negativo sobre los "buenos" de los barrios, aquellos actores sociales que históricamente han sido los contrapesos frente al narcotráfico y la violencia. Arroyo mencionó a las escuelas, los centros de salud, las organizaciones sociales, los clubes barriales y los comedores comunitarios como ejemplos de instituciones y personas que juegan un papel crucial en la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, en la actualidad, estos actores están "en retirada". La falta de apoyo estatal ha hecho que no puedan continuar con su labor, lo que ha dejado un vacío que, según Arroyo, ha permitido que el narcotráfico avance, aunque no tanto en términos de expansión, sino en la descomposición del tejido social. El Estado, al retirarse, ha dejado a estos sectores sin recursos ni apoyo, lo que ha favorecido la proliferación de actividades ilícitas.
Arroyo también reflexionó sobre las causas de la pobreza estructural en Argentina, un fenómeno que no es reciente, pero que ha empeorado con el tiempo debido a la falta de políticas públicas efectivas. La pobreza estructural, según él, está directamente relacionada con la falta de acceso a la vivienda, con millones de personas viviendo en villas o barrios marginales en condiciones precarias, y con la alta tasa de deserción escolar, especialmente entre los jóvenes. Si a estos problemas se les suma la retirada del Estado, la situación se vuelve insostenible. El diputado señaló que, en comparación con momentos difíciles del pasado, como la crisis de 2001, lo que ocurre hoy en día es aún más grave, ya que el Estado ha abandonado casi por completo a los sectores más vulnerables.
Sin embargo, Arroyo también planteó que, si bien el Estado ha fallado en su rol de asistente y garante del bienestar social, el modelo de “menos Estado y más mercado” propuesto en algunas áreas no es la solución. Según él, si bien es cierto que el Estado tenía que reordenar ciertas políticas y no intervenir en todos los aspectos de la economía, el retirarse completamente de áreas tan sensibles como la discapacidad, la pobreza extrema, los barrios más marginales o la jubilación, es un error grave. Arroyo acusó al gobierno de adoptar un modelo absurdo, donde el mercado se asume como el único actor que puede resolver los problemas sociales, lo que a su juicio es insostenible y perjudicial para la población más vulnerable.
Además, el diputado dejó en claro su indignación frente a lo que consideró una contradicción aún mayor: mientras el Estado se retira de apoyar a los sectores más necesitados, ciertos sectores económicos, como las exportadoras de granos, obtienen ganancias exorbitantes en tiempos de crisis. Como ejemplo, citó el hecho de que en 48 horas estas empresas lograron ingresos por 1.500 millones de dólares, un contraste flagrante con la situación de precariedad que sufren millones de argentinos. Según Arroyo, este tipo de situaciones agrava aún más la desigualdad y demuestra la ineficacia y la falta de responsabilidad del gobierno en la distribución de los recursos.
El diputado profundizó sobre las decisiones políticas del gobierno, particularmente su relación con Estados Unidos, y sobre la situación interna de la oposición, especialmente el peronismo. Al abordar el auxilio que el gobierno ha buscado en el exterior, Arroyo criticó fuertemente el acuerdo con el Tesoro de Estados Unidos. Según él, mientras el gobierno de Javier Milei promueve una ideología de no intervención estatal y de "libertad de mercado", en la práctica ha recurrido a la intervención del Estado estadounidense y ha permitido un beneficio inmediato a grandes exportadoras de granos. En su opinión, esta contradicción es un ejemplo claro de la incoherencia en las políticas del gobierno, ya que, mientras se retira del apoyo a sectores sociales esenciales como la discapacidad, permite que las cerealeras obtengan enormes ganancias en un corto plazo sin una justificación real para tal alivio.
Arroyo también criticó lo que percibe como una falta de claridad en cuanto a los acuerdos con Estados Unidos. Aunque se ha anunciado un respaldo financiero por parte del Tesoro Norteamericano, el diputado señaló que aún no está claro cuándo o cómo se materializarán los 20.000 millones de dólares prometidos, lo que genera incertidumbre sobre las contrapartidas de este apoyo. En su opinión, la relación con Estados Unidos es importante, pero esta política de acercamiento absoluto y sin condiciones claras podría ser perjudicial para Argentina, al igual que las decisiones impulsivas que ha tomado el gobierno de Milei.
Respecto a la principal oposición al gobierno de Milei, Arroyo expresó que el peronismo ha logrado una importante unidad interna, evidenciada en su buen desempeño electoral del 7 de septiembre. Sin embargo, subrayó que, aunque la unidad es valiosa, no es suficiente por sí sola. Para Arroyo, la oposición debe construir nuevas ideas que respondan a un malestar social profundo. Señaló que la sociedad está realmente enojada con la política en general, lo que también incluye al peronismo, y que el resultado electoral de septiembre reflejó un mensaje claro: las personas no llegan a fin de mes y están hartas de la situación. Sin embargo, para Arroyo, el peronismo no debe limitarse a ser un simple receptor de votos debido a los fracasos del gobierno. La verdadera tarea es ofrecer propuestas innovadoras y distintas, alejadas de la repetición de viejas fórmulas. En este sentido, construir una agenda renovada es uno de los grandes desafíos para el peronismo de cara a las próximas elecciones.
En contraste, Arroyo destacó que en Argentina, los políticos parecen estar distantes de los problemas cotidianos de los ciudadanos, lo que frena el impulso hacia una acción colectiva. Sin embargo, el diputado también mencionó que sí existe una forma de reacción colectiva, aunque no sea generalizada. Un ejemplo claro de esto, según él, es el movimiento en torno a la ley de emergencia en discapacidad, que fue impulsado por él mismo. En este caso, las familias, las personas con discapacidad, los prestadores de servicios y otros actores involucrados lograron unirse en un reclamo colectivo fuerte. Este sector encontró un punto de identificación común y, ante la falta de respuestas, se organizó en manifestaciones y reclamos concretos.
El diputado resaltó que cuando un sector de la sociedad se reconoce como parte de un mismo problema y entiende que no puede ser ignorado, es cuando se da la posibilidad de una acción colectiva más efectiva. Sin embargo, esa unidad debe surgir de una identificación compartida de las necesidades y el reconocimiento de que la situación es urgente y no puede seguir siendo pasada por alto.
Daniel Arroyo expresó su profunda preocupación y frustración ante la actitud del gobierno respecto a la ley de emergencia en discapacidad, una legislación clave para mejorar las condiciones de las personas con discapacidad en el país. Arroyo denunció lo que calificó como un acto de cinismo por parte del Ejecutivo, al sostener que no pondrá en marcha la ley hasta que el Congreso no determine el origen de los fondos necesarios para su implementación. Según el diputado, esta postura es no solo absurda, sino también inconstitucional, dado que el gobierno ya había promulgado la ley, aunque de manera irregular, al vetarla primero y luego promulgarla con la condición de suspender su aplicación hasta que se aclarara el financiamiento.
Arroyo subrayó que esta actitud refleja una contradicción dentro del gobierno, que constantemente ajusta y redistribuye recursos de manera opaca, sin un presupuesto aprobado desde hace más de dos años. En su análisis, señaló que el Ejecutivo maneja partidas de fondos de manera arbitraria, transfiriendo recursos a sectores como seguridad o inteligencia, pero no está dispuesto a aplicar los fondos necesarios para la ley de discapacidad. Según el diputado, esto crea una situación completamente irracional, ya que, mientras no existe un presupuesto aprobado y se redistribuyen recursos a otras áreas, se bloquea una ley de emergencia fundamental para los más vulnerables de la sociedad.
En cuanto a las opciones para resolver el conflicto, Arroyo señaló tres caminos posibles. El primero es el sentido común: poner en marcha la ley de inmediato. El segundo es la vía judicial, ya que la justicia podría ordenar su aplicación. El tercero, en el ámbito político, es la intervención del Congreso, donde el diputado propone interpelar al jefe de gabinete para que se dé una solución rápida al problema. Arroyo hizo énfasis en que la ley de emergencia en discapacidad es un proyecto que logró el apoyo de más de dos tercios de los votos en ambas cámaras del Congreso, y que se trataba de una legislación que trascendía las divisiones políticas y se basaba en un principio de humanidad.
A lo largo de la entrevista, el diputado mostró un claro descontento con la postura del gobierno, que considera no solo un obstáculo para el avance de la ley, sino también una amenaza al bienestar de miles de personas con discapacidad que, según él, están viviendo en una situación de total precariedad. Para ilustrar la gravedad de la situación, Arroyo relató ejemplos concretos del colapso en el sector. Por ejemplo, mencionó que los trabajadores en los llamados "talleres protegidos" cobran salarios miserables —en torno a los 28.000 pesos mensuales por cuatro horas de trabajo diario— y que los servicios terapéuticos son completamente inalcanzables para muchas familias, con tarifas de hasta 3.000 pesos por hora, una suma exorbitante para muchos.
