Exigen federalizar y democratizar la distribución de la pauta publicitaria

Por: Florencia Avena
Una Feria de Medios Comunitarios y Populares reclamó frente al Congreso de la Nación una distribución de los recursos publicitarios estatales más justa. Exigen que el 33% de esos fondos se destine a medios sin fines de lucro, que buena parte llegue a las provincias y que haya topes para los grandes grupos económicos. 

Federalizar las comunicaciones y democratizar la distribución de la publicidad oficial fueron las consignas sobre las que alzaron sus voces distintos sindicatos de prensa, agrupaciones de trabajadores de la comunicación y medios autogestivos audiovisuales, gráficos, y digitales. La actividad, que se autodenominó como una “Feria de Medios Comunitarios y Populares”, se desarrolló entre las 16 y las 19 de ayer frente a la plaza del Congreso de la Nación. El leitmotiv de la jornada fue presentar la semilla de lo que será un proyecto de ley que busca regular cuánto y a quiénes corresponde la asignación de esos recursos.

La iniciativa nació hace ocho meses y concluyó en un documento que, a partir del debate entre distintos protagonistas que buscan democratizar la comunicación, reúne en doce puntos los lineamientos principales de la propuesta. Su norte es que la distribución de la pauta oficial esté regulada de manera transparente, democrática y federal. Actualmente, no existe un marco legislativo-judicial que exija una rendición de cuentas sobre cómo se administran los fondos destinados a ella.

“Cuando hablamos de la democratización de la pauta también hablamos de la democratización de la palabra”, afirmó en el acto Carla Gaudensi, secretaria general de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPren), una de las promotoras del proyecto, junto a la Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCo), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), la Coalición por una Comunicación Democrática, la Red de Carreras de Comunicación (RedCom), los canales comunitarios Barricada TV, Pares TV de Luján, 4 de Mar de Ajó y Giramundo de Mendoza, entre muchos otros actores.

"Cuando la TV asustaba en la pandemia, los medios comunitarios visibilizábamos las ollas populares", dice Vinelli.

Contemplando la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Nº 26.522, el proyecto reclama que, por extensión a los servicios gráficos y digitales, el 33% del total de la pauta oficial se asigne a medios de comunicación sin fines de lucro; que se establezca un tope del 3% del monto total para la inversión en una empresa o grupo empresario; que solamente los titulares de cada uno de los medios puedan contratar ese tipo de publicidad, para evitar que se facture con distintas personas jurídicas; y cumplir con lo que dice el Estatuto del Periodista en materia de garantizar los derechos de sus trabajadores.

“Lo que pedimos es que se establezcan pisos y techos, que todos los medios de las provincias reciban pauta y que no pase como ahora, que lamentablemente está concentrada en la Ciudad de Buenos Aires, en medios que se autodenominan nacionales”, aseguró Pablo Antonini, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCo), organización que nuclea entre 120 y 150 radios asociadas en veintidós provincias. Y agregó: “A la vez establece criterios que entendemos son necesarios, como la producción de contenidos locales y de identidad. No puede ser que una repetidora reciba lo mismo o mucho más que un medio que se esfuerza en generar contenidos propios”.

Ver también: Propuesta para federalizar y democratizar la distribución de la pauta publicitaria

Desde FATPren se realizó un relevamiento que pudo registrar más de doscientos medios autogestivos en todo el país, con 2370 trabajadoras y trabajadores que los sostienen, de los cuales la mitad no percibe ningún tipo de remuneración. “Nos consideramos trabajadores de prensa igual, porque también somos medios de comunicación. Somos los que garantizamos que la sociedad pueda generar sus propias ideas y proyectos, y que no esté todo siempre en manos de unos pocos que nos cuentan siempre lo mismo, de un lado y del otro”, reflexionó Martina Noailles, secretaria de Medios Autogestivos del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), en diálogo con ANCCOM.

"Garantizamos que la sociedad pueda generar sus propias y que unos pocos no cuentan siempre lo mismo", dice Noailles.

El impulso federal que ordena el proyecto persigue siempre la promoción de la diversidad y pluralidad de voces para llegar a toda la población asegurando la libertad de expresión y el derecho a la información. En este sentido, propone que la distribución de pauta replique la misma lógica con la que se distribuye la Coparticipación Federal. “Marchamos frente al Congreso porque queremos que esto se impulse en cada provincia y en cada municipio”, señaló la representante de SiPreBA.

Natalia Vinelli, directora de Barricada TV, destacó la importancia de los medios comunitarios al afirmar que son generadores de empleo que construyen una comunicación desde otra perspectiva, que están junto a los vecinos, junto al pueblo y que producen “comunicación de calidad”. Y particularmente hizo referencia al rol de estos medios en un contexto de incertidumbre informativa como lo fue el comienzo de la pandemia, donde se trató de dar un abordaje enfocado en la solidaridad y la organización popular de los barrios.

