El Almacén de las Tres Ecologías, entre una cerradura rota y el modelo de ciudad

Una cerradura forzada, un contrato vigente y once años de trabajo colectivo pusieron en evidencia una disputa más grande que un galpón frente al río

Casi al mediodía de ayer, la noticia empezó a correr como esos rumores que nadie termina de creer. En la redacción, entre colegas, la primera reacción fue un "no puede ser, algo no cierra". Pero sí, estaba pasando. Todo tenía lugar en la costa del río, en el predio donde desde 2015 funciona el Almacén de las Tres Ecologías. Todos hablaron y escribieron sobre ese lugar durante años, desde el día que abrió y, en realidad, desde antes, cuando todavía era solo un proyecto.

La gente que hoy cuenta lo que pasó estuvo ahí desde el principio: en la previa a la inauguración, el día que finalmente abrieron las puertas. Todavía se acuerdan de ese espacio lleno de amigos y amigas, de una energía colectiva que buscaba demostrar que otra economía era posible: social, cooperativa, diferente. Por eso el golpe fue inmediato. Los mensajes iban y venían; consultaron a conocidos, al municipio. Nadie sabía bien qué decir. La explicación oficial no llegaba, pero todos la exigían.

La irrupción municipal y la cerradura forzada

Roberto García, una de las caras más visibles del Almacén y referente histórico del proyecto, fue el que logró reconstruir lo que había pasado. No fue una intervención abstracta del Estado municipal, dijo, sino algo concreto, con responsables: la Subsecretaría de Economía Social, que depende de la secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat que conduce Nicolás Giannelloni. Ese día, personal municipal apareció en el lugar con un cerrajero. Forzaron la entrada, rompieron los dos candados y la cerradura, la cambiaron y, sin avisar a nadie, se quedaron con el espacio.

Después, desde el municipio dijeron que habían notificado y que necesitaban hacer una obra. García no les creyó ni un poco: "Es una excusa burda", dijo. Recordó que el Almacén ocupa un espacio público gracias a un contrato legal de cesión de uso, algo bastante común en la ciudad. El Estado, dueño del edificio, lo cede para que lo gestionen organizaciones sociales, barriales o vecinales.

Ese galpón no está solo. Es parte de un entramado más grande: los viejos galpones ferroviarios y portuarios de la costa central rosarina, lugares que quedaron vacíos después de las privatizaciones de los años noventa y la caída de buena parte de la economía nacional. Pasaron al ONABE, un organismo nacional, y después a los gobiernos locales. En esos galpones, como recuerda García, la ciudad fue armando parte de su identidad reciente: ahí nació el Museo Macro, en otros puntos surgieron experiencias como la Isla de los Inventos o el Jardín de los Niños.

En uno de esos galpones, la entonces Secretaría de Economía Solidaria imaginó varios proyectos. Por ejemplo, una cocina comunitaria que nunca funcionó y terminó abandonada. En ese contexto —con el espacio vacío, bajo la órbita de un organismo estatal dedicado a promover economías alternativas, no capitalistas ni comerciales, basadas en la cooperación— varias organizaciones sociales presentaron un proyecto. Lo hicieron dos años seguidos. La idea era clara: crear un almacén gestionado en conjunto por redes de comercio justo y organizaciones ya existentes, con autonomía y vocación pública.

Así nació el Almacén de las Tres Ecologías. Un espacio abierto, pensado para que cualquiera pueda comprar, encontrarse, charlar, sentarse a tomar un mate, pedir agua sin pagar. No era como los bares concesionados y privados de la costa, donde el acceso depende de consumir algo. En el Almacén entraba cualquiera. Así funcionó durante once años, con un contrato de cesión de uso que se renovaba automáticamente y estaba vigente hasta julio de 2026.

Por eso, lo que pasó se sintió como un atropello. De un momento a otro, violentando la entrada, el Estado tomó un espacio que había cedido legalmente. Para García y las organizaciones que lo gestionan, fue un acto ilegal. "Si hay un contrato, aunque tengan que hacer una obra, no pueden entrar así", explicó. Es como si el dueño de una casa decidiera irrumpir sin aviso para hacer arreglos, sin explicar nada.

En redes sociales empezó a circular la versión de un problema eléctrico. Pero, según contaron desde el Almacén, ese problema ya estaba solucionado. Incluso, el espacio estaba abierto de forma permanente para que los electricistas y arquitectos municipales hicieran su trabajo. "Entendemos que es lógico", admitió García, pero remarcó la diferencia entre coordinar trabajos y romper cerraduras para tomar el lugar.

Todo se complicó cuando el personal municipal quiso llevarse los productos de las cooperativas que trabajan en el Almacén. De entrada, ese intento se sintió como un robo: estaban por llevarse cosas que no le pertenecen al Estado. Por suerte, la maniobra se detuvo ahí mismo, después de una charla con la policía. Los policías, según cuentan, tampoco entendían mucho la orden que tenían que cumplir: era meterse en un lugar que, por contrato, no podían tocar. Algo parecido les pasó a los trabajadores de la Secretaría de Control. García les agradeció después, porque entendieron rápido en qué lío los habían puesto.

Al final, apareció un jefe y redactaron un acta. Nada nuevo: esas actas suelen usarse para meter presión. García lo explicó claro: frente al Estado, el ciudadano siempre está en desventaja. No quedaba otra más que firmar. Lo único que se consiguió fue un empate: lograron que no se llevaran los productos. Eso sí, las llaves no las devolvieron. Además, las organizaciones tuvieron que firmar que se hacían responsables de cualquier daño que pasara a lo que quedaba adentro.

Pero el problema no es solo lo material. Para la gente que banca el proyecto, lo que está en juego es algo mucho más grande: la legalidad. "Si el propio Estado rompe la legalidad, ¿qué esperamos de la democracia?", tiró García. El Almacén de las Tres Ecologías —que es un proyecto ciudadano, raro o directamente único en el país por su carácter público y comunitario— quedó golpeado y en la cuerda floja. Y ese riesgo, insistió, tiene que enterarse toda la sociedad.

Las preguntas no paran de aparecer. ¿Por qué esta intervención tan repentina? ¿Qué obra es la que tienen planeada y por qué no la explican? Desde la Municipalidad dicen que hay una sobrecarga eléctrica y que hay que arreglarla urgente. Pero la gente del Almacén asegura que ese tema ya estaba resuelto, y que cualquier cosa extra se pudo haber coordinado, como hicieron en diciembre y enero, avisando antes y dejando entrar a los técnicos cuando hacía falta.

Dicen que hay testigos de esto, incluso los arquitectos municipales: nunca se les negó la entrada. Pero hay un detalle que deja dudas. El día de la intervención, aparecieron veinte bolsas de cemento y bloques de ladrillo. "¿Qué tiene que ver eso con la electricidad?", preguntó García. Nadie respondió.

Un barquito en un mar de privatizaciones

Hoy el Almacén está en una de las zonas más codiciadas de Rosario, rodeado de negocios en crecimiento y privatizaciones por todos lados. A metros nomás, el municipio abrió un mercado nuevo: pura postal de una ciudad pensada para comprar y vender. Frente a ese panorama, García usó una imagen literaria para describir el lugar del Almacén: "Es como un barquito a la deriva en medio de un mar inmenso". La frase, de Macedonio Fernández, le queda justa: muestra lo frágil y al mismo tiempo lo terco que pueden ser estos proyectos colectivos cuando se enfrentan a poderes mucho más grandes.

Para García, ese "barquito" representa a todas las experiencias comunitarias que chocan de frente con gobiernos voraces que, aunque sean legítimos porque los eligió la gente, en el fondo piensan la ciudad para unos pocos. Hay un plan, dice, que nadie quiere mostrar del todo, porque si lo hicieran, se vería el juego completo. Las pistas están: en lo que dicen los arquitectos, en rumores en las oficinas, en comentarios dentro del propio Estado. Y la gente lo sabe. No es novedad que existe un proyecto para renovar toda la costa rosarina.

Ese plan, advierte García, no es solo de obras. Incluso algunas escuelas municipales de arte urbano podrían desaparecer. La idea es clara: la costa está pensada para el consumo, casi exclusivamente. Hoy, buena parte de la ribera está en manos privadas o bajo concesión, con zonas de lujo como Puerto Norte. Los espacios públicos que quedan —parques y accesos al río— son fruto de peleas y reclamos. "Si no se hubiera peleado, capaz pasaba lo mismo que en Buenos Aires, donde no hay acceso a la costa", reflexionó.

Aun así, todavía quedan muchos espacios estatales que, según la gente que maneja el Almacén, poco a poco van camino a ser privatizados o concesionados, un poco como ya viene pasando. Si uno mira el mapa —desde Puerto Norte, o incluso antes, desde Avellaneda, hasta el puerto de Rosario y la zona de 27 de Febrero— no hay lugar para un espacio comunitario, ni para proyectos de economía solidaria. Nada de cooperativas de trabajadores que se conectan entre sí, que intercambian con redes nacionales, que prueban otras formas de vender y que defienden una mirada ecológica más amplia.