En su testimonio, Arroyo también relató una experiencia personal, mencionando a su madre, de 85 años, quien padece de poliomielitis. Explicó que muchas personas mayores, como su madre, que sobrevivieron a la epidemia de polio, sufren severas limitaciones motrices y requieren acompañamiento constante. Esta anécdota sirvió para poner en evidencia la falta de atención a las necesidades de las personas con discapacidad en el país, especialmente aquellas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad. Arroyo concluyó que la ley de emergencia en discapacidad es esencial no solo para mejorar el acceso a los servicios médicos, terapéuticos y de transporte, sino también para aliviar el sufrimiento y la angustia de las familias que enfrentan esta problemática día a día.
Arroyo continuó su análisis sobre el abandono de las políticas sociales por parte del gobierno, enfocándose en cómo esto afecta directamente a los barrios más vulnerables y a las personas en situación de extrema pobreza. Según Arroyo, el gobierno dejó de implementar políticas de acompañamiento a sectores clave, como los barrios marginales, las personas en situación de calle, los que requieren medicamentos y los proyectos comunitarios. Aunque reconoció el aumento de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la expansión de la Tarjeta Alimentar como dos políticas positivas, señaló que, en términos generales, el Estado ha desatendido todas las demás áreas de asistencia social, lo que ha provocado un desajuste crítico en las comunidades más empobrecidas.
Una de las consecuencias más graves, según el diputado, es el impacto negativo sobre los "buenos" de los barrios, aquellos actores sociales que históricamente han sido los contrapesos frente al narcotráfico y la violencia. Arroyo mencionó a las escuelas, los centros de salud, las organizaciones sociales, los clubes barriales y los comedores comunitarios como ejemplos de instituciones y personas que juegan un papel crucial en la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, en la actualidad, estos actores están "en retirada". La falta de apoyo estatal ha hecho que no puedan continuar con su labor, lo que ha dejado un vacío que, según Arroyo, ha permitido que el narcotráfico avance, aunque no tanto en términos de expansión, sino en la descomposición del tejido social. El Estado, al retirarse, ha dejado a estos sectores sin recursos ni apoyo, lo que ha favorecido la proliferación de actividades ilícitas.
Arroyo también reflexionó sobre las causas de la pobreza estructural en Argentina, un fenómeno que no es reciente, pero que ha empeorado con el tiempo debido a la falta de políticas públicas efectivas. La pobreza estructural, según él, está directamente relacionada con la falta de acceso a la vivienda, con millones de personas viviendo en villas o barrios marginales en condiciones precarias, y con la alta tasa de deserción escolar, especialmente entre los jóvenes. Si a estos problemas se les suma la retirada del Estado, la situación se vuelve insostenible. El diputado señaló que, en comparación con momentos difíciles del pasado, como la crisis de 2001, lo que ocurre hoy en día es aún más grave, ya que el Estado ha abandonado casi por completo a los sectores más vulnerables.
Sin embargo, Arroyo también planteó que, si bien el Estado ha fallado en su rol de asistente y garante del bienestar social, el modelo de “menos Estado y más mercado” propuesto en algunas áreas no es la solución. Según él, si bien es cierto que el Estado tenía que reordenar ciertas políticas y no intervenir en todos los aspectos de la economía, el retirarse completamente de áreas tan sensibles como la discapacidad, la pobreza extrema, los barrios más marginales o la jubilación, es un error grave. Arroyo acusó al gobierno de adoptar un modelo absurdo, donde el mercado se asume como el único actor que puede resolver los problemas sociales, lo que a su juicio es insostenible y perjudicial para la población más vulnerable.
Además, el diputado dejó en claro su indignación frente a lo que consideró una contradicción aún mayor: mientras el Estado se retira de apoyar a los sectores más necesitados, ciertos sectores económicos, como las exportadoras de granos, obtienen ganancias exorbitantes en tiempos de crisis. Como ejemplo, citó el hecho de que en 48 horas estas empresas lograron ingresos por 1.500 millones de dólares, un contraste flagrante con la situación de precariedad que sufren millones de argentinos. Según Arroyo, este tipo de situaciones agrava aún más la desigualdad y demuestra la ineficacia y la falta de responsabilidad del gobierno en la distribución de los recursos.
El diputado profundizó sobre las decisiones políticas del gobierno, particularmente su relación con Estados Unidos, y sobre la situación interna de la oposición, especialmente el peronismo. Al abordar el auxilio que el gobierno ha buscado en el exterior, Arroyo criticó fuertemente el acuerdo con el Tesoro de Estados Unidos. Según él, mientras el gobierno de Javier Milei promueve una ideología de no intervención estatal y de "libertad de mercado", en la práctica ha recurrido a la intervención del Estado estadounidense y ha permitido un beneficio inmediato a grandes exportadoras de granos. En su opinión, esta contradicción es un ejemplo claro de la incoherencia en las políticas del gobierno, ya que, mientras se retira del apoyo a sectores sociales esenciales como la discapacidad, permite que las cerealeras obtengan enormes ganancias en un corto plazo sin una justificación real para tal alivio.
Arroyo también criticó lo que percibe como una falta de claridad en cuanto a los acuerdos con Estados Unidos. Aunque se ha anunciado un respaldo financiero por parte del Tesoro Norteamericano, el diputado señaló que aún no está claro cuándo o cómo se materializarán los 20.000 millones de dólares prometidos, lo que genera incertidumbre sobre las contrapartidas de este apoyo. En su opinión, la relación con Estados Unidos es importante, pero esta política de acercamiento absoluto y sin condiciones claras podría ser perjudicial para Argentina, al igual que las decisiones impulsivas que ha tomado el gobierno de Milei.
Respecto a la principal oposición al gobierno de Milei, Arroyo expresó que el peronismo ha logrado una importante unidad interna, evidenciada en su buen desempeño electoral del 7 de septiembre. Sin embargo, subrayó que, aunque la unidad es valiosa, no es suficiente por sí sola. Para Arroyo, la oposición debe construir nuevas ideas que respondan a un malestar social profundo. Señaló que la sociedad está realmente enojada con la política en general, lo que también incluye al peronismo, y que el resultado electoral de septiembre reflejó un mensaje claro: las personas no llegan a fin de mes y están hartas de la situación. Sin embargo, para Arroyo, el peronismo no debe limitarse a ser un simple receptor de votos debido a los fracasos del gobierno. La verdadera tarea es ofrecer propuestas innovadoras y distintas, alejadas de la repetición de viejas fórmulas. En este sentido, construir una agenda renovada es uno de los grandes desafíos para el peronismo de cara a las próximas elecciones.
Fuente: Señales
El jubilado y la jubilada no importan: Eugenio Semino y una radiografía brutal del abandono previsional en Argentina
El reconocido defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, advierte sobre el colapso del sistema previsional argentino, denuncia la discriminación sistemática a los jubilados y señala la responsabilidad histórica de toda la dirigencia política. "Hay una crisis humanitaria silenciosa", afirma. También adelanta que la semana próxima presentarán una nueva acción de inconstitucionalidad contra este segundo veto, respaldada por informes de universidades nacionales
Eugenio Semino, reconocido defensor de la Tercera Edad y portavoz de la organización Gerontovida desde 1990, es una figura de referencia en la defensa de los derechos de los jubilados en Argentina. En diálogo con Silvia Carafa para Señales, analizó por qué, luego de los vetos presidenciales que afectaron a sectores como el Hospital Garrahan y las Universidades, los jubilados también quedaron excluidos de cualquier intento de reparación o inclusión por parte del gobierno de Javier Milei.
Semino comienza señalando que el sistema político "descubre" a los jubilados solo una vez por año, para luego volver a ignorarlos. Recuerda que en agosto de 2024 se aprobó una modesta reforma de movilidad jubilatoria —un aumento del 7,2% y la actualización de un bono complementario— que fue finalmente vetada por el Poder Ejecutivo. Lo paradójico, afirma, es que muchos legisladores que habían votado a favor de la reforma luego también apoyaron el veto, lo que considera un "disparate argentino".
Ante esa situación, desde la Defensoría de la Tercera Edad, junto al constitucionalista Andrés Gil Domínguez, se iniciaron acciones judiciales por inconstitucionalidad del veto en distintas jurisdicciones del país. Los casos más avanzados se tramitan en Resistencia (Chaco), Bahía Blanca, Ciudad de Buenos Aires y Comodoro Rivadavia. Sin embargo, los tiempos de la justicia argentina son lentos y estas causas siguen en proceso.
Semino destaca que en agosto de 2025 se repitió el mismo procedimiento: se volvió a presentar el proyecto, fue sancionado y nuevamente vetado, sin que el sistema político volviera a insistir. Asegura que ahora, con todos los sectores en campaña electoral, el tema ha sido completamente dejado de lado, lo que representa una ventaja política para el oficialismo.
Anticipa además que la semana siguiente presentarán, con respaldo de informes de universidades nacionales, una nueva acción de inconstitucionalidad contra este segundo veto. Explica que estos estudios demostrarán que el argumento del Ejecutivo —según el cual pagar lo aprobado pondría en riesgo el superávit fiscal o exigiría emisión monetaria— es falso. Los análisis técnicos probarían que ni se comprometería el equilibrio fiscal ni sería necesario emitir dinero.
