Amigo Lector
¡Solicitamos su Ayuda!
Desde el 1° de Abril los diarios de la provincia de Corrientes Época y El Litoral.
salen a la venta a $8 cada ejemplar de lunes a sábados y los domingos a $10.
A partir de dicha fecha ambos diarios han decidido de manera unilateral y arbitraria, Reducir nuestro salario en mas del 10%, sacándonos 0,50 ctvs por cada ejemplar vendido.
Ello provoca un daño letal a nuestros "empobrecidos ingresos".
Violando las normas vigentes y sus reglamentaciones. Así como también los usos y costumbres establecidos desde agosto de 1989 mes y año en que se reconquisto el salario digno de los "trabajadores canillitas" estableciéndose el 50% del precio de tapa
para ambas partes-editorial y trabajador-.
Por tanto Amigos Lectores, a partir del 1° de abril del 2013, los trabajadores canillitas de Corrientes, no venderemos estos diarios (Época y El Litoral) hasta tanto reconsideren el error en el que han caído.
Solicitamos su Comprensión, Colaboración y Solidaridad.
Su canillita amigo
Sindicato De Canillitas Corrientes
domingo, 31 de marzo de 2013
viernes, 29 de marzo de 2013
Censura indirecta: El caso Adrián Murano contado en primera persona
Estimados colegas. Los molesto para ponerlos en conocimiento de una situación judicial personal que, creo, puede resultar una seria amenaza para todo el colectivo de trabajadores de prensa. Resumo los hechos:
En 2002 escribí un artículo para la Revista La Primera donde se consignaba un listado de personajes acusados de evasión fiscal por la AFIP. Entre los mencionados por el ente estaba la firma Estevanez Producciones S.A., propiedad del productor televisivo Enrique Estevanez. Lejos de ser una primicia, la misma nómina fue difundida por la agencia Télam y Clarín Digital, entre otros.
Tiempo después de la publicación, Estevanez le ganó su pleito a la AFIP y resultó sobreseído. Entonces decidió demandar a la publicación y a mí, como redactor de la nota, por daños y perjuicios. El caso tuvo fallo el año pasado y condenó a Grupo H S.A. –propietaria de la revista- y a mí al pago de 50 mil pesos (ajustables) más costas. Hasta aquí, lo ocurrido.
Pero más allá de la angustia y el trastorno que esta situación me produjo durante los últimos diez años, el fallo de la jueza subrogante Nora C. González de Rossello contiene afirmaciones, interpretaciones y omisiones que, considero, sientan un precedente peligroso para el libre ejercicio de nuestra profesión.
En principio, la sentencia reconoce que el artículo contiene interés público al referirse a la presunta comisión del delito de evasión fiscal. El fallo reconoce, además, que el texto se basa en una fuente pública y fidedigna (la AFIP). Un dato adicional, que el fallo omite: al momento de publicarse el texto, era imposible conocer la situación del “caso Estevanez”, sencillamente, porque el productor resultó sobreseído bastante tiempo después de la publicación.
¿Cómo explica la magistrada, entonces, su fallo condenatorio?
Por cuestiones de forma vinculadas a la “venta” del artículo (títulos, volanta, copete) y a la ausencia de suficientes verbos condicionales en el cuerpo de nota.
Expresamente, la jueza considera que haber titulado “La lista de los evasores. La nómina de las empresas y los argentinos que no pagan sus impuestos. La evasión fiscal con nombre y apellido” implicó un “exceso informativo” que da por sentado comportamientos que aún se encontraban en etapa de acusación por parte de la AFIP. La afirmación, claro está, es atendible. El fallo, sin embargo, reconoce que estos “excesos” son responsabilidad del editor –autor de la “venta”- y no del redactor del artículo –o sea, yo-, y procede a condenar a la revista.
Pero unos párrafos más adelante, con un curioso giro interpretativo, la magistrada evaluó que en la cabeza del texto incurrí en aseveraciones que justificarían la sanción sobre mí.
Dice el fallo: “De ello se desprende que, ciertamente con menor entidad difamatoria que los títulos y los copetes (en negrita en el fallo), la nota redactada por el periodista demandado en su introducción también contenía calificativos y afirmaciones que no guardaban concordancia con su fuente”, y luego reprocha que “no (se) utilizó el tiempo de verbo potencial, amén de que ello también permite inferir una evidente despreocupación por la inexactitud de la información”.
En este punto confieso que no debí referir a “la lista de la vergüenza” en el comienzo de la nota y que quizá debí esparcir algunos potenciales. Aunque en el caso específico de Estevanez –el demandante- escribí: “En esta nómina Estevanez Producciones S.A. ostenta una denuncia por ‘evasión tributaria agravada’, con un monto evadido que se estima por encima del millón de pesos. La causa se encuentra radicada en el Juzgado Federal Nº1 de San Isidro”. Es decir, en el caso del productor televisivo –o sea, el demandante- hice específica mención a que se trataba de una denuncia con trámite judicial, sin prejuzgar ni adelantar condena alguna. Se ve que, de todos modos, a la magistrada la aclaración no la conformó.
Pero independientemente de las consideraciones profesionales del caso, lo verdaderamente grave del fallo es lo que la jueza resuelve a renglón seguido: “Ambos demandados deberán responder en forma concurrente por los daños inferidos al accionante”. Es decir: empresa y periodista deben responder por igual, como si empleador y empleado tuvieran idéntica responsabilidad editorial, o similar respaldo patrimonial para responder frente a una demanda de este estilo, lamentablemente, tan frecuente en nuestra profesión. Con un dato que agrava el asunto: al momento de la sentencia, La Primera ya no existía como revista y Grupo H S.A. –propiedad del Grupo Uno de Vila-Manzano- se encuentra concursada, hecho que la propia jueza conoce porque así lo consigna en el fallo.
En resumen: a pesar de considerar que el texto del autor tiene “menor entidad difamatoria” que los títulos adjudicados al editor, es el redactor –o sea, yo- el único que deberá responder frente al demandante, porque la empresa se encuentra “concursada”.
Son varios los puntos del fallo que, considero, podrían configurar una amenaza para el libre ejercicio de nuestra profesión, como el hecho de considerar irrelevante que la información haya provenido de una fuente pública y fidedigna como la AFIP. Sin embargo, es ese último punto el que más me preocupa: condenar a un periodista a responder con su patrimonio, a sabiendas de que la compañía está concursada, implica poner en un mismo plano a empleado y empleador, como si se tratara de socios… sólo para la desgracia, claro está. Es más: en este caso, la empresa ni siquiera puso un abogado a mi disposición, debí conseguirme uno y afrontar –también- ese costo.
Demás está decir que la simetría entre empleador y empleado que establece el fallo no califica ni como fantasía. En mi caso personal, sólo cuento con un departamento donde vivo con mi familia. Es público y notorio que Grupo H S.A. –y sus accionistas- poseen un patrimonio mayor, pero en este caso quedan a salvo por la generosa legislación argentina en materia de concursos y quiebras.
El caso se encuentra apelado en cámara y sería hipócrita si dijera que no me preocupa en términos personales: llevo 25 años sobreviviendo como asalariado en este oficio que me apasiona. Y me angustia la posibilidad de dejar sin techo o condenar a padecer aprietos económicos a quienes más quiero. Me preocupa, a la vez, el efecto que ese fallo pueda tener sobre mi desarrollo profesional: la censura económica puede ser una mordaza eficaz cuándo se ve sufrir a quienes se ama. Seguramente lo pensaré dos veces antes de incluir un nombre propio en mi próxima nota. Con un hijo de once y una beba de seis meses, la valentía personal puede trocar en insensatez.
También me preocupa, y mucho, el precedente que esta sentencia puede marcar sobre los colegas que, víctimas de empresarios inescrupulosos y/o aventureros que tanto abundan, se vean obligados a comparecer solos, librados a su suerte, frente a los Tribunales donde, dicen, se impartiría justicia. Con perdón del potencial.
Adrián Murano
Foto: Nicolás Correa
Ver anterior: Justicia condena a un periodista: "No a la mordaza a los trabajadores de prensa"
En 2002 escribí un artículo para la Revista La Primera donde se consignaba un listado de personajes acusados de evasión fiscal por la AFIP. Entre los mencionados por el ente estaba la firma Estevanez Producciones S.A., propiedad del productor televisivo Enrique Estevanez. Lejos de ser una primicia, la misma nómina fue difundida por la agencia Télam y Clarín Digital, entre otros.
Tiempo después de la publicación, Estevanez le ganó su pleito a la AFIP y resultó sobreseído. Entonces decidió demandar a la publicación y a mí, como redactor de la nota, por daños y perjuicios. El caso tuvo fallo el año pasado y condenó a Grupo H S.A. –propietaria de la revista- y a mí al pago de 50 mil pesos (ajustables) más costas. Hasta aquí, lo ocurrido.
Pero más allá de la angustia y el trastorno que esta situación me produjo durante los últimos diez años, el fallo de la jueza subrogante Nora C. González de Rossello contiene afirmaciones, interpretaciones y omisiones que, considero, sientan un precedente peligroso para el libre ejercicio de nuestra profesión.
En principio, la sentencia reconoce que el artículo contiene interés público al referirse a la presunta comisión del delito de evasión fiscal. El fallo reconoce, además, que el texto se basa en una fuente pública y fidedigna (la AFIP). Un dato adicional, que el fallo omite: al momento de publicarse el texto, era imposible conocer la situación del “caso Estevanez”, sencillamente, porque el productor resultó sobreseído bastante tiempo después de la publicación.
¿Cómo explica la magistrada, entonces, su fallo condenatorio?
Por cuestiones de forma vinculadas a la “venta” del artículo (títulos, volanta, copete) y a la ausencia de suficientes verbos condicionales en el cuerpo de nota.
Expresamente, la jueza considera que haber titulado “La lista de los evasores. La nómina de las empresas y los argentinos que no pagan sus impuestos. La evasión fiscal con nombre y apellido” implicó un “exceso informativo” que da por sentado comportamientos que aún se encontraban en etapa de acusación por parte de la AFIP. La afirmación, claro está, es atendible. El fallo, sin embargo, reconoce que estos “excesos” son responsabilidad del editor –autor de la “venta”- y no del redactor del artículo –o sea, yo-, y procede a condenar a la revista.
Pero unos párrafos más adelante, con un curioso giro interpretativo, la magistrada evaluó que en la cabeza del texto incurrí en aseveraciones que justificarían la sanción sobre mí.
Dice el fallo: “De ello se desprende que, ciertamente con menor entidad difamatoria que los títulos y los copetes (en negrita en el fallo), la nota redactada por el periodista demandado en su introducción también contenía calificativos y afirmaciones que no guardaban concordancia con su fuente”, y luego reprocha que “no (se) utilizó el tiempo de verbo potencial, amén de que ello también permite inferir una evidente despreocupación por la inexactitud de la información”.
En este punto confieso que no debí referir a “la lista de la vergüenza” en el comienzo de la nota y que quizá debí esparcir algunos potenciales. Aunque en el caso específico de Estevanez –el demandante- escribí: “En esta nómina Estevanez Producciones S.A. ostenta una denuncia por ‘evasión tributaria agravada’, con un monto evadido que se estima por encima del millón de pesos. La causa se encuentra radicada en el Juzgado Federal Nº1 de San Isidro”. Es decir, en el caso del productor televisivo –o sea, el demandante- hice específica mención a que se trataba de una denuncia con trámite judicial, sin prejuzgar ni adelantar condena alguna. Se ve que, de todos modos, a la magistrada la aclaración no la conformó.
Pero independientemente de las consideraciones profesionales del caso, lo verdaderamente grave del fallo es lo que la jueza resuelve a renglón seguido: “Ambos demandados deberán responder en forma concurrente por los daños inferidos al accionante”. Es decir: empresa y periodista deben responder por igual, como si empleador y empleado tuvieran idéntica responsabilidad editorial, o similar respaldo patrimonial para responder frente a una demanda de este estilo, lamentablemente, tan frecuente en nuestra profesión. Con un dato que agrava el asunto: al momento de la sentencia, La Primera ya no existía como revista y Grupo H S.A. –propiedad del Grupo Uno de Vila-Manzano- se encuentra concursada, hecho que la propia jueza conoce porque así lo consigna en el fallo.
En resumen: a pesar de considerar que el texto del autor tiene “menor entidad difamatoria” que los títulos adjudicados al editor, es el redactor –o sea, yo- el único que deberá responder frente al demandante, porque la empresa se encuentra “concursada”.
Son varios los puntos del fallo que, considero, podrían configurar una amenaza para el libre ejercicio de nuestra profesión, como el hecho de considerar irrelevante que la información haya provenido de una fuente pública y fidedigna como la AFIP. Sin embargo, es ese último punto el que más me preocupa: condenar a un periodista a responder con su patrimonio, a sabiendas de que la compañía está concursada, implica poner en un mismo plano a empleado y empleador, como si se tratara de socios… sólo para la desgracia, claro está. Es más: en este caso, la empresa ni siquiera puso un abogado a mi disposición, debí conseguirme uno y afrontar –también- ese costo.
Demás está decir que la simetría entre empleador y empleado que establece el fallo no califica ni como fantasía. En mi caso personal, sólo cuento con un departamento donde vivo con mi familia. Es público y notorio que Grupo H S.A. –y sus accionistas- poseen un patrimonio mayor, pero en este caso quedan a salvo por la generosa legislación argentina en materia de concursos y quiebras.
El caso se encuentra apelado en cámara y sería hipócrita si dijera que no me preocupa en términos personales: llevo 25 años sobreviviendo como asalariado en este oficio que me apasiona. Y me angustia la posibilidad de dejar sin techo o condenar a padecer aprietos económicos a quienes más quiero. Me preocupa, a la vez, el efecto que ese fallo pueda tener sobre mi desarrollo profesional: la censura económica puede ser una mordaza eficaz cuándo se ve sufrir a quienes se ama. Seguramente lo pensaré dos veces antes de incluir un nombre propio en mi próxima nota. Con un hijo de once y una beba de seis meses, la valentía personal puede trocar en insensatez.
También me preocupa, y mucho, el precedente que esta sentencia puede marcar sobre los colegas que, víctimas de empresarios inescrupulosos y/o aventureros que tanto abundan, se vean obligados a comparecer solos, librados a su suerte, frente a los Tribunales donde, dicen, se impartiría justicia. Con perdón del potencial.
Adrián Murano
Foto: Nicolás Correa
Ver anterior: Justicia condena a un periodista: "No a la mordaza a los trabajadores de prensa"
Solicitada de ComunA: "Contra el linchamiento corporativo de periodistas e intelectuales"
Comunicadores de la Argentina (ComunA) defiende el derecho de todos los periodistas e intelectuales a elegir los temas que son objeto de sus investigaciones y ensayos y a criticar aquello con lo que no acuerdan
Los trabajadores de la comunicación no deben ser agredidos ni menoscabada su libertad de crítica e investigación, lo que no quiere decir que no sea legítimo el debate sobre cómo lo hacen.
A partir de este principio, ComunA repudia los ataques verbales y simbólicos contra el Director de la Biblioteca Nacional, Horacio González, por sus análisis y opiniones, y contra el periodista, maestro de periodistas, Horacio Verbitsky, por retomar el contenido de las investigaciones periodísticas que tienen por objeto a la cúpula de la Iglesia Católica argentina.
Esas investigaciones no pueden ser tildadas de oportunistas ya que se remontan a décadas. Por caso, su nota de siete páginas sobre “La teología de la seguridad nacional” en la revista Crisis, N° 47, de octubre de 1986; o su primicia de tres páginas sobre la isla El Silencio, publicada hacia septiembre de 1990 en el segundo ejemplar de Página/30, dirigida por Jorge Lanata, hoy al servicio de los intereses del Grupo Clarín en todos sus formatos multimediáticos.
El repudio a los ataques de estos días es doble por cuanto son usados como arietes comunicacionales que se prestan a difundir infamias y mentiras, sin aportar pruebas ni documentación, base de nuestro trabajo si se entiende a la información como ineludible “remisión a fuentes”.
Nuestra solidaridad con González y Verbitsky nace en el respeto a una trayectoria de más de medio siglo, siempre basadas respectivamente en un inmenso desarrollo académico y en investigaciones que cuentan con documentación insoslayable.
La defensa de la comunicación democrática no implica coincidencia con las opiniones de cada colega y cada medio, pero sí es fundamental para la profesión que su ejercicio pueda ser llevado a cabo con respeto por la libertad de expresión que los grandes grupos mediáticos también declaman.
Por lo mismo, es repudiable el pronunciamiento de cualquier institución, sector o grupo corporativo que intenta desacreditar investigaciones periodísticas documentadas, descalificándolas como parte de supuestas campañas.
Comunicadores de la Argentina
Los trabajadores de la comunicación no deben ser agredidos ni menoscabada su libertad de crítica e investigación, lo que no quiere decir que no sea legítimo el debate sobre cómo lo hacen.
A partir de este principio, ComunA repudia los ataques verbales y simbólicos contra el Director de la Biblioteca Nacional, Horacio González, por sus análisis y opiniones, y contra el periodista, maestro de periodistas, Horacio Verbitsky, por retomar el contenido de las investigaciones periodísticas que tienen por objeto a la cúpula de la Iglesia Católica argentina.
Esas investigaciones no pueden ser tildadas de oportunistas ya que se remontan a décadas. Por caso, su nota de siete páginas sobre “La teología de la seguridad nacional” en la revista Crisis, N° 47, de octubre de 1986; o su primicia de tres páginas sobre la isla El Silencio, publicada hacia septiembre de 1990 en el segundo ejemplar de Página/30, dirigida por Jorge Lanata, hoy al servicio de los intereses del Grupo Clarín en todos sus formatos multimediáticos.
El repudio a los ataques de estos días es doble por cuanto son usados como arietes comunicacionales que se prestan a difundir infamias y mentiras, sin aportar pruebas ni documentación, base de nuestro trabajo si se entiende a la información como ineludible “remisión a fuentes”.
Nuestra solidaridad con González y Verbitsky nace en el respeto a una trayectoria de más de medio siglo, siempre basadas respectivamente en un inmenso desarrollo académico y en investigaciones que cuentan con documentación insoslayable.
La defensa de la comunicación democrática no implica coincidencia con las opiniones de cada colega y cada medio, pero sí es fundamental para la profesión que su ejercicio pueda ser llevado a cabo con respeto por la libertad de expresión que los grandes grupos mediáticos también declaman.
Por lo mismo, es repudiable el pronunciamiento de cualquier institución, sector o grupo corporativo que intenta desacreditar investigaciones periodísticas documentadas, descalificándolas como parte de supuestas campañas.
Comunicadores de la Argentina
jueves, 28 de marzo de 2013
Rafaela: Señalan al diputado Cachi Martínez por la situación en LT28
La única radio AM de Rafaela mantiene un largo conflicto con sus trabajadores. Por falta de pago están suspendidos los servicios de teléfono y energía eléctrica. El Ministerio de Trabajo aplicó importantes multas por violaciones a las normas de salud y seguridad laboral. La Asociación de Prensa de Santa Fe advierte sobre la responsabilidad de "quienes en su momento aprovecharon la proyección del medio para respaldar sus proyectos políticos"
Por: Pablo Bosch
La semana pasada los trabajadores de LT28 realizaron un paro de 48 horas en protesta por un nuevo incumplimiento de los compromisos de pago de deudas salariales asumidos por la empresa ante el Ministerio de Trabajo de la provincia.
El reclamo que disparó la protesta fue la falta de pago de una parte de la segunda cuota del aguinaldo 2012 y una parte del sueldo de enero de 2013, a lo que hay que agregarle, desde el jueves pasado, la falta de pago de la totalidad de los haberes de febrero.
A estos reclamos hay que sumarle el constante deterioro de las condiciones de trabajo, verificado en varias oportunidades por la autoridad laboral, lo que derivó en la aplicación de importantes multas, que solo en dos expedientes llegan a los $86.500, cifra que puede incrementarse cuando culminen de tramitarse otros cuatro sumarios en curso.
Para completar el preocupante cuadro, desde el año pasado la emisora tiene cortado por falta de pago el servicio telefónico, y hace pocos días, la Empresa Provincial de la Energía retiro de medidor y cortó el suministro de electricidad por una deuda que rondaría los $60.000. Esto último provocó el cese de las transmisiones y posiblemente derivé en nuevas sanciones, en este caso aplicadas por la AFSCA, por incumplimiento a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
En este contexto, el jueves 7 de marzo, una delegación trabajadores de LT28 y dirigentes de la Asociación de Prensa, concurrieron con una bandera a la apertura de sesiones del Concejo Municipal donde el intendente de la ciudad, Luis Castellano, manifestó su solidaridad.
