La acción, que valía $ 87 antes de la primera vuelta en las elecciones de 2015, cerró ayer en $ 189, un 117% más. Se frenó la desinversión y hubo cambios regulatorios decisivos. En el año, el Merval ganó 45%
Por: Jairo Staccia / Paola Quain
Antes de la primera vuelta de las elecciones en 2015, la acción del Grupo Clarín en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires valía $ 87. La sorpresa de Mauricio Macri forzando la segunda vuelta la llevó por encima de los $ 100. Y desde entonces, el recorrido alcista del papel que representa la suerte del mayor holding privado de medios de la Argentina, aunque tuvo algunos vaivenes, nunca se frenó. La lectura política es obvia: tras años de resistir cambios regulatorios que lo afectaron en los gobiernos de Cristina Kirchner, llegó su revancha bajo el paraguas de Cambiemos.
Ya el 5 de enero, el decreto que daba por tierra con la ley de medios y extendía las licencias llevó la acción a $ 118. En febrero, el ENaCom, sucesor de la difunta AFSCA como control del sector, dio por tierra los planes de adecuación que en el kirchnerismo obligaban al holding a desprenderse de activos. A comienzos de marzo, el Gobierno autorizaba al holding, con negocios en medios (Clarín, Canal 13) y TV por cable (Cablevisión) a desembarcar en telefonía, dando el OK a la compra de Nextel. La acción ya tocaba los $ 153 el 7 de marzo.
Según el balance, Grupo Clarín tiene ingresos totales por $ 27.791 millones y ganancias antes de impuestos (Ebitda) de 2.695 millones. Entre agosto y septiembre, la empresa dividió sus unidades de negocios entre medios y telecomunicaciones. La acción se disparó por encima de los $ 170. Arrancaron los primeros rumores de que el Gobierno, con un decreto, le abriría el juego para competir en telecomunicaciones, lo que se confirmó ayer. La acción tocó los $ 199 el jueves, y bajó a $ 189 en la última rueda del año. La expansión 4G de la mano de Nextel es la gallina de los huevos de oro.
Balance. El salto de la acción de Clarín estuvo por encima del índice Merval, que avanzó 45% en todo 2016. Todas las acciones tuvieron ganancias con la excepción de Aluar y Comercial del Plata. Sin embargo, el avance más llamativo fue de Petróleo Brasilero (Petrobras) con 175% de suba, siguió San Miguel SA con un repunte de 143% en sus acciones. Las energéticas también tuvieron un buen año: Pampa ganó 89% y Edenor, 66%.
El dólar, en tanto, tras una devaluación del 66% punta a punta, descontada la inflación cerró con una ganancia real del orden del 20%, la mitad que el salto de las acciones líderes.
Fuente: Diario Perfil
sábado, 31 de diciembre de 2016
viernes, 30 de diciembre de 2016
Macri firmó el decreto y ahora aceleran la convergencia en comunicaciones
La nueva normativa anticipa en un año el plazo para que las telefónicas puedan dar TV paga y permite que ingrese un cuarto operador en telefonía móvil 4G
El presidente Mauricio Macri firmó hoy un decreto que, según el Gobierno, busca promover la inversión, la convergencia y la competencia entre prestadores de servicios de comunicaciones. El objetivo oficial es que bajen los precios y mejoren los servicios, ya que los operadores tendrán que mejorar sus redes para dar televisión paga, Internet y telefonía por la misma red, que articularán con servicios móviles, para dar paquetes de triple y cuádruple play.
El jefe de Estado rubricó el decreto a través del sistema de "firma digital" en la localidad neuquina de Villa La Angostura, donde se encuentra de vacaciones.
El decreto es reglamentario de las leyes 26.522 de Regulación de los Servicios de Comunicación Audiovisual y 27.078 de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones conocida como Argentina Digital, sancionadas en el gobierno anterior.
El ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, dijo que “se profundiza el cambio, con el objetivo de generar las condiciones para que ingresen nuevos operadores a la telefonía móvil, fomentando inversiones en nuevas tecnologías, con la idea de llevar Internet de alta velocidad a todo el país. Además, adelantamos la convergencia, para que las empresas telefónicas puedan dar TV paga a los hogares en 2018”.
El gobierno estableció que Telefónica, Telecom y Claro podrán registrarse ahora para dar TV paga, a partir del 1 de enero de 2018, en la ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y las ciudades de Rosario y Córdoba, renunciando el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) a la prórroga de un año más que establecía el Decreto 267/15, dictado hace un año. Para dar TV paga en el resto del país, la autorización será definida por el ENaCom, que deberá proteger “especialmente a aquellas localidades de menos de 80.000 habitantes donde el servicio referido sea prestado únicamente por Cooperativas o Pequeñas y Medianas Empresas”, estableció Macri en el decreto firmado hoy.
En TelAm sostienen que la norma, que será publicada el lunes en el Boletín Oficial, autoriza a las empresas telefónicas a brindar televisión por cable con un conjunto de condiciones que cuidan la actividad de las cooperativas y pequeñas y medianas empresas hasta 2019 en ciudades de hasta 600 mil habitantes.
El presidente Mauricio Macri firmó hoy un decreto que, según el Gobierno, busca promover la inversión, la convergencia y la competencia entre prestadores de servicios de comunicaciones. El objetivo oficial es que bajen los precios y mejoren los servicios, ya que los operadores tendrán que mejorar sus redes para dar televisión paga, Internet y telefonía por la misma red, que articularán con servicios móviles, para dar paquetes de triple y cuádruple play.
El jefe de Estado rubricó el decreto a través del sistema de "firma digital" en la localidad neuquina de Villa La Angostura, donde se encuentra de vacaciones.
El decreto es reglamentario de las leyes 26.522 de Regulación de los Servicios de Comunicación Audiovisual y 27.078 de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones conocida como Argentina Digital, sancionadas en el gobierno anterior.
El ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, dijo que “se profundiza el cambio, con el objetivo de generar las condiciones para que ingresen nuevos operadores a la telefonía móvil, fomentando inversiones en nuevas tecnologías, con la idea de llevar Internet de alta velocidad a todo el país. Además, adelantamos la convergencia, para que las empresas telefónicas puedan dar TV paga a los hogares en 2018”.
El gobierno estableció que Telefónica, Telecom y Claro podrán registrarse ahora para dar TV paga, a partir del 1 de enero de 2018, en la ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y las ciudades de Rosario y Córdoba, renunciando el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) a la prórroga de un año más que establecía el Decreto 267/15, dictado hace un año. Para dar TV paga en el resto del país, la autorización será definida por el ENaCom, que deberá proteger “especialmente a aquellas localidades de menos de 80.000 habitantes donde el servicio referido sea prestado únicamente por Cooperativas o Pequeñas y Medianas Empresas”, estableció Macri en el decreto firmado hoy.
En TelAm sostienen que la norma, que será publicada el lunes en el Boletín Oficial, autoriza a las empresas telefónicas a brindar televisión por cable con un conjunto de condiciones que cuidan la actividad de las cooperativas y pequeñas y medianas empresas hasta 2019 en ciudades de hasta 600 mil habitantes.
El decreto mantiene la restricción para que las telefónicas den TV satelital; para que inviertan en redes de fibra óptica, lleguen a los usuarios con mayor ancho de banda y brinden paquetes de servicios convergentes por la misma red. Por eso, el decreto establece que los operadores que inviertan en redes de fibra óptica directa al hogar no tendrán que compartir esa red con otros prestadores por un plazo de 15 años.
De todos modos, los operadores de TV por cable temen que el ingreso de las telefónicas al sector audiovisual genere asimetrías en la competencia y provoque una oleada de compras por parte de empresas extranjeras, tal como ocurrió en otros países de la región. También cuestionaron la restricción en el acceso a las redes de nueva generación durante 15 años y que les den a las telefónicas nuevas frecuencias para servicios móviles. De hecho, las telefónicas van a poder ingresar a dar TV paga antes de que Cablevisión (del Grupo Clarín, a través de Nextel) comience a brindar telefonía celular 4G. Esto es lo contrario a lo que sucedió en otros países, donde los cables tuvieron un plazo para dar telefonía celular antes de que ingresaran las telefónicas al sector audiovisual.
El presidente del ENaCom, Miguel de Godoy, aseguró que “el Gobierno ha aprobado una normativa que permite a las telefónicas ingresar con TV paga en lugares donde está más del 70 por ciento de la población, a principios de 2018. El decreto también da la oportunidad para reasignar espectro y que entre un cuarto operador móvil al mercado. Y buscamos llegar con Internet a zonas que son de difícil acceso. Esto redunda en mejores servicios para la población, ya que vamos a adelantar la convergencia a 2018”, afirmó De Godoy.
La nueva normativa habilita al ENaCom y al Ministerio de Comunicaciones, “según corresponda”, a dictar normas específicas que permitan la reutilización de frecuencias de espectro radioeléctrico atribuidas previamente a otro servicio, para dar telefonía celular de cuarta generación (4G), telefonía fija inalámbrica y aquellos servicios que permitan las nuevas tecnologías de comunicaciones, como quinta generación (5G), entre otras. Esto se conoce técnicamente como “refarming” y, cuando se dicten los reglamentos específicos, permitirá que Nextel (del Grupo Clarín) pueda implementar una red 4G sobre las frecuencias de 2,5 Gigahertz (Ghz) que ya tiene, al igual que las telefónicas dominantes podrán dar telefonía celular 5G sobre sus frecuencias de 3,5 GHz.
La nueva normativa también autoriza a DirecTV (propiedad de AT&T) a sumar servicios de Internet a su oferta de TV satelital, algo que tenía vedado regulatoriamente hasta ahora; aunque también le abriría la puerta para poder dar telefonía fija y móvil 5G, en caso que solicite el refarming de las frecuencias que tiene asignadas en 3,5 GHz.
“Este es un paso más hacia la convergencia. La ley que se redactará tendrá en cuenta este paso, como un fuerte impulso a la competencia y al incentivo de las inversiones y la mejora de los servicios prestados”, dijo Silvana Giudici, directora del ENaCom y coordinadora de la Comisión que está redactando el proyecto oficial de la nueva Ley de Comunicaciones.
Mientras se termina de redactar ese proyecto, que será presentado en marzo de 2017 para su debate en el Congreso, el Gobierno resolvió acelerar los tiempos y dictar un decreto de 13 artículos que potencie las inversiones, la competencia y la convergencia en el sector de las comunicaciones.
En los fundamentos del nuevo decreto que firmó Macri se plantea que es una reglamentación de las leyes de medios audiovisuales y de telecomunicaciones, orientada a “priorizar la realización de inversiones genuinas y a incentivar el desarrollo de redes alternativas de distintos servicios de telecomunicaciones o de un mismo servicio en distintos segmentos del mercado”. El objetivo es “fijar las condiciones básicas para alcanzar un mayor grado de convergencia de redes y servicios en condiciones de competencia, promover el despliegue de redes de próxima generación, facilitar la penetración del acceso a Internet de banda ancha en todo el territorio nacional y mejorar la calidad y cantidad de servicios de comunicaciones móviles para la convergencia”.
Además, instruyó al Ministerio de Comunicaciones para que “fije las pautas técnicas, legales y financieras de la Red de Protección Pública y Operaciones de Socorro, Defensa y Seguridad”, para garantizar comunicaciones adecuadas a los organismos de seguridad pública; e instruyó al ENaCom para que llame a concurso para asignar nuevas bandas de frecuencias para servicios de comunicaciones móviles.
Aguad anticipó nuevas licitaciones de espectro durante 2017. En particular, se estima que se podrá avanzar con tramos de las bandas de seguridad que impulsará el Gobierno, las de 2.5, 2,6 y 900 Mhz, y los espectros que se encuentran actualmente judicializados en los 700 Mhz, que son los casos de las operadoras Arlink (del Grupo Vila Manzano) y Telecentro (de Alberto Pierri).
Respecto al expediente de Arlink, el ministro dijo que el Gobierno considera que "hay un avance ilegítimo de la justicia mendocina sobre un recurso estratégico del Estado nacional que sirve para el progreso de las comunicaciones y se estudia la posibilidad de que esta ilegitimidad sea analizado en el Consejo de la Magistratura", además de ratificar el pedido de traslado de la causa a la jurisdicción federal.
Fuentes: Diario Clarín y TelAm
Ver tambien: Macri firmó el decreto y ahora aceleran la convergencia en comunicaciones, Se publicó el decreto 1340/16: competencia en telecomunicaciones, Decreto 1340: DirecTV logró lo que buscaba
De todos modos, los operadores de TV por cable temen que el ingreso de las telefónicas al sector audiovisual genere asimetrías en la competencia y provoque una oleada de compras por parte de empresas extranjeras, tal como ocurrió en otros países de la región. También cuestionaron la restricción en el acceso a las redes de nueva generación durante 15 años y que les den a las telefónicas nuevas frecuencias para servicios móviles. De hecho, las telefónicas van a poder ingresar a dar TV paga antes de que Cablevisión (del Grupo Clarín, a través de Nextel) comience a brindar telefonía celular 4G. Esto es lo contrario a lo que sucedió en otros países, donde los cables tuvieron un plazo para dar telefonía celular antes de que ingresaran las telefónicas al sector audiovisual.
El presidente del ENaCom, Miguel de Godoy, aseguró que “el Gobierno ha aprobado una normativa que permite a las telefónicas ingresar con TV paga en lugares donde está más del 70 por ciento de la población, a principios de 2018. El decreto también da la oportunidad para reasignar espectro y que entre un cuarto operador móvil al mercado. Y buscamos llegar con Internet a zonas que son de difícil acceso. Esto redunda en mejores servicios para la población, ya que vamos a adelantar la convergencia a 2018”, afirmó De Godoy.
La nueva normativa habilita al ENaCom y al Ministerio de Comunicaciones, “según corresponda”, a dictar normas específicas que permitan la reutilización de frecuencias de espectro radioeléctrico atribuidas previamente a otro servicio, para dar telefonía celular de cuarta generación (4G), telefonía fija inalámbrica y aquellos servicios que permitan las nuevas tecnologías de comunicaciones, como quinta generación (5G), entre otras. Esto se conoce técnicamente como “refarming” y, cuando se dicten los reglamentos específicos, permitirá que Nextel (del Grupo Clarín) pueda implementar una red 4G sobre las frecuencias de 2,5 Gigahertz (Ghz) que ya tiene, al igual que las telefónicas dominantes podrán dar telefonía celular 5G sobre sus frecuencias de 3,5 GHz.
La nueva normativa también autoriza a DirecTV (propiedad de AT&T) a sumar servicios de Internet a su oferta de TV satelital, algo que tenía vedado regulatoriamente hasta ahora; aunque también le abriría la puerta para poder dar telefonía fija y móvil 5G, en caso que solicite el refarming de las frecuencias que tiene asignadas en 3,5 GHz.
“Este es un paso más hacia la convergencia. La ley que se redactará tendrá en cuenta este paso, como un fuerte impulso a la competencia y al incentivo de las inversiones y la mejora de los servicios prestados”, dijo Silvana Giudici, directora del ENaCom y coordinadora de la Comisión que está redactando el proyecto oficial de la nueva Ley de Comunicaciones.
Mientras se termina de redactar ese proyecto, que será presentado en marzo de 2017 para su debate en el Congreso, el Gobierno resolvió acelerar los tiempos y dictar un decreto de 13 artículos que potencie las inversiones, la competencia y la convergencia en el sector de las comunicaciones.
En los fundamentos del nuevo decreto que firmó Macri se plantea que es una reglamentación de las leyes de medios audiovisuales y de telecomunicaciones, orientada a “priorizar la realización de inversiones genuinas y a incentivar el desarrollo de redes alternativas de distintos servicios de telecomunicaciones o de un mismo servicio en distintos segmentos del mercado”. El objetivo es “fijar las condiciones básicas para alcanzar un mayor grado de convergencia de redes y servicios en condiciones de competencia, promover el despliegue de redes de próxima generación, facilitar la penetración del acceso a Internet de banda ancha en todo el territorio nacional y mejorar la calidad y cantidad de servicios de comunicaciones móviles para la convergencia”.
Además, instruyó al Ministerio de Comunicaciones para que “fije las pautas técnicas, legales y financieras de la Red de Protección Pública y Operaciones de Socorro, Defensa y Seguridad”, para garantizar comunicaciones adecuadas a los organismos de seguridad pública; e instruyó al ENaCom para que llame a concurso para asignar nuevas bandas de frecuencias para servicios de comunicaciones móviles.
Aguad anticipó nuevas licitaciones de espectro durante 2017. En particular, se estima que se podrá avanzar con tramos de las bandas de seguridad que impulsará el Gobierno, las de 2.5, 2,6 y 900 Mhz, y los espectros que se encuentran actualmente judicializados en los 700 Mhz, que son los casos de las operadoras Arlink (del Grupo Vila Manzano) y Telecentro (de Alberto Pierri).
Respecto al expediente de Arlink, el ministro dijo que el Gobierno considera que "hay un avance ilegítimo de la justicia mendocina sobre un recurso estratégico del Estado nacional que sirve para el progreso de las comunicaciones y se estudia la posibilidad de que esta ilegitimidad sea analizado en el Consejo de la Magistratura", además de ratificar el pedido de traslado de la causa a la jurisdicción federal.