Por último, Semino menciona que en los primeros días de octubre se dará a conocer una nueva actualización de la "canasta del jubilado", elaborada con datos de distintas provincias. Este informe, junto con las acciones judiciales, busca poner en evidencia que la situación de las personas mayores es cada vez más grave, con condiciones de vida que considera "irresistibles". Asegura que los jubilados están literalmente muriendo de hambre y denuncia que la Argentina atraviesa una crisis humanitaria que afecta particularmente a su población envejecida.
Consultado sobre el valor actualizado de la canasta básica para una persona mayor, el Defensor señala que aún no cuentan con una cifra definitiva, ya que están a la espera de los últimos informes de algunas provincias, los cuales deberían llegar entre ese día y el lunes siguiente. No obstante, recuerda que en los primeros días de abril de 2025, la canasta del jubilado —contemplando también los gastos de vivienda— se estimaba en 1.200.000 pesos mensuales.
Aclara que esta medición se realiza con la misma metodología del INDEC, aunque este organismo no diferencia los consumos específicos de las personas mayores. Por ejemplo, no se tienen en cuenta insumos como medicamentos o alimentos especiales —hiposódicos o hipocalóricos— que son fundamentales para la salud de este grupo etario y que inciden fuertemente en su costo de vida. Esta ausencia de desagregación específica distorsiona la medición real de lo que necesitan los jubilados para vivir dignamente.
Ante la pregunta sobre las dificultades cotidianas que enfrentan los jubilados —en particular, cómo sobreviven con ingresos que en muchos casos no alcanzan ni para una canasta básica reducida—, Semino confirma que muchas personas mayores hacen una sola comida al día, y asegura que esto no es una exageración, sino una realidad literal.
Desde la Defensoría, explica, reciben entre 200 y 400 consultas diarias, donde cada caso refleja una realidad extremadamente compleja. A menudo, los jubilados se presentan porque no pueden comprar sus medicamentos, pero en el transcurso del diálogo emergen otros problemas igualmente graves: no pueden pagar las expensas, el alquiler, o incluso la pensión en residencias.
Frente a esta situación, Semino denuncia un fenómeno alarmante: muchas personas, al acercarse a la edad jubilatoria, intentan evitar jubilarse, porque saben que ello implicará una caída drástica en sus ingresos y su calidad de vida. Aun así, cuando ya no tienen otra opción y se jubilan, buscan inmediatamente otro empleo, generalmente en condiciones precarias.
En este punto, Semino aporta un dato oficial estremecedor: el 53% de los empleos generados en 2024 fueron ocupados por jubilados. Esto, advierte, refleja una dinámica perversa: los adultos mayores deben seguir trabajando con salarios bajos y sin cobertura social, lo cual además desplaza a los jóvenes que intentan ingresar al mercado formal de trabajo. Así, el problema no se limita solo a los jubilados actuales, sino que afecta estructuralmente a toda la sociedad. En palabras del defensor, esto constituye una verdadera destrucción del tejido social y laboral del país.
En otra parte de la entrevista, Semino aborda uno de los aspectos estructurales más graves del sistema previsional argentino: la drástica pérdida de ingresos que sufren los trabajadores al jubilarse. Aunque comúnmente se afirma que la jubilación representa el 60% del salario activo, Semino aclara que la realidad es aún peor: la tasa de sustitución ronda apenas el 46%. Es decir, un trabajador que se jubila recibe menos de la mitad de lo que ganaba en actividad.
Señaló que las personas aportan durante toda su vida laboral con la expectativa de tener una vejez digna, pero terminan percibiendo ingresos que no alcanzan siquiera para cubrir sus necesidades básicas.
Consultado sobre las causas de este desfasaje, Semino apunta a la vigencia de leyes sancionadas en 1993, durante la gestión de Domingo Cavallo. Se refiere específicamente a las leyes 24.241 y 24.463, que se implementaron como parte del proceso de privatización del sistema previsional y que, de forma sorprendente, siguen rigiendo más de 30 años después. Para Semino, esto constituye un anacronismo institucional que ningún gobierno se ha atrevido a revisar.
Critica también que, durante décadas, todas las administraciones sucesivas utilizaron los fondos del sistema jubilatorio para otros fines: designaron funcionarios afines, destinaron recursos a programas ajenos al sistema previsional, y vetaron leyes que favorecían a los jubilados. En su visión, hay una responsabilidad compartida por parte de todo el arco político, independientemente del signo partidario.
Como ejemplo de esta lógica perversa, Semino menciona el caso del programa Procrear, destinado a facilitar el acceso a la vivienda y financiado con fondos de la ANSES, es decir, con aportes del sistema previsional. Paradójicamente, los únicos excluidos de participar eran los jubilados y las personas mayores de 65 años, quienes habían contribuido a ese fondo durante décadas. Para Semino, esta exclusión ilustra no solo la desfinanciación, sino también la discriminación sistemática hacia los adultos mayores, y representa uno de los múltiples "disparates" institucionales que —según afirma— han marcado al sistema previsional argentino.
Además, señala también otro problema clave: las moratorias previsionales. Reconoce que fueron necesarias, sobre todo en el contexto de crisis económica post 2001. Sin embargo, denuncia que estas moratorias no fueron financiadas por el Tesoro Nacional, como correspondía, sino por los propios jubilados ya activos en el sistema, quienes debieron sostener con sus fondos el ingreso de nuevos beneficiarios.
Explica que una persona que ingresaba a la moratoria en 2005 comenzaba a cobrar su jubilación al mes siguiente, pero la deuda que debía pagar al sistema se financiaba en 60 cuotas, es decir, a cinco años. Eso generaba un desequilibrio inmediato, y el dinero que debía estar disponible para los jubilados en curso se redirigía hacia quienes recién entraban, afectando gravemente la economía del sistema.
Este desbalance provocó situaciones judiciales como el famoso caso Badaro, que afectó a más de dos millones de jubilados. Durante años, sus haberes permanecieron congelados mientras otros grupos —como quienes ingresaban por moratoria o quienes percibían la jubilación mínima— recibían aumentos. Semino enfatiza que la deuda por la moratoria debió haber sido absorbida por el Estado Nacional y no por los propios jubilados. Critica en particular al entonces titular de la ANSES y luego Ministro de Economía, Sergio Massa, quien —según relata— se opuso a que esa deuda fuera financiada por el presupuesto nacional, a pesar de las advertencias de expertos y sectores afines dentro de su propio bloque.
Consultado sobre si ha llevado estas preocupaciones al Congreso, Semino responde que sí, tanto él como otros referentes del sector han expuesto en comisiones legislativas, pero lamenta que no han sido escuchados. Aunque los legisladores suelen coincidir con los diagnósticos, luego no se toma ninguna medida concreta.
Sobre posibles iniciativas actuales para mejorar el conjunto de las jubilaciones —no solo aumentar la mínima, sino recomponer la escala completa—, el defensor afirma con claridad que no hay ningún proyecto vigente. El año legislativo termina el 10 de diciembre y, en el marco del proceso electoral, no habrá avances hasta 2026.
Finalmente, denuncia que muchos diputados que votaron en contra del aumento a los jubilados no dieron explicación alguna. Sostiene que lo hacen por especulación política, pero que en el fondo el sistema político no considera al jubilado como un sujeto prioritario. Según Semino, más allá del discurso, los hechos demuestran que las personas mayores importan poco a quienes toman decisiones.
En cuanto al impacto real, ofrece un dato contundente: entre enero de 2021 y marzo de 2024, los jubilados perdieron un 50,8% de poder adquisitivo frente a la inflación, cifra confirmada por diversas cámaras federales. A lo largo de 2024, esta pérdida se profundizó, especialmente para quienes perciben la jubilación mínima.
Eugenio Semino, reconocido defensor de la Tercera Edad y portavoz de la organización Gerontovida desde 1990, es una figura de referencia en la defensa de los derechos de los jubilados en Argentina. En diálogo con Silvia Carafa para Señales, analizó por qué, luego de los vetos presidenciales que afectaron a sectores como el Hospital Garrahan y las Universidades, los jubilados también quedaron excluidos de cualquier intento de reparación o inclusión por parte del gobierno de Javier Milei.
Semino comienza señalando que el sistema político "descubre" a los jubilados solo una vez por año, para luego volver a ignorarlos. Recuerda que en agosto de 2024 se aprobó una modesta reforma de movilidad jubilatoria —un aumento del 7,2% y la actualización de un bono complementario— que fue finalmente vetada por el Poder Ejecutivo. Lo paradójico, afirma, es que muchos legisladores que habían votado a favor de la reforma luego también apoyaron el veto, lo que considera un "disparate argentino".
Ante esa situación, desde la Defensoría de la Tercera Edad, junto al constitucionalista Andrés Gil Domínguez, se iniciaron acciones judiciales por inconstitucionalidad del veto en distintas jurisdicciones del país. Los casos más avanzados se tramitan en Resistencia (Chaco), Bahía Blanca, Ciudad de Buenos Aires y Comodoro Rivadavia. Sin embargo, los tiempos de la justicia argentina son lentos y estas causas siguen en proceso.
