Señales en Aire Libre Radio Comunitaria

Este último sábado de marzo pasaron por los micrófonos de Aire Libre Radio Comunitaria, Julián Alfie, director ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, para hablar de los cambios en el Código Procesal Penal de Santa Fe; el Ingeniero nuclear, Eduardo Gigante, con el charlamos sobre la acción de la Comisión Nacional de Energía Atómica que frenó la construcción de los reactores. Manuel Leiva presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, se refirió a la suspensión de más de 11.000 cooperativas; con Esteban Paulón, conversamos sobre su proyecto para declarar monumento histórico nacional al edificio de la TV Pública y con Delia Valía Martin que nos contó: "Se prepara una estafa inmobiliaria a jubiladas/os y pensionadas/os". Escuchá las notas: 

Julián Alfie cambios en el Código Procesal Penal de Santa Fe

El director ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, se refirió a la puesta en funcionamiento del nuevo código procesal penal involucró una reforma integral que, además de representar un cambio normativo, planteó transformaciones profundas y provocó un cambio cultural en el quehacer cotidiano en la administración de justicia.

Ese cambio de hace más de una década se tradujo en el paso de una justicia penal inquisitiva a otra de tipo acusatorio. Con estás modificaciones retrocedemos varios casilleros

Eduardo Gigante - Ing. Nuclear -La Comisión Nacional de Energía Atómica frenó la construcción de los reactores Central Argentina de Elementos Modulares "CAREM" y el Reactor Argentino Multipropósito "RA-10"

El CAREM está en etapa avanzada, pero tuvo que frenar sus obras por el despido de un centenar de trabajadores. Perfilaba como el primer reactor nuclear modular de baja y media potencia del mundo. Íntegramente desarrollado en Argentina. 

Manuel Leiva pretenden suspender a más de 11.000 cooperativas

El presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, Innovación y Conocimiento FACTTIC, que es una federación de cooperativas de trabajo, compuesta por 40 empresas que agrupan alrededor de 600 profesionales del ámbito tecnológico, localizados en todo el territorio argentino.

Dentro del padrón que presentó el Gobierno con la suspensión de más de 11.000 cooperativas, algunas tecnológicas, que dan laburo a miles de personas

No es casual que el presidente de INAES, Marcelo Collomb fue el mismo que en la gestión de Macri. En ese momento arrancó con cerca de 36 mil Cooperativas registradas y cuando se fue quedaron alrededor de 9.600 con matrícula vigente.

Esteban Paulón - Proponen declarar monumento histórico nacional al edificio de la TV Pública

La gestión de Javier Milei dejó al canal sin programación, hay fuertes rumores sobre un negocio inmobiliario con la venta del histórico edificio, algo que el vocero desmintió: "no está en análisis", dijo. Un proyecto de ley busca declarar al edificio de la TV Pública, ubicado en el barrio porteño de Palermo, como Monumento Histórico Nacional, en medio de rumores que aseguran que el Gobierno planifica vender el predio para el desarrollo inmobiliario privado.

Delia Valía Martin - Caso Sciutto Se prepara una estafa inmobiliaria a jubiladas/os y pensionadas/os 

Jubilados y jubiladas de Rosario repudiamos la iniciativa del Concejal Manuel Sciutto que consiste en la posibilidad de que el banco Municipal de Rosario otorgue préstamos revertidos a adultos mayores.

El proyecto tiene el propósito de que el Banco Municipal se termine adueñando de las propiedades de jubiladas/os y pensionadas/os en virtud de una hipoteca que sería ejecutada con el fallecimiento del titular de la propiedad.  

La Televisión Pública es del pueblo Argentino

El Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos manifiesta su profundo rechazo a la decisión de las autoridades de Televisión Pública de reducir a su mínima expresión la programación de la emisora, dado que se ha decidido recurrir a repeticiones de contenidos ya emitidos sin nuevos programas en vivo o a grabar, para luego ponerlos en pantalla. Consideramos que esta decisión es un agravio a nuestro trabajo, que de persistir crea más incertidumbre y dudas sobre cuál es el objetivo de la gestión, teniendo en cuenta el contexto en el que el Gobierno Nacional ejecuta el achicamiento del Estado. 

Nuestros trabajadores han dado sobradas muestras de profesionalismo para llevar adelante las tareas asignadas con responsabilidad y calidad. El archivo audiovisual del canal, abierto y gratuito para toda la población, da cuentas de nuestra predisposición y capacidad para realizar todo tipo de cobertura audiovisual en vivo, desde cualquier parte del país y del mundo, así como la realización de programas artísticos, documentales, periodísticos y deportivos que han sido ampliamente reconocidos. 

No obstante, debemos aclarar que no es el personal por nosotros representado el que define los contenidos de la programación o el sesgo político que cada gestión de gobierno le imprimió a la Televisión Pública a lo largo de la historia de la emisora. 

Nuestros compatriotas deben saber, que el canal se emite desde una frecuencia valiosísima tal como es LS 82 TV Canal7, y está ubicado en un amplísimo predio concebido como un gran centro de producción audiovisual, único en el país, y uno de los más importantes del mundo. Para eso está dotado de 8 estudios, un móvil satelital, mini móviles y cámaras para exteriores, y 49 repetidoras distribuidas en todo el país. Esto significa que está preparado para realizar contenidos para las plataformas, para el propio canal y para formatos digitales de manera simultánea. Esta capacidad de producción y recursos es patrimonio activo de nuestro pueblo y tiene función indelegable de garantizar la difusión de la educación, la salud, las campañas de prevención, la cultura, el deporte, el entretenimiento, los avances científicos y tecnológicos que incluyan con orgullo y con carácter federal a todos los habitantes de la nación. 

Como ejemplo de lo que afirmamos, los países más desarrollados del mundo, entre ellos Estados Unidos, Canadá y más de 50 naciones europeas, cuentan con televisiones públicas a través de las cuales afirman identidad y soberanía para sus pueblos y ante el mundo. 

Por todo lo expresado, reclamamos firmemente a las autoridades la puesta en marcha de una urgente programación. No solo para preservar nuestra fuente de trabajo, sustento de nuestras familias y de una vida digna, sino para que se garantice la existencia misma de nuestra Televisión Pública, a la que siempre defendimos, con un propósito claro y definido que constituya una fuerte señal para el presente y sobre todo para el futuro. 

¡Sin Medios Públicos no hay democracia! 

Cuerpo de Delegados TV Pública

Consejo Directivo Nacional 

El  SATSAID declara el estado de alerta en la TV Pública 

El Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID), realizó una multitudinaria asamblea con las y los trabajadores de la TV Pública (TVP) para analizar el estado de situación, tras la preocupante decisión por parte de la intervención de la emisora, de levantar gran parte de la programación.

El encuentro que se realizó el miércoles fue encabezado por el cuerpo de delegados de canal, el secretario general adjunto, Hugo Medina, y los dirigentes del Consejo Directivo Nacional: Darío Aguilar, Aldo Bravo, Horacio Dri y Pablo Storino; y se analizó el complejo escenario imperante.

El Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID), realizó una multitudinaria asamblea con las y los trabajadores de la TV Pública (TVP) para analizar el estado de situación, tras la preocupante decisión por parte de la intervención de la emisora, de levantar gran parte de la programación.

El encuentro que se realizó el miércoles fue encabezado por el cuerpo de delegados de canal, el secretario general adjunto, Hugo Medina, y los dirigentes del Consejo Directivo Nacional: Darío Aguilar, Aldo Bravo, Horacio Dri y Pablo Storino; y se analizó el complejo escenario imperante.

Además, se buscó dar contención ante la incertidumbre que generada la falta de respuestas sobre lo que pasará con la emisora y los despidos que se vienen dando en todo el Estado nacional.

Tras el debate, el SATSAID emitió un comunicado dónde destacó, entre otras cosas, que la TV Pública brinda contenidos de calidad para todo el territorio nacional, es fuente de trabajo de muchos compañeros y compañeras, pero por sobre todas las cosas es patrimonio de todo el pueblo argentino.

Las televisoras públicas son valoradas, no solo en nuestro país, sino también en los países más importantes del mundo, entre los que se destacan, Estados Unidos, Canadá y casi 50 naciones europeas, quienes mantienen sus medios públicos a través de las cuales afirman identidad y soberanía.

En este contexto, se declaró el estado de alerta en la TVP y todos los medios públicos, bajo la consigna compartida: ¡Sin medios públicos no hay democracia!