En esta línea, Vinelli pronunció: “Cuando la televisión asustaba, los medios comunitarios estábamos sosteniendo las ollas populares, acompañando y visibilizando el trabajo de las organizaciones sociales. Por eso creo que justamente una ley de pautas es necesaria para que los medios comunitarios podamos funcionar en el sistema de medios que tenemos. No siempre afuera, cayéndose, sino dentro del sistema de medios”.

El encuentro en la histórica plaza estuvo acompañado por una transmisión de TeleRed que contó con la presencia virtual de una amplia red de medios provinciales, con representantes de Mendoza y Córdoba que se hicieron eco del pedido y demostraron su apoyo a la causa.

El sol cayó al son de las canciones que entonaron chicas y chicos que participan de un taller que dicta FM Reconquista (89.5) de la localidad bonaerense de José León Suárez, emisora que, según sus conductores, sufre interferencias por parte de una radio del Grupo Octubre.

Fotos: Sofia Ruscitti

Fuente: ANCCOM

Trabajadores de prensa piden ser incluidos en cronogramas de vacunación y cumplimiento de los protocolos

Ante el aumento sostenido de contagios de Covid-19 en el país y en la región, que lleva al gobierno a disponer de nuevas medidas y recomendaciones y teniendo en cuenta que la nuestra es una actividad esencial, desde el Sindicato de Prensa Rosario solicitamos:

• Inclusión en los cronogramas de vacunación fundamentalmente para los grupos de trabajadores que realizan sus tareas de prensa en la calle.

• Rigurosidad a la hora de aplicar los protocolos sanitarios en los espacios de trabajo.

Asimismo desde el SPR nos comprometemos a asumir las gestiones correspondientes con los Estados municipal y provincial para que les trabajadores de prensa seamos incluides en los cronogramas de vacunación.
Sindicato de Prensa Rosario

Córdoba: Pasan a retiro al comisario que amenazó a periodista y un legislador

A través de la red social Twitter, el Ministerio de Seguridad de la provincia comunicó esta tarde que el comisario mayor Mauricio Mielgo pasó a "situación de retiro obligatorio" tras las intimaciones hacia el periodista Andrés Ferreyra y el legislador Dante Rossi

Este martes, el Ministerio de Seguridad del Gobierno de Córdoba informó que pasó a "situación de retiro obligatorio al comisario mayor Elías Mauricio Mielgo".

La comunicación oficial realizada en Twitter destacó que el Gobierno tiene una concepción "inclaudicable y definitiva" respecto al respeto del derecho a la libertad de prensa. Además agregó que la medida "es adoptada, sin perjuicio de la prosecución de las causas judiciales en trámite, las que continuarán según el estado en que se encuentren".

Mielgo lanzó días atrás una amenaza contra el periodista de Canal Doce, Andrés Ferreyra, a través de una carta documento. En ella le recriminó haber dado a conocer el testimonio de una subordinada suya que lo denunció en 2018 y 2020 por presuntos "abusos y acosos con un fin sexual" mientras se desempeñaba en la comisaría de Corral de Bustos.

La carta documento significaba un grave ataque contra la libertad de expresión y causó indignación y polémica en el ámbito periodístico cordobés e incluso en la política.

Ver también: Córdoba: Un comisario amenazó a periodista y un legislador

Pero además, el ex comisario replicó esa práctica contra el legislador de la UCR, Dante Rossi. Así es que en otra carta documento, le exigió al parlamentario radical un desagravio bajo la amenaza de iniciar acciones legales en su contra. Ocurre que Rossi había presentado en la Unicameral un proyecto de declaración pidiendo la desafectación de Mielgo al frente de la Departamental Marcos Juárez.

Por su parte, el ministro de Seguridad de Córdoba, Alfonso Mosquera, expresó su opinión sobre la expulsión de Mielgo en su cuenta personal: "La defensa de los derechos no otorga a quien se siente ofendido, el derecho de avasallar garantías de raigambre constitucional consagradas por la carta magna".