Semino destaca que en agosto de 2025 se repitió el mismo procedimiento: se volvió a presentar el proyecto, fue sancionado y nuevamente vetado, sin que el sistema político volviera a insistir. Asegura que ahora, con todos los sectores en campaña electoral, el tema ha sido completamente dejado de lado, lo que representa una ventaja política para el oficialismo.
Anticipa además que la semana siguiente presentarán, con respaldo de informes de universidades nacionales, una nueva acción de inconstitucionalidad contra este segundo veto. Explica que estos estudios demostrarán que el argumento del Ejecutivo —según el cual pagar lo aprobado pondría en riesgo el superávit fiscal o exigiría emisión monetaria— es falso. Los análisis técnicos probarían que ni se comprometería el equilibrio fiscal ni sería necesario emitir dinero.
Por último, Semino menciona que en los primeros días de octubre se dará a conocer una nueva actualización de la "canasta del jubilado", elaborada con datos de distintas provincias. Este informe, junto con las acciones judiciales, busca poner en evidencia que la situación de las personas mayores es cada vez más grave, con condiciones de vida que considera "irresistibles". Asegura que los jubilados están literalmente muriendo de hambre y denuncia que la Argentina atraviesa una crisis humanitaria que afecta particularmente a su población envejecida.
Consultado sobre el valor actualizado de la canasta básica para una persona mayor, el Defensor señala que aún no cuentan con una cifra definitiva, ya que están a la espera de los últimos informes de algunas provincias, los cuales deberían llegar entre ese día y el lunes siguiente. No obstante, recuerda que en los primeros días de abril de 2025, la canasta del jubilado —contemplando también los gastos de vivienda— se estimaba en 1.200.000 pesos mensuales.
Aclara que esta medición se realiza con la misma metodología del INDEC, aunque este organismo no diferencia los consumos específicos de las personas mayores. Por ejemplo, no se tienen en cuenta insumos como medicamentos o alimentos especiales —hiposódicos o hipocalóricos— que son fundamentales para la salud de este grupo etario y que inciden fuertemente en su costo de vida. Esta ausencia de desagregación específica distorsiona la medición real de lo que necesitan los jubilados para vivir dignamente.
Ante la pregunta sobre las dificultades cotidianas que enfrentan los jubilados —en particular, cómo sobreviven con ingresos que en muchos casos no alcanzan ni para una canasta básica reducida—, Semino confirma que muchas personas mayores hacen una sola comida al día, y asegura que esto no es una exageración, sino una realidad literal.
Desde la Defensoría, explica, reciben entre 200 y 400 consultas diarias, donde cada caso refleja una realidad extremadamente compleja. A menudo, los jubilados se presentan porque no pueden comprar sus medicamentos, pero en el transcurso del diálogo emergen otros problemas igualmente graves: no pueden pagar las expensas, el alquiler, o incluso la pensión en residencias.
Frente a esta situación, Semino denuncia un fenómeno alarmante: muchas personas, al acercarse a la edad jubilatoria, intentan evitar jubilarse, porque saben que ello implicará una caída drástica en sus ingresos y su calidad de vida. Aun así, cuando ya no tienen otra opción y se jubilan, buscan inmediatamente otro empleo, generalmente en condiciones precarias.
En este punto, Semino aporta un dato oficial estremecedor: el 53% de los empleos generados en 2024 fueron ocupados por jubilados. Esto, advierte, refleja una dinámica perversa: los adultos mayores deben seguir trabajando con salarios bajos y sin cobertura social, lo cual además desplaza a los jóvenes que intentan ingresar al mercado formal de trabajo. Así, el problema no se limita solo a los jubilados actuales, sino que afecta estructuralmente a toda la sociedad. En palabras del defensor, esto constituye una verdadera destrucción del tejido social y laboral del país.
En otra parte de la entrevista, Semino aborda uno de los aspectos estructurales más graves del sistema previsional argentino: la drástica pérdida de ingresos que sufren los trabajadores al jubilarse. Aunque comúnmente se afirma que la jubilación representa el 60% del salario activo, Semino aclara que la realidad es aún peor: la tasa de sustitución ronda apenas el 46%. Es decir, un trabajador que se jubila recibe menos de la mitad de lo que ganaba en actividad.
Señaló que las personas aportan durante toda su vida laboral con la expectativa de tener una vejez digna, pero terminan percibiendo ingresos que no alcanzan siquiera para cubrir sus necesidades básicas.
Consultado sobre las causas de este desfasaje, Semino apunta a la vigencia de leyes sancionadas en 1993, durante la gestión de Domingo Cavallo. Se refiere específicamente a las leyes 24.241 y 24.463, que se implementaron como parte del proceso de privatización del sistema previsional y que, de forma sorprendente, siguen rigiendo más de 30 años después. Para Semino, esto constituye un anacronismo institucional que ningún gobierno se ha atrevido a revisar.
Critica también que, durante décadas, todas las administraciones sucesivas utilizaron los fondos del sistema jubilatorio para otros fines: designaron funcionarios afines, destinaron recursos a programas ajenos al sistema previsional, y vetaron leyes que favorecían a los jubilados. En su visión, hay una responsabilidad compartida por parte de todo el arco político, independientemente del signo partidario.
Como ejemplo de esta lógica perversa, Semino menciona el caso del programa Procrear, destinado a facilitar el acceso a la vivienda y financiado con fondos de la ANSES, es decir, con aportes del sistema previsional. Paradójicamente, los únicos excluidos de participar eran los jubilados y las personas mayores de 65 años, quienes habían contribuido a ese fondo durante décadas. Para Semino, esta exclusión ilustra no solo la desfinanciación, sino también la discriminación sistemática hacia los adultos mayores, y representa uno de los múltiples "disparates" institucionales que —según afirma— han marcado al sistema previsional argentino.
Además, señala también otro problema clave: las moratorias previsionales. Reconoce que fueron necesarias, sobre todo en el contexto de crisis económica post 2001. Sin embargo, denuncia que estas moratorias no fueron financiadas por el Tesoro Nacional, como correspondía, sino por los propios jubilados ya activos en el sistema, quienes debieron sostener con sus fondos el ingreso de nuevos beneficiarios.
Explica que una persona que ingresaba a la moratoria en 2005 comenzaba a cobrar su jubilación al mes siguiente, pero la deuda que debía pagar al sistema se financiaba en 60 cuotas, es decir, a cinco años. Eso generaba un desequilibrio inmediato, y el dinero que debía estar disponible para los jubilados en curso se redirigía hacia quienes recién entraban, afectando gravemente la economía del sistema.
Este desbalance provocó situaciones judiciales como el famoso caso Badaro, que afectó a más de dos millones de jubilados. Durante años, sus haberes permanecieron congelados mientras otros grupos —como quienes ingresaban por moratoria o quienes percibían la jubilación mínima— recibían aumentos. Semino enfatiza que la deuda por la moratoria debió haber sido absorbida por el Estado Nacional y no por los propios jubilados. Critica en particular al entonces titular de la ANSES y luego Ministro de Economía, Sergio Massa, quien —según relata— se opuso a que esa deuda fuera financiada por el presupuesto nacional, a pesar de las advertencias de expertos y sectores afines dentro de su propio bloque.
Consultado sobre si ha llevado estas preocupaciones al Congreso, Semino responde que sí, tanto él como otros referentes del sector han expuesto en comisiones legislativas, pero lamenta que no han sido escuchados. Aunque los legisladores suelen coincidir con los diagnósticos, luego no se toma ninguna medida concreta.
Sobre posibles iniciativas actuales para mejorar el conjunto de las jubilaciones —no solo aumentar la mínima, sino recomponer la escala completa—, el defensor afirma con claridad que no hay ningún proyecto vigente. El año legislativo termina el 10 de diciembre y, en el marco del proceso electoral, no habrá avances hasta 2026.
Finalmente, denuncia que muchos diputados que votaron en contra del aumento a los jubilados no dieron explicación alguna. Sostiene que lo hacen por especulación política, pero que en el fondo el sistema político no considera al jubilado como un sujeto prioritario. Según Semino, más allá del discurso, los hechos demuestran que las personas mayores importan poco a quienes toman decisiones.
En cuanto al impacto real, ofrece un dato contundente: entre enero de 2021 y marzo de 2024, los jubilados perdieron un 50,8% de poder adquisitivo frente a la inflación, cifra confirmada por diversas cámaras federales. A lo largo de 2024, esta pérdida se profundizó, especialmente para quienes perciben la jubilación mínima.
viernes, 26 de septiembre de 2025
No al cierre de CineAR TV y privatización de la plataforma CineAR Play
El 20 de mayo de 2024 se firmó un convenio entre el INCAA y Radio y Televisión Argentina (RTA) S.E. para evaluar la transferencia del canal Cine.ar TV y la plataforma Cine.ar Play a RTA S.E. bajo el argumento de que excede la labor de fomento del INCAA. El documento planteaba que la transferencia se realizaría con el personal afectado, los implementos técnicos y recursos que actualmente se encuentran en la órbita del INCAA y los derechos de las películas. En marzo de este año, nos encontramos con que en el Boletín Oficial y bajo el Decreto 194 firmado por Javier Milei y Guillermo Francos se estableció la transferencia de las pantallas a la órbita de la Secretaría de Comunicación y Medios, siendo la Secretaria de Cultura la responsable de efectivizar dicho traspaso.