Fuentes: Diario Clarín y TelAm
Ver tambien: Macri firmó el decreto y ahora aceleran la convergencia en comunicaciones, Se publicó el decreto 1340/16: competencia en telecomunicaciones, Decreto 1340: DirecTV logró lo que buscaba
Gremios rechazan que LT14 se vuelva repetidora de Radio Nacional
La Intersindical que nuclea a los gremios de la comunicación de LT14, Radio General Urquiza de Paraná, Entre Ríos, realizó una presentación ante el presidente de Radio y Televisión Argentina (RTA SE), Miguel Pereira, rechanzando las intenciones de convertir a la emisora de la ciudad en una mera repetidora de Radio Nacional
LT14, radio comercial del Estado nacional, es referente en la provincia y tiene más de 70 años marcando el ritmo de la región en la difusión de las actividades locales, provinciales y regionales que han determinado la identidad de la radio, al tiempo que su Frecuencia Modulada (Baxada 93.1) cuenta también con programación propia realizada por trabajadores y trabajadoras de su planta laboral.
En la misiva, los sindicatos señalan que “esta iniciativa atenta contra el principio de federalismo y pluralidad pregonados por la gestión de Gobierno”.
“A su vez, el levantar la programación local reemplazándola por un contenido central desde la Capital Federal, significa también el vaciamiento de contenidos y de la fuente laboral de los trabajadores directos e indirectos que diariamente producen e irradian en el espectro informativo, artístico, cultural y comercial de nuestra emisora”, agregan.
Ante la falta de respuesta a notas anteriores, las y los trabajadores de LT14 reunidos en Asamblea decidieron declararse en Estado de Alerta, Movilización y Asamblea Permanente.
El reclamo fue efectivizado por dirigentes de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPren), el Sindicato Entrerriano de Trabajadores de Prensa y Comunicación (SETPyC), la Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones (AATra), el Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público (SUTEP) y la Sociedad Argentina de Locutores (SAL).
LT14, radio comercial del Estado nacional, es referente en la provincia y tiene más de 70 años marcando el ritmo de la región en la difusión de las actividades locales, provinciales y regionales que han determinado la identidad de la radio, al tiempo que su Frecuencia Modulada (Baxada 93.1) cuenta también con programación propia realizada por trabajadores y trabajadoras de su planta laboral.
En la misiva, los sindicatos señalan que “esta iniciativa atenta contra el principio de federalismo y pluralidad pregonados por la gestión de Gobierno”.
“A su vez, el levantar la programación local reemplazándola por un contenido central desde la Capital Federal, significa también el vaciamiento de contenidos y de la fuente laboral de los trabajadores directos e indirectos que diariamente producen e irradian en el espectro informativo, artístico, cultural y comercial de nuestra emisora”, agregan.
Ante la falta de respuesta a notas anteriores, las y los trabajadores de LT14 reunidos en Asamblea decidieron declararse en Estado de Alerta, Movilización y Asamblea Permanente.
El reclamo fue efectivizado por dirigentes de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPren), el Sindicato Entrerriano de Trabajadores de Prensa y Comunicación (SETPyC), la Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones (AATra), el Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público (SUTEP) y la Sociedad Argentina de Locutores (SAL).
Trabajadores de Radio Del Plata repudiaron las declaraciones de Carlos Barragán
A Carlos Barragán le molestó el paro de los trabajadores de Radio Del Plata. El conductor aseguró que la falta de pago se debe a que "no son una radio de fachos"
Carlos Barragán se mostró molesto por las medidas de fuerza tomadas en Radio Del Plata, AM propiedad del Grupo Electroingeniería, y defendió a ultranza a sus dueños.
El conductor señaló que la falta de pago a los trabajadores de la emisora, que lleva varios meses de atraso en abonar sueldos y aportes, se debe a que no son "una radio de fachos".
"Yo sé que muchos oyentes piensan que trabajamos en la radio de los hijos de puta que no pagan los sueldos, y a mí no me gusta esa definición, porque yo estoy muy contento de trabajar en esta radio, que tiene problemas, pero los problemas no los tiene porque son unos hijos de puta, sino justamente porque no son hijos de puta", sostuvo.
"Si fueran Radio Mitre (lugar donde él trabajó muchos años), si fueran una radio de derecha, les iría lo más bien", explicó Barragán. "En cambio, como no son una radio de derecha, de fachos, de gente de porquería, usted puede ver la programación de esta radio y hay buena gente en cada uno de los programas, tienen muchos problemas", estimó.
"Tenemos problemas los que laburamos, y tiene problemas la radio", agregó. "Digo porque estas medidas de fuerza también van en contra de la radio; yo entiendo que los trabajadores tienen derecho y estoy a favor de todos los derechos de los laburantes y no me gusta que los laburantes no cobren", continuó el ex conductor de "6, 7, 8".
"Yo soy un laburante, no soy un empresario ni patrón de nada, pero también sé diferenciar a los patrones, yo soy una persona que labura en un lugar para hacer cosas que me interesan hacer, para decir cosas que quiero decir. Entonces pienso que hay medidas que no nos favorecen a los que pensamos estas cosas", protestó.
"Es un conflicto que no tengo la solución pero quiero decir que no trabajamos en una radio de mala gente que no quiere pagar los sueldos. Eso es todo. Pero me calienta un poco, porque cuando llegamos, la gente en la calle me dice 'vas a ir a Del Plata que no pagan, esos son unos turros'. Bueno, no señor, compañero. Si fueran de verdad turros, tendrían plata. Con Macri le va bien al turro y a estos tipos les va mal. ¿Por qué piensan que les va mal? Porque tienen una programación donde tienen a Caballero, a Tognetti, a Polimeni y un montón de gente que molesta. Una linea editorial que molesta. Por eso falta la plata. No es porque se la guarden la guita", completó.
Cabe destacar que luego de estos dichos, los trabajadores de AM1030 expresaron su repudio al periodista:
Fuentes: Diario Clarín, SiPreBA y Trabajadores de 360TV
Carlos Barragán se mostró molesto por las medidas de fuerza tomadas en Radio Del Plata, AM propiedad del Grupo Electroingeniería, y defendió a ultranza a sus dueños.
El conductor señaló que la falta de pago a los trabajadores de la emisora, que lleva varios meses de atraso en abonar sueldos y aportes, se debe a que no son "una radio de fachos".
"Yo sé que muchos oyentes piensan que trabajamos en la radio de los hijos de puta que no pagan los sueldos, y a mí no me gusta esa definición, porque yo estoy muy contento de trabajar en esta radio, que tiene problemas, pero los problemas no los tiene porque son unos hijos de puta, sino justamente porque no son hijos de puta", sostuvo.
"Si fueran Radio Mitre (lugar donde él trabajó muchos años), si fueran una radio de derecha, les iría lo más bien", explicó Barragán. "En cambio, como no son una radio de derecha, de fachos, de gente de porquería, usted puede ver la programación de esta radio y hay buena gente en cada uno de los programas, tienen muchos problemas", estimó.
"Tenemos problemas los que laburamos, y tiene problemas la radio", agregó. "Digo porque estas medidas de fuerza también van en contra de la radio; yo entiendo que los trabajadores tienen derecho y estoy a favor de todos los derechos de los laburantes y no me gusta que los laburantes no cobren", continuó el ex conductor de "6, 7, 8".
"Yo soy un laburante, no soy un empresario ni patrón de nada, pero también sé diferenciar a los patrones, yo soy una persona que labura en un lugar para hacer cosas que me interesan hacer, para decir cosas que quiero decir. Entonces pienso que hay medidas que no nos favorecen a los que pensamos estas cosas", protestó.
"Es un conflicto que no tengo la solución pero quiero decir que no trabajamos en una radio de mala gente que no quiere pagar los sueldos. Eso es todo. Pero me calienta un poco, porque cuando llegamos, la gente en la calle me dice 'vas a ir a Del Plata que no pagan, esos son unos turros'. Bueno, no señor, compañero. Si fueran de verdad turros, tendrían plata. Con Macri le va bien al turro y a estos tipos les va mal. ¿Por qué piensan que les va mal? Porque tienen una programación donde tienen a Caballero, a Tognetti, a Polimeni y un montón de gente que molesta. Una linea editorial que molesta. Por eso falta la plata. No es porque se la guarden la guita", completó.
Cabe destacar que luego de estos dichos, los trabajadores de AM1030 expresaron su repudio al periodista:
Los trabajadores de Radio del Plata repudiamos las palabras vertidas por el conductor Carlos Barragán sobre la medida de fuerza que estamos llevando adelante por el no aporte a las obras sociales, la naturalización del pago en cuotas de los salarios, y por no pagar los aguinaldos.El Sindicato de Prensa de Buenos Aires se suma al rechazo colectivo por las desafortunadas expresiones de Barragán y exige a Electroingeniería la pronta regularización la situación salarial de los compañeros así como así como el pago de las obras sociales y el respeto por los convenios y estatutos que rigen la actividad.
Los trabajadores no podemos permitir que se desestime y se mal informe a la sociedad sobre la situación de abandono e ilegalidad que la patronal de dicha emisora realiza desde hace un año. Los más perjudicados somos los trabajadores.
Comunicado Trabajadores de Prensa de 360TVCabe recordar que Radio Del Plata es propiedad de Electroingeniería S.A., encabezada por Gerardo y Sebastián Ferreyra y Osvaldo Acosta.
Los trabajadores de prensa de 360TV repudiamos los desafortunados comentarios vertidos por Carlos Barragán en su programa "Todos en cuero en Panamá", que se emite por Radio Del Plata, criticando la medida de fuerza que llevan adelante los compañeros de la emisora en reclamo de los aportes adeudados, el no pago del aguinaldo y el pago en cuotas de sus haberes.
Cabe destacar que 360TV (perteneciente a los mismos dueños de Radio Del Plata) fue destruido durante este año, quedando sin estudio y sin móviles para el normal desarrollo de nuestra labor, además de convocar a un retiro voluntario del 50% de la planta en el mes de mayo y nunca haberlo pagado.
En tanto, los compañeros que quedamos seguimos resistiendo y tratando de poder cobrar la deuda que mantiene la empresa de cuatro meses de salarios, los aportes jubilatorios, las prepagas y recibiendo infinitos planes de pagos semanales.
Ante la gravedad de nuestra realidad no podemos permitir que comunicadores que dicen defender los derechos de los laburantes mal informen a la gente sobre la situación que hoy nos toca vivir a nosotros y a los compañeros de la radio.
Es por eso que pedimos y exigimos se respete el convenio colectivo de trabajo y no permitamos que se siga vapuleando nuestra profesión con comunicadores confundidos que detrás de un discurso nacional y popular, se olvidan del sentido de pertenencia de clase.
Trabajadores de Prensa de 360TV
Fuentes: Diario Clarín, SiPreBA y Trabajadores de 360TV
Histórico, unidad de los trabajadores del Grupo Clarín: distintos nombres, mismos reclamos
En un encuentro histórico, comisiones internas de Artes Gráficas Rioplatense AGR, Arte Radiotelevisivo Argentino ARTEAR, Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. AGEA-Tacuarí, AGEA-Zepita y Artes Gráficas del Litoral AGL, todas empresas pertenecientes al Grupo Clarín, se reunieron para poner en común sus problemáticas, solidarizarse ante los conflictos que atraviesan y delinear acciones en conjunto con vistas al 2017.
Por un Año Nuevo en donde unidos, sigamos luchando para que nuestros deseos se hagan realidad.
Comisión Interna de AGEA-Clarín / Comisión Interna de Prensa Canal13 y TN
Por un Año Nuevo en donde unidos, sigamos luchando para que nuestros deseos se hagan realidad.
Comisión Interna de AGEA-Clarín / Comisión Interna de Prensa Canal13 y TN
jueves, 29 de diciembre de 2016
El diario El Ciudadano ya es cooperativa
Fue este jueves, en la sede del diario, en un acto donde formalizaron la constitución de la cooperativa La Cigarra. Allí se entregó la matrícula que habilita el nuevo tipo de propiedad del medio rosarino, que pasa a manos de sus trabajadores
El ministro de la Producción de Santa Fe, Luis Contigiani, asistió este jueves al acto de entrega de los certificados y de la matrícula que formalizan la constitución de la cooperativa La Cigarra, compuesta por los trabajadores del diario El Ciudadano de la ciudad de Rosario. El encuentro se realizó en la nueva sede del periódico, en la esquina de calle Brown y Ovidio Lagos.
Respecto de esta iniciativa, Contigiani expresó que “aquí hay más de 18 años de trabajo acumulado, una línea periodística y un producto periodístico muy importante. Así que vamos a trabajar en coordinación con las entidades municipales y nacionales para que esta organización cooperativa sea exitosa y la vamos a integrar adentro del corazón del sistema cooperativo para que puedan tener opciones de desarrollo y fortalecimiento en cuanto a la comunicación y la publicidad”, agregó.
“Lo que más nos compromete –continuó–, es su condición de trabajadores de prensa. Hay que garantizar el derecho al trabajo periodístico en esta región y me comprometo a que eso sea una ocupación del gobierno provincial”, añadió.
Por su parte, el flamante presidente la cooperativa La Cigarra, Juan Pablo Sarkissian, quien integra el diario El Ciudadano desde sus inicios, manifestó: “Llegamos a esto al no tener demasiadas salidas luego de las decisiones tomadas por los empresarios. El desafío ahora es convertir esta falta de opción en una virtud, tomando el camino que pensamos que es el más idóneo y el que mejor nos contiene a los trabajadores”.
Antecedentes
Este proceso de cambio de propiedad comenzó hacia fines de octubre de 2016, cuando la empresa Los Álamos, del grupo Indalo, decidió retirarse de la gestión del diario. A partir de entonces, los trabajadores decidieron conformarse en cooperativa y sostener la actividad de este medio de prensa.
“Nuestra prioridad es que el diario no deje de salir nunca. Las pocas veces que en la historia de El Ciudadano el diario no salió fue por decisión de los empresarios, pero nunca de los trabajadores. Nosotros lo hemos hecho hasta con 54 días sin cobrar”, concluyó Sarkissian.
Presentes
También estuvieron en el acto, el secretario de Economía Social y Desarrollo Territorial, Mauro Casella; el diputado provincial Joaquín Blanco; la directora del Instituto Nacional del Asociativismo y Economía Social (INAES), Astrid Hummel; el secretario municipal de Economía Social, Nicolás Gianelloni; el secretario General del Sindicato de Prensa Rosario, Edgardo Carmona, y trabajadores del medio.
El mejor regalo para Fin de Año: que sigan las fuentes de trabajo
Un cerrado aplauso que duró varios minutos marcó con certeza y convicción el comienzo de una nueva etapa. La Cigarra, la cooperativa de trabajo que dio continuidad a el diario El Ciudadano en su nueva etapa autogestiva, obtuvo su matrícula como tal. La resolución fue entregada en mano a los trabajadores por Astrid Hummel, una de las directoras del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes). Flanqueada por el ministro de la Producción de Santa Fe, Luis Contigiani, y por autoridades municipales, provinciales, el secretario General del Sindicato de Prensa Rosario, Edgardo Carmona y el presidente de la cooperativa, Juan Pablo Sarkissian, la funcionaria nacional se hizo presente en la nueva redacción del diario, en Ovidio Lagos y Brown, compartiendo con los trabajadores la flamante noticia. “Vivimos este proceso con expectativa porque notamos que la decisión que tomaron estos trabajadores fue motivada por ellos mismos, en un compromiso por tener su propia empresa social”, dijo Hummel, quien no pasó por alto el trabajo coordinado con otros ámbitos del Estado, “para que puedan respetarse los tiempos que se estaban necesitando”.
“Me interesa el derecho al trabajo, a la pluma, que el pensamiento periodístico no se calle nunca, que tenga siempre la oportunidad a tener una página mas”, saludó el ministro Contigiani, quien se hizo presente en la informal ceremonia que se realizó en el marco de la jornada laboral –el trabajo periodístico no se detiene– así como también lo hicieron el diputado provincial Joaquín Blanco, del Partido Socialista, el secretario de Economía Social municipal, Nicolás Gianelloni, y la subsecretaria del área, Sabrina Arcamone.
También estuvieron presentes Facundo Paschetto, director general de Desarrollo de la Secretaría de Economía Social municipal; Mauro Casella, secretario de Desarrollo y Economía Social de la provincia; Roberto Bereciartúa, histórico dirigente radical vinculado al movimiento mutualista y cooperativista, y Marcela Macellari, especialista en cooperativismo y asesora de la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina (Fecootra).
Sindicato de Prensa y fuerza
El acto estuvo marcado por la sensación de acompañamiento recibida por las decenas de trabajadores que mantienen vivo el medio de comunicación, y que representan, en total a 60 familias que dependen del mantenimiento de esas fuentes de trabajo. “Quiero primero agradecerles a los compañeros por la garra y la dedicación”, lanzó un emocionado Carmona. Y recordó los 18 años de lucha que lleva el diario desde su creación en 1998. “Las primeras peleas proletarias de nuestra organización sindical fueron para hacer sobrevivir este diario cuando vinieron nuevos compradores a intentar cerrarlo”, recordó el dirigente sindical.
Además, Carmona agradeció a todos los trabajadores de prensa de la ciudad que siempre apoyaron la continuidad del medio. “El gremio somos todos”, proclamó.
También Contigiani saludó a los trabajadores por “defender su historia”, y reconoció al Sindicato de Prensa por su participación. El ministro comprometió su apoyo desde el gobierno provincial: “Que esto termine siendo una organización exitosa, porque acá nos jugamos muchas cosas: los derechos de los trabajadores de prensa por un lado; pero, por el otro, nos estamos jugando un modelo que si sale airoso de este proceso en términos de organización se puede replicar a futuro”, dijo.