Proponen declarar monumento histórico nacional al edificio de la TV Pública

La gestión de Javier Milei dejó al canal sin programación, hay fuertes rumores sobre un negocio inmobiliario con la venta del histórico edificio, algo que el vocero desmintió: "no está en análisis", dijo

Un proyecto de ley busca declarar al edificio de la TV Pública, ubicado en el barrio porteño de Palermo, como Monumento Histórico Nacional, en medio de rumores que aseguran que el Gobierno planifica vender el predio para el desarrollo inmobiliario privado.

La propuesta es impulsada por el diputado nacional Esteban Paulon junto a la diputada nacional y presidenta del Partido Socialista, Mónica Fein. A través de su cuenta en la red social X, el legislador compartió el proyecto presentado y señaló: "Presentamos un proyecto para declarar al edificio de la @TV_Publica como Monumento Histórico Nacional y mantenerlo como Centro de producción audiovisual. Nuestra propuesta es proteger el patrimonio cultural frente a los negocios de la casta inmobiliaria".

Teniendo en cuanta el valor arquitectónico e histórico del edificio, no podemos dejar de mostrar nuestra preocupación ante los trascendidos que indicarían que parte de la reformulación de Radio y Televisión Argentina S.E., incluiría enajenar el predio encuestión. Es gravísimo que en este "revival" de las privatizaciones de los 90 se ponga en juego un edificio de tamaña importancia para la historia de nuestro país. Alcanzamos este grado de zozobra porque ya en campaña, dirigentes del hoy oficialismo, han plasmado en los medios periodísticos su voluntad de “...poner a la venta el edificio de la TV Pública (...) y construir en su lugar una torre de cien metros para recaudar dinero y destinarlo a la construcción de escuelas públicas…” sumando los hechos recientes como la eliminación de la programación que poseíael canal público de referencia nacional y cesanteo de sus trabajadores, y que,vemos allanado el camino para su venta y consecuente pérdida para siempre de algo que es de todas y todos los argentinos

"El centro de producción de televisión de Buenos Aires es Patrimonio Cultural de todo el país. Allí se emitió por primera vez la TV a color", explicó Paulon al tiempo que sostuvo: "El edificio fue pensado para promover la industria audiovisual y creemos que debe conservarse".

Además, criticó la posibilidad de que el predio donde funciona el canal estatal sea vendido para la construcción de edificios: "No coincidimos en que el Patrimonio cultural pueda estar al servicio de los negocios inmobiliarios".

También apuntó contra al Gobierno al indicar: "No hay nada más casta que hacer negocios inmobiliarios con la cultura y la historia de la ciudadanía argentina".

A partir de este jueves 28 de marzo hasta el martes 2 de abril, el canal no tendrá programación en vivo. No habrá noticieros, y se repetirán programas ya emitidos, partidos de fútbol, recitales, documentales. El vaciamiento de la Televisión Pública está en marcha.

La situación de la TV Pública es la misma que se viene repitiendo en otras empresas estatales, con un fuerte ajuste que, en este caso, la dejó prácticamente sin programación. La dirección del canal decidió que Cocineros Argentinos, uno de los ciclos insignia, finalice a fin de mes junto a otros dos programas, así como se levantaron las emisiones del noticiero de los fines de semana.

Incluso, el director ejecutivo de la TV Pública, Juan Parodi, renunció de manera imprevista el viernes pasado en medio de los recortes presupuestarios, apenas un mes y medio después de asumir en el cargo.

Por el momento, el vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró en la conferencia de prensa de este miércoles que el tema "no está en análisis". A través de la red social X, Rial señaló que el predio de la avenida Figueroa Alcorta 2977 se vendería por u$s400 millones, mientras que el terreno ubicado en Pacheco donde se encuentra la antena de Radio Nacional se comercializaría por u$s200 millones.

También indicó que una empresa inmobiliaria se encontraba "armando la propuesta que será aprobada por el Gobierno", una situación que el periodista calificó de "escándalo" y "dudosa liquidación de los medios" públicos.

Vinculan a un venadense con la liquidación de la TV Pública

Según el periodista porteño Jorge Rial, el venadense Martín Maestu estaría a cargo del proceso de liquidación de la estación de televisión abierta perteneciente al Estado nacional. Sin embargo, con el correr de las horas habría surgido una desmentida del protagonista

Por: Juan Franco, Sur24

La salida del aire de varios programas en las últimas semanas y las recientes renuncias de altos directivos de la TV Pública -el viernes último se fue el director Juan Parodi- reforzaron la hipótesis de un cierre inexorable en la televisora estatal fundada en 1951, en sintonía con la decisión anunciada por el Gobierno nacional. "Los rematadores en nombre del Estado" son el economista venadense Martín Maestu y Rodrigo Lugones, informó en una publicación en redes sociales el conductor de Argenzuela (C5N), Jorge Rial, sindicando al primero de ellos como "la cara visible" y al segundo como "el cerebro en las sombras".

Martín Maestu, el economista de 46 años sería el portador de la motosierra en la TV Pública

Cabe acotar que Maestu, quien se desempeña como Senior Partner en la consultora internacional McKinsey & Company, no es un recién llegado a las filas libertarias, sino que desde los primeros días de la asunción del presidente Javier Milei, su nombre fue mencionado en diversos medios nacionales como un posible integrante de las segundas líneas de la Casa Rosada, y si bien se lo relacionaba con el área de Oil & Gas, ahora surge su vinculación con los medios de comunicación y en el drástico rol de liquidador. 

La primera señal del desguace, en el marco de la intervención, había sido el desplazamiento de varios envíos de la grilla habitual de la TVP, incluso algunos de amplia trayectoria, como el clásico noticiero del mediodía, y la paulatina reducción de la programación, hasta instalarse la versión de una venta del coqueto predio de Figueroa Alcorta y Tagle (incluso se habló de un negocio inmobiliario de 400 millones de dólares), aunque en las últimas horas esa especie fue desautorizada por voceros de Balcarce 50.

Hasta entrada la tarde de este miércoles, ningún medio periodístico local, incluido Sur24, había logrado acceder a la versión del propio Maestu (se encontraba a punto de embarcar en un vuelo), aunque desde el envío "Nunca es Tarde" (LT29) se comunicaron con familiares venadenses del economista, quienes les transmitieron la rotunda desmentida del supuesto liquidador, asegurando que su especialidad es el rubro de la energía, y adjudicando el episodio que lo tiene como protagonista a una "operación política" del creador de "Intrusos". 

Fuentes cercanas al Gobierno divulgaron que son medidas que buscan "reducir el presupuesto" y "bajar el déficit" heredado de la gestión de Rosario Lufrano, cuando estaba al frente de Radio y Televisión Argentina (RTA), la empresa que maneja Radio Nacional y la TV Pública, que en 2023 se había disparado por encima de los $ 20 mil millones.

En tal sentido, en su cuenta de X, el periodista aseguró que "la crisis en los medios públicos se está acelerando", ya que el Gobierno quiere aprovechar Semana Santa para “dar de baja la programación de la Televisión Pública", así como ya sucedió con el cierre de la agencia de noticias TelAm. 

"400 millones de dólares por el predio de la @TV_Publica. Ya está IRSA y un empresario de medios radiales armando la propuesta que será aprobada por el gobierno. 200 millones más por el predio en Pacheco donde está la antena de @radionacionalAR. Su comprador sería Constantini", aseguró el conductor de radio y televisión en el impactante posteo.

Para dimensionar la gravedad del futuro cercano de la exArgentina Televisora Color (ATC), Rial describió: “Hay dudas en cuanto a si en pantalla aparecerá un fondo negro, como dicen algunos, o si la medida alcanza nada más que a dejar a la emisora sin programas en vivo y solo pasar contenidos enlatados", a partir del mes de abril. 

Milei dispuso el cierre operativo de las delegaciones provinciales del ENaCom

El gobierno nacional dispuso el cierre operativo de todas las delegaciones provinciales del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) "a partir del 1° de abril de 2024". Fue a través de una resolución conocida este miércoles. En la misma, se establece "un período de transición" de 60 días para "atender y reasignar las tareas de control ejecutadas por las citadas delegaciones provinciales".

El ENaCom, ente que regula los servicios de comunicación, se encuentra intervenido por 180 días desde el 26 de enero pasado y quedó a cargo de Juan Martín Ozores y sus interventores adjuntos, la abogada Patricia Zulema Roldán y Alejandro Pereyra, exdirector de ENaCom en la gestión de Mauricio Macri.

