En México una sola empresa controla el 80% de la telefonía alámbrica y otra, filial suya, el 70% de la telefonía celular -o móvil-. Dos empresas más acaparan el 94% de las frecuencias para televisión comercial. Esos consorcios tienen tanta influencia que no se puede considerar que haya un auténtico mercado en las telecomunicaciones y la radiodifusión. Pero además, el poder político que han acumulado en no pocas ocasiones ha pesado en decisiones de los principales partidos y del gobierno mismo.
Demasiados políticos en México, durante largo tiempo rehusaron desafiar el poder de Televisa y Televisión Azteca porque temían ser excluidos de las pantallas de televisión. Por eso las reformas a la Constitución que este lunes anunciaron el presidente Enrique Peña Nieto y los partidos políticos nacionales han sido sorpresivas para muchos.
Esas reformas afectan también a los monopolios de la telefonía alámbrica y celular en manos de Carlos Slim. Dentro de pocos meses, si las previsiones establecidas en esas modificaciones constitucionales se cumplen, las empresas de telefonía y radiodifusión que tengan más del 50 por ciento de usuarios, tráfico en sus redes o capacidad instalada, deberán vender parte de sus activos hasta ajustarse a ese límite.
Lo que propiciarán esos cambios es que haya mercado con competencia y contraste, para lo cual siempre hacen falta reglas y autoridades capaces de hacerlas cumplir. Esa tarea estará a cargo de un Instituto Federal de Telecomunicaciones con autonomía respecto del gobierno y encabezado por siete comisionados que serán designados por el Senado, a propuesta del presidente de la República y en un complejo pero rápido proceso en el que no podrán participar quienes en los últimos cinco años hayan sido directivos en empresas de esos ramos.
Tras décadas de monotonía en televisión (las únicas cadenas nacionales pertenecen a Televisa y TV Azteca) los mexicanos tendrán otras opciones. Habrá dos nuevas cadenas nacionales en cuya licitación no podrán participar las empresas que ahora acaparan el escenario audiovisual. Y al terminar 2015 el país deberá haber concluido el tránsito a la televisión digital con un candado adicional para las actuales televisoras: el aprovechamiento de los canales digitales que puedan transmitirse en las frecuencias utilizadas hasta ahora de manera analógica, estará sometido a las reglas que establezca el nuevo Instituto, tomando en cuenta criterios de competencia y calidad. Las televisoras, que hasta ahora confiaban en explotar esos canales adicionales, tendrán que compartirlos con otras empresas e instituciones.
La televisión de paga, que actualmente llega al 40% de los hogares, también tendrá una inyección de diversidad. Hasta ahora Telmex, la empresa de telefonía fija propiedad de Slim, tiene prohibido ofrecer servicios de televisión a través del cableado telefónico. Esa limitación desparecerá, del tal manera que sus suscriptores podrán recibir telefonía, Internet y televisión en un mismo paquete.
Al mismo tiempo las empresas de televisión abierta, que acostumbraban presionar a las empresas de televisión de paga regateándoles la autorización para incorporar sus señales en los servicios de cable o satélite que ofrecen, estarán obligadas a permitir la retransmisión de sus contenidos. Hace nueve años Televisa expulsó del mercado mexicano a DirectTV al rehusarse a que esa empresa de televisión satelital retransmitiera sus canales de televisión abierta. Gracias a ello Televisa consiguió que su propia empresa, Sky, se quedara con todos los suscriptores de televisión satelital. Esas prácticas no serán posibles con las nuevas reglas.
La reforma a media docena de artículos de la Constitución mexicana incluye la creación de un organismo que desarrollará un sistema nacional de radiodifusión pública. Ese organismo tendrá recursos propios, autonomía respecto del gobierno y un consejo ciudadano que orientará su política editorial. Se trata de los tres principios básicos que animan las mejores prácticas de radiodifusión pública en el escenario internacional.
Un ambicioso programa para llevar Internet a las zonas rurales y marginadas a través de una nueva red de telecomunicaciones, comenzaría a remediar otra enorme ausencia en las políticas públicas. Hasta ahora padecimos una casi absoluta omisión del Estado mexicano respecto de la sociedad de la información.
