domingo, 31 de diciembre de 2017
Radio Nacional: en alerta y asamblea permanente
La asamblea facultó a la Comisión Directiva de la APSF para disponer todas las medidas que resulten convenientes en coordinación con las organizaciones sindicales de la Mesa Nacional de Trabajadores de Prensa y de otras entidades gremiales.
Ratificamos que defenderemos todos los puestos de trabajo y alertamos nuevamente sobre el proceso de vaciamiento que enfrentan los medios públicos que atentan contra la necesaria diversidad y pluralidad informativa.
Por más periodismo
Trabajadores de Prensa de Radio Nacional Santa Fe
Hijos de represores forman grupo para repudiar la dictadura
La palabra que más se escuchó los últimos días de 2017 fue “justicia” una demanda que unificó a sectores diversos dirigida al gobierno del presidente Mauricio Macri, cuya confiabilidad cayó estrepitosamente en este mes de diciembre, cuando se impusieron medidas antipopulares y rechazadas mayoritariamente, mediante maniobras ilegales y extorsión abierta aplicada a gobernadores, diputados, partidos políticos, jueces entre otros.
Entre los hechos más repudiados por la sociedad figura el regreso de la represión utilizada en los últimos tiempos a gran escala contra una sociedad que reclama sus derechos y es atacada con una violencia desmedida, que produjo muertes, entre ellas la de dos jóvenes como Santiago Maldonado y Rafael Nahuel que hoy son un símbolo para miles de argentinos. Además decenas de heridos y detenidos.
También se advierte que el gobierno intenta encubrir su responsabilidad en la desaparición del submarino Ara San Juan con 44 tripulantes el pasado 15 de noviembre, ocultando que la nave fue enviada a participar en maniobras con Estados Unidos, Gran Bretaña y Chile en el extremo sur del país, las que no fueron autorizadas por el Congreso.
Luego siguen en el rubro de las injusticias la ola de despidos, la pobreza, la leyes impuestas como la Reforma previsional que afectará a más de 17 millones de argentinos, la entrega de la soberanía nacional, la impunidad conque extorsionan también a jueces, y a los que no obedecen los enjuician políticamente, como denunciaron en estas horas varios organismos, hablando de un fin de año de "tristezas pero también de indignación y resistencia".
La repudiada resolución de un juzgado federal de autorizar la prisión domiciliaria a uno de los más connotados criminales de lesa humanidad de la pasada dictadura militar, como lo fue el comisario Miguel Etchecolatz, produjo un rechazo generalizado por la cantidad de víctimas que pasaron por sus manos.
En este marco sucede un hecho extraordinario como es la conformación de un grupo que reúne a “Hijos e Hijas de genocidas” que han denunciado a sus padres, entre los cuáles está la hija de Etchecolatz. Una agrupación que se fue construyendo “en torno al espanto, pero también ante la fuerte necesidad de desprenderse de esa historia”. Muchos de estos hijos y sus madres fueron víctimas ellos mismos de la violencia de sus víctimas también de esos padres.
Mariana D. hija de Etchecolatz decidió cambiar su apellido ante la justicia y liberarse de su pasado, junto con Rita Vagliati, Erika Lederer, Alejandra Eboli y otros más, que fueron alentados por estas primeras acciones y decidieron tener su propia voz silenciada durante años.
Ante la decisión de otorgar la prisión domiciliaria a Etchecolatz quien fue jefe de la Policía Bonaerense durante la Dictadura, y tuvo a su cargo 21 centros clandestinos de detención,el grupo de Hijas e Hijos de Genocidas enviaron un comunicado en repudio de esta decisión.
“Esos hombres, esos genocidas, que son o que fueron nuestros padres, están volviendo a sus casas, a nuestros barrios, beneficiados por jueces sin escrúpulos, de esos que perdieron la conciencia y la memoria, o que nunca la tuvieron. Nos sentimos decepcionados por una justicia que empieza a borrar la idea de “Lesa Humanidad”, otorgando supuestas garantías constitucionales (como si fueran “gestos humanitarios”) o condenas irrisorias, equiparando de esta manera a los genocidas con delincuentes comunes. ¿Qué representa la prisión domiciliaria para un genocida?” se preguntan.
En su comunicado señalan que el genocidio es un crimen aberrante contra todo el pueblo, que se sigue perpetuando a través del silencio, la complicidad y la impunidad que hoy, con la prisión domiciliaria del quizás más ejemplar de sus jefes, Etchecolatz, vuelve a cometerse.
Una de las frases más conmovedoras del comunicado advierte que “la pesadilla retorna al barrio, a hogares que conocemos, para recordarnos que alguna vez tuvieron el poder de quitar la vida en nombre del Estado. El terror, para la sociedad toda, es siempre terror: ayer y hoy. Con su presencia vuelven a amenazarnos, a poner en peligro el entorno familiar, a decirnos que después de todo son más fuertes”.
Más adelante señalan: “Hoy volvemos a sentir el perfume del terror, el sonido de sus pasos sigilosos y la angustia por la justicia rota. Sentimos el miedo de andar por la calle y de vivir junto a los asesinos, que ya demostraron su poder en democracia con la desaparición de Jorge Julio López.
En este caso se refieren al sobreviviente Jorge Julio López, un obrero quien pasó por varios centros clandestinos durante la dictadura y cuando fue liberado se dedicó a denunciar todos los crímenes aberrantes de los que fue testigo, y en esto fue clave para la condena de Etchecolatz.
López desapareció en plena democracia, (junio 2006) cuando iba a dar su declaración final, y todos los pasos llevaron hacia Etchecolatz quien desde la cárcel mantenía una fuerte relación con los policías de la bonaerense.
Al repudiar este beneficio procesal no sólo a Etchecolatz, los Hijos e Hijas de Genocidas hicieron extensivo el más hondo repudio “a todos aquellos genocidas y cómplices civiles que desde el inicio de este gobierno (del presidente Mauricio Macri) se han visto sistemática y metódicamente beneficiados por diversas maniobras por parte del poder estatal”.
En su mensaje final advierten que “ya no cuenten con nuestro silencio asfixiante, hoy somos muchos los hijos e hijas de genocidas que no callamos, que repudiamos profundamente lo que hicieron y lo que siguen haciendo hoy sus encubridores civiles. No se arrepintieron nunca, no hablaron nunca, no colaboraron jamás con la memoria ni con la justicia ni con la verdad. Pretenden recordarnos su poder y de lo que son capaces. Y ellos, nosotros lo sabemos, son capaces de todo”.
A su vez se escuchó otra voz en favor de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, muertos en el marco de la represeión a mapuches .“Que haya justicia por Santiago y Rafael, y que Etchecolatz vuelva a la cárcel”, fue el deseo expresado por Sergio Maldonado, hermano del joven artesano, quien fue visto por última vez vivo el 1o de agosto durante una represión de Gendarmería en Esquel. Chubut”.
Maldonado, continúa sin descanso luchando por la verdad en el caso de su hermano y también ahora de Nahuel, y solicita que la carátula de la causa sigue siendo “desaparición forzada” porque hay testimonios que así lo señalan.
En este marco de situación también se exige la libertad de todos los detenidos políticos , cuyas detenciones son ilegales, y que se deje de amenazar y obstaculizar a los jueces o funcionarios judiciales que no se prestan a las maniobras de un gobierno que “ha convertido a una buena parte de la justicia en su cómplice”. Por esta razón se conformó un importante Foro en Defensa de los Presos políticos en todo el país y también otros organismos en defensa de la libertad de expresión cada día más golpeada.
Foto: AP
Fuente: Diario La Jornada
Donald Trump dice medios difunden noticias falsas; por eso prefiere usar Twitter
"Uso las redes sociales no porque me guste, sino porque es la única manera de combatir a una 'prensa' deshonesta e injusta, a la que ahora habitualmente se la denomina 'noticias falsas'. Cada vez emplean más 'fuentes' falsas e inexistentes", escribió Trump en su perfil personal de Twitter.
El presidente, que mantiene una tensa relación con numerosos medios de comunicación del país, a los que ha tachado de "enemigos del pueblo" por su constante publicación de "noticias falsas" e incluso llegó a insinuar que podría retirarle la licencia a una de las mayores cadenas de televisión del país.
I use Social Media not because I like to, but because it is the only way to fight a VERY dishonest and unfair “press,” now often referred to as Fake News Media. Phony and non-existent “sources” are being used more often than ever. Many stories & reports a pure fiction!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 de diciembre de 2017
De hecho, este nuevo desencuentro se produce después de que el pasado jueves Trump organizara un concurso entre sus seguidores a través de la web de su campaña para las elecciones de 2020, a fin de "coronar al rey de las noticias falsas" con tres candidaturas: las cadenas televisivas CNN y ABC y la revista Time.
En el concurso, en forma de encuesta, insta a los participantes a "puntuar la mayor noticia falsa de 2017" con tres opciones por noticia: "falsa", "más falsa" y "la más falsa".
Las críticas de Trump a la prensa son habituales, tal y como reveló la web de noticias Axios el pasado mes de octubre, al dar a conocer que de los 167 ataques vertidos por el multimillonario contra sus supuestos adversarios a través de Twitter, desde que asumió la presidencia en enero, 89 tuvieron como blanco a distintos medios de comunicación.
Fuente: Agencia EFE
El debate que generó 'The New York Times': Publicidad oficial y medios
'The New York Times', publicó: "Con un enorme presupuesto en publicidad, el gobierno mexicano controla los medios de comunicación", un gran reportaje que genera debate en México. Los grandes medios lo critican y otros recogen el guante y debaten
Por: Jorge G. Castañeda
En la soterrada y mínima discusión que ha provocado el reportaje de The New York Times sobre la corrupción y los medios impresos en México, impera una confusión. El corresponsal extranjero afirma algo hasta cierto punto indiscutible: todos los gobiernos mexicanos de la época moderna se han anunciado masivamente en dichos medios
–Peña Nieto, más que ninguno– y de ello se deriva una influencia indebida en el contenido, la línea editorial y el trabajo de cada periódico involucrado.
A esto, muchos han respondido, personal o institucionalmente, que en sus páginas se pueden leer todos los puntos de vista del espectro político e ideológico, que ningún escritor –articulista, editorialista, columnista o comentócrata, según el término preferido de cada quien– ha sido censurado. Comparto, en carne propia, esta afirmación. En 2018 cumpliré cuarenta años publicando notas en varios foros: Proceso, La Jornada, Reforma, Milenio y El Financiero. Nunca he recibido presión o censura alguna para escribir, o dejar de escribir, algo: crítica, apoyo, denuncia, reflexión interesante o aburrida. Sin atreverme a ser absolutista o categórico, me atrevo a pensar que son contadas las excepciones, a lo largo de los últimos veinte años por lo menos, que contradigan la mía. Los medios electrónicos podrán constituir un caso diferente, pero durante más de treinta años de colaborar con regularidad en los programas conducidos por José Gutiérrez Vivó, Ciro Gómez Leyva, José Cárdenas y Joaquín López-Dóriga, con la excepción del periodo de negociación del TLC en 1991-1992 con Grupo Radio Centro, jamás me han pedido los dueños de estas difusoras omitir un tema, o incluir otro. Puedo decir lo mismo de Televisa.
El problema es que ese no es el problema. Incluso para egos del tamaño del mío, debe ser evidente a estas alturas que, a los sucesivos gobiernos de la República, desde Carlos Salinas hasta Enrique Peña, las columnas no importan. El más prestigiado de los articulistas pesa mucho menos que una primera plana a modo, o que un corresponsal extranjero domesticado. La influencia ejercida por el gobierno –o por los anunciantes, en algunos casos– no se dirige a los editorialistas, críticos o zalameros. Se concentra en las primeras planas.
Una segunda preocupación de los gobiernos es también proactiva: la jerarquía de las noticias y la forma en que se presentan. Ejemplo: anteayer el peso recuperó 15 centavos frente al dólar, en buena medida gracias a una subasta de 500 millones de dólares de Banxico. La cabeza puede rezar: “Se fortaleció el peso .15”, o “Banxico defiende el peso con 500 millones de dólares, sin mayor impacto”. Es obvio cual presentación le conviene más al gobierno, como es transparente la postura gubernamental de preferir que las malas noticias se entierren en páginas interiores de los diarios y no en la página 2 o 3.
Una tercera consideración estriba en consolidar una actitud pasiva de determinados medios, que no realicen trabajo investigativo. No cuesta mucho lograrlo, la tradición al respecto, en nuestro país, es breve, estrecha y sin arraigo. Pero siempre es preferible contar con la anuencia de los dueños en esta materia, para que no haya sorpresas, sólo filtraciones.
Toca al lector llevar a cabo una tarea en buena medida ociosa, pero ilustrativa. Se trata de revisar las primeras planas, a lo largo de un mes, de los rotativos señalados por The New York Times, como los casos emblemáticos del lamentable panorama que describe: El Universal, Milenio, Excélsior y La Jornada. Luego, el lector puede animarse a estudiar la presentación y jerarquía de las noticias en los mismos diarios durante una semana o dos: cómo y dónde aparecen las buenas... y las malas. Por último, que ojee las columnas de mis colegas de la comentocracia en los mismos medios. Muchos de ellos son entrañables amigos o distinguidos académicos, políticos o periodistas cuyas posiciones no comparto. En efecto, en las planas editoriales de estos periódicos, el lector encontrará el mosaico de opiniones propio de un país plural y heterogéneo como el nuestro.
Cuando el lector concluya este ejercicio, se hallará en situación de converger con el corresponsal de The New York Times, o de rechazar sus puntos de vista. Le apuesto a que estará de acuerdo.
Publicidad y medios por desaparecer
Por: Juan Ignacio Zavala
El reportaje del The New York Times sobre la publicidad del gobierno mexicano en los medios de comunicación ha generado una gran cantidad de comentarios. No se trata de ninguna novedad, sino simplemente que lo publicó el NYT y eso le da una mayor difusión, además de que, por los estándares periodísticos de ese medio, se considera cierto lo que publica (cuando ha caído en mentiras o inexactitudes corrige y pide disculpas de inmediato, algo impensable en México). Si algún medio mexicano hubiera publicado un reportaje similar, casi nadie lo hubiera tomado en cuenta y se hubiera dicho que “le habían retirado la publicidad”, o a saber “quién había mandado hacer el artículo” para golpear a fulano y sutano.