Esta resolución oficial significa el despido para fines de marzo de al menos de 50 trabajadores, con un número final de 200 que serán cesanteados en los próximos meses.

Según el artículo 3 de la mencionada disposición oficial, se resolvió disponer de "una dotación mínima de agentes que garantice la realización de las tareas de cierre y que elabore un inventario patrimonial actualizado de todos los bienes asignados y radicados en cada una de las delegaciones".

Asimismo, se instó a "difundir" mediante las vías de comunicación pertinentes, los medios de atención, ingreso de denuncias y demás trámites administrativos del ente en reemplazo de la atención presencial que se efectuaba en las sedes.

A finales de enero de este año, la administración de Javier Milei dispuso la intervención del organismo, y designó a Juan Martín Ozores como interventor; ubicando al ENaCom bajo la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, dependiente de la Jefatura de Gabinete.

El interventor Ozores, en una entrevista otorgada hace menos de un mes, afirmó querer "facilitarle el trabajo a la industria de telecomunicaciones", generar "un marco normativo que facilite su desarrollo" y explicitó su rechazo al DNU 690/2023 decretado por Alberto Fernández, que declaró servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia a la telefonía celular y fija, Internet y la televisión paga, a raíz de la pandemia del coronavirus.

"Estamos más en posición de desregular pero en ese proceso tendremos que pensar en un ecosistema que es más amplio y distinto que hace 10 ó 15 años", resaltó Ozores en comunicación con DPL News y agregó: "Avanzaremos en aliviar la carga y hacer que la industria pueda hacer bien su trabajo y mejore al mismo tiempo su performance económico. Buscaremos que la industria vuelva a tener negocios saludables, que puedan invertir y que eso redunde en mejores servicios". 

Ente autárquico y descentralizado

El ENaCom, según describe la página oficial del organismo, es un ente autárquico y descentralizado que funciona en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. Su objetivo es conducir el proceso de convergencia tecnológica y crear condiciones estables de mercado para garantizar el acceso de todos los argentinos a los servicios de internet, telefonía fija y móvil, radio, postales y televisión.

Fue creado en diciembre de 2015 a través del Decreto 267. Allí se establece que su rol es el de regulador de las comunicaciones con el fin de asegurar que todos los usuarios del país cuenten con servicios de calidad.

El ENaCom poseía Centros de Atención al Usuario de servicios de comunicación audiovisual, TIC y postales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y delegaciones en todas las provincias. Según el organismo, estas delegaciones permiten elevar la capacidad de respuesta en todo el territorio nacional y descentralizar las actividades de control, fiscalización y recepción de reclamos por problemas con el suministro normal de los servicios de comunicaciones.

Tucumán: Canal 10 firmará un convenio con la Deutsche Welle

La vicepresidenta del canal público tucumano, Ingrid Lausberg, se reunió con directivos de Deutsche Welle, para impulsar acuerdos y fortalecer el derecho humano a la libertad de expresión y el acceso sin trabas a la información. Además, intercambiarán contenidos

En un contexto adverso en el que el Gobierno nacional cierra los medios de comunicación públicos, como TelAm, Canal 10 redobla la apuesta y busca abrirse al mundo. Es en este sentido que la vicepresidente de la señal tucumana, Ingrid Lausberg, viajó a Alemania para reunirse con los directivos de la Deutsche Welle (Onda alemana) o DW y firmar en un futuro un convenio de fraternidad y de intercambio de contenidos.

La DW cuenta con un programa para el desarrollo internacional de los medios de comunicación. Esto incluye la formación periodística y la transferencia de conocimientos. Sus proyectos buscan fortalecer el derecho humano a la libertad de expresión y el acceso sin trabas a la información.

El objetivo de este medio se centra en reivindicar el periodismo, la educación y la cultura. La mirada, en este sentido, está puesta en mejorar la vida de las comunidades. Las historias con impacto promueven el diálogo social. Las personas necesitan que los datos sean fiables, que estén clasificados de forma independiente y que la forma de presentarlos y el acceso al conocimiento sean justos.

La Deutsche Welle en Latinoamérica

Verónica Marchiaro, project manager (gerente de proyectos) de Eco Latinoamérica, resaltó que es importante que "este producto se hiciera aquí y no en Alemania". "Queremos mostrar lo que hace cada región, cada país de este continente maravilloso, donde hay propuestas increíbles y la sociedad civil está trabajando en el tema", especificó.

Finalmente, Lausberg destacó a este medio sobre "el diálogo fructífero del encuentro" mantenido en Alemania. "El objetivo fue crear y profundizar lazos institucionales con Canal 10. Compartimos ideas sobre cómo comunicar los hechos y eventos más importantes de América Latina con una mirada intercontinental", detalló. 

Fuente: Canal 10

La voz de un delincuente cuando amenaza, no debe tener eco en los medios de comunicación

Alarma en Rosario: nuevas amenazas del crimen organizado al periodismo, sostiene el comunicado de FoPeA que compartimos:

Desde FoPeA vemos con preocupación la situación que enfrentan las y los colegas rosarinos. Nos solidarizamos con ellos y les brindamos nuestro acompañamiento.

El Foro de Periodismo Argentino vemos con preocupación que Rosario nuevamente es paralizada por las amenazas y ataques del crimen organizado contra toda la ciudadanía, pero en particular contra los periodistas. Como ya hemos dicho, la escalada violenta pone en riesgo la integridad física y psíquica de nuestros colegas, amenaza la libertad de prensa y de expresión y atenta contra el ejercicio del periodismo y el derecho a la información de la población.

En este contexto de alta volatilidad, los periodistas que reflejan estas historias están en constante amenaza.

Los periodistas denuncian graves falencias a la hora de brindar garantías para el ejercicio de la profesión y de seguridad para la población en general. Además, respecto del avance de las bandas narco  sobre el espacio público, es sabido que esto no sería posible sin la complicidad de elementos de la política, las fuerzas de seguridad y la Justicia.

La depuración del Estado de quienes lo corrompen desde adentro como también la investigación de la huella financiera que deja el dinero sucio son medidas vitales para impedir un mayor avance del narcotráfico. En esa tarea, el rol del periodismo profesional se vuelve imprescindible.

Desde FoPeA vemos con extrema preocupación la situación que enfrentan los colegas rosarinos. Nos solidarizamos con ellos y les brindamos nuestro acompañamiento, al tiempo que instamos a las autoridades de la Provincia de Santa Fe y de la Municipalidad de Rosario a que extremen las medidas para proteger a los periodistas.

Asimismo, pedimos a todo aquel que tenga cualquier grado de responsabilidad a la hora de emitir una noticia, que el afán de obtener una primicia no lo convierta en un elemento funcional al crimen organizado.

Las fotos de las notas con amenazas que dejan los narcos no agregan información a la población y pueden en cambio ser mensajes que los delincuentes quieren hacer llegar más allá de su espacio cercano, a aliados, funcionarios o bandas rivales. No contribuyamos a su difusión desde los medios periodísticos ni las redes sociales. 

En igual sentido, la reproducción de imágenes de asesinatos, como las que se vieron últimamente en todos los medios, no agrega valor informativo y solo genera morbo. Además, jerarquiza al delincuente en los círculos del crimen y puede llevar a un peligroso efecto imitación. Recordemos también que muchas veces el horario en el que se producen los ataques está relacionado con la especulación sobre su repercusión mediática.

Tener en cuenta estas cuestiones para no amplificar el terror que buscan imponer los narcos es lo mínimo que se puede hacer en solidaridad con los colegas en la primera línea de riesgo.

El maestro Javier Darío Restrepo, refiriéndose a la violencia narcoterrorista en Colombia y México, solía decir que el gran objetivo que tienen estos grupos es inhibir a la sociedad a través del miedo. Por eso, "la voz de un delincuente cuando amenaza, no debe tener eco en los medios de comunicación".

Foro de Periodismo Argentino

Tribunal británico aplaza la extradición de Julian Assange y pide nuevas garantías a EE.UU.

Los jueces dieron un plazo de tres semanas a las autoridades estadounidenses, que quieren juzgar al australiano por una fuga masiva de documentos confidenciales, para que garanticen que Julian Assange podría acogerse a la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de expresión

Activistas colocan una pancarta a favor de Julian Assange frente a los Tribunales Reales de Justicia en Londres, en una imagen de archivo

La justicia británica pidió este martes a Estados Unidos nuevas garantías sobre el trato que reservarían a Julian Assange, caso contrario otorgarían al fundador de Wikileaks un último recurso en Reino Unido contra su extradición. Los jueces dieron un plazo de tres semanas a las autoridades estadounidenses, que quieren juzgar al australiano por una fuga masiva de documentos confidenciales, para que garanticen que Assange podría acogerse a la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de expresión, y que no sería condenado a la pena de muerte, según un resumen de la decisión.