A su tiempo, el secretario de Economía Social, Nicolás Gianelloni, habló del apoyo municipal. “Cuenten con nosotros”, dijo sin medias tintas. “Sabemos lo importante que es la economía solidaria, las empresas recuperadas. Ustedes son un ejemplo al apostar a este tipo de empresas en el contexto de la ciudad de Rosario, un ejemplo de que se puede pensar una ruta alternativa”, saludó el funcionario.
De la falta a la virtud
“Llegamos a esto al no tener demasiadas salidas luego de las decisiones tomadas por los empresarios. El desafío ahora es convertir esta falta de opción en una virtud, tomando el camino que pensamos que es el más idóneo y el que mejor nos contiene a los trabajadores”, dijo durante el acto de entrega de la matrícula el flamante presidente de la cooperativa La Cigarra, Juan Pablo Sarkissian, quien integra el diario El Ciudadano desde sus inicios.
Este proceso de cambio de propiedad comenzó hacia fines de octubre de 2016, cuando la empresa Los Álamos, del grupo Indalo, decidió retirarse de la gestión del diario. A partir de entonces, los trabajadores decidieron conformarse en cooperativa y sostener la actividad de este medio de prensa.
“Nuestra prioridad es que el diario no deje de salir nunca. Las pocas veces que en la historia de El Ciudadano el diario no salió fue por decisión de los empresarios, pero nunca de los trabajadores. Nosotros lo hemos hecho hasta con 54 días sin cobrar”, recordó Sarkissian, periodista, dirigente sindical y ahora cooperativo
El esfuerzo colectivo del que habló Sarkissian fue resaltado también por el ministro Contigiani: “Aquí hay más de 18 años de trabajo acumulado, una línea periodística y un producto periodístico muy importante. Así que vamos a trabajar en coordinación con las entidades municipales y nacionales para que esta organización cooperativa sea exitosa y la vamos a integrar adentro del corazón del sistema cooperativo para que puedan tener opciones de desarrollo y fortalecimiento en cuanto a la comunicación y la publicidad”, dijo.
Fuentes: Gobierno de Santa Fe y El Ciudadano
El ministro de la Producción de Santa Fe, Luis Contigiani, asistió este jueves al acto de entrega de los certificados y de la matrícula que formalizan la constitución de la cooperativa La Cigarra, compuesta por los trabajadores del diario El Ciudadano de la ciudad de Rosario. El encuentro se realizó en la nueva sede del periódico, en la esquina de calle Brown y Ovidio Lagos.
Respecto de esta iniciativa, Contigiani expresó que “aquí hay más de 18 años de trabajo acumulado, una línea periodística y un producto periodístico muy importante. Así que vamos a trabajar en coordinación con las entidades municipales y nacionales para que esta organización cooperativa sea exitosa y la vamos a integrar adentro del corazón del sistema cooperativo para que puedan tener opciones de desarrollo y fortalecimiento en cuanto a la comunicación y la publicidad”, agregó.
“Lo que más nos compromete –continuó–, es su condición de trabajadores de prensa. Hay que garantizar el derecho al trabajo periodístico en esta región y me comprometo a que eso sea una ocupación del gobierno provincial”, añadió.
Por su parte, el flamante presidente la cooperativa La Cigarra, Juan Pablo Sarkissian, quien integra el diario El Ciudadano desde sus inicios, manifestó: “Llegamos a esto al no tener demasiadas salidas luego de las decisiones tomadas por los empresarios. El desafío ahora es convertir esta falta de opción en una virtud, tomando el camino que pensamos que es el más idóneo y el que mejor nos contiene a los trabajadores”.
Antecedentes
Este proceso de cambio de propiedad comenzó hacia fines de octubre de 2016, cuando la empresa Los Álamos, del grupo Indalo, decidió retirarse de la gestión del diario. A partir de entonces, los trabajadores decidieron conformarse en cooperativa y sostener la actividad de este medio de prensa.
“Nuestra prioridad es que el diario no deje de salir nunca. Las pocas veces que en la historia de El Ciudadano el diario no salió fue por decisión de los empresarios, pero nunca de los trabajadores. Nosotros lo hemos hecho hasta con 54 días sin cobrar”, concluyó Sarkissian.
Presentes
También estuvieron en el acto, el secretario de Economía Social y Desarrollo Territorial, Mauro Casella; el diputado provincial Joaquín Blanco; la directora del Instituto Nacional del Asociativismo y Economía Social (INAES), Astrid Hummel; el secretario municipal de Economía Social, Nicolás Gianelloni; el secretario General del Sindicato de Prensa Rosario, Edgardo Carmona, y trabajadores del medio.
El mejor regalo para Fin de Año: que sigan las fuentes de trabajo
Un cerrado aplauso que duró varios minutos marcó con certeza y convicción el comienzo de una nueva etapa. La Cigarra, la cooperativa de trabajo que dio continuidad a el diario El Ciudadano en su nueva etapa autogestiva, obtuvo su matrícula como tal. La resolución fue entregada en mano a los trabajadores por Astrid Hummel, una de las directoras del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes). Flanqueada por el ministro de la Producción de Santa Fe, Luis Contigiani, y por autoridades municipales, provinciales, el secretario General del Sindicato de Prensa Rosario, Edgardo Carmona y el presidente de la cooperativa, Juan Pablo Sarkissian, la funcionaria nacional se hizo presente en la nueva redacción del diario, en Ovidio Lagos y Brown, compartiendo con los trabajadores la flamante noticia. “Vivimos este proceso con expectativa porque notamos que la decisión que tomaron estos trabajadores fue motivada por ellos mismos, en un compromiso por tener su propia empresa social”, dijo Hummel, quien no pasó por alto el trabajo coordinado con otros ámbitos del Estado, “para que puedan respetarse los tiempos que se estaban necesitando”.
“Me interesa el derecho al trabajo, a la pluma, que el pensamiento periodístico no se calle nunca, que tenga siempre la oportunidad a tener una página mas”, saludó el ministro Contigiani, quien se hizo presente en la informal ceremonia que se realizó en el marco de la jornada laboral –el trabajo periodístico no se detiene– así como también lo hicieron el diputado provincial Joaquín Blanco, del Partido Socialista, el secretario de Economía Social municipal, Nicolás Gianelloni, y la subsecretaria del área, Sabrina Arcamone.
También estuvieron presentes Facundo Paschetto, director general de Desarrollo de la Secretaría de Economía Social municipal; Mauro Casella, secretario de Desarrollo y Economía Social de la provincia; Roberto Bereciartúa, histórico dirigente radical vinculado al movimiento mutualista y cooperativista, y Marcela Macellari, especialista en cooperativismo y asesora de la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina (Fecootra).
Sindicato de Prensa y fuerza
El acto estuvo marcado por la sensación de acompañamiento recibida por las decenas de trabajadores que mantienen vivo el medio de comunicación, y que representan, en total a 60 familias que dependen del mantenimiento de esas fuentes de trabajo. “Quiero primero agradecerles a los compañeros por la garra y la dedicación”, lanzó un emocionado Carmona. Y recordó los 18 años de lucha que lleva el diario desde su creación en 1998. “Las primeras peleas proletarias de nuestra organización sindical fueron para hacer sobrevivir este diario cuando vinieron nuevos compradores a intentar cerrarlo”, recordó el dirigente sindical.
Además, Carmona agradeció a todos los trabajadores de prensa de la ciudad que siempre apoyaron la continuidad del medio. “El gremio somos todos”, proclamó.
También Contigiani saludó a los trabajadores por “defender su historia”, y reconoció al Sindicato de Prensa por su participación. El ministro comprometió su apoyo desde el gobierno provincial: “Que esto termine siendo una organización exitosa, porque acá nos jugamos muchas cosas: los derechos de los trabajadores de prensa por un lado; pero, por el otro, nos estamos jugando un modelo que si sale airoso de este proceso en términos de organización se puede replicar a futuro”, dijo.
A su tiempo, el secretario de Economía Social, Nicolás Gianelloni, habló del apoyo municipal. “Cuenten con nosotros”, dijo sin medias tintas. “Sabemos lo importante que es la economía solidaria, las empresas recuperadas. Ustedes son un ejemplo al apostar a este tipo de empresas en el contexto de la ciudad de Rosario, un ejemplo de que se puede pensar una ruta alternativa”, saludó el funcionario.
De la falta a la virtud
“Llegamos a esto al no tener demasiadas salidas luego de las decisiones tomadas por los empresarios. El desafío ahora es convertir esta falta de opción en una virtud, tomando el camino que pensamos que es el más idóneo y el que mejor nos contiene a los trabajadores”, dijo durante el acto de entrega de la matrícula el flamante presidente de la cooperativa La Cigarra, Juan Pablo Sarkissian, quien integra el diario El Ciudadano desde sus inicios.
Este proceso de cambio de propiedad comenzó hacia fines de octubre de 2016, cuando la empresa Los Álamos, del grupo Indalo, decidió retirarse de la gestión del diario. A partir de entonces, los trabajadores decidieron conformarse en cooperativa y sostener la actividad de este medio de prensa.
“Nuestra prioridad es que el diario no deje de salir nunca. Las pocas veces que en la historia de El Ciudadano el diario no salió fue por decisión de los empresarios, pero nunca de los trabajadores. Nosotros lo hemos hecho hasta con 54 días sin cobrar”, recordó Sarkissian, periodista, dirigente sindical y ahora cooperativo
El esfuerzo colectivo del que habló Sarkissian fue resaltado también por el ministro Contigiani: “Aquí hay más de 18 años de trabajo acumulado, una línea periodística y un producto periodístico muy importante. Así que vamos a trabajar en coordinación con las entidades municipales y nacionales para que esta organización cooperativa sea exitosa y la vamos a integrar adentro del corazón del sistema cooperativo para que puedan tener opciones de desarrollo y fortalecimiento en cuanto a la comunicación y la publicidad”, dijo.
Fuentes: Gobierno de Santa Fe y El Ciudadano
¿Protección del honor o censura? Stop the monster
La Justicia hizo lugar a una acción preventiva de daños formulada por Victoria Vanucci y le impuso a Twitter el deber de eliminar “todos los dichos y montajes fotográficos “donde califiquen a la ex modelo como “asesina”, “lacra”, o se le desee “sufrimiento “ o “dolor”. El fallo busca evitar “la difusión de la incitación legal al odio en Internet”. Para la Fundación LED el fallo cuestionado, resulta violatorio del derecho a la libertad de expresión
Por: Matías Werner
Victoria Vanucci, la mediática ex modelo que se casó con el millonario Matías Garfunkel, fue blanco del odio de Twitter tras la difusión de fotos de ambos en un zafari en el África haciendo gala de haber asesinado a animales en peligro de extinción.
Ante la ola de comentarios denigrantes, amenazas y deseos de verla morir, que incluso tuvo otro capítulo con la viralización de una carta dirigida a Jack Dorsey, creador de la red social, titulada “Stop The Moster Jack” que también generó repudió y hasta una catarata de burlas a su autora, que pedía “protección” ante la incitación al odio a través de redes sociales, hoy la Justicia decretó una medida cautelar ordenando a Twitter borrar todos los comentarios agresivos contra Vanucci, que iban desde el “lacra” y “asesina, hasta “cucaracha” y la calificación de “drogadicta”.
En su demanda, que dio origen a los autos “Vanucci, María Victoria c/ Twitter Inc. s/ Acción Preventiva de Daños”, señaló que se publicaron fotografías de su persona “de las cuales se arrepiente pero no constituyen delito alguno” y que “bajo ningún concepto ameritan la justicia por mano propia”, y que por ello esa “innumerable cantidad de insultos, agravios e incluso amenazas de muerte” logró que la presunta damnificada sea la persona más nombrada de Twitter Argentina 6 días seguidos, “solo por amenazas e insultos”.
Tras comprobar los insultos proferidos a través de la red social del pajarito, el juez Horacio Alfonso entendió que Twitter debía cumplir el deber de proteger a Vanucci como usuaria de la red social y que “la inclusión de su nombre fotografías y comentarios” sin su autorización “constituye un uso indebido del nombre e imagen, que su titular tiene derecho a preservar, pues hace a su intimidad y honor”.
El argumento de la medida cautelar se basa, en parte, a que Twitter, junto con otras empresas, participó en la elaboración de un Código de Conducta que incluye “una serie de compromisos para luchar contra la propagación de la incitación ilegal al odio en Internet en Europa y en este marco es que debe cumplir con la carga que así se le imponga”.
El juez Alfonso señaló que la red social “ha reconocido que la difusión de la incitación legal al odio en Internet no sólo afecta negativamente a los grupos o individuos contra los que se dirige, sino que también incide negativamente en quienes defienden la libertad, la tolerancia y la no discriminación en las redes abiertas.
La resolución que impone la medida cautelar también le aclara que se tratará de de las páginas “que detecte la propia interesada”, ya que no puede exigírsele a Twitter “un examen ex - ante de los contenidos alojados dado que la manipulación de datos reviste una magnitud y escala considerables”.
“Así parece justo admitir, que en los hechos se transparenta quien es el autor del comentario, en virtud de la cita de que emana, lo cual permite a los lectores relacionarlas no con el medio por el cual los ha recibido sino con la específica fuente con lo que lo ha generado”, señala el fallo del juez Alfonso.
Como una síntesis de estos tiempos, Vanucci publicó parte de la resolución del fallo en su cuenta de Twitter y los usuarios de la red social, ni lentos ni perezosos, comenzaron a propinarle nuevos insultos. Esos sí, ninguno de los precisados en el fallo.
Opinión respecto del fallo Twitter / Vanucci
La Fundación LED ( Libertad de Expresión + Democracia) desea expresar su opinión respecto del fallo dictado por el juez a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial Federal N° 2 , Horacio Alfonso, mediante el cual resolvió que la empresa Twitter INC elimine ciertos contenidos considerados dañosos respecto de la modelo Victoria Vanucci.
El caso se inició a instancias de Victoria Vanucci, quien recibió expresiones críticas y ofensivas en diversos medios de comunicación en virtud de una serie imágenes publicadas en las cuales se la veía con su esposo en un safari y junto a animales muertos.
La sentencia ordenó a Twitter INC que elimine los montajes fotográficos que se refieren a la modelo Victoria Vanucci como así también aquellas publicaciones que contengan expresiones que resulten injuriosas u ofensivas, tales como aquellos que hagan referencia a su religión o le deseen su “muerte”, “sufrimiento” o “dolor” o que manifiesten odio. Asimismo, el fallo resulta extensivo a las expresiones “que la actora individualice en el futuro”.
El fallo cuestionado, resulta violatorio del derecho a la libertad de expresión a través de internet, toda vez que pretende restringir futuras expresiones, responsabiliza a la empresa Twitter INC respecto del control de los contenidos que publiquen sus suscriptores. Ordenar la supresión total o parcial de contenidos de esa plataforma, constituye sin lugar a dudas un acto de censura y limitación de la libertad de expresión, más aún cuando el intermediario no resulta responsable de los contenidos publicados y además, posee sus propios mecanismos de autorregulación respecto de contenidos ofensivos.
Ante esta situación, debemos destacar que la libertad de expresión es un Derecho Humano Fundamental el cual se encuentra garantizado por nuestra Constitución Nacional y los tratados internacionales sobre Derechos Humanos que a ella se integran ( artículos 1°, 14, 32 y 75 inciso 22).
La libertad de expresión, piedra angular de la existencia misma de la sociedad democrática, se aplica a Internet del mismo modo que a todos los medios de comunicación, conforme lo establecido por la ley 26.032.
En virtud de ello, las restricciones a la libertad de expresión en Internet solo resultan aceptables cuando cumplen con los estándares internacionales que disponen, entre otras cosas, que deberán estar previstas por la ley y perseguir una finalidad legítima reconocida por el derecho internacional y ser necesarias para alcanzar dicha finalidad.
En cuanto a la responsabilidad de los intermediarios, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que “Debe considerarse la posibilidad de proteger completamente a otros intermediarios, incluidos los mencionados en el preámbulo, respecto de cualquier responsabilidad por los contenidos generados por terceros. Como mínimo, no se debería exigir a los intermediarios que controlen el contenido generado por usuarios y no deberían estar sujetos a normas extrajudiciales sobre cancelación de contenidos que no ofrezcan suficiente protección para la libertad de expresión” (Declaración conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet 2011).
En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, en el precedente “María Belén Rodríguez c/ Google inc. Y otro s/ Daños y perjuicios” (Fallos: 308:789) estableció que toda restricción a la libertad de expresión se presume inconstitucional y cuando este derecho colisiona a través de internet con el derecho a la imagen, que surge del artículo 19 de la Constitución Nacional, se deben desechar criterios objetivos de responsabilidad.
Desde la Fundación LED manifestamos preocupación por el fallo en cuestión y continuaremos trabajando por la defensa y promoción de la libertad de expresión a través de cualquier medio de comunicación.
Preocupación de AdEPA por fallo que ordena a Twitter suprimir contenido
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (AdEPA) manifiesta su preocupación y disconformidad con la decisión adoptada por el Juzgado en lo Civil y Comercial Federal N° 2 al ordenar a la red social Twitter suprimir determinadas imágenes y comentarios referidos a la modelo Victoria Vannucci, por entender que son lesivas para su persona.
Las redes sociales son grupos cerrados en los cuales sus integrantes, intercambian libremente las más variadas expresiones del pensamiento que, como tales, están protegidas por los artículos 14 y 32 de nuestra Constitución, por el artículo 13.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y por la ley N° 26.032, que comprende a Internet dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión.