"La libertad de prensa y la inmunidad de opinión de los/as señores/as legisladores/as, son derechos tutelados por la Constitución de la Provincia de Córdoba, nuestra ley fundamental, y su observancia es imperativa en el marco del estado de derecho", agregó, en referencia a la carta documento que también recibió el legislador radical Dante Rossi.
Fuentes: Hoy Día

Trabajadoras y trabajadores de La Nación critican otro editorial del diario

Sobre un editorial de La Nación que habla de trabajadores y sindicatos

En las ediciones online e impresa del diario La Nación y en las revistas que edita el grupo, un alto porcentaje de trabajadores cobran salarios iguales o inferiores a la canasta básica. Otros apenas un poco por arriba. El promedio es de entre 60 y 80 mil pesos. Algunos trabajadores y trabajadoras con muchos años en la empresa o que pudieron acordar un sueldo mejor al ingresar, superan un poco estas cifras. Lo cierto es que en La Nación más del 60% no llega a percibir sueldos mayores a los 150 mil pesos bruto.

En el editorial de ayer titulado: “Una TV Pública anacrónica e insostenible”, siguiendo la línea de una serie de notas ya publicadas que indagan en las condiciones laborales de los medios públicos, La Nación argumenta que sueldos de 200 mil pesos son una desmesura. Más allá de posturas sobre el rol de los medios públicos, en las que se puede o no coincidir, como trabajadoras y trabajadores de este medio nos preocupan esta serie de notas que atacan las conquistas laborales y la gestión de los sindicatos que nos representan.

Las cifras que presentan tanto el editorial, como las notas que lo precedieron, no se ajustan a la realidad, ya que el 63.45% de las y los trabajadores de la TV Pública tienen ingresos menores a 200 mil pesos. De cualquier manera nos preguntamos ¿Qué tiene de malo que un trabajador sea bien remunerado por su tarea? ¿Qué tiene de malo que se le reconozcan las horas extras y otros pluses por servicios no contemplados en su categoría?

La respuesta está en el anteúltimo párrafo, cuando dice “…no es posible seguir aferrados a convenios laborales del año 1975…”, entonces queda claro que la nota justifica la política que la empresa lleva adelante hace años puertas adentro con sus propios trabajadores, que se basa en el desconocimiento de las leyes que regulan el trabajo en prensa. Una política que implementa reducción de la dotación y flexibilización de condiciones laborales (horarios extendidos, multiplicación de tareas, tercerización y pasantías que no lo son, contratos a termino para trabajadores/as que hacen tareas propias de una redacción), y una política salarial a la baja que pauperiza cada año más y más a las y los trabajadores. La difamación de quienes representan a los trabajadores busca minar la fortaleza de quienes resisten estas políticas.

La vara no es igual para unos y otros. Desde este mes se relanzó el canal LN+, con contratos que superan el millón de pesos mensual para las figuras de la pantalla chica. En su última charla por Meet, Francisco Seghezzo, Ceo de la empresa, informó que esta inversión, millonaria en dólares, sale de los bolsillos de los propietarios de la empresa, negando rotundamente la participación de inversores externos. Las y los trabajadores de La Nación nos preguntamos ¿Cómo puede haber tanto dinero para unos pocos mientras resulta tan difícil conseguir que los básicos de La Nación superen la línea de pobreza? ¿Cómo puede ser que no se retribuya económicamente el enorme esfuerzo de sostener la producción de manera remota, cubriendo gastos que la empresa desconoce, poniendo incluso en muchos casos, equipos propios para asegurar que las ediciones sigan llegando a los lectores de la manera habitual?

En cambio, en este mes de marzo, cuando asoma un rebrote virulento de la Covid-19, la empresa requiere que quienes trabajan en la redacción, vuelvan al trabajo presencial en Vicente López, expondiéndonos al contagio. Esa es la manera en que reconocen la labor realizada durante 2020, con sueldos a la baja, multiplicando tareas y horarios sin reconocimiento económico, manteniendo planes de reducción de personal cuando está probado que la reducción la cubren los mismos trabajadores con mas y mas esfuerzo.

El problema no son los sueldos de los trabajadores y trabajadoras de la TV Pública, el problema son los sueldos y las condiciones de trabajo de las y los trabajadores de La Nación.

Trabajadores de Prensa del Diario La Nación

Vuelve la ficción a Telefe con "El primero de nosotros"

El nuevo dramedy, que se estrenará durante el primer semestre del año, está escrito por Ernesto Korovsky y Romina Moretto, con la colaboración de Micaela Libson y Juan Ciuffo

VIS y Telefe confirmaron el elenco de El Primero de Nosotros, la nueva producción del VIS que se estrenará en Telefe en el primer semestre del año. La súper serie estará protagonizada por Benjamín Vicuña, Paola Krum, Luciano Castro, Jorgelina Aruzzi, Damián de Santo y Mercedes Funes.

El Primero de Nosotros narra la historia de un grupo de amigos que cambia rotundamente cuando se enteran que Santiago, uno de ellos, padece una enfermedad terminal. La noticia deja a todos en shock y la cercanía con la muerte moviliza aquellos deseos profundamente aquietados en este grupo de amigos. El amor y la unión que proviene de ellos, llenará de vida y sentido el tiempo de un camino con final anunciado.