"Si no se presentan estas garantías" en ese plazo, Assange podrá apelar su extradición, aceptada en junio de 2022 por el gobierno británico, según la decisión de los jueces Victoria Sharp y Jeremy Johnson.

La justicia estadounidense reclama a Assange por la publicación desde 2010 de más de 700.000 documentos confidenciales sobre las actividades militares y diplomáticas del país, particularmente en Irak y Afganistán.

Entre ellos se encuentra un video que muestra a civiles, incluidos dos periodistas de la agencia Reuters, muertos por disparos de un helicóptero de combate estadounidense en Irak, en julio de 2007.

Assange fue arrestado por la policía británica en 2019 tras pasar siete años en la embajada ecuatoriana en Londres para evitar su extradición a Suecia en una investigación por violación, desestimada en 2019.

Deterioro de la salud

Numerosas voces pidieron al presidente estadounidense, Joe Biden, que retire los 18 cargos impuestos contra Assange durante el primer mandato de Donald Trump en virtud de una ley sobre espionaje de 1917.

En las últimas semanas, los familiares y allegados de Assange, recluido durante cinco años en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en Londres, han alertado del deterioro de su salud.

Su defensa también advierte sobre el riesgo de suicidio en caso de extradición.

El australiano se ausentó por razones médicas de las audiencias de febrero, a las que acudieron decenas de simpatizantes para expresarle su apoyo.

Durante esos dos días de debates, sus abogados argumentaron que este proceso en su contra es "político" y que una extradición pondría en peligro su salud e incluso su vida.

Según dijo entonces su abogado, Edward Fitzgerald, el australiano está siendo juzgado por "prácticas periodísticas ordinarias" consistentes en "obtener y publicar información".

Por ello su cliente se enfrenta a una sentencia desproporcionada en Estados Unidos y "existe un riesgo real de que sufra una flagrante denegación de justicia", agregó.

La abogada Clair Dobbin, que representa al gobierno estadounidense, argumentó por su parte que Assange había publicado "indiscriminadamente y a sabiendas los nombres de personas que servían como fuentes de información para Estados Unidos".

"Son estos hechos los que lo distinguen [de otros medios de comunicación] y no sus opiniones políticas", argumentó.

En enero de 2021, la justicia británica falló inicialmente a favor del fundador de WikiLeaks. Hablando del riesgo de suicidio, la jueza Vanessa Baraitser se negó entonces a autorizar la extradición. Pero esa decisión fue revertida más tarde.

Estados Unidos intentó despejar los temores sobre el trato que recibirá si es extraditado y aseguró que no será encarcelado en la prisión de alta seguridad de Florence, apodada la "Alcatraz de las montañas Rocosas", y que tendría la atención clínica y psicológica necesaria.

Washington también abrió la puerta a que Assange cumpla su eventual pena en Australia.

En su tierra natal, el primer ministro Anthony Albanese denunció recientemente la persecución contra Assange por parte de la justicia estadounidense y el Parlamento adoptó una moción pidiendo ponerle fin.

Foto: Tolga Akmen - Agencia EFE

Fuente: Agencia AFP

En Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba no sobra nadie

En defensa de los medios públicos y contra el ajuste, trabajadores del Multimedio brindaron un discurso ante una multitud al finalizar la marcha.

Este domingo, trabajadores de los Servicios de Radio y Televisión (SRT) de la Universidad Nacional de Córdoba brindaron un discurso durante la marcha por el Día de la Memoria.

La movilización contó con unos 150 mil asistentes que escucharon las palabras en defensa de los medios públicos, la educación pública y contra el ajuste.

Dante Leguizamón y Josefina Frattari, en representación de la Intersindical, dieron voz al documento que inició con un recuento histórico del Multimedio: desde la censura y el control durante la dictadura hasta el ajuste en la actualidad:

Queridas abuelas y madres, compañeros de HIJOS, familiares y trabajadores. Pueblo cordobés. Gracias.

Si nos permiten, les vamos a contar una historia...

En marzo de 1976 el directorio de los SRT, a manos del Tercer Cuerpo del Ejército, contrató por un año y para ocupar un rol clave, pero no de jefatura, en el Servicio Informativo de Radio Universidad a un periodista llamado Carlos Revello. El nombre es conocido para algunos, pero para otros no. Según una investigación judicial, Revello fue identificado como Agente/Periodista de los Servicios de Inteligencia que se infiltró para espiar compañeros durante la dictadura y la democracia tanto en los SRT como en La Voz del Interior.

Por entonces estaba en vigencia la ley que establecía de 2 a 5 años de prisión a los redactores o editores de medios de comunicación que propagasen información que divulgase conductas consideradas indeseables para los genocidas. Unos meses antes, en enero del año 1975 el brigadier Lacabane había expulsado "por zurdos y radicales" a 31 trabajadores de la empresa.

Quizás de los propios SRT surgieron los datos de inteligencia que pusieron la mira de la dictadura en nuestro delegado gremial de entonces: El periodista y camarógrafo Luis Mónaco, secuestrado en Villa María en enero de 1978.

En los siguientes años el plan de la dictadura fue controlar los SRT, pero ni siquiera ellos pensaron en cerrarlo.

La censura tuvo varias caras y se crearon numerosas comisiones para asegurarse de que existiera lo que la dictadura llamaba "la pureza profesional" del periodismo. El nombre de una de esas comisiones, lo resume todo: Se llamaba "Comisión de autocontrol".

Controlar la comunicación era el objetivo, no terminar con ella; Silvia Romano, la académica fuente de muchos de estos datos, cuenta que hacia finales de la dictadura cívico militar los genocidas buscaron (como otros lo han buscado hasta el día de hoy) reducir al máximo la producción propia de información para asegurarse de que nadie se viera tentado a violar las normas de autocontrol.

Por eso en el año 1981 en los SRT casi no se producía ninguna información propia y sólo se reproducía lo que llegaba desde Buenos Aires realizado por la agencia estatal TelAm.

En la actualidad algunos dicen que los Servicios de Radio y Televisión tienen demasiados trabajadores. Pero nosotros les decimos con claridad y con pruebas. En los SRT No sobra nadie. En 1983 había solo dos medios (Radio Universidad y Canal 10) y la empresa contaba con 206 empleados.

En la actualidad tenemos casi la misma cantidad de trabajadores distribuidos en cinco medios: Canal 10 – Radio Universidad – Cba24n – Canal U – 102.3 – y un sexto que son las redes sociales.

En los SRT No sobra nadie. 

No es casualidad que, como pasaría también en la década de 1990 y como ocurre hoy, en 1982 hubo un proyecto de la Junta Militar que avanzaba en la idea de privatizar los Servicios de Radio y Televisión.

Entonces ocurrió algo que hoy resulta increíble. Los interventores del Tercer Cuerpo del Ejército le pidieron a los Rectores civiles impuestos por la dictadura en la Universidad que le solicitaran a los interventores en la provincia gestiones en Buenos Aires para evitar la privatización.

De hecho, por primera vez en siete años, se permitieron asambleas en los SRT y se lanzó una campaña en toda la provincia que obligó al genocida Galtieri a firmar un decreto que suspendió esa privatización.

Finalmente la Justicia Federal ordenó que el proceso se suspendiera.

Es decir: Ni la dictadura genocida pudo privatizar los Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba.

No es casual que el proyecto de gobierno actual haya elegido a los medios públicos y universitarios como su primer gran enemigo. Nos quieren callar, porque los quieren callar a ustedes. Detrás del discurso que sugiere que somos sólo un gasto innecesario se esconde el deseo de eliminar aquello que no se puede controlar. Radio Nacional, Canal 7, Telam y los SRT comenzaron siendo las primeras víctimas de una política que busca acabar con la comunicación y controlarla. Por eso, en asamblea general, los y las trabajadores de los SRT decidimos venir a esta maravillosa marcha por la Memoria, la Verdad y la Justicia para gritar: En los SRT No sobra nadie.

El principal error que cometen los que quieren privatizar o cerrar los Servicios de Radio y Televisión es no comprender qué es un medio público. Y quizás valga la pena decirlo con pocas palabras.