A través de esta clase de redes –como es Twitter- los suscriptores pueden buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas de toda índole, contribuyendo a fortalecer el proceso social de comunicación y el pluralismo. Ordenar a esas redes la supresión parcial o total de los contenidos obrantes en su plataforma constituye un acto de censura y cercenamiento de la comunicación social incompatible con la esencia de las democracias republicanas del siglo XXI. Es algo similar a lo que acontecía cuando se disponía el secuestro de una publicación gráfica, o se prohibía su circulación, o cuando se censuraban los contenidos de una obra cinematográfica.
Adepa deplora que subsistan ciertos resabios propios de la intolerancia y la cultura autoritaria, como los que resultan de la decisión judicial, sin que ello signifique que avale las expresiones cuya censura fue dispuesta. De existir un exceso por parte de alguno de los integrantes de la red social, la ley contempla que se le atribuya la responsabilidad civil o penal que corresponda, pero en modo alguno una sanción para el titular de la plataforma, como acertadamente lo resolvió la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucumán el 22 de noviembre del corriente año en el caso “Zottoli c/ La Gaceta”, así como tampoco la supresión de las opiniones expuestas por sus integrantes.
Por otra parte, el juez olvida que, gracias a la decisiva contribución de Internet a la libertad de expresión, el contenido que pretende censurar ya se encuentra replicado en el espectro digital, sin que exista posibilidad material alguna para que se impida su difusión ya realizada a través de la infinidad de buscadores, redes sociales y páginas web existentes en el mundo. Por el contrario, la decisión judicial, como todo acto de censura, despierta el encanto de lo prohibido e induce a quienes no conocen aquellas opiniones a tener acceso a ellas acarreando una multiplicación difusora cuya responsabilidad recae sobre el juez y la peticionaria de la medida cautelar que, sugestivamente, procuran evitar tal resultado.
La necesidad de preservar la amplia libertad de expresión postulada por nuestra legislación y los tratados internacionales sobre la materia imponen el deber de ser conscientes de que los profundos progresos tecnológicos que se registran en la comunicación social masiva y que fortalecen la vida democrática, impiden acudir a soluciones judiciales y legales decimonónicas y sí al deber de incrementar el nivel de la cultura que fomenta una convivencia armónica para evitar los excesos a que puede conducir la libertad de expresión.
Adepa, en resguardo de una libertad de expresión responsable por cualquier medio técnico de comunicación social masiva, apela a la sensatez republicana para que, decisiones judiciales como la citada, sean dejadas sin efecto y no se reproduzcan perturbando el desenvolvimiento de la transmisión pública de informaciones, ideas u opiniones.
Fuentes: Diario Judicial, Fundación LED y AdEPA
Por: Matías Werner
Victoria Vanucci, la mediática ex modelo que se casó con el millonario Matías Garfunkel, fue blanco del odio de Twitter tras la difusión de fotos de ambos en un zafari en el África haciendo gala de haber asesinado a animales en peligro de extinción.
Ante la ola de comentarios denigrantes, amenazas y deseos de verla morir, que incluso tuvo otro capítulo con la viralización de una carta dirigida a Jack Dorsey, creador de la red social, titulada “Stop The Moster Jack” que también generó repudió y hasta una catarata de burlas a su autora, que pedía “protección” ante la incitación al odio a través de redes sociales, hoy la Justicia decretó una medida cautelar ordenando a Twitter borrar todos los comentarios agresivos contra Vanucci, que iban desde el “lacra” y “asesina, hasta “cucaracha” y la calificación de “drogadicta”.
En su demanda, que dio origen a los autos “Vanucci, María Victoria c/ Twitter Inc. s/ Acción Preventiva de Daños”, señaló que se publicaron fotografías de su persona “de las cuales se arrepiente pero no constituyen delito alguno” y que “bajo ningún concepto ameritan la justicia por mano propia”, y que por ello esa “innumerable cantidad de insultos, agravios e incluso amenazas de muerte” logró que la presunta damnificada sea la persona más nombrada de Twitter Argentina 6 días seguidos, “solo por amenazas e insultos”.
Tras comprobar los insultos proferidos a través de la red social del pajarito, el juez Horacio Alfonso entendió que Twitter debía cumplir el deber de proteger a Vanucci como usuaria de la red social y que “la inclusión de su nombre fotografías y comentarios” sin su autorización “constituye un uso indebido del nombre e imagen, que su titular tiene derecho a preservar, pues hace a su intimidad y honor”.
El argumento de la medida cautelar se basa, en parte, a que Twitter, junto con otras empresas, participó en la elaboración de un Código de Conducta que incluye “una serie de compromisos para luchar contra la propagación de la incitación ilegal al odio en Internet en Europa y en este marco es que debe cumplir con la carga que así se le imponga”.
El juez Alfonso señaló que la red social “ha reconocido que la difusión de la incitación legal al odio en Internet no sólo afecta negativamente a los grupos o individuos contra los que se dirige, sino que también incide negativamente en quienes defienden la libertad, la tolerancia y la no discriminación en las redes abiertas.
La resolución que impone la medida cautelar también le aclara que se tratará de de las páginas “que detecte la propia interesada”, ya que no puede exigírsele a Twitter “un examen ex - ante de los contenidos alojados dado que la manipulación de datos reviste una magnitud y escala considerables”.
“Así parece justo admitir, que en los hechos se transparenta quien es el autor del comentario, en virtud de la cita de que emana, lo cual permite a los lectores relacionarlas no con el medio por el cual los ha recibido sino con la específica fuente con lo que lo ha generado”, señala el fallo del juez Alfonso.
Como una síntesis de estos tiempos, Vanucci publicó parte de la resolución del fallo en su cuenta de Twitter y los usuarios de la red social, ni lentos ni perezosos, comenzaron a propinarle nuevos insultos. Esos sí, ninguno de los precisados en el fallo.
Opinión respecto del fallo Twitter / Vanucci
La Fundación LED ( Libertad de Expresión + Democracia) desea expresar su opinión respecto del fallo dictado por el juez a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial Federal N° 2 , Horacio Alfonso, mediante el cual resolvió que la empresa Twitter INC elimine ciertos contenidos considerados dañosos respecto de la modelo Victoria Vanucci.
El caso se inició a instancias de Victoria Vanucci, quien recibió expresiones críticas y ofensivas en diversos medios de comunicación en virtud de una serie imágenes publicadas en las cuales se la veía con su esposo en un safari y junto a animales muertos.
La sentencia ordenó a Twitter INC que elimine los montajes fotográficos que se refieren a la modelo Victoria Vanucci como así también aquellas publicaciones que contengan expresiones que resulten injuriosas u ofensivas, tales como aquellos que hagan referencia a su religión o le deseen su “muerte”, “sufrimiento” o “dolor” o que manifiesten odio. Asimismo, el fallo resulta extensivo a las expresiones “que la actora individualice en el futuro”.
El fallo cuestionado, resulta violatorio del derecho a la libertad de expresión a través de internet, toda vez que pretende restringir futuras expresiones, responsabiliza a la empresa Twitter INC respecto del control de los contenidos que publiquen sus suscriptores. Ordenar la supresión total o parcial de contenidos de esa plataforma, constituye sin lugar a dudas un acto de censura y limitación de la libertad de expresión, más aún cuando el intermediario no resulta responsable de los contenidos publicados y además, posee sus propios mecanismos de autorregulación respecto de contenidos ofensivos.
Ante esta situación, debemos destacar que la libertad de expresión es un Derecho Humano Fundamental el cual se encuentra garantizado por nuestra Constitución Nacional y los tratados internacionales sobre Derechos Humanos que a ella se integran ( artículos 1°, 14, 32 y 75 inciso 22).
La libertad de expresión, piedra angular de la existencia misma de la sociedad democrática, se aplica a Internet del mismo modo que a todos los medios de comunicación, conforme lo establecido por la ley 26.032.
En virtud de ello, las restricciones a la libertad de expresión en Internet solo resultan aceptables cuando cumplen con los estándares internacionales que disponen, entre otras cosas, que deberán estar previstas por la ley y perseguir una finalidad legítima reconocida por el derecho internacional y ser necesarias para alcanzar dicha finalidad.
En cuanto a la responsabilidad de los intermediarios, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que “Debe considerarse la posibilidad de proteger completamente a otros intermediarios, incluidos los mencionados en el preámbulo, respecto de cualquier responsabilidad por los contenidos generados por terceros. Como mínimo, no se debería exigir a los intermediarios que controlen el contenido generado por usuarios y no deberían estar sujetos a normas extrajudiciales sobre cancelación de contenidos que no ofrezcan suficiente protección para la libertad de expresión” (Declaración conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet 2011).
En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, en el precedente “María Belén Rodríguez c/ Google inc. Y otro s/ Daños y perjuicios” (Fallos: 308:789) estableció que toda restricción a la libertad de expresión se presume inconstitucional y cuando este derecho colisiona a través de internet con el derecho a la imagen, que surge del artículo 19 de la Constitución Nacional, se deben desechar criterios objetivos de responsabilidad.
Desde la Fundación LED manifestamos preocupación por el fallo en cuestión y continuaremos trabajando por la defensa y promoción de la libertad de expresión a través de cualquier medio de comunicación.
Preocupación de AdEPA por fallo que ordena a Twitter suprimir contenido
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (AdEPA) manifiesta su preocupación y disconformidad con la decisión adoptada por el Juzgado en lo Civil y Comercial Federal N° 2 al ordenar a la red social Twitter suprimir determinadas imágenes y comentarios referidos a la modelo Victoria Vannucci, por entender que son lesivas para su persona.
Las redes sociales son grupos cerrados en los cuales sus integrantes, intercambian libremente las más variadas expresiones del pensamiento que, como tales, están protegidas por los artículos 14 y 32 de nuestra Constitución, por el artículo 13.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y por la ley N° 26.032, que comprende a Internet dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión.
A través de esta clase de redes –como es Twitter- los suscriptores pueden buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas de toda índole, contribuyendo a fortalecer el proceso social de comunicación y el pluralismo. Ordenar a esas redes la supresión parcial o total de los contenidos obrantes en su plataforma constituye un acto de censura y cercenamiento de la comunicación social incompatible con la esencia de las democracias republicanas del siglo XXI. Es algo similar a lo que acontecía cuando se disponía el secuestro de una publicación gráfica, o se prohibía su circulación, o cuando se censuraban los contenidos de una obra cinematográfica.
Adepa deplora que subsistan ciertos resabios propios de la intolerancia y la cultura autoritaria, como los que resultan de la decisión judicial, sin que ello signifique que avale las expresiones cuya censura fue dispuesta. De existir un exceso por parte de alguno de los integrantes de la red social, la ley contempla que se le atribuya la responsabilidad civil o penal que corresponda, pero en modo alguno una sanción para el titular de la plataforma, como acertadamente lo resolvió la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucumán el 22 de noviembre del corriente año en el caso “Zottoli c/ La Gaceta”, así como tampoco la supresión de las opiniones expuestas por sus integrantes.
Por otra parte, el juez olvida que, gracias a la decisiva contribución de Internet a la libertad de expresión, el contenido que pretende censurar ya se encuentra replicado en el espectro digital, sin que exista posibilidad material alguna para que se impida su difusión ya realizada a través de la infinidad de buscadores, redes sociales y páginas web existentes en el mundo. Por el contrario, la decisión judicial, como todo acto de censura, despierta el encanto de lo prohibido e induce a quienes no conocen aquellas opiniones a tener acceso a ellas acarreando una multiplicación difusora cuya responsabilidad recae sobre el juez y la peticionaria de la medida cautelar que, sugestivamente, procuran evitar tal resultado.
La necesidad de preservar la amplia libertad de expresión postulada por nuestra legislación y los tratados internacionales sobre la materia imponen el deber de ser conscientes de que los profundos progresos tecnológicos que se registran en la comunicación social masiva y que fortalecen la vida democrática, impiden acudir a soluciones judiciales y legales decimonónicas y sí al deber de incrementar el nivel de la cultura que fomenta una convivencia armónica para evitar los excesos a que puede conducir la libertad de expresión.
Adepa, en resguardo de una libertad de expresión responsable por cualquier medio técnico de comunicación social masiva, apela a la sensatez republicana para que, decisiones judiciales como la citada, sean dejadas sin efecto y no se reproduzcan perturbando el desenvolvimiento de la transmisión pública de informaciones, ideas u opiniones.
— Ana Rosenfeld (@AnaRosenfeldOk) 30 de diciembre de 2016
Fuentes: Diario Judicial, Fundación LED y AdEPA
Se tensa el conflicto entre Tinelli y el Grupo Indalo
El grupo especula con iniciarle juicio al conductor porque considera que los dos productores de ShowMatch financiaron las obras de teatro del verano con dinero de Cristobal López. El analiza entablar una demanda por una deuda de 13 millones de dólares
López y Fabián De Sousa, su socio, encargaron una auditoria porque creen que Federico Hoppe y Pablo Prada financiaron "las obras con parte del dinero que se le pasó a Tinelli y a su equipo para hacer ShowMatch en el 2016".
Prada y Hoppe fundaron junto a Ezequiel Corbo la productora teatral Dabope, que este año tiene en cartel las obras "Sálvese quien pueda" con Osvaldo Laport, Emilio Disi y Flor de la V, "Bien Argentino" con Adabel Guerrero y Marcelo Irpino, y "Abracadabra" con Freddy Villarreal, El Polaco, Bicho Gomez, Pedro Alfonso y Tomás Fonzi.
En tanto Tinelli regresó hoy del Caribe, luego de que ayer Indalo dispuso el despido de Ideas del Sur de 27 personas de máxima confianza del conductor.
Los propios despedidos y las entidades gremiales hicieron conocer la lista, en la que figuran Marcelo "Bala" Valencia, productor ejecutivo de ShowMatch; María Calatayud, jefa de prensa de Ideas del Sur; Luis Barros, primo de Tinelli; Luis Chiqui Rubio; Delfina Beccar Varela; Gerardo Folgueira; y Sol Calabró, ex pareja de Tinelli luego de su separación de Paula Robles.
A esto se suma la decisión de Indalo, López y su socio De Sousa de mudar al canal de noticias C5N de su edificio en Palermo al inmueble de la calle Olleros que había sido levantado por el propio Tinelli.
Las fuentes gremiales consultadas por Télam precisaron que hubo en total 36 despidos y por eso "quedan vacíos el 3° y 4° piso de Olleros", que ahora ocupará personal de C5N.
Inclusive, De Sousa ya había tomado control de la totalidad del famoso 4° piso de Olleros, donde están la oficina de Tinelli y una habitación donde el conductor solía descansar, además de un baño. Allí también se encuentra el despacho de Fabián Scoltore, mano derecha del hombre de Bolívar y accionista de Ideas del Sur.
Tinelli ya se puso en contacto con su abogado Carlos Fontán Balestra para estudiar los pasos a seguir, y no se descarta que entre hoy y mañana se apersone a Olleros para recuperar el 4° piso y hablar con los empleados.
Las fuentes aseguraron a esta agencia que el conductor estudia la posibilidad de presentar una demanda contra Indalo por una deuda de 13 millones de dólares que el empresario kirchnerista mantiene con él, para forzar un desenlance que lo libere de su vinculo. En el entorno de Tinelli explicaron a TelAm que el conductor pensó en utilizar tomar el monto de esa deuda como "parte de la suma con la que pensaba recomprarle Ideas del Sur" a López, una alternativa que el empresario kirchnerista rechazó.
A partir de esta situación, Tinelli maneja la posibilidad de fundar otra productora y volver a contratar a los cesanteados o compartir la titularidad de esa empresa con Canal 13 y el Grupo Clarín. En caso de que el conflicto se agudice, no se descarta que el conductor se tome otro año sabático.
Hoy, en su cuenta de Twitter, Tinelli retuiteó textos de algunos de los trabajadores despedidos que defendían a Ideas como una creación del hombre de Bolívar y le ratificaban su lealtad para trabajar juntos apenas los convoque.
La pelea comenzó a finales del 2015, cuando López y De Sousa rechazaron el presupuesto que Tinelli les reclamó para el 2016. En aquel momento, además, le adeudaban varias cuotas de la compra de Ideas, junto a su salario como conductor de ShowMatch.
Tinelli intentó encontrar un comprador para su productora y también rescindir el contrato con Indalo, pero no lo logró. Como consecuencia, le pidió dinero al Grupo Clarín, propietario de Canal 13, para poder iniciar la temporada 2016.
La situación se agudizó cuando este año López fue denunciado por la AFIP y se presentaron otras causas por corrupción que derivaron en que al empresario se le inmovilizara el dinero y tuviera que vender la petrolera Oil.
Tinelli dedicó parte del año que termina a buscar una forma de finalizar su relación con López, ya sea fundando otra productora o comprando de nuevo Ideas, por eso hace dos meses tuvo una reunión con los dueños del Grupo Indalo y les formuló una oferta. Pero se la rechazaron.
Según las fuentes que hablaron con esta agencia, López le pidió a Tinelli por la recompra una cifra impensada, superior a la que el empresario patagónico había pagado hace unos años por la empresa. A eso se sumó la decisión de Canal 13 de dar por finalizado el ciclo "Este es el show", producido por Ideas, y satélite de ShowMatch, lo que aumentó el clima candente en la calle Olleros.