El dato es relevante, porque hasta el momento, los dirigentes políticos de Rafaela se han mantenido al margen del conflicto, más allá de algunos gestos aislados. En la ciudad se conoce la influencia decisiva que el diputado nacional Oscar "Cachi" Martínez tiene sobre el abogado Hugo Musuruana (gerente de la emisora) en el manejo de LT28, y varios de los actores políticos y sindicales involucrados comienzan a señalar al titular de la Fundación Centro.
En este sentido, la Asociación de Prensa de Santa Fe, expresó a través de un comunicado "que los únicos responsables de esta situación son aquellos que detentan el control accionario de la empresa y quienes en su momento aprovecharon la proyección del medio para respaldar sus proyectos políticos, a pesar de que ahora, defeccionan al momento de cumplir con sus obligaciones empresarias".
La entidad sindical de los periodistas alertó que en este conflicto está en juego, además del pago de los salarios y el mejoramiento de las condiciones de trabajo, "el derecho a la información de la comunidad de Rafaela, que asiste sorprendida al deterioro de su tradicional emisora radial".
Ahora resta saber si en las manos del "Cachi" se encuentra la solución, o si por el contrario, su influencia sobre la emisora es la explicación de todos sus problemas.
Fuente: Rasgos Distintivos
Ver anterior: Siguen las medidas de fuerza en LT28 Radio Rafaela
Por: Pablo Bosch
La semana pasada los trabajadores de LT28 realizaron un paro de 48 horas en protesta por un nuevo incumplimiento de los compromisos de pago de deudas salariales asumidos por la empresa ante el Ministerio de Trabajo de la provincia.
El reclamo que disparó la protesta fue la falta de pago de una parte de la segunda cuota del aguinaldo 2012 y una parte del sueldo de enero de 2013, a lo que hay que agregarle, desde el jueves pasado, la falta de pago de la totalidad de los haberes de febrero.
A estos reclamos hay que sumarle el constante deterioro de las condiciones de trabajo, verificado en varias oportunidades por la autoridad laboral, lo que derivó en la aplicación de importantes multas, que solo en dos expedientes llegan a los $86.500, cifra que puede incrementarse cuando culminen de tramitarse otros cuatro sumarios en curso.
Para completar el preocupante cuadro, desde el año pasado la emisora tiene cortado por falta de pago el servicio telefónico, y hace pocos días, la Empresa Provincial de la Energía retiro de medidor y cortó el suministro de electricidad por una deuda que rondaría los $60.000. Esto último provocó el cese de las transmisiones y posiblemente derivé en nuevas sanciones, en este caso aplicadas por la AFSCA, por incumplimiento a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
En este contexto, el jueves 7 de marzo, una delegación trabajadores de LT28 y dirigentes de la Asociación de Prensa, concurrieron con una bandera a la apertura de sesiones del Concejo Municipal donde el intendente de la ciudad, Luis Castellano, manifestó su solidaridad.
El dato es relevante, porque hasta el momento, los dirigentes políticos de Rafaela se han mantenido al margen del conflicto, más allá de algunos gestos aislados. En la ciudad se conoce la influencia decisiva que el diputado nacional Oscar "Cachi" Martínez tiene sobre el abogado Hugo Musuruana (gerente de la emisora) en el manejo de LT28, y varios de los actores políticos y sindicales involucrados comienzan a señalar al titular de la Fundación Centro.
En este sentido, la Asociación de Prensa de Santa Fe, expresó a través de un comunicado "que los únicos responsables de esta situación son aquellos que detentan el control accionario de la empresa y quienes en su momento aprovecharon la proyección del medio para respaldar sus proyectos políticos, a pesar de que ahora, defeccionan al momento de cumplir con sus obligaciones empresarias".
La entidad sindical de los periodistas alertó que en este conflicto está en juego, además del pago de los salarios y el mejoramiento de las condiciones de trabajo, "el derecho a la información de la comunidad de Rafaela, que asiste sorprendida al deterioro de su tradicional emisora radial".
Ahora resta saber si en las manos del "Cachi" se encuentra la solución, o si por el contrario, su influencia sobre la emisora es la explicación de todos sus problemas.
Fuente: Rasgos Distintivos
Ver anterior: Siguen las medidas de fuerza en LT28 Radio Rafaela
Justicia condena a un periodista: "No a la mordaza a los trabajadores de prensa"
El Colectivo de Trabajadores de Prensa (CTP) expresa su enérgico repudio por el acto de censura indirecta que constituye la atribución de responsabilidad civil o penal a los trabajadores de prensa por el prudente y razonable ejercicio de la profesión, como es el caso del periodista Adrián Murano, condenado judicialmente por la reproducción de información de fuentes oficiales en la revista La Primera; en un antecedente que, por su fuerza expansiva, supone una amenaza para el conjunto del gremio
Contra la doctrina más calificada en materia de libertad de expresión, Adrián Murano fue condenado al pago de una reparación económica, en concepto de daños y perjuicios, a la sociedad Estevanez Producciones S.A, a raíz de haber reproducido, en 2002, una lista de personas públicas investigadas por la AFIP, difundida por el propio organismo recaudador y replicada en muchos otros medios (ver imagen).
El fallo, resuelto por la magistrada a cargo del Juzgado Civil y Comercial Nro. 95, Nora C. González de Roselló, espera en forma inminente en el dictado de la sentencia definitiva por parte de la Sala M de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial.
El precedente judicial contra Murano supone un grave riesgo para el libre ejercicio de la profesión periodística y marcha a contramano de una calificada línea doctrinaria y jurisprudencial que exime de responsabilidad a los periodistas, aun en el caso de errores informativos, cuando se acredita que obraron en forma diligente y con razonable prudencia.
La autoridad y carácter público de la fuente –la propia AFIP- eximían en este caso al periodista de mayores indagaciones. Es la posición que sentó el juez Carlos Fayt en el célebre precedente “Campillay” (15-5-1986), donde estableció un principio medular: “La calidad de la fuente exoneraba a la prensa de indagar sobre la veracidad de los hechos”.
La Corte Suprema de Justicia, en el precedente “Ramos” (27-12-1996) asumió como propia la doctrina internacional en materia de libertad de expresión y sostuvo: “Las informaciones erróneas son inevitables en un debate libre y este debe ser protegido si la libertad de expresión ha de tener el espacio que necesita para sobrevivir”.
Posteriormente, la Corte Interamericana de Justicia condenó al Estado argentino por apartarse de ese criterio en el caso del periodista Eduardo Kimel cuando le ordenó el pago de una reparación económica a un magistrado a raíz de la información contenida en su libro “La Masacre de San Partricio”, publicado en 1989. Tras la condena internacional, la Justicia argentina revocó la condena a Kimel, en 2011.
Hoy el caso Murano emula aquel triste derrotero judicial y amenaza con silenciar a la prensa.
Colectivo de Trabajadores y Trabajadoras de Prensa (CTP)
NdE: La Primera, revista que fundó Daniel Hadad, en ese momento era propiedad de Grupo H S.A. (Grupo UNO, Daniel Vila - José Luis Manzano) hoy esa empresa se encuentra concursada
Contra la doctrina más calificada en materia de libertad de expresión, Adrián Murano fue condenado al pago de una reparación económica, en concepto de daños y perjuicios, a la sociedad Estevanez Producciones S.A, a raíz de haber reproducido, en 2002, una lista de personas públicas investigadas por la AFIP, difundida por el propio organismo recaudador y replicada en muchos otros medios (ver imagen).
El fallo, resuelto por la magistrada a cargo del Juzgado Civil y Comercial Nro. 95, Nora C. González de Roselló, espera en forma inminente en el dictado de la sentencia definitiva por parte de la Sala M de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial.
El precedente judicial contra Murano supone un grave riesgo para el libre ejercicio de la profesión periodística y marcha a contramano de una calificada línea doctrinaria y jurisprudencial que exime de responsabilidad a los periodistas, aun en el caso de errores informativos, cuando se acredita que obraron en forma diligente y con razonable prudencia.
La autoridad y carácter público de la fuente –la propia AFIP- eximían en este caso al periodista de mayores indagaciones. Es la posición que sentó el juez Carlos Fayt en el célebre precedente “Campillay” (15-5-1986), donde estableció un principio medular: “La calidad de la fuente exoneraba a la prensa de indagar sobre la veracidad de los hechos”.
La Corte Suprema de Justicia, en el precedente “Ramos” (27-12-1996) asumió como propia la doctrina internacional en materia de libertad de expresión y sostuvo: “Las informaciones erróneas son inevitables en un debate libre y este debe ser protegido si la libertad de expresión ha de tener el espacio que necesita para sobrevivir”.
Posteriormente, la Corte Interamericana de Justicia condenó al Estado argentino por apartarse de ese criterio en el caso del periodista Eduardo Kimel cuando le ordenó el pago de una reparación económica a un magistrado a raíz de la información contenida en su libro “La Masacre de San Partricio”, publicado en 1989. Tras la condena internacional, la Justicia argentina revocó la condena a Kimel, en 2011.
Hoy el caso Murano emula aquel triste derrotero judicial y amenaza con silenciar a la prensa.
Colectivo de Trabajadores y Trabajadoras de Prensa (CTP)
NdE: La Primera, revista que fundó Daniel Hadad, en ese momento era propiedad de Grupo H S.A. (Grupo UNO, Daniel Vila - José Luis Manzano) hoy esa empresa se encuentra concursada
Ciberguerra: Dattatec recibe ataque cibernético desde el Reino Unido
Luego de que en esta semana se lanzara el mapa Malvinas para Counter Strike creado por Dattatec, hemos recibido fuertes ataques a los servidores de la empresa
A partir de la repercusión que tuvo el nuevo mapa en los medios de prensa del Reino Unido y de todo el mundo, en reiteradas oportunidades Dattatec recibió ataques cibernéticos provenientes de Inglaterra. La magnitud de la embestida superaba los 2 Gbps incluso llegando a picos de 5 Gbps. Haciendo una analogía, sería el tráfico aproximado de 5 mil computadoras hogareñas conectadas a Internet en forma simultánea.
Los intentos por dejar fuera de servicio nuestros servidores han sido repelidos con éxito por personal técnico de la empresa, quienes también identificaron el origen del mismo. Si bien los ataques cibernéticos son bastante habituales, los de esta magnitud no suelen serlo.
Normalmente los ataques suelen provenir de servidores alojados en proveedores de web hosting y también de computadoras hogareñas conectadas a internet e infectadas con un virus o con algún tipo de vulnerabilidad.
Según la captura adjunta, la mayoría de las IPs de donde provienen los ataques, estarían ubicadas en el Reino Unido.
La modalidad de este tipo de embestidas es llamada “Ataque Distribuido de Denegación de Servicio (DDoS)” y consiste en saturar la conexión del servidor atacado, a través de una gran cantidad de tráfico enviado desde miles de computadoras “zoombies” conectadas a Internet. La consecuencia de esta acción es que el sitio web atacado queda inaccesible para quienes desean visitarlo.
En este caso, los sitios atacados son los relacionados a campañas de Dattatec.com con la temática de Malvinas. La mayor parte de esta embestida cibernética fue recibida por el sitio www.mensajeamalvinas.com, mientras que también parte del ataque fue dirigido al sitio juegos.dattatec.com, en el cual se aloja el material del nuevo mapa de Malvinas para Counter Strike.
Afortunadamente, el equipo del Network Operation Center (NOC) de Dattatec, pudo detectar el ataque a tiempo y tomar medidas para bloquearlo.
Fuente: Dattatec
A partir de la repercusión que tuvo el nuevo mapa en los medios de prensa del Reino Unido y de todo el mundo, en reiteradas oportunidades Dattatec recibió ataques cibernéticos provenientes de Inglaterra. La magnitud de la embestida superaba los 2 Gbps incluso llegando a picos de 5 Gbps. Haciendo una analogía, sería el tráfico aproximado de 5 mil computadoras hogareñas conectadas a Internet en forma simultánea.
Los intentos por dejar fuera de servicio nuestros servidores han sido repelidos con éxito por personal técnico de la empresa, quienes también identificaron el origen del mismo. Si bien los ataques cibernéticos son bastante habituales, los de esta magnitud no suelen serlo.
Normalmente los ataques suelen provenir de servidores alojados en proveedores de web hosting y también de computadoras hogareñas conectadas a internet e infectadas con un virus o con algún tipo de vulnerabilidad.
Según la captura adjunta, la mayoría de las IPs de donde provienen los ataques, estarían ubicadas en el Reino Unido.
La modalidad de este tipo de embestidas es llamada “Ataque Distribuido de Denegación de Servicio (DDoS)” y consiste en saturar la conexión del servidor atacado, a través de una gran cantidad de tráfico enviado desde miles de computadoras “zoombies” conectadas a Internet. La consecuencia de esta acción es que el sitio web atacado queda inaccesible para quienes desean visitarlo.
En este caso, los sitios atacados son los relacionados a campañas de Dattatec.com con la temática de Malvinas. La mayor parte de esta embestida cibernética fue recibida por el sitio www.mensajeamalvinas.com, mientras que también parte del ataque fue dirigido al sitio juegos.dattatec.com, en el cual se aloja el material del nuevo mapa de Malvinas para Counter Strike.
Afortunadamente, el equipo del Network Operation Center (NOC) de Dattatec, pudo detectar el ataque a tiempo y tomar medidas para bloquearlo.
Fuente: Dattatec
Manuel García Ferré 1929 - 2013
El dibujante Manuel García Ferré murió esta madrugada en Buenos Aires, durante una operación de corazón, según informaron familiares. Manuel García Ferré nació en 1929 en Almería, España. A los 17 años, en 1947, migró hacia la Argentina, donde trabajó en agencias de publicidad, mientras estudiaba en la facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires
En sus pocos momentos libres, recorría con su carpeta de dibujos bajo el brazo las redacciones de las revistas, así en 1952 el personaje Pi-Pío fue aceptado en la Revista Billiken, de Constancio Vigil. Pí-Pío vivía en un pueblo llamado "Villa Leoncia", lugar donde aparecerían por primera vez otros personajes que se volverían famosos, Oaky e Hijitus.
Durante más de 30 años editó la revista infantil Anteojito, tomando como imagen central para la revista al personaje de Anteojito, el que se había hecho popular con anterioridad, protagonizando una serie de dibujos animados publicitarios para la televisión. Durante varias décadas (1970-2000) las revistas Billiken y Anteojito fueron las principales del público infantil.
La animación era su principal fuente de ingresos, a través de centenares de cortos publicitarios (incluso, el personaje de "Anteojito" junto a su tío "Antifaz", comenzó como una campaña publicitaria más, ya que escalaban el Aconcagua con carpas "Cacique", cocinaban con "Aceite Cocinero" y tomaban mate con yerba "Nobleza Gaucha").
García Ferré solía agregar el sufijo "itus" al final de los nombres de los personajes (por ejemplo "Pichichus") como una manera de superar el karma que le provocó los varios años que estudió latín en la escuela. Creó su propia editorial, y, ya en el año 1964, creó la "Revista Anteojito". También hizo una enciclopedia para niños y jóvenes (El Libro Gordo de Petete), y lanzó otras revistas ("Muy Interesante" y "Ser Padres Hoy").
García Ferré realizó, debido al éxito de sus personajes, episodios semanales televisivos de la serie animada "Hijitus". Además, en las décadas de 1970 y de 1980, realizó otros programas de TV con diversos personajes, como ser "Calculín y la familia", "El libro gordo de Petete" y "El club de Anteojito y Antifaz". Efectuó, además, una serie de largometrajes cinematográficos: "Mil Intentos y un Invento" (1972, reestrenada en 2001 con nueva banda sonora y nuevo título: "Anteojito y Antifaz: Mil Intentos y un Invento"), "Las aventuras de Hijitus" (1973), "Petete y Trapito" (1975), "Ico, el caballito valiente" (1981), "Manuelita la tortuga" (1999, reestrenada en 2005, basado en el personaje de María Elena Walsh), "Corazón, las alegrías de Pantriste" (2000) y "Soledad y Larguirucho" (2012).
Pedro "Pelusa" Suero, quien hizo la voz de 16 personajes de la tira "Hijitus", dijo haberse "sorprendido" con la noticia del deceso de Ferré, pero advirtió que "Manuel era un hombre grande, que ya había tenido algunas cositas".
"Fue a hacerse un chequeo al Hospital Alemán, lo dejaron internado y se complicó", relató compungido el locutor y colaborador del fallecido, quien indicó al canal TN que fue informado esta mañana del deceso.
Suero comentó que Ferré, durante los años '70, llegó a tener "unos 50 dibujantes contratados para entregar un minuto por día" a la tira televisiva de "Hijitus", ya que "se hacían 18 dibujos promedio por segundo".
Por su parte, Sendra, creador del personaje "Matías", que se publica en el matutino Clarín, destacó que García Ferré "era una fuente a la que se recurría constantemente para trabajar" por otros dibujantes.
Sendra definió al fallecido como "una persona afable y agradable en el trato, y una especie de manantial" al que se recurría, y que "de vez en cuando decía frases de una simpleza absoluta y de una verdad increíble".
"Me acuerdo de una vez en una sobremesa, cuando él, con esa vocecita suave, me dijo, 'mirá Fernández, solamente el ser humano busca dos cosas, sobrevivir y reproducirse; eso es todo'", rememoró.
Sendra, emocionado, aseveró que "son tipos no solamente necesarios para el mundo del dibujo, sino para el país, porque ponen la semilla para que un país se forme de determinada manera".
Los restos del creador de la tira infantil "Hijitus" y la revista "Anteojito", además de varias películas animadas, serán inhumados en el cementerio Jardín de Paz.
Durante más de 30 años editó la revista infantil Anteojito, tomando como imagen central para la revista al personaje de Anteojito, el que se había hecho popular con anterioridad, protagonizando una serie de dibujos animados publicitarios para la televisión. Durante varias décadas (1970-2000) las revistas Billiken y Anteojito fueron las principales del público infantil.
La animación era su principal fuente de ingresos, a través de centenares de cortos publicitarios (incluso, el personaje de "Anteojito" junto a su tío "Antifaz", comenzó como una campaña publicitaria más, ya que escalaban el Aconcagua con carpas "Cacique", cocinaban con "Aceite Cocinero" y tomaban mate con yerba "Nobleza Gaucha").
García Ferré solía agregar el sufijo "itus" al final de los nombres de los personajes (por ejemplo "Pichichus") como una manera de superar el karma que le provocó los varios años que estudió latín en la escuela. Creó su propia editorial, y, ya en el año 1964, creó la "Revista Anteojito". También hizo una enciclopedia para niños y jóvenes (El Libro Gordo de Petete), y lanzó otras revistas ("Muy Interesante" y "Ser Padres Hoy").
García Ferré realizó, debido al éxito de sus personajes, episodios semanales televisivos de la serie animada "Hijitus". Además, en las décadas de 1970 y de 1980, realizó otros programas de TV con diversos personajes, como ser "Calculín y la familia", "El libro gordo de Petete" y "El club de Anteojito y Antifaz". Efectuó, además, una serie de largometrajes cinematográficos: "Mil Intentos y un Invento" (1972, reestrenada en 2001 con nueva banda sonora y nuevo título: "Anteojito y Antifaz: Mil Intentos y un Invento"), "Las aventuras de Hijitus" (1973), "Petete y Trapito" (1975), "Ico, el caballito valiente" (1981), "Manuelita la tortuga" (1999, reestrenada en 2005, basado en el personaje de María Elena Walsh), "Corazón, las alegrías de Pantriste" (2000) y "Soledad y Larguirucho" (2012).
Pedro "Pelusa" Suero, quien hizo la voz de 16 personajes de la tira "Hijitus", dijo haberse "sorprendido" con la noticia del deceso de Ferré, pero advirtió que "Manuel era un hombre grande, que ya había tenido algunas cositas".
"Fue a hacerse un chequeo al Hospital Alemán, lo dejaron internado y se complicó", relató compungido el locutor y colaborador del fallecido, quien indicó al canal TN que fue informado esta mañana del deceso.
Suero comentó que Ferré, durante los años '70, llegó a tener "unos 50 dibujantes contratados para entregar un minuto por día" a la tira televisiva de "Hijitus", ya que "se hacían 18 dibujos promedio por segundo".