Un medio es público no solo porque pertenece al Estado, sino porque tiene como prioridad prestar un servicio a la sociedad y no hacer negocios: multiplicar la información, hacerle lugar a la mayor cantidad de voces posibles y abrir espacio a todas las opiniones sin ser esclavo del interés comercial, eso es lo que hace público a un medio.

Miren, por ejemplo, lo que pasó en la pandemia: mientras algunos parecían querer sacarle provecho a la muerte, los medios públicos garantizamos el derecho humano al acceso a la información segura y no distorsionada por el poder económico.

Los SRT existimos y le damos voz a aquellos que en otros medios no la tienen y un ejemplo puede servir. Hoy todo el mundo conoce el homicidio de Blas Correas a manos de la Policía de Córdoba, pero antes de ese caso de Gatillo Fácil sólo los SRT hablaron del Guere Pellico en 2014 y de "Beco" Avila en 2020 y de Jorge Reyna asesinado en una comisaría de Capilla del Monte en 2013. Muy pocos se acordaron después —como si lo hicimos nosotros, los SRT— de Joaquín Paredes: asesinado en Paso Viejo el mismo año que Blas también por la policía. Alguien que sí se acordaba de todos ellos era nuestra querida Sonia Torres que no dejó de activar la memoria de todos hasta el último día de su vida.

Al amenazar el futuro de los SRT y de los medios públicos nos están amenazando a todos. Por eso, venimos a pedirles que "como antes y como siempre" sepamos que si tocan a uno, nos tocan a todos. Porque En los SRT No sobra nadie.

Gracias a las autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba hoy no existen herramientas de censura, somos libres de decir todo lo que queremos, pero la que está siendo censurada es la propia Universidad Nacional de Córdoba. Venimos aquí a decir lo que algunos todavía no se atreven a gritar, pero la comunidad universitaria ve con mucha claridad. El gobierno de Javier Milei utiliza la billetera y la Motosierra para tratar de censurar las ideas del Sistema Público Universitario. Así como los medios de comunicación, también quieren controlar el saber. Las políticas del gobierno nacional han reducido un 70 por ciento el presupuesto del funcionamiento universitario. Es el mismo gobierno que por medio de ataques directos y por la vía del ajuste, amenaza los derechos por los que lucharon, defendieron y dieron su vida los 30 mil compañeros desaparecidos. Por eso, decimos que la comunidad Universitaria y la sociedad cordobesa deben entender que somos la punta del iceberg. Por eso nos adelantamos a decir que en la Universidad Nacional de Córdoba no sobra nadie.

Empezaron por nosotros pero ya estamos viendo que siguen por el CONICET, por los docentes, por los no docentes y el objetivo vuelve a ser el Sistema Público Universitario completo. Si les permitimos cerrar los SRT, cuando todo eso pase no va a existir ningún lugar donde sea posible denunciar esos y otros ataques a la sociedad en general. Por eso, nuestra responsabilidad es luchar en unidad para defender lo conquistado.

En estos días nos sentimos agobiados. No sabemos cómo cruzar el cerco informativo. Terminamos discutiendo sobre los perros de Milei y se nos escapan los despidos en la Secretaría de Agricultura familiar. Entonces muchos nos preguntan a nosotros cómo hacer para revertir el tremendo poder que ejerce el gobierno nacional sobre las redes y los medios. La verdad es que no lo sabemos. 

Luchamos cada día contra eso y la mayoría de las veces volvemos a perder. Pero si existe una respuesta debe surgir de un texto escrito hace 47 años: de la carta que nos permitió llegar al número de 30 mil y de la pluma de Rodolfo Walsh cuando denunciaba que se aplicaba en el país una "Miseria Planificada que sólo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales".

Contra eso, el propio Walsh recomendaba: «Reproduzca esta información, hágala circular por los medios a su alcance: a mano, a máquina, a mimeógrafo, oralmente. Mande copia a sus amigos; nueve de cada diez las estarán esperando. Millones quieren ser informados. 

El Terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad». 

Los SRT deben seguir siendo un medio público para, con todas las voces de esta sociedad adentro, seguir sintiendo la satisfacción moral de comunicar en libertad.

Gracias por dejarnos subir a este precioso escenario de lucha. Gracias por considerar que somos dignos de ocupar este espacio que para nosotros es sagrado. El espacio para rechazar la prepotencia, para enfrentar el olvido, para resistir toda injusticia y oponernos a La Motosierra.

Los queremos invitar a acompañarnos en un grito que quiere tomar fuerza en la memoria de cada uno de los compañeros desaparecidos porque así como nos faltan 30 mil. 

Aquí y hoy necesitamos gritar que: 

En el CONICET No sobra nadie 

En TelAm, Canal 7, Radio Nacional y todos los medios públicos, No sobra nadie 

En el INCAA, No sobra nadie 

En las Universidades Pública, No sobra nadie 

En la Secretaria de Derechos Humanos, No sobra nadie 

En la  Secretaría de Agricultura Familiar, No sobra nadie 

En los SRT No sobra nadie 

En nuestro país, No sobra nadie

Muchas Gracias.

Fotos: Satoshi Higa 

Fuente: Multimedio SRT

25 de marzo: Día de las y los trabajadores de Prensa

Cuando Rodolfo Walsh investigaba y hacía periodismo, cuando consideraba a su oficio y al conocimiento de la información con la que trabajaba como un acto de libertad, sabía del enorme valor de la comunicación como derecho humano.  Hoy se cumplen 47 años de su secuestro y asesinato cuando distribuía esa pieza política y narrativa enorme que fue la Carta de un escritor a la Junta Militar. También es el aniversario del decreto 7618/44 firmado por el entonces secretario de Trabajo, Juan Domingo Perón, por el que se crearon estatutos especiales, entre ellos, el que rige la actividad de periodistas y, luego, el de los empleados administrativos de empresas periodísticas, que se convertirían en leyes. Por estos hechos que siempre ponemos en valor, hoy es el Día de lxs Trabajadorxs de Prensa.

A tantos años de ambas fechas, la palabra libertad es usada desde el gobierno de Javier Milei para negar el carácter humanista y promotor de derechos que le corresponde en sociedades democráticas, en el que pensaba Walsh y en el mismo contenido del Estatuto del Periodista Profesional

En este 25 de Marzo recordamos a los más de 110 trabajadorxs del sector detenidxs-desaparecidxs-asesinadxs durante la última dictadura cívico-militar. Nuestro compromiso sigue siendo por más y mejor periodismo, por la defensa de los puestos de trabajo, de los medios públicos, ya que al cerrarlos o silenciarlos se ataca la libertad de expresión, el derecho a la información y el pluralismo donde todas las voces deben tener lugar.

Sin periodistas no hay democracia informativa

Sindicato de Prensa Rosario

No es un 24 de marzo más

En las Señales recibimos a Marta Suárez, militante de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas Rosario y del Colectivo Nacional de Expresos políticos y familiares, Mónica Verdú psicóloga e integrante de Nietes y Cristina Solano, también Psicóloga y parte de la Asociación Anahí. Hablamos del golpe, lo conseguido en estos años de frágil democracia y lo que hoy tenemos.

Jesica Pellegrini  concejala de Rosario por Ciudad Futura y fue abogada en diversas causas de lesa humanidad. Este jueves señaló su preocupación por lo que ocurre con este nuevo gobierno

Los medios públicos no cubrirán las marchas del 24M

Por primera vez en democracia, los medios públicos no pueden cubrir las marchas del 24M

Este domingo será el primer Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia del gobierno de Javier Milei, a 48 años del inicio de la última dictadura cívico militar en Argentina. Este 24 de marzo, fecha en la cual anualmente las calles y plazas del país vibran al grito de ‘Nunca Más’, será también la primera vez que los medios públicos no estén presentes oficialmente con su cobertura. 

"Que la agencia pública de noticias esté ausente el 24 de marzo, que la TV Pública esté ausente, es un hecho sin precedentes en los 40 años de democracia. Es una catástrofe".

Agustín Lecchi, Secretario Gemeañ del SiPreBA

"Que la agencia pública de noticias esté ausente el 24 de marzo, que la TV Pública esté ausente, es un hecho sin precedentes en los 40 años de democracia. Es una catástrofe, da cuenta del negacionismo y la censura de este gobierno, que desprecia la libertad de expresión", señaló el secretario general de Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y trabajador de la TV Pública, Agustín Lecchi.