Esa perspectiva, dice García, no es solo cuidar el ambiente natural. También habla de la ecología de las relaciones sociales y la ecología de lo que pensamos. Y, claro, esa última es la primera que atacan. "Nos colonizan la cabeza y nos hacen creer que la única opción son patios de comida, restaurantes o bares", explicó. No es que esté en contra de esos negocios, salvo cuando los usan como excusa para barrer con otras formas de vida colectiva, sobre todo las que apuestan a la democracia participativa.

Desde esa mirada, el Almacén de las Tres Ecologías es una experiencia real de participación ciudadana. No por el tamaño —apenas un espacio de diez por veinte metros— sino por lo que representa: es del Estado municipal, y por eso mismo de todos los rosarinos y rosarinas, pero lo gestionan organizaciones sociales. "Estamos muy lejos de una democracia real, y mucho más lejos todavía de una democracia participativa", dice García. En ese contexto, romper la cerradura no fue solo algo material: fue un golpe simbólico a una experiencia que aguantó más de diez años.

La asamblea, la feria y lo que viene

Después de la irrupción municipal, las organizaciones llamaron enseguida a una asamblea popular abierta. De esa reunión salieron las primeras decisiones colectivas. El acceso al espacio, aclara García, ya no es libre. Hasta el día anterior, tenían tres llaves, dos candados, una cerradura, y podían entrar y salir sin problemas. Ahora, la municipalidad tomó el control por la fuerza. Lo único que acordaron fue algo precario: las producciones siguen adentro y se puede feriar, pero para entrar hay que pedir permiso. "Hoy podemos entrar, pero con autorización", resumió.

Como respuesta, decidieron armar una gran feria abierta durante dos días seguidos. Invitaron a productores directos, artistas y gente de la cultura, buscando que el conflicto se haga visible y remarcar que el proyecto es colectivo. Al mismo tiempo, empezaron a prepararse para la reunión del lunes, que para ellos es clave. Ahí esperan que el municipio diga, de una vez, cuál es el plan para ese galpón que intentaron desalojar y que ocuparon, aunque sigue vigente un contrato de cesión de uso.

Para García, lo mínimo era terminar formalmente ese contrato. Así, dijo, se hubiera podido discutir de verdad, con todas las cartas sobre la mesa. Pero lo que generaron fue un escenario de desgaste: poner el cuerpo todos los días, discutir, salir a desmentir, aguantar acusaciones de violencia solo por estar ahí. Ahí fue claro: la modalidad del Almacén no es violenta, ni cerca. Todo lo contrario. Insistió: esto es una experiencia basada en el diálogo, la organización colectiva y la participación.

La explicación que llegó al día siguiente

Desde el mismo momento en que entraron al Almacén de las Tres Ecologías, el equipo de Señales trató de reconstruir lo que pasó con la versión oficial. Primero hablaron con el secretario de Desarrollo Humano y Hábitat, que los derivó al subsecretario de Economía Social, William Germán Burgener. La respuesta llegó recién a la mañana siguiente, en un audio que el funcionario aclaró que grabó porque tenía problemas de voz.

En ese audio, Burgener dijo que el Almacén es parte de una nave más grande que incluye el Centro de Emprendedores del Centro y el Mercado del Río, y que todo eso comparte la misma instalación. Según él, los equipos técnicos encontraron una falla eléctrica general que los obligaba a hacer reformas urgentes para evitar daños a personas o cosas. Por eso, decidieron intervenir el espacio y suspender su uso hasta terminar la obra. También aseguró que el municipio se puso a disposición de los emprendedores para buscar alternativas, incluso con un esquema de comercialización alternativo inmediato. Además, señaló que la mayoría de los que participan del Almacén también forman parte de otros circuitos municipales de comercialización, como las ferias fijas, y cerró el mensaje reiterando su voluntad de seguir trabajando en conjunto.

Roberto García escuchó el audio con atención y no tardó en responder, esta vez sin rodeos. No habló de mentiras, pero sí fue directo sobre las imprecisiones, y para él eran graves. La principal, dijo, tiene que ver con cómo se describe el espacio y quiénes lo forman. Explicó que solo cerca del 30% de quienes forman parte del Almacén están vinculados a programas municipales para emprendedores sociales, y algunos de ellos además participan en otras ferias. El 70% restante, el verdadero corazón del proyecto, lo integran organizaciones cooperativas legalmente constituidas. Ellas son las que firmaron el contrato de cesión de uso con el municipio.

Del rebusque individual a la organización colectiva

En el momento en que firmaron ese contrato, recordó García, las cooperativas aceptaron abrir el espacio a emprendedores de los programas municipales, pero con un objetivo claro: que esas personas se formen colectivamente y den el salto hacia la creación de nuevas cooperativas. La idea nunca fue fortalecer carreras individuales, sino fomentar la organización. García incluso cuestionó el término "emprendedor", que ve engañoso y demasiado cargado de individualismo, como si cada quien pudiera arreglárselas solo. Esos formatos, explicó, nacieron como estrategias de supervivencia en tiempos de crisis profunda, sobre todo a fines de los noventa y después de 2001. Pero el objetivo siempre fue la construcción colectiva.

Desde ese lugar, el discurso del subsecretario le resulta a García una distorsión de la realidad. En ese relato, las cooperativas ni siquiera existen. Las borraron del mapa oficial, aunque son quienes firmaron el contrato y llevan el peso del proyecto. Con esas autoridades, avisó, tendrán que sentarse a conversar el lunes. Y lo harán, pero no porque no quede otra, sino convencidos de que defienden algo justo y respaldado por más de diez años de trabajo.

García también puso sobre la mesa la diferencia entre la historia de las organizaciones y el paso fugaz de los funcionarios. "Nosotros estamos acá hace muchos años y vamos a seguir estando", dijo, incluso si al final los expulsan del Almacén. En ese contexto, volvió a remarcar que el argumento de la "obra eléctrica" es solo una excusa. Las reparaciones, aseguró, ya estaban casi terminadas. Los trabajos se hacían a la mañana, cuando el Almacén está cerrado, porque solo abre viernes, sábados, domingos y feriados por la tarde. Así que no hay razón válida para desarmar todo el espacio por ese motivo.

Para García, el objetivo real es vaciar el lugar. Y, dice, hay una pregunta sencilla que el municipio esquiva: ¿van a renovar el contrato en 2026, como se hizo durante once años seguidos? Si la respuesta fuera sí, bastaría con aclarar de qué obra se trata y cuándo se podrá volver a usar el espacio con normalidad. El silencio ante esa pregunta, para él, lo dice todo: no piensan renovar el contrato. "Ahí está la verdad", remarcó, y criticó las palabras amables y las actitudes de manual de la política, que solo buscan esquivar el debate de fondo ante la gente.

Mientras tanto, el Almacén sigue con el acceso restringido. Ese fin de semana, las organizaciones avisaron que van a estar presentes de 19 a 22 horas, durante la feria abierta. El lunes, después de reunirse con el municipio, irán al Concejo Deliberante para pedir un informe detallado sobre el tipo de obra que quieren hacer, sobre todo porque hay algo que sigue llamando la atención: entraron bolsas de cemento y ladrillos, materiales que poco tienen que ver con una reparación eléctrica.

Ya hubo concejales que se acercaron. Entre ellos, Pablo Basso, del peronismo; Julián Ferrero, de Ciudad Futura; y otros que pasaron a expresar su apoyo. García adelantó que va a hablar con todos los bloques, sin importar el partido. Radicales, libertarios, oficialistas: para él, lo que pasó es un atropello directo al orden legal.

El conflicto también hizo ruido dentro del propio municipio. Los delegados y gremialistas de la Secretaría de Desarrollo Humano salieron a apoyar públicamente a los trabajadores y trabajadoras de Economía Social, quienes —según el comunicado— llevan más de diez años acompañando a los emprendedores y fueron testigos del desalojo decidido por la subsecretaría. Desde el Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario repudiaron la violencia y el maltrato, pidieron diálogo y advirtieron sobre la gravedad del conflicto en un contexto de crisis económica que golpea a todo: país, provincia y ciudad.

El Almacén de las Tres Ecologías terminó en el ojo de una pelea mucho más grande que él mismo. No es solo un galpón junto al río ni una obra de cables y postes. Acá hay dos ideas de ciudad que chocan de frente: una mira el espacio público como algo que se compra y se vende, la otra lo cuida como un lugar de encuentro, organización y participación real.

Un espacio para tres ecologías
La historia comienza en 2001, en medio de la intensa marea social que atravesó el país, donde crisis y creatividad se entrelazaban en la vida cotidiana. Fue en ese contexto que el gobierno de Hermes Binner, buscando darle forma a nuevas alternativas económicas, creó en 2003 la Subsecretaría de Economía Social.