Las relaciones entre medios y poder en México –salvo contadas excepciones– ha sido de sometimiento, y el dinero publicitario en ese sentido es ya el único eslabón que sostiene esa dependencia. Entre los pendientes que dejaron los gobiernos panistas –o que simple y sencillamente no abordaron– está precisamente el de la relación con los medios de comunicación. Al contrario de lo que debían hacer, decidieron imitar el modelo priista –con el que los empresarios de medios se sienten tan a gusto– y tratar de jugar al uso perverso del dinero. Por supuesto, no les salió: dieron enormes cantidades de dinero y los medios los madreaban todos los días. Con el regreso del PRI a la presidencia, como en otros rubros, regresamos 30 años en esa relación.
A la enferma dependencia que tienen los medios, regresó el manejo truculento de “la línea” de la mano de la publicidad. A los medios no les ha importado cambiar, adaptarse a las exigencias de un nuevo mercado informativo. Depender del gobierno es obtener el dinero necesario. Por eso casi no tenemos empresarios de medios –por ejemplo, en el radio–, sino administradores de concesiones.
Sin lugar a dudas, algo hay que hacer con el tema. Es insostenible en términos de libertad y de democracia. La grosera dependencia mediática está por llegar a su fin, porque el propio mercado está acabando con ese viejo modo de hacer política y comunicación. El caso de La Jornada, salvado inexplicablemente por el gobierno priista, es sintomático. Como sintomática es su respuesta a lo publicado por el NYT. En su “Rayuela”, un espacio que algún día se dedicó a la fina ironía y ahora es simplemente patético, el periódico mexicano se pregunta por “la mano que mece la cuna” del NYT. Los directivos de La Jornada piensan que todo es como en su caso, en donde todos sabemos que es Peña la mano que mece esa cuna. Y se entiende, los medios aquí se dedican más a la industria del chantaje que a la de las noticias.
Es un hecho que si la publicidad oficial se suspende, desparecerían gran cantidad de medios (y no sólo si pensamos a nivel nacional, en los estados es peor la relación y la dependencia del gobierno). No es responsabilidad del gobierno mantenerlos. Los medios deben profesionalizarse, los que lo han hecho les ha ido bien: hacen negocio y tienen prestigio. Habría que pensar en un modelo en el que no suceda todo de golpe y pueda reajustar modelos de comunicación y de negocios. Por supuesto que esto implica asumir nuevos retos: los gobiernos deberán aprender a comunicarse de otra manera, y los medios a trabajar de forma distinta. No está fácil, pero es el único camino que queda, porque una gran cantidad de medios, tarde que temprano, van a tronar. En este tema, como en muchos otros, la realidad aprieta.
Fuente: El Financiero
Ver anteriores: Con un enorme presupuesto en publicidad, el gobierno mexicano controla los medios de comunicación, Los medios mexicanos y 'The New York Times'
La mayoría de los medios de comunicación han dependido de la publicidad oficial durante tanto tiempo que no sobrevivirían sin los aportes del gobierno
Los medios mexicanos y 'The New York Times' IIPor: Jorge G. Castañeda
En la soterrada y mínima discusión que ha provocado el reportaje de The New York Times sobre la corrupción y los medios impresos en México, impera una confusión. El corresponsal extranjero afirma algo hasta cierto punto indiscutible: todos los gobiernos mexicanos de la época moderna se han anunciado masivamente en dichos medios
–Peña Nieto, más que ninguno– y de ello se deriva una influencia indebida en el contenido, la línea editorial y el trabajo de cada periódico involucrado.
A esto, muchos han respondido, personal o institucionalmente, que en sus páginas se pueden leer todos los puntos de vista del espectro político e ideológico, que ningún escritor –articulista, editorialista, columnista o comentócrata, según el término preferido de cada quien– ha sido censurado. Comparto, en carne propia, esta afirmación. En 2018 cumpliré cuarenta años publicando notas en varios foros: Proceso, La Jornada, Reforma, Milenio y El Financiero. Nunca he recibido presión o censura alguna para escribir, o dejar de escribir, algo: crítica, apoyo, denuncia, reflexión interesante o aburrida. Sin atreverme a ser absolutista o categórico, me atrevo a pensar que son contadas las excepciones, a lo largo de los últimos veinte años por lo menos, que contradigan la mía. Los medios electrónicos podrán constituir un caso diferente, pero durante más de treinta años de colaborar con regularidad en los programas conducidos por José Gutiérrez Vivó, Ciro Gómez Leyva, José Cárdenas y Joaquín López-Dóriga, con la excepción del periodo de negociación del TLC en 1991-1992 con Grupo Radio Centro, jamás me han pedido los dueños de estas difusoras omitir un tema, o incluir otro. Puedo decir lo mismo de Televisa.
El problema es que ese no es el problema. Incluso para egos del tamaño del mío, debe ser evidente a estas alturas que, a los sucesivos gobiernos de la República, desde Carlos Salinas hasta Enrique Peña, las columnas no importan. El más prestigiado de los articulistas pesa mucho menos que una primera plana a modo, o que un corresponsal extranjero domesticado. La influencia ejercida por el gobierno –o por los anunciantes, en algunos casos– no se dirige a los editorialistas, críticos o zalameros. Se concentra en las primeras planas.
Una segunda preocupación de los gobiernos es también proactiva: la jerarquía de las noticias y la forma en que se presentan. Ejemplo: anteayer el peso recuperó 15 centavos frente al dólar, en buena medida gracias a una subasta de 500 millones de dólares de Banxico. La cabeza puede rezar: “Se fortaleció el peso .15”, o “Banxico defiende el peso con 500 millones de dólares, sin mayor impacto”. Es obvio cual presentación le conviene más al gobierno, como es transparente la postura gubernamental de preferir que las malas noticias se entierren en páginas interiores de los diarios y no en la página 2 o 3.
Una tercera consideración estriba en consolidar una actitud pasiva de determinados medios, que no realicen trabajo investigativo. No cuesta mucho lograrlo, la tradición al respecto, en nuestro país, es breve, estrecha y sin arraigo. Pero siempre es preferible contar con la anuencia de los dueños en esta materia, para que no haya sorpresas, sólo filtraciones.
Toca al lector llevar a cabo una tarea en buena medida ociosa, pero ilustrativa. Se trata de revisar las primeras planas, a lo largo de un mes, de los rotativos señalados por The New York Times, como los casos emblemáticos del lamentable panorama que describe: El Universal, Milenio, Excélsior y La Jornada. Luego, el lector puede animarse a estudiar la presentación y jerarquía de las noticias en los mismos diarios durante una semana o dos: cómo y dónde aparecen las buenas... y las malas. Por último, que ojee las columnas de mis colegas de la comentocracia en los mismos medios. Muchos de ellos son entrañables amigos o distinguidos académicos, políticos o periodistas cuyas posiciones no comparto. En efecto, en las planas editoriales de estos periódicos, el lector encontrará el mosaico de opiniones propio de un país plural y heterogéneo como el nuestro.
Cuando el lector concluya este ejercicio, se hallará en situación de converger con el corresponsal de The New York Times, o de rechazar sus puntos de vista. Le apuesto a que estará de acuerdo.
Publicidad y medios por desaparecer
Por: Juan Ignacio Zavala
El reportaje del The New York Times sobre la publicidad del gobierno mexicano en los medios de comunicación ha generado una gran cantidad de comentarios. No se trata de ninguna novedad, sino simplemente que lo publicó el NYT y eso le da una mayor difusión, además de que, por los estándares periodísticos de ese medio, se considera cierto lo que publica (cuando ha caído en mentiras o inexactitudes corrige y pide disculpas de inmediato, algo impensable en México). Si algún medio mexicano hubiera publicado un reportaje similar, casi nadie lo hubiera tomado en cuenta y se hubiera dicho que “le habían retirado la publicidad”, o a saber “quién había mandado hacer el artículo” para golpear a fulano y sutano.
Las relaciones entre medios y poder en México –salvo contadas excepciones– ha sido de sometimiento, y el dinero publicitario en ese sentido es ya el único eslabón que sostiene esa dependencia. Entre los pendientes que dejaron los gobiernos panistas –o que simple y sencillamente no abordaron– está precisamente el de la relación con los medios de comunicación. Al contrario de lo que debían hacer, decidieron imitar el modelo priista –con el que los empresarios de medios se sienten tan a gusto– y tratar de jugar al uso perverso del dinero. Por supuesto, no les salió: dieron enormes cantidades de dinero y los medios los madreaban todos los días. Con el regreso del PRI a la presidencia, como en otros rubros, regresamos 30 años en esa relación.
A la enferma dependencia que tienen los medios, regresó el manejo truculento de “la línea” de la mano de la publicidad. A los medios no les ha importado cambiar, adaptarse a las exigencias de un nuevo mercado informativo. Depender del gobierno es obtener el dinero necesario. Por eso casi no tenemos empresarios de medios –por ejemplo, en el radio–, sino administradores de concesiones.
Sin lugar a dudas, algo hay que hacer con el tema. Es insostenible en términos de libertad y de democracia. La grosera dependencia mediática está por llegar a su fin, porque el propio mercado está acabando con ese viejo modo de hacer política y comunicación. El caso de La Jornada, salvado inexplicablemente por el gobierno priista, es sintomático. Como sintomática es su respuesta a lo publicado por el NYT. En su “Rayuela”, un espacio que algún día se dedicó a la fina ironía y ahora es simplemente patético, el periódico mexicano se pregunta por “la mano que mece la cuna” del NYT. Los directivos de La Jornada piensan que todo es como en su caso, en donde todos sabemos que es Peña la mano que mece esa cuna. Y se entiende, los medios aquí se dedican más a la industria del chantaje que a la de las noticias.
Es un hecho que si la publicidad oficial se suspende, desparecerían gran cantidad de medios (y no sólo si pensamos a nivel nacional, en los estados es peor la relación y la dependencia del gobierno). No es responsabilidad del gobierno mantenerlos. Los medios deben profesionalizarse, los que lo han hecho les ha ido bien: hacen negocio y tienen prestigio. Habría que pensar en un modelo en el que no suceda todo de golpe y pueda reajustar modelos de comunicación y de negocios. Por supuesto que esto implica asumir nuevos retos: los gobiernos deberán aprender a comunicarse de otra manera, y los medios a trabajar de forma distinta. No está fácil, pero es el único camino que queda, porque una gran cantidad de medios, tarde que temprano, van a tronar. En este tema, como en muchos otros, la realidad aprieta.
Fuente: El Financiero
Ver anteriores: Con un enorme presupuesto en publicidad, el gobierno mexicano controla los medios de comunicación, Los medios mexicanos y 'The New York Times'
Censuran obra de teatro por cuestiones políticas
Arturo Bonín, Graciela Dufau y Jorge D'Elía iban a protagonizar la pieza Ver y no ver en Córdoba, pero el productor alegó una insólita medida para suspenderla
Arturo Bonín, Graciela Dufau y Jorge D'Elía iban a protagonizar, a partir del 1 de febrero de 2018, la obra Ver y no ver en el teatro de la Universidad de Córdoba. Sin embargo, el espectáculo fue levantado de "manera unilateral", según denuncian los actores y el director Hugo Urquijo, por el productor Maxi Pita por cuestiones políticas.
¿Qué pasó? Según los artistas, que formaron una cooperativa, se pusieron de acuerdo en numerosos puntos con el productor, quien se comprometió a aportar un seguro para los actores, alojamiento y viáticos, transporte, prensa y publicidad local, y el 20% de la recaudación. Por su parte, la cooperativa debía proveer libro, dirección, escenografía y vestuario, el arte del espectáculo, producción general y disponibilidad para prensa.
Pero el grave conflicto llegó cuando Pita agregó, a modo de posdata en un mail, una particular cláusula: "Ningún integrante de este proyecto hablaría de política, ni bien ni mal".
"No puedo entender el enojo que te provocó mi comentario referido a la falta de pluralidad de voces que el Estado (que es de todos) debe asegurar para la información del ciudadano", aseguró Bonín, apuntándole directamente al productor. Además, Dufau fue categórica y habló de "censura". Y señalaron que aquello que "para el productor es hablar de política o hacer comentarios de tinte político, para ellos es su libertad para "ejercer el derecho humano de la libertad de expresión y de opinión".
Por su parte, el productor les respondió que el motivo que lo llevó a cancelar la temporada en Córdoba fue "el dolor que le produjo la acusación de la actriz de 'ejercer censura'".
Fuente: Diario Clarín
¿Qué pasó? Según los artistas, que formaron una cooperativa, se pusieron de acuerdo en numerosos puntos con el productor, quien se comprometió a aportar un seguro para los actores, alojamiento y viáticos, transporte, prensa y publicidad local, y el 20% de la recaudación. Por su parte, la cooperativa debía proveer libro, dirección, escenografía y vestuario, el arte del espectáculo, producción general y disponibilidad para prensa.
Pero el grave conflicto llegó cuando Pita agregó, a modo de posdata en un mail, una particular cláusula: "Ningún integrante de este proyecto hablaría de política, ni bien ni mal".
❌ En confusa situación, que incluye tinte político, se levanta la temporada convenida para el debut el 1º de febrero en el teatro de la Universidad de Córdoba. Graciela Dufau, Jorge D' Elia y Arturo Bonin, sorprendidos junto al director Hugo Urquijo. pic.twitter.com/epN4i0lXpC— Multiteatro Comafi (@multiteatro) 27 de diciembre de 2017
❌ En su edición de ayer sábado, el diario La Nación de Buenos Aires publicó una nota titulada "Se canceló un espectáculo por cuestiones políticas", confirmando esta noticia que merece no pasar desapercibida. https://t.co/YJJZ5bt49R— Multiteatro Comafi (@multiteatro) 31 de diciembre de 2017
"No podríamos acordar en esa condición", publicaron los actores y el director en un comunicando que detalla lo sucedido. Según ellos, el productor tomó la decisión de cancelar la obraque se venía preparando desde hace seis meses porque Bonín no cumplió ese acuerdo ya que habló "en dos canales de televisión haciendo declaraciones con tinte político".
"No puedo entender el enojo que te provocó mi comentario referido a la falta de pluralidad de voces que el Estado (que es de todos) debe asegurar para la información del ciudadano", aseguró Bonín, apuntándole directamente al productor. Además, Dufau fue categórica y habló de "censura". Y señalaron que aquello que "para el productor es hablar de política o hacer comentarios de tinte político, para ellos es su libertad para "ejercer el derecho humano de la libertad de expresión y de opinión".
Por su parte, el productor les respondió que el motivo que lo llevó a cancelar la temporada en Córdoba fue "el dolor que le produjo la acusación de la actriz de 'ejercer censura'".
Fuente: Diario Clarín
sábado, 30 de diciembre de 2017
Tinelli frenó la venta del Grupo Indalo y crea incertidumbre en los trabajadores
La Cámara Comercial bloqueó los movimientos accionarios en la empresa.
