domingo, 7 de diciembre de 2025

Terminal Marítima Escobar: un megaproyecto que amenaza el delta del Paraná

En el corazón del Delta del Paraná, un proyecto de puertos y viaductos amenaza humedales, comunidades ribereñas y el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos. Viviana Rebasa, referente ambiental de la Red del Río Luján, explicó en las Señales el detalle los riesgos y las irregularidades detrás de la Terminal Marítima Escobar
Viviana Rebasa camina con firmeza por el territorio que ha defendido durante años. Activista socioambiental e integrante histórica de la Red del Río Luján y de la Asociación Ambientalista del Partido de Escobar, conoce cada isla, cada brazo del río, cada recodo del Delta del Paraná. Hoy, su voz se alza contra uno de los megaproyectos más controvertidos de la región: la Terminal Marítima Escobar. Se trata de la construcción de dos puertos y un viaducto de 18 kilómetros sobre humedales clave, en un corredor ya saturado de actividades de alto riesgo ambiental, incluido un puerto regasificador de GNL.

A pesar de las denuncias de organizaciones, especialistas y vecinos sobre "irregularidades en la evaluación ambiental, ausencia de participación pública, subestimación de impactos y profundización del extractivismo", el proyecto avanza con el respaldo político del municipio y de la provincia, además de contar con la aprobación de Nación. Desde fines de 2024, ambas jurisdicciones anunciaron públicamente el proyecto, un raro consenso político que, como señala Rebasa, refleja "la incidencia profunda de estas cuestiones estructurales del país, donde los intereses se alinean más allá de los partidos".

El megaproyecto en detalle
Viviana explica que el proyecto no se limita a la construcción de puertos. Está diseñado como un mega-nodo logístico, con un puerto cerealero, un puerto multipropósito y la proyección de un viaducto terrestre de 18 kilómetros, pensado para el tránsito constante de camiones sobre islas del delta. "Las islas son extremadamente frágiles, con una importancia ambiental vital. La planificación de estas vías de acceso no considera los impactos sobre el agua, la biodiversidad ni los ecosistemas circundantes", advierte.

Además, el proyecto contempla extender la traza del ferrocarril Mitre hasta los muelles de ambos puertos, y consolidar la presencia del puerto regasificador ya instalado entre los dos. Este puerto, altamente peligroso por la operación ship-to-ship de GNL, almacenaría grandes cantidades de gas natural licuado. Según Rebasa, la intención es que el puerto sirva para "abastecer a la megaminería y actuar como centro de acopio de materias primas", especialmente litio, destinado a la exportación. También está previsto "extraer arena de fractura hidráulica desde Entre Ríos para Vaca Muerta", integrando esta terminal a un esquema nacional de transporte de recursos estratégicos.

Alcance ambiental y social
La magnitud del proyecto, insiste Rebasa, es inédita en la región. No solo se trata de Escobar: los impactos potenciales se extienden a toda la hidrovía del Paraná, el río de la Plata y áreas protegidas cercanas, incluido el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, un Sitio Ramsar de relevancia internacional. La profundización del dragado, necesaria para que los buques Panamax y otros de mayor calado puedan operar, requiere remover contaminantes acumulados en el fondo del río, incluidos agroquímicos y metales pesados, que podrían afectar la potabilidad del agua y los ecosistemas fluviales. Los estudios ambientales que acompañan al proyecto no detallan cómo se manejarán estos riesgos, ni consideran que los efectos no se limitarán a Escobar, sino que afectarán aguas arriba y aguas abajo, impactando Santa Fe, Entre Ríos y el tramo final del Paraná.

Impactos sobre la biodiversidad
La afectación a la biodiversidad también es crítica. Aunque los puertos no se construirán dentro del Parque Nacional, la proximidad al área de amortiguación compromete la conservación de especies emblemáticas como el Ciervo de los Pantanos, que depende de ríos con características naturales intactas. La construcción de terraplenes para el ferrocarril alterará el escurrimiento natural de los humedales y reducirá hábitats fundamentales. Rebasa subraya que los estudios oficiales omiten estas proyecciones, un déficit grave frente a las normas de protección ambiental y los compromisos internacionales asumidos por Argentina.

Operaciones estratégicas y extractivas
El proyecto además plantea la instalación de tanques de GNL y acopio de materiales de la megaminería, elementos que no fueron transparentados en la documentación oficial ni en las consultas públicas previas. Según la activista, esto contraviene el "Acuerdo de Escazú", que garantiza la participación ciudadana desde los inicios de los proyectos de alto impacto ambiental. Las audiencias actuales, afirma, "son irregulares, nulas de contenido, y buscan legitimar decisiones que ya están tomadas detrás de la ciudadanía".

En paralelo, la consulta pública lanzada por el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires para el Puerto Multipropósito ofrece a la ciudadanía la oportunidad de manifestarse, aunque la información oficial es limitada. Rebasa y su equipo han elaborado un documento con argumentos técnicos y legales, en colaboración con la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, que sirve como guía para presentar observaciones. Este material detalla 22 aspectos críticos del proyecto, desde la infraestructura proyectada hasta los impactos sobre especies y ecosistemas, y está disponible en las redes sociales de "Escobar Defiende su Río".

La participación ciudadana como herramienta
Cualquier ciudadano con DNI argentino puede participar. En la página del gobierno de la provincia de Buenos Aires se encuentra el formulario de consulta, dónde se debe subir una foto de su documento y enviar observaciones por escrito hasta la fecha límite, en este caso el 9 de diciembre a las 23:59. Viviana enfatiza que la participación no es un formalismo: es una herramienta legal y social para proteger el ambiente, obligando al Estado y a los inversionistas a considerar los riesgos reales. "Cada observación, cada fundamento técnico que la ciudadanía aporte, fortalece la defensa del río, de los humedales y de la vida de las comunidades ribereñas. No es un impacto local: es un impacto interjurisdiccional, que afecta la hidrovía, las cuencas y áreas protegidas", señala.

Impactos sobre la biodiversidad y áreas protegidas
La Terminal Marítima Escobar tendrá efectos directos sobre el agua y la hidrovía. Para que los puertos sean viables, será necesario un dragado extensivo, que no se limita a las hectáreas inmediatas de los puertos, sino que afectará toda la hidrovía hasta la desembocadura del río de la Plata, removiendo sedimentos contaminados y alterando las características hidrológicas del río. Este dragado tendrá consecuencias sobre la potabilidad del agua, la fauna acuática y la navegación, y plantea serios riesgos legales ante la falta de evaluación completa de impactos.

Proximidad al Parque Nacional Ciervo de los Pantanos
A esto se suma la cercanía del proyecto al Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, donde la construcción de terraplenes y muelles afectará la movilidad del ciervo emblemático, reducirá la superficie disponible para su hábitat y modificará la dinámica natural del río, comprometiendo la conservación de especies y la integridad del ecosistema. Los humedales, además, cumplen un rol esencial en la regulación hídrica y la preservación de la biodiversidad, por lo que cualquier alteración tiene efectos multiplicadores sobre la región.

Falta de transparencia y coordinación
Viviana subraya que la información parcial y la omisión de impactos interjurisdiccionales desvirtúan cualquier consulta pública. La falta de coordinación con otras provincias y organismos nacionales, la no consideración del Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS) para un desarrollo sostenible del delta, y la escasa difusión en medios de alcance nacional, son señales de que el proyecto se desarrolla al margen de la transparencia necesaria. La participación ciudadana, insiste, es la herramienta que permite exigir audiencias públicas completas, información técnica precisa y evaluaciones ambientales integrales, de manera que los impactos puedan ser comprendidos y gestionados correctamente.

Una lucha por el futuro del Delta
La Terminal Marítima Escobar, concluye Rebasa, no es un proyecto menor ni aislado: se trata de un megaproyecto que combina logística portuaria, transporte terrestre y ferroviario, almacenamiento de GNL y acopio de recursos estratégicos, con impactos potenciales sobre humedales, ríos, áreas protegidas y comunidades ribereñas. La densidad de los estudios, la magnitud de la infraestructura y la ausencia de participación efectiva hacen que la región esté en riesgo, mientras la ciudadanía tiene en sus manos la posibilidad de intervenir, exigir legalidad y proteger el Delta del Paraná.