Diez años después, durante la gestión de Mónica Fein, empezó a pensarse el destino de un viejo galpón abandonado frente al río, muy cerca de Bajada España. Por dos años, vecinos, organizaciones y autoridades discutieron qué hacer con aquel espacio olvidado. La propuesta que ganó fuerza vino de la Red de Comercio Justo del Litoral y del Encuentro Nacional de Economía Solidaria: transformar el galpón en un lugar que promoviera la circulación económica solidaria desde una perspectiva ecológica, dando así origen al nombre que hoy lo identifica: Tres Ecologías.

En 2015, la idea se concretó con la firma de un "Convenio de Permiso de Uso Precario" entre el Estado local y varias organizaciones: Mercado Solidario, Centro Ecuménico Poriajhú, Almacén Ambulante (luego cooperativa Encuentro de Productores Rurales) y la cooperativa de trabajo Encuentro, formada por mujeres.

Un año más tarde, el Almacén de las Tres Ecologías obtuvo un reconocimiento oficial: fue declarado de interés municipal por unanimidad en el Concejo Deliberante de Rosario. Así, lo que comenzó como un galpón olvidado frente al río se convirtió en un espacio vivo, donde economía, ecología y comunidad se encuentran para imaginar nuevas formas de habitar la ciudad.

Imagen de archivo

En defensa de un espacio público, comunitario y sin fines de lucro
La costa central de Rosario reúne zonas privadas de alta concentración económica, especialmente en el área de Puerto Norte; espacios estatales como museos, escuelas y talleres; y espacios públicos comunes a toda la ciudadanía, como los parques. Dentro de este reparto de lo sensible existe un solo espacio comunitario y cooperativo que funciona en un edificio del Estado, es decir, de la ciudadanía de Rosario. Se trata de un espacio que desde hace once años fue cedido para su uso mediante contratos con renovación automática, con el objetivo de llevar adelante una experiencia autogestiva y sustentable, sin fines de lucro.

Durante todo este tiempo, el Almacén de las Tres Ecologías abrazó prácticas ecológicas, el amor por la Pachamama, las producciones sanas y solidarias, y los encuentros afectivos de nuestro entorno social y cultural. En este sentido, el Almacén de las Tres Ecologías es un espacio único en nuestra ciudad y uno de los poquísimos que existen a nivel nacional.

Por eso nos preocupa profundamente la idea de que se intente seguir privatizando espacios comunes, incluso la pequeña superficie que ocupamos, para realizar actividades que ya existen en abundancia y que podrían desarrollarse en cualquier otro lugar. En lugar de cuidar y regar este jardín de gentes que buscan compartir otras experiencias productivas y otras lógicas de consumo que no contaminen ni el ambiente, ni el cuerpo humano, ni las conciencias.

Nos quieren echar para seguir sumando patios de comida, contra los cuales no tenemos nada en particular, salvo cuando se utilizan como excusa para terminar con esta experiencia comunitaria.

Para que la democracia sea verdadera, los espacios públicos deben distribuirse de manera equitativa y deben promover experiencias que sanen el cuerpo social y las relaciones humanas, en lugar de impedir que crezcan y se desarrollen. La ecología es una práctica de cuidado y de pervivencia de nuestra vida en el mundo: cuidado de la naturaleza, cuidado de las relaciones sociales y cuidado de las conciencias democráticas e igualitarias. Eso es, en definitiva, ni más ni menos.
Colectivo del Almacén de las Tres Ecologías

Escuchá la entrevista completa: 

Fotos: Almacén de las Tres Ecologías, CTA Rosario

Gustavo Scaglione, intimado y en falta: el rescate de El Diario vuelve a crujir

Intimaciones de pago, honorarios impagos y un cramdown que no termina de cerrarse vuelven a poner en jaque la operación de Difutec SA para quedarse con SAER. A siete años del concurso, el juez Moia sigue dilatando una salida mientras los trabajadores despedidos continúan sin cobrar

El empresario de medios Gustavo Scaglione, dueño de Difutec SA, la firma que compró el rescate de Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), editora del extinto matutino El Diario, no pasó un buen fin de año.

Además de haber sido picado por una avispa en su mansión de José Ignacio, Uruguay, el último día hábil judicial en Entre Ríos, cayó una intimación de pago a Difutec que puso en dudas toda la operación para quedarse con las propiedades inmuebles bajo la órbita de SAER. El coadministrador del concurso de acreedores que atraviesa la SA reclamó al juez Civil y Comercial Ángel Moia por honorarios impagos bajo apercibimiento de quiebra.

Lejos de vislumbrarse una luz al final del túnel, el cierre del conflicto suscitado por la crisis del histórico matutino paranaense sigue sin resolverse. Luego de despedir a más de 80 trabajadores sin indemnización e ingresar en un concurso de acreedores en 2018, el juez a cargo, el titular del del Juzgado Civil y Comercial Nº9, Ángel Luis Moia, sigue prolongando una solución a las demandas de ley.

¿Terminó la última etapa?

En noviembre pasado todo este prolongado proceso parecía haberse encaminado; incluso, Moia presumía de haberle encontrado una vuelta al asunto. En diálogo con Radio Costa Paraná, anunció que "el 22 de octubre terminó la última etapa".

Entonces, el juez homologó la propuesta de salvataje (cramdown) presentada por Difutec SA, encabezada por Alexis Walter Weitemeier en nombre de Gustavo Santiago Scaglione, para evitar la quiebra de SAER, editora de El Diario. Este mecanismo, ideado por Ley de Concursos y Quiebras Nº 24.522, establece que un tercero pueda comprar las acciones cuando el deudor (SAER) no logra las mayorías de acuerdos en el concurso preventivo para honrar las obligaciones pendientes.

Aprobada la intervención en este procedimiento, Difutec puso precio y ofertó por el 66% de las acciones en manos de Ramiro Héctor Nieto, otro empresario rosarino a cargo de Nea Capital Creativo SA, controladora de SAER. El 33% restante todavía pertenece a la familia Etchevehere.

En esta maniobra, Difutec podía quedarse con el patrimonio inmobiliario millonario de SAER (estimado en más de 1,5 millones de dólares) y sumar una cucarda más al grupo de medios de Scaglione. Moia, por su parte, aguardaba que Difutec desembolsara los 200 mil dólares prometidos para convertirse en el nuevo dueño SAER, y permitir allanar la salida del concurso y también encaminar la resolución de las demandas y juicios labores por haberes impagos e indemnizaciones pendientes. Pero no. Todo estaba prendido con alfileres.

Depositó 50 mil dólares y pidió prórroga

De todo el monto pactado por Difutec para tomar las acciones mayoritarias de SAER, tan sólo depositó 50.000 dólares y casi inmediatamente pidió una prórroga para saldar el resto. Fue así que comenzó un interminable ida y vuelta para tratar de saldar.

Entre negativas para un aplazamiento, apelaciones, revocatoria e intimaciones, Moia se entretuvo los últimos dos meses de 2025, con el consecuente retraso (que ya lleva 7 años y medio) en el pago de acuerdos e inicio de los mecanismos correspondientes para que los extrabajadores despedidos pueden recibir parte de sus indemnizaciones.

Intimaciones

Así las cosas, en el último hábil judicial del año pasado, el 30 de diciembre, trascendieron dos nuevos movimientos en el expediente. Uno es una resolución de Moia donde intimó a Difutec a que informe sobre el pago del saldo de las cuotas que había acordado en concepto de compra de acciones de SAER.

Esto, con la indulgencia de los plazos judiciales, recién podría tener una respuesta en febrero, tras la feria. Por otro lado, se presentó una intimación por honorarios profesionales adeudados de quien cumplió funciones de coadministrador de la concursada, Valentín Javier Cerini. El profesional reclamó el pago de 4 millones de pesos bajo apercibimiento que se decrete la quiebra. Si lejos está Difutec de saldar 150.000 dólares, ¿qué podría quedar si no tiene cambio por poco más de u$s 2.700?

Fuente: Entre Ríos Ahora

Bomberos Voluntarios de Rosario: 47 años haciendo magia en una ciudad que crece sin red

David Sali Royo, jefe del Cuerpo Activo, traza un diagnóstico crudo y preciso sobre el rol de los bomberos voluntarios en Rosario: la historia de una institución nacida del compromiso ciudadano, sostenida con vocación y profesionalismo, que enfrenta el crecimiento urbano, la falta de recursos y una deuda estructural que todavía espera saldarse

Vecinos al servicio de su ciudad: la esencia de los bomberos voluntarios
Sali Royo habla en Señales de los Bomberos Voluntarios de Rosario como quien habla de una forma de vida. Jefe del Cuerpo Activo de una institución con 47 años de historia en la ciudad, explica que la principal diferencia con los bomberos zapadores está en el origen y en la pertenencia. Mientras los zapadores dependen de la Policía de la Provincia de Santa Fe y son empleados provinciales asignados según las necesidades que define la Dirección General de Bomberos, los voluntarios son, ante todo, vecinos y vecinas.