Por más de un año, los funcionarios del INCAA decían mes a mes que el traspaso era “inminente”. Hasta llegaron a subrayar los beneficios para los trabajadores y para el cine argentino de un futuro mega proyecto que nombraron como “la BBC argentina”. De repente, el discurso cambió y se anunció el cierre y la privatización. Todo fue improvisación, manoseo y destrucción. Sin embargo, así como el ajuste y la motosierra encuentran frenos y rechazo, este cierre no puede concretarse.
¿Qué defendemos?
El canal Cine.ar TV (originalmente INCAA TV) se inauguró a finales del 2010 y la plataforma Cine.ar Play en 2015 (con el nombre de Odeon). Junto con la creación de las salas Espacios INCAA en 2004, el canal y la plataforma significaron un avance fundamental en una política audiovisual que se amplió hacia el terreno de la exhibición. La escasez de pantallas para las películas nacionales y su diversidad estética, narrativa y temática exigió avanzar en ese sentido. Los derechos culturales de los públicos también.
Hoy, con la excusa de reducir gasto -pero sabemos que es parte del proyecto de "batalla cultural"- se pretende apagar el único canal que exhibe cine nacional las 24 horas desde Ushuaia a La Quiaca y que cuenta con más de 3000 películas y cortos para el acceso público y gratuito. Además de ser una oportunidad para que artistas audiovisuales nacionales den a conocer sus obras y para que los públicos tengan acceso a contenidos diversos, estas pantallas resguardan y difunden parte fundamental de nuestro patrimonio audiovisual.
El gobierno y los funcionarios deben rendir cuenta por el resguardo, preservación y acceso a las películas alojadas en el sistema de almacenamiento, gestión y archivo de todo el material audiovisual digitalizado en manos del INCAA (M.A.M, Media Asset Management). ¿Quién responde por las películas? Ellos son los responsables.
Insistimos en que el argumento de la supuesta eficiencia estatal por la reducción del gasto es una pésima excusa, y el ahorro del que se jactan es insignificante. Los ingresos anuales del Instituto son de 53.000 millones de pesos mientras que los gastos operativos de Cine.ar Play, Cine.ar TV y Cine.ar Estrenos representan 330.000 dólares anuales, es decir, un 0.9% del presupuesto actual. Es una medida irracional por donde se la mire. Además de detener la producción de películas en los últimos dos años, tampoco quieren que sean vistas las producidas en años anteriores.
Con Pirovano en el INCAA, lo peor continúa
El vaciamiento en el INCAA con cientos de despidos, retiros extorsivos y pases a disponibilidad han reducido al mínimo la capacidad de respuesta técnica y profesional del Organismo. Tanto es así que para el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata contratan personal tercerizado para cubrir tareas que siempre desempeñaron las y los trabajadores. Sin embargo, el Presidente del INCAA se pasea por los canales de stream y los medios de comunicación diciendo que el festival es uno de sus principales ejes de gestión, presentando la nueva edición como "el retorno al esplendor".
Sobre los puestos de los compañeros de Cine.ar, rechazamos los retiros que ofrecen como también los pases a disponibilidad. El INCAA así como está no puede prescindir de ningún trabajador o trabajadora. Exigimos un freno a la violencia institucional, a la extorsión y a los mensajes privados que le llegan a los trabajadores de parte de jefes con el objetivo de persuadir para que acepten la oferta de la gestión libertaria.
La privatización o hasta una posible subasta para Cine.ar Play no es una opción. Los números dan cuenta de que mienten cuando dicen que no hay espectadores. La plataforma tiene actualmente más de 2.6 millones de usuarios registrados. En la primera mitad de este año se sumaron más de 56.000 usuarios nuevos y se publicaron 140 producciones. La cantidad de visualizaciones superó los 309.000. Y el año pasado fueron aún más alentadores. A esto se llega incluso en las condiciones adversas en las que las y los trabajadores sostienen ambas pantallas con menos de la mitad de personas y con sobrecarga de tareas y responsabilidades técnicas.
Las pantallas no pueden apagarse
Perder estas ventanas de exhibición es un crimen en el contexto actual que atraviesa el país. Mientras las estadísticas muestran que los espectadores en sala caen un 72% en comparación con el primer semestre del 2024, contar con Cine.ar TV y Play es una de las pocas garantías de exhibición del cine nacional de carácter público y accesible. Asegurar el acceso a la producción es parte de lo que establece la Ley de Cine y es responsabilidad de los funcionarios públicos que ocupan la dirección del INCAA.
¡No al cierre de Cine.ar TV!
¡No a la venta de Cine.ar Play!
¡Unamos fuerzas en defensa del cine y lxs trabajadores!
¡Milei y Pirovano se tienen que ir!
Por más de un año, los funcionarios del INCAA decían mes a mes que el traspaso era “inminente”. Hasta llegaron a subrayar los beneficios para los trabajadores y para el cine argentino de un futuro mega proyecto que nombraron como “la BBC argentina”. De repente, el discurso cambió y se anunció el cierre y la privatización. Todo fue improvisación, manoseo y destrucción. Sin embargo, así como el ajuste y la motosierra encuentran frenos y rechazo, este cierre no puede concretarse.
¿Qué defendemos?
El canal Cine.ar TV (originalmente INCAA TV) se inauguró a finales del 2010 y la plataforma Cine.ar Play en 2015 (con el nombre de Odeon). Junto con la creación de las salas Espacios INCAA en 2004, el canal y la plataforma significaron un avance fundamental en una política audiovisual que se amplió hacia el terreno de la exhibición. La escasez de pantallas para las películas nacionales y su diversidad estética, narrativa y temática exigió avanzar en ese sentido. Los derechos culturales de los públicos también.
Hoy, con la excusa de reducir gasto -pero sabemos que es parte del proyecto de "batalla cultural"- se pretende apagar el único canal que exhibe cine nacional las 24 horas desde Ushuaia a La Quiaca y que cuenta con más de 3000 películas y cortos para el acceso público y gratuito. Además de ser una oportunidad para que artistas audiovisuales nacionales den a conocer sus obras y para que los públicos tengan acceso a contenidos diversos, estas pantallas resguardan y difunden parte fundamental de nuestro patrimonio audiovisual.
El gobierno y los funcionarios deben rendir cuenta por el resguardo, preservación y acceso a las películas alojadas en el sistema de almacenamiento, gestión y archivo de todo el material audiovisual digitalizado en manos del INCAA (M.A.M, Media Asset Management). ¿Quién responde por las películas? Ellos son los responsables.
Insistimos en que el argumento de la supuesta eficiencia estatal por la reducción del gasto es una pésima excusa, y el ahorro del que se jactan es insignificante. Los ingresos anuales del Instituto son de 53.000 millones de pesos mientras que los gastos operativos de Cine.ar Play, Cine.ar TV y Cine.ar Estrenos representan 330.000 dólares anuales, es decir, un 0.9% del presupuesto actual. Es una medida irracional por donde se la mire. Además de detener la producción de películas en los últimos dos años, tampoco quieren que sean vistas las producidas en años anteriores.
Con Pirovano en el INCAA, lo peor continúa
El vaciamiento en el INCAA con cientos de despidos, retiros extorsivos y pases a disponibilidad han reducido al mínimo la capacidad de respuesta técnica y profesional del Organismo. Tanto es así que para el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata contratan personal tercerizado para cubrir tareas que siempre desempeñaron las y los trabajadores. Sin embargo, el Presidente del INCAA se pasea por los canales de stream y los medios de comunicación diciendo que el festival es uno de sus principales ejes de gestión, presentando la nueva edición como "el retorno al esplendor".
Sobre los puestos de los compañeros de Cine.ar, rechazamos los retiros que ofrecen como también los pases a disponibilidad. El INCAA así como está no puede prescindir de ningún trabajador o trabajadora. Exigimos un freno a la violencia institucional, a la extorsión y a los mensajes privados que le llegan a los trabajadores de parte de jefes con el objetivo de persuadir para que acepten la oferta de la gestión libertaria.
La privatización o hasta una posible subasta para Cine.ar Play no es una opción. Los números dan cuenta de que mienten cuando dicen que no hay espectadores. La plataforma tiene actualmente más de 2.6 millones de usuarios registrados. En la primera mitad de este año se sumaron más de 56.000 usuarios nuevos y se publicaron 140 producciones. La cantidad de visualizaciones superó los 309.000. Y el año pasado fueron aún más alentadores. A esto se llega incluso en las condiciones adversas en las que las y los trabajadores sostienen ambas pantallas con menos de la mitad de personas y con sobrecarga de tareas y responsabilidades técnicas.