La serie está escrita por Ernesto Korovsky y Romina Moretto, con la colaboración de Micaela Libson y Juan Ciuffo. Este dramedy, que comenzará a rodarse en Buenos Aires a mediados de abril, estará dirigida por Pablo Vásquez y Pablo Ambrosino bajo la supervisión y dirección integral de Jorge Bechara.

“Desde el VIS impulsamos la creación de contenidos de calidad, que abordan desde una mirada innovadora temáticas universales, manteniendo nuestro compromiso de garantizar una perspectiva diversa e inclusiva”, sostuvo Federico Cuervo, SVP & Head del VIS Americas.

Por su parte, Dario Turovelzky, General Manager South Cone & SVP Global Content, ViacomCBS Networks Americas, concluyó: "Es un placer anunciar el regreso de la ficción nacional a Telefe, con un contenido de calidad y los mejores talentos, ofreciéndoles a nuestras audiencias historias actuales, sobre tópicos que nos identifican, impulsando la innovación y fortaleciendo nuestro liderazgo".

Fuente: Viacom

Córdoba: Un comisario amenazó a periodista y un legislador

Se trata de Mauricio Mielgo, titular de la Departamental Marcos Juárez de la Policía provincial, quien envió sendas cartas documento contra Rossi y Ferreyra exigiendo un desagravio por un caso de presunto abuso sexual

El caso del titular de la Unidad Departamental Marcos Juárez de la Policía de la Provincia, Mauricio Mielgo, continúa sumando condimentos políticos. Es que tras las amenazas que el comisario mayor lanzó días atrás -a través de una carta documento- contra el periodista de Canal Doce, Andrés Ferreyra, al que le recriminó haber dado a conocer el testimonio de una subordinada suya que lo denunció en 2018 y 2020 por presuntos "abusos y acosos con un fin sexual" mientras se desempeñaba en la comisaría de Corral de Bustos, Mielgo decidió ir más allá y replicó esa práctica contra el legislador de la UCR, Dante Rossi.

En otra carta documento, le exigió al parlamentario radical un desagravio bajo la amenaza de iniciar acciones legales en su contra. Ocurre que Rossi había presentado en la Unicameral un proyecto de declaración pidiendo la desafectación de Mielgo al frente de la Departamental Marcos Juárez.

En respuesta a dicha solicitud, el comisario mayor consideró que "es indignante que un legislador provincial, para ganar protagonismo público, en lugar de hacerlo mediante el mérito y la importancia de su labor parlamentaria, que en su caso brilla por su ausencia, lo haga afirmando falsos hechos como el aludido en su proyecto de declaración, en el que mentirosamente afirmó que Mariela Neira fue dada de baja de la fuerza policial como consecuencia de un abuso sexual y de autoridad cuya autoría arteramente me atribuyó". Según la versión de Mielgo, existen constancias de un sumario administrativo que le dio origen a la baja de Neira número 0002-031554/2019 que "lo desmienten por completo".

"Igualmente, constituye una ingente irresponsabilidad suya, calificarme de agresor, y aludir a la ilegitimidad de mi ascenso, poniendo en tela de juicio (…) mi impecable desempeño en la fuerza", insistió Mielgo en los cuestionamientos dirigidos a Rossi. A modo de remate, el jefe policial le advirtió al legislador que "carece de inmunidad parlamentaria para difamarme".

Sobre el particular, el mencionado comunicador publicó el sábado último un tuit en el que alertó que "a esta altura es incomprensible que el Gobierno de Córdoba, el Ministerio de Seguridad y la Policía de Córdoba le sostenga la mano a este comisario violento que también intimidó con carta documento al legislador Dante Rossi". "¿A este tipo de personajes le dan poder?", se preguntó Andy Ferreyra, quien durante la presente jornada sería recibido por la comisaria mayor María Angélica Paredes, directora general de Control de Conducta Policial, una oficina que reemplaza a la vieja dirección de Asuntos Internos.

A su turno, María Ana Mandakovic, secretaria general del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (CiSPren), aseguró que "es gravísimo lo que ocurrió, un comisario que está al frente de un grupo armado, no puede enviarle una carta intimidatoria a un periodista que sólo hizo su trabajo. Este ataque a Andrés Ferreyra es un ataque a la libertad de prensa, la libertad de expresión y a la sociedad toda. Implica un abuso de poder de un funcionario público, como es el jefe de una Unidad Departamental de la Policía de Córdoba que busca censurar la labor de un trabajador de prensa".