Los Bomberos Voluntarios —detalla— se organizan a nivel nacional a través del Consejo Nacional de Bomberos, y en cada provincia funcionan federaciones que nuclean a las instituciones locales. En Rosario, esa pertenencia es literal: todos los integrantes del cuartel viven en la ciudad, respiran su mismo aire y comparten el mismo territorio al que salen a cuidar. "Son propios ciudadanos que viven en la ciudad donde forman parte", resume.

El carácter voluntario no es solo una definición administrativa. En todo el país, los bomberos voluntarios no cobran un sueldo por su trabajo. No hay salario a fin de mes ni retribución económica directa. Lo que los mueve es, como dice Sali Royo, "las ganas de ayudar", y una recompensa que no siempre se mide en dinero. Sin embargo, aclara que voluntario no es sinónimo de desprotección absoluta.

En 2010, la Provincia de Santa Fe sancionó la Ley 12.969, considerada pionera en el país, que comenzó a dar un marco de contención a quienes integran el sistema. Esa norma permitió, por ejemplo, que los bomberos voluntarios sin trabajo en blanco pudieran acceder a la obra social IAPOS, con cobertura a cargo del Estado provincial. Con el tiempo, el esquema se amplió.

El año pasado se aprobó una ley de fortalecimiento financiero que avanzó aún más en ese reconocimiento. Según explica Sali Royo, la nueva normativa cubre seguros personales, seguros de vehículos y la obra social, y además contempla un beneficio largamente esperado: después de 25 años de servicio, el bombero que se retira accede a un reconocimiento equivalente al 80% de una jubilación provincial básica. "No es una jubilación plena, pero es un reconocimiento que le da la ley", aclara.

El crecimiento del sistema hizo necesarias estas reformas. Hoy existen 157 instituciones de bomberos voluntarios en toda la provincia de Santa Fe. Cuando la ley original fue creada, se financiaba con un porcentaje de la Lotería de Santa Fe y algunos impuestos provinciales. Pero el aumento de cuarteles, de personal y de costos operativos volvió insuficiente ese esquema. La ley de fortalecimiento financiero vino, justamente, a cubrir esas inversiones que demanda un sistema cada vez más grande y complejo.

Una historia en terreno prestado
La historia del cuartel de Rosario también está marcada por la precariedad y el esfuerzo. El edificio de calle Rioja, que durante años funcionó como base operativa, nunca fue completamente propio. "Nosotros, como siempre decimos, estamos de prestado", señala Sali Royo. El origen se remonta a 1978, cuando el inmigrante alemán Eric Lowenstein fundó la Asociación de Bomberos Voluntarios de Rosario. En aquel entonces, Lowenstein participaba de la cooperadora de los bomberos zapadores y fue el propio jefe del cuerpo provincial quien cedió un espacio para que los voluntarios pudieran instalarse.

Ese lugar, ubicado sobre calle Rioja, representa apenas una fracción del predio original: "no llega a ser ni una cuarta parte del espacio", explica. Años más tarde, una intervención del gobierno provincial sobre ese terreno dejó como saldo un vallado visible desde calle Córdoba y una obra inconclusa, una postal que todavía hoy despierta preguntas sobre el destino de ese espacio histórico para los bomberos voluntarios de la ciudad.

En ese espacio prestado comenzó a tomar forma la Asociación de Bomberos Voluntarios de Rosario, una institución que hoy cuenta con 83 hombres y mujeres al servicio de la ciudad. A casi medio siglo de su creación, la condición sigue siendo la misma: el cuartel no es propio. "Siempre el anhelo es tener nuestra casa", señala David Sali Royo, y ese deseo empezó a materializarse recién en los últimos años.

En 2023, la intendencia municipal cedió un terreno ubicado en la intersección de Presidente Perón y Suipacha. La cesión representa un paso clave, aunque todavía resta atravesar las instancias administrativas y habilitaciones necesarias para comenzar a construir. Mientras tanto, los bomberos continúan funcionando en un predio que pertenece a los zapadores, una convivencia que ya lleva 47 o 48 años.

Una ciudad que reconoce en la emergencia
Ser bombero voluntario en Rosario, explica Sali Royo, es mucho más que "poner el cuerpo". Es hacerlo en una ciudad que, a su entender, todavía tiene una deuda pendiente con el sistema. A casi doce años de la tragedia de calle Salta 2141, sostiene que la ciudad no terminó de "prender", especialmente en lo que respecta a las decisiones ejecutivas. La comunidad, reconoce, valora el trabajo del bombero voluntario, pero ese reconocimiento suele aparecer recién cuando la emergencia golpea la puerta.

El contraste es evidente en los números. Rosario supera el millón de habitantes, pero la institución cuenta con apenas unos 500 socios. La cuota societaria es de 4.000 pesos, un monto accesible si se lo piensa a escala ciudad, pero insuficiente para sostener todo lo que implica el funcionamiento cotidiano de un cuartel. Por eso, insiste, cada aparición en los medios es también una invitación abierta a que los vecinos se asocien.

Aun así, Sali Royo reconoce un cambio en la relación con el Estado municipal. Con idas y vueltas, el actual gobierno local es, según define, el que más ha acompañado a la institución. En 2023 llegó la cesión del terreno y, el año pasado, el aporte económico del municipio se multiplicó por siete respecto de lo que se recibía anteriormente. "Obviamente falta, pero hay una voluntad de trabajar en conjunto", aclara, aunque vuelve sobre una idea que atraviesa todo su relato: los bomberos siguen siendo recordados, en general, cuando la emergencia ya está en marcha.

Más equipamiento, la misma urgencia
En materia de equipamiento, la situación muestra avances concretos. Desde que la actual conducción asumió el 2 de junio de 2024, se incorporaron seis equipos de respiración autónoma y se renovó el 38% de los equipos estructurales del personal. También se sumó un camión cisterna, una incorporación histórica: hacía 25 años que Rosario no contaba con una unidad de ese tipo.

A ese crecimiento se agregan nuevas unidades móviles. En octubre del año pasado, el gobierno provincial entregó una camioneta cero kilómetro, una Nissan Frontier, en el marco del plan de acción climática impulsado por el Ministerio de Ambiente, orientado especialmente a incendios forestales. No es un dato menor: en 47 años de historia, el cuartel nunca había contado con equipamiento específico para ese tipo de siniestros.

Hoy la realidad es distinta. La institución dispone de 16 equipos forestales completos —chaqueta, pantalón y casco— diseñados para reducir el estrés térmico del personal. A través de gestiones con la empresa Cargill, también se incorporó una camioneta modelo 2018 que funciona como unidad de ataque rápido. Su utilidad es doble: permite llegar antes que los camiones de gran porte y reduce costos de combustible, además de ofrecer mayor versatilidad para acceder a zonas complejas de la ciudad.

El financiamiento de todo este sistema es un entramado que combina aportes municipales, provinciales y nacionales. A nivel nacional, explica Sali Royo, las asociaciones de bomberos voluntarios reciben todos los años un subsidio que no proviene directamente del presupuesto del Estado, sino de un porcentaje que pagan las personas al contratar seguros. Ese dinero se concentra en una caja común y luego se distribuye entre las instituciones que tienen su documentación y rendiciones al día.

El conflicto actual está en el remanente. Las asociaciones que no cobran el subsidio por incumplimientos administrativos no pierden esos fondos: el dinero vuelve a la caja y se redistribuye entre las instituciones que sí están en regla. Esa redistribución debería realizarse dos veces al año, pero hoy está demorada. Para muchas asociaciones, incluida la de Rosario, ese retraso implica un problema serio: se trata de casi 40 millones de pesos que deberían haber ingresado y que, en la práctica, ya fueron comprometidos en gastos operativos y equipamiento.

Así, entre avances, reclamos y una estructura que sigue creciendo, los Bomberos Voluntarios de Rosario continúan sosteniendo un sistema que descansa, en gran medida, sobre la vocación, la organización y la perseverancia de quienes, desde hace casi cinco décadas, siguen trabajando —todavía— en una casa prestada.

Lo que cuesta proteger una ciudad
El costo de sostener un sistema de respuesta profesional es una de las realidades más duras que enfrenta hoy la Asociación de Bomberos Voluntarios de Rosario. Equipar a un bombero no es un gasto menor ni simbólico. "Si usted tiene que comprarse un traje, ¿cuánto está?", plantea Sali Royo como comparación cotidiana, antes de poner el número real sobre la mesa: entre 7 y 8 mil dólares por bombero.

La cifra incluye chaqueta, pantalón, botas, casco, monja, guantes y equipo de respiración autónomo. Todo el equipamiento responde a normas NFPA (National Fire Protection Association), estándares internacionales de origen estadounidense, lo que implica que los valores estén dolarizados. Además, la normativa establece una vida útil máxima de diez años para estos elementos, lo que obliga a un recambio permanente.