A lo largo de los años, Viviana Rebasa ha trabajado para controlar proyectos de alto impacto, garantizando que la voz de las comunidades y la protección del ambiente no sean ignoradas. En este caso, su labor se centra en visibilizar todos los riesgos, desde la profundización del río y los contaminantes hasta los efectos sobre especies emblemáticas y el funcionamiento de los humedales. La Terminal Marítima Escobar representa un desafío concreto: equilibrar los intereses económicos con la preservación de ecosistemas frágiles y esenciales para la vida, tarea que requiere transparencia, información y participación ciudadana efectiva desde el inicio.

Un megaproyecto que trasciende Escobar
El proyecto ha reunido atención mediática, pero todavía queda por esclarecer la totalidad de sus impactos y la legalidad de los procesos de aprobación. Viviana y su equipo invitan a la ciudadanía a informarse, participar y presentar sus observaciones, recordando que la defensa del río y del Delta no es solo un tema local: es un asunto de interés nacional e interjurisdiccional, que involucra la vida de millones de personas y la preservación de ecosistemas fundamentales.

En Escobar, el futuro del Delta está en debate. La Terminal Marítima Escobar es más que un puerto: es un símbolo de cómo se enfrenta la tensión entre desarrollo económico, conservación ambiental y derechos ciudadanos. La voz de quienes conocen el territorio, como Viviana Rebasa, se convierte en una guía esencial para entender lo que está en juego y para que la sociedad participe activamente en la decisión sobre el uso de un recurso vital como es el Delta del Paraná.

Escuchá la entrevista completa: 

sábado, 6 de diciembre de 2025

San Jorge, el proyecto que amenaza el agua de Mendoza: ciencia censurada, represión, negocios opacos y un pueblo que vuelve a levantarse

En plena discusión legislativa y con un gobierno decidido a aprobarlo a contrarreloj, el proyecto megaminero San Jorge reabrió viejas heridas en Mendoza. Marcelo Giraud, geógrafo, docente e integrante histórico de la Asamblea Popular por el Agua, advierte sobre el impacto ambiental, la manipulación institucional, la presión sobre la ciencia, el rol de los medios hegemónicos y el regreso de la violencia policial. Una crónica para entender qué está realmente en juego.

En Mendoza, la discusión por el agua —ese recurso que sostiene la vida en una provincia desértica— se convirtió en un pulso social que vuelve cada cierto tiempo como un terremoto político. Esta semana, el Senado provincial tratará nuevamente el proyecto megaminero San Jorge, que pretende extraer cobre, oro y plata en Uspallata, dentro de la cuenca del río Mendoza. Allí se juega la salud del principal río de la provincia y, con él, el abastecimiento de tres de cada cuatro mendocinos. La votación no es una más: llegó envuelta en presiones políticas, informes científicos objetados, documentos oficiales alterados y un trámite legislativo acelerado.

En este clima crítico emerge la voz de Marcelo Giraud, geógrafo de la Universidad Nacional de Cuyo, docente, investigador y miembro desde hace quince años de la Asamblea Popular por el Agua. Su participación constante en audiencias, debates y procesos legislativos lo convirtió en una referencia indispensable para comprender el conflicto minero en Mendoza.
Un proyecto que vuelve por la ventana
Giraud recuerda que San Jorge es un emprendimiento de minería a cielo abierto ubicado en el norte del Valle de Uspallata, emplazado casi por completo dentro de la cuenca del río Mendoza. "Aguas abajo vivimos más de un millón y medio de personas", subraya, recordando que esa cuenca abastece no sólo al oasis norte, sino también al área conectada superficial y subterráneamente con el río Tunuyán inferior.

No es la primera vez que la historia se repite. El procedimiento original comenzó en 2008 y, luego de tres años de debates y una resistencia social creciente, la Legislatura lo rechazó en 2011. "Lo paradójico —subraya— es que quienes hoy impulsan el proyecto lo rechazaron en aquel momento: Alfredo Cornejo y Luis Petri entre ellos." Para Giraud, lo que vuelve ahora es apenas "un refrito" del proyecto anterior: cambios menores, sin mayores garantías y, en puntos clave, con "información incluso peor que la de hace quince años".

La actual Declaración de Impacto Ambiental aprobada por el Ejecutivo es, afirma, "más laxa" que la emitida en 2011. Por eso, el paso por la Legislatura —exigido por la Ley 7722— es determinante. Diputados ya dio media sanción; el Senado define el destino.
Informe científico, presión política y censura
En el centro del conflicto institucional aparece el episodio Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). El Centro Científico Tecnológico (CCT) CONICET Mendoza tenía una representante en la Comisión Evaluadora que, según Giraud, "firmó un acta final sin consenso de la comunidad científica" y en contradicción con informes sectoriales de especialistas de la propia institución.

Con preocupación, un grupo de científicos elaboró un informe extenso que detallaba "incertidumbres enormes" y "deficiencias graves" del proyecto. El documento, respaldado institucionalmente, fue publicado en la web del CONICET.

La reacción política no tardó: según Giraud, fue la vicegobernadora —que también preside el Senado— quien llamó a autoridades nacionales y promovió una reunión "sumamente ríspida", en la que habrían mediado insultos y amenazas. Horas después, el informe fue dado de baja y reemplazado por otro mucho más liviano. Las organizaciones socioambientales y la Asamblea de Trabajadores del CONICET lo denunciaron como un acto de censura científica.
Cómo opera el gobierno: audiencias, datos falsos y estigmatización
Desde enero, afirma Giraud, el gobierno "cumplió con las formas, pero no con el fondo" del proceso de evaluación ambiental. Recuerda que la audiencia pública fue convocada "dentro de una estancia privada de la empresa, en pleno invierno, a 2.600 metros de altura y lejos de Uspallata". Aunque hubo conexión virtual, la logística fue un obstáculo evidente para la participación.

Denuncia que altos funcionarios repitieron datos de empleo difundidos por la empresa que "no coinciden en absoluto" con el expediente oficial. Ejemplifica con una frase de la ministra que aseguró que el lugar de la audiencia estaba a 15 minutos de Uspallata, cuando en realidad son 42 kilómetros de camino de montaña.

Y está la estigmatización. La vicegobernadora llegó a afirmar que quienes se oponen al proyecto son "cuatro trastornados que no han leído nada". Para Giraud, el gobierno actuó "más como agente publicitario de la empresa que como organismo de control".
 
La batalla por la licencia social
La licencia social es hoy una de las disputas centrales. El gobierno interpreta que el 53% obtenido por su alianza en la elección nacional equivale a un apoyo al proyecto. Giraud lo considera "un absurdo". En Uspallata —zona más afectada— esa fuerza obtuvo apenas el 40% de los votos emitidos, que representan el 27% del padrón. "El 70% de la comunidad sigue oponiéndose, como en 2010 y 2011", asegura.

Mientras tanto, la oposición crece: peregrinaciones desde el Valle de Uco, el sur, Lavalle; caminatas con la imagen de la Virgen en el Día de la Inmaculada; y una masiva concentración esperada para el día de la votación. En redes sociales, el rechazo "atraviesa edades, clases y simpatías políticas". Para Giraud, se acerca un clima similar al de diciembre de 2019, cuando el gobierno tuvo que dar marcha atrás ante un estallido social.

Las comunidades originarias también entran en escena: los pueblos huarpes niegan haber otorgado el consentimiento libre, previo e informado que exige el Convenio 169 de la OIT. Denuncian afectación de su territorio, cultura y espiritualidad, y aseguran que el proceso de consulta gubernamental "no fue ni libre, ni previo, ni adecuadamente informado".
Economía, regalías y el mito del millón de empleos
En el terreno económico, Giraud desarma el discurso oficial. Dice que es falso que la minería pueda generar "un millón de puestos de trabajo", cuando actualmente la minería metalífera emplea sólo a 11.000 trabajadores en todo el país, más de la mitad en Santa Cruz.