Por: Iván Ruiz
Marcelo Tinelli puso un obstáculo más en el camino de Cristóbal López. La Cámara de Apelaciones en lo Comercial dictó ayer una medida que les prohíbe a López y a su socio, Fabián de Sousa, realizar cualquier tipo de movimiento accionario en el Grupo Indalo que pueda eludir el pago de una deuda millonaria con el conductor de ShowMatch, por su trabajo en el programa de TV y por la venta de una porción de la productora Ideas del Sur.
"Se ordena que se abstengan [López y De Sousa] de causar, realizar, perfeccionar o ejecutar cualquier acto de disposición que altere o sea susceptible de alterar la actual composición de su patrimonio", dictaminaron los camaristas Alejandra Tevez y Rafael Barreiro.
Tinelli reclama casi la totalidad de su sueldo como conductor de ShowMatch, uno de los programas más vistos de la TV argentina. "Sólo cobró entre dos y tres sueldos este año", dijeron en su entorno. OP Investment, el holding que gerencia el Grupo Indalo, reconoce una deuda por unos $ 130 millones, pudo averiguar La Nación.
Pero, además, el animador y empresario reclamó a López el pago por la venta del 19% de las acciones de la productora Ideas del Sur, que se concretó en abril del año pasado, pero que todavía -sostiene- no se hizo efectivo. La deuda reconocida por OP Investment, en este caso, asciende a casi US$ 13 millones por esa operación comercial.
La medida cautelar dictada por la Sala F de la Cámara Comercial es parte del largo derrotero que enfrenta el Grupo Indalo, a raíz de una millonaria deuda con el Estado. El juez federal Julián Ercolini procesó a López y a De Sousa por fraude y les dictó la prisión preventiva, justamente, por tratar de eludir la inhibición de bienes que había dictado el magistrado para evitar la insolvencia de los empresarios ante la millonaria deuda con el Estado.
Más allá de las detenciones de los empresarios -concretada la semana pasada-, el juez Ercolini analiza la posibilidad de levantar la inhibición para dar curso a la venta del Grupo Indalo a OP Investment (por un precio simbólico de $ 100), que maneja Ignacio Rosner. El magistrado les pidió a distintos veedores que evalúen la propuesta realizada por Rosner para pagar deudas millonarias con el Estado y, así, salvar la empresa.
Por otro lado, la Cámara Comercial había dado el visto bueno para el comienzo del concurso de acreedores, a fin de regularizar todas las deudas del Grupo Indalo, pero esta nuevo resolución de la cámara pone un freno a esa resolución, al entender que ese proceso puede perjudicar los derechos de Tinelli.
La relación -siempre tensa- entre López y Tinelli se terminó de quebrar este año. "Te dan cheques sin fondos, no te pagan lo firmado y desaparecen. Después aparecen otros nuevos y te extorsionan. En 35 años no vi nada igual", escribió en octubre Tinelli en su cuenta de Twitter.
Mientras la Justicia evalúa el futuro del Grupo Indalo, Cristóbal López permanece detenido. El empresario ya pasó Navidad en el penal de Ezeiza. Ayer, el juez federal Sebastián Ramos rechazó un nuevo pedido de excarcelación. Es decir, el empresario amigo de Néstor Kirchner también pasará la noche de Año Nuevo en prisión.
Fuente: Diario La Nación
Por: Iván Ruiz
"Se ordena que se abstengan [López y De Sousa] de causar, realizar, perfeccionar o ejecutar cualquier acto de disposición que altere o sea susceptible de alterar la actual composición de su patrimonio", dictaminaron los camaristas Alejandra Tevez y Rafael Barreiro.
Tinelli reclama casi la totalidad de su sueldo como conductor de ShowMatch, uno de los programas más vistos de la TV argentina. "Sólo cobró entre dos y tres sueldos este año", dijeron en su entorno. OP Investment, el holding que gerencia el Grupo Indalo, reconoce una deuda por unos $ 130 millones, pudo averiguar La Nación.
Pero, además, el animador y empresario reclamó a López el pago por la venta del 19% de las acciones de la productora Ideas del Sur, que se concretó en abril del año pasado, pero que todavía -sostiene- no se hizo efectivo. La deuda reconocida por OP Investment, en este caso, asciende a casi US$ 13 millones por esa operación comercial.
La medida cautelar dictada por la Sala F de la Cámara Comercial es parte del largo derrotero que enfrenta el Grupo Indalo, a raíz de una millonaria deuda con el Estado. El juez federal Julián Ercolini procesó a López y a De Sousa por fraude y les dictó la prisión preventiva, justamente, por tratar de eludir la inhibición de bienes que había dictado el magistrado para evitar la insolvencia de los empresarios ante la millonaria deuda con el Estado.
Más allá de las detenciones de los empresarios -concretada la semana pasada-, el juez Ercolini analiza la posibilidad de levantar la inhibición para dar curso a la venta del Grupo Indalo a OP Investment (por un precio simbólico de $ 100), que maneja Ignacio Rosner. El magistrado les pidió a distintos veedores que evalúen la propuesta realizada por Rosner para pagar deudas millonarias con el Estado y, así, salvar la empresa.
Por otro lado, la Cámara Comercial había dado el visto bueno para el comienzo del concurso de acreedores, a fin de regularizar todas las deudas del Grupo Indalo, pero esta nuevo resolución de la cámara pone un freno a esa resolución, al entender que ese proceso puede perjudicar los derechos de Tinelli.
La relación -siempre tensa- entre López y Tinelli se terminó de quebrar este año. "Te dan cheques sin fondos, no te pagan lo firmado y desaparecen. Después aparecen otros nuevos y te extorsionan. En 35 años no vi nada igual", escribió en octubre Tinelli en su cuenta de Twitter.
Mientras la Justicia evalúa el futuro del Grupo Indalo, Cristóbal López permanece detenido. El empresario ya pasó Navidad en el penal de Ezeiza. Ayer, el juez federal Sebastián Ramos rechazó un nuevo pedido de excarcelación. Es decir, el empresario amigo de Néstor Kirchner también pasará la noche de Año Nuevo en prisión.
Fuente: Diario La Nación
Diputada pide suspender la fusión Telecom-Cablevisión: "vulnera el marco regulatorio vigente"
La diputada Romina Del Pla, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, presentó en el Congreso Nacional un proyecto de ley por la “suspensión de la transferencia de Cablevisión a Telecom y el control societario de la empresa Telecom por parte de Cablevisión Holding S.A.”
El proyecto sostiene entre sus fundamentos que la fusión vulnera el marco regulatorio vigente mediante sucesivos decretos de “necesidad y urgencia” que favorecen a Cablevisión del grupo Clarín, que primero adquirió Nextel, donde se produjeron cientos de despidos y cambios en las condiciones de trabajo, al punto que Nextel fue vaciada y absorbida como empresa de telecomunicaciones. Ahora se pretende profundizar ese camino en una escala muy superior con Telecom Argentina S.A.
El texto asegura que la fusión atenta contra derechos elementales como la libertad de expresión y el acceso a la información y defensa de la “competencia” al favorecer una concentración monopólica tanto en materia de contenidos como de infraestructura, interconexión, transporte, comercialización y exhibición final de flujos de la comunicación.
"Esta fusión no tiene nada que ver con un avance tecnológico, sino todo lo contrario, golpea a los sectores y regiones más vulnerables de la población y pone en riesgo la prestación de los servicios en amplias zonas, en particular en las regiones centro y norte del país donde se impone el peso de un monopolio exclusivo de las telecomunicaciones que afecta directamente a los trabajadores, usuarios y consumidores. En un contexto de tarifas desreguladas y de desinversión como sucede también con el caso de Telefónica", explica.
A su vez, el proyecto plantea y retoma un reclamo y lucha previo, al plantear que "previo a cualquier fusión Telecom debe cumplir primero con los Pliegos de la privatización de ENTEL (Empresa Nacional de Telecomunicaciones) que consiste en el pago del 10% de los Bonos de participación en las ganancias adeudados a todos los empleados vinculados a dicha empresa, y para quienes hayan perdido su relación laboral y/o sus descendientes".
Por último, el proyecto detalla "la suspensión de la Fusión de Cablevisión con Telecom Argentina S.A. hasta que se garanticen los puestos y condiciones de trabajo, en un convenio único de la actividad de todos los trabajadores de Cablevisión, Telecom, Personal, Arnet, Fibertel y Nextel".
Proyecto de Ley de suspensión de fusión de Telecom con Cablevisión
Presentado por la diputada nacional del PO-FIT Romina Del Plá
Texto completo del proyecto legislativo presentado por la diputada nacional Romina Del Plá, del Partido Obrero-Frente de Izquierda.
La suspensión de la Fusión de Telecom con Cablevisión, el cumplimiento del pago de los Bonos adeudado a los trabajadores y la defensa del servicio universal a todos los usuarios y consumidores
Proyecto de Ley
Artículo 1°.- Se suspende la transferencia de Cablevisión Sociedad Anónima a Telecom Argentina Sociedad Anónima y el control societario de la empresa Telecom Argentina SA por Cablevisión Holding Sociedad Anónima.
Artículo 2°.- Telecom Argentina Sociedad Anónima debe cumplir con los Pliegos de privatización de ENTEL (Empresa Nacional de Telecomunicaciones) consistente en el pago del 10% de la ganancia imponible y emitiendo en dicha proporción los Bonos de participación en las ganancias para todos los empleados vinculados a dicha empresa, y para quienes hayan perdido su relación laboral y/o sus descendientes.
Artículo 3°.- Se suspende la Fusión de Cablevisión Sociedad Anónima y Telecom Argentina Sociedad Anónima hasta que se garantice la prestación y acceso de la población a los diversos servicios de Telecomunicaciones, que debe ser universal, a todas las localidades y zonas del país.
Artículo 4°.- Se suspende la Fusión de Cablevisión Sociedad Anónima y Telecom Argentina Sociedad Anónima hasta que se garanticen los puestos y condiciones de trabajo, en un convenio único de la actividad de todos los trabajadores de Cablevisión, Telecom, Personal, Arnet, Fibertel Y Nextel.
Artículo 5°.– Comuníquese al Poder Ejecutivo. De forma.
Fundamentos
Señor Presidente:
El presente proyecto de Ley tiene como primera resolución y fundamento la suspensión de la fusión de Telecom Argentina S.A. con Cablevisión S.A. por oposición al reforzamiento de un monopolio de las Telecomunicaciones en diversas áreas y regiones de la Argentina que afectará a los trabajadores, usuarios y consumidores.
1ra Parte: Vulnera derechos de la población y el marco legal
El gobierno actual, pese a los anuncios de que presentaría un proyecto de ley de las Telecomunicaciones, sólo emitió decretos “regulatorios” que modificaron sustancialmente las leyes vigentes. Es así como fue eliminado la Autoridad de aplicación, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC). Estos decretos concentran en una nueva autoridad de Aplicación (ENaCom) comandada por un directorio designado por el Poder Ejecutivo Nacional donde todos sus directores pueden ser removidos directamente por el presidente de la Nación “sin expresión de causa” (conf. art. 5º del dto. 267/2015).
La fusión de Telecom Argentina S.A. con Cablevisión S.A se basa en el Decreto de “necesidad y urgencia” N° 267/2015 y el Decreto 1340/2016 que violan el marco legal que regula las Telecomunicaciones de nuestro país, como ser la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), ley nº 26.522, y la Ley de Telecomunicaciones "Argentina Digital", ley n° 27.078, como así también la Constitución Nacional Arts. 41, 45, 48, 161; afectando derechos individuales y colectivos de los trabajadores, usuarios y consumidores.
La vulneración del marco regulatorio mediante sucesivos decretos favoreció a la empresa Cablevisión del grupo Clarín, que primero adquirió Nextel donde se produjeron cientos de despidos y cambios en las condiciones de trabajo, al punto que Nextel fue vaciada y absorbida como empresa de Telecomunicaciones. Ahora se pretende profundizar ese camino en una escala muy superior con Telecom Argentina SA. Los decretos de “Necesidad y Urgencia” nº 267/2015 y nº 1340/2016 atentan contra derechos como la libertad de expresión y acceso a la información y defensa de la “competencia” al favorecer una concentración monopólica tanto en materia de contenidos como de infraestructura, interconexión, transporte, comercialización y exhibición final de flujos de la comunicación. Es el caso del grupo Clarín que consolida una posición dominante a través de diarios, canales de televisión, radios, revistas, canales de cable y otros medios digitales que se complementan con Cablevisión, Nextel, Fibertel y Telecom (Arnet y Personal) que pasarían a formar parte de Cablevisión Holdings SA. De ese modo la supuesta separación de los contenidos y la infraestructura pasa a ser una ficción porque mantiene los mismos accionistas en ambas empresas.
La “convergencia tecnológica” y el “cuádruple play” vienen avanzando desde hace años en cada una de las empresas, es decir en este caso en Telecom y Cablevisión, sin necesidad de Fusión.
Recientemente Telecom dejó de brindar el servicio de la operadora internacional incomunicando a los usuarios con países que no tienen DDI (Discado Directo Internacional). También dejó de brindar el servicio de operadora nacional y tarjetas prepagas, que afectan a los sectores más postergados y vulnerables de la sociedad (jubilados y desocupados) anticipando un negocio concentrado, con tarifas desreguladas, que vulneran derechos elementales de la comunicación e información de la población, los usuarios y los trabajadores.
La Ley 22.285 de servicios de comunicación audiovisual establecía la imposibilidad de otorgar licencias para la prestación de servicios de radiodifusión (entre ellos TV y TV Digital) a empresas prestatarias de servicios públicos, entre las cuales se encuentra Telecom Argentina SA. Las redes troncales y de dispersión de Telecom Argentina S.A. y Cablevisión S.A. son las únicas en la mayor parte de la región centro y norte del país, donde esta Fusión viene a consolidar un único operador.
A esto se agrega que el decreto 1340/16 dispone "vacaciones regulatorias" durante quince años de gracia a las empresas que están operando para que “maduren las redes”. Estableciendo la ausencia de una intervención regulatoria que favorece una concentración monopólica que concentra sus “inversiones” en las redes de última milla más “rentables” desinvirtiendo en el resto de las zonas y usuarios.
Según estadísticas del Ministerio de Modernización la conectividad que hoy se menciona como un recurso básico, solo alcanza a una de cada tres personas en Argentina.
2da Parte: Vulnera derechos de los trabajadores
Telecom Argentina S.A. adeuda la obligación que asumió de emisión de los títulos (bonos de participación en las ganancias) a sus empleados junto con la licitación para la prestación del servicio público de Telecomunicaciones desde la privatización. Una obligación prevista en el art. 29 de la ley 23.696, de Reforma del Estado y capítulo I inc. 1.2, j del dto. 62/90.