Agencia TelAm

La agencia se encuentra vallada y su página tiene una leyenda que habla de que se encuentra en "reconstrucción"

Desde el 4 de marzo, la agencia pública de noticias TelAm dejó de estar operativa y su servicio periodístico fue silenciado por el gobierno de Javier Milei y la intervención dispuesta en la empresa. Los edificios fueron vallados cuando estaban vacíos durante la madrugada y sus trabajadores dispensados hasta nuevo aviso.

La web y la cablera de la agencia fueron dadas de baja, con un cartel que hace ya tres semanas dice estar en "reconstrucción".

Televisión Pública

La TVP ya no tendrá noticieros el fin de semana

En cuanto a la Televisión Pública, esta semana se conoció que a partir del fin de semana ya no se emitirán los noticieros de sábado y domingo. Es decir, el 24 de marzo no habrá cobertura.

Al respecto, sus trabajadores denunciaron un nivel de censura "grotesco", en línea con medidas que se venían llevando a cabo desde que asumió la actual administración, como no permitir al aire "ninguna voz que cuestione las políticas oficiales o que critique al Presidente".

Radio Nacional

En Radio Nacional, por primera vez desde el regreso de la democracia, no mandarán móviles a cubrir los actos del Día de la Memoria y solo saldrá información "acotada" a través de los boletines informativos. Además, el tema solo podrá mencionarse de forma "lavada" y "lo más neutro posible".

Somos TelAm pudo acceder a estos detalles a través de fuentes de la emisora de la calle porteña Maipú 555, que pidieron preservar su identidad y advirtieron sobre posibles represalias de las autoridades, encabezadas por el empresario Héctor Cavallero, flamante director de la radio.

Asimismo, indicaron que el secretario de Prensa y Comunicación, Eduardo Serenellini, pidió que se evite hablar del conflicto en la Agencia TelAm y las repercusiones a favor o en contra.

Una fecha silenciada

Por su parte, la periodista y conductora Felicitas Bonavitta cuestionó: "En un contexto de retroceso en materia de derechos humanos y de proliferación de discursos negacionistas, ¿qué tipo de cobertura tendrán los actos a 48 años del golpe?".

"La ausencia de los medios públicos en esta cobertura lesiona el derecho que tienen los argentinos y argentinas a saber lo que sucede, lesiona la consigna de memoria".

Felicitas Bonavitta, conductora de la Radio de las Madres

"Quizás parte de la respuesta esté dada por lo ocurrido con la multitudinaria marcha del (Día de la Mujer) 8M: los principales medios de comunicación decidieron silenciarla", apuntó.

La conductora del programa Bonavitta en 530, de la Radio de las Madres, y extrabajadora de la TV Pública sostuvo: "La ausencia de los medios públicos en esta cobertura lesiona el derecho que tienen los argentinos y argentinas a saber lo que sucede, lesiona la consigna de "memoria" y habla del deterioro de la democracia a 48 años del último golpe de Estado".

Señales: Censura en la Televisión Pública ¿A dónde está la libertad? https://t.co/zVmvypXtTt pic.twitter.com/XL6QeuyQAc

— Claudio Andrés De Luca (@seniales) March 22, 2024

Una cobertura conjunta

Para contrarrestar la situación, el domingo 24 de marzo, los trabajadores de los medios públicos llevarán a cabo una cobertura desde Somos TelAm, "en defensa del derecho a la información", afirmó Lecchi.

A las 11.30, comenzará una transmisión radial desde la puerta del edificio de Bolívar 531, uno de los puntos de resistencia de los trabajadores de la agencia, donde sostienen desde principio de mes un acampe. 

Durante toda la jornada, realizarán una mega cobertura en redes sociales y el portal Somos TelAm para seguir informando sobre las convocatorias en todo el país por la Memoria, Verdad y Justicia.

A las 19, como cierre, se transmitirá un noticiero en vivo desde la puerta de la Agencia, junto con los trabajadores de la TVP.

Los organismos de derechos humanos que convocan a marchar este domingo invitaron a los trabajadores de los medios públicos al escenario y la secretaria adjunta de Sipreba, Carla Gaudenssi, subirá en representación del sindicato. 

"Los trabajadores vamos a garantizar que no apaguen los medios públicos, a pesar de la censura del gobierno de Milei y sus intentos fallidos de cierre", completó Lecchi.

Fotos: Sofía Barrios -ANCCOM, Somos TelAm, Captura street view

Fuente: Somos TelAm

Censura en la Televisión Pública ¿A dónde está la libertad?

Censura para tapar el ajuste: a 100 días del gobierno de Javier Milei, los trabajadores y trabajadoras de la Televisión Pública denunciamos que nunca en nuestra historia vivimos los niveles de censura como en esta etapa. 

A cada sector silenciado de la sociedad en la pantalla del canal estatal le decimos que esto no cuenta con el consentimiento de sus trabajadores y se lleva adelante en el contexto de una persecución y un intento de disciplinamiento, que comenzó con el anuncio de cierre y el silenciamiento de TelAm.

Durante otras etapas políticas, con gestiones que respondieron a diferentes gobiernos de turno, hemos tenido diferencias, críticas e incluso denuncias públicas, a las que se puede acceder fácilmente en internet. En ningún caso hubo un nivel de censura tan grotesco como en este. Un ejemplo cabe para ilustrarlo: en la transmisión de la apertura de sesiones del primero de marzo por cadena nacional, sólo se mostraron legisladores oficialistas, en una paradoja construida en base a planos cortos para tapar el sol con la mano; ya que La Libertad Avanza cuenta con una notoria minoría en el parlamento, que se pudo comprobar con el rechazo a la Ley Ómnibus y al DNU en el senado. En la previa de la cadena nacional, cada vez que un legislador de otro signo político hablaba con la prensa, fue cortado a los pocos segundos en la Televisión Pública.

Enumeramos algunos hechos censurados desde que asumieron el nuevo gerente de noticias, Fabián Gijón y el director del canal, Juan Parodi, en el marco de la intervención de Diego Chaer:

• No se permite poner al aire ninguna voz que cuestione las políticas oficiales o critique al presidente Javier Milei: se impidió que salgan al aire las declaraciones de Torres, gobernador de Chubut y su ministro de Economía, durante la disputa con el gobierno nacional. En cambio sólo se permitió la voz del ministro del Interior Guillermo Francos.
• Se impidió poner la voz del gobernador bonaerense Axel Kicillof durante la apertura de sesiones ordinarias cuando se refirió a las políticas del gobierno nacional. Lo mismo sucedió sobre la conferencia de prensa que brindó para responderle a Milei sobre su llamado a la "rebelión fiscal". En cambio sí se puso la respuesta del vocero presidencial Manuel Adorni al gobernador, y se sacó al aire a numerosos referentes agropecuarios para cuestionarlo.
• No permiten el envío de equipos a cubrir acontecimientos importantes en el resto del país, como las graves inundaciones que por estos días afectan las localidades entrerrianas de Gualeguay y Gualeguaychú.
• No se puede dar voz a quienes, según el gerente de noticias, forman parte de "la casta". Cuando se le preguntó quién era la casta mencionó a Pablo Moyano, Eduardo Beliboni y Sergio Palazzo.
• Se impidió la salida al aire del abrazo al Banco Nación el 20 de febrero pasado, un hecho noticioso todos los medios nacionales cubrieron.
• Se impidió la cobertura y cualquier mención sobre el cierre de la Agencia TelAm, que salió en todos los medios nacionales y que incluso fue anunciado por el propio presidente de la Nación en cadena nacional.
• Lo mismo sucedió con el acto en defensa al INCAA que se realizó en la puerta del Cine Gaumont, que contó con numerosas personalidades de la cultura y que terminó con represión, también invisibilizada.
• Tampoco se permitió cubrir la protesta por el cierre del INADI, ni se mencionó en los noticieros el cierre del Instituto de Agricultura Familiar.
• Se impidió mostrar la movilización de la UTEP y organizaciones piqueteras el lunes 18 y la posterior represión. Solo se pudo hablar de "incidentes" y de la aplicación del protocolo del Ministerio de Seguridad nacional.
• Se impidió la salida de una nota convocando a las actividades del 8M en dos noticieros. Sólo permitieron una breve mención, con un texto editado por el propio gerente Fabián Gijón, quien retiró del texto todo lo mencionado a la protesta contra el gobierno nacional por las políticas de ajuste y lo referido a la defensa de la Ley de interrupción voluntaria del embarazo. No permitieron que salga ninguna nota desde la masiva movilización al Congreso nacional.
• Se impidió poner la voz de los abogados defensores de Cristina Kirchner en la causa Vialidad. Tampoco se permitió nombrar el dictamen del Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, que usó la ex vicepresidenta para apelar la condena de 6 años que recibió. Barra fue designado en sus funciones por el propio Milei.
• Está cancelada cualquier nota con Gregorio Dalbón, abogado de Cristina Kirchner y de otras causas de interés público.
• Bajaron la columna sobre pueblos originarios.
• Ordenaron bajar varias notas y columnas del noticiero de la web de la TV Pública.
• Por si todo esto fuera poco, acaban de suspender los noticieros del fin de semana, sugestivamente en la previa del 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria. Una marcha que este año promete ser la más grande de la historia desde el retorno a la democracia. Esta decisión, además de silenciar la pantalla, impedirá contar con el material, incluso para el archivo de nuestro canal con más de 73 años de historia.