También señala que, junto con San Jorge, la Legislatura tratará una nueva ley de regalías mineras directamente alineada con el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) impulsado por el gobierno de Javier Milei: fija un techo del 5% y abre la puerta a fuertes reducciones y exenciones. "Una ley hecha a medida de las mineras", dice, que garantiza seguridad jurídica a las empresas pero deja a Mendoza en la incertidumbre de si terminará percibiendo apenas "0%, 2% o 3%".

Sobre el empleo indirecto, afirma que se trata de "una de las grandes mentiras" del sector, ya que gran parte se genera en los países donde se fabrican los bienes de capital.
 
El riesgo real: la contaminación del acuífero de Uspallata
Aunque el proyecto no secaría el oasis productivo, el riesgo mayor es "la contaminación del acuífero de Uspallata". La empresa sostiene que el área pertenece a la cuenca endorreica de Yalguaraz, sin conexión con el río Mendoza. Pero, según Giraud, toda la evidencia científica indica lo contrario: hay comunicación subterránea. Y tres escombreras y la planta de tratamiento están directamente en la cuenca del Mendoza.

La consecuencia sería grave: agua contaminada con metales pesados o sustancias químicas llegar al río y al oasis productivo. "Está en riesgo el agua de nuestras canillas, y también la calidad de la producción agrícola y agroindustrial", advierte. Y alerta que la aprobación de San Jorge abriría la puerta a "una ola de nuevos proyectos" que modificarían profundamente el modelo de provincia.
La calle como escenario y la sombra de la represión
Las movilizaciones recientes conviven con un recuerdo que aún duele: la represión del 23 de octubre. Para Giraud, lo sucedido ese día fue "gravísimo, nunca visto en democracia". Identifica al comisario Mario Riili —entonces a cargo del operativo, vestido de civil— como quien inició la violencia contra la movilización. Hubo detenciones violentas, torturas, malos tratos físicos y personas ingresadas por la fuerza dentro de la Legislatura, transformada en un "centro de detención temporario".

Para el próximo martes, el gobierno anunció un fuerte vallado en la zona legislativa. Giraud pide que no se repita la violencia y destaca que la protesta reciente fue masiva, intergeneracional y totalmente pacífica. Confía en que la magnitud de la movilización será un factor disuasivo.

Quiénes están detrás de San Jorge y qué papel juegan los medios
La empresa que impulsa el proyecto también mutó con los años. Aquel San Jorge original, de capitales canadienses, pertenecía a una empresa junior que buscaba aprobar ambientalmente el proyecto para venderlo. En 2014 pasó a manos rusas bajo un propietario estonio, la familia Bronstein. Tras la guerra en Ucrania, la operación se desplazó a Suiza bajo el paraguas de Solway Investment Group, firma con "un pésimo historial internacional", según Giraud. Hoy, la cara visible es Zonda Metals GmBH de Suiza, que actúa como pantalla local, y que se asoció con Alberdi Energy: 70% Solway (vía Zonda), 30% Alberdi.

El poder mediático también es parte del mapa. Giraud denuncia un "cuasi bloqueo informativo" por parte de los medios hegemónicos de la provincia, especialmente los del grupo Vila-Manzano, aunque no únicamente ellos. Según explica, esos conglomerados reproducen "un discurso único que repite las mentiras del gobierno y de la empresa", invisibilizando la resistencia y silenciando datos críticos. Recuerda que estos grupos tienen intereses propios en áreas mineras y petroleras de la provincia, lo que explica su alineación con el discurso pro-extractivista. Las voces críticas, en cambio, encuentran su espacio en medios comunitarios, universitarios y plataformas alternativas.
Las comunidades huarpes niegan el consentimiento a la minera San Jorge
Las comunidades huarpes de Uspallata y de la Cuenca del Río Mendoza presentaron el resultado del procedimiento de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) respecto del proyecto "PSJ Cobre Mendocino", en cumplimiento del Convenio 169 de la OIT y el art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional. El pronunciamiento fue negativo.

En un comunicado, destacaron que el CLPI "no es una concesión del Estado sino un derecho preexistente", pero señalaron que el proceso llevado adelante por la empresa y el Gobierno provincial no cumplió con los requisitos básicos: no fue libre, no fue previo y no fue adecuadamente informado.

Un procedimiento sin garantías
Las comunidades afirmaron que el proceso no fue libre, porque la empresa intentó persuadirlas con supuestos beneficios económicos y la autoridad apuró plazos, ignorando fechas acordadas. Tampoco fue previo, ya que se inició 17 años después de que la minera ingresara al territorio, cuando el Estudio de Impacto Ambiental ya estaba avanzado y la Declaración de Impacto Ambiental había sido enviada para ratificación legislativa.

Además, aseguran que no fue informado, porque sólo recibieron un resumen escueto del informe ambiental, sin datos esenciales y con grandes dificultades para acceder por sus propios medios a información pública. A pesar de múltiples consultas escritas, las dudas tampoco fueron resueltas en la asamblea realizada en Guaytamari ni durante la visita al sitio.

En esa recorrida constataron que el área posee cualidades ambientales y patrimoniales excepcionales, con valores universales que —sostienen— ameritan conservación y no una explotación a gran escala.

Patrimonio cultural y riesgo para el Qhapaq Ñan
Las comunidades denunciaron que el proyecto es incompatible con el Itinerario Cultural del Qhapaq Ñan, patrimonio de la humanidad. Aseguran que la explotación afectaría de manera significativa la cuenca visual del Camino Ancestral Andino, alterando un paisaje sagrado para los pueblos originarios y poniendo en riesgo su categorización UNESCO.
El paisaje prístino, señalan, constituye un patrimonio intangible vinculado a su cosmovisión y espiritualidad.

Agua, cuenca y sustancias tóxicas
Rechazaron el relato gubernamental-empresarial que afirma que el proyecto se ubica en una cuenca aislada sin conexión con el Río Mendoza. Citan el informe del hidrogeólogo José María Cortés (UBA-CONICET), que demuestra que no existen barreras para el escurrimiento superficial o subterráneo hacia Uspallata y el río. Desde el cerro San Jorge, describen, es visible el valle y sus líneas de escurrimiento descendentes.

También cuestionaron la presunta inocuidad de las sustancias químicas a emplear y la minimización del drenaje ácido, la generación de material particulado y la liberación de tóxicos al aire, agua y suelo, advertidos por múltiples informes científicos. La línea de base ambiental, agregan, es incompleta: no hay inventarios de flora y fauna, estudios de biodiversidad, fitosociología, ecología, ni relevamientos del uso ancestral de las especies nativas.

Tampoco existe monitoreo continuo del Arroyo del Tigre, por lo cual —afirman— es imposible determinar si habrá disponibilidad suficiente de agua y de dónde se obtendría en caso de déficit.

Fauna protegida y violación de leyes ambientales
Las comunidades sostienen que el proyecto viola la Ley Provincial 6599 de Monumentos Naturales, porque en la zona habitan especies protegidas como el guanaco, el choique, el cóndor y el gato andino (incluido en la ampliación de la norma). La protección alcanza también a los hábitats, en los que —según la Ley 6045— no se permite actividad humana alguna.

Además, no está determinado el impacto en la biomasa, el sumidero de carbono, el banco de germoplasma ni la sensibilidad de las especies, especialmente la fauna nativa que utiliza el área como hábitat.

Impacto social y "zona de sacrificio"
Señalan que ni la empresa ni el Gobierno describen la crisis social que vive Uspallata desde hace 17 años por la imposición del proyecto. Denuncian que el Ejecutivo intenta mostrar la zona como vulnerable, pese a ser uno de los asentamientos con mayor inmigración de Mendoza, y que omite los potenciales impactos: aumento de delincuencia, trata, juego, prostitución y narcotráfico, dinámicas asociadas a las llamadas "zonas de sacrificio".

Coerción, censura y causas armadas
Las comunidades afirman que, durante el CLPI y el proceso de evaluación ambiental, se configuró una fusión de roles entre empresa y Gobierno, actuando como una unidad ejecutora del proyecto. Acusan a ambos de invalidar informes técnicos contrarios, ejercer coerción, perseguir voces disidentes y recurrir a la censura, la represión y detenciones arbitrarias, con causas inventadas para disciplinar a la comunidad y forzar la aceptación del proyecto.