Dicho incumplimiento generó miles de juicios y movilizaciones de los trabajadores a la sede de Telecom, al Ministerio de Trabajo (Alem 650) y al Congreso Nacional, donde se realizaron audiencias públicas masivas y se presentaron dos proyectos de ley: el primero del diputado Néstor Pitrola (Expte. 9828-D-14) –que reunió la firma de 13 legisladores nacionales- y el segundo del diputado Héctor Recalde (Expte. 4319-D-2015) –con la firma de 16 diputados.
El decreto 395/92 (inciso 4) que dictó el Poder Ejecutivo en beneficio de las empresas Telecom S.A. y Telefónica de Argentina S.A para eximir de dicha obligación, fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema (en el fallo "Gentini, Jorge Mario y otros c/ Estado Nacional” Expte. Nº 4490/99) el 12 de agosto de 2008. El fallo del máximo tribunal nacional hizo desaparecer toda indeterminación jurídica sobre la obligación de pagar los Bonos de participación en las ganancias a los empleados de Telecom de Argentina SA, que continúa incumpliendo esta obligación legal mientras presiona a los trabajadores de diferentes formas para que levanten los juicios, en una práctica extorsiva, abusiva e ilegal que vulnera derechos legales y elementales de los trabajadores argentinos.
Por todos estos motivos, solicitamos a los diputados y diputadas el acompañamiento del presente proyecto de ley.
Ver también: #7D ¿Se aprueba la fusión más grande de la historia para Clarín?, 21/12 Preparan los decretos con cambios regulatorios ante la fusión Cablevisión-Telecom, Cómo afecta al mercado de Internet la fusión Telecom-Cablevisión, Llegó Papá Noel! ENaCom aprobó la fusión Telecom-Cablevisión, No esperan a Defensa de la Competencia: El 1° de enero de 2018 Telecom asumirá las operaciones de Cablevisión, Telecom-Cablevisión: Una fusión sin antecedentes, Edita Ámbito: Clarín se aseguró el control de la nueva Telecom
El texto asegura que la fusión atenta contra derechos elementales como la libertad de expresión y el acceso a la información y defensa de la “competencia” al favorecer una concentración monopólica tanto en materia de contenidos como de infraestructura, interconexión, transporte, comercialización y exhibición final de flujos de la comunicación.
"Esta fusión no tiene nada que ver con un avance tecnológico, sino todo lo contrario, golpea a los sectores y regiones más vulnerables de la población y pone en riesgo la prestación de los servicios en amplias zonas, en particular en las regiones centro y norte del país donde se impone el peso de un monopolio exclusivo de las telecomunicaciones que afecta directamente a los trabajadores, usuarios y consumidores. En un contexto de tarifas desreguladas y de desinversión como sucede también con el caso de Telefónica", explica.
A su vez, el proyecto plantea y retoma un reclamo y lucha previo, al plantear que "previo a cualquier fusión Telecom debe cumplir primero con los Pliegos de la privatización de ENTEL (Empresa Nacional de Telecomunicaciones) que consiste en el pago del 10% de los Bonos de participación en las ganancias adeudados a todos los empleados vinculados a dicha empresa, y para quienes hayan perdido su relación laboral y/o sus descendientes".
Por último, el proyecto detalla "la suspensión de la Fusión de Cablevisión con Telecom Argentina S.A. hasta que se garanticen los puestos y condiciones de trabajo, en un convenio único de la actividad de todos los trabajadores de Cablevisión, Telecom, Personal, Arnet, Fibertel y Nextel".
Proyecto de Ley de suspensión de fusión de Telecom con Cablevisión
Presentado por la diputada nacional del PO-FIT Romina Del Plá
Texto completo del proyecto legislativo presentado por la diputada nacional Romina Del Plá, del Partido Obrero-Frente de Izquierda.
La suspensión de la Fusión de Telecom con Cablevisión, el cumplimiento del pago de los Bonos adeudado a los trabajadores y la defensa del servicio universal a todos los usuarios y consumidores
Proyecto de Ley
Artículo 1°.- Se suspende la transferencia de Cablevisión Sociedad Anónima a Telecom Argentina Sociedad Anónima y el control societario de la empresa Telecom Argentina SA por Cablevisión Holding Sociedad Anónima.
Artículo 2°.- Telecom Argentina Sociedad Anónima debe cumplir con los Pliegos de privatización de ENTEL (Empresa Nacional de Telecomunicaciones) consistente en el pago del 10% de la ganancia imponible y emitiendo en dicha proporción los Bonos de participación en las ganancias para todos los empleados vinculados a dicha empresa, y para quienes hayan perdido su relación laboral y/o sus descendientes.
Artículo 3°.- Se suspende la Fusión de Cablevisión Sociedad Anónima y Telecom Argentina Sociedad Anónima hasta que se garantice la prestación y acceso de la población a los diversos servicios de Telecomunicaciones, que debe ser universal, a todas las localidades y zonas del país.
Artículo 4°.- Se suspende la Fusión de Cablevisión Sociedad Anónima y Telecom Argentina Sociedad Anónima hasta que se garanticen los puestos y condiciones de trabajo, en un convenio único de la actividad de todos los trabajadores de Cablevisión, Telecom, Personal, Arnet, Fibertel Y Nextel.
Artículo 5°.– Comuníquese al Poder Ejecutivo. De forma.
Fundamentos
Señor Presidente:
El presente proyecto de Ley tiene como primera resolución y fundamento la suspensión de la fusión de Telecom Argentina S.A. con Cablevisión S.A. por oposición al reforzamiento de un monopolio de las Telecomunicaciones en diversas áreas y regiones de la Argentina que afectará a los trabajadores, usuarios y consumidores.
1ra Parte: Vulnera derechos de la población y el marco legal
El gobierno actual, pese a los anuncios de que presentaría un proyecto de ley de las Telecomunicaciones, sólo emitió decretos “regulatorios” que modificaron sustancialmente las leyes vigentes. Es así como fue eliminado la Autoridad de aplicación, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC). Estos decretos concentran en una nueva autoridad de Aplicación (ENaCom) comandada por un directorio designado por el Poder Ejecutivo Nacional donde todos sus directores pueden ser removidos directamente por el presidente de la Nación “sin expresión de causa” (conf. art. 5º del dto. 267/2015).
La fusión de Telecom Argentina S.A. con Cablevisión S.A se basa en el Decreto de “necesidad y urgencia” N° 267/2015 y el Decreto 1340/2016 que violan el marco legal que regula las Telecomunicaciones de nuestro país, como ser la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), ley nº 26.522, y la Ley de Telecomunicaciones "Argentina Digital", ley n° 27.078, como así también la Constitución Nacional Arts. 41, 45, 48, 161; afectando derechos individuales y colectivos de los trabajadores, usuarios y consumidores.
La vulneración del marco regulatorio mediante sucesivos decretos favoreció a la empresa Cablevisión del grupo Clarín, que primero adquirió Nextel donde se produjeron cientos de despidos y cambios en las condiciones de trabajo, al punto que Nextel fue vaciada y absorbida como empresa de Telecomunicaciones. Ahora se pretende profundizar ese camino en una escala muy superior con Telecom Argentina SA. Los decretos de “Necesidad y Urgencia” nº 267/2015 y nº 1340/2016 atentan contra derechos como la libertad de expresión y acceso a la información y defensa de la “competencia” al favorecer una concentración monopólica tanto en materia de contenidos como de infraestructura, interconexión, transporte, comercialización y exhibición final de flujos de la comunicación. Es el caso del grupo Clarín que consolida una posición dominante a través de diarios, canales de televisión, radios, revistas, canales de cable y otros medios digitales que se complementan con Cablevisión, Nextel, Fibertel y Telecom (Arnet y Personal) que pasarían a formar parte de Cablevisión Holdings SA. De ese modo la supuesta separación de los contenidos y la infraestructura pasa a ser una ficción porque mantiene los mismos accionistas en ambas empresas.
La “convergencia tecnológica” y el “cuádruple play” vienen avanzando desde hace años en cada una de las empresas, es decir en este caso en Telecom y Cablevisión, sin necesidad de Fusión.
Recientemente Telecom dejó de brindar el servicio de la operadora internacional incomunicando a los usuarios con países que no tienen DDI (Discado Directo Internacional). También dejó de brindar el servicio de operadora nacional y tarjetas prepagas, que afectan a los sectores más postergados y vulnerables de la sociedad (jubilados y desocupados) anticipando un negocio concentrado, con tarifas desreguladas, que vulneran derechos elementales de la comunicación e información de la población, los usuarios y los trabajadores.
La Ley 22.285 de servicios de comunicación audiovisual establecía la imposibilidad de otorgar licencias para la prestación de servicios de radiodifusión (entre ellos TV y TV Digital) a empresas prestatarias de servicios públicos, entre las cuales se encuentra Telecom Argentina SA. Las redes troncales y de dispersión de Telecom Argentina S.A. y Cablevisión S.A. son las únicas en la mayor parte de la región centro y norte del país, donde esta Fusión viene a consolidar un único operador.
A esto se agrega que el decreto 1340/16 dispone "vacaciones regulatorias" durante quince años de gracia a las empresas que están operando para que “maduren las redes”. Estableciendo la ausencia de una intervención regulatoria que favorece una concentración monopólica que concentra sus “inversiones” en las redes de última milla más “rentables” desinvirtiendo en el resto de las zonas y usuarios.
Según estadísticas del Ministerio de Modernización la conectividad que hoy se menciona como un recurso básico, solo alcanza a una de cada tres personas en Argentina.
2da Parte: Vulnera derechos de los trabajadores
Telecom Argentina S.A. adeuda la obligación que asumió de emisión de los títulos (bonos de participación en las ganancias) a sus empleados junto con la licitación para la prestación del servicio público de Telecomunicaciones desde la privatización. Una obligación prevista en el art. 29 de la ley 23.696, de Reforma del Estado y capítulo I inc. 1.2, j del dto. 62/90.
Dicho incumplimiento generó miles de juicios y movilizaciones de los trabajadores a la sede de Telecom, al Ministerio de Trabajo (Alem 650) y al Congreso Nacional, donde se realizaron audiencias públicas masivas y se presentaron dos proyectos de ley: el primero del diputado Néstor Pitrola (Expte. 9828-D-14) –que reunió la firma de 13 legisladores nacionales- y el segundo del diputado Héctor Recalde (Expte. 4319-D-2015) –con la firma de 16 diputados.
El decreto 395/92 (inciso 4) que dictó el Poder Ejecutivo en beneficio de las empresas Telecom S.A. y Telefónica de Argentina S.A para eximir de dicha obligación, fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema (en el fallo "Gentini, Jorge Mario y otros c/ Estado Nacional” Expte. Nº 4490/99) el 12 de agosto de 2008. El fallo del máximo tribunal nacional hizo desaparecer toda indeterminación jurídica sobre la obligación de pagar los Bonos de participación en las ganancias a los empleados de Telecom de Argentina SA, que continúa incumpliendo esta obligación legal mientras presiona a los trabajadores de diferentes formas para que levanten los juicios, en una práctica extorsiva, abusiva e ilegal que vulnera derechos legales y elementales de los trabajadores argentinos.
Por todos estos motivos, solicitamos a los diputados y diputadas el acompañamiento del presente proyecto de ley.
Ver también: #7D ¿Se aprueba la fusión más grande de la historia para Clarín?, 21/12 Preparan los decretos con cambios regulatorios ante la fusión Cablevisión-Telecom, Cómo afecta al mercado de Internet la fusión Telecom-Cablevisión, Llegó Papá Noel! ENaCom aprobó la fusión Telecom-Cablevisión, No esperan a Defensa de la Competencia: El 1° de enero de 2018 Telecom asumirá las operaciones de Cablevisión, Telecom-Cablevisión: Una fusión sin antecedentes, Edita Ámbito: Clarín se aseguró el control de la nueva Telecom
viernes, 29 de diciembre de 2017
Medidas de fuerza en LT3: una empresa que no da respuestas
Las trabajadoras y los trabajadores de la emisora radial LT3 comunican a la audiencia rosarina que el próximo miércoles 3 de enero la radio permanecerá en silencio por una medida de fuerza dispuesta en asamblea ante los permanentes incumplimientos salariales por parte de la empresa. Un poco de historia:
Intersindical de los Medios RadialesLa empresa Rosario Difusión SA, que públicamente se ha adjudicado Guillermo Whpei, acumula desde hace años deudas millonarias por falta de pago de aportes patronales y al sistema de seguridad social; situación que resiente los servicios de las obras sociales.
La radio está atravesando una supuesta transferencia de la cual se desconocen detalles, lo que trae más incertidumbre sobre su destino a los 52 trabajadores que conforman el plantel permanente más productoras de programas independientes.
Aparecen nuevos actores como Vórtice SA, que no termina de definir el rol que cumple dentro de la emisora. Por lo que no hay un interlocutor válido para dar respuestas que garanticen el futuro laboral y como medio de comunicación.
Consultado el ENaCom tampoco hay confirmación de una autorización fehaciente al pedido de transferencia de la licencia que debe aprobar ese organismo.
Las trabajadoras y los trabajadores vienen padeciendo desde hace meses pagos desdoblados y a destiempo, atrasos en aumentos paritarios, incumplimiento del pago del medio aguinaldo y reiteradas faltas a compromisos asumidos ante el Ministerio de Trabajo provincial.
Frente a este panorama, lxs trabajadores con sus gremios se declaran en estado de alerta y asumen un plan de lucha y movilización en defensa de la fuente laboral y el respeto a sus derechos hasta que la empresa cumpla sus obligaciones.
Radio Nacional admite despidos pero no da más precisiones
El vicedirector Pablo Ciarliero le dijo a la Asamblea que "no habla con sindicatos que hacen paro" y se negó a brindar precisiones tras admitir despidos encubiertos como "no renovaciones de contratos" y dejar abierta la posibilidad de que se produzcan más cesantías. Los trabajadores denuncian vaciamiento, luego de que se abriera un proceso de jubilaciones anticipadas de 227 empleados/as. Por medio de un comunicado, respondieron los dichos del funcionario en la AM870:
Radio Nacional: Los despidos no se tapan con mentiras
Los trabajadores creemos en el diálogo, no en las intimidaciones
Ante las expresiones públicas vertidas por el vicedirector de Radio Nacional, Pablo Ciarliero, respecto del paro votado por la Asamblea General de Trabajadorxs de LRA1, manifestamos:
Asamblea de Trabajadorxs de Radio Nacional Buenos Aires
Ver también: Radio Nacional: Paro y asamblea permanente ante la situación laboral y artística
Radio Nacional: Los despidos no se tapan con mentiras
Los trabajadores creemos en el diálogo, no en las intimidaciones
Ante las expresiones públicas vertidas por el vicedirector de Radio Nacional, Pablo Ciarliero, respecto del paro votado por la Asamblea General de Trabajadorxs de LRA1, manifestamos:
- El paro llevado adelante el jueves 28 de diciembre entre las 15 y las 20 obedeció a la confirmación por parte de dicho funcionario de la no renovación de contratos, contrariando la actitud de la empresa que venía negociando el fin de trabajo fraudulento con nuestros sindicatos. Agrava lo anterior que Ciarliero se negó a dar a conocer la identidad de los despedidos, lo que implica una perversidad ya que decenas de familias pasarán las fiestas de fin de año sin saber si tendrán trabajo el martes 2 de enero.