Fuente: Agencia TelAm
Ver anterior: Alerta en Ideas del Sur por despidos
López y Fabián De Sousa, su socio, encargaron una auditoria porque creen que Federico Hoppe y Pablo Prada financiaron "las obras con parte del dinero que se le pasó a Tinelli y a su equipo para hacer ShowMatch en el 2016".
Prada y Hoppe fundaron junto a Ezequiel Corbo la productora teatral Dabope, que este año tiene en cartel las obras "Sálvese quien pueda" con Osvaldo Laport, Emilio Disi y Flor de la V, "Bien Argentino" con Adabel Guerrero y Marcelo Irpino, y "Abracadabra" con Freddy Villarreal, El Polaco, Bicho Gomez, Pedro Alfonso y Tomás Fonzi.
En tanto Tinelli regresó hoy del Caribe, luego de que ayer Indalo dispuso el despido de Ideas del Sur de 27 personas de máxima confianza del conductor.
Los propios despedidos y las entidades gremiales hicieron conocer la lista, en la que figuran Marcelo "Bala" Valencia, productor ejecutivo de ShowMatch; María Calatayud, jefa de prensa de Ideas del Sur; Luis Barros, primo de Tinelli; Luis Chiqui Rubio; Delfina Beccar Varela; Gerardo Folgueira; y Sol Calabró, ex pareja de Tinelli luego de su separación de Paula Robles.
A esto se suma la decisión de Indalo, López y su socio De Sousa de mudar al canal de noticias C5N de su edificio en Palermo al inmueble de la calle Olleros que había sido levantado por el propio Tinelli.
Las fuentes gremiales consultadas por Télam precisaron que hubo en total 36 despidos y por eso "quedan vacíos el 3° y 4° piso de Olleros", que ahora ocupará personal de C5N.
Inclusive, De Sousa ya había tomado control de la totalidad del famoso 4° piso de Olleros, donde están la oficina de Tinelli y una habitación donde el conductor solía descansar, además de un baño. Allí también se encuentra el despacho de Fabián Scoltore, mano derecha del hombre de Bolívar y accionista de Ideas del Sur.
Tinelli ya se puso en contacto con su abogado Carlos Fontán Balestra para estudiar los pasos a seguir, y no se descarta que entre hoy y mañana se apersone a Olleros para recuperar el 4° piso y hablar con los empleados.
Las fuentes aseguraron a esta agencia que el conductor estudia la posibilidad de presentar una demanda contra Indalo por una deuda de 13 millones de dólares que el empresario kirchnerista mantiene con él, para forzar un desenlance que lo libere de su vinculo. En el entorno de Tinelli explicaron a TelAm que el conductor pensó en utilizar tomar el monto de esa deuda como "parte de la suma con la que pensaba recomprarle Ideas del Sur" a López, una alternativa que el empresario kirchnerista rechazó.
A partir de esta situación, Tinelli maneja la posibilidad de fundar otra productora y volver a contratar a los cesanteados o compartir la titularidad de esa empresa con Canal 13 y el Grupo Clarín. En caso de que el conflicto se agudice, no se descarta que el conductor se tome otro año sabático.
Hoy, en su cuenta de Twitter, Tinelli retuiteó textos de algunos de los trabajadores despedidos que defendían a Ideas como una creación del hombre de Bolívar y le ratificaban su lealtad para trabajar juntos apenas los convoque.
La pelea comenzó a finales del 2015, cuando López y De Sousa rechazaron el presupuesto que Tinelli les reclamó para el 2016. En aquel momento, además, le adeudaban varias cuotas de la compra de Ideas, junto a su salario como conductor de ShowMatch.
La situación se agudizó cuando este año López fue denunciado por la AFIP y se presentaron otras causas por corrupción que derivaron en que al empresario se le inmovilizara el dinero y tuviera que vender la petrolera Oil.
Tinelli dedicó parte del año que termina a buscar una forma de finalizar su relación con López, ya sea fundando otra productora o comprando de nuevo Ideas, por eso hace dos meses tuvo una reunión con los dueños del Grupo Indalo y les formuló una oferta. Pero se la rechazaron.
Según las fuentes que hablaron con esta agencia, López le pidió a Tinelli por la recompra una cifra impensada, superior a la que el empresario patagónico había pagado hace unos años por la empresa. A eso se sumó la decisión de Canal 13 de dar por finalizado el ciclo "Este es el show", producido por Ideas, y satélite de ShowMatch, lo que aumentó el clima candente en la calle Olleros.
Fuente: Agencia TelAm
Ver anterior: Alerta en Ideas del Sur por despidos
miércoles, 28 de diciembre de 2016
ARSAT 2016: desinversión y camino a la privatización
Se cumple un año de la gestión de la Alianza Cambiemos en ARSAT. Caída abrupta de las inversiones, incumplimiento de la Ley de 27.208 de Desarrollo de la Industria Satelital, autorización de siete satélites extranjeros y suspensión de ARSAT-3 caracterizan un escenario muy complejo para la industria satelital argentina
Por: Guillermo Rus
La empresa argentina de soluciones satelitales, ARSAT, creada por ley (26.092) en el año 2006 durante el mandato de Néstor Kirchner obtuvo reconocimiento mundial por una serie de logros tecnológicos y políticos de enorme trascendencia.
En materia satelital, la empresa logró el cometido de su ley de creación de proteger las posiciones orbitales asignadas a la Argentina por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) con satélites diseñados y construidos en la Argentina. Además, durante el último año del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, la entonces presidenta envió al Parlamento Argentino un Plan para el Operador Satelital para que en los próximos 20 años la empresa diseñara y construyera al menos ocho satélites geoestacionarios más para ampliar la flota de la empresa llegando a remplazar los satélites Arsat-1 y Arsat-2 que fueran puestos en órbita exitosamente en 2014 y 2015 respectivamente. Este Plan fue aprobado por Ley (27.208 de Desarrollo de la Industria Satelital) y tenía como primer hito el tercer satélite de la flota de Arsat con fecha de lanzamiento estimada para 2019.
En el año 2010 Arsat amplió el alcance de sus operaciones incursionando en el despliegue de la Televisión Digital Abierta (TDA), con la construcción de estaciones terrestres y brindado el servicio satelital complementario a este para que el país pudiera llegar a apagar las transmisiones analógicas en el año 2019.
Sólo unos meses más adelante Arsat inició otro proyecto de gran magnitud al comenzar el despliegue de una inmensa red troncal de fibra óptica con el objetivo de que el acceso a la banda ancha en la Argentina fuera homogéneo en precio y servicio. Como parte de este proyecto también se construyó un Centro de Datos con certificaciones de primer nivel en el predio de Arsat en Benavídez. Esta iniciativa le valió a la Presidenta un premio de la UIT.
Arsat, desde el momento de su creación donde absorbe los activos y el personal de NahuelSat pasó de ser una empresa de 50 a una de 500 personas. Además, la empresa recibió en ese tiempo inversiones por más de dos mil quinientos millones de dólares. Desarrollar la industria satelital, desplegar la televisión digital en todo el territorio y llevar una red troncal de alta capacidad a todos los rincones requiere fuertes inversiones, no se logra sólo con palabras. La decisión política se materializa en el origen y el destino de los recursos económicos. Arsat atravesó, desde su creación por un proceso de fuertes inversiones en desarrollo tecnológico y despliegue de infraestructura para la inclusión digital. Ese proceso se cortó en diciembre de 2015 con la llegada de la Alianza Cambiemos al gobierno.
Una pesada herencia (6 toneladas de satélite)
Las autoridades que asumieron con la llegada de Macri al gobierno y Oscar Aguad al Ministerio de Comunicaciones recibieron una empresa con dos satélites geoestacionarios diseñados y construidos en Argentina, un Plan aprobado por Ley, 88 estaciones terrestres de TDA con cobertura del 80% de la población, un sistema satelital de televisión abierta con cobertura de todo el territorio incluyendo la Península Antártica y las Islas Malvinas, un sistema de Video a Demanda del cine argentino (Odeón), 36 mil kilómetros de redes troncales con 11 mil kilómetros en servicio y un Centro de Datos de 4.500 metros cuadrados. Las inversiones aprobadas por el Congreso de la Nación para 2016 alcanzaban los 250 millones de dólares, donde se incluía el inicio de Arsat-3, el despliegue de la última fase de la TDA terrestre con 30 estaciones más y la puesta en servicio de los kilómetros restantes de la red de fibra.
El satélite Arsat-1, al haber migrado sus clientes del AMC-6 que Arsat arrendaba al operador SES, se encontraba con su capacidad casi totalmente vendida y Arsat-2, lanzado al espacio el 30 de septiembre de 2015, estaba en pleno proceso de entrar en servicio con un cronograma para migrar tres clientes (InTV, Claro y Telefónica de Argentina) que ocupaban el 30% de su capacidad. Estos tres clientes se encontraban en satélites también arrendados a terceros operadores (Telesat e Intelsat) pero en distintas POG.
La empresa había alcanzado en 2015 una facturación apenas inferior a los 800 millones de pesos y se estimaba, para 2016, casi duplicar esta cantidad (con un dólar a menos de 10 pesos) a partir de la entrada en servicio de Arsat-2, la puesta en servicio de la totalidad de la red de fibra, el aumento en las estaciones de TDA y el aumento de la comercialización del Centro de Datos.
Desinversión, freno comercial y muchas entrevistas
Las nuevas autoridades, que pertenecen a un radicalismo que no tuvo miramientos en armar una alianza con los exponentes más destacados del sector financiero, asumieron con el apoyo del grupo Clarín, determinante en la llegada al gobierno de Macri. En su arribo dejaron fuera de carrera a los referentes del sector de la Fundación Pensar del PRO.
La realidad indica que estas autoridades de Arsat no tienen peso político suficiente para darle continuidad a los proyectos que la empresa venía implementando. La aprobación de los planes, incluso aquellos que se financian con los propios recursos que la empresa genera, se toman en otras dependencias del gobierno, fuera del Ministerio de Aguad. En este marco, del presupuesto de Arsat, aprobado por Ley, de 250 millones de dólares, solo se le permitió a la empresa ejecutar 50. Una situación análoga a la que atravesó la ex titular de Aerolíneas Argentinas y que desembocó en su renuncia.
Este panorama llevó a frenar el despliegue restante de la TDA y la construcción de Arsat-3, derivando peligrosamente ingresos operativos de la empresa a la finalización de la red de fibra, el único proyecto al que se le intenta dar continuidad.
La Ley 27.208 de Desarrollo de la Industria Satelital fue completamente ignorada y ocultada. Su incumplimiento tuvo graves consecuencias para el insipiente entramado de empresas de base tecnológica que se fortalecieron gracias a los dos satélites de la flota de Arsat y provocó el vaciamiento de las capacidades de INVAP en esta materia que enfocó sus esfuerzos en los satélites de la CONAE.
A finales de 2015 Arsat se encontraba en un momento de expansión y crecimiento comercial. Se había reforzado el área de ventas fuertemente para hacer entrar en valor las fuertes inversiones realizadas en los años anteriores. Con el lanzamiento de Arsat-2, además de ampliar la capacidad disponible sobre territorio argentino, la empresa también tenía la posibilidad de ofrecer sus servicios por fuera del país y sus vecinos limítrofes. También, al disponer de capacidad en Banda C con cobertura panamericana, se abría la oportunidad de incorporar clientes para la distribución de video generado en Argentina a la región.
Hasta el momento Arsat solamente pudo vender, en lo que va la gestión de la Alianza Cambiemos, 18MHz a la productora Torneos y Competencias del grupo Clarín, se perdieron clientes históricos como Velconet, que ofrece servicios de comunicaciones satelitales y se amplía la lista de empresas que buscan cambiar de operador satelital. Al reducirse las inversiones, también se frenó el sembrado de antenas en Banda C necesario para ofrecer el servicio de distribución de video.
Para disimular esta grave situación, las autoridades de la empresa optaron por una fuerte campaña en los medios de comunicación buscando atribuir la suspensión de Arsat-3 a la falta o escasa comercialización de Arsat-2. Los argumentos rozaron el ridículo cuando afirmaron que el lanzamiento de un satélite, a una POG que no se encontraba previamente explotada, se realizaba con el 70% de su capacidad vendida con anticipación cuando este porcentaje es el de ocupación de flotas de operadores como Intelsat o Eutelsat. También se insistió en que el satélite Arsat-2 estaba “vacío”, dando a entender que no se habían tomado medidas para su comercialización y se atribuyeron los clientes que se estaban migrando a este satélite.
La última pirueta comunicacional consiste en afirmar que la empresa perdió en 2015 350 millones de pesos (que luego pasaron inexplicablemente a ser 250 millones), contabilizando como incobrables los servicios que Arsat le prestaba al Ministerio de Planificación Federal, anterior accionista de la empresa, para la conexión de Escuelas Rurales mediante antenas VSAT, y a Radio y Televisión Argentina S.E. (desde 2016 Sistema de Medios Públicos) por el servicio de Infraestructura Multiplexado y Transmisión para la emisión de las señales de TDA en todo el país. Además de no ser válido contabilizar como pérdida lo facturado al propio Estado Nacional accionista de la empresa, estos servicios se continúan ofreciendo. El primero incorporando al Servicio de Fondo Universal como cliente y el segundo al mismo organismo pero con nombre nuevo, lo que hace aún más cuestionable que se intente mandar a pérdida esos servicios.
¿Exclusividad y Competencia?
En materia de comunicaciones satelitales en Argentina hay dos normativas principales. La resolución 3609 de 1999 que aprueba el “Reglamento de Gestión y Servicios Satelitales” estableciendo los lineamientos para los servicios satelitales en el marco de un régimen denominado de Exclusividad y Competencia, que tibiamente protege al operador nacional (Arsat) y la Ley 27.208 de Desarrollo de la Industria Satelital que busca desarrollar las capacidades industriales de diseño y construcción de satélites geoestacionarios.
El texto de la resolución 3.609/1999, entre otras cosas, dice:
Sin embargo, el Ministerio de Comunicaciones autorizó siete satélites durante 2016, dos de Intelsat, uno de SES, tres de Eutelsat Américas y un spot de Banda Ka del SpaceWay-2 de Directv con autorización precaria para una prueba piloto.
Estas autorizaciones fueron publicadas en el Boletín Oficial, sin ningún tipo de comunicado de prensa ni explicación. Incluso en el caso del Eutelsat 113 West-B, el satélite fue autorizado como SATMEX-6, nombre que perdió vigencia al ser la empresa Mexicana SATMEX adquirida por Eutelsat (Francia) a principios de 2014.
Todas estas autorizaciones, que no cumplen con lo establecido en la normativa vigente, perjudican notablemente las posibilidades futuras de Arsat. No es problemático que Intelsat o Eutelsat brinden servicios en el país, la cuestión pasa por la falta de estrategia clara para el operador nacional y para la industria de fabricación de satélites. En el sector hay un consenso claro respecto a la arbitrariedad de las autorizaciones, pasando por encima de la resolución 3.609/1999 y no aplicando a todos los operadores de forma igualitaria.
No hay luz al final del túnel
El corte en las inversiones, sumado a la poca vocación del actual gobierno a que el Estado gestione empresas en cualquier rama de la economía, dejó en estado de parálisis casi total a Arsat, principalmente en su rama satelital.
La única opción para avanzar con Arsat-3, marcada por quienes ocupan la Jefatura de Gabinete de Ministros, parece ser el camino trazado por la reciente y cuestionada Ley de Inversiones Público Privadas. Esta última opción, luego de reiteradas presentaciones, tampoco es algo firme con alguna intencionalidad clara respecto a la industria satelital. Hay que tener en cuenta que esta última alternativa para continuar la construcción de satélites claramente entra en contradicción con la autorización compulsiva y discrecional de satélites extranjeros, ya que hace poco atractivo a cualquier inversor apostar por el operador satelital nacional en ese contexto. Además, la participación de un capital privado en Arsat se realizaría en un marco de incumplimiento de la Ley 27.208, un contexto riesgoso y poco atractivo para invertir.
Las capacidades desarrolladas con tanto esfuerzo en el sector espacial se van de a poco desvaneciendo. Ya en INVAP no hay ingeniería dedicada a los satélites geoestacionarios. La tan temida discontinuidad ya generó el éxodo de jóvenes profesionales al exterior, tanto en INVAP como en Arsat, donde el clima de incertidumbre es cada vez más denso.
La publicación del libro “El futuro Llegó”, con el Plan Satelital Geoestacionario Argentino 2015-2035 busca poner en manos de la sociedad una de las políticas de desarrollo tecnológico más importantes de nuestra región para que no permitamos que nos roben el futuro. Ya perdimos un año, el margen es cada vez menor.
*Director de Latam Satelital guillermorus@latamsatelital.com
Fuente: Latam Satelital
Por: Guillermo Rus
La empresa argentina de soluciones satelitales, ARSAT, creada por ley (26.092) en el año 2006 durante el mandato de Néstor Kirchner obtuvo reconocimiento mundial por una serie de logros tecnológicos y políticos de enorme trascendencia.
En materia satelital, la empresa logró el cometido de su ley de creación de proteger las posiciones orbitales asignadas a la Argentina por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) con satélites diseñados y construidos en la Argentina. Además, durante el último año del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, la entonces presidenta envió al Parlamento Argentino un Plan para el Operador Satelital para que en los próximos 20 años la empresa diseñara y construyera al menos ocho satélites geoestacionarios más para ampliar la flota de la empresa llegando a remplazar los satélites Arsat-1 y Arsat-2 que fueran puestos en órbita exitosamente en 2014 y 2015 respectivamente. Este Plan fue aprobado por Ley (27.208 de Desarrollo de la Industria Satelital) y tenía como primer hito el tercer satélite de la flota de Arsat con fecha de lanzamiento estimada para 2019.