Por todo lo expuesto, el consentimiento indígena al proyecto es categóricamente negativo. Solicitan a las autoridades rechazar el emprendimiento y aprobar la creación del Área Natural Protegida Uspallata–Polvaredas (expediente 65858-2014-D).

Advierten que desconocer su consentimiento —de carácter vinculante— implicaría la nulidad del proceso aprobatorio, y anticipan que recurrirán a todas las instancias administrativas, judiciales y especialmente internacionales para resguardar sus derechos.

Finalmente, reclaman al Gobierno la convocatoria a todas las comunidades originarias de Mendoza para elaborar, en conjunto, un nuevo protocolo de CLPI que reemplace al aprobado por Resolución 130, dictado sin participación indígena.

Firmado por las comunidades huarpes Guaytamari, Llahue Xumec y otras comunidades de pueblos originarios de la Cuenca del Río Mendoza, Uspallata, 6 de noviembre de 2025.

Zonda Metals: origen, estructura y vínculos
Zonda Metals fue inscripta originalmente en Suiza y en noviembre del año pasado se registró como sociedad extranjera en Argentina con domicilio legal en Mendoza. El trámite, oficializado en el Boletín Oficial provincial, habilita a la firma a operar como accionista, realizar fusiones y adquirir empresas. La registración se conoció pocos días después de la Cumbre de Minería Sostenible, y fue celebrada por el gobernador Alfredo Cornejo.

La empresa no posee sitio web oficial; su único rastro público aparece en portales de datos corporativos, donde figura como comercializadora mayorista de metales y minerales. Allí se consigna que su directora general es Olga Nikolaeva, de origen ucraniano y nacionalidad luxemburguesa.

Según una investigación de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, detrás de Zonda Metals continúa operando Solway, holding con sede en Malta y ramificaciones en paraísos fiscales. Señalan que la rápida aparición de la empresa, la desaparición de Minera San Jorge de los registros públicos del holding y una intensa campaña mediática con datos sin respaldo alimentan nuevas dudas.

Citan portales financieros que ubican a Nikolaeva como integrante del directorio de Solway y accionista de Minera San Jorge. Mencionan que Solway aparece en los Paradise Papers, vinculada a maniobras financieras de empresas offshore.

Grupo Alberdi: el socio local
El otro actor clave es el Grupo Alberdi, propietario de Cerámica Alberdi, Gigot y Alberdi Energy. Esta última desarrolla parques solares en Jujuy, produce equipos para el sector petrolero y gasífero, y participa en exploración y extracción de litio.

A través de su subsidiaria Huincul, impulsa el Proyecto Cerro Amarillo en Malargüe, para extraer cobre, oro, molibdeno y plata. Controla un paquete minero de 63.000 hectáreas, de las cuales 14.000 corresponden a ese yacimiento. Tras adquirir el proyecto en 2023, inició inversiones y busca asociarse con capitales extranjeros para beneficiarse del RIGI.

Cerámica Alberdi acumula además denuncias de vecinos desde hace más de una década por contaminación y afecciones respiratorias, alérgicas y oculares en zonas cercanas a sus canteras.
Agenda de actividades rumbo al martes decisivo
En Mendoza, la resistencia se organiza en todo el territorio. En el centro del conflicto está el agua, y alrededor del agua una discusión que ya excede al proyecto San Jorge: interpela a la ciencia, las instituciones, los territorios, las comunidades, la democracia y el modelo productivo de la provincia. Estas son las actividades previstas en la provincia en los días previos a la votación legislativa:
Domingo 7 de diciembre
Uspallata – 17 h
Conversatorio con Guillermo Folgueras: "Extractivismo y resistencias en los territorios".
Feria Autogestiva Paseo del Valle.

Godoy Cruz – 17 h
Ruidazo en la plaza principal.

Tunuyán
AcampArt: acampe y festival artístico por el agua en el Puente del Río.

Potrerillos – 14 a 16 h
Mesa informativa y serigrafía.

Ciudad – 19 h
Bicicleteada por el Agua en el Parque San Martín.

San Martín – 19:30 h
Artistazo por el Agua en el Museo Las Bóvedas.

General Alvear – 20 h
Concentración en Km 0 y marcha de antorchas.

Lunes 8 de diciembre
San Carlos – 6 h
Inicio de la caminata hacia la ciudad de Mendoza.

Uspallata – 8 h
Salida de la caminata hacia Mendoza.

Tunuyán – 9 h
Salida de la caminata hacia Mendoza.
AcampArt continúa en el Puente del Río.

Ciudad – desde la tarde
DesVelada en Plaza Independencia.

Potrerillos – 18 h
Ruidazo y recibimiento de la columna de Uspallata.
La caminata continúa hacia Mendoza a las 21 h.

Zona Oeste – 21 h
Caravanazo y caminata.

Luján de Cuyo – 21 h
Recibimiento de la caravana del sur en Azcuénaga y Acceso Sur.

General Alvear – 20 h
Velada cultural por el Agua en el Paseo de los Artesanos.
Martes 9 de diciembre: día de la votación
Luján de Cuyo – 6 h
Encuentro de la caravana de Uspallata con la del Valle de Uco en Azcuénaga y Acceso Sur.

San Rafael – 6 h
Inicio del caravanazo desde la Rotonda del Cristo.

Lavalle – 7:30 h
Caravanazo, concentración en la plaza departamental.

Guaymallén – 8 h
Encuentro en El Cóndor.

Zona Este – 8:30 h
Caravanazo rumbo a la Legislatura.

Ciudad de Mendoza – 9:30 h
Concentración frente a la Legislatura.

Ciudad – 19 h
Ruidazo en Km 0.
Fotos: Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, Mendoza Renovable, Greenpeace

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viernes, 5 de diciembre de 2025

Quemas en el Delta: la Corte obliga a Nación, provincias y a Rosario a cumplir el plan ambiental

Después de años de humo sobre la ciudad, de expedientes que avanzaron a paso lento y de una pelea sostenida por organizaciones socioambientales y el propio municipio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo que marca un hito en la disputa por los humedales del Delta. El máximo tribunal condenó al Estado Nacional, a las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, y a los municipios de Rosario y Victoria a implementar y ejecutar el Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS-DP), un acuerdo firmado en 2008 que, quince años después, sigue mayormente incumplido.

La sentencia llega en un contexto cargado de historia y de frustraciones. Rosario se convirtió, durante años, en la ciudad más expuesta a los incendios en el Delta: columnas de humo que avanzaban sobre el río, irrumpían en el casco urbano y obligaban a cerrar ventanas en pleno invierno; jornadas con aire irrespirable; alertas sanitarias; clases suspendidas y un fenómeno crónico que reveló tanto la fragilidad ambiental del humedal como la incapacidad política de los gobiernos para coordinar respuestas.

El caso que ahora tiene sentencia comenzó en junio de 2020, cuando la Asociación Civil Equística –Defensa del Medio Ambiente presentó un amparo contra el Estado Nacional, las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, y las municipalidades de Rosario y Victoria. Solicitó medidas urgentes: frenar los focos de incendio frente a la ciudad y adoptar acciones efectivas para terminar con la quema indiscriminada de pastizales. En aquel momento se vivía una situación extrema: la prolongada bajante histórica del Paraná, la sequedad del humedal y la propagación acelerada de fuegos vinculados al manejo ganadero. Entre enero y septiembre de ese año se quemaron casi 330.000 hectáreas en el Delta, el 14% del territorio comprendido por el PIECAS-DP, según datos oficiales. La huella incluyó áreas naturales protegidas, miles de hectáreas de bosque nativo y la virtual devastación de zonas de pasturas.

La Corte tomó el caso en agosto de 2020, declaró su competencia originaria y ordenó una de las medidas más significativas del proceso: la conformación inmediata de un Comité de Emergencia Ambiental con participación de Nación, provincias y municipios. El objetivo era actuar coordinadamente y frenar los incendios irregulares. Desde entonces se sucedieron informes, reuniones y compromisos que convivieron con nuevas temporadas de humo, reclamos sociales y movilizaciones masivas como las que coparon el puente Rosario–Victoria bajo la consigna "Ley de Humedales Ya” y basta de ecocidio.