Por su parte, Sendra, creador del personaje "Matías", que se publica en el matutino Clarín, destacó que García Ferré "era una fuente a la que se recurría constantemente para trabajar" por otros dibujantes.
Sendra definió al fallecido como "una persona afable y agradable en el trato, y una especie de manantial" al que se recurría, y que "de vez en cuando decía frases de una simpleza absoluta y de una verdad increíble".
"Me acuerdo de una vez en una sobremesa, cuando él, con esa vocecita suave, me dijo, 'mirá Fernández, solamente el ser humano busca dos cosas, sobrevivir y reproducirse; eso es todo'", rememoró.
Sendra, emocionado, aseveró que "son tipos no solamente necesarios para el mundo del dibujo, sino para el país, porque ponen la semilla para que un país se forme de determinada manera".
Los restos del creador de la tira infantil "Hijitus" y la revista "Anteojito", además de varias películas animadas, serán inhumados en el cementerio Jardín de Paz.
miércoles, 27 de marzo de 2013
Córdoba: La Policía detuvo a un equipo periodístico del diario Día a Día
Fue cuando dos periodistas cubrían una toma de terrenos en barrio Los Fresnos, la Policía intervino, agredió y cargó en un móvil a un cronista, un fotógrafo y el chofer. Repudio de la prensa de Córdoba
Un equipo periodístico de Día a Día, integrado por un periodista, un fotógrafo y un chofer, padeció este miércoles, durante unas tres horas, una insólita y lamentable situación, cuando una comisión policial interrumpió su labor y los trasladó a una comisaría.
El periodista Juan Pablo Martínez, el fotógrafo Nicolás Bravo y el chofer Marcos Filippes se vieron involucrados esta mañana de miércoles en un episodio penoso. Cuando cubrían una toma de terrenos en barrio Los Fresnos, un subcomisario de apellido Dávila los acusó de haber incitado a los vecinos a actuar.
Al parecer, el policía se molestó porque nuestros periodistas tomaban fotos. Repentinamente, los uniformados inmovilizaron a todos los integrantes equipo y subieron a Martínez y Bravo en un móvil, y a Filippes en otro. El chofer fue liberado de inmediato, pero los dos periodistas fueron trasladados a una comisaría del sector, desde donde acaban de ser dejados en libertad.
De inmediato, desde esta Redacción nos comunicamos con el jefe de Policía, Ramón Frías, y con el ministro de Seguridad, Alejo Paredes, para denunciar el hecho. Desde la conducción del Ministerio y de la Policía aseguraron que “de inmediato” la situación iba a ser resuelta.
Unos minutos más tarde, el ministro Paredes se comunicó con esta Redacción para lamentar el hecho. “Lo vamos a esclarecer absolutamente, y voy a poner esto a consideración del Tribunal de Conducta Policial”, dijo Paredes.
También el jefe de Policía llamó. “Vamos a averiguar qué ha pasado, y quien condujo este operativo me va a tener que dar explicaciones a mí y a la Justicia”, afirmó. “Ya he mandado al lugar un comisario mayor para que realice un informe de lo que ha ocurrido”, finalizó.
El comisario mayor Abel Díaz (jefe de Zona Sur) dialogó con nuestros periodistas –que nunca estuvieron detenidos ni se les formuló acusación– y pidió disculpas por lo que entendió "un malentendido", a la vez que se comprometió a investigar el suceso, en la misma línea que el jefe de Policía y el ministro de Seguridad.
Pasadas las 15.30, nuestros compañeros fueron liberados y regresaron a nuestra redacción.
Mirá la repercusión del tema en Twitter, donde los usuarios repudiaron el accionar policial y enviaron apoyo a los periodistas del diario.
El CiSPren denuncia abuso de autoridad policial
El Círculo Sindical de la Prensa y Comunicación de Córdoba (CiSPren) repudia enérgicamente el accionar policial contra dos trabajadores de prensa del diario “Día a Día”, quienes junto a un chofer del matutino fueron detenidos y conducidos en dos patrulleros a la Comisaría 16
El hecho ocurrió esta mañana cuando durante un procedimiento policial por una toma de terrenos en barrio Los Fresnos, el cronista Juan Pablo Martínez y el reportero gráfico Nicolás Bravo realizaban la cobertura de la nota y fueron intimados por un subcomisario de apellido Dávila a retirarse inmediatamente del lugar porque de lo contrario iba a proceder a su detención.
Como los trabajadores de prensa continuaron realizando su tarea, el oficial cumplió con su amenaza, y ante el repudio generalizado de los vecinos, procedió a la detención de Martínez y de Bravo y del chofer, Marcos Filippes, quienes en dos patrulleros fueron trasladados a la Comisaría 16 y posteriormente a la 21 bis donde fueron liberados alrededor de las 15.30.
“Fue un momento de extrema tensión el que vivimos con el Nico (por Bravo), especialmente cuando nos detuvieron, mientras la gente insultaba a los policías porque nos detenían. A mí es la primera vez que me pasa vivir una situación así porque he cubierto varias notas de este tipo”, le contó a Prensared el compañero Juan Pablo Martínez sobre el difícil momento vivido.
“El hecho es muy grave porque es un ataque a la libertad de expresión y un abuso de autoridad por parte de la policía, mas teniendo en cuenta que nos identificamos con las credenciales correspondientes, y sin embargo nos detuvieron; a Nico fue después que se dieron cuenta que estaba sacando las fotografías del procedimiento”,afirmó el compañero.
El jefe de la Zona Sur, Abel Díazal tomar conocimiento de la gravedad del hecho manifestó que se trató de “un malentendido” y posteriormente el Jefe de Policía,Ramón Frías y el Ministro de Seguridad, Alejo Paredes,también pidieron las previsibles disculpas del caso, cuando ya los compañeros habían pasado sufrido la prepotencia policial, sin ningú tipo de justificativo.
El CiSPren se solidariza con los compañeros porque durante casi tres horas debieron vivir una situación de agresión por parte de la fuerza pública, en una clara demostración de abuso de autoridad y de ataque a la libertad de expresión.
Por lo tanto, el gremio exige a las máximas autoridades de la Policía de la Provincia de Córdoba el inmediato esclarecimiento del grave hecho porque además no es la primera vez que trabajadores de prensa sufren este tipo de agresiones, no solo por parte de efectivos de las fuerzas de seguridad, sino también defuncionarios del gobierno provincial.
Hector Liendo (Secretario Gremial) – Carlos Valduvino (Secretario General)
Foto: Nicolás Bravo
Fuente: Día a Día, CiSPren
El relato del periodista de Día a Día que fue detenido por la Policía mientras realizaba una nota
Fuimos a cronicar un desalojo y la Policía nos detuvo sin dar explicaciones. Acá, lo que pasó antes del paseíto en patrullero por barrio Ituzaingó
Por: Juan Pablo Martínez
De repente me encuentro con un policía que me dice que estoy haciendo mal mi trabajo, que le prohíbe al fotoperiodista Nicolás Bravo tomar fotografías de una noticia y que nos amenaza con detenernos si seguimos en el lugar. Nos rodean unos 15 vecinos y la situación se quiebra: de calma, pasa a tensa.
El policía pide nuestras identificaciones y le mostramos las credenciales de nuestro medio; nosotros le solicitamos a él que se identifique. “Yo no tengo mi placa por si alguien me la quiere arrebatar, soy el subcomisario Dávila”, nos dijo.
Nico sacó dos o tres fotos más del grupo de vecinos y Dávila reaccionó muy mal, la amenaza de la detención parecía cierta y llamé a la oficina de Prensa de la Policía para pedirles que intercedan y descompriman la situación. Después Dávila se fue gritando, volvió con un handy, pidiendo “cuatro patrulleros” y ordenándole a los vecinos que se vayan del terreno.
Con Nico seguimos a la gente, pero Dávila nos cortó el camino: “Ustedes dos están detenidos y se vienen conmigo, de acá no se mueven”. Nicolás reaccionó y le dijo al policía que no se iba con él. Cuatro uniformados acompañaban al subcomisario y en la calle ya había dos patrulleros.
“Adrián, acá hay un policía que nos quiere meter presos”, le dije por teléfono al director periodístico del diario. “Dejá el celular, dame el celular, vos no vas a hacer ninguna llamada, hablás desde la comisaría”, me gritaba Dávila, quien, fuera de sí, también quería la cámara de Nico.
Al ver que la Policía nos demoraba, los vecinos se abalanzaron contra los patrulleros. Hubo algún forcejeo hasta que decidimos entrar a los móviles para que la situación no se pusiera peor. Nuestra sorpresa creció cuando vimos que en el patrullero de atrás ¡también se llevaban a Marcos Filippes, nuestro chofer! Primero nos trasladaron a la comisaria 16 y después nos llevaron a la 21 Bis.
Ahí nos estaba esperando la misma persona que nos demoró para pedirnos disculpas. Después llegó el mayor Walter Abel Díaz, director de Seguridad de la zona sur, quien nos reiteró sus disculpas por lo sucedido. También, en nuestro apoyo, Ary Garbovetzky, jefe de edición del diario, estuvo ahí.
Usted seguramente encuentre increíble este relato, para nosotros la experiencia también lo fue, porque nos encontramos en el lugar sin garantías para ejercer libremente el periodismo. Todo esto está relacionado con una cobertura que fuimos a realizar a barrio Los Fresnos y que está reflejada en esta página. Al cierre de esta edición, la Policía informó que el subcomisario Sergio Dávila fue pasado a situación pasiva.
Fuente: Día a Día
Un equipo periodístico de Día a Día, integrado por un periodista, un fotógrafo y un chofer, padeció este miércoles, durante unas tres horas, una insólita y lamentable situación, cuando una comisión policial interrumpió su labor y los trasladó a una comisaría.
El periodista Juan Pablo Martínez, el fotógrafo Nicolás Bravo y el chofer Marcos Filippes se vieron involucrados esta mañana de miércoles en un episodio penoso. Cuando cubrían una toma de terrenos en barrio Los Fresnos, un subcomisario de apellido Dávila los acusó de haber incitado a los vecinos a actuar.
Al parecer, el policía se molestó porque nuestros periodistas tomaban fotos. Repentinamente, los uniformados inmovilizaron a todos los integrantes equipo y subieron a Martínez y Bravo en un móvil, y a Filippes en otro. El chofer fue liberado de inmediato, pero los dos periodistas fueron trasladados a una comisaría del sector, desde donde acaban de ser dejados en libertad.
De inmediato, desde esta Redacción nos comunicamos con el jefe de Policía, Ramón Frías, y con el ministro de Seguridad, Alejo Paredes, para denunciar el hecho. Desde la conducción del Ministerio y de la Policía aseguraron que “de inmediato” la situación iba a ser resuelta.
Unos minutos más tarde, el ministro Paredes se comunicó con esta Redacción para lamentar el hecho. “Lo vamos a esclarecer absolutamente, y voy a poner esto a consideración del Tribunal de Conducta Policial”, dijo Paredes.
También el jefe de Policía llamó. “Vamos a averiguar qué ha pasado, y quien condujo este operativo me va a tener que dar explicaciones a mí y a la Justicia”, afirmó. “Ya he mandado al lugar un comisario mayor para que realice un informe de lo que ha ocurrido”, finalizó.
El comisario mayor Abel Díaz (jefe de Zona Sur) dialogó con nuestros periodistas –que nunca estuvieron detenidos ni se les formuló acusación– y pidió disculpas por lo que entendió "un malentendido", a la vez que se comprometió a investigar el suceso, en la misma línea que el jefe de Policía y el ministro de Seguridad.
Pasadas las 15.30, nuestros compañeros fueron liberados y regresaron a nuestra redacción.
Mirá la repercusión del tema en Twitter, donde los usuarios repudiaron el accionar policial y enviaron apoyo a los periodistas del diario.
El CiSPren denuncia abuso de autoridad policial
El Círculo Sindical de la Prensa y Comunicación de Córdoba (CiSPren) repudia enérgicamente el accionar policial contra dos trabajadores de prensa del diario “Día a Día”, quienes junto a un chofer del matutino fueron detenidos y conducidos en dos patrulleros a la Comisaría 16
El hecho ocurrió esta mañana cuando durante un procedimiento policial por una toma de terrenos en barrio Los Fresnos, el cronista Juan Pablo Martínez y el reportero gráfico Nicolás Bravo realizaban la cobertura de la nota y fueron intimados por un subcomisario de apellido Dávila a retirarse inmediatamente del lugar porque de lo contrario iba a proceder a su detención.
Como los trabajadores de prensa continuaron realizando su tarea, el oficial cumplió con su amenaza, y ante el repudio generalizado de los vecinos, procedió a la detención de Martínez y de Bravo y del chofer, Marcos Filippes, quienes en dos patrulleros fueron trasladados a la Comisaría 16 y posteriormente a la 21 bis donde fueron liberados alrededor de las 15.30.
“Fue un momento de extrema tensión el que vivimos con el Nico (por Bravo), especialmente cuando nos detuvieron, mientras la gente insultaba a los policías porque nos detenían. A mí es la primera vez que me pasa vivir una situación así porque he cubierto varias notas de este tipo”, le contó a Prensared el compañero Juan Pablo Martínez sobre el difícil momento vivido.
“El hecho es muy grave porque es un ataque a la libertad de expresión y un abuso de autoridad por parte de la policía, mas teniendo en cuenta que nos identificamos con las credenciales correspondientes, y sin embargo nos detuvieron; a Nico fue después que se dieron cuenta que estaba sacando las fotografías del procedimiento”,afirmó el compañero.
El jefe de la Zona Sur, Abel Díazal tomar conocimiento de la gravedad del hecho manifestó que se trató de “un malentendido” y posteriormente el Jefe de Policía,Ramón Frías y el Ministro de Seguridad, Alejo Paredes,también pidieron las previsibles disculpas del caso, cuando ya los compañeros habían pasado sufrido la prepotencia policial, sin ningú tipo de justificativo.
El CiSPren se solidariza con los compañeros porque durante casi tres horas debieron vivir una situación de agresión por parte de la fuerza pública, en una clara demostración de abuso de autoridad y de ataque a la libertad de expresión.
Por lo tanto, el gremio exige a las máximas autoridades de la Policía de la Provincia de Córdoba el inmediato esclarecimiento del grave hecho porque además no es la primera vez que trabajadores de prensa sufren este tipo de agresiones, no solo por parte de efectivos de las fuerzas de seguridad, sino también defuncionarios del gobierno provincial.
Hector Liendo (Secretario Gremial) – Carlos Valduvino (Secretario General)
Fuente: Día a Día, CiSPren
El relato del periodista de Día a Día que fue detenido por la Policía mientras realizaba una nota
Fuimos a cronicar un desalojo y la Policía nos detuvo sin dar explicaciones. Acá, lo que pasó antes del paseíto en patrullero por barrio Ituzaingó
Por: Juan Pablo Martínez
De repente me encuentro con un policía que me dice que estoy haciendo mal mi trabajo, que le prohíbe al fotoperiodista Nicolás Bravo tomar fotografías de una noticia y que nos amenaza con detenernos si seguimos en el lugar. Nos rodean unos 15 vecinos y la situación se quiebra: de calma, pasa a tensa.
El policía pide nuestras identificaciones y le mostramos las credenciales de nuestro medio; nosotros le solicitamos a él que se identifique. “Yo no tengo mi placa por si alguien me la quiere arrebatar, soy el subcomisario Dávila”, nos dijo.
Nico sacó dos o tres fotos más del grupo de vecinos y Dávila reaccionó muy mal, la amenaza de la detención parecía cierta y llamé a la oficina de Prensa de la Policía para pedirles que intercedan y descompriman la situación. Después Dávila se fue gritando, volvió con un handy, pidiendo “cuatro patrulleros” y ordenándole a los vecinos que se vayan del terreno.
Con Nico seguimos a la gente, pero Dávila nos cortó el camino: “Ustedes dos están detenidos y se vienen conmigo, de acá no se mueven”. Nicolás reaccionó y le dijo al policía que no se iba con él. Cuatro uniformados acompañaban al subcomisario y en la calle ya había dos patrulleros.
“Adrián, acá hay un policía que nos quiere meter presos”, le dije por teléfono al director periodístico del diario. “Dejá el celular, dame el celular, vos no vas a hacer ninguna llamada, hablás desde la comisaría”, me gritaba Dávila, quien, fuera de sí, también quería la cámara de Nico.
Al ver que la Policía nos demoraba, los vecinos se abalanzaron contra los patrulleros. Hubo algún forcejeo hasta que decidimos entrar a los móviles para que la situación no se pusiera peor. Nuestra sorpresa creció cuando vimos que en el patrullero de atrás ¡también se llevaban a Marcos Filippes, nuestro chofer! Primero nos trasladaron a la comisaria 16 y después nos llevaron a la 21 Bis.
Ahí nos estaba esperando la misma persona que nos demoró para pedirnos disculpas. Después llegó el mayor Walter Abel Díaz, director de Seguridad de la zona sur, quien nos reiteró sus disculpas por lo sucedido. También, en nuestro apoyo, Ary Garbovetzky, jefe de edición del diario, estuvo ahí.
Usted seguramente encuentre increíble este relato, para nosotros la experiencia también lo fue, porque nos encontramos en el lugar sin garantías para ejercer libremente el periodismo. Todo esto está relacionado con una cobertura que fuimos a realizar a barrio Los Fresnos y que está reflejada en esta página. Al cierre de esta edición, la Policía informó que el subcomisario Sergio Dávila fue pasado a situación pasiva.
Fuente: Día a Día
Uruguay: Fallo de la Corte obliga a cableras a informar número de abonados
Suprema Corte de Justicia determinó que Ley de Acceso a la Información Pública es constitucional
Por: Natalia Uval
El derecho a la información debe garantizarse y la Ley de Acceso a la Información Pública no vulnera el derecho a la privacidad de las personas. Con estas afirmaciones, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) desestimó por unanimidad la acción de inconstitucionalidad promovida por empresas de televisión por cable del interior, que pretendían no revelar la cantidad de abonados que tienen.
La acción surgió luego de un pedido de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) en 2010. APU pretendía saber la cantidad de abonados que tenían las empresas de televisión por cable como una forma de tener información certera para la negociación en los consejos de salarios. El sindicato quería establecer un complemento salarial de acuerdo a la productividad de la empresa, medida por la cantidad de abonados que tenía. La Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones (Ursec) se negó a proporcionar esos datos, que constan en sus registros, alegando que la información es reservada.
Luego de una acción judicial de acceso a la información que inició APU con el apoyo del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo), se dio la razón a los solicitantes y se conminó a la Ursec a brindar los datos. La información no llegó a tiempo para ser utilizada en la negociación. APU la solicitará nuevamente este año, cuando comience la negociación salarial, anunció a la diaria Ruben Hernández, presidente del sindicato. La intención no es hacerla pública sino utilizarla como un “insumo de trabajo”, aclaró.
La decisión judicial adoptada en este caso motivó a varias empresas de televisión para abonados que operan en las localidades de Canelones, Pando, Colonia, Santa Lucía, San Carlos, Chuy, Tala, Rivera, Melo, Treinta y Tres, Young y Guichón, a presentar una acción de inconstitucionalidad ante la SCJ contra la Ley de Acceso a la Información Pública. La solicitud fue presentada por videocable Rivera contra la Ursec y contra APU.
Las empresas presentaron objeciones de fondo y de procedimiento contra la Ley 18.381. En primer lugar, reclamaron la inconstitucionalidad de los artículos 2º y 4º, que constituyen la base de la norma. El artículo 2º considera como información pública “toda la que emane o esté en posesión de cualquier organismo público, sea o no estatal, salvo las excepciones o secretos establecidos por ley, así como las informaciones reservadas o confidenciales”. El 4º indica que “se presume pública” toda información “producida, obtenida, en poder o bajo control” de los organismos públicos.
Las empresas alegaron que el derecho de los particulares a la reserva de sus datos personales está contemplado en la Constitución cuando se menciona el derecho al trabajo y a la propiedad. También presentaron como argumento el artículo 28 de la Constitución, que señala que “los papeles de los particulares y su correspondencia” son “inviolables”. Alegaron que el número de abonados es para las empresas un “dato sensible” porque “hace al funcionamiento, al know how, a la movilidad de las estrategias comerciales”. “Deja al desnudo si la estrategia comercial seguida es exitosa o fracasa, dejándolo en desventaja ante sus proveedores, competidores, etc.”, señalaron las empresas. Consideraron, además, que el procedimiento previsto para la entrega de la información por parte de los organismos públicos es inconstitucional porque no prevé la intervención de los particulares cuyos datos serán entregados. “La información de los particulares no deja de serlo por estar en poder del Estado”, afirmaron.