El hidroelevador y la ciudad que crece hacia arriba
Gracias a gestiones institucionales y distintas acciones de financiamiento, en los últimos años el cuartel logró avanzar en la renovación de equipos. Aun así, la necesidad sigue siendo constante. En agosto del año pasado, la institución inició un proyecto clave: la compra de un camión con hidroelevador, una unidad con canasta aérea que permitiría no solo rescates en altura, sino también el combate directo de incendios.

El vehículo puede alcanzar aproximadamente un décimo piso, pero su importancia va más allá de la altura. Rosario crece, se verticaliza, y eso exige herramientas acordes. "No estamos diciendo que no vamos a crecer, sino que dennos las herramientas para poder seguir creciendo", resume Sali Royo. El hidroelevador también permitiría operar en barrancas o industrias donde el ataque desde el suelo es imposible, bajando temperatura desde una posición aérea.

El proyecto ya avanzó parcialmente: se señó la unidad con 15 millones de pesos. El costo total ronda los 135 millones y el camión debe importarse desde Holanda. Justamente, el dinero que se espera del remanente del subsidio nacional estaba destinado a reducir ese impacto y acelerar la compra.

Las carencias estructurales no se limitan a un solo vehículo. La autobomba más nueva que tiene hoy el cuartel de Rosario tiene 25 años. Frente a ese panorama, la institución presentó más de diez proyectos de ordenanza en el Concejo Municipal: pedidos de asignación de porcentajes impositivos, una partida del 0,5% de los ingresos anuales del presupuesto 2026 para avanzar en la construcción de la casa propia, y propuestas para renovar el parque automotor. "Todo lleva tiempo, gestión, y a veces parece que se mira para otro lado", reconoce.

Sin embargo, Sali Royo insiste en marcar el rol concreto que cumple la institución. Bomberos Voluntarios de Rosario no es solo una asociación civil: cumple una función específica dentro del sistema de emergencias de la ciudad. En la mayoría de las intervenciones, cuando los móviles se desplazan, no actúan solo los zapadores, sino también los voluntarios. Hoy, subraya, el crecimiento en equipamiento es real y sostenido, acompañado por personas e instituciones que eligen apoyar y colaborar.

Durante muchos años, explica, el paradigma fue otro. Desde los municipios se pensaba: "¿Cómo voy a aportar a Bomberos Voluntarios si ya tengo bomberos zapadores?". Al depender estos últimos de la provincia, el costo parecía ajeno. Pero la historia demuestra lo contrario. Las instituciones de bomberos voluntarios no surgen por capricho ni por iniciativa aislada: en 1978 fue un intendente quien solicitó a la provincia, a Protección Civil y a la Federación Santafesina la creación del cuerpo en Rosario.

Por eso, sostiene, los municipios y comunas son responsables del financiamiento de sus cuarteles. No solo Rosario, sino todo el cordón industrial y la provincia en su conjunto. "Hubo una decisión del Ejecutivo en ese entonces de crear a sus bomberos voluntarios, y entendemos que también deben hacerse cargo de eso", afirma.

Cuando se ponen los números en contexto, los 135 millones necesarios para un hidroelevador dejan de parecer imposibles. En una ciudad atravesada por desarrollos inmobiliarios, torres en altura y grandes complejos, el planteo parece sencillo: con que cada actor aporte un poco, no solo se consigue ese vehículo, sino mucho más. La necesidad está planteada; lo que falta, insiste Royo, es que la responsabilidad sea compartida.

Para David Sali Royo, la discusión sobre el financiamiento de los bomberos voluntarios también es una discusión sobre el tipo de ciudad que Rosario está construyendo. En ese marco, se observa la responsabilidad social empresaria que aparece como una oportunidad concreta y no como un eslogan. 

Con esa lógica, la institución presentó un proyecto de ordenanza que apunta directamente al corazón del desarrollo urbano. Hoy en Rosario rige una normativa que obliga a las construcciones que superan los 30 metros de altura a pagar compensaciones. La propuesta de los bomberos es clara: que esos fondos se destinen específicamente a la compra de equipamiento para la lucha contra incendios y tareas de rescate. "La realidad es que no le están brindando ni siquiera seguridad a la persona que invierte en esa construcción, de que realmente está segura", advierte Sali Royo.

El debate no se limita al financiamiento. Junto al municipio y en el ámbito de la comisión de Planeamiento, los bomberos trabajan en la modificación de la reglamentación edilicia para facilitar las intervenciones en edificios en altura. Ascensores, sistemas eléctricos, accesos y salidas de emergencia forman parte de una revisión integral. La ciudad ya tiene edificios que superan los 140 metros, especialmente en la zona de Puerto Norte, y no todos fueron pensados desde una lógica de respuesta ante siniestros.

Si bien muchas construcciones cuentan con escaleras de emergencia, la experiencia demuestra que los problemas aparecen en los accesos y en la operatividad real. Sali Royo recuerda conflictos de años anteriores y menciona propuestas recientes para rediseñar sectores como Puerto Norte, donde la estética y el urbanismo avanzaron más rápido que la posibilidad de ingreso de las unidades de emergencia. "Es muy lindo, pero por ahí no entraban las unidades, los bomberos", resume.

Cuando ocurre un incendio en este tipo de edificios, tanto los zapadores como los voluntarios deben desplegar mangueras por el interior de la estructura, una maniobra que incrementa el riesgo para las víctimas y para los propios bomberos. La limitación de recursos vuelve a aparecer: la Asociación de Bomberos Voluntarios de Rosario cuenta con solo 11 equipos de respiración autónoma para un cuerpo activo de 83 personas. Aunque recientemente se incorporaron seis equipos nuevos, la brecha sigue siendo enorme.

Emergencias del presente y del futuro
El escenario se vuelve aún más complejo frente a nuevas tecnologías. Sali Royo menciona la reciente llegada al país de miles de autos híbridos y eléctricos, y advierte sobre los desafíos que implican este tipo de incendios. La reposición de equipos autónomos, la cantidad de agua necesaria y la emisión de gases hacen que estas emergencias requieran recursos muy superiores a los habituales.

En Rosario, muchos edificios cuentan con dos o tres niveles de subsuelos. La pregunta, señala, es qué ocurrirá el día que se produzca un incendio en uno de esos espacios, especialmente si involucra un vehículo eléctrico. Los equipos de respiración autónoma tienen una duración máxima de entre 30 y 45 minutos. Ese tiempo se consume rápidamente entre el ingreso al subsuelo, el despliegue de mangueras y el inicio del ataque al fuego. "No nos estarían dando los tiempos ni los recursos para poder trabajar en este tipo de situaciones", advierte, dejando constancia de una preocupación que repite en cada ámbito institucional.

El crecimiento de la ciudad no puede detenerse, reconoce, pero la seguridad va detrás. Las alturas, los subsuelos y las nuevas tecnologías avanzan más rápido que las decisiones para equipar a quienes deben responder ante una emergencia. No se trata de una hipótesis lejana. En otros países, recuerda, cuando comenzaron a popularizarse los autos eléctricos, incluso se recomendaba no guardarlos bajo techo por el riesgo de incendio de las baterías. En Buenos Aires, un monopatín eléctrico provocó el siniestro total de un piso completo.

El riesgo ya está planteado y, para Sali Royo, la respuesta sigue siendo la misma: equipar a quienes van a enfrentar esas emergencias. La ciudad muestra sus avances con marketing, celebraciones y proyectos emblemáticos, pero cuando ocurre un incendio, la realidad es mucho más concreta. "Ustedes tienen un edificio con un problema de incendio, tiene que entrar la autobomba ahí. ¿Qué hacen? La tienen que arrancar", concluye, con una frase que condensa la distancia entre la ciudad que se proyecta y la ciudad que, llegado el momento, necesita ser salvada.

La práctica cotidiana obliga muchas veces a improvisar soluciones en contextos adversos. Sali Royo lo explica con ejemplos concretos: en la ciudad, los bomberos deben abrirse paso entre construcciones que crecieron sin prever accesos adecuados, y en los incendios de las islas, no pocas veces la única forma de frenar el avance del fuego es generar un cortafuego con otro fuego controlado. "Con los escasos recursos que contamos, tanto bomberos zapadores como voluntarios de Rosario, realmente podemos decir que hacemos magia", resume.

El diagnóstico no busca instalar una queja permanente. Al contrario, Sali Royo se detiene en marcar un cambio de época. El actual gobierno municipal, afirma, es el que más acompañamiento ha brindado en comparación con gestiones anteriores. Recuerda respuestas que hoy suenan difíciles de explicar: momentos en los que se priorizaba la compra de contenedores de basura antes que destinar fondos al sistema de bomberos. "La realidad es esa", dice sin rodeos.

Hoy, en cambio, existe una apertura al diálogo inédita. Tanto el Ejecutivo como el Concejo Municipal habilitaron algo que nunca había ocurrido: la participación directa de los bomberos en la mesa de Planeamiento para discutir y diseñar ordenanzas vinculadas a la seguridad contra incendios. Para Sali Royo, la presencia de un bombero en ese ámbito no es simbólica, sino técnica y operativa. "Todo bien con el Colegio de Arquitectos o el de Higiene y Seguridad, pero a las dos o tres de la mañana, cuando hay un siniestro, a quienes llaman es a nosotros", señala.