El expediente fue también un escenario donde cada jurisdicción intentó marcar su posición. El Estado Nacional argumentó que el dominio originario de los recursos naturales recae en las provincias y que su función se limita a fijar presupuestos mínimos. Entre Ríos sostuvo que el fenómeno debía contextualizarse en un escenario de estrés hídrico regional y que la provincia había desplegado controles, campañas y emergencias ambientales. Santa Fe señaló que, pese a que los incendios ocurren fuera de su territorio, la ciudad de Rosario sufre de manera directa sus efectos y que la provincia tiene prohibida la quema, además de impulsar diversas acciones de preservación. Buenos Aires enfatizó que no tuvo responsabilidad directa y que elaboró un plan técnico de prevención. Rosario sostuvo que fue demandada sin fundamentos, porque la quema ocurre casi exclusivamente en territorio entrerriano y porque la ciudad no tiene jurisdicción sobre las islas donde se originan los incendios. Victoria, en cambio, admitió que las islas están bajo su ejido, pero señaló que carece de facultades operativas para controlar, prevenir o extinguir el fuego.

La Corte, sin embargo, avanzó en otra dirección. Destacó que el PIECAS-DP es el ámbito institucional creado para que Nación, provincias y municipios articulen políticas comunes. Subrayó que, desde 2008, ese plan preveía acciones concretas —alerta temprana, red de faros, control sistemático y un plan de manejo del fuego— que no fueron implementadas de manera efectiva. También dejó en claro que la problemática del Delta exige un trabajo conjunto de todas las jurisdicciones y que ya no alcanza con señalar de quién es cada isla o a qué provincia pertenecen los recursos afectados. Señaló que, en la búsqueda de resolver un problema acuciante del Delta, la intervención del Tribunal permitió identificar áreas críticas, causas de los incendios y la necesidad de coordinación. Pero advirtió que el monitoreo y la ejecución del plan no pueden recaer sobre la Corte, sino sobre las autoridades políticas.

Rosario venía reclamando —desde gestiones de diferentes signos políticos— mayor involucramiento de Nación y Entre Ríos, mayores controles, presencia en territorio y herramientas concretas para prevenir los incendios. Lo hizo en soledad muchas veces, acompañado por universidades públicas, organizaciones ambientalistas y espacios comunitarios que, con movilizaciones, festivales, marchas y asambleas, sostuvieron un reclamo que se volvió parte de la identidad ambiental de la región: cuidar el humedal es cuidar la vida. A su vez debatieron diversas iniciativas para proteger estos reservorios. La lucha por una Ley de Humedales, trabada una y otra vez en el Congreso, aparece también como telón de fondo del fallo: un debate nacional que sigue sin respuesta legislativa, mientras el humedal continúa en riesgo.

Los incendios, lejos de ser un fenómeno aislado o estacional, se recrudecen año tras año en el Delta del Paraná y en otras regiones del país, extendiéndose por meses y dejando a su paso devastación ambiental y graves impactos sobre la salud. Las organizaciones socioambientales de Rosario que impulsan la Ley de Humedales vienen advirtiendo que esta continuidad no es casual: responde, señalan, a "la total desidia de las autoridades competentes en todos los niveles del Estado", incapaces de prevenir, controlar o sancionar de forma efectiva las quemas que arrasan el territorio.

La sentencia del máximo tribunal, firmada por Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti, condena ahora a los Estados a implementar sin demoras los compromisos ya asumidos. No incorpora novedades técnicas ni fórmulas inéditas: exige cumplir lo prometido hace quince años. Lo que sí hace es cerrar un largo proceso judicial y colocar, por primera vez con fuerza de sentencia, la obligación conjunta de actuar. En un Delta que arde cada año, la pregunta que queda abierta es si esta vez, con la Corte mirando, los gobiernos estarán a la altura de lo que les exige el territorio y lo que demanda desde hace años la sociedad rosarina: que las islas dejen de quemarse y que el humo no sea nunca más parte del paisaje cotidiano.

Netflix anuncia la compra de Warner Bros. por US$82.700 millones y redefine el mapa del entretenimiento

En un movimiento histórico que reconfigura por completo la industria global del entretenimiento, Netflix anunció que alcanzó un acuerdo definitivo para adquirir Warner Bros. —incluyendo sus estudios de cine y televisión, HBO y HBO Max— en una operación valuada en US$82.700 millones de valor empresarial (US$72.000 millones de valor de capital).

La transacción, que combina efectivo y acciones, se realizará por US$27,75 por acción de Warner Bros. Discovery (WBD) y se concretará una vez que la compañía complete la ya anunciada separación de su división internacional de canales, Discovery Global, prevista para el tercer trimestre de 2026.

Con esta adquisición, Netflix incorpora a su catálogo algunas de las franquicias y bibliotecas más prestigiosas del mundo, desde Game of Thrones y Harry Potter hasta The Sopranos, Friends, The Wizard of Oz y el universo DC, que convivirán con producciones originales como Stranger Things, La Casa de Papel, Bridgerton y Wednesday.

Una fusión que define el futuro del streaming
El co-CEO de Netflix, Ted Sarandos, afirmó que la operación permitirá "Nuestra misión siempre ha sido entretener al mundo. Al combinar la increíble biblioteca de Warner Bros.—desde clásicos como Casablanca y Citizen Kane hasta favoritos modernos como Harry Potter y Friends—con nuestros títulos que definen la cultura como Stranger Things, KPop Demon Hunters y Squid Game, podremos hacerlo aún mejor. Juntos podemos ofrecer más de lo que la audiencia ama y ayudar a definir el próximo siglo del storytelling".

Por su parte, el también co-CEO Greg Peters aseguró: "Esta adquisición mejorará nuestra oferta y acelerará nuestro negocio durante décadas. Warner Bros. ha definido el entretenimiento por más de un siglo y continúa haciéndolo con ejecutivos creativos fenomenales y capacidades de producción únicas. Con nuestro alcance global y modelo de negocio comprobado, podremos llevar sus universos a audiencias más amplias, atraer más suscriptores, fortalecer la industria y crear valor para los accionistas.

Desde Warner Bros. Discovery, su CEO David Zaslav celebró el acuerdo y aseguró: "La unión de dos de las grandes compañías de storytelling permitirá llevar a más personas el entretenimiento que más aman. Durante más de un siglo, Warner Bros. ha cautivado audiencias y moldeado la cultura. Al unirnos a Netflix garantizamos que estas historias continúen resonando por generaciones".

Impacto en los consumidores, la industria y los creadores
Netflix aseguró que mantendrá las operaciones actuales de Warner Bros., incluidos los estrenos teatrales, y destacó cuatro efectos clave:
  • Más opciones para los usuarios: la plataforma sumará miles de títulos de cine, TV y contenido premium de HBO y HBO Max.
  • Mayor solidez en la industria: con la ampliación de capacidad de producción en Estados Unidos y mayores inversiones en contenido original.
  • Más oportunidades creativas: el alcance global de Netflix combinado con franquicias icónicas abre nuevas vías para talentos de todo el mundo.
  • Mayor valor para accionistas: proyección de ahorros anuales de US$2.000 a US$3.000 millones hacia el tercer año y mejora en ingresos y retención de suscriptores.
Además, Netflix ha comenzado a construir un argumento central para defender la operación ante los reguladores: que el mercado del consumo audiovisual es mucho más amplio que la industria del streaming, y que combinar las plataformas de Netflix y Warner Bros. ofrece mejores opciones para los consumidores que hoy pagan por ambas.

Netflix nunca había intentado una adquisición de una magnitud siquiera cercana a esta

Un acuerdo bajo intensa supervisión regulatoria
Cualquier adquisición de esta magnitud requerirá la aprobación de reguladores federales en Estados Unidos, y su evaluación dependerá en parte de cómo el gobierno de Donald Trump interprete hoy un sector mediático en rápida transformación, con gigantes tecnológicos como Apple y Amazon compitiendo contra actores tradicionales.

El acuerdo también necesitará la aprobación de autoridades en Europa, donde se anticipa un escrutinio profundo por parte de expertos antimonopolio.