El costo económico, pero también político y cultural que ha tenido para México el abandono de las políticas públicas en tales terrenos explica la coincidencia de los tres partidos políticos nacionales (PAN, PRD y PRI) junto con el gobierno, para apuntalar esas reformas constitucionales. También ha influido la prepotencia de las televisoras, cuyas prácticas para amagar o desconocer a los actores de la vida pública cuando no se ajustaban a sus intereses han sido bien conocidas en México. Hace no mucho tiempo Televisa borró en sus noticieros (sí, borró, como hacía Stalin en los cuadros y fotografías en donde despintaba el rostro de sus opositores) la imagen de un legislador del PAN que había respaldado una reforma legal mucho más tímida que la que ahora se ha presentado.
La propuesta de reformas constitucionales debe transitar por un proceso que incluye la aprobación de dos tercios en las dos cámaras del Congreso y luego de más de la mitad de los congresos en los estados. Luego, tendrá que elaborarse una legislación para radiodifusión y telecomunicaciones que reemplace a las leyes ahora existentes. Tales pasos sólo podrán cumplirse si los partidos políticos y el gobierno mantienen la cohesión que han mostrado en la redacción y el anuncio de esta iniciativa.
Se trata de un cambio histórico. Ese adjetivo se utiliza tan a menudo que ha perdido fuerza. Pero si reconocemos que el déficit más importante de la transición política mexicana ha sido la ausencia de cambios en el régimen legal para los medios de comunicación y si recordamos que esa ha sido la bandera de grupos sociales como los estudiantes universitarios que durante la campaña presidencial del año pasado se movilizaron por una reforma en los medios, tendremos que reconocer que la decisión de Peña Nieto y los partidos políticos es fundamental. Y, sí, histórica.
Raúl Trejo Delarbre es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y ex presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (AMEDI)
Después de lustros de lucha por un sistema de medios democrático y competitivo, en el marco del acuerdo partidista del Pacto por México, se presentó al Congreso de la Unión un conjunto de reformas constitucionales en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. Se trata de una iniciativa de gran calado que combate la concentración, crea un Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) con autonomía constitucional, garantiza el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, obliga a formular políticas públicas para la inclusión digital universal, instruye a crear nuevas cadenas de televisión nacional y condiciona la convergencia de servicios a un entorno competitivo.
La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) saluda la iniciativa y llama a los partidos en el Congreso a aprobar a la brevedad las reformas que permitan crear un sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión más competitivo, plural y diverso. La iniciativa propone adicionar el artículo sexto constitucional en el sentido de que “El Estado garantizará el derecho de acceso a la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.”
El gobierno de Enrique Peña Nieto, cuyo partido en su momento permitió la creación de las empresas concentradas que hoy dominan el mercado, en esta ocasión apoya una iniciativa que, en una de sus partes medulares, ordena la desincorporación de activos de operadores predominantes que concentren más de 50 por ciento del mercado, lo que impacta directamente en la estructura de los conglomerados que actualmente controlan la radiodifusión y las telecomunicaciones en México, los de las familias Azcárraga, Salinas Pliego y Slim.
La propuesta ordena plazos perentorios para que los legisladores diseñen las leyes secundarias en la materia. Define la radiodifusión y las telecomunicaciones como servicios públicos de interés general garantizando la rectoría del Estado. De esta manera, se actualiza el vetusto régimen jurídico de la comunicación en el país.
Asimismo, la iniciativa atiende la demanda de que las concesiones ya no sólo sean con fines de lucro sino también de carácter público y social, lo que abre la puerta para que organizaciones de la sociedad civil hagan uso del espectro radioeléctrico, como los medios comunitarios e indígenas. Asimismo, introduce la figura de concesión única, la cual permitirá que los operadores ofrezcan todos los servicios que las tecnologías y las redes les permitan, pagando la contraprestación correspondiente. Con ello se economiza en trámites y regulaciones que separaban servicios de telecomunicaciones que ahora se pueden prestar de forma convergente.
En este sentido, se reduce la histórica discrecionalidad que favorecía la relación simbiótica entre medios y poder, pues el Ejecutivo Federal ya no será quien otorgue las concesiones sino que esta facultad recaerá directamente en el Ifetel, con atribuciones en materia de competencia económica, límites a la concentración y a la propiedad cruzada de medios y desincorporación de activos predominantes.