- En sus “posverdades”, Ciarliero expresa que “sindicatos sin personería” llevaron adelante el paro. Aunque huelgue explicarlo tanto el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) como la Asociacion de Trabajadores de Radio Nacional (ATRaNa) son entidades gremiales formalmente inscritas con personería jurídica en el Registro de Asociación es Sindicales del Ministerio de Trabajo, con las facultades otorgadas por la Ley 23.551.
- Al tratar de minimizar la medida de fuerza, el funcionario acusó a los trabajadores de “generar terrorismo”, estigmatizando la acción gremial y planteando la posible judicialización de la protesta obrera.
- “Unas 20, 30, 40 personas” llevaron adelante el paro, aclaró, en otra mentira, el funcionario. La medida de acción directa fue desarrollada por más de 100 compañeros y compañeras de todos los sectores de la Radio, hecho que obligó a la empresa a salir al aire con personal jerárquico.
- Señor Ciarliero, ¿qué es “hacer un uso racional de los recursos”? ¿Despedir trabajadores con contratos miserables?
- Si Ciarliero le expresa a los representantes de la Asamblea que “no va a dialogar con sindicatos que hacen paro”, nos cabe la pregunta: ¿con qué clase de gremios dialoga Usted?
Asamblea de Trabajadorxs de Radio Nacional Buenos Aires
Ver también: Radio Nacional: Paro y asamblea permanente ante la situación laboral y artística
Radio Nacional: Paro y asamblea permanente ante la situación laboral y artística
La redacción del Informativo de Radio Nacional Buenos Aires vacía ante el paro en de 15 a 20 contra los despidos y el vaciamiento pic.twitter.com/0TTgLd7Ojv— C.G.I Radio Nacional (@CgiPrensa) 28 de diciembre de 2017
"No es que sobre gente en Radio Nacional. La emisora no se puede dar el lujo de prescindir de personal calificado como los dos productores a quienes no se les renovaron sus contratos. Parece que cuando empieza a tallar la planilla de Excell, la calidad y el profesionalismo quedan de lado", lamentó Pedernera.
El delegado de la radio pública indicó que el paro de 5 horas votado esta tarde en asamblea puede ser el "inicio de un plan de lucha extenso" frente a los "despidos encubiertos o las jubilaciones anticipadas", que afecta también a los trabajadores de la Televisión Pública, la agencia Télam y el TDA. "La situación de fraude laboral la venimos denunciando desde hace años", advirtió el delegado, en relación a las contrataciones temporales disfrazadas de "asistencia técnica", que el macrismo arrastra desde la gestión kirchnerista y sirve de paragüas a los recortes.
La medida de fuerza en Radio Nacional ocurre un día después de la toma pacífica (durante 8 horas) del hall del CCK por parte de los 160 contratados del área de contenidos de la Televisión Digital Abierta (TDA), tras la decisión del organismo dirigido por Lombardi de cerrar el programa de producción de contenido, denominado CIARA. La toma se levantó ayer por la noche con la promesa de recibir una propuesta, que hasta el momento no llegó.
"Se quiere desguazar para contratar, seguramente, a los amigos del Gobierno", le explicó a PáginaI12 Juan Oyharçabal, uno de los trabajadores de la TDA , a quien le informaron el martes por la noche que su contrato no sería renovado en 2018.
Paro de 15 a 20 en Radio Nacional contra el vaciamiento y los despidos. #NoAlVaciamientoDeRadioNacional #BastaDeDespidosEnRadioNacional pic.twitter.com/n5502t1sz7— C.G.I Radio Nacional (@CgiPrensa) 28 de diciembre de 2017
En paralelo, el Gobierno Nacional publicó esta mañana en el boletín oficial la tercera prórroga de seis meses para la presentación de una ley de comunicaciones convergentesque reemplace la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que desde diciembre de 2015 el Poder Ejecutivo desarmó mediante decretos presidencial en sus puntos centrales, habilitando la concentración de licencias por parte de los grupos mediáticos y la posibilidad de ofrecer servicios a través de varias plataformas.
La resolución fue firmada por el Ministerio de Modernización, organismo dentro del cual quedó la comisión creada por el exministerio de Comunicaciones y encabezada por Silvana Giudici, cuya promesa era entregar un proyecto de ley en julio de 2016.
Las formas de combatir el vaciamiento
Los trabajadores de la radio pública aseguran que las autoridades les dijeron que no renovarán contratos, ya hay un plan de jubilaciones anticipadas y habrá retiros voluntarios. Nacional Clásica y Nacional Folklórica no tendrán programación de verano
La Asamblea de Radio Nacional Buenos Aires inició un paro de 15 a 20 ante el inicio de despidos simulados bajo la figura de no renovación de contratos. Exigimos continuidad laboral pic.twitter.com/gOFBgeVlJQ— C.G.I Radio Nacional (@CgiPrensa) 28 de diciembre de 2017
“El paro fue el inicio de una medida de lucha, decidida tras los últimos tres contratos que no se renovaron; dos eran de productores y otro, de un fotógrafo. Más allá de esto, en una reunión que tuvimos el miércoles con Pablo Ciarliero (subdirector de la radio), nos comunicó que los contratos eventuales de compañeros que llevan años precarizados no se iban ‘a renovar todos’ en enero. Es otro modo de decir que van a despedir trabajadores, pero no nos quiso decir cuántos”, contó a Páginai12 Cecilia Bari, secretaria general de Atrana, Asociación de Trabajadores de Radio Nacional. Frente a esta situación, los trabajadores se declararon “en estado de asamblea permanente”, declararon el paro de ayer y anunciaron que hoy a las 13, en otra asamblea, decidirán “cómo seguir el plan de lucha”.
La reacción gremial llega tras un plan de jubilaciones anticipadas abierto unas semanas atrás en la emisora. La lista de “jubilables” de Radio Nacional incluye a todos aquellos a los que les faltan hasta cinco años para el retiro. Lo que sigue, ya se anunció, serán retiros voluntarios. “Los compañeros tienen hasta el 31 de diciembre para contestar si aceptan o no la jubilación anticipada, después de eso, una de las cosas hermosas que nos dijo el subdirector, es que la radio la van a hacer ‘con la gente que quede’”, contó Bari.
De manera inédita, además, se anunció que algunas radios levantarán su programación durante el verano. Primero en Nacional Clásica (FM 96.7), y luego en Nacional Folklórica (98.7), los contratos artísticos de los programas fueron suspendidos. Y aunque el mismo ministro Lombardi se comprometió públicamente a “volver a la normalidad” en marzo, y hasta una promoción de la Clásica anuncia que tras el receso estival vuelven los programas, los conductores (también trabajadores precarizados, que renuevan anualmente sus contratos) dicen que no tienen certeza alguna al respecto. Varias de las emisoras en todo el país atraviesan situaciones similares, con programaciones de verano cortadas, duplex con otras frecuencias, suspensión de contratos artísticos. “Pretenden convertir en repetidoras a las radios del interior, sacándoles la programación propia y desconociendo que muchas prestan servicios vitales, sobre todo en las zonas más alejadas de los grandes centros urbanos”, denuncia Bari.
En diálogo con Romina Manguel en el programa Va de vuelta, de la misma Radio Nacional, el subdirector de la radio minimizó los anuncios de despidos: “No hay ningún vaciamiento ni mucho menos, hay un proceso de negociación de la programación 2018. Hay cuestiones de horario; por ejemplo, si a una persona le decís ‘che, necesito que vengas a la mañana’, (puede decir) ‘no, trabajo en otro medio’. Eso pasa mucho, cualquiera que está en el negocio del periodismo lo sabe”, graficó. Consultado sobre si se renovaría la misma cantidad de contratos que existe en el año en curso, o sobre si se seguiría la directiva que ya mencionó Hernán Lombardi de reducir el personal en un treinta por ciento, no dio precisiones. “Nuestra intención es ir transformando los medios públicos en una cosa de periodismo profesional, que sea atractiva para los que estén escuchando, que sea federal”, aseguró. “Se llegó a hablar de listas (de despedidos), y uno puede entender el temor y la angustia”, lo consultó Manguel. “No es así. Me parece una mala arte, eso es generar terrorismo, es generar preocupación con alertas de todo tipo”, acusó el funcionario. Bajo la gestión que integra, Radio Nacional bajó abruptamente su audiencia de 6 a sólo 1 punto de rating.
Fuente: Diario PáginaI12
TDA: historias que no se cuentan en la voz de un trabajador
Trabajadores de la TDA explicando el conflicto por los despidos, qué es la TDA y los antecedentes de la precarización laboral
Ver también: Luis Valle: “Frenaron la TDA y que el que pueda pagar vea y el que no que tenga Internet”, Macri anticipa el apagón de la TDA con 180 despidos, Despiden a 180 trabajadores de TDA. Para el gobierno es la "desarticulación de la unidad CIARA"
Edita Ámbito: Clarín se aseguró el control de la nueva Telecom
Dan por descontado que la Comisión de Defensa de la Competencia aprobará la operación en forma inminente. Tomaron un préstamo prendario por u$s750 millones
Por: Silvia Peco
Cablevisión Holding (CVH), la empresa de los accionistas controlantes del Grupo Clarín, que tiene el 60% de Cablevisión, informó ayer que ejerció la opción de compra por el 13,5% de Telecom que representará el 6,08% de la sociedad cuando se concrete la fusión entre la empresa de telecomunicaciones y la de cable.
La decisión de ejercer la opción ocurre a sólo siete días de que el ENACOM autorizó la fusión, aunque todavía falta la aprobación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Tal como está acordado con Fintech de David Martínez, la compra del 13,5% de Telecom es el paso previo y necesario para que los accionistas de Clarín tomen el control de la empresa fusionada.
La opción de compra tenía un precio de u$s684 millones, pero ayer CVH no informó el monto definitivo. Para esta operación, CVH logró un préstamo prendario por u$s750 millones a fines de septiembre.
Un consorcio de bancos encabezado por el Citibank que integran también Goldman Sachs, Bank of China, Dubai (DIFC) Branch e Itaú Unibanco otorgaron el financiamiento con garantía real, prendando acciones de CVH en Cablevisión, con vencimiento a los 18 meses.
Según el prospecto, "en caso que se obtengan todas las autorizaciones regulatorias requeridas y se consume la fusión CVH tendrá a partir de ese momento el derecho a designar a una mayoría de los miembros del Directorio, configurándose así un cambio de control en Telecom Argentina".
La nueva sociedad será la primera empresa en el país en condiciones de dar cuádruple play en el país: telefonía fija y móvil, televisión paga y banda ancha.
No obstante, la regulación vigente solo permite a Telecom, igual que a Telefónica y Claro, dar televisión por cable a partir del 1 de enero próximo en el AMBA, Rosario, Santa Fe y Córdoba, es decir lo tiene prohibido en el resto del país.
Por eso, antes de que la fusión se termine de aprobar, el gobierno debe volver a cambiar la ley de medios y la de tecnologías de la información y las comunicaciones, para lo cual deberá recurrir a un decreto de necesidad y urgencia.
La expectativa es que ese DNU se conozca en los próximos días y habilite también a las tres telefónicas a dar televisión satelital en todo el país. Telefónica y Claro no quieren invertir en televisión por cable, que se considera hoy una tecnología obsoleta, y buscan dar televisión satelital como ya lo hacen en otros países de Latinoamérica. Esto todavía es cuestionado por los accionistas del Grupo Clarín, que tienen hundida una fuerte inversión en el cableado en todo el país.
Con la operación informada ayer, el Grupo Clarín y sus accionistas a través de CVH, se convierten en el primer operador de telecomunicaciones de la Argentina, con fuerte presencia además en contenidos y canales de televisión. Serán los controlantes de la sociedad fusionada que tiene un valor estimado de u$s11.000 millones de dólares.
Fuente: Diario Ámbito Financiero
Ver también: #7D ¿Se aprueba la fusión más grande de la historia para Clarín?, 21/12 Preparan los decretos con cambios regulatorios ante la fusión Cablevisión-Telecom, Cómo afecta al mercado de Internet la fusión Telecom-Cablevisión, Llegó Papá Noel! ENaCom aprobó la fusión Telecom-Cablevisión, No esperan a Defensa de la Competencia: El 1° de enero de 2018 Telecom asumirá las operaciones de Cablevisión, Telecom-Cablevisión: Una fusión sin antecedentes, Edita Ámbito: Clarín se aseguró el control de la nueva Telecom
Cablevisión Holding (CVH), la empresa de los accionistas controlantes del Grupo Clarín, que tiene el 60% de Cablevisión, informó ayer que ejerció la opción de compra por el 13,5% de Telecom que representará el 6,08% de la sociedad cuando se concrete la fusión entre la empresa de telecomunicaciones y la de cable.
La decisión de ejercer la opción ocurre a sólo siete días de que el ENACOM autorizó la fusión, aunque todavía falta la aprobación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Tal como está acordado con Fintech de David Martínez, la compra del 13,5% de Telecom es el paso previo y necesario para que los accionistas de Clarín tomen el control de la empresa fusionada.
La opción de compra tenía un precio de u$s684 millones, pero ayer CVH no informó el monto definitivo. Para esta operación, CVH logró un préstamo prendario por u$s750 millones a fines de septiembre.
Un consorcio de bancos encabezado por el Citibank que integran también Goldman Sachs, Bank of China, Dubai (DIFC) Branch e Itaú Unibanco otorgaron el financiamiento con garantía real, prendando acciones de CVH en Cablevisión, con vencimiento a los 18 meses.
Según el prospecto, "en caso que se obtengan todas las autorizaciones regulatorias requeridas y se consume la fusión CVH tendrá a partir de ese momento el derecho a designar a una mayoría de los miembros del Directorio, configurándose así un cambio de control en Telecom Argentina".