En el año 2010 Arsat amplió el alcance de sus operaciones incursionando en el despliegue de la Televisión Digital Abierta (TDA), con la construcción de estaciones terrestres y brindado el servicio satelital complementario a este para que el país pudiera llegar a apagar las transmisiones analógicas en el año 2019.
Sólo unos meses más adelante Arsat inició otro proyecto de gran magnitud al comenzar el despliegue de una inmensa red troncal de fibra óptica con el objetivo de que el acceso a la banda ancha en la Argentina fuera homogéneo en precio y servicio. Como parte de este proyecto también se construyó un Centro de Datos con certificaciones de primer nivel en el predio de Arsat en Benavídez. Esta iniciativa le valió a la Presidenta un premio de la UIT.
Arsat, desde el momento de su creación donde absorbe los activos y el personal de NahuelSat pasó de ser una empresa de 50 a una de 500 personas. Además, la empresa recibió en ese tiempo inversiones por más de dos mil quinientos millones de dólares. Desarrollar la industria satelital, desplegar la televisión digital en todo el territorio y llevar una red troncal de alta capacidad a todos los rincones requiere fuertes inversiones, no se logra sólo con palabras. La decisión política se materializa en el origen y el destino de los recursos económicos. Arsat atravesó, desde su creación por un proceso de fuertes inversiones en desarrollo tecnológico y despliegue de infraestructura para la inclusión digital. Ese proceso se cortó en diciembre de 2015 con la llegada de la Alianza Cambiemos al gobierno.
Una pesada herencia (6 toneladas de satélite)
Las autoridades que asumieron con la llegada de Macri al gobierno y Oscar Aguad al Ministerio de Comunicaciones recibieron una empresa con dos satélites geoestacionarios diseñados y construidos en Argentina, un Plan aprobado por Ley, 88 estaciones terrestres de TDA con cobertura del 80% de la población, un sistema satelital de televisión abierta con cobertura de todo el territorio incluyendo la Península Antártica y las Islas Malvinas, un sistema de Video a Demanda del cine argentino (Odeón), 36 mil kilómetros de redes troncales con 11 mil kilómetros en servicio y un Centro de Datos de 4.500 metros cuadrados. Las inversiones aprobadas por el Congreso de la Nación para 2016 alcanzaban los 250 millones de dólares, donde se incluía el inicio de Arsat-3, el despliegue de la última fase de la TDA terrestre con 30 estaciones más y la puesta en servicio de los kilómetros restantes de la red de fibra.
El satélite Arsat-1, al haber migrado sus clientes del AMC-6 que Arsat arrendaba al operador SES, se encontraba con su capacidad casi totalmente vendida y Arsat-2, lanzado al espacio el 30 de septiembre de 2015, estaba en pleno proceso de entrar en servicio con un cronograma para migrar tres clientes (InTV, Claro y Telefónica de Argentina) que ocupaban el 30% de su capacidad. Estos tres clientes se encontraban en satélites también arrendados a terceros operadores (Telesat e Intelsat) pero en distintas POG.
La empresa había alcanzado en 2015 una facturación apenas inferior a los 800 millones de pesos y se estimaba, para 2016, casi duplicar esta cantidad (con un dólar a menos de 10 pesos) a partir de la entrada en servicio de Arsat-2, la puesta en servicio de la totalidad de la red de fibra, el aumento en las estaciones de TDA y el aumento de la comercialización del Centro de Datos.
Desinversión, freno comercial y muchas entrevistas
Las nuevas autoridades, que pertenecen a un radicalismo que no tuvo miramientos en armar una alianza con los exponentes más destacados del sector financiero, asumieron con el apoyo del grupo Clarín, determinante en la llegada al gobierno de Macri. En su arribo dejaron fuera de carrera a los referentes del sector de la Fundación Pensar del PRO.
La realidad indica que estas autoridades de Arsat no tienen peso político suficiente para darle continuidad a los proyectos que la empresa venía implementando. La aprobación de los planes, incluso aquellos que se financian con los propios recursos que la empresa genera, se toman en otras dependencias del gobierno, fuera del Ministerio de Aguad. En este marco, del presupuesto de Arsat, aprobado por Ley, de 250 millones de dólares, solo se le permitió a la empresa ejecutar 50. Una situación análoga a la que atravesó la ex titular de Aerolíneas Argentinas y que desembocó en su renuncia.
Este panorama llevó a frenar el despliegue restante de la TDA y la construcción de Arsat-3, derivando peligrosamente ingresos operativos de la empresa a la finalización de la red de fibra, el único proyecto al que se le intenta dar continuidad.
La Ley 27.208 de Desarrollo de la Industria Satelital fue completamente ignorada y ocultada. Su incumplimiento tuvo graves consecuencias para el insipiente entramado de empresas de base tecnológica que se fortalecieron gracias a los dos satélites de la flota de Arsat y provocó el vaciamiento de las capacidades de INVAP en esta materia que enfocó sus esfuerzos en los satélites de la CONAE.
A finales de 2015 Arsat se encontraba en un momento de expansión y crecimiento comercial. Se había reforzado el área de ventas fuertemente para hacer entrar en valor las fuertes inversiones realizadas en los años anteriores. Con el lanzamiento de Arsat-2, además de ampliar la capacidad disponible sobre territorio argentino, la empresa también tenía la posibilidad de ofrecer sus servicios por fuera del país y sus vecinos limítrofes. También, al disponer de capacidad en Banda C con cobertura panamericana, se abría la oportunidad de incorporar clientes para la distribución de video generado en Argentina a la región.
Hasta el momento Arsat solamente pudo vender, en lo que va la gestión de la Alianza Cambiemos, 18MHz a la productora Torneos y Competencias del grupo Clarín, se perdieron clientes históricos como Velconet, que ofrece servicios de comunicaciones satelitales y se amplía la lista de empresas que buscan cambiar de operador satelital. Al reducirse las inversiones, también se frenó el sembrado de antenas en Banda C necesario para ofrecer el servicio de distribución de video.
Para disimular esta grave situación, las autoridades de la empresa optaron por una fuerte campaña en los medios de comunicación buscando atribuir la suspensión de Arsat-3 a la falta o escasa comercialización de Arsat-2. Los argumentos rozaron el ridículo cuando afirmaron que el lanzamiento de un satélite, a una POG que no se encontraba previamente explotada, se realizaba con el 70% de su capacidad vendida con anticipación cuando este porcentaje es el de ocupación de flotas de operadores como Intelsat o Eutelsat. También se insistió en que el satélite Arsat-2 estaba “vacío”, dando a entender que no se habían tomado medidas para su comercialización y se atribuyeron los clientes que se estaban migrando a este satélite.
La última pirueta comunicacional consiste en afirmar que la empresa perdió en 2015 350 millones de pesos (que luego pasaron inexplicablemente a ser 250 millones), contabilizando como incobrables los servicios que Arsat le prestaba al Ministerio de Planificación Federal, anterior accionista de la empresa, para la conexión de Escuelas Rurales mediante antenas VSAT, y a Radio y Televisión Argentina S.E. (desde 2016 Sistema de Medios Públicos) por el servicio de Infraestructura Multiplexado y Transmisión para la emisión de las señales de TDA en todo el país. Además de no ser válido contabilizar como pérdida lo facturado al propio Estado Nacional accionista de la empresa, estos servicios se continúan ofreciendo. El primero incorporando al Servicio de Fondo Universal como cliente y el segundo al mismo organismo pero con nombre nuevo, lo que hace aún más cuestionable que se intente mandar a pérdida esos servicios.
¿Exclusividad y Competencia?
En materia de comunicaciones satelitales en Argentina hay dos normativas principales. La resolución 3609 de 1999 que aprueba el “Reglamento de Gestión y Servicios Satelitales” estableciendo los lineamientos para los servicios satelitales en el marco de un régimen denominado de Exclusividad y Competencia, que tibiamente protege al operador nacional (Arsat) y la Ley 27.208 de Desarrollo de la Industria Satelital que busca desarrollar las capacidades industriales de diseño y construcción de satélites geoestacionarios.
El texto de la resolución 3.609/1999, entre otras cosas, dice:
No será autorizada la provisión de facilidades satelitales en la Banda Ku a los operadores de sistemas satelitales no argentinos, sin perjuicio de las excepciones previstas en el inciso i) apartados a), b) y c) del artículo 22No hay muchas dudas de que la autorización de sistemas satelitales extranjeros que operan en Banda Ku no está justificada al disponer Arsat de capacidad en su satélite Arsat-2 sobre territorio Argentino.
Artículo 22. — Régimen de Competencia: El régimen de competencia tiene por objeto otorgar autorizaciones a sistemas satelitales constituidos por satélites no argentinos destinados a la provisión de facilidades satelitales dentro del territorio nacional, conforme se verifiquen las siguientes condiciones:
Para Banda Ku:
a) Cuando se encontrase agotada la disponibilidad de facilidades satelitales en los satélites argentinos, o;
b) Cuando las facilidades de los sistemas satelitales argentinos se ofrezcan a precios abusivos con respecto a los aplicados en mercados domésticos de similares características para prestaciones análogas, o;
c) Cuando existan limitaciones técnicas que impidan satisfacer la demanda de los usuarios mediante satélites argentinos.
Para Banda C, cuando la provisión de facilidades satelitales ofrecida por sistemas satelitales no argentinos sean exclusivamente en dicha Banda.
Sin embargo, el Ministerio de Comunicaciones autorizó siete satélites durante 2016, dos de Intelsat, uno de SES, tres de Eutelsat Américas y un spot de Banda Ka del SpaceWay-2 de Directv con autorización precaria para una prueba piloto.
Estas autorizaciones fueron publicadas en el Boletín Oficial, sin ningún tipo de comunicado de prensa ni explicación. Incluso en el caso del Eutelsat 113 West-B, el satélite fue autorizado como SATMEX-6, nombre que perdió vigencia al ser la empresa Mexicana SATMEX adquirida por Eutelsat (Francia) a principios de 2014.
Todas estas autorizaciones, que no cumplen con lo establecido en la normativa vigente, perjudican notablemente las posibilidades futuras de Arsat. No es problemático que Intelsat o Eutelsat brinden servicios en el país, la cuestión pasa por la falta de estrategia clara para el operador nacional y para la industria de fabricación de satélites. En el sector hay un consenso claro respecto a la arbitrariedad de las autorizaciones, pasando por encima de la resolución 3.609/1999 y no aplicando a todos los operadores de forma igualitaria.
No hay luz al final del túnel
El corte en las inversiones, sumado a la poca vocación del actual gobierno a que el Estado gestione empresas en cualquier rama de la economía, dejó en estado de parálisis casi total a Arsat, principalmente en su rama satelital.
La única opción para avanzar con Arsat-3, marcada por quienes ocupan la Jefatura de Gabinete de Ministros, parece ser el camino trazado por la reciente y cuestionada Ley de Inversiones Público Privadas. Esta última opción, luego de reiteradas presentaciones, tampoco es algo firme con alguna intencionalidad clara respecto a la industria satelital. Hay que tener en cuenta que esta última alternativa para continuar la construcción de satélites claramente entra en contradicción con la autorización compulsiva y discrecional de satélites extranjeros, ya que hace poco atractivo a cualquier inversor apostar por el operador satelital nacional en ese contexto. Además, la participación de un capital privado en Arsat se realizaría en un marco de incumplimiento de la Ley 27.208, un contexto riesgoso y poco atractivo para invertir.
Las capacidades desarrolladas con tanto esfuerzo en el sector espacial se van de a poco desvaneciendo. Ya en INVAP no hay ingeniería dedicada a los satélites geoestacionarios. La tan temida discontinuidad ya generó el éxodo de jóvenes profesionales al exterior, tanto en INVAP como en Arsat, donde el clima de incertidumbre es cada vez más denso.
La publicación del libro “El futuro Llegó”, con el Plan Satelital Geoestacionario Argentino 2015-2035 busca poner en manos de la sociedad una de las políticas de desarrollo tecnológico más importantes de nuestra región para que no permitamos que nos roben el futuro. Ya perdimos un año, el margen es cada vez menor.
*Director de Latam Satelital guillermorus@latamsatelital.com
Fuente: Latam Satelital
Pidieron al presidente de ENaCom que ponga en actividad al Consejo de Comunicación e Infancia
Lo hicieron catorce organizaciones de niñez, gremios de la educación y provincias que integran el CONACAI. Advirtieron que su inactividad afecta el cumplimiento de derechos comunicacionales de la niñez
Representantes de catorce organizaciones dedicadas a la niñez y el campo audiovisual, gremios de la educación y Provincias, en su condición de miembros del Consejo Asesor de Comunicación Audiovisual y la Infancia (ConACAI), le transmitieron al presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), Miguel De Godoy, su “preocupación por la inactividad” de dicho órgano, y el perjuicio que esta situación está produciendo en el cumplimiento de los derechos comunicacionales de niños, niñas y adolescentes.
Mediante una misiva entregada ayer, las organizaciones Signis Argentina, Asociación Las Otras Voces, Foro Parlamentario de la Infancia, CASACIDN, Asociación Nueva Mirada, SAVIAA; los gremios SADOP y CTERA; y las provincias de Salta, Tucumán, Santa Fe, San Juan y Entre Ríos, como miembros del CONACAI, le expresaron a De Godoy que la “falta de funcionamiento” del ConACAI se ha constituido en un obstáculo para la protección y garantía de los derechos comunicacionales de niños, niñas y adolescentes de nuestro país.
Señalaron también que “esta inactividad no le permitió al ConACAI ejercer su rol de Asesor de la Autoridad de Aplicación y elaborar una propuesta para entregar a la Comisión de Elaboración del Anteproyecto de Ley de Comunicaciones”.
En este sentido, reclamaron que “el único organismo plural y federal en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional con especificidad en temáticas de niñez y comunicación audiovisual, que es el ConACAI, no pudo elaborar una propuesta ni presentarse ante dicha Comisión por su falta de funcionamiento”.
No obstante, las organizaciones, gremios y provincias firmantes entregaron, junto a la carta, el documento “Propuestas sobre protección y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la legislación sobre comunicaciones convergentes”, como aporte a la Comisión de Elaboración del Anteproyecto de Ley de Comunicaciones (ver Anexo).
Finalmente, pidieron al presidente de ENaCom que arbitre los medios para que el Consejo de Comunicación e Infancia “retome el año próximo su normal funcionamiento y obligaciones, en pos de observar la vigencia de los derechos comunicacionales de niños, niñas y adolescentes”.
El ConACAI fue creado por la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, y tiene como misión asesorar en políticas públicas sobre contenidos audiovisuales destinados a niños, niñas y adolescentes. Este año, el ConACAI sesionó una sola vez, el día de su re-constitución el 20 de septiembre pasado, luego de ser disuelto el Consejo que tenía mandato para 2015-2017. Ese día De Godoy posesionó a Silvana Giudici como Coordinadora del ConACAI, y desde ese entonces no volvió a sesionar.
Anexo Documento:
“Propuestas sobre protección y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la legislación sobre comunicaciones convergentes”
Los abajo firmantes, consideramos que una nueva Ley de Comunicaciones Convergentes debe observar el cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes vigentes, e incorporar recomendaciones de las convenciones y documentos internacionales sobre derechos de los niños.
Cabe destacar que los derechos referidos a libertad de expresión y comunicación establecidos en la CIDN son derechos de niños, niñas y adolescentes a formarse un juicio propio; a expresar libremente su opinión; a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo; a acceder a información que promueva su bienestar social, espiritual y moral y su salud física y mental.
La promoción y protección de estos derechos compromete también a los medios de comunicación involucra: a) La participación de los niños en los medios, b) La generación de contenido apropiado y la protección de los niños de las influencias perjudiciales de los medios, c) El respeto por la dignidad, privacidad e intimidad de los niños en los medios, y d) El derecho de los niños a su identidad (a nivel individual y social).
En este marco, y sobre los antecedentes citados, formulamos las siguientes propuestas:
1. Asegurar una programación respetuosa, apropiada, relevante y pertinente que estimule el bienestar de las infancias y adolescencias y promueva el conocimiento y el respeto a sus derechos.
2. Proteger a la niñez frente a contenidos que puedan impactar negativamente en su salud y desarrollo integral: contenidos violentos, discriminación, uso de estereotipos, sexualización temprana, consumismo, promoción del alcoholismo, tabaquismo, alimentación no saludable, programación no apta para menores de edad.
3. Establecer una cuota de programación infantil que garantice el acceso de chicos y chicas a contenidos diseñados exclusivamente para ellos y dentro de ella, una cuota de producción local representativa de las historias, realidades y experiencias de los chicos y chicas de todas las regiones argentinas.
4. Asegurar el compromiso del Estado Nacional con la difusión de campañas de sensibilización sobre derechos de los niños y niñas en medios audiovisuales y en materia de las TICs, con el fin de instalar temas que afectan el ejercicio pleno de los derechos: Alimentación Saludable, Ciberbuylling, adicciones, actividad física, maltrato, etc.