Mandakovic agregó que "el caso que expuso el colega atendió todas las normas de la ética periodística y puso blanco sobre negro lo que sucede en una institución verticalista donde hay altísimos índices de violencia de género".

Es el Editor el primer y último responsable

El CiSPren  da a conocer su posición frente a las responsabilidades del periodista y las empresas que lo contratan. A propósito de  la carta documento que el  comisario mayor Mauricio Mielgo, director de la Departamental Marcos Juárez, le envió al cronista  Andy Ferreyra intimándolo a guardar silencio sobre una denuncia por acoso sexual  que lo involucraba y que realizó una mujer policía.

En el marco de la permanente fricción entre los actores de la información, el extendido capítulo de la responsabilidad del Editor tiene en la idea de un periodista “autónomo” su mayor arraigo entre las empresas periodísticas.

De modo tal que, en este engaño, el periodista asoma como un gestor intelectual emancipado de la trama discursiva-comercial-social, el sujeto libre que pone en juego su voluntad sin arreglo a ningún acuerdo previo con las patronales.

Así, entonces, el periodista que haya publicado información sensible para los actores institucionales, sean de la esfera pública o privada, en el medio que lo emplea, se encuentra con que tiene que salir a disputar en terreno desconocido, sin más respaldo que su propio prestigio, armado apenas con el lenguaje de la palabra.

A la intemperie cuando arrecia la tempestad de la querella. Fuera de cobertura patronal, defendiéndose como aquel al que impulsan a pelear, mientras los fogoneros se dedican a tenerle el saco.

Como si el ejercicio libre de la prensa, luego de verificados sus presupuestos técnicos, éticos y deontológicos, tuviera al hombre/mujer de prensa como destinatario de los beneficios que la publicación produjera, y no a los dueños del medio por que se difunde el mensaje.

Las empresas periodísticas no pueden eludir la responsabilidad de lo que sus periodistas publiquen a cuenta y nombre de las mismas. El Editor es el primer dique donde deben estrellarse los ímpetus de los intolerantes.

Es el Editor el primer y último responsable.

Los/las trabajadores/as de prensa nos empeñamos en brindar información en los términos que impone un ejercicio responsable del oficio. Nuestra propia experiencia es un estilete afilado a la hora de la disección entre tanta operación disfrazada de información.

El negocio, legítimo y deseado en el marco del sistema económico que avala la sociedad, escapa a las aptitudes del sujeto trabajador, no es su incumbencia ni su afán. Los periodistas maniobramos con la frágil materialidad del bien común. Eso y no otra cosa es la información que importa a una sociedad madura y crepitante.

Cuando, otra vez, la querella por la presunción de sentirse afectado cae sobre el cuerpo de uno de nuestros periodistas, el CiSPren exige que la patronal supere la malograda tentación de ofrendar una víctima sin otro recurso defensivo que su empeño y dignidad. En conjunto, encendemos una alarma enérgica sobre un aspecto que el vértigo informativo no puede disipar, el de la censura. Venenosa cuando adquiere la forma de prohibición; mentirosa cuando se encubre en banalidades impropias de una democracia todavía deudora del pueblo.

El Editor está obligado a gestionar el relato periodístico poniéndose al frente de la línea de fuego, cuando haya quien pueda sentir que se auscultan sus oscuridades. Las empresas periodísticas deben responder por el contenido publicado; lo contrario, agrede el consenso entre públicos y fuentes del discurso. Responde el más fuerte, jamás el más débil.

Las redes sociales han contribuido  a oxigenar la red de mensajes en la sociedad digital del siglo XXI; pero aún no pudieron desconectar a los hombres y mujeres de prensa de tan alta responsabilidad a la hora de informar al soberano.

Seguimos siendo los obreros calificados que operamos la polea de transmisión diaria que instala conflictos, ilumina la escena, pone a dialogar a sus intérpretes, y enciende la llama del debate público. No resignamos esa responsabilidad a manos de un negocio cada vez más concentrado y menos visible a los ojos de lectores, oyentes y televidentes.

Al Editor, responsabilidad por el mensaje publicado.

*Comisión Directiva del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba

Fuentes: Hoy Día y CiSPren

Libro explora cómo inciden las noticias de inseguridad en la vida cotidiana de las personas

La investigadora del CONICET Brenda Focas es la autora de El delito y sus públicos. Inseguridad, medios y polarización

Por; Cintia Kemelmajer
Cuidado: prender la televisión para ver el noticiero puede ser un acto compulsivo de consecuencias insospechadas. “El noticiero es adictivo y más cuando el mundo es inestable”, decía el teórico de la comunicación Roger Silverstone. La investigadora del CONICET Brenda Focas lo retoma en su libro El delito y sus públicos. Inseguridad, medios y polarización (UNSAM Edita), que publicó a fines de 2020. En él refleja esa obsesión que causan los noticieros televisivos a través de cifras según la última Encuesta de Consumos Culturales (SINCA), en la que el noticiero es el elegido como el género preferido de los argentinos para informarse. Detrás de esos datos creció la verdadera inquietud de Focas como científica: estudiar la incidencia de las noticias de delito e inseguridad en la vida cotidiana de las personas, a partir del posicionamiento de la inseguridad como problema público.