El jueves, un grupo de productores cinematográficos —que permaneció anónimo por "temor a represalias"— envió una carta al Congreso expresando “graves preocupaciones” por la compra.
"La percepción de Netflix es que el tiempo que alguien pasa en una sala de cine es tiempo que no pasa en su plataforma", afirmaba la carta. "No tienen incentivos para apoyar la exhibición cinematográfica, y sí todos los incentivos para terminar con ella".

Los productores también advirtieron sobre un posible "control monopolístico" del mercado del streaming.

Si el acuerdo no obtiene las aprobaciones necesarias y fracasa, Netflix deberá pagar a WBD US$5.800 millones en concepto de penalización por incumplimiento, una de las cifras más grandes registradas en operaciones corporativas recientes.

Detalles financieros y próximos pasos

La estructura del acuerdo contempla:
  • US$23,25 en efectivo por cada acción de WBD.
  • US$4,501 en acciones de Netflix, sujeto a un collar entre US$97,91 y US$119,67 de valor VWAP.
La operación, aprobada de manera unánime por los directorios de ambas compañías, aún debe recibir autorizaciones regulatorias y la aprobación de los accionistas de WBD. Se estima un cierre en 12 a 18 meses.

En 2025, WBD ya había anunciado su plan de separar las unidades de Streaming & Studios y Global Networks. La nueva compañía, Discovery Global, incluirá CNN, TNT Sports, Discovery, canales abiertos europeos y plataformas como Discovery+ y Bleacher Report.

Una megafusión vigilada de cerca
El comunicado incluye advertencias legales y menciones a futuros documentos ante la SEC, como el Formulario S-4 y los estados de registro para la nueva compañía resultante de la separación. Netflix y WBD exhortan a inversores y accionistas a revisar la documentación cuando esté disponible, ya que contendrá información clave sobre la fusión.

La compañía también emitió la tradicional nota de advertencia sobre declaraciones prospectivas, recordando que la operación está sujeta a riesgos regulatorios, de integración, de mercado y otros factores que podrían modificar los plazos o resultados estimados.
Foto: Mario Tama/Getty Images
Fuentes: Netflix, NYT

jueves, 4 de diciembre de 2025

El New York Times demanda al Pentágono por las nuevas restricciones a la prensa


El diario The New York Times anunció este jueves que presentó una demanda contra el Pentágono por las nuevas restricciones impuestas a la prensa para informar sobre las actividades del Ejército. Según el periódico, la política constituye "exactamente el tipo de esquema restrictivo de la libertad de expresión y de prensa" que tanto la Corte Suprema como el Tribunal del Circuito de Washington D.C. han reconocido como violatorio de la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de prensa y de expresión.

Las nuevas normas establecen estrictas limitaciones de acceso físico a las instalaciones y al uso de fuentes, medidas que diversos medios interpretan como un intento de "cerrar las puertas del Pentágono".

Medios entregan credenciales en señal de rechazo
El 16 de octubre, fecha límite para aceptar las nuevas reglas, numerosos medios estadounidenses —incluidos corresponsales con más de treinta años de trayectoria en el Pentágono— entregaron sus credenciales como protesta.

La demanda del NYT, presentada ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. en Washington, señala que el objetivo de la política es "cerrar las puertas del Pentágono —aquellas áreas históricamente abiertas a la prensa— a organizaciones de noticias que investigan e informan sin temor ni favoritismos sobre las acciones del departamento y su dirección".

El diario solicita una orden judicial que impida la aplicación de la nueva política y una declaración de que sus disposiciones violan la Primera Enmienda.

El Pentágono defiende las restricciones
El NYT recuerda que funcionarios del Pentágono han afirmado que el acceso a instalaciones militares es un privilegio sujeto a regulación, asegurando que las nuevas directrices buscan evitar filtraciones que comprometan la seguridad operativa y la seguridad nacional.

Este martes, en la primera sesión informativa tras la retirada de credenciales a la mayoría de los medios —nacionales y extranjeros— que rechazaron las reglas, la sala de prensa fue ocupada por influencers, blogueros y reporteros de "nuevos medios".

Influencers y blogueros ocupan los espacios de medios tradicionales
Entre los nuevos acreditados se encontraban figuras como Lance Johnston, miembro de la organización de derechas Fearless Media, quien llegó a presumir en redes sociales que los escritorios donde durante décadas trabajaron reporteros de The Washington Post, The New York Times, CNN y otros medios tradicionales "ahora les pertenecían".

Durante la sesión, la secretaria de Prensa del Departamento de Guerra estadounidense (nuevo nombre adoptado bajo la administración Trump), Kingsley Wilson, dio la bienvenida a los recién llegados, entre ellos la polémica influencer de extrema derecha Laura Loomer y el excongresista republicano Matt Gaetz. Wilson incluso adelantó que podrían retomarse briefings semanales o quincenales: "Estamos emocionados de tenerlos a todos en el Pentágono", afirmó.

Loomer, conocida por sus posiciones islamófobas y su cercanía con Trump, publicó en X: "‘The Washington Post’ y Dan Lamothe solían ocupar este escritorio (…) ¡Ahora es mío!". Johnston, Cam Higby, RC Maxwell y otros compartieron fotos en cubículos vacíos con mensajes como: "Fuera los propagandistas y periodistas a sueldo. Que entren los que dicen la verdad y aman a Estados Unidos".

La escena generó burlas entre periodistas veteranos, muchos de los cuales dijeron ni siquiera recordar qué escritorios ocupaban. El gobernador de California, Gavin Newsom, publicó un meme comparando a Loomer con un niño jugando con bloques, con el texto: "Ahora soy un periodista real".
Periodistas de medios tradicionales abandonan las oficinas del Pentágono con sus pertenencias, el pasado 15 de octubre

El NYT recibe apoyo y se espera que más medios se sumen
La Asociación de Prensa del Pentágono, que representa a la mayoría de los periodistas que rechazaron las nuevas normas, aseguró sentirse "alentada" por la decisión del NYT de dar un paso adelante en defensa de la libertad de prensa.

El Times destaca que docenas de medios, incluidos conservadores como Fox News y Newsmax, se han opuesto colectivamente a las restricciones. Aunque por ahora es el único que ha presentado una demanda formal, se espera que otras redacciones presenten escritos en apoyo.

El Comité de Reporteros por la Libertad de Prensa también anunció que respaldará el caso. Su vicepresidente de políticas, Gabe Rottman, declaró: "La política de acceso a la prensa del Pentágono es ilegal porque otorga a los funcionarios gubernamentales un poder ilimitado sobre quién obtiene una credencial y quién no, algo que la Primera Enmienda prohíbe". Añadió que el público necesita periodismo independiente, especialmente en un momento de mayor escrutinio sobre las acciones del Departamento de Defensa.

Contexto: tensiones entre la prensa y la administración Trump
El conflicto ocurre mientras el Congreso y varios medios cuestionan la estrategia militar de la administración Trump en el Caribe, incluyendo un ataque en el que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, habría ordenado a las tropas no dejar sobrevivientes, una aparente violación de las leyes de la guerra.

Desde su regreso al poder en enero, el presidente Donald Trump ha intensificado sus ataques contra la prensa, llegando a insultar o mandar callar a reporteros cuyas preguntas considera ofensivas.

El rebautizado Departamento de Guerra dejó de ofrecer sus conferencias semanales y redujo la información sobre operaciones militares de interés público, como los ataques a supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico.

En octubre, retiró las credenciales de la gran mayoría de medios tras su negativa a aceptar las nuevas reglas, que incluyen limitaciones de acceso físico, restricciones al uso de fuentes y la posibilidad de sanciones por solicitar información pública sin autorización, incluso cuando no sea clasificada.

La Asociación de Prensa del Pentágono denunció estas acciones como una "amenaza implícita de criminalizar la información sobre seguridad nacional", comprometiéndose a continuar la cobertura fuera de sus antiguos despachos.

Qué dijo el diario:
The New York Times demanda al Pentágono por sus nuevas políticas para periodistas
La demanda decía que el nuevo conjunto de normas del Departamento de Defensa para los periodistas "viola las garantías constitucionales del debido proceso, la libertad de expresión y la libertad de prensa".
Por: Erik Wemple

El jueves, en una demanda, The New York Times acusó al Pentágono de vulnerar los derechos constitucionales de los periodistas al imponer una serie de nuevas restricciones a la reportería sobre el ejército.