Las pantallas no pueden apagarse
Perder estas ventanas de exhibición es un crimen en el contexto actual que atraviesa el país. Mientras las estadísticas muestran que los espectadores en sala caen un 72% en comparación con el primer semestre del 2024, contar con Cine.ar TV y Play es una de las pocas garantías de exhibición del cine nacional de carácter público y accesible. Asegurar el acceso a la producción es parte de lo que establece la Ley de Cine y es responsabilidad de los funcionarios públicos que ocupan la dirección del INCAA.
¡No al cierre de Cine.ar TV!
¡No a la venta de Cine.ar Play!
¡Unamos fuerzas en defensa del cine y lxs trabajadores!
¡Milei y Pirovano se tienen que ir!
Comunicado ATE INCAA
jueves, 25 de septiembre de 2025
Buscando Trabajo cumple 37 Años: Un viaje de oportunidades y compromiso comunitario

El 25 de septiembre de 1988, un proyecto sencillo pero ambicioso comenzó su travesía bajo el nombre de 'Buscando Trabajo'. Lo que en sus primeros momentos fue solo una idea compartida por unos pocos, con el tiempo se transformó en un faro de esperanza y conexión para miles de personas en busca de empleo. Todo comenzó en una de las reuniones semanales de la Escuela Pablo Pizzurno, cuando nacía Aire Libre. Durante uno de esos encuentros, se propuso la idea de crear un programa matutino para los domingos. En ese entonces, la emisora solo transmitía los viernes por la tarde y los domingos por la tarde. Aunque se pensó que el programa no recibiría demasiada atención, fue aprobado y, así, el 25 de septiembre de 1988, 'Buscando Trabajo' comenzó a tomar forma.
El concepto para ese primer domingo por la mañana era simple: leer y comentar los titulares de los diarios e incluir información barrial. El año 1988 estaba marcado por una grave crisis social y económica, con inflación, desempleo, inestabilidad política y la creciente amenaza de golpes militares. El programa comenzó a las 8:50, con una señal de ajuste, un pequeño transmisor más pequeño que una caja de zapatos, un grabador y un Winkofon. El cassette que se usaba en la propaladora de la Vecinal Villa Nueva contenía temas populares y variados. La primera canción fue de Ramona Galarza; a las 9:00, el cassette fue cambiado, y comenzó a sonar Para la gente del barrio de Lalo de los Santos, el tema que daría nombre al programa.
A las 9:30, el espacio dio su primer giro importante con el emblemático tema 'Buscando Trabajo' de Rubén Blades, acompañado de la lectura de avisos clasificados de empleo. Estos avisos se publicaban mayormente en ese tiempo en el diario Clarín y, en menor medida, en La Capital. Así empezó todo: un micro que, en ocasiones, se convirtió en un programa de varias horas de transmisión en vivo. Hoy, más de tres décadas después, 'Buscando Trabajo' sigue siendo un pilar en las mañanas de los domingos en Aire Libre Radio Comunitaria.
Este programa se gestaba en una pequeña sala de biblioteca del antiguo edificio de la Escuela Pablo Pizzurno, en la esquina de Felipe Moré y La Paz. Con la ventana abierta, vecinos y vecinas llegaban con papelitos con sus pedidos de trabajo o a anotarse los clasificados que no habían logrado escuchar bien. También había quienes llegaban a solicitar empleo, ya que habían muy pocas radios con FM, y alguien les había comentado que vayan a la escuela: ¡Te dan trabajo!, algo muy alejado de la realidad.
37 años de 'Buscando Trabajo': Un viaje en el tiempo
Lo que comenzó como un puente entre quienes buscaban empleo y quienes ofrecían, hoy es un espacio de asesoramiento, apoyo y comunidad para miles de personas que confían en el programa cada domingo. A lo largo de estos 37 años, 'Buscando Trabajo' no solo ha sido un medio para divulgar ofertas laborales, sino que ha acompañado a los oyentes en todo el proceso de búsqueda de empleo. Desde las primeras inquietudes hasta la contratación final, el programa se ha convertido en una fuente integral de apoyo.
Además de los avisos, se ofrecen recomendaciones clave y herramientas prácticas para mejorar la búsqueda de trabajo. También se apoya a los oyentes en las diversas etapas del proceso, desde la incertidumbre inicial hasta la confianza en las entrevistas laborales.
La lucha contra el fraude laboral
La interacción con los oyentes ha permitido identificar y señalar fraudes laborales, ofertas engañosas o aquellas que esconden un propósito distinto al prometido en el aviso. Con el tiempo, se lanzaron alertas sobre algunos inescrupulosos que se aprovechaban del sufrimiento y las necesidades de una población vulnerable.
El programa también ha ayudado a las personas a definir su perfil ocupacional, brindando orientación sobre cómo construir un currículum vitae efectivo y enseñando a destacar las habilidades y logros más relevantes. En la era digital, se exploran nuevas formas de presentación profesional, como el video CV y LinkedIn, mostrando cómo estas herramientas pueden marcar la diferencia en la búsqueda de empleo.
Se informa sobre los mejores medios digitales para la búsqueda de trabajo, desde portales especializados hasta otros servicios de intermediación laboral, asegurando que los oyentes estén al tanto de las plataformas más efectivas y actualizadas para encontrar empleo.
Un giro en los momentos de crisis: La respuesta a 2001
Uno de los mayores desafíos para 'Buscando Trabajo' fue la crisis económica de 2001. En un momento en que la oferta laboral escaseaba y las necesidades sociales aumentaban, el programa no solo mantuvo su relevancia, sino que se adaptó a las nuevas circunstancias. Ante la escasez de propuestas laborales, el enfoque del programa cambió. Se comenzó a promover el trueque y la solidaridad comunitaria. Las ferias de trueque, el espacio Quiero y Tengo y los mensajes de apoyo mutuo se convirtieron en ejes centrales de la programación. De esta forma, el programa se adaptó a los tiempos difíciles, conectando a las personas no solo en su búsqueda de empleo, sino también en sus necesidades más urgentes.
Un camino de esperanza y logros
Hoy, después de más de 1.900 programas, 5.700 horas de radio compartidas y más de 200 mil avisos leídos, no solo se observa la evolución del programa, sino también las historias de superación de quienes han utilizado las herramientas ofrecidas para mejorar sus vidas laborales. Cada domingo, 'Buscando Trabajo' sigue siendo un espacio de esperanza y apoyo, ayudando a muchas personas a encontrar su camino y, lo más importante, a sentirse acompañadas en cada paso.
Y al finalizar, siempre se escucha la frase que los identifica en cada despedida: "Hasta acá llegamos, Ojalá no nos escuchen más, porque eso significaría que consiguieron trabajo, o que han vuelto a escucharnos porque buscan algo mejor".
'Buscando Trabajo', domingos, de 9 a 11, por Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3 Mhz. Amigos, amigas, amigues: ¡bienvenidos a un nuevo año de 'Buscando Trabajo'! ¡Atípico, como siempre!
Televisión Litoral va por Telefe: busca quedarse con los canales de Paramount en Argentina
En una nueva edición de Un Café con…, Iñigo Biain, director y fundador de InfoNegocios, conversó con Adrián Gallo, gerente general del Grupo Televisión Litoral, sobre la llegada del grupo a Córdoba a través de LV2, FM Vida y una ambiciosa estrategia para consolidar un multimedio federal con fuerte impronta local
Televisión Litoral nació en Rosario hace seis décadas y actualmente integra medios como Canal 3, Radio 2, FM Vida, Frecuencia Plus, Rosario3 y sus respectivas plataformas digitales. Bajo la presidencia de Gustavo Scaglione, el grupo inició en los últimos años una expansión hacia otras provincias, adquiriendo operaciones en Bariloche, Tucumán, Salta, Bahía Blanca y ahora, Córdoba.
"Venimos con una propuesta fuerte", dice Gallo. "LV2 y FM Vida ya están funcionando con contenido local, un equipo potente y una productora de televisión. La identidad local es clave para nosotros".
Córdoba, una plaza estratégica
Gallo conoce bien la ciudad: fue director comercial del grupo durante años y visitó Córdoba regularmente. "Es una de las ciudades más importantes del país. Tenemos grandes expectativas. Ya armamos una programación muy competitiva, con figuras locales y una propuesta que se adapta al público cordobés".
FM Vida replica el formato de Rosario, pero con locución local, sitio web propio y fuerte presencia digital. LV2, por su parte, vuelve al ruedo con una grilla renovada y un equipo de producción que apuesta a recuperar relevancia en la radiofonía local.
Un multimedio federal con sinergia
Televisión Litoral gestiona hoy 20 medios en el interior: cinco canales, siete radios y ocho sitios web. El objetivo es construir una red articulada, con contenidos propios y sinergia entre plazas. "Lo logramos primero en Rosario, donde los medios del grupo no interactuaban demasiado. Hoy todos trabajan juntos y lideramos las audiencias. Ahora buscamos replicar eso en el resto del país", explica.
Contenido local como diferencial
Consultado sobre el equilibrio entre generar contenido y vender medios, Gallo es claro: "Si no tenés contenidos con audiencia, no podés venderlos. Apostamos a contenido de calidad y, sobre todo, contenido local. Las películas están en Netflix, el deporte en canales específicos, pero la información local solo puede darla un medio local. Ahí está nuestro diferencial".