“Las representaciones de distintos casos delictivos constituyen el eje en torno al cual se organiza la mayoría de los noticieros de la televisión abierta”, plantea Focas como puntapié para zambullirse en una pregunta compleja: ¿cómo impactan esas noticias sobre delito en la vida de las personas? Motivada por ese interrogante, a partir de 2008 comenzó su derrotero en torno al análisis de las representaciones de las noticias policiales, que culminó tres años después con el trabajo de campo realizado y, finalmente, en 2016, cuando se doctoró con una tesis en la que condensó su indagación. Cuatro años después, lo adaptó a un lenguaje más accesible para este libro, en el que analizó de manera profunda la producción, el consumo y la circulación de las noticias de inseguridad.

“Quise conocer cómo las noticias truculentas pregnaban en las audiencias, de la mano del crecimiento de la llamada ´inseguridad´ en la agenda pública”, recuerda Focas, cuyo lugar de trabajo es la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales (IDAES) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). “Cuando empecé a indagar en el tema, me encontré con mucha literatura que hipotetizaba que la gente no salía de su casa porque miraba muchos noticieros, y ligaban la sensación de inseguridad con la exageración de los medios, entonces empecé a cuestionar esa idea. A preguntarme si efectivamente era tan así. Quería estudiar cuál era el verdadero efecto de los medios en las personas, qué dialéctica había entre las encuestas, las prácticas y las representaciones mediáticas”.

Para comenzar el estudio del tema, tuvo que ir a los orígenes: remontarse al surgimiento de la categoría inseguridad. Tal como indica en el libro, ese fenómeno se remonta a las últimas décadas. “Es difícil establecer el comienzo de un fenómeno de esta magnitud”, entiende Focas en uno de los pasajes del libro, “aunque hay cierto consenso en que promediando los años noventa, y con algunos antecedentes en los ochenta, comenzó a gestarse una demanda de inseguridad que, eclipsada por la crisis de desempleo de 1995 y los sucesivos vaivenes que desembocaron en el estallido de 2001, solo se hizo sentir cuando la situación económica estuvo controlada”. Una vez iniciada la etapa de recuperación económica post crisis 2001, la inseguridad se consolidó como problema central público -como tema controversial y de discusión cotidiana, con exigencia de una resolución urgente- y, a la vez, como sección fija y estable en la agenda de los medios de comunicación.

Lo que sucedió luego de ese estallido, en los últimos años, es curioso. Tal como explica la investigadora en su libro, si bien hubo una disminución en las tasas de delito, no hubo un aumento de la aceptabilidad o de un umbral de riesgo aceptable de la vida social, sino más bien una intensificación de aquella demanda de “seguridad” y del descontento. “Como muestra el investigador del CONICET Gabriel Kessler, la inseguridad, en última instancia, es una percepción o un sentimiento”, señala entonces Focas en otro tramo del libro. Esto, dice, implica que más allá del aumento real de las tasas de delitos, la inseguridad se haya conformado como un concepto polisémico, que aglutina otras preocupaciones sociales.

Problemas y desafíos
La investigación que emprendió Focas se nutrió de tres grandes perspectivas teóricas: la sociología del delito -en especial los estudios del temor al delito o miedo al crimen-, los estudios de recepción -o consumo de medios- y el análisis de las rutinas periodísticas. En la práctica, la investigadora realizó entrevistas con disparadores audiovisuales (fragmentos de noticias policiales) a vecinos y vecinas de Villa Urquiza y Saavedra, dos barrios que, según la última Encuesta de Victimización del Gobierno de CABA, tienen alta percepción de temor al delito.