Insensible
La SCJ sostuvo, en sentencia con fecha del 15 de marzo a la que accedió la diaria, que las empresas “no desarrollaron los motivos concretos” por los que entienden que los artículos 2º y 4º de la Ley de Acceso a la Información Pública son inconstitucionales. Esto, señalaron los ministros, “constituye motivo suficiente para desestimar el planteo”.
No obstante, la SCJ respondió los puntos cuestionados. Sostuvo que la ley “no vulnera el derecho de los particulares a la reserva de sus datos personales”. Recordó que “no existen derechos absolutos”, salvo el derecho a la vida, y que los restantes pueden regularse por “razones de interés general”.
“La referida norma garantiza el derecho a la información, que ha estado implícito en los diversos textos internacionales y nacionales como una faceta de las libertades de pensamiento, opinión y de expresión, por lo que mal puede entenderse que se encuentren en colisión con principios de orden superior sino que, por el contrario, ha sido dictada en armonía con ellos”, afirmó la SCJ en la sentencia.
Por otra parte, sostuvo que el número de abonados de una empresa de televisión por cable que “obra en un registro de la autoridad reguladora no califica ni como dato sensible ni como dato reservado”. Puntualizó que la actividad de las empresas de televisión por cable “conlleva un grado de contralor y publicidad relevantes, precisamente por el interés público en juego”. “El interés público de la actividad de los accionantes se advierte claramente toda vez que los cable-operadores pueden desarrollar su actividad gracias al uso de bienes de la comunidad; en efecto, es notorio que sin tal uso de bienes públicos su cableado no llegaría a los domicilios de sus clientes”, indicó la SCJ. Agregó que “no se advierte” que el hecho de hacer pública esta información genere “riesgo alguno” para las empresas.
Respecto de las objeciones de procedimiento, el máximo organismo judicial sostuvo que es “legítima la transmisión inconsentida de datos personales”, “sin que sea necesario que el ciudadano acredite interés específico alguno ni posible que el afectado invoque un derecho de oposición”. APU y Cainfo harán pública hoy su satisfacción con la sentencia.
Foto: Pedro Rincón
Fuente: La Diaria
Por: Natalia Uval
El derecho a la información debe garantizarse y la Ley de Acceso a la Información Pública no vulnera el derecho a la privacidad de las personas. Con estas afirmaciones, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) desestimó por unanimidad la acción de inconstitucionalidad promovida por empresas de televisión por cable del interior, que pretendían no revelar la cantidad de abonados que tienen.
La acción surgió luego de un pedido de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) en 2010. APU pretendía saber la cantidad de abonados que tenían las empresas de televisión por cable como una forma de tener información certera para la negociación en los consejos de salarios. El sindicato quería establecer un complemento salarial de acuerdo a la productividad de la empresa, medida por la cantidad de abonados que tenía. La Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones (Ursec) se negó a proporcionar esos datos, que constan en sus registros, alegando que la información es reservada.
Luego de una acción judicial de acceso a la información que inició APU con el apoyo del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo), se dio la razón a los solicitantes y se conminó a la Ursec a brindar los datos. La información no llegó a tiempo para ser utilizada en la negociación. APU la solicitará nuevamente este año, cuando comience la negociación salarial, anunció a la diaria Ruben Hernández, presidente del sindicato. La intención no es hacerla pública sino utilizarla como un “insumo de trabajo”, aclaró.
La decisión judicial adoptada en este caso motivó a varias empresas de televisión para abonados que operan en las localidades de Canelones, Pando, Colonia, Santa Lucía, San Carlos, Chuy, Tala, Rivera, Melo, Treinta y Tres, Young y Guichón, a presentar una acción de inconstitucionalidad ante la SCJ contra la Ley de Acceso a la Información Pública. La solicitud fue presentada por videocable Rivera contra la Ursec y contra APU.
Las empresas presentaron objeciones de fondo y de procedimiento contra la Ley 18.381. En primer lugar, reclamaron la inconstitucionalidad de los artículos 2º y 4º, que constituyen la base de la norma. El artículo 2º considera como información pública “toda la que emane o esté en posesión de cualquier organismo público, sea o no estatal, salvo las excepciones o secretos establecidos por ley, así como las informaciones reservadas o confidenciales”. El 4º indica que “se presume pública” toda información “producida, obtenida, en poder o bajo control” de los organismos públicos.
Las empresas alegaron que el derecho de los particulares a la reserva de sus datos personales está contemplado en la Constitución cuando se menciona el derecho al trabajo y a la propiedad. También presentaron como argumento el artículo 28 de la Constitución, que señala que “los papeles de los particulares y su correspondencia” son “inviolables”. Alegaron que el número de abonados es para las empresas un “dato sensible” porque “hace al funcionamiento, al know how, a la movilidad de las estrategias comerciales”. “Deja al desnudo si la estrategia comercial seguida es exitosa o fracasa, dejándolo en desventaja ante sus proveedores, competidores, etc.”, señalaron las empresas. Consideraron, además, que el procedimiento previsto para la entrega de la información por parte de los organismos públicos es inconstitucional porque no prevé la intervención de los particulares cuyos datos serán entregados. “La información de los particulares no deja de serlo por estar en poder del Estado”, afirmaron.
Insensible
La SCJ sostuvo, en sentencia con fecha del 15 de marzo a la que accedió la diaria, que las empresas “no desarrollaron los motivos concretos” por los que entienden que los artículos 2º y 4º de la Ley de Acceso a la Información Pública son inconstitucionales. Esto, señalaron los ministros, “constituye motivo suficiente para desestimar el planteo”.
No obstante, la SCJ respondió los puntos cuestionados. Sostuvo que la ley “no vulnera el derecho de los particulares a la reserva de sus datos personales”. Recordó que “no existen derechos absolutos”, salvo el derecho a la vida, y que los restantes pueden regularse por “razones de interés general”.
“La referida norma garantiza el derecho a la información, que ha estado implícito en los diversos textos internacionales y nacionales como una faceta de las libertades de pensamiento, opinión y de expresión, por lo que mal puede entenderse que se encuentren en colisión con principios de orden superior sino que, por el contrario, ha sido dictada en armonía con ellos”, afirmó la SCJ en la sentencia.
Por otra parte, sostuvo que el número de abonados de una empresa de televisión por cable que “obra en un registro de la autoridad reguladora no califica ni como dato sensible ni como dato reservado”. Puntualizó que la actividad de las empresas de televisión por cable “conlleva un grado de contralor y publicidad relevantes, precisamente por el interés público en juego”. “El interés público de la actividad de los accionantes se advierte claramente toda vez que los cable-operadores pueden desarrollar su actividad gracias al uso de bienes de la comunidad; en efecto, es notorio que sin tal uso de bienes públicos su cableado no llegaría a los domicilios de sus clientes”, indicó la SCJ. Agregó que “no se advierte” que el hecho de hacer pública esta información genere “riesgo alguno” para las empresas.
Respecto de las objeciones de procedimiento, el máximo organismo judicial sostuvo que es “legítima la transmisión inconsentida de datos personales”, “sin que sea necesario que el ciudadano acredite interés específico alguno ni posible que el afectado invoque un derecho de oposición”. APU y Cainfo harán pública hoy su satisfacción con la sentencia.
Foto: Pedro Rincón
Fuente: La Diaria
Con voz y sin vos: Blogueros y dirigentes de izquierda reclaman una Ley de Medios en Brasil
Por: Andrea Martínez
Las diferencias entre la presidenta Dilma Rousseff y su Partido de los Trabajadores (PT) sobre la posibilidad de regular los medios de comunicación se hicieron cada vez más visibles en los últimos meses. Los reclamos petistas, a los que la mandataria parece hacer oídos sordos, llegan apoyados por blogueros y organizaciones civiles.
El juicio sobre el escándalo de corrupción conocido como el mensalão, que terminó con la condena de varios dirigentes de PT, hizo que resurgiera el debate sobre la regulación de los medios de comunicación. La cúpula del PT responsabilizó a la “prensa conservadora” por el fallo contrario a los dirigentes y aseguró que había influido en la decisión de los jueces por medio de los artículos periodísticos.
Este argumento sirvió para que tanto el PT como el ex presidente Lula da Silva reavivaran la posibilidad de implementar una ley de medios -para la cual ya hay un proyecto que se redactó durante el anterior gobierno y del que poco se conoce-. Cuando terminó su mandato, Lula señaló que dejaba a su sucesora tres temas prioritarios, entre los cuales se contaba esta ley de medios. Pero el encargo no recibió todavía respuesta de Rousseff.
Ahora el reclamo se hace en un tono cada vez más alto. En la carta en la que se convoca al quinto congreso del PT a mediados de año, se señaló la necesidad de “construir una narrativa sobre el período histórico que se inició en 2003” con la asunción de Lula. “La ausencia de un balance profundo de nuestra experiencia de gobierno y de nuestra presencia en la sociedad, dificulta la construcción y la continuidad de nuestro proyecto político”, señala el documento. “A partir de 2003, de forma intermitente, se intentó anular los notorios éxitos del gobierno, con campañas que intentaban o destruir las realizaciones del gobierno de Lula o tacharlo de incapaz y corrupto”, agrega. Asegura además que la “campaña de desmoralización” de los medios contra el PT y Lula es “comparable solamente a las que derrumbaron a los ex presidente Getúlio Vargas y João Goulart”.
Durante la reunión en la que a fin de año redactó este texto, la cúpula del PT emitió otro comunicado en el que defendió la reglamentación de los medios. Pidió la “ampliación de los espacios de debate, de información y de circulación de ideas” para combatir “prejuicios”, así como “manipulaciones ideológicas, culturales y religiosas”.
Además de ese pronunciamiento del PT, el asesor de asuntos internacionales del gobierno, Marco Aurélio Garcia, se pronunció sobre el papel de los medios y en particular de TV Globo: “Cuando tenés un canal que dedica 19 minutos de su principal informativo [que es de unos 45 minutos] a hacer un resumen del mensalão en la víspera de la segunda vuelta electoral [para las elecciones locales], es evidente que se está haciendo política”.
También el líder de la bancada del PT en Diputados, Jilmar Tatto, mencionó la actuación de los medios durante el mensalão. Aseguró que toda la causa fue una “gran farsa”, una “gran pieza de marketing” construida por “los medios conservadores para desgastar los gobiernos de Lula y Dilma, y también al PT”.
Ellos y nosotros
Los blogueros oficialistas son otra de las patas de este movimiento en favor de la ley de medios. Autoproclamados órganos de comunicación del gobierno y del PT, reprochan no sólo la postergación de esa iniciativa, sino también que la administración de Rousseff siga dando a los grandes conglomerados la mayor parte de la publicidad oficial.
Sectores del PT muy vinculados a la “blogósfera” aseguran que en el último reparto de publicidad en los medios -que es anual- el gobierno bloqueó cualquier apoyo a los diarios independientes y los blogs, mientras que lo adjudicó a los grandes medios, entre los que se mencionan la cadena Globo, la editora Abril, que edita la revista Veja y los diarios Folha de São Paulo y O Estado de São Paulo. Consideran que con este reparto murieron las esperanzas de que Rousseff impulsara un cambio en materia de comunicación, porque sabido es que no lo hará en 2014, año electoral.
Organizaciones civiles y defensores de la democratización de la comunicación en Brasil señalan que durante la dictadura se favoreció a los grandes medios de comunicación que no cuestionaron al régimen. El crecimiento de estos conglomerados de medios les ha permitido sumar poder y tener más incidencia en la política brasileña.
Éstos son algunos de los aspectos que hacen que hoy blogueros, organizaciones sociales e incluso algunos diputados denominen a los grandes grupos de medios como el “Partido de la Prensa Golpista”. Incluyen la palabra “golpista” porque consideran que fueron fundamentales para crear un ambiente político que favoreció al golpe de Estado. Por otra parte, la definición de los conglomerados de medios como “partido” tiene cada vez más fuerza a medida que la oposición se debilita en disputas internas con miras a las elecciones nacionales del próximo año y tras los malos resultados de las elecciones municipales de octubre.
Estos activistas sostienen que la falta de una política de comunicación es lo que ha llevado a que varios diarios locales o alternativos hayan cerrado en las últimas décadas, como Última Hora, Novos Rumos o Jornal do Brasil, y que esos cierres han favorecido la homogenización de la información.
A diferencia de otros países que también buscan regular los medios de comunicación, en la Constitución brasileña hay varios artículos que pueden ser utilizados con ese propósito. Se establece que quienes tienen concesiones de radio y televisión deben priorizar la programación cultural y educativa, así como los materiales que tienden a la regionalización de los medios. También que no se pueden construir monopolios u oligopolios de medios.
Críticas relanzadas
Ni bien asumió, Rousseff generó críticas por su participación en la fiesta de aniversario de Folha de São Paulo, y por su primera aparición televisiva como presidenta, que fue en TV Globo. Los reproches crecieron cuando durante el segundo semestre de su mandato alejó del gabinete a seis ministros por denuncias de corrupción, que fueron publicadas en estos medios antes de que fueran probadas. Lo que fue aplaudido por muchos como una serie de decisiones éticas en el marco de la lucha contra la corrupción, por otros fue leído como una debilidad de Rousseff ante la influencia de los medios masivos de comunicación.
En los últimos meses pareció cambiar de rumbo. En diciembre, desde París y junto a Lula, calificó como “lamentable” que los medios intenten involucrar al ex presidente con el escándalo del mensalão: “Repudio todas las tentativas, y no es la primera, de quitarle el inmenso respeto que el pueblo tiene por él”, dijo. Esas declaraciones fueron interpretadas como las primeras señales de un cambio de postura de Rousseff. Pero unos días después la mandataria dijo una frase que ya es un clásico: “Prefiero, siempre, el ruido de la prensa libre que el silencio de la dictadura”. Un par de meses más tarde el ministro de Comunicación, Paulo Bernardo, confirmaba en algunas reuniones que la ley no sería tratada este año.
El “amague” de Rousseff pareció revitalizar y endurecer las críticas en las últimas semanas. Uno de los blogueros de izquierda más reconocidos, Paulo Henrique Amorim, el responsable de la popularización de la expresión “Partido de la Izquierda Golpista”, ha sido especialmente crítico con Rousseff. En una columna publicada en diciembre atacó a la presidenta por desentenderse de la causa del mensalão: “la presidenta tiene todo que ver con el mensalão […] fueron condenados sin pruebas algunos de los arquitectos del edificio político que permitió que una desconocida economista […] se convirtiera en presidenta”. Además, asegura que Rousseff “no existe” fuera del PT.
Estas lecturas vienen de la mano de una segunda interpretación de estos grupos acerca de cómo actuó la prensa ante el mensalão. Mientras se juzgaba el caso, los medios arremetieron contra el PT y sus líderes durante el gobierno de Lula, así como contra el propio ex presidente, haciendo ver constantemente que él no tenía manera de no enterarse de la compra de votos que se hacía en nombre de su gobierno. Sin embargo, Rousseff quedaba al margen de esas críticas a su padrino político y al partido que la aupó al poder. Esto se sumó al alejamiento que en simultáneo hizo Rousseff del partido, sin unirse a las críticas que éste impulsaba contra el Supremo Tribunal Federal o los medios, y asegurando que estaba al margen del tema.
Uno de los portales de izquierda más importantes del país, Correio do Brasil, se sumó al debate en los últimos meses al hacerse eco de las columnas de blogueros críticos y publicar notas sobre la división entre el PT y Rousseff en torno al tema de la comunicación. “Va a haber una colisión ahí, no tengo dudas, a no ser que la presidenta Dilma” cambie su postura, dijo una fuente cercana a Lula que no fue identificada. “El PT entiende que tanto los medios conservadores como los alternativos merecen tener sus espacios reconocidos. Hasta que eso pase, existirá este roce”, agregó.
Los decibeles de los reclamos van subiendo, tanto desde el PT como desde las organizaciones y los grupos que buscan medios más democráticos. No sólo se han multiplicado las columnas y las entradas en los blogs, sino también las conferencias, los debates y las exposiciones sobre el tema.
El propio Lula se ocupó a fines de enero de volver a poner el tema en el tapete al llamar, en una conferencia, a que se haga una “revolución en la comunicación” con un aumento del uso de las redes sociales y los blogs para contrarrestar la información vehiculizada en los medios tradicionales.
Nuevo round
A comienzos de marzo el Directorio Nacional del PT emitió un nuevo comunicado titulado “Democratización de los medios urgente e impostergable”, en el que llama al gobierno a dar marcha atrás en su decisión de no tratar la ley este año -es de público conocimiento que no se hará el próximo, que es año electoral- y en aprobar una exención de impuestos para las empresas de telecomunicaciones, muchas de las cuales también son dueñas de medios.
En respuesta, el ministro Bernardo dijo públicamente que el partido “se equivocó” al mezclar su reclamo de una ley de medios con la exención fiscal, que busca motivar la inversión de grandes empresas de telecomunicaciones para que haya más usuarios que puedan acceder a la banda ancha.
En su comunicado, el PT también asegura que convocará para este año una conferencia extraordinaria, con el tema “Democratizar los medios y ampliar la libertad de expresión para democratizar Brasil”, redoblando la apuesta por una ley que el gobierno se sigue negando a tratar.
Fuente: La Diaria
Las diferencias entre la presidenta Dilma Rousseff y su Partido de los Trabajadores (PT) sobre la posibilidad de regular los medios de comunicación se hicieron cada vez más visibles en los últimos meses. Los reclamos petistas, a los que la mandataria parece hacer oídos sordos, llegan apoyados por blogueros y organizaciones civiles.
El juicio sobre el escándalo de corrupción conocido como el mensalão, que terminó con la condena de varios dirigentes de PT, hizo que resurgiera el debate sobre la regulación de los medios de comunicación. La cúpula del PT responsabilizó a la “prensa conservadora” por el fallo contrario a los dirigentes y aseguró que había influido en la decisión de los jueces por medio de los artículos periodísticos.
Este argumento sirvió para que tanto el PT como el ex presidente Lula da Silva reavivaran la posibilidad de implementar una ley de medios -para la cual ya hay un proyecto que se redactó durante el anterior gobierno y del que poco se conoce-. Cuando terminó su mandato, Lula señaló que dejaba a su sucesora tres temas prioritarios, entre los cuales se contaba esta ley de medios. Pero el encargo no recibió todavía respuesta de Rousseff.
Ahora el reclamo se hace en un tono cada vez más alto. En la carta en la que se convoca al quinto congreso del PT a mediados de año, se señaló la necesidad de “construir una narrativa sobre el período histórico que se inició en 2003” con la asunción de Lula. “La ausencia de un balance profundo de nuestra experiencia de gobierno y de nuestra presencia en la sociedad, dificulta la construcción y la continuidad de nuestro proyecto político”, señala el documento. “A partir de 2003, de forma intermitente, se intentó anular los notorios éxitos del gobierno, con campañas que intentaban o destruir las realizaciones del gobierno de Lula o tacharlo de incapaz y corrupto”, agrega. Asegura además que la “campaña de desmoralización” de los medios contra el PT y Lula es “comparable solamente a las que derrumbaron a los ex presidente Getúlio Vargas y João Goulart”.
Durante la reunión en la que a fin de año redactó este texto, la cúpula del PT emitió otro comunicado en el que defendió la reglamentación de los medios. Pidió la “ampliación de los espacios de debate, de información y de circulación de ideas” para combatir “prejuicios”, así como “manipulaciones ideológicas, culturales y religiosas”.
Además de ese pronunciamiento del PT, el asesor de asuntos internacionales del gobierno, Marco Aurélio Garcia, se pronunció sobre el papel de los medios y en particular de TV Globo: “Cuando tenés un canal que dedica 19 minutos de su principal informativo [que es de unos 45 minutos] a hacer un resumen del mensalão en la víspera de la segunda vuelta electoral [para las elecciones locales], es evidente que se está haciendo política”.
También el líder de la bancada del PT en Diputados, Jilmar Tatto, mencionó la actuación de los medios durante el mensalão. Aseguró que toda la causa fue una “gran farsa”, una “gran pieza de marketing” construida por “los medios conservadores para desgastar los gobiernos de Lula y Dilma, y también al PT”.