La televisión sigue siendo el "tanque"
Pese al avance del streaming, para Gallo la televisión sigue siendo el gran concentrador de audiencias: "Nuestro noticiero de mediodía en Rosario, De 12 a 14, hace 18 puntos de rating. Esos números no los tiene ningún streaming. La TV abierta todavía es el tanque".
Las radios también resisten. Según Gallo, no han registrado caídas de audiencia significativas: "Puede haber cierta meseta, pero no hay declive. Seguimos con muy buenos niveles de audiencia".
Streaming: parte del ecosistema, pero con cautela
Si bien todos los medios del grupo tienen sus propios streamings, Gallo se muestra prudente: "Muchos streamings están inflados por bots. Hay que tener cuidado con eso. Apostamos a nuestros propios medios y sus plataformas digitales, donde sí hay audiencia real".
En Rosario, FM Vida lidera ampliamente también en streaming: "Quintuplica al segundo. Hacemos buen contenido, y eso se refleja también online".
Las mediciones, el otro desafío
Respecto a la medición de audiencias, reconoce que Ibope (Kantar) sigue siendo la única referencia válida, aunque no está presente en todas las plazas del interior. En Córdoba, analiza incorporarse a la próxima edición: "Vamos a ver cómo estamos en ese momento. La idea es estar entre los primeros. Si no es ahora, será en la próxima medición".
En cuanto al streaming, Ibope trabaja en una nueva metodología para medirlo con mayor precisión, en un entorno donde los datos pueden estar distorsionados por usuarios artificiales.
¿Van por Telefe?
En un pasaje interesante, Gallo confirmó que el grupo participa del proceso de venta de los canales de Telefe que Paramount puso en revisión. "Mi jefe, Gustavo Scaglione, siempre va por más. Está en tratativas por Telefe Buenos Aires y los tres canales del interior: Telefe Córdoba (Canal 8), Telefe Santa Fe (Canal 13) y Telefe Rosario (Canal 5). La decisión está cerca.".
Con presencia en Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Salta y Neuquén, El Gupo Televisión Litoral se posiciona como el multimedio más importante del interior del país. Y su ambición no se detiene: "Si se concreta lo de Telefe, se viene un desafío aún mayor".
Adrián Gallo lidera una estrategia que combina expansión territorial, apuesta por el contenido local y adaptación tecnológica. Con LV2 y FM Vida en funcionamiento, Córdoba es hoy el nuevo campo de juego para un grupo que busca seguir creciendo sin perder su esencia: medios locales, con identidad propia y vocación federal.
Ver también: Se concretó la venta del 55% de Televisión Litoral, Televisión Litoral, a punto de cambiar de manos, LT 15 Radio del Litoral: sin luz, sin rumbo y cada vez con menos onda, Entre Ríos: Gustavo Scaglione suma otra radio I, Santa Fe: Gustavo Scaglione suma otra radio, Entre Ríos: Gustavo Scaglione suma otra radio II, Gustavo Scaglione suma más radios en Santa Fe y Entre Ríos, Carta abierta de las y los trabajadores de LT15 a la población, Los salvadores que quieren quedarse con El Diario, Denuncia contra una mutual salpica a Tinelli, Scaglione y Trini, "El Diario", en la mira de Gustavo Scaglione, Gustavo Scaglione es el nuevo dueño de El Diario de Paraná, La justicia autorizó a Gustavo Scaglione a comprar las acciones de El Diario Gustavo Scaglione pagaría más de $420 millones por El Diario, según valuación judicial, Gustavo Scaglione pone fecha al desembarco en Córdoba y amplía su imperio con la histórica LV2, Televisión Litoral busca expandirse desde el interior hacia la capital, Paramount se desprendió de Canal 9 Bahía Blanca, Alberto Fernández adjudicó LV2 a Gustavo Santiago Scaglione, El Ocho de Tucumán se suma al Grupo Televisión Litoral, Televisión Litoral le compró a Clarín el principal multimedios de Río Negro, Gustavo Scaglione adquiere la productora de contenidos Ideas HD, Gustavo Scaglione confirma que es accionista del Grupo América, Telefe en venta: Paramount acelera su salida del país, Gustavo Scaglione consolida su multimedios en Córdoba bajo la marca Núcleo Media, Paramount activa despidos y pone en venta Telefe en medio de una fuerte reestructuración, Televisión Litoral va por Telefe: busca quedarse con los canales de Paramount en Argentina
miércoles, 24 de septiembre de 2025
Jimmy Kimmel regresa con un emotivo monólogo sobre libertad de expresión tras la polémica con Trump
El humorista Jimmy Kimmel volvió este martes a su programa nocturno Jimmy Kimmel Live! con un apasionado y emotivo monólogo que subrayó la importancia de la libertad de expresión y criticó duramente los intentos de censura impulsados por el gobierno estadounidense.
El regreso del show se produjo después de varios días de suspensión, provocada por la presión gubernamental hacia las cadenas que transmiten el programa. El mandatario estadounidense, Donald Trump, reaccionó en sus redes sociales con amenazas hacia la televisora ABC, escribiendo: "Pienso que vamos a poner a prueba a ABC por esto. Vamos a ver cómo lo hacemos. La última vez tuvieron que pagarme 16 millones de dólares". Esta referencia alude al acuerdo extrajudicial que ABC tuvo que pagar a Trump para resolver una demanda por difamación tras la elección presidencial del año pasado.
Con una masiva ovación, Kimmel reapareció en la pantalla con un mensaje contundente: "No podemos permitir que nuestro gobierno controle lo que decimos y lo que no decimos en televisión".
El humorista comenzó agradeciendo a quienes siguieron apoyando el programa y "se preocuparon lo suficiente como para hacer algo al respecto, para que sus voces se escucharan". Añadió: "Nunca lo olvidaré. Quiero agradecer a quienes no apoyan mi programa ni mis creencias, pero apoyan mi derecho a compartirlas de todos modos".
Reconoció haber escuchado muchas opiniones sobre cómo debía conducir el programa, pero aseguró que no espera cambiar la opinión de nadie: "Si les gusto, les gusto; si no, no les gusto. No me hago ilusiones de cambiar la opinión de nadie, pero quiero dejar algo claro, porque es importante para mí como ser humano, y es que entiendan que nunca fue mi intención restarle importancia al asesinato de un joven", indicó mientras se emocionaba y rompía a llorar.
Kimmel continuó: "Entiendo que para algunos fue inoportuno o poco claro, o tal vez ambas cosas, y para quienes creen que señalé a alguien, entiendo por qué están molestos. Si la situación fuera al revés, es muy probable que me hubiera sentido igual".
Durante su monólogo, el comediante atacó al presidente Trump por desear la cancelación del programa y criticar la libertad de expresión: "Nuestro líder celebra que los estadounidenses pierdan sus medios de vida porque no aguanta las bromas". Además, denunció que el gobierno busca controlar las noticias que considera "correctas", algo que calificó como una amenaza directa contra la prensa libre: "Sé que no es tan interesante como silenciar a un comediante, pero es fundamental tener una prensa libre, y es una locura que no le estemos prestando más atención".
Kimmel también hizo un llamado a la empatía y el perdón, citando el ejemplo de Erika Kirk, viuda del activista conservador Charlie Kirk, quien perdonó públicamente al asesino de su marido. "Lo perdonó. Es un ejemplo que debemos seguir si creen en las enseñanzas de Jesús, como yo. Ahí fue. Un acto desinteresado de gracia y perdón de una viuda afligida", concluyó.
La polémica se desató luego de que Kimmel hiciera un comentario crítico hacia el movimiento MAGA (Make America Great Again) tras el asesinato de Charlie Kirk en un ataque a bala en un campus universitario. Kimmel insinuó que algunos sectores del movimiento intentaban explotar políticamente la tragedia, lo que provocó indignación entre conservadores y llevó a la suspensión temporal del programa.
Cabe destacar que el show no será transmitido en todo el país, ya que dos grandes compañías propietarias de múltiples canales afiliados a ABC, Sinclair y Nexstar, anunciaron que continuarán boicoteando el espacio. Por ejemplo, en la capital estadounidense el programa fue sustituido por una reposición de noticias, dejando a muchos espectadores sin la posibilidad de ver el monólogo en vivo.
Jimmy Kimmel es una figura consolidada en la televisión estadounidense, con cuatro presentaciones en los premios Oscar y tres premios Emmy. Sin embargo, pocas veces su monólogo generó tanta expectación como en esta ocasión, en la que regresó tras ocho noches de suspensión con un discurso que superó los 20 minutos habituales.
El monólogo arrancó con la frase: "Como estaba diciendo antes de que me interrumpieran..." y se extendió en una defensa apasionada de la libertad de expresión, la crítica a la Administración Trump y un reconocimiento a quienes defendieron su derecho a expresarse, incluso desde posiciones políticas opuestas. Entre esos defensores, mencionó nombres como Ben Shapiro, Mitch McConnell, Rand Paul y Ted Cruz, quienes mostraron apoyo público en medio de la polémica.
