La tradicional radio LT3 fue entregada a los hermanos Fernando y Guillermo Whpei sobre quienes pesa una denuncia civil y penal (ver recuadro) por “evasión en el pago del impuestos de Sellos” a la provincia por un monto que ronda los 2 millones de pesos.
Tal como lo había publicado La Política Online, los Whpei, titulares de la financiera Grupo Unión y de la fundación Litoral, fueron denunciados ante el API por presunta evasión del pago del impuesto al Sello que corresponderían a los Contratos de Cesión en Propiedad fiduciaria a título oneroso celebrados en agosto del 2006 con el Banco Francés a través del cual el banco adquirió las carteras de crédito del Grupo Unión por montos que superan los 10 millones de pesos.
Las operaciones se realizaron en jurisdicción porteña cuando correspondían hacerlos en la provincia de Santa Fe. De esta manera, los contratistas evitaron los gastos de sellados que en Buenos Aires no corrían.
Por este antecedentes, según especialistas consuoltados por LPO, la transferencia de las radios a los Whpei violaría el artículo 24 de la nueva Ley de Medios donde se enumeran las condiciones de admisibilidad de las personas físicas como titulares de licencias de radiodifusión con fines de lucro.
En su inciso G establece que el titular, no debe ser “deudor moroso de obligaciones fiscales, previsionales, sindicales, de seguridad social o de las entidades gestoras de derechos”.
Con igual espíritu, en el artículo siguiente, el mismo requisito se extiende para las personas de existencia idea. O sea, para las sociedades comerciales.
Por otra parte, en el inciso F se dispone que el titular no deba haber sido condenado por delito doloso, de acción pública o instancia privada. Por lo tanto, una sentencia que ratifique la evasión impositiva en lo civil como en el ámbito penal, la transferencia de los medios a la familia Whpei debería declararse nula.
Una denuncia que golpea a la AFIP
Luego que LPO publicase el artículo “Escándalo de evasión en Rosario, detrás de la construcción de cocheras subterráneas” donde se explicaba detalladamente la operación supuestamente fraudulenta llevada a cabo por los Whpei, LPO accedió a la denuncia penal por “Estafa a la administración pública”. En la misma se señalan a los hermanos y a dos funcionarios públicos de la AFIP de presunta connivencia para la evasión impositiva.
La denuncia, que tiene como abogado patrocinante al Dr. Hugo Scarzi, apunta al Grupo Unión que, según consta en el escrito, otorgaba “diversos préstamos y contratos de mutuo dinerario sobre una clientela cautiva” y de acuerdo al denunciante, “a tasas de interés exorbitantes, abusivas, dañosas y posiblemente usurarias” por lo cual, continúa la demanda, podría existir “ejercicio abusivo del derecho y abuso de una situación de poder”.
Por otro lado, la denuncia también solicita que se investiguen los “reiterados movimientos financieros y dinerarios (entre entidades nacionales y posiblemente con extranjeras) de aparente dudoso origen” y los contratos firmados con el Banco Francés que la demanda civil señala.
En cuanto a los funcionarios públicos de AFIP-DGI Región Rosario comprometidos en la denuncia son el Dr. Miguel Ángel Hernández y la Dra. Margarita Josefina Perelló acusados de posible “asociación ilícita”, “enriquecimiento ilícito de Funcionarios públicos y corrupción” y de “laxitud y displicencia de los controles fiscales” según consta en el expediente judicial.
Dichos funcionarios eran los que, por cercanía y competencia territorial, debían proceder al control de las transacciones realizadas por los hermanos Whpei. El expediente dice que la abogada Perelló es conocida, entre sus compañeros y empleados de la Administración Pública, por sus “innumerables viajes con destinos exóticos como por ejemplo India, China, Mongolia, Fiji, Sumatra, Java, etc” lo cual también se pide que se investigue.
Según el denunciante, los funcionarios debieron advertir, entre otras cosas, que en la declaración jurada de ganancias del 2006 de Fernando Whpei habían registrado $3.800.000 en el rubro “Otros Ingresos Exentos o No Gravados” sin haber presentado los comprobantes necesarios.
Otra investigación que Scarzi solicita al juez es, si ha habido “uso y posible abuso por los contribuyentes Whpei, de la moratoria impositiva y previsional con vigencia durante el año 2009” donde pide esclarecer “si los posicionamientos impositivos y acogimientos efectuados (…) obedecen a su real situación económica, comercial y financiera”
La solicitud se basa en que para el abogado, habría sospechas de que hayan “falseado –parcial o totalmente- datos e información impositiva, con posible y eventual connivencia de funcionarios públicos de AFIP-DGI Región Rosario” para ajustarse a dicha moratoria “pretendiendo aparentar una deuda tributaria muchísimo menor a la que realmente existió y existe. Todo con claro perjuicio fiscal a la Administración Pública Nacional”.
Consultado por LPO al Dr. Miguel Ángel Hernández sobre la denuncia que pesa sobre su persona alegó desconocerla y sostuvo que como funcionario ha sorteado innumerables acusaciones.
Respecto a la denuncia que pesa sobre los Whpei, Hernández dijo no conocer ninguna denuncia administrativa aunque aclaró que podría llegar a existir pero que tampoco está habilitado para dar esa información.
Fuente: LPO
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