Ellos y nosotros
Los blogueros oficialistas son otra de las patas de este movimiento en favor de la ley de medios. Autoproclamados órganos de comunicación del gobierno y del PT, reprochan no sólo la postergación de esa iniciativa, sino también que la administración de Rousseff siga dando a los grandes conglomerados la mayor parte de la publicidad oficial.
Sectores del PT muy vinculados a la “blogósfera” aseguran que en el último reparto de publicidad en los medios -que es anual- el gobierno bloqueó cualquier apoyo a los diarios independientes y los blogs, mientras que lo adjudicó a los grandes medios, entre los que se mencionan la cadena Globo, la editora Abril, que edita la revista Veja y los diarios Folha de São Paulo y O Estado de São Paulo. Consideran que con este reparto murieron las esperanzas de que Rousseff impulsara un cambio en materia de comunicación, porque sabido es que no lo hará en 2014, año electoral.
Organizaciones civiles y defensores de la democratización de la comunicación en Brasil señalan que durante la dictadura se favoreció a los grandes medios de comunicación que no cuestionaron al régimen. El crecimiento de estos conglomerados de medios les ha permitido sumar poder y tener más incidencia en la política brasileña.
Éstos son algunos de los aspectos que hacen que hoy blogueros, organizaciones sociales e incluso algunos diputados denominen a los grandes grupos de medios como el “Partido de la Prensa Golpista”. Incluyen la palabra “golpista” porque consideran que fueron fundamentales para crear un ambiente político que favoreció al golpe de Estado. Por otra parte, la definición de los conglomerados de medios como “partido” tiene cada vez más fuerza a medida que la oposición se debilita en disputas internas con miras a las elecciones nacionales del próximo año y tras los malos resultados de las elecciones municipales de octubre.
Estos activistas sostienen que la falta de una política de comunicación es lo que ha llevado a que varios diarios locales o alternativos hayan cerrado en las últimas décadas, como Última Hora, Novos Rumos o Jornal do Brasil, y que esos cierres han favorecido la homogenización de la información.
A diferencia de otros países que también buscan regular los medios de comunicación, en la Constitución brasileña hay varios artículos que pueden ser utilizados con ese propósito. Se establece que quienes tienen concesiones de radio y televisión deben priorizar la programación cultural y educativa, así como los materiales que tienden a la regionalización de los medios. También que no se pueden construir monopolios u oligopolios de medios.
Críticas relanzadas
Ni bien asumió, Rousseff generó críticas por su participación en la fiesta de aniversario de Folha de São Paulo, y por su primera aparición televisiva como presidenta, que fue en TV Globo. Los reproches crecieron cuando durante el segundo semestre de su mandato alejó del gabinete a seis ministros por denuncias de corrupción, que fueron publicadas en estos medios antes de que fueran probadas. Lo que fue aplaudido por muchos como una serie de decisiones éticas en el marco de la lucha contra la corrupción, por otros fue leído como una debilidad de Rousseff ante la influencia de los medios masivos de comunicación.
En los últimos meses pareció cambiar de rumbo. En diciembre, desde París y junto a Lula, calificó como “lamentable” que los medios intenten involucrar al ex presidente con el escándalo del mensalão: “Repudio todas las tentativas, y no es la primera, de quitarle el inmenso respeto que el pueblo tiene por él”, dijo. Esas declaraciones fueron interpretadas como las primeras señales de un cambio de postura de Rousseff. Pero unos días después la mandataria dijo una frase que ya es un clásico: “Prefiero, siempre, el ruido de la prensa libre que el silencio de la dictadura”. Un par de meses más tarde el ministro de Comunicación, Paulo Bernardo, confirmaba en algunas reuniones que la ley no sería tratada este año.
El “amague” de Rousseff pareció revitalizar y endurecer las críticas en las últimas semanas. Uno de los blogueros de izquierda más reconocidos, Paulo Henrique Amorim, el responsable de la popularización de la expresión “Partido de la Izquierda Golpista”, ha sido especialmente crítico con Rousseff. En una columna publicada en diciembre atacó a la presidenta por desentenderse de la causa del mensalão: “la presidenta tiene todo que ver con el mensalão […] fueron condenados sin pruebas algunos de los arquitectos del edificio político que permitió que una desconocida economista […] se convirtiera en presidenta”. Además, asegura que Rousseff “no existe” fuera del PT.
Estas lecturas vienen de la mano de una segunda interpretación de estos grupos acerca de cómo actuó la prensa ante el mensalão. Mientras se juzgaba el caso, los medios arremetieron contra el PT y sus líderes durante el gobierno de Lula, así como contra el propio ex presidente, haciendo ver constantemente que él no tenía manera de no enterarse de la compra de votos que se hacía en nombre de su gobierno. Sin embargo, Rousseff quedaba al margen de esas críticas a su padrino político y al partido que la aupó al poder. Esto se sumó al alejamiento que en simultáneo hizo Rousseff del partido, sin unirse a las críticas que éste impulsaba contra el Supremo Tribunal Federal o los medios, y asegurando que estaba al margen del tema.
Uno de los portales de izquierda más importantes del país, Correio do Brasil, se sumó al debate en los últimos meses al hacerse eco de las columnas de blogueros críticos y publicar notas sobre la división entre el PT y Rousseff en torno al tema de la comunicación. “Va a haber una colisión ahí, no tengo dudas, a no ser que la presidenta Dilma” cambie su postura, dijo una fuente cercana a Lula que no fue identificada. “El PT entiende que tanto los medios conservadores como los alternativos merecen tener sus espacios reconocidos. Hasta que eso pase, existirá este roce”, agregó.
Los decibeles de los reclamos van subiendo, tanto desde el PT como desde las organizaciones y los grupos que buscan medios más democráticos. No sólo se han multiplicado las columnas y las entradas en los blogs, sino también las conferencias, los debates y las exposiciones sobre el tema.
El propio Lula se ocupó a fines de enero de volver a poner el tema en el tapete al llamar, en una conferencia, a que se haga una “revolución en la comunicación” con un aumento del uso de las redes sociales y los blogs para contrarrestar la información vehiculizada en los medios tradicionales.
Nuevo round
A comienzos de marzo el Directorio Nacional del PT emitió un nuevo comunicado titulado “Democratización de los medios urgente e impostergable”, en el que llama al gobierno a dar marcha atrás en su decisión de no tratar la ley este año -es de público conocimiento que no se hará el próximo, que es año electoral- y en aprobar una exención de impuestos para las empresas de telecomunicaciones, muchas de las cuales también son dueñas de medios.
En respuesta, el ministro Bernardo dijo públicamente que el partido “se equivocó” al mezclar su reclamo de una ley de medios con la exención fiscal, que busca motivar la inversión de grandes empresas de telecomunicaciones para que haya más usuarios que puedan acceder a la banda ancha.
En su comunicado, el PT también asegura que convocará para este año una conferencia extraordinaria, con el tema “Democratizar los medios y ampliar la libertad de expresión para democratizar Brasil”, redoblando la apuesta por una ley que el gobierno se sigue negando a tratar.
Fuente: La Diaria
El Grupo Vila-Manzano vendió un canal de televisión
Gustavo Matar trabajó para la gestión Jaque y es esposo de una diputada que responde al ex secretario general de la Gobernación de Mendoza
Por: Carlos Simón - csimon@losandes.com.ar
Tras varios días de rumores y desmentidas, el empresario Gustavo Matar se hizo cargo de la gerencia y dirección del Canal 6, el único de aire de San Rafael. Según explicó a Los Andes él mismo, su intención es "adquirir el 100% de las acciones y no el 50 como se ha dicho". La novedad agitó el ambiente político y la interna del PJ, ya que el hombre está vinculado al ex secretario general de la Gobernación, Alejandro Cazabán.
"Aún no están cerrados los números de la operación porque estamos analizando los pasivos y activos de la firma para concretar. No hay números y si los tuviese no los daría, pero no son de ninguna manera los que se rumorean. Hoy por hoy -afirmó- hemos acordado con el Grupo Vila-Manzano (que lo vende para adecuarse a la ley de Medios) y sus equipos realizar una especie de auditoría y mientras tanto estoy haciendo algunos movimientos en la programación. Quiero que Canal 6 sea nuevamente el canal de los sanrafaelinos. De los distritos. De lo nuestro. Que el canal recupere su identidad".
Lo cierto es que se habla de 16 millones de pesos ya entregados por la licencia y los activos, con la financiación de 3 millones de dólares más en cuatro cuotas semestrales de u$s 750.000.
"En cuanto a la línea editorial pretendo un espacio abierto, plural", dijo Matar, que comenzó como fotógrafo, luego puso una agencia de publicidad y con los años devino en empresario de medios también es propietario de la FM Vibra, del semanario de distribución gratuita Infoya y de un camión de exteriores con tecnología de punta.
En cuanto a las versiones que lo vinculan a Cazabán, lo atribuyó a un manejo de "algún pillo que quiere usar mi esfuerzo empresarial para las internas políticas. Soy amigo de Cazabán y también de los Félix. Es más, yo estuve trabajando profesionalmente con los Félix desde 2003 hasta el 2010. Sería una torpeza de mi parte mezclar el tema político con el empresarial. Lo que se dice de esa relación y mi presunta participación en la línea de Ciurca es mentira. Están transformado así la interna provincial en una interna sanrafaelina. No tengo nada que ver con la actividad política de mi esposa (la diputada Evangelina Godoy, quien le reporta a Cazabán). Ella trabaja en política, yo no".
Otro de los motivos por lo que se habla que el canal será usado por Matar para la campaña es que meses atrás, a través de su semanario, criticó fuertemente la gestión municipal de Emir Félix. "Eso ya lo hablamos y todo está bien. Eso era por otras cuestiones que nada tenían que ver con la política", afirmó.
Sin embargo los rumores no cesan y todos en los ambientes políticos ligan a este ex fotógrafo de la intendencia de Omar Félix primero y del gobernador Jaque después, con el ex secretario de la Gobernación, quien ha vuelto a levantar el perfil en los últimos meses con proyectos de impacto en el departamento y pretendería desbancar a Félix para ser el candidato a intendente de San Rafael en 2015 por el peronismo.
Cazabán se ocupa de desmentir relación comercial alguna con Matar. Pero a modo de recordatorio vale señalar que el ahora empresario mediático fue duramente cuestionado por su relación con la gestión Jaque, que lo habría llevado a cobrar sumas millonarias en concepto de prestaciones de su empresa de fotografía y producciones periodísticas.
Omar y Emir Félix no verían con buenos ojos esta compra aunque no lo admiten públicamente, pero de hecho en sus entornos se habla del "canal de la Corriente", por la línea interna del PJ en la que milita su rival Cazaban y que comanda el vicegobernador Ciurca. También se estaría formando una opinión muy crítica en cuanto a las posibilidades del manejo de la pauta oficial que podría hacer Matar. Sin embargo, fue el nuevo dueño de Canal 6 quien aseguró que se manejará como cualquier medio con la pauta y que "nadie tenga miedo. No buscaré favoritismos porque mi esposa es militante política".
Fuente: Diario Los Andes
Por: Carlos Simón - csimon@losandes.com.ar
Tras varios días de rumores y desmentidas, el empresario Gustavo Matar se hizo cargo de la gerencia y dirección del Canal 6, el único de aire de San Rafael. Según explicó a Los Andes él mismo, su intención es "adquirir el 100% de las acciones y no el 50 como se ha dicho". La novedad agitó el ambiente político y la interna del PJ, ya que el hombre está vinculado al ex secretario general de la Gobernación, Alejandro Cazabán.
"Aún no están cerrados los números de la operación porque estamos analizando los pasivos y activos de la firma para concretar. No hay números y si los tuviese no los daría, pero no son de ninguna manera los que se rumorean. Hoy por hoy -afirmó- hemos acordado con el Grupo Vila-Manzano (que lo vende para adecuarse a la ley de Medios) y sus equipos realizar una especie de auditoría y mientras tanto estoy haciendo algunos movimientos en la programación. Quiero que Canal 6 sea nuevamente el canal de los sanrafaelinos. De los distritos. De lo nuestro. Que el canal recupere su identidad".
Lo cierto es que se habla de 16 millones de pesos ya entregados por la licencia y los activos, con la financiación de 3 millones de dólares más en cuatro cuotas semestrales de u$s 750.000.
"En cuanto a la línea editorial pretendo un espacio abierto, plural", dijo Matar, que comenzó como fotógrafo, luego puso una agencia de publicidad y con los años devino en empresario de medios también es propietario de la FM Vibra, del semanario de distribución gratuita Infoya y de un camión de exteriores con tecnología de punta.
En cuanto a las versiones que lo vinculan a Cazabán, lo atribuyó a un manejo de "algún pillo que quiere usar mi esfuerzo empresarial para las internas políticas. Soy amigo de Cazabán y también de los Félix. Es más, yo estuve trabajando profesionalmente con los Félix desde 2003 hasta el 2010. Sería una torpeza de mi parte mezclar el tema político con el empresarial. Lo que se dice de esa relación y mi presunta participación en la línea de Ciurca es mentira. Están transformado así la interna provincial en una interna sanrafaelina. No tengo nada que ver con la actividad política de mi esposa (la diputada Evangelina Godoy, quien le reporta a Cazabán). Ella trabaja en política, yo no".
Otro de los motivos por lo que se habla que el canal será usado por Matar para la campaña es que meses atrás, a través de su semanario, criticó fuertemente la gestión municipal de Emir Félix. "Eso ya lo hablamos y todo está bien. Eso era por otras cuestiones que nada tenían que ver con la política", afirmó.
Sin embargo los rumores no cesan y todos en los ambientes políticos ligan a este ex fotógrafo de la intendencia de Omar Félix primero y del gobernador Jaque después, con el ex secretario de la Gobernación, quien ha vuelto a levantar el perfil en los últimos meses con proyectos de impacto en el departamento y pretendería desbancar a Félix para ser el candidato a intendente de San Rafael en 2015 por el peronismo.
Cazabán se ocupa de desmentir relación comercial alguna con Matar. Pero a modo de recordatorio vale señalar que el ahora empresario mediático fue duramente cuestionado por su relación con la gestión Jaque, que lo habría llevado a cobrar sumas millonarias en concepto de prestaciones de su empresa de fotografía y producciones periodísticas.
Omar y Emir Félix no verían con buenos ojos esta compra aunque no lo admiten públicamente, pero de hecho en sus entornos se habla del "canal de la Corriente", por la línea interna del PJ en la que milita su rival Cazaban y que comanda el vicegobernador Ciurca. También se estaría formando una opinión muy crítica en cuanto a las posibilidades del manejo de la pauta oficial que podría hacer Matar. Sin embargo, fue el nuevo dueño de Canal 6 quien aseguró que se manejará como cualquier medio con la pauta y que "nadie tenga miedo. No buscaré favoritismos porque mi esposa es militante política".
Fuente: Diario Los Andes
martes, 26 de marzo de 2013
Siguen las medidas de fuerza en LT28 Radio Rafaela
La Historia de LT 28 Radio Rafaela se escribe desde hace 42 años. La gran mayoría de los locutores y periodistas que hoy trabajan en la región fueron formados en la emisora. La radio relató las 300 Indy. La radio emocionó y se emocionó con la llegada a primera de Atlético. La radio es un llamado a la solidaridad para conseguir un grupo de sangre complicado. La radio es hacer silencio a las 13 “para escuchar quién murió” La radio es – así lo sienten los rafaelinos- parte de su historia. Alguien dijo por allí “patrimonio cultural de la ciudad”. Esa radio, la radio de Rafaela, desde mucho tiempo a esta parte viene experimentando una crisis progresiva que se manifiesta explícitamente en los salarios de sus trabajadores
Con diferentes administraciones, la situación fue bastante parecida. Reclamos más o menos vehementes, a veces infructuosos, otros eficaces. Pero siempre, caídos . “Mártires de la lucha”
En su momento Néstor Clivati pagó el altísimo costo de un justo reclamo con su propio puesto laboral.
En momentos distintos pero en circunstancias parecidas corrió la misma suerte la recordada Emilse Vivas.
Lo más reciente: el conflicto del año pasado fue facturado al periodista –y parte de la historia de la radio- Nilo Peretto.
Febrero del 2013. Paro por tiempo indeterminado por justos reclamos.El primer y gran objetivo de nuestra lucha es la defensa de nuestra fuente laboral que hoy vemos en peligro. La situación es insostenible y nuestra dignidad no se negocia.
No vamos a permitir más caídos en la lucha
Intersindical Radial
Retoman medidas de fuerza
Los trabajadores de radio LT28 iniciaron un paro de 72 horas desde el martes. Se reclama el pago de salarios, vacaciones, aportes patronales, ART y la urgente solución de los graves problemas de infraestructura y seguridad de la emisora
La asamblea de trabajadores de LT28 Radio Cultural Agraria de Rafaela resolvió retomar las medidas de fuerza desde las 8 horas de este martes 26 de marzo hasta el viernes 29 a la misma hora.
La medida se fundamenta en la falta de pago de una parte de los haberes de enero y la totalidad de febrero, la falta de aportes de aportes patronales a la seguridad social, la carencia de ART, y numerosos incumplimientos de los convenios colectivos de la actividad.
A esto se deben agregar las deplorables condiciones de trabajo que afectan a periodistas, locutores, operadores y administrativos, que en varias ocasiones fueron constatadas y sancionadas por el Ministerio de Trabajo de Santa Fe, sin que la empresa haya manifestado voluntad de resolver esta grave situación.
Frente a esta situación, la empresa Radio Cultural Agraria SRL se ha cerrado al diálogo y carece de propuestas para resolver los graves problemas que padecen los trabajadores. En la actualidad las transmisiones y el trabajo cotidiano se realizan de manera precaria, ya que, no se cuenta con servicio telefónico ni conexión a internet.
Además, en una clara actitud antisindical, la empresa intenta sostener parte de su programación con personal fuera de convenio perteneciente a la Fundación Centro de Rafaela.
Por todo lo expuesto, desde la Asociación de Prensa de Santa Fe reiteramos que los únicos responsables de esta situación son quienes detentan el control accionario de la empresa y los sectores políticos que aprovechan la proyección de este medio para respaldar sus carreras electorales.
Fuente: APSF
Con diferentes administraciones, la situación fue bastante parecida. Reclamos más o menos vehementes, a veces infructuosos, otros eficaces. Pero siempre, caídos . “Mártires de la lucha”
En su momento Néstor Clivati pagó el altísimo costo de un justo reclamo con su propio puesto laboral.
En momentos distintos pero en circunstancias parecidas corrió la misma suerte la recordada Emilse Vivas.
Lo más reciente: el conflicto del año pasado fue facturado al periodista –y parte de la historia de la radio- Nilo Peretto.
Febrero del 2013. Paro por tiempo indeterminado por justos reclamos.El primer y gran objetivo de nuestra lucha es la defensa de nuestra fuente laboral que hoy vemos en peligro. La situación es insostenible y nuestra dignidad no se negocia.
No vamos a permitir más caídos en la lucha
Intersindical Radial
Retoman medidas de fuerza
Los trabajadores de radio LT28 iniciaron un paro de 72 horas desde el martes. Se reclama el pago de salarios, vacaciones, aportes patronales, ART y la urgente solución de los graves problemas de infraestructura y seguridad de la emisora
La asamblea de trabajadores de LT28 Radio Cultural Agraria de Rafaela resolvió retomar las medidas de fuerza desde las 8 horas de este martes 26 de marzo hasta el viernes 29 a la misma hora.
La medida se fundamenta en la falta de pago de una parte de los haberes de enero y la totalidad de febrero, la falta de aportes de aportes patronales a la seguridad social, la carencia de ART, y numerosos incumplimientos de los convenios colectivos de la actividad.
A esto se deben agregar las deplorables condiciones de trabajo que afectan a periodistas, locutores, operadores y administrativos, que en varias ocasiones fueron constatadas y sancionadas por el Ministerio de Trabajo de Santa Fe, sin que la empresa haya manifestado voluntad de resolver esta grave situación.
Frente a esta situación, la empresa Radio Cultural Agraria SRL se ha cerrado al diálogo y carece de propuestas para resolver los graves problemas que padecen los trabajadores. En la actualidad las transmisiones y el trabajo cotidiano se realizan de manera precaria, ya que, no se cuenta con servicio telefónico ni conexión a internet.
Además, en una clara actitud antisindical, la empresa intenta sostener parte de su programación con personal fuera de convenio perteneciente a la Fundación Centro de Rafaela.
Por todo lo expuesto, desde la Asociación de Prensa de Santa Fe reiteramos que los únicos responsables de esta situación son quienes detentan el control accionario de la empresa y los sectores políticos que aprovechan la proyección de este medio para respaldar sus carreras electorales.