El Ifetel estará integrado por siete comisionados, los cuales se someterán a un examen de conocimientos a convocatoria abierta, quienes una vez que demuestren las más altas calificaciones, serán propuestos por el Ejecutivo y ratificados por el Senado. Además de ser profesionales en materia de competencia, radiodifusión y telecomunicaciones, lo cual elimina la improvisación que ha imperado en el sector, se impone el candado de que en los últimos cinco años previos a su nombramiento no hayan trabajado para las empresas reguladas. No obstante, hace falta que al término de su encargo también se fije un plazo para que no se integren a las filas de los operadores con toda la información que poseen.
El Ifetel deberá emitir reglas para la multiprogramación, es decir, la capacidad técnica de que en un mismo canal de transmisión se difundan más señales de televisión digital. Hasta antes de la reforma, no existía una política que regulara la multiprogramación. Ahora se establece que el Ifetel “otorgará las autorizaciones para el acceso a la multiprogramación, bajo los principios de competencia y calidad, y garantizando el derecho a la información y atendiendo de manera particular la concentración nacional y regional de frecuencias, incluyendo el pago de las contraprestaciones”.
En materia de retransmisión de señales de televisión, la iniciativa se queda corta porque no garantiza la gratuidad de las señales radiodifundidas, en beneficio de las televisoras. Se señala que los concesionarios que presten servicios de televisión radiodifundida (Televisa y TV Azteca) están obligados a permitir la retransmisión de su señal, de manera gratuita y no discriminatoria. Sin embargo, estas señales no serán gratuitas para operadores que hayan sido declarados con poder sustancial de mercado.
Otro tema relevante es que desde el texto constitucional se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa, es decir, engañosa, una práctica común de concesionarios y autoridades para confundir a las audiencias. También se crearán mecanismos que aseguren la promoción de la producción nacional independiente.
Los partidos firmantes del Pacto por México deberán aprobar las reformas constitucionales en materia de radiodifusión y telecomunicaciones, para que rápidamente sean avaladas por los congresos locales. También debe darse cabal cumplimiento a los plazos que fijan los artículos transitorios de la reforma, para que se avance en la integración del Ifetel, en la convocatoria para licitar nuevas frecuencias que permitan agrupar dos nuevas cadenas de televisión nacional, y en la determinación de agentes económicos preponderantes en la industria.
La AMEDI reconoce que esta iniciativa derivada del consenso de los partidos, recoge muchas de las demandas históricas que diversos sectores de la sociedad hemos exigido para cambiar sustancialmente el actual modelo concentrado y excluyente de la radiodifusión y las telecomunicaciones.
Al mismo tiempo estaremos vigilantes de los detalles en su discusión en el Congreso para evitar retrocesos y hacemos un llamado a la ciudadanía para que exija a los legisladores a estar a la altura de las propuestas y no dejarse doblegar por los poderes fácticos.
México, D. F. de marzo de 2013.
Asociación Mexicana de Derecho a la Información
Aleida Calleja, Presidenta
Alberto Aziz Nassif, Coordinador del Consejo Consultivo
Dominios de Slim y Azcárraga, en la mira con reforma a telecomunicaciones
Crea nuevo regulador y tribunales especiales para telecomunicaciones
El presidente de México presentó el lunes al Congreso un esperado proyecto de reforma a las telecomunicaciones y medios locales, el cual apunta a ampliar la competencia y el acceso a mercados dominados por las empresas de los multimillonarios Carlos Slim y Emilio Azcárraga.
La primera gran reforma económica del Gobierno de Enrique Peña Nieto incluye cambios a la Constitución y establece que ningún actor tenga más del 50 por ciento de participación del mercado de telecomunicaciones y medios, a fin de garantizar que no haya dominancia, bajar tarifas y ofrecer mejores servicios.
El proyecto, que fue enviado a la Cámara de Diputados por Peña y respaldado por los jefes de los principales partidos políticos, considera eliminar el límite a la inversión extranjera en empresas de telecomunicaciones y comunicación vía satélite, que ahora está en un 49 por ciento.
Además plantea permitir que los inversionistas extranjeros, que ahora no pueden participar en medios de comunicación abiertos, puedan tener hasta un 49 por ciento en ese tipo de empresas.