En la demanda, presentada ante el Tribunal de Distrito de Washington, el Times argumentó que la nueva política del Departamento de Defensa viola la Primera Enmienda y "pretende restringir la capacidad de los periodistas para hacer lo que siempre han hecho: hacer preguntas a los empleados del gobierno y recabar información para reportar historias que lleven al público más allá de los pronunciamientos oficiales".

Las normas, que entraron en vigor en octubre, son muy distintas de las anteriores, tanto en extensión como en alcance. Requieren que los reporteros firmen un formulario de 21 páginas en el que se establecen restricciones a las actividades periodísticas, incluidas las solicitudes de pistas para reportajes y las consultas a las fuentes del Pentágono. Según la demanda, los reporteros que no cumplan estas directrices pueden perder su pase de prensa, y el Pentágono se ha otorgado "discrecionalidad sin límites" para aplicar la política como considere oportuno.

La demanda decía que "reportar cualquier información no aprobada por los funcionarios del departamento" podría acarrear un castigo, "independientemente de si la recopilación de noticias se produce dentro o fuera de los terrenos del Pentágono, e independientemente de si la información en cuestión está clasificada o no".

La demanda solicitaba una orden judicial que detuviera la aplicación de las normas y una declaración de que las disposiciones "dirigidas contra el ejercicio de los derechos de la Primera Enmienda" eran ilegales. El Times ha contratado a Theodore Boutrous, abogado especializado en la Primera Enmienda, quien ha llevado importantes casos de acceso de los medios de comunicación ante los tribunales federales. Julian E. Barnes, reportero del Pentágono para el Times, figura como demandante junto a la empresa.

Sean Parnell, portavoz principal del Pentágono, dijo en un comunicado: "Estamos al tanto de la demanda de The New York Times y esperamos abordar estos argumentos en el tribunal".

Las nuevas normas son el paso más reciente en un esfuerzo de meses de Pete Hegseth, secretario de Defensa, por restringir el acceso y los privilegios del cuerpo de prensa del Pentágono.

Hegseth llegó al Pentágono en enero, después de un accidentado proceso de confirmación en el que salieron a la luz acusaciones de consumo excesivo de alcohol y agresiones sexuales, las cuales, según él, no eran ciertas. Al principio de su mandato, Hegseth propuso expulsar del Pentágono a una reportera veterana de NBC News que había contribuido con parte de dicha cobertura.

Posteriormente, el departamento despojó a varios medios de comunicación nacionales de sus espacios de trabajo en el Pentágono, y se los ofreció sobre todo a medios conservadores. Hegseth también ha impuesto límites a los lugares del complejo por los que pueden circular los periodistas.

En septiembre se hizo público por primera vez un borrador de las nuevas restricciones, el cual se revisó después de la oposición de los abogados que representan a los medios de comunicación. Las normas definitivas se publicaron el 6 de octubre y, más de una semana después, decenas de periodistas acreditados —entre ellos seis del Times— renunciaron a sus credenciales en lugar de firmar el documento. Los medios que se marcharon han seguido informando sobre el ejército a pesar de las restricciones de acceso.

En octubre, muchos de los principales medios de comunicación publicaron declaraciones en las que condenaban la política del Pentágono como una intrusión en la Primera Enmienda. "La política no tiene precedentes y amenaza las principales protecciones periodísticas", decía una declaración de ABC News, CBS News, CNN, Fox News Media y NBC News.

En una rueda de prensa realizada el miércoles, un abogado del Times dijo que había habido conversaciones con otros medios de comunicación sobre la posibilidad de unirse a la demanda, pero que el periódico había decidido actuar en solitario.

La demanda cuestionaba varias disposiciones de la nueva política, incluida una que facultaba al Pentágono para considerar a un periodista "un riesgo para la seguridad". Tal determinación podría depender de si el periodista divulgaba sin autorización información clasificada o cierta información no clasificada, entre otras consideraciones.

La redacción de la política sobre la "solicitud" ha preocupado especialmente a los abogados de los medios de comunicación. Afirma que la Primera Enmienda no protege a los reporteros cuando "solicitan a empleados gubernamentales que infrinjan la ley para proporcionar información confidencial del gobierno" y podría aplicarse a las "peticiones de pistas" que animan a los empleados del Departamento de Defensa a compartir información “no pública” de la agencia.

Proporcionar canales para que las fuentes envíen información, decía la demanda, era una práctica "rutinaria" de los periodistas.

Los enfrentamientos legales entre los periodistas y el gobierno sobre el acceso a los edificios federales han surgido repetidamente a lo largo de los dos mandatos del presidente Donald Trump.

Durante su primer gobierno, la Casa Blanca retiró los pases de prensa a dos corresponsales de la Casa Blanca. Los periodistas recuperaron esos pases tras litigar. Este año, The Associated Press demandó al gobierno tras ser excluida de los actos de prensa de la Casa Blanca en espacios reducidos como el Despacho Oval; el litigio contra esta medida está en curso.

En cada uno de esos casos, el gobierno sancionó a un periodista o a un medio de comunicación. Las restricciones del Pentágono, en cambio, pretenden obligar a todo un cuerpo de prensa. Y dichas restricciones, según la demanda, suprimirían el trabajo de organizaciones de noticias "con puntos de vista percibidos que el departamento desaprueba".

Después de la partida del cuerpo de prensa de medios tradicionales, el Pentágono anunció que un nuevo grupo de medios de comunicación había aceptado las restricciones y trabajaría desde el espacio de prensa del edificio. Entre los recién llegados hay una serie de medios pro-Trump que se han hecho eco de los temas de conversación del gobierno y muestran poca inclinación a investigar sus acciones.
Fotos: Drew Angerer y Brendan Smialowski Agencia AFP; Tierney L. Cross, The New York Times
Fuente: Agencias EFE, AFP

miércoles, 3 de diciembre de 2025

Ataques, represión, censura, videos falsos y vigilancia digital: el gobierno de Javier Milei amenaza la libertad de expresión

El martes 2 de diciembre se presentó en el Senado de la Nación el Informe sobre Libertad de Expresión en Argentina 2025, elaborado por SiPreBA, la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPren) y la Federación Internacional de Periodistas (FIP), con apoyo de Democracy at Work. La actividad tuvo lugar en la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, presidida por la senadora María Carolina Moisés.

Entre los expositores, disertaron el vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales Diego de Charras; la vicepresidenta de la Federación Internacional de Periodistas, Zuliana Lainez; los periodistas Julia Mengolini y Ari Lijalad; el secretario General de la CGT, Jorge Sola; el director del Área de Litigio y Defensa Legal del CELS, Diego Morales; el presidente de ARGRA, Sebastián Vricella; la directora de la carrera de comunicación de la UBA, Larisa Kejval; y la periodista y representante del SiPreBA, Ángela Lerena. 

Un contexto de ataques crecientes: represión, hostigamiento y vaciamiento
"Desde hace dos años este gobierno despliega un plan sistemático y persistente para atacar a quienes ejercemos la comunicación, que incluye represión, persecución y desfinanciamiento de los medios públicos. Todo eso se traduce en el informe de este año", afirmó Gaudensi.

La senadora Moisés destacó que "la libertad de expresión es un derecho integral de las personas a participar de la vida política, cívica o sindical" y recordó que se trata de "un pilar del sistema democrático".

El informe revela que las agresiones policiales a periodistas, trabajadores de prensa y reporteros gráficos aumentaron un 66% respecto de 2024, con 83 casos documentados hasta octubre de 2025. Solo en la marcha del 12 de marzo, en la que fue herido el reportero gráfico Pablo Grillo, se registraron 20 hechos de violencia policial, que incluyeron intoxicaciones con gases, balas de goma, golpes y vejaciones.

También se consolidaron prácticas de persecución judicial, obstaculización del trabajo periodístico y hostigamiento digital desde el Poder Ejecutivo, como estrategias para disciplinar voces críticas. El documento señala el uso de figuras legales —como "resistencia a la autoridad"— para criminalizar a quienes registran abusos estatales durante protestas sociales.
Deepfakes, ciberpatrullaje y nuevas formas de control en el ecosistema digital
Uno de los ejes centrales del informe es el análisis de las herramientas digitales aplicadas a la esfera pública. El documento dedica secciones específicas a describir cómo las tecnologías se están utilizando en el actual contexto político.