Fuente: APSF
Brutalidad policial contra periodista de "La Ocho"
Diego Fiori, periodista de la radio LT8, fue detenido este mediodía por "entorpecer un procedimiento policial" que realizaba la Unidad Regional II en peatonal Córdoba y Sarmiento, de Rosario. El salió en defensa de un vendedor ambulante reconocido del lugar, ya fue liberado. Había sido trasladado a la comisaría 2ª, del microcentro rosarino
Según relataron testigos, el periodista pidió que suelten al joven que estaba siendo golpeado y el personal policial que se encontraba en el sitio lo detuvo por “insultos”, algo que los mismos testigos negaron.
Según informaron, el periodista circulaba por la peatonal cuando vio a efectivos policiales golpeando a un vendedor “histórico” de medias en la esquina de Córdoba y Sarmiento, por presunto hurto en un local de telefonía. Sin embargo, las empleadas del local señalaron que el hombre “no había robado nada”.
En ese momento, Fiori junto a otras personas intentó frenar el accionar de la policía pero fue detenido por los efectivos, quienes manifestaron haber sido insultados.
"Estaban pegándole fiero al vendedor de medias histórico de acá (Córdoba y Sarmiento), empecé a gritarle que lo suelten. En ningún momento le dije nada y vino un señor para dar la orden de que me detengan sin ningún tipo de argumento", relató Fiori, mientras un agente de la policía lo tenía sujetado del brazo izquierdo.
En medio de la protesta de la gente que salió en defensa del vendedor ambulante y del periodista, Fiori agregó que "lo peor de todo es que estaban golpeando al vendedor de medias de una manera completamente irracional, ese es el problema más grave que se trata de los que representan al Estado. Porque pregunté en el negocio de celulares y me dijeron que no estaba robando nada, ahí fue cuando empecé a gritarle que lo suelten".
"Al de remera roja hay que llevarlo", fue la orden de un policía para con el periodista, según el testimonio de una señora que presenció el incidente, al tiempo que el resto de la gente que se aglutinó en la tradicional ochava del centro rosarino golpeaba y pateaba los dos patrulleros, al que trasladó al vendedor y en el que se llevaron al periodista presuntos insultos hacia un agente.
"Me encerraron en un calabozo de manera indignante y me hicieron desnudar", relató Fiori ni bien recobró la libertad tras ser detenido este mediodía en peatonal Córdoba por pedir que dejen de golpear a un vendedor de medias "histórico" de la peatonal.
No obstante, Fiori insistió en que "no había ningún tipo de argumento de pegarle a una persona, sea o no ladrón, como le estaban pegando", razón por la cual lo llevó a gritar a la distancia para que dejen de golpear al vendedor ambulante.
"Lamentablemente, aunque suene contradictorio, tengo la posibilidad de decir que esto es parte del abuso de autoridad recurrente de la policía de la provincia de tener este tipo de acciones cuando yo estaba pidiendo que dejen de golpear a una persona, más allá de que sea un delincuente como en este caso no lo fue", concluyó.
Fuentes del Ministerio de Seguridad de la provincia informaron que el titular de esa cartera, Raúl Lamberto, se comunicó con el periodista y tras escuchar su testimonio, le anunció la decisión de iniciar un sumario para esclarecer lo sucedido.
El Sindicato de Prensa Rosario informó que este martes el abogado penalista del gremio, Claudio Puccinelli, acompañará a Fiori a prestar declaración ante el Juzgado Correccional Nº 9.
José Maggi entrevistó por La Ocho a Alicia Simeoni, del Sindicato de Prensa, quien advierte que el policía que detuvo a Fiori “estaba haciendo adicionales, y no sería de la comisaría segunda. Preguntamos 10 veces el nombre, pero no conseguimos que nos digan quién es. Fiori fue metido en un calabozo mediante el procedimiento habitual que se usa para todos los detenidos. Creemos que fue demorado por obstruir la acción policial. Diego no fue golpeado, sí el vendedor ambulante. Nosotros nos vamos a tener que ir a acompañar a Fiori a Tribunales porque no vamos a declarar en sede policial”.
Diego Fiori es productor periodístico de la Primera Mañana de La Ocho y el 12 de marzo se transformó en el primer hombre en recibir el premio Juana Manso, distinción otorgada por la Municipalidad de Rosario a los profesionales que promueven los derechos de la mujer en diferentes soportes de la comunicación.
Fuente: Diario El Ciudadano, La Capital, Notiexpress, Rosario3 y Juano Gonzalez Utges
Prensa Rosario repudia el accionar policial contra el periodista Diego Fiori y un vendedor ambulante
La Comisión de Libertad de Expresión y Formación Profesional del Sindicato de Prensa Rosario expresa su profundo repudio hacia el arbitrario e ilegítimo accionar policial que en este caso tuvo como víctima al periodista Diego Fiori –trabajador de LT8, de Radio Universidad Rosario y del programa Bien Temprano que se emite diariamente por Canal 5
Fiori fue llevado detenido por personal de la seccional 2ª de policía cuando se quejó por los golpes que el agente Fernando Ramos propinaba a un vendedor ambulante en la esquina de Sarmiento y Córdoba.
Todo ocurrió poco después de las 12.30 cuando la Guardia Urbana Municipal -que estaba acompañada por el policía Ramos-, realizaba un procedimiento en la intersección de las calles señaladas y se produjo una discusión con un vendedor ambulante. Esa discusión terminó con golpes del policía hacia el hombre que vendía medias, un momento en que nuestro compañero Diego Fiori intervino gritando para que se detuviera y no lo siguiera golpeando, mientras agregaba que el hombre siempre andaba vendiendo por allí. No sólo fue Fiori sino una gran cantidad de personas quienes gritaron y se opusieron a la golpiza, mientras los refuerzos policiales que llegaron al lugar hicieron caso a Fernando Ramos que indicó que detuvieran, al vendedor y también “al de rojo”, para el caso el trabajador de prensa de LT8, Canal 5 y Radio Universidad. Es necesario destacar que los policías fueron advertidos por otro periodista que pasaba por allí, que Fiori es trabajador de prensa y que estaban cometiendo un error.
Fiori fue llevado al calabozo de la 2ª, junto con el vendedor de medias, y contra él se aplicó el procedimiento que se realiza contra cualquier detenido y se lo despojó de su ropa. Le fueron retenidos sus efectos personales, entre ellos el cinto y los cordones de las zapatillas que llevaba puestas. Cuando esta Comisión del SPR llegó a la seccional 2ª, encontró a Diego Fiori en estado de shock, prácticamente descompensado por la situación vivida. Luego de más de dos horas y media en la comisaría fue liberado, después de que se le levantara un acta donde se hizo constar su situación procesal de “sospechado del delito de interferir en el accionar policial” y el periodista expresara que prestará su declaración ante la justicia. En la causa interviene el juzgado en lo Correccional Nº 9, Héctor Núñez Cartelle
Esta Comisión recuerda que en diciembre de 2010, el fotógrafo y periodista Alejandro Guerrero fue detenido y brutalmente golpeado en la Comisaría 3ª, cuando miraba un operativo que también involucró a la Guardia Urbana Municipal y la Policía, en contra de dos personas que dormían en la calle.
Por todo lo relatado, la Comisión de Libertad de expresión exige el pronto pase a retiro del policía Fernando Ramos, ya que ejerció violencia contra el vendedor ambulante e hizo gala de profundo abuso de autoridad al indicar que detengan a Fiori. Con el acta que se labró en sede policial, en donde estaban presentes el jefe de la Unidad Regional II Raúl Ardiles, el subjefe Luis Omar Bruschi, el inspector de Zona Marcelo Marcos, el jefe de Orden Público, Hugo Cabral, y el titular de la 2ª Fernando Ochoa, Diego Fiori pasa de ser víctima a la situación de imputado.
Esta Comisión no puede dejar de señalar que en todo momento la conducta de los jefes policiales fue extremadamente aséptica y muy preocupada por dejar los papeles en regla, sin que se escuchara un solo lamento o disculpas por la brutal actuación de uno de los hombres de la fuerza.
Comisión de Libertad de Expresión y Formación Profesional
Sindicato de Prensa Rosario
Repudio ante accionar policial
Los concejales del Frente para la Victoria-PJ, Norma López y Roberto Sukerman expresaron su más enérgico rechazo y preocupación ante los hechos ocurridos en Córdoba y Sarmiento donde fueron detenidos un vendedor ambulante y el periodista Diego Fiori de LT 8; productor también del programa televisivo Bien Temprano.
"Ante la violación sistemática de los derechos de los trabajadores de prensa por parte de una cuestionada institución policial en momentos en que la ciudadanía reclama soluciones concretas frente al flagelo de la inseguridad; este accionar debe ser repudiado por toda la sociedad así como por sus representantes", manifestaron los ediles.
Asimismo, expresaron su repudio ante la violencia que sufrió el vendedor ambulante por parte de los uniformados, hecho que en el momento fue repudiado por los presentes y que derivó en la detención del periodista Diego Fiori, ante su reclamo. Según testigos y un video circulante en distintos medios se ve con claridad como el efectivo ataca violentamente al vendedor ambulante ejerciendo un claro abuso policial.
Por otra parte, en caracter de vicepresidenta del Palacio Vasallo, la concejala Norma López se hizo presente ante las autoridades de la Comisaría 2da. con el fin de lograr la liberación del trabajador de prensa, conjuntamente con autoridades del Sindicato de Prensa y el diputado Provincial Eduardo Tognolli.
En otra seguidilla del accionar repudiable por parte de los efectivos policiales, el cronista ingresó esposado –al igual que el puestero por el que se originó el incidente– y fue desnudado para la requisa antes de quedar alojado en un calabozo.
Según relataron testigos, el periodista pidió que suelten al joven que estaba siendo golpeado y el personal policial que se encontraba en el sitio lo detuvo por “insultos”, algo que los mismos testigos negaron.
Según informaron, el periodista circulaba por la peatonal cuando vio a efectivos policiales golpeando a un vendedor “histórico” de medias en la esquina de Córdoba y Sarmiento, por presunto hurto en un local de telefonía. Sin embargo, las empleadas del local señalaron que el hombre “no había robado nada”.
En ese momento, Fiori junto a otras personas intentó frenar el accionar de la policía pero fue detenido por los efectivos, quienes manifestaron haber sido insultados.
"Estaban pegándole fiero al vendedor de medias histórico de acá (Córdoba y Sarmiento), empecé a gritarle que lo suelten. En ningún momento le dije nada y vino un señor para dar la orden de que me detengan sin ningún tipo de argumento", relató Fiori, mientras un agente de la policía lo tenía sujetado del brazo izquierdo.
En medio de la protesta de la gente que salió en defensa del vendedor ambulante y del periodista, Fiori agregó que "lo peor de todo es que estaban golpeando al vendedor de medias de una manera completamente irracional, ese es el problema más grave que se trata de los que representan al Estado. Porque pregunté en el negocio de celulares y me dijeron que no estaba robando nada, ahí fue cuando empecé a gritarle que lo suelten".
"Me encerraron en un calabozo de manera indignante y me hicieron desnudar", relató Fiori ni bien recobró la libertad tras ser detenido este mediodía en peatonal Córdoba por pedir que dejen de golpear a un vendedor de medias "histórico" de la peatonal.
No obstante, Fiori insistió en que "no había ningún tipo de argumento de pegarle a una persona, sea o no ladrón, como le estaban pegando", razón por la cual lo llevó a gritar a la distancia para que dejen de golpear al vendedor ambulante.
"Lamentablemente, aunque suene contradictorio, tengo la posibilidad de decir que esto es parte del abuso de autoridad recurrente de la policía de la provincia de tener este tipo de acciones cuando yo estaba pidiendo que dejen de golpear a una persona, más allá de que sea un delincuente como en este caso no lo fue", concluyó.
Fuentes del Ministerio de Seguridad de la provincia informaron que el titular de esa cartera, Raúl Lamberto, se comunicó con el periodista y tras escuchar su testimonio, le anunció la decisión de iniciar un sumario para esclarecer lo sucedido.
El Sindicato de Prensa Rosario informó que este martes el abogado penalista del gremio, Claudio Puccinelli, acompañará a Fiori a prestar declaración ante el Juzgado Correccional Nº 9.
José Maggi entrevistó por La Ocho a Alicia Simeoni, del Sindicato de Prensa, quien advierte que el policía que detuvo a Fiori “estaba haciendo adicionales, y no sería de la comisaría segunda. Preguntamos 10 veces el nombre, pero no conseguimos que nos digan quién es. Fiori fue metido en un calabozo mediante el procedimiento habitual que se usa para todos los detenidos. Creemos que fue demorado por obstruir la acción policial. Diego no fue golpeado, sí el vendedor ambulante. Nosotros nos vamos a tener que ir a acompañar a Fiori a Tribunales porque no vamos a declarar en sede policial”.
Fuente: Diario El Ciudadano, La Capital, Notiexpress, Rosario3 y Juano Gonzalez Utges
Prensa Rosario repudia el accionar policial contra el periodista Diego Fiori y un vendedor ambulante
La Comisión de Libertad de Expresión y Formación Profesional del Sindicato de Prensa Rosario expresa su profundo repudio hacia el arbitrario e ilegítimo accionar policial que en este caso tuvo como víctima al periodista Diego Fiori –trabajador de LT8, de Radio Universidad Rosario y del programa Bien Temprano que se emite diariamente por Canal 5
Fiori fue llevado detenido por personal de la seccional 2ª de policía cuando se quejó por los golpes que el agente Fernando Ramos propinaba a un vendedor ambulante en la esquina de Sarmiento y Córdoba.
Todo ocurrió poco después de las 12.30 cuando la Guardia Urbana Municipal -que estaba acompañada por el policía Ramos-, realizaba un procedimiento en la intersección de las calles señaladas y se produjo una discusión con un vendedor ambulante. Esa discusión terminó con golpes del policía hacia el hombre que vendía medias, un momento en que nuestro compañero Diego Fiori intervino gritando para que se detuviera y no lo siguiera golpeando, mientras agregaba que el hombre siempre andaba vendiendo por allí. No sólo fue Fiori sino una gran cantidad de personas quienes gritaron y se opusieron a la golpiza, mientras los refuerzos policiales que llegaron al lugar hicieron caso a Fernando Ramos que indicó que detuvieran, al vendedor y también “al de rojo”, para el caso el trabajador de prensa de LT8, Canal 5 y Radio Universidad. Es necesario destacar que los policías fueron advertidos por otro periodista que pasaba por allí, que Fiori es trabajador de prensa y que estaban cometiendo un error.
Fiori fue llevado al calabozo de la 2ª, junto con el vendedor de medias, y contra él se aplicó el procedimiento que se realiza contra cualquier detenido y se lo despojó de su ropa. Le fueron retenidos sus efectos personales, entre ellos el cinto y los cordones de las zapatillas que llevaba puestas. Cuando esta Comisión del SPR llegó a la seccional 2ª, encontró a Diego Fiori en estado de shock, prácticamente descompensado por la situación vivida. Luego de más de dos horas y media en la comisaría fue liberado, después de que se le levantara un acta donde se hizo constar su situación procesal de “sospechado del delito de interferir en el accionar policial” y el periodista expresara que prestará su declaración ante la justicia. En la causa interviene el juzgado en lo Correccional Nº 9, Héctor Núñez Cartelle
Esta Comisión recuerda que en diciembre de 2010, el fotógrafo y periodista Alejandro Guerrero fue detenido y brutalmente golpeado en la Comisaría 3ª, cuando miraba un operativo que también involucró a la Guardia Urbana Municipal y la Policía, en contra de dos personas que dormían en la calle.
Por todo lo relatado, la Comisión de Libertad de expresión exige el pronto pase a retiro del policía Fernando Ramos, ya que ejerció violencia contra el vendedor ambulante e hizo gala de profundo abuso de autoridad al indicar que detengan a Fiori. Con el acta que se labró en sede policial, en donde estaban presentes el jefe de la Unidad Regional II Raúl Ardiles, el subjefe Luis Omar Bruschi, el inspector de Zona Marcelo Marcos, el jefe de Orden Público, Hugo Cabral, y el titular de la 2ª Fernando Ochoa, Diego Fiori pasa de ser víctima a la situación de imputado.
Esta Comisión no puede dejar de señalar que en todo momento la conducta de los jefes policiales fue extremadamente aséptica y muy preocupada por dejar los papeles en regla, sin que se escuchara un solo lamento o disculpas por la brutal actuación de uno de los hombres de la fuerza.
Comisión de Libertad de Expresión y Formación Profesional
Sindicato de Prensa Rosario
Repudio ante accionar policial
Los concejales del Frente para la Victoria-PJ, Norma López y Roberto Sukerman expresaron su más enérgico rechazo y preocupación ante los hechos ocurridos en Córdoba y Sarmiento donde fueron detenidos un vendedor ambulante y el periodista Diego Fiori de LT 8; productor también del programa televisivo Bien Temprano.
"Ante la violación sistemática de los derechos de los trabajadores de prensa por parte de una cuestionada institución policial en momentos en que la ciudadanía reclama soluciones concretas frente al flagelo de la inseguridad; este accionar debe ser repudiado por toda la sociedad así como por sus representantes", manifestaron los ediles.
Asimismo, expresaron su repudio ante la violencia que sufrió el vendedor ambulante por parte de los uniformados, hecho que en el momento fue repudiado por los presentes y que derivó en la detención del periodista Diego Fiori, ante su reclamo. Según testigos y un video circulante en distintos medios se ve con claridad como el efectivo ataca violentamente al vendedor ambulante ejerciendo un claro abuso policial.
Por otra parte, en caracter de vicepresidenta del Palacio Vasallo, la concejala Norma López se hizo presente ante las autoridades de la Comisaría 2da. con el fin de lograr la liberación del trabajador de prensa, conjuntamente con autoridades del Sindicato de Prensa y el diputado Provincial Eduardo Tognolli.
En otra seguidilla del accionar repudiable por parte de los efectivos policiales, el cronista ingresó esposado –al igual que el puestero por el que se originó el incidente– y fue desnudado para la requisa antes de quedar alojado en un calabozo.
Salta: 232 radios y 48 canales a la espera de Plan Técnico y Concursos
La autoridad federal reguladora espera aplicar en menos de un año un plan técnico que evite las múltiples interferencias
Por: Fabio Ramayo
En los últimos años es común que al sintonizar una radio, el dial que le corresponde esté tapado por otra o se escuchen interferencias. Esto se repite con los canales de televisión por aire. Y el motivo es el mismo: el espectro radioeléctrico salteño está sobresaturado como consecuencia de la proliferación de radios y canales televisivos.
De acuerdo al censo realizado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), son 232 radios y 48 canales en Salta que están a la espera de una licencia y, a pesar de no tenerla aún, una gran cantidad de ellos ya están al aire como operativos no autorizados.
Desde la implementación de la nueva ley de medios, varios particulares, instituciones, organizaciones y demás se acercaron a la AFSCA a participar del censo voluntario para obtener una licencia de televisión y radio.
En Salta, desde el 2010 a la actualidad se inscribieron 48 canales de aire y 232 radios, una cifra récord a nivel país y algo que sobresaturó el espacio radioeléctrico en la provincia. La AFSCA prepara un plan técnico que apunta a ordenar y regular las emisiones de los medios que esperan una licencia.
Josefina Adrover, coordinadora del organismo nacional en Salta, expresó: “Una vez que tengamos el número real de radios y canales de televisión, verificando antes que los que se presentaron en el censo tienen en efecto un canal o una radio y no solo la voluntad de tenerlos, vamos a armar un plan técnico para que puedan entrar todos en el espectro radioeléctrico y que no haya problemas de superposición entre ellos”.
En gestiones anteriores de la AFSCA y del ComFeR -organismo reguladores de medios audiovisuales- se decía que solo iban a entrar 40 emisoras en la ciudad de Salta, donde se concentra la mayor cantidad de aspirantes a una licencia. “Ahora hemos estudiado con los funcionarios de la Comisión Nacional de la Comunicación y estamos armando un plan técnico para que entren todos”, anticipó Adrover
Para ello, se analizan distintas variables: reducir la potencia, el radio de transmisión y fijar “reglas respetuosas más que nada con los medios que ya poseen licencia”, dijo. Recordó, además, que el plan tiene en cuenta emisiones especiales: los satélites de seguridad, las telefónicas, el aeropuerto, etc.