Cablevisión Holding S.A. informó a la bolsa que ha adquirido a Fintech Media LLC una participación accionaria representativa del 6,08% de Telecom Argentina S.A. -pos fusión. #MeComprasTeCompro— Claudio A. De Luca (@seniales) 29 de diciembre de 2017
También está establecido que una vez concretado el cambio de control, CVH deberá lanzar una oferta pública de adquisición por las acciones Clase B de Telecom Argentina que se negocian en las bolsas de Nueva York y Buenos Aires.
La nueva sociedad será la primera empresa en el país en condiciones de dar cuádruple play en el país: telefonía fija y móvil, televisión paga y banda ancha.
No obstante, la regulación vigente solo permite a Telecom, igual que a Telefónica y Claro, dar televisión por cable a partir del 1 de enero próximo en el AMBA, Rosario, Santa Fe y Córdoba, es decir lo tiene prohibido en el resto del país.
Por eso, antes de que la fusión se termine de aprobar, el gobierno debe volver a cambiar la ley de medios y la de tecnologías de la información y las comunicaciones, para lo cual deberá recurrir a un decreto de necesidad y urgencia.
La expectativa es que ese DNU se conozca en los próximos días y habilite también a las tres telefónicas a dar televisión satelital en todo el país. Telefónica y Claro no quieren invertir en televisión por cable, que se considera hoy una tecnología obsoleta, y buscan dar televisión satelital como ya lo hacen en otros países de Latinoamérica. Esto todavía es cuestionado por los accionistas del Grupo Clarín, que tienen hundida una fuerte inversión en el cableado en todo el país.
Con la operación informada ayer, el Grupo Clarín y sus accionistas a través de CVH, se convierten en el primer operador de telecomunicaciones de la Argentina, con fuerte presencia además en contenidos y canales de televisión. Serán los controlantes de la sociedad fusionada que tiene un valor estimado de u$s11.000 millones de dólares.
Fuente: Diario Ámbito Financiero
Ver también: #7D ¿Se aprueba la fusión más grande de la historia para Clarín?, 21/12 Preparan los decretos con cambios regulatorios ante la fusión Cablevisión-Telecom, Cómo afecta al mercado de Internet la fusión Telecom-Cablevisión, Llegó Papá Noel! ENaCom aprobó la fusión Telecom-Cablevisión, No esperan a Defensa de la Competencia: El 1° de enero de 2018 Telecom asumirá las operaciones de Cablevisión, Telecom-Cablevisión: Una fusión sin antecedentes, Edita Ámbito: Clarín se aseguró el control de la nueva Telecom
jueves, 28 de diciembre de 2017
TDA: preocupación de Argentores por su futuro laboral
Solidaridad de la entidad con los colegas autores
Argentores, ante la conflictiva situación planteada en la Televisión Digital Abierta y reiterando la denuncia que viene haciendo a lo largo de los últimos años acerca de la disminución creciente de producción nacional en los medios audiovisuales, manifiesta su honda preocupación por el futuro laboral de nuestros colegas autores de TDA que, por decisiones ajenas a la eficacia de su tarea, ven amenazada su fuente de trabajo y enfrentan 2018 con un horizonte cargado de desesperanza y temor.
Argentores expresa su más profunda solidaridad con todos aquellos cuyo sustento depende de decisiones gubernamentales que no toman en cuenta la calidad de la producción sino que tienen como único objetivo la supuesta reducción de déficits que no generamos los creadores, a la vez que hace un firme llamado a las autoridades para que tengan en consideración, a la hora de firmar decretos o desestimar contratos, que quienes producimos contenidos para los medios también contribuimos a crear identidad nacional y cultura popular.
Ver también: Luis Valle: “Frenaron la TDA y que el que pueda pagar vea y el que no que tenga Internet”, Macri anticipa el apagón de la TDA con 180 despidos, Despiden a 180 trabajadores de TDA. Para el gobierno es la "desarticulación de la unidad CIARA", TDA: historias que no se cuentan en la voz de un trabajador
Argentores expresa su más profunda solidaridad con todos aquellos cuyo sustento depende de decisiones gubernamentales que no toman en cuenta la calidad de la producción sino que tienen como único objetivo la supuesta reducción de déficits que no generamos los creadores, a la vez que hace un firme llamado a las autoridades para que tengan en consideración, a la hora de firmar decretos o desestimar contratos, que quienes producimos contenidos para los medios también contribuimos a crear identidad nacional y cultura popular.
Ver también: Luis Valle: “Frenaron la TDA y que el que pueda pagar vea y el que no que tenga Internet”, Macri anticipa el apagón de la TDA con 180 despidos, Despiden a 180 trabajadores de TDA. Para el gobierno es la "desarticulación de la unidad CIARA", TDA: historias que no se cuentan en la voz de un trabajador
Macri prorrogó nuevamente el análisis del anteproyecto de Ley de Comunicaciones Convergentes
El Gobierno nacional volvió a prorrogar por seis meses el proceso de análisis para la elaboración y la publicación de un anteproyecto definitivo de ley de "reforma, actualización y unificación" de las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y Argentina Digital. El Ministerio de Modernización lo publicó en el Boletín Oficial. Mientras algunos medios sostenían citando altas fuentes del gobierno de Mauricio Macri que pensaba firmar en enero un Decreto de Necesidad y Urgencia con la ley de Comunicaciones Convergentes que reemplazará a las leyes que impulsó el kirchnerismo
Ministerio de Modernización
Resolución 694-E/2017
Ciudad de Buenos Aires, 27/12/2017
Visto: las Leyes N° 26.522 y N° 27.078, los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 267 del 29 de diciembre de 2015, y N° 513 del 14 de julio de 2017; las Resoluciones N° 9/2016 y N° 601-E/2017 del Ex Ministerio de Comunicaciones; y
Considerando:
Que el decreto citado en el Visto, dispuso la creación de una Comisión para la elaboración del proyecto de ley de reforma, actualización y unificación de las Leyes N° 26.522 y 27.078, en el ámbito de la jurisdicción del ex Ministerio de Comunicaciones.
Que, además, se dispuso que esa Comisión tendría a su cargo el estudio de las reformas a ambas leyes con el propósito de garantizar la más amplia libertad de prensa, el pluralismo y el acceso a la información, fomentar el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones, avanzar hacia la convergencia entre las distintas tecnologías disponibles, garantizar la seguridad jurídica para fomentar las inversiones en las infraestructuras, evitar la arbitrariedad de los funcionarios públicos y garantizar los derechos de los usuarios y consumidores.
Que, en virtud de ello, mediante Resolución N° 9/2016 del ex Ministerio de Comunicaciones se conformó la mencionada Comisión.
Que, según el artículo 4° de la Resolución citada ut supra, la Comisión debía contemplar los siguientes aspectos, sin perjuicio de incorporar otros que surgieran durante el proceso de estudio, deliberación y consulta que se realice al efecto: a.- Facilitar el acceso de todos los individuos a los medios de comunicación y las tecnologías de la información y las comunicaciones mediante criterios democráticos para la asignación licencias; b.- Garantizar la neutralidad, apertura y competitividad de las redes con el objeto de posibilitar el acceso de la totalidad de los habitantes de la República Argentina a los servicios de la información y las comunicaciones en condiciones sociales y geográficas equitativas, con los más altos parámetros de calidad; c.- Garantizar la pluralidad y diversidad de los contenidos audiovisuales; d. - Proteger y fomentar la pluralidad y diversidad de voces reservando el treinta y tres por ciento (33%) de las localizaciones radioeléctricas planificadas para personas de existencia ideal sin fines de lucro; e.- Favorecer la correcta prestación del servicio público de telefonía y/o telefonía móvil; f.- Garantizar el pluralismo político, religioso, social, cultural, lingüístico y étnico en los medios públicos de comunicación; g.-Proponer un sistema de control público y de monitoreo social a través de herramientas de gobierno abierto sobre el nuevo marco regulatorio del sistema de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual; h.- Promover el control parlamentario mediante una Comisión Bicameral; i.- Asegurar la participación ciudadana y la vigencia del principio de federalismo contemplado en nuestra Constitución Nacional, mediante un Consejo Federal integrado por representantes de las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los diversos sectores que componen la sociedad civil, estableciendo su conformación y facultades.
Que para la elaboración de los documentos preliminares del Anteproyecto la Comisión desarrolló, de acuerdo al Reglamento que oportunamente dictara, un proceso de consulta participativo mediante el cual Setenta y Ocho (78) organizaciones de la sociedad civil, especialistas, académicos y ciudadanos realizaron sus aportes al anteproyecto mencionado.
Que, sin perjuicio de ello, un importante número de organizaciones y ciudadanos durante aquel proceso, solicitaron la realización de nuevas rondas de consultas que garantizaran la más absoluta apertura del proceso destinado a su aprobación.
Que, a partir de esto, el entonces Ministro de Comunicación procedió a firmar la Resolución N°601-E/2017 mediante la cual se dispuso el desarrollo de un nuevo proceso de consulta, por Ciento ochenta (180) días, sobre los documentos preliminares que conformarán el anteproyecto de ley de reforma, actualización y unificación de las Leyes N° 26.522 y 27.078.
Que, en función de lo allí determinado, la Coordinadora de la Comisión, Sra. Silvana M. Giudici, procedió a dar inicio al mencionado proceso mediante la realización de reuniones con las organizaciones interesadas en los distintos aspectos a ser contemplados por la futura norma.
Que a la fecha se concretaron dos encuentros, el primero el día 23 de junio de 2017, para dar a conocer ante el Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia (CONACAI), el apartado de los documentos preliminares elaborado por la Comisión relativo a la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, el segundo el 11 de julio de 2017, con representantes de las organizaciones interesadas en los lineamientos sobre Servicios de Transmisión Libre (OTT – Over the Top) incluidos en los documentos preliminares del anteproyecto de Ley de Comunicaciones Convergentes.
Que mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 513 del 14 de julio de 2017, se suprimió el Ministerio de Comunicaciones pasando sus competencias a la órbita del Ministerio de Modernización, siendo en consecuencia esta Jurisdicción la encargada de dar continuidad al proceso iniciado.
Que, desde la entrada en vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 267 de fecha 29 de diciembre de 2015 se han adoptado diferentes medidas tendientes a avanzar en el proceso de una nueva política pública en materia de convergencia y conectividad, continuadas en los Decretos 798 del 21 de junio de 2016 y 1340 del 30 de diciembre de 2016, junto a las obras de expansión de la Red Federal de Fibra Óptica (ReFeFO).
Que ante este estado de situación y teniendo en cuenta que el Ministerio de Modernización a través de programas como el Sistema de Gestión Documental Electrónica para todas las dependencias del Estado nacional, el sistema de Sociedad por Acciones Simplificada, la Ventanilla Única de Comercio Exterior, el Programa Nacional de Telesalud Pediátrica y el Portal de Datos Abiertos entre otros, se encuentra avanzando en la elaboración de una agenda digital pública y privada que incorpora de manera transversal las distintas políticas públicas involucradas e integra a diversas áreas del estado, este nuevo contexto institucional debe ser recogido por la normativa futura.
Que los avances tecnológicos en materia de conectividad, 5G (Telefonía móvil de 5ta. generación), IOT (Internet of Things), combinados con las estrategias de modernización del estado, big data, gobierno abierto, acceso a la información, y protección de datos personales, hacen necesario abordar este nuevo paradigma tecnológico mediante políticas públicas que generen sinergia entre la infraestructura pública y privada, los recursos finitos como la capacidad del espectro radioléctrico y las necesidades de comunicación información y entretenimiento, relacionándolos dinámicamente poniendo la prioridad en el ciudadano, en el achicamiento de la brecha digital y en la mejora de los servicios.
Que, en función de la unificación de las atribuciones del ex Ministerio de Comunicaciones y del Ministerio de Modernización, también se deberán tomar las previsiones necesarias para que el Consejo Federal de Comunicaciones, creado mediante el artículo 29° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 267 de fecha 29 de diciembre de 2015 y el Consejo Federal de Modernización e Innovación en la Gestión Pública adapten sus estructuras y misiones al nuevo marco normativo.
Que, ante la realidad actual del mercado de las telecomunicaciones y las comunicaciones audiovisuales, deben fijarse normas regulatorias y salvaguardas que garanticen condiciones de competencia sostenible, en vistas a la elaboración de una futura norma que unifique en un marco de convergencia todo su régimen regulatorio y contemple los aspectos mencionados precedentemente, de manera integral y armónica.
Que habiendo cumplido la Comisión para la elaboración del proyecto de ley de reforma, actualización y unificación de las Leyes N° 26.522 y 27.078 con sus objetivos, corresponde agradecer a sus integrantes, Da. Silvana Giudici, D. Henoch Aguiar, D. Andrés Gil Domínguez, D. Héctor M. Huici, D. Santiago Kovadloff y D. Alejandro Pereyra, la labor desarrollada.
Que se debe destacar la seria participación y la pluralidad de las opiniones vertidas, a lo largo del proceso participativo llevado adelante por la Comisión, y en consecuencia, resulta conveniente dar a conocer los resultados de su labor como sustento parcial del nuevo proceso, no obstante que la nueva realidad tecnológica y de mercado, sumada a los cambios regulatorios ocurridos durante el proceso, hayan desactualizado en parte el trabajo hecho por la Comisión, resultando probable que sobre los textos y documentos preliminares de trabajo vayan a realizarse en el futuro modificaciones relevantes.
Que por lo tanto corresponde dar a conocer los avances de la misma en el estado que se hallan, prorrogando la elaboración y futura publicación de un anteproyecto definitivo, mientras que los documentos preliminares de la citada Comisión se readecúan, tanto a los aportes que surjan del proceso de consulta pública dispuesta más adelante, como a la nueva normativa eventualmente dictada.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 23 octies de la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificaciones; y el Artículo 28 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 267/15.
Por ello,
El Ministerio de Modernización
Resuelve:
Artículo 1°.- Dispónese la prórroga, por un plazo de Ciento ochentaA (180) días corridos, del proceso de análisis para la elaboración y la publicación de un anteproyecto definitivo de ley de reforma, actualización y unificación de las Leyes N° 26.522 y 27.078, para ser elevado al Poder Ejecutivo Nacional.