Profesionales bajo el casco
El cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de Rosario refleja esa diversidad. Además de la formación específica como bomberos, muchos de sus integrantes ejercen distintas profesiones. La institución cuenta con un departamento técnico integrado por licenciados en Higiene y Seguridad, arquitectos, ingenieros civiles, biotecnólogos, médicos, enfermeros y abogados. No se trata solo de apagar incendios: se trata de abordar emergencias desde múltiples miradas.

Un episodio reciente lo ejemplifica con claridad. Cuando un joven cayó al río en julio pasado, entre los integrantes de la dotación que acudió al lugar había una psicóloga. Fue ella quien acompañó y contuvo al padre y a la tía del chico desde su rol profesional. “No solamente trabajamos como bomberos —subraya Sali Royo—, dentro de nuestro recurso humano hay profesionales que intervienen desde su propia disciplina”.

Esa misma lógica de compromiso integral se refleja también fuera de las intervenciones de emergencia. En el estudio de Aire Libre Radio Comunitaria, Sali Royo compartió espacio con su compañera, Estefanía Trivisonno, abogada, bombera voluntaria y parte activa del cuerpo, junto a Amadeo, el hijo de ambos. Una escena cotidiana que resume el espíritu de la institución: vocación de servicio, formación profesional y la vida personal entrelazadas bajo un mismo casco.

La casa propia: el gran desafío pendiente
El proyecto de la casa propia, sin embargo, sigue siendo el gran desafío pendiente. El terreno cedido por el municipio en la esquina de Presidente Perón y Suipacha avanza lentamente. Para afrontar ese proceso, la institución buscó apoyo donde sabía que podía encontrarlo. La desarrolladora MSR acompañó desde el primer momento. "No sabemos qué hacer con un terreno, apagamos incendios", reconoce Sali Royo. Por eso golpearon la puerta de la empresa y fueron recibidos por Gabriel Redolfi, quien mostró predisposición inmediata y sostenida en el tiempo.

A partir de ese vínculo se diseñó el proyecto del cuartel, ajustado a las reglamentaciones vigentes y a las necesidades operativas del cuerpo. MSR aportó el saber hacer, el desarrollo y la dirección de obra. Hoy el proyecto ya fue presentado y se encuentra en etapa de habilitación dentro de la gestión municipal. Una vez aprobada esa instancia, el paso siguiente será definir el presupuesto final y salir a buscar los fondos necesarios.

La cifra no es menor. Presupuestado en abril del año pasado, el costo estimado de la obra asciende a 4.500 millones de pesos. La institución tiene claro que deberá salir a reunir ese dinero. Por eso, antes de la votación del presupuesto municipal, presentó un proyecto de ordenanza para que la ciudad asuma parte de la construcción del cuartel. La propuesta es concreta: que se destine un porcentaje de los ingresos municipales, equivalente al 0,05% del total anual.

En términos relativos, explica Sali Royo, se trata de un monto mínimo frente al presupuesto general del municipio. En términos simbólicos y operativos, en cambio, significaría saldar una deuda histórica con una institución que, desde hace casi cinco décadas, sostiene con vocación, profesionalismo y compromiso una tarea esencial para la seguridad de Rosario.

Salir a buscar lo que falta
Sali Royo (foto) es consciente de que los costos se multiplican en todos los frentes y que las demandas exceden largamente a una sola institución. Pero insiste en dejar algo claro: los Bomberos Voluntarios de Rosario no se quedan en la lógica de "salir a juntar plata" sin más. "La idea es involucrar a todas las partes necesarias y también beneficiarias de todo esto", explica, en referencia al municipio, la provincia, el sector privado y la comunidad.

Desde la provincia, asegura, hay señales de acompañamiento. En conversaciones mantenidas con la Secretaría de Protección Civil, la respuesta fue clara: el apoyo está, pero condicionado a que el proyecto del nuevo cuartel obtenga finalmente la habilitación y aprobación formal. Hasta que eso ocurra, todo sigue en el terreno de lo posible. Y el tiempo pasa. Ya se cumple el tercer año desde que el municipio cedió el terreno en Presidente Perón y Suipacha, y todavía no se pudo iniciar la obra.

Mientras tanto, la institución se mueve. Organiza eventos, genera acciones solidarias y busca recursos por todos los medios a su alcance. El año pasado se realizaron distintas actividades para recaudar fondos y ahora se prepara una iniciativa inédita: la primera maratón de los Bomberos Voluntarios de Rosario.

La cita será el 29 de marzo, a partir de las ocho de la mañana, con largada en la intersección de Belgrano y Buenos Aires. Habrá dos recorridos, de 5 y 10 kilómetros, aprovechando el circuito de la Calle Recreativa. La inscripción tiene un valor de 35.000 pesos e incluye la remera oficial del evento. Además, la institución se encuentra en la búsqueda de patrocinadores para ampliar la recaudación.

El objetivo es concreto y urgente: reunir fondos para terminar de pagar el camión hidroelevador. La negociación con el importador permitió establecer una condición clave: alcanzando un tercio del monto total, la unidad puede comenzar a importarse desde Holanda, dejando comprometido un subsidio nacional que aún no fue cobrado. "Confiamos en que dentro de este primer semestre podemos llegar a traerlo", señala Sali Royo, consciente de que se trata de una apuesta fuerte, pero necesaria.

No solo apagar incendios
La visibilidad también forma parte de la estrategia. Los Bomberos Voluntarios de Rosario están presentes en redes sociales —Instagram, Facebook y X— donde comunican a diario las intervenciones que realizan. Pero su trabajo no se limita a la emergencia. Existe un área institucional dedicada a la prevención y la formación, que articula con escuelas, organismos públicos y organizaciones sociales.

Charlas de RCP, demostraciones de equipos y capacitaciones para los más chicos forman parte de ese trabajo silencioso que busca construir conciencia desde temprano. "No es solo que nos vean cuando hay una emergencia", explica Sali Royo. "Los chicos después llevan eso a sus casas, transmiten lo que aprenden y empujan también desde ahí".

La institución también ofrece capacitaciones para empresas a través de su sitio web, BomberosRosario.com.ar. Allí se pueden solicitar cursos de RCP, primer respondiente, materiales peligrosos y rescate en altura, una formación cada vez más demandada desde que la normativa de higiene y seguridad incorporó la obligación de capacitar en rescate vertical en obras y construcciones.

Una institución sostenida por la comunidad
El sostenimiento cotidiano, sin embargo, sigue dependiendo en gran medida del compromiso ciudadano. Por 4.000 pesos mensuales, cualquier vecino puede asociarse a la institución desde la web. El proceso es simple: ingresar, hacer clic en "Ayudanos", completar los datos y definir el monto del aporte. "Invitamos a la gente a que se sume", insiste Sali Royo, como quien sabe que el respaldo social es tan importante como cualquier ley o subsidio.

Casi al final de la charla, el tono se vuelve más cercano. Hay agradecimientos cruzados, puertas abiertas y una idea que queda flotando como síntesis de todo lo dicho. Bomberos Voluntarios de Rosario no es solo un cuartel ni una asociación civil: es una red de personas, profesiones, vocaciones y esfuerzos que, desde hace 47 años, sostiene una tarea esencial para la ciudad. Muchas veces con recursos escasos. Muchas veces haciendo, como dice su jefe del Cuerpo Activo, un poco de magia.

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Bombardeos, petróleo y tutelaje: crónica de una Venezuela intervenida

Bombardeos en la madrugada, un presidente secuestrado, negociaciones opacas y el petróleo en disputa: crónica desde Caracas sobre un país atravesado por la intervención, el miedo y una pregunta que sigue abierta—quién decide el futuro venezolano

El primer sábado de 2026 nos encontró fuera del aire. Señales no salió, pero la realidad sí irrumpió con violencia. Mientras gran parte del mundo guardaba silencio y los socios del poder celebraban, un país poderoso invadía a otro y secuestraba a sus autoridades electas. Así arrancó el año: con guerras que se naturalizan y conflictos que se esconden bajo discursos diplomáticos. La noticia, inquietante y grave, atravesó la madrugada caraqueña con estruendo y obligó a volver sobre Venezuela para intentar comprender lo que estaba ocurriendo puertas adentro.

Cuando lo impensable se vuelve real

Desde Caracas, el periodista Javier Barrios, colega de Radio Fe y Alegría, revive ese momento como un impacto difícil de asimilar. No se trató solo de una crisis política, sino de una experiencia sensorial y emocional inédita para un país que no vive una guerra desde hace casi dos siglos. "Venezuela no vivía algo así desde las guerras independentistas o las guerras civiles", explica, todavía con el peso de lo ocurrido en la voz. Lo que hasta entonces solo existía en el cine —bombardeos, helicópteros sobrevolando la ciudad, drones atacando— se volvió real, tangible, estremecedor.