“Creemos que en menos de un año llamaremos a concurso público a los medios que cumplan con todos los requisitos de la ley para implementar este plan. Con esto tal vez muchos medios inscriptos se van a dar cuenta de que no era lo que ellos pensaban y tal vez descubramos que no está tan saturado el espectro”, concluyó.
Incumplimientos
La cifra de los medios que cuentan con la licencia es mucho más pequeña que la de aquellos que trabajan sin autorización. De los 48 canales de televisión abierta inscriptos en Salta, solo uno tiene licencia y es Canal 11.
Mientras que por el lado de las radios, de 232 inscriptas solo 60 tienen licencia, de las cuales 7 son de Capital, 25 trabajan con un permiso precario provisorio y el resto son operativos no autorizados.
Adrover puntualizó que la licencia no es la única garantía de que uno esté dentro de la ley. “También los medios tienen que cumplimentar tres carpetas específicas, que es más importante que la chapita de la licencia”, expresó.
Las tres carpetas atienden a requisitos en lo legal y contable en primer lugar, a la parte técnica y tecnológica en segundo y tercero, a la producción de contenido propio.
“Ningún medio de Salta está 100% en regla ya que si no le falta la licencia, no cumple con las carpetas. Hoy es muy común ver que muchos medios radiales y televisivos son repetidores de contenido provenientes de Buenos Aires u otros lugares y no producen nada propio”, advirtió.
“Apuntamos a cambiar esto rotundamente y la ley exige que el 70% de la grilla o programación sea producción local, además de que el 30% de la música que se reproduzca sea de artistas locales independientes. Y de la carpeta técnica y tecnológica ni hablemos, con dos tornillos quieren poner una radio”, concluyó.
Superposición de radios
Con la sobresaturación del espectro radioeléctrico es muy común que al sintonizar un dial específico se escuchen interferencias de otras transmisiones radiales o directamente esté tapada la señal que se quiere escuchar.
Desde el AFSCA informaron que muchos medios radiales se acercaron a reclamar esta situación a su oficina ubicada en Vicente López 97. La coordinadora del organismo nacional, Josefina Adrover, asegura que sin el Plan Técnico no se le puede dar solución y tampoco alienta a que ambas partes entren en litigio.
“Judicialmente no vamos a enfrentar dos radios porque en primer lugar es muy probable que ninguna de las dos esté dentro de la ley, ya que, o le falta el permiso o cumplir con alguna carpeta. Otra variable que se puede dar es que el medio más grande compre jueces, y otra que llevar esto a la Justicia de Salta es ingresar el problema en un lugar en el que ni siquiera están a favor de la ley”, dijo.
Y agregó: “La única manera de resolver que las radios no se pisen sería ir y secuestrarles los equipos, pero iríamos en contra del alma de la ley que establece como un derecho humano a la comunicación”.
Problemas en la TV
Los canales de aire atraviesan por una situación similar a la de las radios y así lo señaló Daniel Longarela, propietario de Canal 10 y Nortevisión, quien dijo que tiene interferencias de Canal 11 en sus transmisiones.
“Hace 8 o 9 meses que acarreamos este problema que interfiere tanto en el audio como en el video de nuestra señal. No se ha hecho un programa para que todos los canales transmitan en una misma potencia y esto es un caos. Hemos reclamado ante el AFSCA porque más allá de que sea el único con licencia, se tiene que apegar a la frecuencia estipulada”, dijo.
Juan Aranda, director de Canal 2 de aire, explicó que ellos no tienen problemas en su transmisión por interferencias de otras señales, pero sí que han sufrido sabotajes en 2 ocasiones en el cerro 20 de Febrero, donde primero quemaron la casilla de transmisión en septiembre de 2011 y un mes después voltearon la antena.
“Hasta hoy la policía nunca nos mandó una nota siquiera para decirnos que no encontraron a los culpables o cómo marcha la investigación, pero este es el costo que pagamos por decir las cosas como son y no callarnos”, expresó.
Los datos
En menos de un año la sede local del organismo nacional de regulación espera reordenar el espectro radioeléctrico salteño. El punto de partida fue un censo de los medios audiovisuales que operan
en la provincia.
El AFSCA señaló que en las provincias de Salta y de Tucumán, y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son las tres zonas del país con sobresaturación del espectro radioeléctrico a raíz de la proliferación de radios y canales de TV.
Según las autoridades locales del AFSCA, ninguna emisora televisiva o radial cumple actualmente al 100% con los requerimientos para obtener una licencia. Remarcan aspectos técnicos, legales y también de contenido.
Las licencias
Canales de TV abiertos:
Con licencia: 1
Se trata de Canal 11 de Salta, Grupo Telefe
Canales sin licencia (televisión abierta de baja potencia) que han solicitado licencia: 48
Canales sin licencia que están al aire: 12
Canales de cable con licencia en toda la provincia: 26
Radios
Con licencia: 60 en toda la provincia. De esas, 7 están en la capital
Con permiso precario provisorio: 25 en la provincia; 8 en capital
Sin licencia en Salta (que es récord en todo el país*): 232
Fuente: El Tribuno
*NdE: Cifra similar de emisoras emiten en el área gran Rosario sin ninguna licencia
Por: Fabio Ramayo
En los últimos años es común que al sintonizar una radio, el dial que le corresponde esté tapado por otra o se escuchen interferencias. Esto se repite con los canales de televisión por aire. Y el motivo es el mismo: el espectro radioeléctrico salteño está sobresaturado como consecuencia de la proliferación de radios y canales televisivos.
De acuerdo al censo realizado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), son 232 radios y 48 canales en Salta que están a la espera de una licencia y, a pesar de no tenerla aún, una gran cantidad de ellos ya están al aire como operativos no autorizados.
Desde la implementación de la nueva ley de medios, varios particulares, instituciones, organizaciones y demás se acercaron a la AFSCA a participar del censo voluntario para obtener una licencia de televisión y radio.
En Salta, desde el 2010 a la actualidad se inscribieron 48 canales de aire y 232 radios, una cifra récord a nivel país y algo que sobresaturó el espacio radioeléctrico en la provincia. La AFSCA prepara un plan técnico que apunta a ordenar y regular las emisiones de los medios que esperan una licencia.
Josefina Adrover, coordinadora del organismo nacional en Salta, expresó: “Una vez que tengamos el número real de radios y canales de televisión, verificando antes que los que se presentaron en el censo tienen en efecto un canal o una radio y no solo la voluntad de tenerlos, vamos a armar un plan técnico para que puedan entrar todos en el espectro radioeléctrico y que no haya problemas de superposición entre ellos”.
En gestiones anteriores de la AFSCA y del ComFeR -organismo reguladores de medios audiovisuales- se decía que solo iban a entrar 40 emisoras en la ciudad de Salta, donde se concentra la mayor cantidad de aspirantes a una licencia. “Ahora hemos estudiado con los funcionarios de la Comisión Nacional de la Comunicación y estamos armando un plan técnico para que entren todos”, anticipó Adrover
Para ello, se analizan distintas variables: reducir la potencia, el radio de transmisión y fijar “reglas respetuosas más que nada con los medios que ya poseen licencia”, dijo. Recordó, además, que el plan tiene en cuenta emisiones especiales: los satélites de seguridad, las telefónicas, el aeropuerto, etc.
“Creemos que en menos de un año llamaremos a concurso público a los medios que cumplan con todos los requisitos de la ley para implementar este plan. Con esto tal vez muchos medios inscriptos se van a dar cuenta de que no era lo que ellos pensaban y tal vez descubramos que no está tan saturado el espectro”, concluyó.
Incumplimientos
La cifra de los medios que cuentan con la licencia es mucho más pequeña que la de aquellos que trabajan sin autorización. De los 48 canales de televisión abierta inscriptos en Salta, solo uno tiene licencia y es Canal 11.
Mientras que por el lado de las radios, de 232 inscriptas solo 60 tienen licencia, de las cuales 7 son de Capital, 25 trabajan con un permiso precario provisorio y el resto son operativos no autorizados.
Adrover puntualizó que la licencia no es la única garantía de que uno esté dentro de la ley. “También los medios tienen que cumplimentar tres carpetas específicas, que es más importante que la chapita de la licencia”, expresó.
Las tres carpetas atienden a requisitos en lo legal y contable en primer lugar, a la parte técnica y tecnológica en segundo y tercero, a la producción de contenido propio.
“Ningún medio de Salta está 100% en regla ya que si no le falta la licencia, no cumple con las carpetas. Hoy es muy común ver que muchos medios radiales y televisivos son repetidores de contenido provenientes de Buenos Aires u otros lugares y no producen nada propio”, advirtió.
“Apuntamos a cambiar esto rotundamente y la ley exige que el 70% de la grilla o programación sea producción local, además de que el 30% de la música que se reproduzca sea de artistas locales independientes. Y de la carpeta técnica y tecnológica ni hablemos, con dos tornillos quieren poner una radio”, concluyó.
Superposición de radios
Con la sobresaturación del espectro radioeléctrico es muy común que al sintonizar un dial específico se escuchen interferencias de otras transmisiones radiales o directamente esté tapada la señal que se quiere escuchar.
Desde el AFSCA informaron que muchos medios radiales se acercaron a reclamar esta situación a su oficina ubicada en Vicente López 97. La coordinadora del organismo nacional, Josefina Adrover, asegura que sin el Plan Técnico no se le puede dar solución y tampoco alienta a que ambas partes entren en litigio.
“Judicialmente no vamos a enfrentar dos radios porque en primer lugar es muy probable que ninguna de las dos esté dentro de la ley, ya que, o le falta el permiso o cumplir con alguna carpeta. Otra variable que se puede dar es que el medio más grande compre jueces, y otra que llevar esto a la Justicia de Salta es ingresar el problema en un lugar en el que ni siquiera están a favor de la ley”, dijo.
Y agregó: “La única manera de resolver que las radios no se pisen sería ir y secuestrarles los equipos, pero iríamos en contra del alma de la ley que establece como un derecho humano a la comunicación”.
Problemas en la TV
Los canales de aire atraviesan por una situación similar a la de las radios y así lo señaló Daniel Longarela, propietario de Canal 10 y Nortevisión, quien dijo que tiene interferencias de Canal 11 en sus transmisiones.
“Hace 8 o 9 meses que acarreamos este problema que interfiere tanto en el audio como en el video de nuestra señal. No se ha hecho un programa para que todos los canales transmitan en una misma potencia y esto es un caos. Hemos reclamado ante el AFSCA porque más allá de que sea el único con licencia, se tiene que apegar a la frecuencia estipulada”, dijo.
Juan Aranda, director de Canal 2 de aire, explicó que ellos no tienen problemas en su transmisión por interferencias de otras señales, pero sí que han sufrido sabotajes en 2 ocasiones en el cerro 20 de Febrero, donde primero quemaron la casilla de transmisión en septiembre de 2011 y un mes después voltearon la antena.
“Hasta hoy la policía nunca nos mandó una nota siquiera para decirnos que no encontraron a los culpables o cómo marcha la investigación, pero este es el costo que pagamos por decir las cosas como son y no callarnos”, expresó.
Los datos
En menos de un año la sede local del organismo nacional de regulación espera reordenar el espectro radioeléctrico salteño. El punto de partida fue un censo de los medios audiovisuales que operan
en la provincia.
El AFSCA señaló que en las provincias de Salta y de Tucumán, y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son las tres zonas del país con sobresaturación del espectro radioeléctrico a raíz de la proliferación de radios y canales de TV.
Según las autoridades locales del AFSCA, ninguna emisora televisiva o radial cumple actualmente al 100% con los requerimientos para obtener una licencia. Remarcan aspectos técnicos, legales y también de contenido.
Las licencias
Canales de TV abiertos:
Con licencia: 1
Se trata de Canal 11 de Salta, Grupo Telefe
Canales sin licencia (televisión abierta de baja potencia) que han solicitado licencia: 48
Canales sin licencia que están al aire: 12
Canales de cable con licencia en toda la provincia: 26
Radios
Con licencia: 60 en toda la provincia. De esas, 7 están en la capital
Con permiso precario provisorio: 25 en la provincia; 8 en capital
Sin licencia en Salta (que es récord en todo el país*): 232
Fuente: El Tribuno
*NdE: Cifra similar de emisoras emiten en el área gran Rosario sin ninguna licencia
Medidas de fuerza de canillitas por "entrega ilegal" de "El Argentino", edición Rosario
El gratuito "El Argentino", propiedad de Balkbrug S.A.; ya se distribuye en Rosario. El sindicato de canillitas de Rosario denunció ante el Ministerio de Trabajo al diario de Sergio Szpolski y Matías Garfúnkel. Además decidieron no vender los diarios y revistas del Grupo
En los últimos días se comenzó a ver en bares y distintos sitios de la ciudad el diario gratuito El Argentino, del Grupo Editorial Veintitrés, propietario del diario Tiempo Argentino, el semanario Miradas al Sur y la revista Veintitrés, entre otros medios. Con una tirada diaria de alrededor de 30.000 ejemplares, se distribuye de manera irregular en puntos neurálgicos de la ciudad, esquivando los canales normales de venta de diarios y revistas, que son las paradas habilitadas a esa función.
Debido a esta conducta, la editorial perjudica en forma evidente a los diarieros, y en consecuencia este sindicato realizó la denuncia pertinente ante el Ministerio de Trabajo y la Dirección Nacional de Regulación de la Venta de Diarios y Revistas, para que tomen carta en el asunto. Además, por resolución de Comisión Directiva, hemos decidido no retirar las siguientes publicaciones: Tiempo Argentino, Miradas al Sur, Revista Veintitrés, El Sensacional y Newsweek, hasta tanto no cese la entrega ilegal y en forma gratuita del diario El Argentino Edición Rosario, que se viene realizando en la ciudad hace ya varios días.
El diputado nacional Juan Carlos Zabalza se reunió con Martínez en el Sindicato
Juan Carlos Zabalza se mostró preocupado por la situación con El Argentino
El diputado nacional Juan Carlos Zabalza se reunió este lunes con el secretario general del Sindicato, Carlos Martínez, para extender su solidaridad con respecto al conflicto existente con el diario El Argentino.
El diputado se mostró muy preocupado por la situación que viven los vendedores de diarios, que por el accionar ilegítimo del diario gratuito El Argentino, ven caer estrepitosamente sus ventas. Hace varios días, el periódico instala puestos ilegales por varios sectores estratégicos de la ciudad, incluso adyacentes a paradas de diarios habilitadas, y promete extender a toda la ciudad la distribución del diario, según las publicidades que aparecieron por TV y radio.
Zabalza, junto con su equipo de trabajo, analizó la situación y se comprometió a colaborar con la causa canillita, trabajando en pos de que se respeten las resoluciones y legislaciones vigentes que regulan la actividad de los vendedores de diarios y revistas.
Fuente: SiVenDiaRos
Fuente: Sergio Szpolski ya imprime El Argentino edición Rosario
En los últimos días se comenzó a ver en bares y distintos sitios de la ciudad el diario gratuito El Argentino, del Grupo Editorial Veintitrés, propietario del diario Tiempo Argentino, el semanario Miradas al Sur y la revista Veintitrés, entre otros medios. Con una tirada diaria de alrededor de 30.000 ejemplares, se distribuye de manera irregular en puntos neurálgicos de la ciudad, esquivando los canales normales de venta de diarios y revistas, que son las paradas habilitadas a esa función.
Debido a esta conducta, la editorial perjudica en forma evidente a los diarieros, y en consecuencia este sindicato realizó la denuncia pertinente ante el Ministerio de Trabajo y la Dirección Nacional de Regulación de la Venta de Diarios y Revistas, para que tomen carta en el asunto. Además, por resolución de Comisión Directiva, hemos decidido no retirar las siguientes publicaciones: Tiempo Argentino, Miradas al Sur, Revista Veintitrés, El Sensacional y Newsweek, hasta tanto no cese la entrega ilegal y en forma gratuita del diario El Argentino Edición Rosario, que se viene realizando en la ciudad hace ya varios días.
El diputado nacional Juan Carlos Zabalza se reunió con Martínez en el Sindicato
Juan Carlos Zabalza se mostró preocupado por la situación con El Argentino
El diputado nacional Juan Carlos Zabalza se reunió este lunes con el secretario general del Sindicato, Carlos Martínez, para extender su solidaridad con respecto al conflicto existente con el diario El Argentino.
El diputado se mostró muy preocupado por la situación que viven los vendedores de diarios, que por el accionar ilegítimo del diario gratuito El Argentino, ven caer estrepitosamente sus ventas. Hace varios días, el periódico instala puestos ilegales por varios sectores estratégicos de la ciudad, incluso adyacentes a paradas de diarios habilitadas, y promete extender a toda la ciudad la distribución del diario, según las publicidades que aparecieron por TV y radio.
Zabalza, junto con su equipo de trabajo, analizó la situación y se comprometió a colaborar con la causa canillita, trabajando en pos de que se respeten las resoluciones y legislaciones vigentes que regulan la actividad de los vendedores de diarios y revistas.
Fuente: SiVenDiaRos
Fuente: Sergio Szpolski ya imprime El Argentino edición Rosario
lunes, 25 de marzo de 2013
Delegado gremial denuncia incumplimiento de normas de seguridad en el Grupo Clarín
Pablo Viñas denunció el incumplimiento de normas de seguridad laboral en la empresa Artes Gráficas Rioplatense (AGR), donde el viernes último un operario perdió tres dedos en un accidente
"El viernes estábamos en el Sindicato (gráfico) por estos graves problemas, cuando nos avisan que un compañero había perdido tres dedos como consecuencia de la presión patronal para que se trabaje sin la protección" debida en las máquinas, dijo Viñas (foto) a TelAm.
El integrante de la Comisión gremial interna señaló que el grupo empresarial, "para acelerar la producción, no respeta las normas de seguridad e higiene", entre ellas el uso de la protección que las máquinas impresoras traen de fábrica.
"Vamos a denunciar esta grave irresponsabilidad patronal ante el Ministerio de Trabajo y mañana nos movilizamos en el marco de la (negociación) paritaria, en la que pretendemos recuperar parte de todo lo perdido" luego del descabezamiento de la representación sindical en AGR hace más de ocho años, agregó.
Despedido en 2004 junto a otros 119 trabajadores de la empresa gráfica del barrio porteño de Pompeya, Viñas fue reincorporado 2011 por un fallo judicial firme y, con el voto de sus compañeros, pasó a integrar la Comisión Interna actualmente en funciones.
"La empresa es responsable del accidente sufrido el viernes por Isidoro, así como lo fue de la muerte de la compañera Joana Riboli", aplastada en 2008 en el portón de acceso a la planta de AGR, afirmó el delegado.
Viñas denunció además presiones de gerentes de AGR, el sábado último, para que los gráficos "siguieran trabajando como si nada, sin protección", después de lo ocurrido a Isidoro, y recordó que en los últimos meses se desplomaron dos estructuras de gran peso en el sector donde los operarios cumplen tareas.
"Como un integrante de la Comisión Interna les hizo saber que no se iba a trabajar sin mínimas condiciones de seguridad, impidieron el ingreso de un turno de encuadernadores y les dijeron que perderían horas extra `por culpa de los delegados`", según relató.
AGR es la planta gráfica de mayor capacidad del país e imprime publicaciones del Grupo Clarín, como las revistas Viva, Genios y Cablevisión, así como para clientes en el país o en el exterior.
Fuente: TelAm
"El viernes estábamos en el Sindicato (gráfico) por estos graves problemas, cuando nos avisan que un compañero había perdido tres dedos como consecuencia de la presión patronal para que se trabaje sin la protección" debida en las máquinas, dijo Viñas (foto) a TelAm.
El integrante de la Comisión gremial interna señaló que el grupo empresarial, "para acelerar la producción, no respeta las normas de seguridad e higiene", entre ellas el uso de la protección que las máquinas impresoras traen de fábrica.
"Vamos a denunciar esta grave irresponsabilidad patronal ante el Ministerio de Trabajo y mañana nos movilizamos en el marco de la (negociación) paritaria, en la que pretendemos recuperar parte de todo lo perdido" luego del descabezamiento de la representación sindical en AGR hace más de ocho años, agregó.
Despedido en 2004 junto a otros 119 trabajadores de la empresa gráfica del barrio porteño de Pompeya, Viñas fue reincorporado 2011 por un fallo judicial firme y, con el voto de sus compañeros, pasó a integrar la Comisión Interna actualmente en funciones.