Artículo 2°.- Dispónese la apertura a consulta por el público de los proyectos, documentos preliminares y restante documentación surgida del proceso de análisis llevado a cabo hasta ahora por la “Comisión para la elaboración del proyecto de ley de reforma, actualización y unificación de las Leyes N° 26.522 y 27.078”, en función de lo establecido en las Resoluciones N°9/2016 y N° 601-E/2017 del ex Ministerio de Comunicaciones, incluyendo versiones taquigráficas de las veinte (20) reuniones participativas, documentos presentados por las organizaciones participantes del proceso, el material surgido de los Cinco (5) Debates Académicos y Dos (2) Seminarios Internacionales realizados. Asumiendo que dichos documentos preliminares no son textos vinculantes o definitivos, ni constituyen el anteproyecto definitivo, el cual eventualmente sufrirá variaciones respecto de estos cuya apertura a consulta pública aquí se dispone, y dado el abultado volumen de actuaciones y documentación que la conforma, la documentación preliminar de la Comisión podrá ser consultada en la Dirección de Despacho y Mesa de Entradas del Ente Nacional de Comunicaciones sita en Perú 103 Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La consulta y puesta a disposición del público de los documentos preliminares de la Comisión, será implementada por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), dentro de los Diez (10) días de publicada la presente.
Artículo 3°.- En función de la prórroga del artículo 1°, dispónese la continuación del proceso de consulta pública, para recabar aportes de la ciudadanía que eventualmente pudieran ser incorporados al anteproyecto definitivo de ley de reforma, actualización y unificación de las Leyes N° 26.522 y 27.078, por parte del Ministerio de Modernización. Dicho proceso consultivo, a ser desarrollado en el ámbito de la plataforma de Consulta Pública desarrollada por la Subsecretaría de Innovación Pública y Gobierno Abierto (consultapublica.argentina.gob.ar) se instrumentará mediante consulta digital, en los términos expresados en los considerandos de la presente. El proceso de consulta en la plataforma citada, se abrirá y publicará dentro de los Veinte (20) días corridos a partir de la publicación de la presente. El mismo se extenderá por Sesenta (60) días corridos a partir de su fecha de apertura.
Artículo 4°.- A partir de la recepción, análisis y procesamiento de los aportes a la consulta digital establecida en el Artículo 2°, en un plazo de Cien (100) días corridos, el Ministerio de Modernización elevará el Anteproyecto de “Proyecto de Ley de Reforma, Actualización y Unificación de las Leyes Nros. 26.522 y 27.078”.
Artículo 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y, oportunamente, archívese. — Andrés Horacio Ibarra.
Feliz Día de los Inocentes. Cuarta prórroga para el Anteproyecto de Ley Convergente
El 28 de diciembre de 2017 el gobierno publicó la Resolución 694E con la que nuevamente estira la divulgación del Anteproyecto de Ley Convergente
Por: Francisco Godinez Galay
Con fecha del 27 de diciembre (cuándo no, estas lindas fechas), pero aparecido el 28 de diciembre, día de los inocentes, el gobierno dictó la Resolución 694E/2017 con la cual prorroga por cuarta vez la publicación del Anteproyecto de Ley de Comunicaciones Convergentes.
La Resolución, en sus considerandos, menciona que “resulta conveniente dar a conocer los resultados de su labor como sustento parcial del nuevo proceso, no obstante que la nueva realidad tecnológica y de mercado, sumada a los cambios regulatorios ocurridos durante el proceso, hayan desactualizado en parte el trabajo hecho por la Comisión, resultando probable que sobre los textos y documentos preliminares de trabajo vayan a realizarse en el futuro modificaciones relevantes”. Es decir, que hubo muchos cambios en este tiempo y que seguro haya que modificar cosas del proyecto. Ahora, si el texto para una Ley de Comunicaciones Convergentes queda viejo antes de salir, ¿cuál será su eficacia como norma?
También dice que muchas organizaciones y ciudadanos pidieron opinar, a pesar de haberse consultado a 78 agrupaciones, especialistas y asociaciones. Claro, pidieron opinar antes de la última prórroga. Prórroga que se hizo, justamente, para que las organizaciones opinaran.
También afirma que sí sometieron a consulta el texto en este último período. Y sin ponerse colorados –y tal como nos habían contestado en una oportunidad a nosotros mencionan dos consultas que realizaron. Dos consultas en seis meses de prórroga, pedida justamente para consultar. Ya es cargada, como cuando el rival la pisa y tira un caño solo cuando va ganando 4-0:
El artículo 2 de la Resolución deja a disposición de la ciudadanía la consulta de los documentos preliminares, que no son otros que los que nos brindaron al CPR en cada pedido de información, y que no sirven para opinar sobre el texto de la futura ley: las copias de las mismas resoluciones de prórroga, las actas de alguna reunión, documentos de trámites internos, etc. De hecho, enfatizan en que esos textos no tienen que ver con el Anteproyecto: “Asumiendo que dichos documentos preliminares no son textos vinculantes o definitivos, ni constituyen el anteproyecto definitivo, el cual eventualmente sufrirá variaciones respecto de estos cuya apertura a consulta pública aquí se dispone”.
El artículo 3 dicen que se recabarán aportes por Internet, a través de consultapublica.argentina.gob.ar “que eventualmente pudieran ser incorporados al anteproyecto definitivo”. En veinte días deberían abrir ese proceso de consulta. Lo que no dicen es que no están hablando de recabar opiniones sobre el texto, sino aportes sobre lo que queremos que contenga una ley. Es decir, opinar en el aire, no con texto en mano. Habrá 60 días para opinar llenando un formulario online. Y luego, 100 días más para que el Ministerio de Modernización eleve el proyecto definitivo.
En un contexto en el que se precariza el trabajo en los medios de comunicación, con despidos y retiros voluntarios en los medios del Estado; en el que se agrede mediante las fuerzas de seguridad a comunicadores en pleno rol profesional; en el que se encuentran procesados dos comunicadores alternativos por cubrir una marcha en Buenos Aires, y otro preso por cubrir una marcha en Jujuy; en el que se autoriza la fusión entre Telecom y Cablevisión cuya única consecuencia será la desmedida concentración infocomunicacional; y que viene de un contexto de reformas por decreto, amedrentamientos, congelamiento y retardos en los fondos de fomento a los medios comunitarios, disolución del Ministerio de Comunicaciones, entre otras conductas; el gobierno pide una cuarta prórroga por incumplir con una de sus misiones que era elaborar en tiempo y forma un Anteproyecto de Ley de Comunicaciones, para seguir avanzando así avanzar así a espaldas de la ciudadanía y afectando el acceso a la información y el derecho a la comunicación.
Falta de respeto institucional
En tanto, para el abogado constitucionalista y representante de radios y medios comunitarios Miguel Rodríguez Villafañe, la demora en el tratamiento de una nueva ley de Comunicaciones “es una falta de respeto institucional. Se dejó sin efecto y por decreto una norma como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que tenía el aval del Congreso y había sido redactada previa consulta abierta a sectores académicos y de la sociedad civil, y hace más de dos años que se viene posponiendo el proyecto de una nueva ley, sin siquiera dar las razones para esta demora”, sostuvo. Ante la ausencia de una ley que regule las Comunicaciones, “se ha perdido el federalismo informativo, no hay presencia de contenidos locales en el interior del país, han cerrado productoras, radios y canales comunitarios, se han apagado voces y se han perdido empleos”, señaló. “El impacto de la concentración de medios va más allá del terreno de las comunicaciones –advirtió Rodríguez Villafañe–, los pequeños comercios no tienen una radio o medio local para anunciar, y no cuentan con presupuesto para pagar un aviso en un gran medio nacional”.
Para el analista de medios de Comunicación y docente de la Universidad Nacional de Quilmes Martín Becerra, la nueva prórroga significa “un nuevo incumplimiento del Gobierno de su promesa de no modificar el entorno regulatorio de las Comunicaciones por decreto. La funcionaria encargada de hacer las consultas para el anteproyecto hizo sólo dos consultas en casi dos años, ymientras hablan de una ley a futuro, se define la estructura del sector en los hechos, muy funcional al conglomerado Telecom-Cablevisión”, apuntó.
Ministerio de Modernización
Resolución 694-E/2017
Ciudad de Buenos Aires, 27/12/2017
Visto: las Leyes N° 26.522 y N° 27.078, los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 267 del 29 de diciembre de 2015, y N° 513 del 14 de julio de 2017; las Resoluciones N° 9/2016 y N° 601-E/2017 del Ex Ministerio de Comunicaciones; y
Considerando:
Que el decreto citado en el Visto, dispuso la creación de una Comisión para la elaboración del proyecto de ley de reforma, actualización y unificación de las Leyes N° 26.522 y 27.078, en el ámbito de la jurisdicción del ex Ministerio de Comunicaciones.
Que, además, se dispuso que esa Comisión tendría a su cargo el estudio de las reformas a ambas leyes con el propósito de garantizar la más amplia libertad de prensa, el pluralismo y el acceso a la información, fomentar el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones, avanzar hacia la convergencia entre las distintas tecnologías disponibles, garantizar la seguridad jurídica para fomentar las inversiones en las infraestructuras, evitar la arbitrariedad de los funcionarios públicos y garantizar los derechos de los usuarios y consumidores.
Que, en virtud de ello, mediante Resolución N° 9/2016 del ex Ministerio de Comunicaciones se conformó la mencionada Comisión.
Que, según el artículo 4° de la Resolución citada ut supra, la Comisión debía contemplar los siguientes aspectos, sin perjuicio de incorporar otros que surgieran durante el proceso de estudio, deliberación y consulta que se realice al efecto: a.- Facilitar el acceso de todos los individuos a los medios de comunicación y las tecnologías de la información y las comunicaciones mediante criterios democráticos para la asignación licencias; b.- Garantizar la neutralidad, apertura y competitividad de las redes con el objeto de posibilitar el acceso de la totalidad de los habitantes de la República Argentina a los servicios de la información y las comunicaciones en condiciones sociales y geográficas equitativas, con los más altos parámetros de calidad; c.- Garantizar la pluralidad y diversidad de los contenidos audiovisuales; d. - Proteger y fomentar la pluralidad y diversidad de voces reservando el treinta y tres por ciento (33%) de las localizaciones radioeléctricas planificadas para personas de existencia ideal sin fines de lucro; e.- Favorecer la correcta prestación del servicio público de telefonía y/o telefonía móvil; f.- Garantizar el pluralismo político, religioso, social, cultural, lingüístico y étnico en los medios públicos de comunicación; g.-Proponer un sistema de control público y de monitoreo social a través de herramientas de gobierno abierto sobre el nuevo marco regulatorio del sistema de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual; h.- Promover el control parlamentario mediante una Comisión Bicameral; i.- Asegurar la participación ciudadana y la vigencia del principio de federalismo contemplado en nuestra Constitución Nacional, mediante un Consejo Federal integrado por representantes de las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los diversos sectores que componen la sociedad civil, estableciendo su conformación y facultades.
Que para la elaboración de los documentos preliminares del Anteproyecto la Comisión desarrolló, de acuerdo al Reglamento que oportunamente dictara, un proceso de consulta participativo mediante el cual Setenta y Ocho (78) organizaciones de la sociedad civil, especialistas, académicos y ciudadanos realizaron sus aportes al anteproyecto mencionado.
Que, sin perjuicio de ello, un importante número de organizaciones y ciudadanos durante aquel proceso, solicitaron la realización de nuevas rondas de consultas que garantizaran la más absoluta apertura del proceso destinado a su aprobación.
Que, a partir de esto, el entonces Ministro de Comunicación procedió a firmar la Resolución N°601-E/2017 mediante la cual se dispuso el desarrollo de un nuevo proceso de consulta, por Ciento ochenta (180) días, sobre los documentos preliminares que conformarán el anteproyecto de ley de reforma, actualización y unificación de las Leyes N° 26.522 y 27.078.
Que, en función de lo allí determinado, la Coordinadora de la Comisión, Sra. Silvana M. Giudici, procedió a dar inicio al mencionado proceso mediante la realización de reuniones con las organizaciones interesadas en los distintos aspectos a ser contemplados por la futura norma.
Que a la fecha se concretaron dos encuentros, el primero el día 23 de junio de 2017, para dar a conocer ante el Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia (CONACAI), el apartado de los documentos preliminares elaborado por la Comisión relativo a la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, el segundo el 11 de julio de 2017, con representantes de las organizaciones interesadas en los lineamientos sobre Servicios de Transmisión Libre (OTT – Over the Top) incluidos en los documentos preliminares del anteproyecto de Ley de Comunicaciones Convergentes.
Que mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 513 del 14 de julio de 2017, se suprimió el Ministerio de Comunicaciones pasando sus competencias a la órbita del Ministerio de Modernización, siendo en consecuencia esta Jurisdicción la encargada de dar continuidad al proceso iniciado.
Que, desde la entrada en vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 267 de fecha 29 de diciembre de 2015 se han adoptado diferentes medidas tendientes a avanzar en el proceso de una nueva política pública en materia de convergencia y conectividad, continuadas en los Decretos 798 del 21 de junio de 2016 y 1340 del 30 de diciembre de 2016, junto a las obras de expansión de la Red Federal de Fibra Óptica (ReFeFO).
Que ante este estado de situación y teniendo en cuenta que el Ministerio de Modernización a través de programas como el Sistema de Gestión Documental Electrónica para todas las dependencias del Estado nacional, el sistema de Sociedad por Acciones Simplificada, la Ventanilla Única de Comercio Exterior, el Programa Nacional de Telesalud Pediátrica y el Portal de Datos Abiertos entre otros, se encuentra avanzando en la elaboración de una agenda digital pública y privada que incorpora de manera transversal las distintas políticas públicas involucradas e integra a diversas áreas del estado, este nuevo contexto institucional debe ser recogido por la normativa futura.
Que los avances tecnológicos en materia de conectividad, 5G (Telefonía móvil de 5ta. generación), IOT (Internet of Things), combinados con las estrategias de modernización del estado, big data, gobierno abierto, acceso a la información, y protección de datos personales, hacen necesario abordar este nuevo paradigma tecnológico mediante políticas públicas que generen sinergia entre la infraestructura pública y privada, los recursos finitos como la capacidad del espectro radioléctrico y las necesidades de comunicación información y entretenimiento, relacionándolos dinámicamente poniendo la prioridad en el ciudadano, en el achicamiento de la brecha digital y en la mejora de los servicios.
Que, en función de la unificación de las atribuciones del ex Ministerio de Comunicaciones y del Ministerio de Modernización, también se deberán tomar las previsiones necesarias para que el Consejo Federal de Comunicaciones, creado mediante el artículo 29° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 267 de fecha 29 de diciembre de 2015 y el Consejo Federal de Modernización e Innovación en la Gestión Pública adapten sus estructuras y misiones al nuevo marco normativo.
Que, ante la realidad actual del mercado de las telecomunicaciones y las comunicaciones audiovisuales, deben fijarse normas regulatorias y salvaguardas que garanticen condiciones de competencia sostenible, en vistas a la elaboración de una futura norma que unifique en un marco de convergencia todo su régimen regulatorio y contemple los aspectos mencionados precedentemente, de manera integral y armónica.