5. Establecer dentro de un marco regulatorio sobre publicidad dirigida o con participación de niños, niñas y adolescentes, criterios y recomendaciones para la elaboración de contenidos de mensajes publicitarios que atiendan a: uso de figuras y símiles, participación en publicidades, publicidad engañosa, efectos perjudiciales para su salud y desarrollo, incitación a conductas de riesgo, incitación al consumo, exposición a publicidad de alimentos no saludables y bebidas no alcohólicas conforme a recomendaciones de la OMS, con el objetivo de garantizar el cumplimiento y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
6. Habilitar instancias de denuncia y establecer penalidades frente a violaciones a los derechos comunicacionales de las infancias.
7. Fomentar el acceso equitativo a la información y al conocimiento, mediante la implementación de estrategias de alfabetización mediática y digital universales e inclusivas, que contribuyan a promover medios de comunicación libres, independientes, pluralistas y respetuosos de los derechos.
8. Impulsar una industria federal de contenidos audiovisuales y digitales de calidad para la infancia, atendiendo a políticas y estrategias de desarrollo, organización y competitividad que propendan a la sustentabilidad del sector audiovisual y de TIC para la infancia.
9. Establecer mecanismos de promoción del sector audiovisual y digital para la infancia a través de un Programa de Estímulo o Fondo de Fomento Federal para la generación de espacios de formación y la producción de contenidos audiovisuales y digitales de calidad con una mirada local y regional.
10. Apoyar las iniciativas de la sociedad civil y organizaciones sin fines de lucro dirigidas a promover los derechos de los niños, contribuir a la construcción de su identidad y aportar al conocimiento de la diversidad cultural y del lenguaje audiovisual.
11. Sostener la vigencia y la sustentabilidad de los organismos y las instituciones que protejan los derechos de las infancias y acompañen y velen por su efectivo cumplimiento desde distintas instancias, entre ellos, el ConACAI.
12. Promover mecanismos que posibiliten conocer la opinión de niños, niñas y adolescentes de todo el país, tanto en el proceso de redacción de la ley como en ámbitos de formulación de propuestas o toma de decisiones de políticas audiovisuales y TIC que los involucren, en cumplimiento del ejercicio de la ciudadanía y el derecho a la participación.
Firman miembros del Consejo Asesor de Comunicación Audiovisual y la Infancia (ConACAI):
Adrián Baccaro, Signis Argentina.
Silvia Bacher, Asociación Las Otras Voces.
Isabel Gatti, Signis Argentina.
José Machain, Foro Parlamentario de la Infancia.
Cielo Salviolo, Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CASACIDN)
Susana Velleggia, Asociación Nueva Mirada.
Mercedes Viegas, Sociedad Audiovisual para la Infancia y la Adolescencia Argentinas (SAVIAA).
Gerardo Alzamora, SADOP.
Alejo Demichelis, CTERA.
Federico Dada, Provincia de Salta.
Marta Inés Fernández, Provincia de La Pampa.
Emanuel Gall, Provincia de Tucumán.
Daniela Gómez, Provincia de Santa Fe.
Luis Márquez, Provincia de San Juan.
María Eugenia Sarli, Provincia de Entre Ríos
Representantes de catorce organizaciones dedicadas a la niñez y el campo audiovisual, gremios de la educación y Provincias, en su condición de miembros del Consejo Asesor de Comunicación Audiovisual y la Infancia (ConACAI), le transmitieron al presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), Miguel De Godoy, su “preocupación por la inactividad” de dicho órgano, y el perjuicio que esta situación está produciendo en el cumplimiento de los derechos comunicacionales de niños, niñas y adolescentes.
Mediante una misiva entregada ayer, las organizaciones Signis Argentina, Asociación Las Otras Voces, Foro Parlamentario de la Infancia, CASACIDN, Asociación Nueva Mirada, SAVIAA; los gremios SADOP y CTERA; y las provincias de Salta, Tucumán, Santa Fe, San Juan y Entre Ríos, como miembros del CONACAI, le expresaron a De Godoy que la “falta de funcionamiento” del ConACAI se ha constituido en un obstáculo para la protección y garantía de los derechos comunicacionales de niños, niñas y adolescentes de nuestro país.
Señalaron también que “esta inactividad no le permitió al ConACAI ejercer su rol de Asesor de la Autoridad de Aplicación y elaborar una propuesta para entregar a la Comisión de Elaboración del Anteproyecto de Ley de Comunicaciones”.
En este sentido, reclamaron que “el único organismo plural y federal en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional con especificidad en temáticas de niñez y comunicación audiovisual, que es el ConACAI, no pudo elaborar una propuesta ni presentarse ante dicha Comisión por su falta de funcionamiento”.
No obstante, las organizaciones, gremios y provincias firmantes entregaron, junto a la carta, el documento “Propuestas sobre protección y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la legislación sobre comunicaciones convergentes”, como aporte a la Comisión de Elaboración del Anteproyecto de Ley de Comunicaciones (ver Anexo).
Finalmente, pidieron al presidente de ENaCom que arbitre los medios para que el Consejo de Comunicación e Infancia “retome el año próximo su normal funcionamiento y obligaciones, en pos de observar la vigencia de los derechos comunicacionales de niños, niñas y adolescentes”.
El ConACAI fue creado por la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, y tiene como misión asesorar en políticas públicas sobre contenidos audiovisuales destinados a niños, niñas y adolescentes. Este año, el ConACAI sesionó una sola vez, el día de su re-constitución el 20 de septiembre pasado, luego de ser disuelto el Consejo que tenía mandato para 2015-2017. Ese día De Godoy posesionó a Silvana Giudici como Coordinadora del ConACAI, y desde ese entonces no volvió a sesionar.
Anexo Documento:
“Propuestas sobre protección y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la legislación sobre comunicaciones convergentes”
Los abajo firmantes, consideramos que una nueva Ley de Comunicaciones Convergentes debe observar el cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes vigentes, e incorporar recomendaciones de las convenciones y documentos internacionales sobre derechos de los niños.
Cabe destacar que los derechos referidos a libertad de expresión y comunicación establecidos en la CIDN son derechos de niños, niñas y adolescentes a formarse un juicio propio; a expresar libremente su opinión; a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo; a acceder a información que promueva su bienestar social, espiritual y moral y su salud física y mental.
La promoción y protección de estos derechos compromete también a los medios de comunicación involucra: a) La participación de los niños en los medios, b) La generación de contenido apropiado y la protección de los niños de las influencias perjudiciales de los medios, c) El respeto por la dignidad, privacidad e intimidad de los niños en los medios, y d) El derecho de los niños a su identidad (a nivel individual y social).
En este marco, y sobre los antecedentes citados, formulamos las siguientes propuestas:
1. Asegurar una programación respetuosa, apropiada, relevante y pertinente que estimule el bienestar de las infancias y adolescencias y promueva el conocimiento y el respeto a sus derechos.
2. Proteger a la niñez frente a contenidos que puedan impactar negativamente en su salud y desarrollo integral: contenidos violentos, discriminación, uso de estereotipos, sexualización temprana, consumismo, promoción del alcoholismo, tabaquismo, alimentación no saludable, programación no apta para menores de edad.
3. Establecer una cuota de programación infantil que garantice el acceso de chicos y chicas a contenidos diseñados exclusivamente para ellos y dentro de ella, una cuota de producción local representativa de las historias, realidades y experiencias de los chicos y chicas de todas las regiones argentinas.
4. Asegurar el compromiso del Estado Nacional con la difusión de campañas de sensibilización sobre derechos de los niños y niñas en medios audiovisuales y en materia de las TICs, con el fin de instalar temas que afectan el ejercicio pleno de los derechos: Alimentación Saludable, Ciberbuylling, adicciones, actividad física, maltrato, etc.
5. Establecer dentro de un marco regulatorio sobre publicidad dirigida o con participación de niños, niñas y adolescentes, criterios y recomendaciones para la elaboración de contenidos de mensajes publicitarios que atiendan a: uso de figuras y símiles, participación en publicidades, publicidad engañosa, efectos perjudiciales para su salud y desarrollo, incitación a conductas de riesgo, incitación al consumo, exposición a publicidad de alimentos no saludables y bebidas no alcohólicas conforme a recomendaciones de la OMS, con el objetivo de garantizar el cumplimiento y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
6. Habilitar instancias de denuncia y establecer penalidades frente a violaciones a los derechos comunicacionales de las infancias.
7. Fomentar el acceso equitativo a la información y al conocimiento, mediante la implementación de estrategias de alfabetización mediática y digital universales e inclusivas, que contribuyan a promover medios de comunicación libres, independientes, pluralistas y respetuosos de los derechos.
8. Impulsar una industria federal de contenidos audiovisuales y digitales de calidad para la infancia, atendiendo a políticas y estrategias de desarrollo, organización y competitividad que propendan a la sustentabilidad del sector audiovisual y de TIC para la infancia.
9. Establecer mecanismos de promoción del sector audiovisual y digital para la infancia a través de un Programa de Estímulo o Fondo de Fomento Federal para la generación de espacios de formación y la producción de contenidos audiovisuales y digitales de calidad con una mirada local y regional.
10. Apoyar las iniciativas de la sociedad civil y organizaciones sin fines de lucro dirigidas a promover los derechos de los niños, contribuir a la construcción de su identidad y aportar al conocimiento de la diversidad cultural y del lenguaje audiovisual.
11. Sostener la vigencia y la sustentabilidad de los organismos y las instituciones que protejan los derechos de las infancias y acompañen y velen por su efectivo cumplimiento desde distintas instancias, entre ellos, el ConACAI.
12. Promover mecanismos que posibiliten conocer la opinión de niños, niñas y adolescentes de todo el país, tanto en el proceso de redacción de la ley como en ámbitos de formulación de propuestas o toma de decisiones de políticas audiovisuales y TIC que los involucren, en cumplimiento del ejercicio de la ciudadanía y el derecho a la participación.
Firman miembros del Consejo Asesor de Comunicación Audiovisual y la Infancia (ConACAI):
Adrián Baccaro, Signis Argentina.
Silvia Bacher, Asociación Las Otras Voces.
Isabel Gatti, Signis Argentina.
José Machain, Foro Parlamentario de la Infancia.
Cielo Salviolo, Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CASACIDN)
Susana Velleggia, Asociación Nueva Mirada.
Mercedes Viegas, Sociedad Audiovisual para la Infancia y la Adolescencia Argentinas (SAVIAA).
Gerardo Alzamora, SADOP.
Alejo Demichelis, CTERA.
Federico Dada, Provincia de Salta.
Marta Inés Fernández, Provincia de La Pampa.
Emanuel Gall, Provincia de Tucumán.
Daniela Gómez, Provincia de Santa Fe.
Luis Márquez, Provincia de San Juan.
María Eugenia Sarli, Provincia de Entre Ríos
Millennials, quizá ya es tiempo de poner reglas a Netflix
Por: Andrés González Watty*
Los inversionistas buscan señales de una mayor desaceleración en el crecimiento de suscriptores.
El cambio tecnológico es vertiginoso no sólo para los modelos de negocio sino también para los problemas regulatorios y los retos que enfrenta el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en materia de audio y televisión radiodifundida y de paga.
Tradicionalmente, sólo podían prestar el servicio de audio y video a distancia (lo que conocemos como radio y TV) los concesionarios de espectro, es decir, los que tenían un canal de tele o una frecuencia de radio, o bien los concesionarios de televisión de paga, también llamados ‘cableros’.
Ya no es así y el cambio se siente en la industria tradicional. Grupo Televisa, por ejemplo, acaba de anunciar que programas vinculados con personalidades tan icónicas como Adela Micha y Joaquín López Dóriga, entre otros, saldrán de su barra programática en enero.
Las causas parecen estar relacionadas, no con la calidad ni capacidad de los conductores, sino con los niveles de audiencia y la novedosa competencia que tiene la empresa por parte de los servicios OTT (over the top), como Netflix o Clarovideo, que difunden sus contenidos a través de plataformas de internet.
En todo el mundo el mercado de los canales radiodifundidos (y el de los medios tradicionales de comunicación) ha venido sufriendo una profunda metamorfosis en donde, gracias a las plataformas de internet y a la mayor penetración de conexiones de banda ancha, los contenidos son más importantes que los medios de transmisión.
Este fenómeno ha creado consumidores que de plano desconectan su tele de la programación habitual (radiodifundida o por cable) y sólo consumen contenidos OTT.
En inglés se les ha llamado ‘cord-cutters’, en español podríamos llamarlos ‘corta cables’ y están íntimamente relacionados con la generación ‘millenial’.
No es casualidad que, desde hace algunos años cadenas de TV abierta como la BBC, la NBC, ABC y Deutsche Welle, entre otros, han creado plataformas para difundir sus contenidos a través de internet. Televisa se ha planteado hacer lo mismo y, además, competir con los OTT con su plataforma ‘Blim’. ChivasTV, por su parte y a pesar de los problemas que ha tenido, representa un experimento novedoso para saltarse los canales tradicionales de distribución y transmitir contenidos solamente a través de internet.
Como se observa, hoy por hoy, es posible difundir contenidos y servicios de audio y video sin ser radiodifusor o cablero. Tradicionalmente la competencia de las televisoras han sido otras televisoras. En México la competencia de Televisa era TV Azteca. Ahora, plataformas de internet como Netflix, Clarovideo y YouTube representan un reto para los concesionarios de televisión radiodifundida, que deben proveer contenidos de calidad para así competir con series, programas y películas de factura, producción, libretos y actuaciones notables y con más frescura.
Sin embargo, el marco legal y regulatorio está diseñado con los servicios tradicionales en mente. Ni la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión ni, como consecuencia, los Lineamientos Generales sobre Derechos de las Audiencias recién emitidos por el IFT, hablan de otras audiencias que no sean las de radio o televisión radiodifundida o de paga.
Nada dicen de las audiencias de radio y televisión por internet. Como ha aclarado un voto particular del comisionado Adolfo Cuevas, del IFT, la TV por internet incluye los servicios de audio y video a la carta (también llamados ‘on demand’) y los servicios de ‘streaming’ de transmisión simultánea.
Con una buena conexión a internet, estos servicios en nada se diferencian de la televisión o el radio tradicional y, por tanto, existe el reto regulatorio de proteger los derechos de las audiencias de la TV y la radio por internet.
Otros países como el Reino Unido, imponen ciertos estándares mínimos para defender a las audiencias de los servicios OTT, por ejemplo, para que sus proveedores diferencien lo que es publicidad y lo que es programación normal; permitan el control parental; clasifiquen su programación para cada tipo de audiencia, en especial para las audiencias infantiles, y eviten contenidos violentos o discriminatorios.
La Unión Europea ha incluso propuesto una directiva para que los servicios OTT tengan en su oferta programática un porcentaje de programación local.
Como se ve, el cambio tecnológico no sólo ha afectado a los modelos de negocio de las compañías tradicionales de audio y televisión radiodifundida, como Televisa o TV Azteca y a la televisión por cable, sino que también representa un reto para la regulación del sector.
Los nuevos modelos de negocio desbordan los paradigmas sobre los que está construido el sistema regulatorio actual. Al mismo tiempo, hay problemas como los derechos de las audiencias de la televisión por internet que, en nuestro país, requieren también de protección.
Esta situación no es privativa del sector de la radiodifusión, pues tanto los modelos de negocio como la regulación de los servicios tradicionales de telecomunicaciones (la telefonía, mensajería instantánea y la transmisión de datos, entre otros) han sido también tocados por el avance tecnológico. Este tema, sin embargo, tendrá que quedarse en el tintero para otra colaboración.
*El autor es doctor en estudios socio-legales por la Universidad de Oxford (actualmente en proceso de titulación), maestro en regulación por la London School of Economics and Political Science, maestro en administración y políticas públicas por el CIDE y licenciado en derecho por la UP. Desde 2014 se desempeña como asesor del Comisionado Adolfo Cuevas en el IFT.
Fuente: El Financiero
Ver también: ¡Hola Netflix! Santa Fe aplicará un impuesto a los servicios audiovisuales por Internet
Los inversionistas buscan señales de una mayor desaceleración en el crecimiento de suscriptores.
El cambio tecnológico es vertiginoso no sólo para los modelos de negocio sino también para los problemas regulatorios y los retos que enfrenta el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en materia de audio y televisión radiodifundida y de paga.
Tradicionalmente, sólo podían prestar el servicio de audio y video a distancia (lo que conocemos como radio y TV) los concesionarios de espectro, es decir, los que tenían un canal de tele o una frecuencia de radio, o bien los concesionarios de televisión de paga, también llamados ‘cableros’.
Ya no es así y el cambio se siente en la industria tradicional. Grupo Televisa, por ejemplo, acaba de anunciar que programas vinculados con personalidades tan icónicas como Adela Micha y Joaquín López Dóriga, entre otros, saldrán de su barra programática en enero.
Las causas parecen estar relacionadas, no con la calidad ni capacidad de los conductores, sino con los niveles de audiencia y la novedosa competencia que tiene la empresa por parte de los servicios OTT (over the top), como Netflix o Clarovideo, que difunden sus contenidos a través de plataformas de internet.
En todo el mundo el mercado de los canales radiodifundidos (y el de los medios tradicionales de comunicación) ha venido sufriendo una profunda metamorfosis en donde, gracias a las plataformas de internet y a la mayor penetración de conexiones de banda ancha, los contenidos son más importantes que los medios de transmisión.
Este fenómeno ha creado consumidores que de plano desconectan su tele de la programación habitual (radiodifundida o por cable) y sólo consumen contenidos OTT.
En inglés se les ha llamado ‘cord-cutters’, en español podríamos llamarlos ‘corta cables’ y están íntimamente relacionados con la generación ‘millenial’.