"La empresa es responsable del accidente sufrido el viernes por Isidoro, así como lo fue de la muerte de la compañera Joana Riboli", aplastada en 2008 en el portón de acceso a la planta de AGR, afirmó el delegado.
Viñas denunció además presiones de gerentes de AGR, el sábado último, para que los gráficos "siguieran trabajando como si nada, sin protección", después de lo ocurrido a Isidoro, y recordó que en los últimos meses se desplomaron dos estructuras de gran peso en el sector donde los operarios cumplen tareas.
"Como un integrante de la Comisión Interna les hizo saber que no se iba a trabajar sin mínimas condiciones de seguridad, impidieron el ingreso de un turno de encuadernadores y les dijeron que perderían horas extra `por culpa de los delegados`", según relató.
AGR es la planta gráfica de mayor capacidad del país e imprime publicaciones del Grupo Clarín, como las revistas Viva, Genios y Cablevisión, así como para clientes en el país o en el exterior.
Fuente: TelAm
Tucumán: Endurecen medidas de fuerza en el diario El Tribuno
Los trabajadores gráficos y de la redacción se declararon en estado de alerta, ante incumplimientos reiterados de la patronal. "La situación no da para más", sostuvo el secretario general Oscar Gijena
"La situación llegó a un punto límite, los compañeros se han cansado de ser la variable de ajuste con la que la patronal de El Tribuno financia el diario. Si pagar el sueldo fraccionado, no pagar lo que corresponde a la obra social, ni hacer los aportes patronales, no es financiar a una empresa con la espalda de los trabajadores; entonces qué es eso?". Con estas palabras, el secretario general de la Asociación de Prensa de Tucumán (APT), Oscar Gijena, se refirió a la asamblea que se realizó este último 24 de marzo, en la planta del diario.
A la fecha, los compañeros aún no percibieron los haberes de febrero, una parte adeudada del medio aguinaldo, cuando se está a días de tener que percibir los sueldos de marzo. En la asamblea, fue la compañera delegada Cecilia Cordomí, quien describió el extremo grado de malestar que se vive por estas horas en la empresa que tiene como cabeza visible al empresario Daniel Machado.
De la deliberación, que se efectuó en los talleres gráficos, participó Gijena, junto a otros compañeros de la comisión directiva, como Héctor Heredia, secretario Gremial; Diego Tomas, Walter Alú y Gustavo Rossi, entre otros. "Se decidió declarar el estado de alerta y si la patronal no cumple con el compromiso de pagar hasta el miércoles lo adeudado, habrá duras medidas de fuerza", expresó.
¿Quiénes son los dueños de El Tribuno de Tucumán?
La situación en la que se encuentra el diario tucumano es mucho más que compleja. En contrapartida, el grupo al que pertenecería llena sus arcas con publicidad oficial. ¿A dónde va ese dinero?
El 17 de octubre del 2009, El Tribuno de Tucumán, por entonces propiedad de El Tribuno de Salta de la familia Romero, fue adquirido por el grupo "Ámbito Financiero SA", propietarios de "Ámbito Financiero" y The Buenos Aires Herald y cuya cabeza visible es el empresario rosarino Orlando Vignatti. Para el gremio ellos son los dueños de Multimedios Norte Asociados SA, a pesar de que Daniel Machado asegura que es el propietario merced a un acuerdo privado del cual jamás se vieron pruebas no documentos. Es un buen momento para conocer la composición societaria de la empresa.
Hay más, en Buenos Aires se comenta que Vignatti, tiene muy encaminadas las negociaciones para vender una porción minoritaria de las acciones de Ámbito Financiero S.A al Grupo Olmos. Ligado a la UOM, ese grupo empresario ya tiene en sus manos los diarios Crónica y BAE, además de la señal de noticias Crónica TV y de parte de la productora de contenidos Underground.
Ámbito Financiero SA controla además del diario que lleva ese nombre, el Buenos Aires Herald, y se trata de un paquete del cual Vignatti adquirió el 100 % de las acciones en abril de 2008, por una cifra aproximada de u$s30 M.
Los hermanos Raúl y Alejandro Olmos acordarían con el empresario rosarino hacerse cargo de un porcentaje minoritario de esas acciones y también de algunos pasivos que arrastra la compañía, aunque tendrían firmada una intención de compra por el resto de las acciones.
Los Olmos y Vignatti habían acordado inicialmente que Ámbito sería impreso en una nueva rotativa que el Grupo trajo de España, pero el entendimiento no avanzó y el empresario rosarino terminó por desprenderse del diario, algo que venía intentando desde comienzos de 2011.
Los Olmos son los dueños de la gerenciadora de la Obra Social de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), empresa desde la cual construyeron su emporio mediático.
Entonces, ¿de quién es el diario, de Machado, de Ámbito Financiero o del Grupo Olmos?. Exigimos que Machado acerque la documentación que clarifique la situación, amén de que el gremio seguirá adelante con las gestiones en tribunales donde se ventilan causas contra El Tribuno, por cuestiones laborales de compañeros despedidos y fraude al realizar las retenciones a los trabajadores y no depositarlas.
¿La pauta publicitaria?
Durante el primer semestre, y de acuerdo a cifras que manejan las empresas de publicidad, la editorial de Raúl y Alejandro Olmos, embolsó $ 33 millones por los diarios Crónica y BAE (a los que hay que sumar otros $ 14 millones por Crónica TV), mientras que el empresario rosarino Orlando Vignatti, con Ámbito Financiero y Buenos Aires Herald ingresó $ 32 millones. Hay varias vías para canalizar los fondos, pero tres se diferencian del resto: Anses, AFIP y Jefatura de Gabinete, entre otras) que se administran de manera centralizada o descentralizada, y hasta el momento resultó imposible determinar de qué manera se distribuyó la pauta.
De los pocos datos disponibles, podemos citar por ejemplo, que entre enero y noviembre de 2010, que, en total, se distribuyeron $ 127,5 millones en diarios y revistas de la Capital Federal entre los diversos organismos públicos que pautaron avisos en 2010, la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), ente responsable de administrar el sistema de jubilaciones y la asignación universal por hijo, fue el principal anunciante: gastó $ 23.171.686, el doble que en 2009, cuando apenas había superado los $ 10 millones. El grupo Ámbito Financiero, recibió $ 15,5 millones; un tercio de esa cifra fue aportado por el diario Buenos Aires Herald (editado en inglés). La Anses es uno de los anunciantes más fieles al Herald : en 2010 ese organismo publicó avisos institucionales casi diariamente en ese medio.
Entonces es imprescindible que Daniel Machado acerque la documentación respecto de la relación contractual de El Tribuno de Tucumán con el Estado Nacional, ya que según sostiene el administrador será la principal y única vía de financiación. Sospechamos de que en realidad la facturación se realiza a través del grupo que controla El Tribuno de Tucumán en el marco de un acuerdo global de publicidad.
La confesión de Gustavo Isaac
En marzo casi 40 diarios pequeños y medianos de todo el país presentaron la Asociación Federal de Editores de la República Argentina (AFERA). Los grupos Ámbito Financiero (del empresario rosarino Orlando Vignatti), Crónica (de la familia Olmos) y Diario Popular (de la familia Fascetto) son los principales integrantes. Pero también forman parte de la entidad una treintena de pequeños periódicos del interior, entre ellos El Territorio (Posadas, Misiones), El Liberal (Corrientes), El Independiente (La Rioja), El Zonda (San Juan), La Mañana de Córdoba y La Mañana de Neuquén. Luego se sumaron los diarios del grupo Uno Medios (del empresario Daniel Vila y el ex dirigente justicialista José Luis Manzano) y los del grupo Veintitrés (de Sergio Szpolski y Matías Garfunkel) también formarían parte de la nueva entidad.
Gustavo Isaac, gerente general de Ámbito Financiero, fue elegido presidente de AFERA. Isaac es acompañado por Francisco Fascetto, como vicepresidente, y por Raúl Olmos, como secretario.
Además, Isaac dijo: "Tiene que haber una regulación de toda la pauta oficial, la nacional, la de las provincias y la de la ciudad de Buenos Aires. Los diarios de Buenos Aires tenemos acceso a pauta privada, pero los del interior sin publicidad oficial desaparecen", dijo Isaac. Llamativo llamado a direccionar la pauta hacia los diarios del Interior.
Durante ese encuentro, se dieron a conocer cifras que se manejan en el mercado de diarios (sin contemplar eventuales descuentos), y el grupo Ámbito Financiero, (integrado también por Buenos Aires Herald; El Ciudadano, de Rosario, y El Tribuno, de Tucumán aparece como controlado por la empresa), embolsó en 2011 unos $ 32,6 millones en concepto de publicidad del gobierno nacional.
Conclusiones
Como se aprecia, mientras los compañeros de El Tribuno no cobran regualmente desde hace 8 meses ni un sueldo completo, los propietarios de Ámbito Financiero (para el gremio los dueños de El Tribuno de Tucumán hasta tanto se demuestre lo contrario), sigue realizando excelentes negocios y ampliando su red de alianzas privadas y públicas. Es indudable que los trabajadores son la variable de un ajuste brutal, ya que en teoría pertenecen a Multimedios Norte Asociados SA que no tiene vía alguna de financiación, en tanto tenemos casi plena certeza de que los contratos con organismos de la Administración Nacional por publicidad, se realizaron utilizando otras firmas.
Exigencias
Ante lo expuesto anteriormente, sumado a las deudas que la empresa mantiene con Prensa Obra Social, sumado al subsidios que la Obra Social realiza mensualmente para mantener la cobertura de salud de los afiliados, es que elevamos con carácter de urgente el siguiente petitorio, en primer lugar a Editorial AMFIN SA, propietaria del denominado Grupo Ámbito Financiero y en segundo lugar a Daniel Machado, supuesto propietario de El Tribuno y para nosotros un simple testaferro de otros intereses.
El panorama es crítico y el tiempo escaso, por ese motivo, por esto hasta tanto no haya respuestas a las exigencias planteadas, la Asociación de Prensa de Tucumán lanzará un plan de lucha que esperamos sea acompañado por la gran mayoría de los compañeros.El mismo contempla los siguientes puntos:
A la fecha, los compañeros aún no percibieron los haberes de febrero, una parte adeudada del medio aguinaldo, cuando se está a días de tener que percibir los sueldos de marzo. En la asamblea, fue la compañera delegada Cecilia Cordomí, quien describió el extremo grado de malestar que se vive por estas horas en la empresa que tiene como cabeza visible al empresario Daniel Machado.
De la deliberación, que se efectuó en los talleres gráficos, participó Gijena, junto a otros compañeros de la comisión directiva, como Héctor Heredia, secretario Gremial; Diego Tomas, Walter Alú y Gustavo Rossi, entre otros. "Se decidió declarar el estado de alerta y si la patronal no cumple con el compromiso de pagar hasta el miércoles lo adeudado, habrá duras medidas de fuerza", expresó.
¿Quiénes son los dueños de El Tribuno de Tucumán?
La situación en la que se encuentra el diario tucumano es mucho más que compleja. En contrapartida, el grupo al que pertenecería llena sus arcas con publicidad oficial. ¿A dónde va ese dinero?
El 17 de octubre del 2009, El Tribuno de Tucumán, por entonces propiedad de El Tribuno de Salta de la familia Romero, fue adquirido por el grupo "Ámbito Financiero SA", propietarios de "Ámbito Financiero" y The Buenos Aires Herald y cuya cabeza visible es el empresario rosarino Orlando Vignatti. Para el gremio ellos son los dueños de Multimedios Norte Asociados SA, a pesar de que Daniel Machado asegura que es el propietario merced a un acuerdo privado del cual jamás se vieron pruebas no documentos. Es un buen momento para conocer la composición societaria de la empresa.
Hay más, en Buenos Aires se comenta que Vignatti, tiene muy encaminadas las negociaciones para vender una porción minoritaria de las acciones de Ámbito Financiero S.A al Grupo Olmos. Ligado a la UOM, ese grupo empresario ya tiene en sus manos los diarios Crónica y BAE, además de la señal de noticias Crónica TV y de parte de la productora de contenidos Underground.
Ámbito Financiero SA controla además del diario que lleva ese nombre, el Buenos Aires Herald, y se trata de un paquete del cual Vignatti adquirió el 100 % de las acciones en abril de 2008, por una cifra aproximada de u$s30 M.
Los hermanos Raúl y Alejandro Olmos acordarían con el empresario rosarino hacerse cargo de un porcentaje minoritario de esas acciones y también de algunos pasivos que arrastra la compañía, aunque tendrían firmada una intención de compra por el resto de las acciones.
Los Olmos y Vignatti habían acordado inicialmente que Ámbito sería impreso en una nueva rotativa que el Grupo trajo de España, pero el entendimiento no avanzó y el empresario rosarino terminó por desprenderse del diario, algo que venía intentando desde comienzos de 2011.
Los Olmos son los dueños de la gerenciadora de la Obra Social de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), empresa desde la cual construyeron su emporio mediático.
Entonces, ¿de quién es el diario, de Machado, de Ámbito Financiero o del Grupo Olmos?. Exigimos que Machado acerque la documentación que clarifique la situación, amén de que el gremio seguirá adelante con las gestiones en tribunales donde se ventilan causas contra El Tribuno, por cuestiones laborales de compañeros despedidos y fraude al realizar las retenciones a los trabajadores y no depositarlas.
¿La pauta publicitaria?
Durante el primer semestre, y de acuerdo a cifras que manejan las empresas de publicidad, la editorial de Raúl y Alejandro Olmos, embolsó $ 33 millones por los diarios Crónica y BAE (a los que hay que sumar otros $ 14 millones por Crónica TV), mientras que el empresario rosarino Orlando Vignatti, con Ámbito Financiero y Buenos Aires Herald ingresó $ 32 millones. Hay varias vías para canalizar los fondos, pero tres se diferencian del resto: Anses, AFIP y Jefatura de Gabinete, entre otras) que se administran de manera centralizada o descentralizada, y hasta el momento resultó imposible determinar de qué manera se distribuyó la pauta.
De los pocos datos disponibles, podemos citar por ejemplo, que entre enero y noviembre de 2010, que, en total, se distribuyeron $ 127,5 millones en diarios y revistas de la Capital Federal entre los diversos organismos públicos que pautaron avisos en 2010, la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), ente responsable de administrar el sistema de jubilaciones y la asignación universal por hijo, fue el principal anunciante: gastó $ 23.171.686, el doble que en 2009, cuando apenas había superado los $ 10 millones. El grupo Ámbito Financiero, recibió $ 15,5 millones; un tercio de esa cifra fue aportado por el diario Buenos Aires Herald (editado en inglés). La Anses es uno de los anunciantes más fieles al Herald : en 2010 ese organismo publicó avisos institucionales casi diariamente en ese medio.
Entonces es imprescindible que Daniel Machado acerque la documentación respecto de la relación contractual de El Tribuno de Tucumán con el Estado Nacional, ya que según sostiene el administrador será la principal y única vía de financiación. Sospechamos de que en realidad la facturación se realiza a través del grupo que controla El Tribuno de Tucumán en el marco de un acuerdo global de publicidad.
La confesión de Gustavo Isaac
En marzo casi 40 diarios pequeños y medianos de todo el país presentaron la Asociación Federal de Editores de la República Argentina (AFERA). Los grupos Ámbito Financiero (del empresario rosarino Orlando Vignatti), Crónica (de la familia Olmos) y Diario Popular (de la familia Fascetto) son los principales integrantes. Pero también forman parte de la entidad una treintena de pequeños periódicos del interior, entre ellos El Territorio (Posadas, Misiones), El Liberal (Corrientes), El Independiente (La Rioja), El Zonda (San Juan), La Mañana de Córdoba y La Mañana de Neuquén. Luego se sumaron los diarios del grupo Uno Medios (del empresario Daniel Vila y el ex dirigente justicialista José Luis Manzano) y los del grupo Veintitrés (de Sergio Szpolski y Matías Garfunkel) también formarían parte de la nueva entidad.
Gustavo Isaac, gerente general de Ámbito Financiero, fue elegido presidente de AFERA. Isaac es acompañado por Francisco Fascetto, como vicepresidente, y por Raúl Olmos, como secretario.
Además, Isaac dijo: "Tiene que haber una regulación de toda la pauta oficial, la nacional, la de las provincias y la de la ciudad de Buenos Aires. Los diarios de Buenos Aires tenemos acceso a pauta privada, pero los del interior sin publicidad oficial desaparecen", dijo Isaac. Llamativo llamado a direccionar la pauta hacia los diarios del Interior.
Durante ese encuentro, se dieron a conocer cifras que se manejan en el mercado de diarios (sin contemplar eventuales descuentos), y el grupo Ámbito Financiero, (integrado también por Buenos Aires Herald; El Ciudadano, de Rosario, y El Tribuno, de Tucumán aparece como controlado por la empresa), embolsó en 2011 unos $ 32,6 millones en concepto de publicidad del gobierno nacional.
Conclusiones
Como se aprecia, mientras los compañeros de El Tribuno no cobran regualmente desde hace 8 meses ni un sueldo completo, los propietarios de Ámbito Financiero (para el gremio los dueños de El Tribuno de Tucumán hasta tanto se demuestre lo contrario), sigue realizando excelentes negocios y ampliando su red de alianzas privadas y públicas. Es indudable que los trabajadores son la variable de un ajuste brutal, ya que en teoría pertenecen a Multimedios Norte Asociados SA que no tiene vía alguna de financiación, en tanto tenemos casi plena certeza de que los contratos con organismos de la Administración Nacional por publicidad, se realizaron utilizando otras firmas.
Exigencias
Ante lo expuesto anteriormente, sumado a las deudas que la empresa mantiene con Prensa Obra Social, sumado al subsidios que la Obra Social realiza mensualmente para mantener la cobertura de salud de los afiliados, es que elevamos con carácter de urgente el siguiente petitorio, en primer lugar a Editorial AMFIN SA, propietaria del denominado Grupo Ámbito Financiero y en segundo lugar a Daniel Machado, supuesto propietario de El Tribuno y para nosotros un simple testaferro de otros intereses.
- Conocer la documentación en la cual supuestamente se transfieren las acciones de Multmedios Norte SA a Daniel Machado, quien se presenta como dueño de la empresa.
- Ante las reiteradas promesas de pagar los salarios adeudados mediante pautas publicitarias de organismos estatales, el gremio junto a los compañeros, consideran indispensable que se presenten dichos contratos para conocer la veracidad de tales afirmaciones ya que efectivamente los avisos se publicaron en las ediciones de El Tribuno de Tucumán. Y en el supuesto de que se haya puesto en marcha el proceso de cobro, que se presente el número de expediente y las órdenes respectivas, con los montos, las facturas correspondientes y los libramientos de pago en caso de que se hayan efectivizado.
- Documentar mediante medios de pago legales y con acta de escribano, la deuda que el Tribuno de Tucumán mantiene con sus trabajadores
- Documentar por la misma vía, la deuda con la Obra Social del Personal de Prensa de Tucumán y la Asociación de Prensa de Tucumán.
El panorama es crítico y el tiempo escaso, por ese motivo, por esto hasta tanto no haya respuestas a las exigencias planteadas, la Asociación de Prensa de Tucumán lanzará un plan de lucha que esperamos sea acompañado por la gran mayoría de los compañeros.El mismo contempla los siguientes puntos:
- Bloqueos sorpresivos en la planta de El Tribuno en hora y fecha que determinará la APT.
- Realizar las denuncias públicas y oficiales ante los organismos del Estado que tienen pautas con El Tribuno para hacer conocer de qué manera se negrea a los trabajadores, con sistemas propios de otros siglos y rayanos con la esclavitud
- Exigir a los diputados y senadores nacionales por Tucumán que soliciten informes a los organismos del Estado Nacional sobre las pautas publicitarias de El Tribuno para conocer quién se quedó con el dinero, ya que a los trabajadores apenas les dan 100 pesos semanales, una verdadera humillación.
- Denunciar ante la Secretaría de Trabajo de la Provincia la puesta en marcha de las medidas de fuerza para contar con el necesario respaldo legal.
- Poner al tanto de la situación a la AFIP, ANSES y Rentas de la Provincia para que de una buena vez tomen cartas en el asunto enviando inspectores para corroborar la interminable lista de irregularidades que comete esta empresa sin que, aparentemente, ningún funcionario tome nota de años de vaciamiento y fraude contra los trabajadores, el Estado Nacional y la Obra Social.
- Todo esto se realizará mientras los abogados del gremio siguen adelante con los juicios colectivos e individuales que se tramitan en los tribunales de Tucumán.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)