Que habiendo cumplido la Comisión para la elaboración del proyecto de ley de reforma, actualización y unificación de las Leyes N° 26.522 y 27.078 con sus objetivos, corresponde agradecer a sus integrantes, Da. Silvana Giudici, D. Henoch Aguiar, D. Andrés Gil Domínguez, D. Héctor M. Huici, D. Santiago Kovadloff y D. Alejandro Pereyra, la labor desarrollada.
Que se debe destacar la seria participación y la pluralidad de las opiniones vertidas, a lo largo del proceso participativo llevado adelante por la Comisión, y en consecuencia, resulta conveniente dar a conocer los resultados de su labor como sustento parcial del nuevo proceso, no obstante que la nueva realidad tecnológica y de mercado, sumada a los cambios regulatorios ocurridos durante el proceso, hayan desactualizado en parte el trabajo hecho por la Comisión, resultando probable que sobre los textos y documentos preliminares de trabajo vayan a realizarse en el futuro modificaciones relevantes.
Que por lo tanto corresponde dar a conocer los avances de la misma en el estado que se hallan, prorrogando la elaboración y futura publicación de un anteproyecto definitivo, mientras que los documentos preliminares de la citada Comisión se readecúan, tanto a los aportes que surjan del proceso de consulta pública dispuesta más adelante, como a la nueva normativa eventualmente dictada.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 23 octies de la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificaciones; y el Artículo 28 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 267/15.
Por ello,
El Ministerio de Modernización
Resuelve:
Artículo 1°.- Dispónese la prórroga, por un plazo de Ciento ochentaA (180) días corridos, del proceso de análisis para la elaboración y la publicación de un anteproyecto definitivo de ley de reforma, actualización y unificación de las Leyes N° 26.522 y 27.078, para ser elevado al Poder Ejecutivo Nacional.
Artículo 2°.- Dispónese la apertura a consulta por el público de los proyectos, documentos preliminares y restante documentación surgida del proceso de análisis llevado a cabo hasta ahora por la “Comisión para la elaboración del proyecto de ley de reforma, actualización y unificación de las Leyes N° 26.522 y 27.078”, en función de lo establecido en las Resoluciones N°9/2016 y N° 601-E/2017 del ex Ministerio de Comunicaciones, incluyendo versiones taquigráficas de las veinte (20) reuniones participativas, documentos presentados por las organizaciones participantes del proceso, el material surgido de los Cinco (5) Debates Académicos y Dos (2) Seminarios Internacionales realizados. Asumiendo que dichos documentos preliminares no son textos vinculantes o definitivos, ni constituyen el anteproyecto definitivo, el cual eventualmente sufrirá variaciones respecto de estos cuya apertura a consulta pública aquí se dispone, y dado el abultado volumen de actuaciones y documentación que la conforma, la documentación preliminar de la Comisión podrá ser consultada en la Dirección de Despacho y Mesa de Entradas del Ente Nacional de Comunicaciones sita en Perú 103 Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La consulta y puesta a disposición del público de los documentos preliminares de la Comisión, será implementada por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), dentro de los Diez (10) días de publicada la presente.
Artículo 3°.- En función de la prórroga del artículo 1°, dispónese la continuación del proceso de consulta pública, para recabar aportes de la ciudadanía que eventualmente pudieran ser incorporados al anteproyecto definitivo de ley de reforma, actualización y unificación de las Leyes N° 26.522 y 27.078, por parte del Ministerio de Modernización. Dicho proceso consultivo, a ser desarrollado en el ámbito de la plataforma de Consulta Pública desarrollada por la Subsecretaría de Innovación Pública y Gobierno Abierto (consultapublica.argentina.gob.ar) se instrumentará mediante consulta digital, en los términos expresados en los considerandos de la presente. El proceso de consulta en la plataforma citada, se abrirá y publicará dentro de los Veinte (20) días corridos a partir de la publicación de la presente. El mismo se extenderá por Sesenta (60) días corridos a partir de su fecha de apertura.
Artículo 4°.- A partir de la recepción, análisis y procesamiento de los aportes a la consulta digital establecida en el Artículo 2°, en un plazo de Cien (100) días corridos, el Ministerio de Modernización elevará el Anteproyecto de “Proyecto de Ley de Reforma, Actualización y Unificación de las Leyes Nros. 26.522 y 27.078”.
Artículo 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y, oportunamente, archívese. — Andrés Horacio Ibarra.
Feliz Día de los Inocentes. Cuarta prórroga para el Anteproyecto de Ley Convergente
El 28 de diciembre de 2017 el gobierno publicó la Resolución 694E con la que nuevamente estira la divulgación del Anteproyecto de Ley Convergente
Por: Francisco Godinez Galay
Con fecha del 27 de diciembre (cuándo no, estas lindas fechas), pero aparecido el 28 de diciembre, día de los inocentes, el gobierno dictó la Resolución 694E/2017 con la cual prorroga por cuarta vez la publicación del Anteproyecto de Ley de Comunicaciones Convergentes.
La Resolución, en sus considerandos, menciona que “resulta conveniente dar a conocer los resultados de su labor como sustento parcial del nuevo proceso, no obstante que la nueva realidad tecnológica y de mercado, sumada a los cambios regulatorios ocurridos durante el proceso, hayan desactualizado en parte el trabajo hecho por la Comisión, resultando probable que sobre los textos y documentos preliminares de trabajo vayan a realizarse en el futuro modificaciones relevantes”. Es decir, que hubo muchos cambios en este tiempo y que seguro haya que modificar cosas del proyecto. Ahora, si el texto para una Ley de Comunicaciones Convergentes queda viejo antes de salir, ¿cuál será su eficacia como norma?
También dice que muchas organizaciones y ciudadanos pidieron opinar, a pesar de haberse consultado a 78 agrupaciones, especialistas y asociaciones. Claro, pidieron opinar antes de la última prórroga. Prórroga que se hizo, justamente, para que las organizaciones opinaran.
También afirma que sí sometieron a consulta el texto en este último período. Y sin ponerse colorados –y tal como nos habían contestado en una oportunidad a nosotros mencionan dos consultas que realizaron. Dos consultas en seis meses de prórroga, pedida justamente para consultar. Ya es cargada, como cuando el rival la pisa y tira un caño solo cuando va ganando 4-0:
(…) se concretaron dos encuentros, el primero el día 23 de junio de 2017, para dar a conocer ante el Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia (CONACAI), el apartado de los documentos preliminares elaborado por la Comisión relativo a la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, el segundo el 11 de julio de 2017, con representantes de las organizaciones interesadas en los lineamientos sobre Servicios de Transmisión Libre (OTT – Over the Top) incluidos en los documentos preliminares del anteproyecto de Ley de Comunicaciones Convergentes.En un emotivo pasaje agradecen los servicios prestados a los miembros de la Comisión, reiterando, tal como lo hicieran en la Resolución 601, que cumplieron con sus objetivos. Es decir, que el texto está escrito. Aunque no lo publicaron.
El artículo 2 de la Resolución deja a disposición de la ciudadanía la consulta de los documentos preliminares, que no son otros que los que nos brindaron al CPR en cada pedido de información, y que no sirven para opinar sobre el texto de la futura ley: las copias de las mismas resoluciones de prórroga, las actas de alguna reunión, documentos de trámites internos, etc. De hecho, enfatizan en que esos textos no tienen que ver con el Anteproyecto: “Asumiendo que dichos documentos preliminares no son textos vinculantes o definitivos, ni constituyen el anteproyecto definitivo, el cual eventualmente sufrirá variaciones respecto de estos cuya apertura a consulta pública aquí se dispone”.
El artículo 3 dicen que se recabarán aportes por Internet, a través de consultapublica.argentina.gob.ar “que eventualmente pudieran ser incorporados al anteproyecto definitivo”. En veinte días deberían abrir ese proceso de consulta. Lo que no dicen es que no están hablando de recabar opiniones sobre el texto, sino aportes sobre lo que queremos que contenga una ley. Es decir, opinar en el aire, no con texto en mano. Habrá 60 días para opinar llenando un formulario online. Y luego, 100 días más para que el Ministerio de Modernización eleve el proyecto definitivo.
En un contexto en el que se precariza el trabajo en los medios de comunicación, con despidos y retiros voluntarios en los medios del Estado; en el que se agrede mediante las fuerzas de seguridad a comunicadores en pleno rol profesional; en el que se encuentran procesados dos comunicadores alternativos por cubrir una marcha en Buenos Aires, y otro preso por cubrir una marcha en Jujuy; en el que se autoriza la fusión entre Telecom y Cablevisión cuya única consecuencia será la desmedida concentración infocomunicacional; y que viene de un contexto de reformas por decreto, amedrentamientos, congelamiento y retardos en los fondos de fomento a los medios comunitarios, disolución del Ministerio de Comunicaciones, entre otras conductas; el gobierno pide una cuarta prórroga por incumplir con una de sus misiones que era elaborar en tiempo y forma un Anteproyecto de Ley de Comunicaciones, para seguir avanzando así avanzar así a espaldas de la ciudadanía y afectando el acceso a la información y el derecho a la comunicación.
Falta de respeto institucional
En tanto, para el abogado constitucionalista y representante de radios y medios comunitarios Miguel Rodríguez Villafañe, la demora en el tratamiento de una nueva ley de Comunicaciones “es una falta de respeto institucional. Se dejó sin efecto y por decreto una norma como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que tenía el aval del Congreso y había sido redactada previa consulta abierta a sectores académicos y de la sociedad civil, y hace más de dos años que se viene posponiendo el proyecto de una nueva ley, sin siquiera dar las razones para esta demora”, sostuvo. Ante la ausencia de una ley que regule las Comunicaciones, “se ha perdido el federalismo informativo, no hay presencia de contenidos locales en el interior del país, han cerrado productoras, radios y canales comunitarios, se han apagado voces y se han perdido empleos”, señaló. “El impacto de la concentración de medios va más allá del terreno de las comunicaciones –advirtió Rodríguez Villafañe–, los pequeños comercios no tienen una radio o medio local para anunciar, y no cuentan con presupuesto para pagar un aviso en un gran medio nacional”.
Para el analista de medios de Comunicación y docente de la Universidad Nacional de Quilmes Martín Becerra, la nueva prórroga significa “un nuevo incumplimiento del Gobierno de su promesa de no modificar el entorno regulatorio de las Comunicaciones por decreto. La funcionaria encargada de hacer las consultas para el anteproyecto hizo sólo dos consultas en casi dos años, ymientras hablan de una ley a futuro, se define la estructura del sector en los hechos, muy funcional al conglomerado Telecom-Cablevisión”, apuntó.
Fuentes: Señales, Boletín Oficial, Centro de Producciones Radiofónicas y El Cronista
Los medios mexicanos y 'The New York Times'
El día de Navidad, el diario norteamericano The New York Times publicó nuevamente un largo reportaje, casi un ensayo, de plana entera, con llamada en la primera plana, ahora sobre lo que llaman “la corrupción y la subordinación de los medios” en México (para aclarar: desde hace cinco meses soy editorialista contratado por The New York Times para entregar una columna mensual). Dicho artículo enumera una gran cantidad de ejemplos de cómo gracias a las exorbitantes cantidades de dinero que ha gastado el gobierno de Peña Nieto en publicidad oficial, de la cual dependen la enorme mayoría de los medios impresos en México, dichos medios han aceptado, o se han visto obligados a aceptar formas diversas y de distinta intensidad de censura. Se refiere en particular a los casos de La Jornada, Milenio, El Universal, y Excélsior.
Se le puede quizá reprochar al artículo el no referirse a los medios electrónicos, que también reciben enormes cantidades de publicidad, o que no haya consultado las suficientes fuentes simpatizantes del gobierno o de los medios impresos para balancear el contenido. Yo no comparto esos reproches, pero quizá tengan sentido. Lo más importante, sin embargo, del reportaje, es lo que ha sucedido desde que fue escrito, es decir hace varias semanas, antes desde luego de que fuera publicado. Me refiero a la acción de esos mismos medios mexicanos ante dicho reportaje, y el que se publicó hace un poco más de una semana, también en el mismo diario, sobre el escándalo de corrupción y del desvío de fondos en el estado de Chihuahua. Conviene recordar que si bien Reforma publicó una especie de adelanto de ese proceso, la denuncia provino en realidad de otra larguísima investigación del mismo corresponsal del The New York Times en México, que duró más de cinco meses en llevar a cabo. Cuando digo reacción, es un eufemismo: se trata del silencio.
En el caso del escándalo de Chihuahua, salvo Reforma, ninguno de los diarios citados, y algunos más, llevaron el tema en primera plana y varios ni siquiera lo mencionaron. En el caso del artículo sobre la corrupción de los medios impresos en México, con la exclusión de Reforma, ninguno dijo absolutamente nada, con la extraña excepción de Milenio y El Universal que le responden al rotativo neoyorquino, sin publicar ni siquiera un resumen del artículo al que responden. Me parece que mejor prueba de la veracidad del periódico sería difícil de encontrar.
Detrás de todo esto no se encuentra ni Carlos Slim, ni mucho menos, como sugiere mi amigo Federico Arreola, el que esto escribe. Es lógico que la prensa extranjera se ocupe de temas mexicanos en un momento. Es decir, desde principios del año pasado en México, gracias a Donald Trump, es un tema fundamental de la actualidad mundial. Es lógico también que la mayoría de los medios internacionales que cubren al país lo hagan sobre la actualidad inmediata: reportan sobre el acontecer diario o en todo caso semanal. El largo reportaje investigativo, que sí suelen muchos llevar a cabo sobre temas internos de cada uno de sus respectivos países o de otros países, no es lo fuerte de los impresos mundiales. Pero cuando un diario con los recursos, el prestigio y la experiencia de The New York Times decide concentrar el tiempo, el esfuerzo y el talento de su corresponsal, en un país determinado, a largos reportajes investigativos sobre temas cruciales, es difícil esperar que no traiga consigo revelaciones de hechos nuevos o denuncias de hechos viejos. Esto sucedió ahora con México. No hay nada extraño. Sólo les formularía a los lectores de esta columna la siguiente pregunta: ¿en verdad no creen que los dos mil millones de dólares de publicidad gubernamental en los medios durante este sexenio no tuvieron ninguna influencia sobre el contenido de las publicaciones? Otra pregunta: ¿están dispuestos a afirmar que en México la publicidad gubernamental nunca ha sido un factor de influencia, de presión o de censura en los medios mexicanos? “No te pago para que me pegues”. ¿Fue una puntada de José López Portillo o una profunda verdad?
Fuente: El Financiero
Ver anteriores: Con un enorme presupuesto en publicidad, el gobierno mexicano controla los medios de comunicación, Los medios mexicanos y 'The New York Times'
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