Ante todos estos graves hechos de censura, que nunca sucedieron antes en democracia en nuestro noticiero, denunciamos públicamente estos ataques a la libertad de expresión en un medio público, cuyo rol social es la pluralidad de voces, el federalismo y la diversidad informativa. Como trabajadores y trabajadoras del noticiero, siempre defendimos estos principios, y denunciamos su incumplimiento en todas las gestiones, sin importar su signo político.

En un contexto en el que la agencia pública de noticias TelAm se encuentra cerrada y con vallado policial en sus sedes; sus trabajadores están "dispensados" de sus tareas y todo su servicio informativo y su archivo histórico está inaccesible, no podemos dejar de expresar que se trata de otro acto antidemocrático de este gobierno: un nuevo intento de silenciar a la prensa que no es afín a sus intereses

Por todos estos motivos el domingo 24 de marzo, además de movilizarnos junto a todos los trabajadores y trabajadoras de prensa desde SiPreBA, realizaremos una transmisión especial desde la Plaza de Mayo junto nuestros compañeros de TelAm, con un noticiero especial en vivo a partir de las 19 horas, desde la puerta de la Agencia, donde se sostiene el acampe en defensa de las fuentes de trabajo y del patrimonio público.

La conductora Mirtha Legrand, una referente de los medios que dio sus primeros pasos en la Televisión Pública, expresó su temor a las represalias de este gobierno. Los trabajadores y trabajadoras de la Televisión Pública decimos: la libertad expresión y el derecho a la información no se negocian.

Asamblea de Trabajadores de Prensa Televisión Pública

Resolución del Juzgado Federal de Venado Tuerto: fallo contra justicieros en redes sociales

El juez Cuello Murúa ordenó excluir de las plataformas los textos e imágenes con que se hostigaba a un matrimonio venadense con fines de apriete. En una colisión de derechos, la medida judicial -de carácter urgente- privilegió el resguardo del buen nombre y honor de los afectados por sobre la libertad de expresión

Por: Juan Franco

En un fallo sin antecedentes en el sur-sur santafesino, la Justicia Federal de Primera Instancia de Venado Tuerto ordenó a las empresas Meta Inc. SA, Facebook e Instagram, la eliminación de sus redes sociales de cualquier texto y/o fotografía que involucren al matrimonio compuesto por C.D.E. y M.E.C., residente en Venado Tuerto, en forma personal, su empresa o los empleadores de los mismos, como así también excluir la cuenta de donde provenían las publicaciones.

La demanda la impulsó un mes atrás la atribulada pareja, con el patrocinio letrado del abogado José María Cónzoli, quien acompañó la solicitud de la medida autosatisfactiva (carácter urgente) ante el Juzgado Federal de calle Chacabuco al 700 con un informe pericial, capturas de pantalla y denuncias previas, entre otra documentación.

Cabe acotar que el 29 de noviembre de 2023, C.D.E. había realizado la primera denuncia ante la Fiscalía Regional N° 3 del Ministerio Público de la Acusación (MPA), siendo desestimado el caso, aunque sin descartar su reapertura si surgieran nuevas evidencias.

En su declaración en el ámbito federal, los demandantes aseguraron que se vieron involucrados en dichas redes con imágenes que, entre otras cosas, los trataban de "estafadores" por librar, supuestamente, cheques sin fondos, y sostuvieron que dichas publicaciones "se vienen realizando en forma permanente", y arrobando a sus dos hijos -uno de ellos menor de edad- y familiares, al club local donde concurren los niños a practicar deportes y a la empresa donde el hombre se desempeña desde hace más de 20 años.

Además, hicieron constar que en noviembre último solicitaron una pericia informática a la especialista María Eugenia Casco, quien determinó el origen de las publicaciones, como así también el ID de las mismas.

Con el correr de las semanas, los damnificados manifestaron que "la situación se volvió insostenible", dado que las publicaciones les provocaban a ellos y su núcleo familiar, "daños irreparables", no sólo por las "difamaciones infundadas", sino además por el temor que les causaba en ese contexto la probable pérdida del trabajo. Asimismo, C.D.E y M.E.C. advirtieron que sus hijos adolescentes sufren una "situación angustiante", ocasionando dificultades en la relación con sus pares.

Contaron también que hicieron las denuncias como cuenta sospechosa desde la misma aplicación, la cual no registraba el acto ni generaba número de reclamo, a la vez que, de todos modos, "continuaron las publicaciones", tras lo cual acudieron a la Justicia en busca de "un pronunciamiento que evite mayores perjuicios de los que están ocasionando como responsables de las plataformas digitales", acompañando la última publicación que les fue compartida.

En principio, se trataría de una organización dedicada a la gestión de cobranzas que, entre sus artimañas, crea cuentas en redes sociales para lanzar campañas sistemáticas en busca de dañar la imagen pública de sus apuntados ante la comunidad en que se desenvuelven y, además, refuerza el objetivo de daño moral dirigiendo esos mismos mensajes agresivos a los círculos familiares, sociales y laborales de las víctimas del apriete.

Colisión de derechos

En su decisorio, el juez federal Aurelio Cuello Murúa observó que en el caso "se encuentran en colisión dos derechos reconocidos constitucionalmente". Por un lado, la Ley N° 26032 establece que "la búsqueda, recepción y difusión de ideas de toda índole, a través del servicio de internet, se considera comprendido dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión". Y, por el otro lado, surge "un derecho personalísimo como el derecho a su propia imagen, a su nombre y al honor, siendo este uno de los principales bienes espirituales que el hombre siente, aprecia y enaltece, colocándolo dentro de sus más preciados dones".

En este sentido, señala el funcionario que "cuando tenemos la potencialidad agraviante de la noticia, y no se ha dado a conocer la fuente de las informaciones transmitidas, ni se ha omitido la identidad del implicado en el hecho, como tampoco se ha utilizado un tiempo de verbo potencial, no existe margen de duda en cuanto al ejercicio imprudente de su derecho de informar, por lo que debe prevalecer el derecho a la imagen, al honor". Y en el caso en cuestión, "las publicaciones han referido expresamente a la identidad de los actores, y no se han acompañado constancias que permitan verificar la exactitud de las afirmaciones transcriptas y publicadas, no habiéndose tampoco referido a un potencial respecto de la actividad que ellos desplegarían, razón por la cual -justifica el magistrado-, no puede preponderarse la protección de la libertad de expresión como una suerte de autorización para menoscabar derechos, debiendo en tal caso cesar la posible afectación a los derechos personalísimos".

Freno a los rumores

En otro tramo de su argumentación, Cuello Murúa invoca: "No se protege, por tanto, a quienes, defraudando el derecho de todos a recibir información veraz, actúen con menosprecio de la verdad o falsedad de lo comunicado, comportándose irresponsablemente al transmitir como hechos verdaderos, simples rumores carentes de toda constatación, o meras invenciones o insinuaciones insidiosas".

Refiere, seguidamente, a la "alteración de la vida privada de los actores, causada por la divulgación de información que se presentó públicamente, bastando entonces la mera posibilidad de su falsedad para ponderar los derechos personalísimos de los actores por sobre el derecho a la libertad de expresión de terceros; en el caso, un desconocido", subraya el juez federal, quien respecto del peligro en la demora, dijo que "debe darse por sobreentendido" ante el riesgo de un "perjuicio irreparable" en caso de no observarse una "solución judicial rápida".

Fuente: Sur24

"Por una LT11 pública y de sus trabajadores, con derechos, sin despidos ni básicos de indigencia"

El lunes 25 de marzo a las 10 de la mañana  las y los trabajadores de LT11, Radio Gral Francisco Ramirez de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, realizarán una radio abierta en Plaza San Martín donde seguirán denunciando el estado de abandono de la emisora y recordarán las reivindicaciones que vienen planteando. En un comunicado explican la situación actual:

En el texto, las y los trabajadores, expresaron: "el martes 12 de marzo la intersindical radial nacional se reunió en Buenos Aires con el flamante Director de Radio Nacional, Héctor Cavallero. Las respuestas vertidas por el funcionario a los requerimientos de los representantes gremiales se conocieron en un comunicado emitido por estos últimos".