La madrugada del ataque

Las acciones militares de Estados Unidos se concentraron principalmente en el Fuerte Tiuna, el complejo militar más grande y protegido de Caracas. Allí se focalizó el operativo durante una franja horaria particularmente sensible: entre la 1:50 de la madrugada y las primeras horas del día, cuando la mayoría de la población dormía, aún arrastrando el cansancio y la desorientación posterior a las celebraciones navideñas. Muchos se despertaron sobresaltados. Otros se asomaron a las ventanas intentando comprender qué estaba ocurriendo.

Barrios relata que los testimonios de quienes presenciaron la escena coinciden en el desconcierto y el miedo. En medio de la noche, comenzaron a circular grabaciones realizadas por vecinos, tiktokers y personas que, desde sus teléfonos, registraron lo que veían. Esos videos, difundidos horas después, multiplicaron el impacto. Incluso quienes no estuvieron allí sintieron el golpe emocional al ver las imágenes. "Aunque sea en video, también era impactante", afirma.

Con el correr de los días, siguieron apareciendo materiales audiovisuales que reforzaron la crudeza del episodio. El saldo fue devastador: más de cien víctimas fatales, en su mayoría militares, cuatro civiles muertos, más de cien heridos y múltiples instalaciones destruidas. Para Barrios, hay una certeza compartida: nadie quiere que algo así se repita. "La guerra genera víctimas", dice, con una claridad que no necesita adjetivos.

Personas se llevan pertenencias personales de un edificio dañado, tras los ataques estadounidenses contra Venezuela

Trauma colectivo y búsqueda de soluciones propias

El impacto no fue solo inmediato, sino también psicológico. En una ciudad acostumbrada a otros ruidos, cualquier sonido fuerte se volvió una amenaza. Barrios cuenta que hoy, al escuchar un cohete o un fuego artificial, muchas personas se despiertan sobresaltadas, creyendo que se trata nuevamente de un bombardeo. "Uno se despierta exaltado, pensando: 'Dios mío, ¿será que están bombardeando otra vez?'", relata. Esa sensación de alerta permanente resume el estado emocional de buena parte de la población.

El rechazo a lo ocurrido atraviesa amplios sectores de la sociedad. En los movimientos que apoyan el proceso revolucionario, la condena es explícita, pero incluso en sectores de la oposición, donde algunos inicialmente pudieron haber celebrado, no se consolidó una euforia sostenida. Barrios subraya que el sentimiento es más complejo, matizado, lejos de una celebración plena.

Las encuestas realizadas en años anteriores ya anticipaban ese clima social. De cada diez venezolanos consultados, siete u ocho sostenían que la salida a la crisis debía ser pacífica, democrática, electoral y negociada. El 75 % rechazaba una intervención extranjera, sin importar su origen. Estados Unidos, Rusia o China: la mayoría coincidía en que la solución debía surgir desde adentro, a partir del respeto y del diálogo.

Hoy, ese consenso reaparece con fuerza. Mientras se debate la violación al derecho internacional —una posición compartida por numerosos países—, la discusión se expande y se complejiza. Para Barrios, la situación venezolana no admite lecturas simplistas. No es una disputa entre izquierdas y derechas, ni un conflicto de una sola dimensión. Es geopolítica, sí, pero también es profundamente social. Y esa realidad, insiste, atraviesa cualquier análisis posible.

¿Hecho aislado o proceso en marcha?

Con el paso de los días y la acumulación de información, una pregunta comenzó a tomar cuerpo en el debate público venezolano: ¿lo ocurrido fue un hecho aislado o el desenlace de algo que ya se venía gestando? Javier Barrios responde con cautela, consciente del terreno resbaladizo que se pisa cuando la información circula en torrentes desordenados. "Hay mucha información, y también muchas noticias falsas", advierte. Por eso insiste en la necesidad de un trabajo periodístico casi quirúrgico, basado en la contrastación de fuentes y la verificación minuciosa de datos.

Lo que sí parece claro, según su análisis, es que después del bombardeo se activó un proceso absolutamente inédito. Un mecanismo extraño, poco habitual, que no encaja con los antecedentes históricos de intervenciones estadounidenses en la región ni con experiencias como Panamá o algunos países árabes. Esta vez, el escenario fue distinto.

La propia Delcy Rodríguez —entonces vicepresidenta y hoy presidenta— confirmó públicamente la existencia de conversaciones con Estados Unidos. En esa agenda, llama la atención que el punto de partida haya sido lo económico: coordinación para la inversión petrolera. Recién después aparecieron otros temas. A esto se sumó un gesto político de alto impacto simbólico: la reapertura de la embajada estadounidense en Caracas, cerrada tres años atrás por tensiones diplomáticas. Desde allí comenzó a circular una versión insistente: que la embajada funcionaría como espacio de negociación o de presión para exigir la liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

¿Ese proceso se estaba gestando antes del operativo militar? Barrios es prudente: no hay evidencias concluyentes. Sin embargo, hay un dato que, como periodista, no puede pasar por alto. Lo plantea incluso a riesgo de equivocarse. Cuando Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron trasladados a Estados Unidos, a Nueva York, para enfrentar el inicio del proceso judicial, trascendió rápidamente que contaban con un bufete de abogados de altísimo prestigio y especialización. Un equipo con experiencia no solo en litigios complejos, sino también en negociaciones de alto nivel.

Ese detalle encendió alarmas entre analistas y expertos en el sistema judicial estadounidense. No se trata, explica Barrios, de un bufete que se contrata de un día para el otro. "No es que te secuestraron, te detuvieron, aterrizaste y ya tenías el bufete más prestigioso instalado", resume. Según especialistas consultados, ese tipo de estudios acepta casos solo después de meses de análisis del expediente, acceso a información sensible y una evaluación profunda del impacto que puede tener en su reputación profesional. No es una cuestión de dinero, sino de prestigio.

La sola aceptación del caso sugiere que hubo tiempo previo, planificación y conocimiento anticipado del proceso. Ningún bufete serio toma una defensa de esa magnitud sin haber leído y estudiado el caso en profundidad. Ese dato, insiste Barrios, no prueba nada por sí solo, pero abre una hipótesis inquietante: que lo ocurrido aquel 3 de enero no haya sido del todo casual, sino el resultado de una coordinación previa o de procesos preplanificados que aún no salen completamente a la luz.

Un partidario del gobierno hace un gesto mientras participa en una marcha que pide la liberación del presidente Maduro

Escándalo global y un tablero político fragmentado

Mientras tanto, en el plano internacional, la reacción fue de escándalo. Numerosos países denunciaron la violación del derecho internacional. En Venezuela, esa condena fue compartida por actores vinculados al gobierno, pero también por sectores de la oposición. Y ese dato no es menor en un país donde la oposición no es un bloque homogéneo, sino un mosaico de posiciones, liderazgos y estrategias.

Partidos opositores con representación parlamentaria —alrededor de nueve o diez diputados— se pronunciaron de forma unánime contra la intervención militar. El mismo día de la instalación de la Asamblea, el 5 de enero, rechazaron la acción armada y solicitaron la intervención de la ONU para restituir el derecho internacional vulnerado. Ese discurso se sostuvo en los días posteriores.

En contraste, otro sector opositor, liderado desde el exterior por María Corina Machado y Edmundo González, adoptó una postura ambigua. No celebraron abiertamente la operación, pero tampoco la condenaron. Su argumento giró en torno a la figura de Maduro: sostuvieron que no se trataba solo de un presidente legítimo, sino de una persona con acusaciones por armas, narcotráfico y conspiración, y que, por lo tanto, la acción no podía considerarse una violación del derecho internacional, sino una captura con respaldo judicial.

Sin embargo, en medio de ese tablero fragmentado, una voz introdujo un quiebre inesperado. Ricardo Hausmann, economista venezolano de prestigio internacional, residente en Estados Unidos, asesor de empresas petroleras e instituciones globales, y crítico histórico de los gobiernos de Chávez y Maduro, lanzó una declaración que resonó con fuerza. "Si Donald Trump no facilita una transición política y democrática en Venezuela, tenemos que llamar a oponernos a Donald Trump", afirmó en un reportaje al diario El País.

La frase generó tensión porque no proviene del campo revolucionario. Hausmann, identificado con posiciones de centro derecha, cuestionó abiertamente lo que describió como un tutelaje inaceptable: la idea de que Estados Unidos se arrogue el control del petróleo venezolano, decida qué se extrae, cómo y con quién se negocia, y establezca una relación de obediencia directa con el poder político local. Para él, una cosa es la lucha contra el narcotráfico y otra muy distinta es el respeto a la democracia.

Que esa crítica surja desde una figura influyente de la oposición tradicional añade una nueva capa de complejidad al escenario. Para Barrios, es una señal clara de que la situación venezolana sigue escapando a las categorías simples. No hay líneas rectas ni consensos absolutos. Lo que hay es un país atravesado por tensiones geopolíticas, disputas internas y una pregunta de fondo que sigue abierta: quién decide, y en nombre de qué, el futuro de Venezuela.