Sobre manipulación informativa, el relevamiento documenta el uso de Inteligencia Artificial generativa durante el año electoral, incluyendo la circulación de deepfakes de dirigentes como Mauricio Macri y Jorge Taiana. El informe destaca que estas prácticas fueron incluso justificadas públicamente por el Presidente de la Nación bajo el argumento de la libertad de expresión.

En relación con la cibervigilancia y las tareas de inteligencia, el documento analiza cambios normativos recientes, entre ellos la creación de la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (UIAAS) y la Resolución 828/2025, que habilitan la infiltración de agentes digitales y el monitoreo de redes sociales.

Durante el panel, Jorge Sola (CGT) advirtió: "La amalgama entre el odio y el algoritmo empieza a funcionar de una manera que vende". Y añadió una definición técnica sobre el impacto social de estas herramientas: "Los algoritmos no son neutros, son arquitectos de subjetividades".
 
Testimonios sobre criminalización, ataques digitales y disputa por la verdad
El periodista Ari Lijalad analizó la lógica detrás de la persecución judicial y los ataques desde el Ejecutivo: "El problema de Milei no es con los periodistas, es con la información periodística. Él piensa que su opinión se transforma automáticamente en un hecho". Lijalad advirtió además que "incitar al odio contra los periodistas tiene consecuencias", vinculando el discurso oficial con agresiones físicas y digitales a quienes intentan contrastar los relatos oficiales con datos verificables.

El informe incluye métricas sobre hostigamiento digital. Citando datos de la consultora AdHoc, señala que el perfil del presidente Javier Milei en la red X registró más de 1.589 insultos durante el período analizado, un nivel de violencia superior incluso al de cuentas anónimas o "trolls".

La periodista Julia Mengolini relató haber sido víctima de la fabricación de contenidos pornográficos falsos mediante Inteligencia Artificial, una modalidad de violencia digital con fuerte impacto emocional, político y laboral. El documento también reseña el caso de Ian Moche, un niño autista de 12 años que fue expuesto públicamente por la máxima autoridad del Ejecutivo.

Testimonios de periodistas: acoso judicial, ataques digitales y estigmatización
Participaron además Julia Mengolini, quien sufrió ataques coordinados en redes por cuentas vinculadas al gobierno y una denuncia penal del presidente Javier Milei, y Ari Lijalad, quien también enfrenta hostigamiento judicial por parte del mandatario.

La FIP advirtió que el Estado argentino "no solo ha abandonado sus obligaciones de protección, sino que se ha convertido en uno de los principales agresores de la prensa", mediante estigmatización, represión, judicialización y desmantelamiento de organismos clave. "No defendemos solo a la prensa: defendemos el derecho de la ciudadanía a estar informada", subrayó Laínez.

El documento describe además:
  • Censura judicial inédita en 30 años, como la prohibición de difundir audios de Karina Milei.
  • Uso de inteligencia artificial y videos falsos (deepfakes) durante el año electoral para manipular el debate público.
  • Vaciamiento del ENaCom, la Defensoría del Público y los medios públicos, junto a la pérdida de transparencia en la pauta oficial.
  • Deterioro de las condiciones laborales, con congelamiento salarial, falta de paritarias y despidos masivos.
  • Vigilancia estatal y patrullaje digital destinados a criminalizar la protesta y la expresión crítica.
Un Estado que retrocede en su rol de garante del derecho a la información
En su intervención, Diego de Charras expresó que la situación de 2025 es aún más grave que la de 2024: "Hemos retrocedido mucho y hoy nos preocupa la integridad física de reporteros y fotorreporteros. El Estado ha abandonado su responsabilidad de custodiar la libertad de expresión".

Gaudensi alertó que "se está afectando la calidad democrática" y denunció ataques del Ejecutivo contra periodistas desde el plano judicial. Destacó también "el desguace de los medios públicos", remarcando especialmente la ausencia de Télam y su impacto en la mirada federal del sistema de medios.

La senadora Moisés señaló entre los hechos más críticos el intento de obligar a periodistas a revelar sus fuentes en un caso de corrupción: "Proteger las fuentes es proteger el derecho de la ciudadanía a informarse". También denunció censuras judiciales, allanamientos solicitados por el gobierno y persecución penal a comunicadores. Recordó que la Comisión, reactivada tras tres años de inactividad, creó un Observatorio para atender estas situaciones.
Voces de sindicatos, organismos y la academia
En la jornada tomaron la palabra Jorge Sola (CGT), Sebastián Vricella (ARGRA), Diego Morales (CELS) y Larisa Kejval, directora de la Carrera de Comunicación de la UBA. También intervino virtualmente desde Perú Zuliana Lainez Otero, de la FIP, quien destacó que "documentar las agresiones es el dato que mata el relato que quiere invisibilizar los ataques a nuestros colegas".

Esta segunda edición del informe expone cómo se profundizó una matriz de políticas regresivas que afecta la libertad de expresión y el pluralismo informativo. La publicación sistematiza casos y datos en diferentes ejes:
  • Represión y criminalización: El número de 83 periodistas que denunciaron represión en manifestaciones hasta octubre de 2025, implica un incremento del 66% respecto al 2024. El relevamiento evidencia acciones sistemáticas de las fuerzas de seguridad contra manifestantes, periodistas, docentes y activistas sociales. Ejemplos significativos, como el ataque al fotógrafo Pablo Grillo, muestran la persistencia de la impunidad y la ausencia de respuesta institucional.
  • Censura y hostigamiento judicial: La persecución judicial hacia periodistas, dirigentes, docentes, artistas y ciudadanos se incrementó y la judicialización se convirtió en una herramienta recurrente para silenciar voces críticas. Se destaca el primer caso de intento de censura judicial en más de 30 años, con la prohibición de difusión de audios de Karina Milei.
  • Discursos de estigmatización y ataques digitales: Desde la Presidencia y cuentas oficiales se promovieron campañas de desprestigio, doxeo y amenazas hacia comunicadores y activistas críticos del gobierno. El Informe resalta el aumento de la violencia simbólica, con efectos agravados sobre mujeres periodistas, y detalla los casos más relevantes de 2025.
  • Desinformación y deepfakes: El año electoral estuvo atravesado por el uso intensivo de inteligencia artificial para la creación de videos falsos y campañas de manipulación, lo cual afectó el debate público.
  • Situación laboral: El informe registra un deterioro en las condiciones laborales en prensa y comunicación, con aumento de la precarización, pérdida de derechos y degradación salarial. El congelamiento de sueldos en medios públicos, la falta de actualización paritaria en medios privados y los despidos masivos agravan la crisis.
  • Abandono estatal y vaciamiento: La profundización del vaciamiento de los medios públicos, la paralización de señales educativas y la eliminación de políticas de fomento para medios comunitarios, continuaron en 2025. También la drástica reducción en el acceso a la información pública y la opacidad en el manejo de pauta oficial.
  • Vigilancia estatal y ataques a colectivos disidentes: El Poder Ejecutivo avanzó en la legalización de tareas de inteligencia y patrullaje digital para criminalizar la protesta y la expresión crítica en redes sociales. El Informe documenta la persecución a colectivos y referentes culturales, educativos y de derechos humanos.
Libertad de expresión como condición de la democracia
"Defender la libertad de expresión en la Argentina actual no es una causa sectorial ni restringida a trabajadores y trabajadoras de la comunicación: constituye una condición indispensable para la vigencia misma de la democracia", concluye el documento.

La senadora Moisés cerró la actividad destacando la necesidad de que el Congreso actúe sobre la base de los datos presentados: "Este informe nos permite tener un diagnóstico y, sobre todo, pensar qué acciones podemos impulsar para garantizar este derecho fundamental".

La presentación dejó en claro que, frente al avance de la represión, el hostigamiento y la desinformación, documentar y visibilizar los ataques es una herramienta indispensable para la defensa del espacio cívico y del derecho a la información en Argentina.

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