El mercado de radio y televisión está dominado por las dos firmas, propiedad de los magnates de medios Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas, respectivamente, mientras que el de telefonía es ampliamente controlado por la gigante América Móvil la mayor firma de telecomunicaciones de América Latina.
"La reforma representa desafíos para las empresas del sector, pero también les abre nuevas oportunidades", dijo Peña, quien asumió en diciembre y tiene en la mira una serie de reformas que incluyen abrir el sector petrolero a la competencia privada y una reforma fiscal.
"A partir de esta reforma tendrán posibilidades de crecer, pero para conseguirlo tendrán que invertir e innovar, mejorar sus tarifas y elevar la calidad de sus servicios", advirtió en un acto público junto a coordinadores parlamentarios y los jefes de todos los principales partidos políticos.
La reforma también contempla licitar dos cadenas de televisión abierta nacionales donde no podrán participar aquellas empresas que tengan concesiones por 12 Megahertz (Mhz) o más, como Televisa y TV Azteca, así como crear una cadena de televisión pública nacional.
"Yo no vería quién se atreva a ir en contra de esta propuesta", dijo a periodistas la senadora Alejandra Barrales, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) a su salida del evento de la presentación de la reforma.
Acotar Monopolios
La propuesta se presenta en el marco del llamado Pacto por México, que el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) firmó con la oposición en diciembre con el fin de impulsar reformas en México que han estado rezagadas por años y que, según observadores, inhiben el crecimiento de la segunda economía latinoamericana.
El pacto ha permitido entregar al Congreso mexicano varios proyectos de reformas, pero el de telecomunicaciones es el primero en apuntar directamente al sector privado, en un mercado que es frecuentemente criticado por su alta concentración y elevados precios relativos.
El proyecto de reforma contempla la transformación de los reguladores de telecomunicaciones y competencia económica para darles mayores facultades sobre concesiones y el poder para ordenar la desincorporación de activos con el fin de evitar los monopolios.
El nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones, una vez que sea creado, deberá tomar acciones para desagregar las redes locales de los operadores dominantes de telefonía, internet fijo y televisión restringida, con el objeto de garantizar el acceso de todos los operadores a esa red.
Además contempla una migración del sector hacia un concepto de concesión única, que le permitiría a todas las empresas con una concesión de espectro radioeléctrico ofrecer cualquier servicio a través de su red.
Eso podría ser la puerta de entrada para que Slim consiga su largamente esperado deseo de poder ofrecer TV en el país, algo que actualmente tiene prohibido por las condiciones del título de concesión del ex monopolio estatal de telefonía Telmex.
América Móvil, centro del imperio de negocios del Slim, controla cerca del 70 por ciento del mercado de telefonía móvil mexicano y alrededor del 80 por ciento del de línea fija.
Por su parte, Televisa, de Azcárraga, ha dicho que tiene alrededor del 70 por ciento de la audiencia en televisión abierta y además es uno de los jugadores más importantes en televisión de paga.
"Ya se presentó la #ReformaTelecomunicaciones. Tiempo de grandes retos y también de oportunidades", dijo Azcárraga a través de la red social Twitter.
El proyecto de reforma también propone la creación de tribunales especializados para dirimir litigios de competencia económica, telecomunicaciones y medios en un sector caracterizado por prolongadas y complejas disputas legales.
Mercado reacciona
Los títulos de América Móvil, los de mayor peso en el mercado, cerraron con una caída de 3.31 por ciento a 13.15 pesos, mientras que las de Televisa perdieron un 0.85 por ciento a 67.7 pesos.
En sentido contrario, subieron las acciones de empresas de telecomunicaciones pequeñas como Axtel, que ganó 6.88 por ciento a 3.42 pesos y Maxcom, que subió 7.04 por ciento a 5.02 pesos.
Sin embargo, analistas en el mercado señalaron que aún faltan detalles por conocer de la reforma, que por tratarse de una reforma constitucional necesitará, una vez aprobada, de una ley reglamentaria que establezca los pasos concretos para implementarla.
"Lo vemos más como un mensaje muy político (...) Es evidente que beneficiaría a las empresas con participación menor en la industria, lo que se busca es democratizar un poco el control de los medios de comunicación y de la banda ancha y esto impacta evidentemente al competidor grande", dijo Jorge Nevid, jefe de operaciones de la casa de bolsa Accival.
Fuente: El País, Reuters, Presidencia México