Durante el comienzo del juicio ilegal al presidente Maduro, tuvieron que aceptar que el Cartel de los Soles fue un invento

Cuando el vecino decide por vos: intrusión y desconcierto

La presidencia interina de Delcy Rodríguez se observa hoy desde Venezuela con una mezcla de desconcierto, dudas y emociones encontradas. En un país históricamente polarizado, las reacciones no se ordenan de manera simple. Incluso dentro del propio mundo chavista o revolucionario predomina la preocupación. Barrios señala que hay algo que no termina de encajar en el relato político tradicional. "No se entiende", repite, tras conversar con dirigentes y militantes. No estaba en el guion.

La confusión atraviesa una pregunta central: si Venezuela está intervenida o no, si existe o no un tutelaje extranjero. Hace apenas días, recuerda Barrios, el discurso dominante afirmaba que el imperialismo no entraría jamás al país, que no saldría ni una gota de petróleo hacia Estados Unidos. Hoy, en cambio, se habla de inversiones que superarían los 50.000 millones de barriles. Ese giro abrupto no termina de ser procesado, ni siquiera por quienes intentan analizarlo profesionalmente. "Ni nosotros mismos, ni yo mismo como periodista, lo entendemos del todo", admite.

Mientras tanto, el sector revolucionario se moviliza casi a diario. Marchas, actos y comunicados rechazan la intervención extranjera y exigen la liberación de Nicolás Maduro, con un discurso marcadamente antiimperialista. Sin embargo, ese rechazo convive con una sensación de duda profunda. En el campo opositor ocurre algo similar, aunque desde otro lugar: también hay desconcierto y desilusión. El gobierno no cayó, Maduro fue secuestrado, pero el poder político siguió funcionando. Para muchos opositores, eso resulta incomprensible y frustrante.

A esa incomodidad se suma otro elemento: la figura omnipresente de Donald Trump. Barrios recurre a una metáfora doméstica para describir el clima social. Es como si una familia estuviera en su casa y, de pronto, el vecino entrara, se instalara, decidiera qué se come, dónde se duerme y quién manda. "La gente que está adentro no entiende", resume.

Pintada en Cúcuta, Colombia

Petróleo, esperanza y riesgos del extractivismo

En ese escenario, el petróleo volvió al centro del debate nacional. Nuevas leyes, la reactivación de Chevron, la llegada anunciada de empresas extranjeras y la promesa de inversiones multimillonarias reconfiguraron el horizonte económico. La lectura dominante, explica Barrios, es profundamente emocional. Venezuela arrastra desde hace años una crisis política, social y económica que fracturó al país y empujó a millones a la pobreza o a la migración. En ese contexto, la expectativa de ingresos, empleo y salarios dignos actúa como un poderoso motor de esperanza.

Para amplios sectores, la ecuación es directa: más petróleo significa más inversión, más trabajo, mejores salarios y la posibilidad de que los venezolanos que emigraron puedan regresar. Personas que han sobrevivido con ingresos de tres, cinco o doce dólares mensuales imaginan un futuro donde ganar cien dólares ya representa una mejora sustancial. Esa expectativa genera entusiasmo y, muchas veces, suspende otras preguntas. No se discute de dónde viene el dinero ni bajo qué condiciones, sino la posibilidad inmediata de vivir mejor.

Pero no todos miran el proceso con el mismo optimismo. Hay sectores que advierten sobre los costos ocultos. Preocupa el aumento del extractivismo petrolero, la explotación de minerales estratégicos y tierras raras, y el impacto ambiental que tendría multiplicar la producción de crudo hasta niveles de tres o seis millones de barriles diarios. El beneficio económico, reconocen, puede ser enorme, pero también el daño ecológico. A eso se suma la inquietud por el tutelaje político y la pérdida de soberanía.

Un hombre sostiene un cartel que dice "Fuera Yanquis", mientras los manifestantes se reúnen frente a la embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México

Soberanía en juego: elecciones, economía y geopolítica

Para Barrios, lo que está verdaderamente en juego es algo más profundo: la capacidad del pueblo venezolano de decidir. Consulta popular, elecciones, mecanismos vinculantes. Que sea la sociedad la que diga si está o no de acuerdo con el rumbo que se está tomando. El intervencionismo y el tutelaje, insiste, siguen siendo valores que generan rechazo en una parte significativa de la población.

También hay llamados a frenar la euforia económica. Algunos se preguntan si el remedio no terminará siendo peor que la enfermedad. En ese marco, Barrios introduce una lectura geopolítica inevitable. Estados Unidos, sostiene, no actúa solo por Venezuela, sino por la necesidad de frenar la influencia de Rusia, China e Irán en América Latina. Venezuela y Cuba ocupan un lugar estratégico en la disputa por el nuevo orden global que intentan gestar.

Esa disputa no tendría consecuencias solo para Venezuela, sino para toda la región. En los debates públicos ya circula incluso la idea de que Venezuela podría convertirse en el "Estado 51" de Estados Unidos. Aunque legalmente esa hipótesis sea inviable, el solo hecho de que se discuta revela el clima de época. Frente a eso, comienzan a escucharse voces de resistencia, incluso desde sectores de derecha moderada, que advierten que ese no es el camino.

Entre la censura y la plaza pública: el periodismo como garante de democracia

Sostiene Barrios que la salida pasa por una definición soberana. Venezuela puede tener relaciones con Estados Unidos, con Rusia, con China o con quien decida, pero deben ser vínculos respetuosos de la autodeterminación, del ambiente y de las decisiones colectivas. Ese debate, subraya, no puede limitarse al ámbito nacional: involucra a toda América Latina. Le preocupa, de hecho, la ausencia de una discusión profunda y plural sobre estos temas, más allá de las posiciones a favor o en contra del gobierno de Maduro.

El pueblo venezolano ya expresó, recuerda, una opinión electoral el 28 de julio de 2024, discutida y controvertida, pero las encuestas mostraban con claridad que cerca del 80 % quería cambios. No solo un cambio de gobierno, sino cambios en el propio gobierno: más apertura, más democracia, mejor gestión económica, menos confrontación. Eso no ocurrió. Por eso, insiste Barrios, la clave sigue siendo que la sociedad pueda expresarse libremente y decidir su futuro.

Desde su lugar de periodista, su preocupación es otra capa del problema. Le inquieta que muchos de estos debates no puedan darse plenamente dentro de Venezuela. La falta de información clara alimenta la especulación. El periodismo, sostiene, necesita datos, discusión, voces diversas. Necesita que la comunicación funcione como una plaza pública donde se debatan la soberanía, la autodeterminación, los derechos humanos y la calidad democrática.

La preocupación no es abstracta. Hay periodistas detenidos, restricciones al ejercicio profesional y un espacio de libertad de expresión limitado. Buena parte del análisis crítico se produce desde fuera del país. En este contexto, Barrios cree que el periodismo tiene una responsabilidad mayor que nunca: ser preciso, riguroso, ayudar a la población a comprender lo que ocurre y no ponerse al servicio de ninguna narrativa de poder.

"No podemos estar al servicio de Trump, ni de sectores opositores enojados, ni del poder de turno", sostiene. El periodismo, para él, solo puede responder a la verdad, incluso cuando incomoda o duele. Lo que más le preocupa es que esa vocación se esté debilitando justo cuando más se la necesita.

La preocupación tiene respaldo en los hechos. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa exigió, en un comunicado reciente, la liberación inmediata de 23 periodistas y trabajadores de la comunicación que permanecen privados de libertad de manera injusta y arbitraria, como consecuencia directa de su labor informativa o del ejercicio legítimo de su derecho a expresarse. La detención de periodistas —advierte el sindicato— no es un hecho aislado, sino una grave violación a la libertad de prensa y una práctica orientada a intimidar, silenciar y fomentar la autocensura, en detrimento del derecho colectivo de la sociedad a estar informada.

A este escenario se suma el bloqueo de más de 60 medios de comunicación en internet, una forma de censura estructural que reduce el pluralismo informativo y limita deliberadamente el acceso de la ciudadanía a diversas fuentes. El uso de mecanismos tecnológicos y administrativos para impedir el funcionamiento de medios constituye censura previa, prohibida por la Constitución venezolana y contraria a los estándares internacionales de derechos humanos.

Bio: Javier Barrios es un destacado periodista, locutor y activista de derechos humanos venezolano, reconocido por su labor en la promoción de la paz. 

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Se escuchó en Señales: "¿Son ustedes conscientes de que cuando Trump dijo que Corina Machado no podía presidir Venezuela literalmente porque provocaba rechazo de su pueblo, Directamente, Estados Unidos reconocía que era mentira que Corina Machado y compañía habían ganado las elecciones en Venezuela por un setenta por ciento. ¿Son ustedes conscientes de eso?", Gabriel Rufián, diputado de Esquerra Republicana de Catalunya

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