Desde el inicio de las entrevistas, Focas se encontró con que las noticias policiales eran parte de los discursos de los vecinos en el relato por mayor seguridad. Además, las personas entrevistadas daban cuenta de un conocimiento sobre cómo se producían las noticias y sus intereses políticos. Focas entiende que eso sucedió porque, en paralelo a su trabajo de campo, por esos años en el país comenzaba a debatirse la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

“Cuando comencé esta investigación lo primero que me llamó la atención fue que las personas tenían mucho conocimiento acerca de la construcción de las noticias, de las empresas periodísticas, no había una mirada de que ´los medios reflejan la realidad´, sino que la visión era bastante crítica. Yo quería hablar de la noticia policial, y los entrevistados me hablaban de las fuentes”, recuerda Focas. ¿Cómo sorteó esa situación? Capitalizándola: trabajó la polarización y estudió las raíces de los comentarios que le hacían sus entrevistados, que podían ser frases como “ese periodista es muy sensacionalista porque es de la oposición”, o “ese medio inventa”. Así, llegó a conclusiones como las siguientes: “Al consumir las noticias de inseguridad, los públicos cuestionan la fuente de información, incluso antes de mirar el contenido. Se centran en la empresa periodística a la que pertenece el informe audiovisual, y dedican los primeros comentarios al canal emisor para luego prestan atención a la noticia”. Para la autora, en el escenario antagónico de medios, la noticia de inseguridad se posicionó como una noticia polarizante, tanto como los temas de economía o política.

Toparse con la mirada crítica de las audiencias la llevó a Focas a indagar, más allá de los noticieros, en las y los periodistas de los medios, que también pasaron a ser sujetos entrevistados de su investigación. “Como las personas entrevistadas me los traían como referentes, noté que ciertos periodistas de policiales de televisión habían logrado un lugar de preponderancia”, explica Focas. “Ahí también pude indagar en que estos periodistas habían logrado erigirse como referentes a partir del posicionamiento de la inseguridad como problema público. Al entrevistar a las y los periodistas de policiales, pude establecer cruces entre cómo los periodistas entienden su rutina de trabajo, cómo eso impacta en las percepciones de inseguridad y cómo las audiencias creen que los periodistas construyen las noticias”.

Focas despliega en su libro una mirada intergeneracional sobre el vínculo con la inseguridad y con las noticias sobre el tema en adultos mayores, adultos y jóvenes. “En adultos mayores me encontré con una mirada nostálgica por la seguridad perdida –indica la investigadora-. En los jóvenes, al revés: la inseguridad es algo más con lo que nacieron, se criaron, una dimensión más de la vida cotidiana, que hay que a gestionar. Si bien no estaba naturalizado, era una mirada situacional de la inseguridad, como si fuera una cuestión más individual que social. ´Me robaron por mi culpa, porque voy distraído con el celular por la calle´, me decían”.”,

En El delito y sus públicos, la autora pivotea de manera constante en su análisis entre la dimensión cognitiva de cómo es la recepción de las noticias en las personas y una dimensión más emocional, apuntada a lo que sienten los espectadores al consumir información sobre delitos. “Creo que analizar fenómenos como este es relevante ya que no es bueno tener una sociedad atemorizada –apunta Focas-. No porque sea un tema subjetivo es menos importante: las personas que tienen temor cambian sus comportamientos, sus creencias, la forma de moverse. Si bien los medios pueden incidir, creo que las noticias tienen que tener algún tipo de asidero con la vida cotidiana: que le hayan robado a un vecino, o que alguien cercano sufra violencia de género, esas cuestiones condicionan más allá del sensacionalismo mediático”.

Después del libro, Focas continúa analizando la inseguridad a través de grupos focales, bajo la dirección de los investigadores del CONICET Natalia Aruguete, Gabriel Kessler y Martín Becerra. “Estamos trabajando con noticias sobre inseguridad en grupos focales segmentados por edad, clase social y lugar de pertenencia, con tres casos: uno de inseguridad urbana, otro de corrupción y otro de femicidios”, comenta la científica. Ella, además, está comenzando a articular su trabajo con organismos públicos, como la Defensoría del Público, para seguir en la senda de problematizar el lugar que le dan al tema los medios de comunicación y las percepciones que existen sobre la inseguridad. En paralelo, está indagando en un campo en pleno surgimiento: el de los editores de audiencias. “Son una figura nueva de las redacciones de los portales online, que media entre la publicidad, los dueños de medios, los periodistas y las audiencias”, explica.

Fuente: Conicet

TV Pública: Rosario Lufrano ratificó denuncia en los tribunales de Retiro

La presidenta de Radio y Televisión Argentina (RTA), Rosario Lufrano, ratificó hoy en los tribunales federales de Retiro la denuncia penal presentada por "irregularidades" detectadas en la extracción de dinero de una cuenta del organismo.

Lufrano concurrió a la fiscalía federal 1, en el quinto piso del edificio de Comodoro Py 2002, para ratificar la denuncia, informaron fuentes judiciales.

Al presentar la denuncia, la funcionaria sostuvo que el dinero fue recuperado y se exigió las "renuncias" de los responsables de lo ocurrido.

El domingo 7 de marzo se tomó conocimiento de la extracción de dinero en efectivo de una cuenta bancaria del canal, en violación de los procedimientos administrativos al respecto.