Por su parte, Trump no dejó pasar la oportunidad para lanzar críticas desde su red social, afirmando que Kimmel "hace un programa que no es gracioso y pone en peligro a la cadena" y amenazó con nuevas medidas contra ABC. Este enfrentamiento marcó un nuevo capítulo en la ya tensa relación entre el presidente y los medios de comunicación críticos con su gestión.
El debate sobre la libertad de expresión en Estados Unidos se reaviva con este episodio, que refleja las tensiones entre el gobierno, los medios y la sociedad civil. Kimmel, con lágrimas y firmeza, dejó claro que "si no tenemos libertad de expresión, simplemente no tenemos un país libre".
Mientras Trump amenaza a ABC, Jimmy Kimmel vuelve con un récord histórico
Donald Trump no tardó ni un día en postear en Truth Social, acusando a ABC de haberle dicho que el programa de Kimmel había sido cancelado y calificando a la cadena como "ABC Fake News": "No puedo creer que ABC Fake News le haya devuelto su trabajo a Jimmy Kimmel. ¡La Casa Blanca fue informada por ABC de que su programa había sido cancelado! Algo pasó entre entonces y ahora porque su audiencia desapareció, y su “talento” nunca estuvo ahí. ¿Por qué querrían de vuelta a alguien que lo hace tan mal, que no es gracioso y que pone en peligro a la cadena al emitir un 99% de basura positiva para los demócratas? Es solo otro brazo del Comité Nacional Demócrata y, hasta donde yo sé, eso sería una gran Contribución Ilegal de Campaña. Creo que vamos a poner a prueba a ABC con esto. Veamos cómo nos va. La última vez que fui contra ellos, me dieron 16 millones de dólares. Este parece aún más lucrativo. ¡Un verdadero grupo de perdedores! Que Jimmy Kimmel se pudra con su mala audiencia", escribió.
Lo concreto es que Jimmy Kimmel volvió a su programa y lo abrió con un monólogo lleno de humor y sinceridad. La cadena ABC informó que el programa alcanzó 6,26 millones de espectadores, un récord de la última década para su late-night.
Ver también: El caso Jimmy Kimmel y la amenaza a la libertad de expresión en Estados Unidos
Foto: Randy Holmes AP
Fuentes: Agence France-Presse, The Associated Press, Agencia EFE
martes, 23 de septiembre de 2025
Periodismo en emergencia: luchas por la dignificación salarial y la sostenibilidad del sector
La crisis salarial y las condiciones laborales precarias ponen en jaque a los trabajadores de prensa en todo el país, que exigen una urgente recomposición para garantizar un periodismo digno y sostenible
El Plenario de sindicatos adheridos a la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPren) resolvió convocar a una jornada nacional de lucha para el próximo miércoles 24 de septiembre, en el marco de las negociaciones salariales 2025. La medida incluirá asambleas, movilizaciones, radio abierta y ruidazos, entre otras acciones de protesta, para exigir un urgente incremento salarial.
La convocatoria responde a la falta de respuestas por parte de la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina (ADIRA) ante los reclamos de FATPren, que exige una actualización de los básicos de convenio y los adicionales por antigüedad y zonas desfavorables, como la Patagonia.
Más de un mes y medio después del inicio de las negociaciones, la cámara empresaria no ha presentado ninguna propuesta concreta. Actualmente, el salario básico de un redactor se sitúa en 670.000 pesos, mientras que el costo de la canasta básica total para una familia supera los 1.100.000 pesos, lo que refleja una profunda crisis económica para los trabajadores del sector.
Hoy los salarios están muy por debajo de las necesidades básicas y, en muchos casos, se ubican debajo de la línea de pobreza. Por ello, FATPren hace un llamado a todos los trabajadores de prensa del país a sumarse activamente a la jornada de protesta y concientización.
En diversos puntos del país se organizarán asambleas abiertas para visibilizar la difícil situación que atraviesa la prensa, acompañadas de movilizaciones y acciones en los medios de comunicación. La federación denunció la “actitud egoísta” de los empresarios, que se resisten a realizar los ajustes salariales necesarios para recuperar el poder adquisitivo.
La jornada de protesta comenzará a las 10 horas del miércoles 24 de septiembre, con mateadas y reuniones en redacciones y lugares de trabajo. Desde FATPren destacan la necesidad urgente de una recomposición salarial que garantice cubrir las necesidades básicas y que se respete el Convenio Colectivo de Trabajo 541/08, fundamental para dignificar la profesión periodística y asegurar su rol clave en la sociedad.
Constitución de Santa Fe: Una reforma insuficiente para la libertad de expresión y el derecho a la información
El Sindicato de Prensa Rosario manifiesta su disconformidad con la redacción final de los artículos 16 y 17 de la nueva Constitución provincial, que abordan aspectos clave vinculados a la libertad de expresión y al derecho a la información. El texto aprobado retoma apenas algunos puntos —y de forma parcial— de la propuesta integral, plural y abarcadora que diversas organizaciones sindicales, académicas y medios comunitarios presentaron ante la Comisión de Declaración, Derechos y Garantías.
Los artículos mencionados reemplazan al anterior artículo 11. En el actual artículo 16 se reconoce la libertad de pensamiento y de expresión sin censura previa, pero se introduce un condicionamiento preocupante al supeditar las responsabilidades ulteriores a un concepto amplio, genérico e indefinido como el “interés general”. Esta ambigüedad puede dar lugar a regulaciones que atenten contra la libertad de expresión.
Además, el texto omite condenar explícitamente la violencia discursiva, los discursos de odio, la discriminación y la difusión de información falsa. En cuanto a la actividad periodística, se la protege apelando a una "ética" mencionada de forma vaga. Recordamos que, desde 2007, lxs trabajadorxs de prensa contamos con una Declaración de Principios sobre Ética Periodística, elaborada colectivamente y plenamente vigente.
Si bien se valora la incorporación del secreto profesional y del derecho de acceso a la información pública, esta última queda incompleta: debería haberse establecido que dicho acceso debe ser gratuito y sin restricciones arbitrarias.
Otra omisión grave es la falta de reconocimiento de la responsabilidad del Estado provincial en el sostenimiento de los medios públicos, así como del fomento de medios privados sin fines de lucro. Tampoco se incluyó ninguna disposición sobre la necesidad de una distribución transparente y equitativa de la pauta oficial, un reclamo histórico y legítimo del sector.
Para garantizar el ejercicio pleno de la libertad de expresión —en su dimensión individual y colectiva— y el derecho a la información, se necesitan políticas públicas activas. Sin embargo, el texto aprobado dejó de lado aspectos fundamentales como la prohibición de monopolios y oligopolios mediáticos, tanto públicos como privados, y cualquier forma de concentración en la propiedad de los medios. También se ignoró el principio de que el Estado provincial debe garantizar el derecho a la conectividad en todo su territorio.
En definitiva, la reforma constitucional no estuvo a la altura de las demandas de una democracia moderna y plural. Se perdió una oportunidad histórica de consagrar principios robustos en defensa de la libertad de expresión y del derecho a la información, optando en cambio por formulaciones incompletas, desequilibradas y alejadas de los estándares internacionales de derechos humanos y de las propuestas surgidas desde amplios sectores de la sociedad santafesina.
Además, el texto omite condenar explícitamente la violencia discursiva, los discursos de odio, la discriminación y la difusión de información falsa. En cuanto a la actividad periodística, se la protege apelando a una "ética" mencionada de forma vaga. Recordamos que, desde 2007, lxs trabajadorxs de prensa contamos con una Declaración de Principios sobre Ética Periodística, elaborada colectivamente y plenamente vigente.
Si bien se valora la incorporación del secreto profesional y del derecho de acceso a la información pública, esta última queda incompleta: debería haberse establecido que dicho acceso debe ser gratuito y sin restricciones arbitrarias.
Otra omisión grave es la falta de reconocimiento de la responsabilidad del Estado provincial en el sostenimiento de los medios públicos, así como del fomento de medios privados sin fines de lucro. Tampoco se incluyó ninguna disposición sobre la necesidad de una distribución transparente y equitativa de la pauta oficial, un reclamo histórico y legítimo del sector.
Para garantizar el ejercicio pleno de la libertad de expresión —en su dimensión individual y colectiva— y el derecho a la información, se necesitan políticas públicas activas. Sin embargo, el texto aprobado dejó de lado aspectos fundamentales como la prohibición de monopolios y oligopolios mediáticos, tanto públicos como privados, y cualquier forma de concentración en la propiedad de los medios. También se ignoró el principio de que el Estado provincial debe garantizar el derecho a la conectividad en todo su territorio.
En definitiva, la reforma constitucional no estuvo a la altura de las demandas de una democracia moderna y plural. Se perdió una oportunidad histórica de consagrar principios robustos en defensa de la libertad de expresión y del derecho a la información, optando en cambio por formulaciones incompletas, desequilibradas y alejadas de los estándares internacionales de derechos humanos y de las propuestas surgidas desde amplios sectores de la sociedad santafesina.
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