No es casualidad que, desde hace algunos años cadenas de TV abierta como la BBC, la NBC, ABC y Deutsche Welle, entre otros, han creado plataformas para difundir sus contenidos a través de internet. Televisa se ha planteado hacer lo mismo y, además, competir con los OTT con su plataforma ‘Blim’. ChivasTV, por su parte y a pesar de los problemas que ha tenido, representa un experimento novedoso para saltarse los canales tradicionales de distribución y transmitir contenidos solamente a través de internet.
Como se observa, hoy por hoy, es posible difundir contenidos y servicios de audio y video sin ser radiodifusor o cablero. Tradicionalmente la competencia de las televisoras han sido otras televisoras. En México la competencia de Televisa era TV Azteca. Ahora, plataformas de internet como Netflix, Clarovideo y YouTube representan un reto para los concesionarios de televisión radiodifundida, que deben proveer contenidos de calidad para así competir con series, programas y películas de factura, producción, libretos y actuaciones notables y con más frescura.
Sin embargo, el marco legal y regulatorio está diseñado con los servicios tradicionales en mente. Ni la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión ni, como consecuencia, los Lineamientos Generales sobre Derechos de las Audiencias recién emitidos por el IFT, hablan de otras audiencias que no sean las de radio o televisión radiodifundida o de paga.
Nada dicen de las audiencias de radio y televisión por internet. Como ha aclarado un voto particular del comisionado Adolfo Cuevas, del IFT, la TV por internet incluye los servicios de audio y video a la carta (también llamados ‘on demand’) y los servicios de ‘streaming’ de transmisión simultánea.
Con una buena conexión a internet, estos servicios en nada se diferencian de la televisión o el radio tradicional y, por tanto, existe el reto regulatorio de proteger los derechos de las audiencias de la TV y la radio por internet.
Otros países como el Reino Unido, imponen ciertos estándares mínimos para defender a las audiencias de los servicios OTT, por ejemplo, para que sus proveedores diferencien lo que es publicidad y lo que es programación normal; permitan el control parental; clasifiquen su programación para cada tipo de audiencia, en especial para las audiencias infantiles, y eviten contenidos violentos o discriminatorios.
La Unión Europea ha incluso propuesto una directiva para que los servicios OTT tengan en su oferta programática un porcentaje de programación local.
Como se ve, el cambio tecnológico no sólo ha afectado a los modelos de negocio de las compañías tradicionales de audio y televisión radiodifundida, como Televisa o TV Azteca y a la televisión por cable, sino que también representa un reto para la regulación del sector.
Los nuevos modelos de negocio desbordan los paradigmas sobre los que está construido el sistema regulatorio actual. Al mismo tiempo, hay problemas como los derechos de las audiencias de la televisión por internet que, en nuestro país, requieren también de protección.
Esta situación no es privativa del sector de la radiodifusión, pues tanto los modelos de negocio como la regulación de los servicios tradicionales de telecomunicaciones (la telefonía, mensajería instantánea y la transmisión de datos, entre otros) han sido también tocados por el avance tecnológico. Este tema, sin embargo, tendrá que quedarse en el tintero para otra colaboración.
*El autor es doctor en estudios socio-legales por la Universidad de Oxford (actualmente en proceso de titulación), maestro en regulación por la London School of Economics and Political Science, maestro en administración y políticas públicas por el CIDE y licenciado en derecho por la UP. Desde 2014 se desempeña como asesor del Comisionado Adolfo Cuevas en el IFT.
Fuente: El Financiero
Ver también: ¡Hola Netflix! Santa Fe aplicará un impuesto a los servicios audiovisuales por Internet
martes, 27 de diciembre de 2016
Alerta en Ideas del Sur por despidos
Cristóbal López y Fabián de Souza echaron de la empresa a varios hombres de confianza de Marcelo Tinelli y se esperan más desvinculaciones
"El año que viene regresamos por la pantalla de El Trece el 15 de mayo". Con esa frase Marcelo Tinelli se despidió hace pocos días de sus televidentes. Lo hizo desde el canal que eligió hace 10 años para llevar su exitoso programa hasta lo más alto del rating.
Sin embargo, la continuidad de ShowMatch hoy es una gran incertidumbre. Sucede que en las últimas horas, el grupo Indalo Media, cuyos dueños son Cristóbal López y Fabián De Souza, echó a 27 empleados del riñón de Tinelli.
Según informó el periodista Luis Bremer en su portal de Internet, Parte del Show, el grupo Indalo, dueño de Ideas del Sur, envío 27 cartas documento a importantes empleados de la productora informando la desvinculación de sus cargos.
Y si bien muchos de los damnificados recibieron un llamado telefónico para no pasar por el triste momento de presentarse a trabajar y que les impidan el paso en la puerta de la calle Olleros, todos comparten la misma conmoción y tristeza ante semejante noticia.
El productor Marcelo Bala Valencia, por ejemplo, escribió una emotiva carta en Facebook recordando sus comienzos en la productora fundada por Marcelo Tinelli.
"Gracias Marcelo... Ya pasaron más de 20 años del día que recibí mi primer sueldo como asistente en este show... sí, en aquel entonces cobrábamos por actores, había estado más de un año calentando el banco del pasillo rojo en Telefe... Me acuerdo que en uno de los viejos técnicos me dijo: pibe vos querés ser productor? agarra un cassette en una mano, un papel en la otra y corre, eso hice ... Corrí , corrí , me caí , me levante y seguí ... esquive, salte y seguí corriendo, siempre para adelante... En estos veintitantos años viví experiencias inolvidables, viaje a lugares impensados para un pibe del pasaje Pestalozzi en Villa Urquiza, conocí infinidad de personas y hasta tuve la bendición con el tiempo de poder trasmitirle esta pasión a mis hermanos, es inexplicable lo que se siente, parece que fue ayer... Siento que hace 20 años tome un colectivo, me quedé dormido y hoy me despertó el chofer para decirme que ya estábamos en la terminal, me pasó varias veces esa situación, a quién no? Pasó tiempo del último bondi, pero recordé lo que hacía en ese momento, me bajaba, tomaba otro y seguía soñando... Gracias a todos los que me ayudaron en este viaje, fueron muchísimos y les voy a estar eternamente agradecido!!! Gracias Marcelo por dejarme formar parte de esta historia, mañana voy a poder contarle a mis nietos que yo fui parte de La leyenda... Yo fui productor de Showmatch...".
Las sentidas palabras de Valencia representan el sentir de varios de los empleados que en las últimas horas se quedaron sin un lugar en el 4º y parte del 3º piso de Ideas del Sur, espacios que en las próximas semanas serán ocupados por personal jerárquico de C5N, ya que el canal de noticias de cable hará su mudanza el 1º de febrero.
Además, según se informó en Parte del Show, a los 27 despidos gerenciales en la ex productora de Tinelli se sumaría varias decenas de empleados menos en los próximos días. Es que, al parecer, la empresa prescindiría de los servicios de más de 150 productores y técnicos en el próximo mes.
Estos despidos se suman a los más de 100 que generó la empresa en el adjudicado CN23 que Indalo compró al Grupo 23 de Sergio Spolzky y Matías Garfunkel, como así otros tantos en PPT (ex productora de Diego Gvirtz).
Por el momento, el conductor de Bailando por un sueño se limitó a compartir en su cuenta de Twitter varios mensajes que dan cuenta de su bronca e indignación para con el Gobierno. Desde el pedido de renuncia a Prat-Gay y la plata para los piqueteros hasta la crisis de los clubes de fútbol y la rescisión del contrato de FPT. Sin embargo, de los despidos en su ex productora todavía no dijo nada... Habrá que esperar...
Fuente: Diario Muy
Ver anterior: Ideas del Sur y la crisis de Indalo Media: incertidumbre para 200 trabajadores
"El año que viene regresamos por la pantalla de El Trece el 15 de mayo". Con esa frase Marcelo Tinelli se despidió hace pocos días de sus televidentes. Lo hizo desde el canal que eligió hace 10 años para llevar su exitoso programa hasta lo más alto del rating.
Sin embargo, la continuidad de ShowMatch hoy es una gran incertidumbre. Sucede que en las últimas horas, el grupo Indalo Media, cuyos dueños son Cristóbal López y Fabián De Souza, echó a 27 empleados del riñón de Tinelli.
Según informó el periodista Luis Bremer en su portal de Internet, Parte del Show, el grupo Indalo, dueño de Ideas del Sur, envío 27 cartas documento a importantes empleados de la productora informando la desvinculación de sus cargos.
Y si bien muchos de los damnificados recibieron un llamado telefónico para no pasar por el triste momento de presentarse a trabajar y que les impidan el paso en la puerta de la calle Olleros, todos comparten la misma conmoción y tristeza ante semejante noticia.
El productor Marcelo Bala Valencia, por ejemplo, escribió una emotiva carta en Facebook recordando sus comienzos en la productora fundada por Marcelo Tinelli.
Las sentidas palabras de Valencia representan el sentir de varios de los empleados que en las últimas horas se quedaron sin un lugar en el 4º y parte del 3º piso de Ideas del Sur, espacios que en las próximas semanas serán ocupados por personal jerárquico de C5N, ya que el canal de noticias de cable hará su mudanza el 1º de febrero.
Además, según se informó en Parte del Show, a los 27 despidos gerenciales en la ex productora de Tinelli se sumaría varias decenas de empleados menos en los próximos días. Es que, al parecer, la empresa prescindiría de los servicios de más de 150 productores y técnicos en el próximo mes.
Estos despidos se suman a los más de 100 que generó la empresa en el adjudicado CN23 que Indalo compró al Grupo 23 de Sergio Spolzky y Matías Garfunkel, como así otros tantos en PPT (ex productora de Diego Gvirtz).
Por el momento, el conductor de Bailando por un sueño se limitó a compartir en su cuenta de Twitter varios mensajes que dan cuenta de su bronca e indignación para con el Gobierno. Desde el pedido de renuncia a Prat-Gay y la plata para los piqueteros hasta la crisis de los clubes de fútbol y la rescisión del contrato de FPT. Sin embargo, de los despidos en su ex productora todavía no dijo nada... Habrá que esperar...
Fuente: Diario Muy
Ver anterior: Ideas del Sur y la crisis de Indalo Media: incertidumbre para 200 trabajadores
ENaCom financiará el acceso a internet de banda ancha en zonas alejadas de centros urbanos
Se publicó en el Boletín Oficial la resolución para el financiamiento de proyectos orientados a incentivar y garantizar el servicio fijo de acceso a Internet de banda ancha en las zonas más alejadas de los centros urbanos. El Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) invertirá hasta 350 millones de pesos para financiar la instalación en poblados de hasta 2.500 habitantes alejados de grandes centros urbanos y contempla la prestación del servicio en escuelas y bibliotecas
El ENaCom, actuando como Autoridad de Aplicación del Fondo Fiduciario de Servicio Universal (FFSU), llamó a concurso para el financiamiento parcial a través de Aportes No Reembolsables a partir de la Resolución N°8955-E/16 para garantizar acceso a Internet de banda ancha a zonas alejadas de los centros urbanos.
El llamado se publicó hoy en el Boletín Oficial y la resolución especifica que el concurso apunta al "financiamiento de proyectos orientados a incentivar y garantizar el servicio fijo de acceso a Internet de banda ancha en las zonas más alejadas de los centros urbanos" para lo que se aplicarán recursos por hasta $ 350 millones.
"Este concurso, enmarcado en el Programa Conectividad, tiene como objetivo favorecer la implementación de proyectos para la universalización y mejora de la infraestructura de las redes para la prestación del servicio fijo de acceso a internet de banda ancha en áreas con necesidades insatisfechas", informó ENaCom.
En una primera etapa, la iniciativa estará dirigida a las localidades que por su reducido tamaño poblacional no se encuentran priorizadas en los planes de expansión de redes y servicios de la oferta privada.
De tal modo, los proyectos a financiarse serán aquellos que se centren en localidades de hasta 2.500 habitantes y localidades sin servicio de hasta 500 habitantes.
El concurso se financiará hasta un 80%, mediante aportes no reembolsables, las inversiones de los proyectos presentados, con un máximo de $ 2 millones para proyectos de una localidad y hasta $ 3 millones para los que abarquen 2 localidades o más. El monto total asignado al Concurso será de hasta $ 350 millones.
Quienes podrán presentar proyectos serán aquellos licenciatarios de servicios TIC con registro de valor agregado de acceso a Internet, permitiéndose un solo proyecto por licenciatario con el fin de preservar la diversidad de oferta y la competencia, a la par de incentivar la participación de los proveedores locales.
Los proyectos tendrán como requisito impulsar, en algunas de sus etapas de desarrollo, la implementación de redes multiservicios de banda ancha basadas en tecnología IP.
Es decir, que no se aplicarán recursos a proyectos que sólo impliquen una mejora tecnológica desde lo actualmente ofrecido sino que, además, faciliten futuras expansiones y desarrollos hacia redes de Nueva Generación (NGN).
El concurso contempla proyectos que impliquen mejoras y/o migraciones desde todo tipo de redes (par de cobre, coaxial, fibra óptica o inalámbricas) y en función de ellas financiará despliegues del tipo de Fibra al Hogar (FTTH), Fibra al Gabinete (FTTC) e inalámbricas entre otras, tanto en sus componentes de red como en equipamiento de las mismas.
Complementariamente, los proyectos deberán proveer sin cargo el servicio de Internet de banda ancha fijo a los establecimientos educativos de gestión estatal y a bibliotecas populares inscriptas en el Registro de la CoNaBiP que se encuentren dentro de su área de cobertura.
Esta iniciativa está dirigida a lograr un impacto en las comunidades involucradas que implique la extensión de la red, la adecuación a redes de nueva tecnología facilitando una mejora del servicio y una reducción de costos operativos que garantice más y mejores comunicaciones para los usuarios de cada ciudad del país.
También tiene como prioridad reducir la brecha digital, tanto en cuanto a la calidad del servicio como en los costos en relación a los grandes centros urbanos.
El ENaCom, actuando como Autoridad de Aplicación del Fondo Fiduciario de Servicio Universal (FFSU), llamó a concurso para el financiamiento parcial a través de Aportes No Reembolsables a partir de la Resolución N°8955-E/16 para garantizar acceso a Internet de banda ancha a zonas alejadas de los centros urbanos.
El llamado se publicó hoy en el Boletín Oficial y la resolución especifica que el concurso apunta al "financiamiento de proyectos orientados a incentivar y garantizar el servicio fijo de acceso a Internet de banda ancha en las zonas más alejadas de los centros urbanos" para lo que se aplicarán recursos por hasta $ 350 millones.
"Este concurso, enmarcado en el Programa Conectividad, tiene como objetivo favorecer la implementación de proyectos para la universalización y mejora de la infraestructura de las redes para la prestación del servicio fijo de acceso a internet de banda ancha en áreas con necesidades insatisfechas", informó ENaCom.
En una primera etapa, la iniciativa estará dirigida a las localidades que por su reducido tamaño poblacional no se encuentran priorizadas en los planes de expansión de redes y servicios de la oferta privada.
De tal modo, los proyectos a financiarse serán aquellos que se centren en localidades de hasta 2.500 habitantes y localidades sin servicio de hasta 500 habitantes.
El concurso se financiará hasta un 80%, mediante aportes no reembolsables, las inversiones de los proyectos presentados, con un máximo de $ 2 millones para proyectos de una localidad y hasta $ 3 millones para los que abarquen 2 localidades o más. El monto total asignado al Concurso será de hasta $ 350 millones.
Quienes podrán presentar proyectos serán aquellos licenciatarios de servicios TIC con registro de valor agregado de acceso a Internet, permitiéndose un solo proyecto por licenciatario con el fin de preservar la diversidad de oferta y la competencia, a la par de incentivar la participación de los proveedores locales.
Los proyectos tendrán como requisito impulsar, en algunas de sus etapas de desarrollo, la implementación de redes multiservicios de banda ancha basadas en tecnología IP.
Es decir, que no se aplicarán recursos a proyectos que sólo impliquen una mejora tecnológica desde lo actualmente ofrecido sino que, además, faciliten futuras expansiones y desarrollos hacia redes de Nueva Generación (NGN).
El concurso contempla proyectos que impliquen mejoras y/o migraciones desde todo tipo de redes (par de cobre, coaxial, fibra óptica o inalámbricas) y en función de ellas financiará despliegues del tipo de Fibra al Hogar (FTTH), Fibra al Gabinete (FTTC) e inalámbricas entre otras, tanto en sus componentes de red como en equipamiento de las mismas.
Complementariamente, los proyectos deberán proveer sin cargo el servicio de Internet de banda ancha fijo a los establecimientos educativos de gestión estatal y a bibliotecas populares inscriptas en el Registro de la CoNaBiP que se encuentren dentro de su área de cobertura.
Esta iniciativa está dirigida a lograr un impacto en las comunidades involucradas que implique la extensión de la red, la adecuación a redes de nueva tecnología facilitando una mejora del servicio y una reducción de costos operativos que garantice más y mejores comunicaciones para los usuarios de cada ciudad del país.
También tiene como prioridad reducir la brecha digital, tanto en cuanto a la calidad del servicio como en los costos en relación a los grandes centros urbanos.
Cronograma:
EVENTO
|
FECHAS
|
LLAMADO
|
26/12/2016
|
CONSULTAS
|
26/12/2016 a 03/02/2017
|
PRESENTACIÓN DE PROYECTOS
|
19/02/2017 a 25/03/2017
|
Suscribirse a:
Entradas (Atom)