Asimismo, indicaron: "Cavallero comunicó, sin ponerse colorado, que Radio Nacional "va hacia un fuerte ajuste presupuestario" y que "como parte de ese achique, se abrirán los retiros voluntarios y las jubilaciones anticipadas", es decir un plan de despidos encubiertos, miserable, de coerción y aprietes contra las y los compañeros. En cuanto a las y los contratados que fueron despedidos "solo anunció la renovación de nueve contratos en el área web". Los contratados cesanteados son 500 en todo el país".

En Radio Nacional han sido cesanteados 500 trabajadores contratados precarizados en todo el país (5 de ellos de LT11) y aun no fueron reincorporados. Todas compañeras y compañeros que sufren de este fraude laboral que se instauró en la empresa hace más de 10 años y que todos los gobiernos han avalado, pavimentándole a Milei el camino para despedirlos.

Los salarios han sido destruidos

Asimismo, detallaron: "Sobre los salarios, que en su mayoría están conformados por básicos que ya tocaron la línea de indigencia (320 mil pesos), Cavallero se excusó de hablar: "es una discusión paritaria de la que no participo", dijo quien hoy es la máxima autoridad de Radio Nacional".

En una reunión con la Intersindical, Cavallero anunció: "Que una de las dos frecuencias de cada emisora va a retransmitir LRA1". Y señaló sobre la programación: "espero lanzarla en abril, con conductores externos en la mañana y en algunas de las tiras diarias. También se prevé en esa programación que haya venta de espacios".

Y manifestaron que continúa el plan de privatización de radios. "Ante la pregunta de los representantes sindicales acerca de la posibilidad de privatizar Radio Nacional, Cavallero manifestó que "la privatización es el plan del presidente de la Nación, pero eso debe pasar por el Congreso -ya que Radio y TV Argentina fue creada por ley, se necesita otra para modificar la existente- y no cree que "la privatización sea en lo inmediato"", expresaron.

Asimismo, anticiparon que "si avanzan sobre TelAm, luego vendrán por el resto de los medios públicos y es por eso que la lucha de los compañeros de la agencia de noticias debe ser la lucha de todos".

Edificios en estado de abandono

"Queremos denunciar que tanto el edificio central de LT11 como la planta transmisora siguen estando en pésimas condiciones. En octubre de 2019, luego de varias denuncias, logramos una inspección de la Secretaría de Trabajo provincial que delató que en los 22 puntos de las normas la empresa no cumplía ninguno en materia de higiene y seguridad", subrayaron.

"Cinco años despues no ha cambiado nada. Situación que hoy se ve agravada ante la falta de partidas por parte del gobierno para la adquisición de elementos de limpieza e higiene, realidad que se agudiza en el marco de un brote de dengue sin precedentes. El descuido es total. Ante ello los mismos trabajadores traen su papel higiénico, limpian los baños y cortan el cesped. LT11 y su planta transmisora son una pocilga y representan un peligro en términos de higiene y seguridad. No se puede trabajar. Es una situación insostenible", comunicaron.

Y sostuvieron: "Desde la seccional Salco Concepción del Uruguay rechazamos de plano estas amenazas contra las y los trabajadores y llamamos a las y los compañeros de todo el país a responder esta afrenta con asambleas en todas las emisoras; solicitamos que la intersindical radial convoque a plenario nacional de delegados con mandato para definir paro y plan de lucha. En el mismo sentido sostenemos que la CGT debe llamar también a un nuevo paro y plan de lucha".

Por ello reclaman: "No al cierre de TelAm, no a la privatización, en defensa de LT11 y sus trabajadores, no a los despidos, reincorporación urgente de los compañeros contratados".

Además, señalaron: "la mayoría de los sueldos básicos ya son de indigencia" y solicitan el "inmediato aumento del 100% de todos los básicos y ajuste mensual por inflación".

"Basta de violar los convenios, no a la reforma laboral, presupuesto y partidas urgentes para elementos de higiene y obras de seguridad laboral", reclamaron. "Necesitamos paro y plan de lucha nacional de la intersindical y la CGT", finalizaron.

#100DíasDeMilei: 40% de los ataques al periodismo provienen de su gobierno

Al cumplirse los primeros 100 días del Gobierno Nacional, FoPeA expone los datos de su registro de ataques a la libertad de expresión.

En el tiempo que lleva la gestión nacional, 4 de cada 10 agresiones a la prensa tuvieron como protagonistas al presidente Javier Milei o a sus ministros, según los datos del relevamiento efectuado por el Monitoreo de Libertad de Expresión de FoPeA.

La cifra resume la dinámica de la relación entre el nuevo jefe de Estado y la prensa: Milei descalifica, insulta, acusa y agrede verbalmente con asiduidad a periodistas y medios en sus discursos o en las entrevistas que brinda.

En este tiempo, la mayoría de los periodistas tuvieron acceso limitado y restringido al Poder Ejecutivo Nacional y muchos de ellos sufrieron agresiones directas que luego fueron replicadas por seguidores y militantes del Presidente, desde las redes sociales e incluso en las calles.

Un dato que agrava aún más el cuadro de situación es que es el propio Jefe de Estado quien utiliza sus cuentas en las redes sociales para multiplicar mensajes que descalifican a colegas, en varios casos desde cuentas no verificadas que atacan de forma directa la credibilidad de las y los periodistas, lo que en definitiva, genera desinformación en la ciudadanía.

En detalle, el Monitoreo de FoPeA muestra que entre el 10 de diciembre y este martes 19 de marzo se registraron 37 casos de ataques a la prensa, de los cuales 15 tuvieron como sujeto agresor al Poder Ejecutivo Nacional. El análisis precisa también que ocho de esos 15 episodios fueron protagonizados por el propio Presidente de la Nación y dos por su vocero, Manuel Adorni.

Vale destacar que en cinco casos los responsables fueron sus ministros y/o equipos. Dos de ellos se dieron durante el armado del acto de asunción, y otros tres vinculados a los hechos de represión en las calles el 1 de febrero y 18 de marzo.

En cuanto al tipo de agresiones vinculadas al poder central, 10 se encuadran como “discurso estigmatizante” por parte de funcionarios públicos, en tanto que se vivieron dos situaciones de restricciones al acceso a la información pública y tres ataques contra la integridad de colegas, derivadas de protestas y situaciones de violencia en la vía pública.

En total, fueron 29 las víctimas de la intolerancia que registró el Monitoreo en este primer corte.

Si bien la táctica de tratar a la prensa como antagonista no es nueva en la historia del país, sí resultan preocupantes el tono agresivo escogido por Milei y sus partidarios y la frecuencia de esos ataques. Así como FoPeA, organizaciones internacionales vinculadas a la defensa de la libertad de expresión ya han advertido que los señalamientos y los discursos de odio por parte de figuras públicas contra los periodistas suelen derivar en una escalada de agresiones personales, de intimidación y de autocensura.

¿Qué es el Monitoreo de Libertad de Expresión de FoPeA?

La libertad de expresión es vital para la democracia. La libertad de prensa, una de sus formas, refiere a la circulación de información periodística que hace posible la crítica al poder.

En ese sentido, el Monitoreo de Libertad de Expresión de FoPeA es una herramienta única en el país, y referente internacional para otras organizaciones. Registra e informa sobre ataques a periodistas en ejercicio en Argentina, con una presencia federal que incluye al menos un monitor en cada provincia que actúa de acuerdo a una metodología de registro de casos específica. Ese documento anual es presentado cada 3 de mayo, día mundial de la Libertad de Prensa.

Si querés que tratemos un caso en particular o sabés de una agresión a la prensa, completá nuestro formulario de denuncia o accedé a los datos estadísticos en el sitio del Monitoreo www.monitoreo.fopea.org

Desde luego, cualquier funcionario tiene el derecho de cuestionar publicaciones periodísticas, pero siempre partiendo desde el respeto a la tarea de la prensa porque es uno de los elementos que sirven para medir la solidez de una democracia. Cuanto mayor y más frecuentes son las agresiones y descalificaciones de un gobierno, mayores son los riesgos de que se produzcan desvíos autoritarios.

Foto: Luis Robayo - AFP