En un comunicado emitido tras presentar la denuncia penal, Lufrano sostuvo que se selló "el gabinete de cámaras de vigilancia para la preservación de prueba" y, a partir de las averiguaciones iniciadas, se pudo "establecer un cuadro de situación", por lo que llevó su denuncia ante la Justicia.

Tras el trámite de ratificación de la denuncia, la fiscalía que está a cargo del fiscal Ramiro González resolverá si pide medidas de prueba o decide unificar esta presentación con otra que también se sigue en la justicia federal. 

Fuente: Agencia TelAm

Millonaria condena a Canal 13 por una cámara oculta en Telenoche Investiga

La Cámara Civil condenó al canal y a sus periodistas María Laura Santillán y Santo Biasatti, entre otros, a indemnizar a ex directivos de un instituto estatal para ciegos por haber utilizado indebidamente una cámara oculta en un informe del programa Telenoche Investiga

Por: Néstor Espósito - @nestoresposito
La Cámara Civil condenó a Canal 13 y a sus periodistas María Laura Santillán y Santo Biasatti, entre otros, a indemnizar con una suma millonaria a ex directivos de un instituto estatal para ciegos por haber utilizado indebidamente una cámara oculta en un informe del programa Telenoche Investiga. “La cámara oculta es un recurso que, en principio –y precisamente, por su carácter subrepticio y sorpresivo para el retratado–, tiene gran aptitud para lesionar derechos personalísimos tales como la imagen, el honor o la intimidad, y solo en casos especialísimos puede admitirse su empleo”, sostuvo el tribunal al dictar la condena.

El fallo, dictado por la Sala A de la Cámara Civil, por los jueces Sebastián Picasso y Ricardo Li Rosi, reivindica los derechos de las ex funcionarias Eugenia Mena y Graciela Beatriz Arcángeli de Cañete, directivas del Instituto Nacional para Ciegos Román Rosell, dependiente del Consejo Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia.

El 12 de noviembre de 2004, una madre de una niña ciega se presentó –munida de una cámara oculta, provista por el programa de TV- para pedir la internación de la niña, lo que les fue denegado porque una resolución motivada en las fallas estructurales del edificio prohibía nuevos alojamientos. Los pormenores de la secuencia “fueron filmados en forma oculta y sin consentimiento, y concluyeron en un informe periodístico emitido los días 16, 17 y 18 de noviembre de 2004 en el programa televisivo Telenoche, que se transmitía por Canal 13, en la sección Telenoche Investiga.

A raíz de este informe, “la demandante dijo haberse sentido difamada, humillada y usada como ejemplo de funcionarios ‘i’ (ineptos, inoperantes, indolentes), y añadió que se violaron sus derechos al honor, la imagen y la intimidad”.

El fallo reconoce que el edificio donde funcionaba el organismo estaba en malas condiciones y, por ello, una resolución impedía nuevas internaciones. Pero critica con dureza la utilización de la cámara oculta como herramienta periodística: “el empleo de ese medio no resultaba en absoluto necesario para lograr la finalidad perseguida por la investigación periodística”.

“El hecho de que la investigación tuviera un objeto de interés público no justifica de por sí el uso de una cámara oculta. Era necesario –añade la resolución, a la que accedió Tiempo- demostrar que su empleo era imprescindible para lograr la finalidad buscada, lo cual de modo alguno se encuentra cumplido en la especie”.

Además del canal y los periodistas Santillán y Biasatti, también fue condenado el ex productor general Carlos De Elía. Todos ellos “le endilgaron a (las autoridades de la institución) el desinterés, el abandono y el descuido del instituto, y la responsabilizaron por el rechazo del pedido de alojamiento efectuado por varias personas, cuando, en realidad, esa situación obedeció a expresas disposiciones emitidas por los funcionarios públicos y autoridades superiores”, resume el fallo.

La decisión de los jueces reconoce que la noticia no era “falsa o inexacta”, pero aún en ese escenario, existió “violación del derecho a la imagen de las demandantes”. “Las imágenes fueron captadas en el marco de una investigación periodística sobre un tema de interés público”, pero “ese registro fue efectuado subrepticiamente, mediante el mecanismo de una cámara oculta”.

La cámara oculta, aún justificada en la investigación periodística, “debe acompañarse del empleo de métodos que impidan reconocer a la persona de los retratados, salvo que eso resulte imprescindible para divulgar la noticia de interés público en cuestión”, subraya el fallo. Los periodistas de Canal 13 “tenían a su alcance la posibilidad de adoptar procedimientos muy sencillos para evitar la identificación de las actoras, tales como la difuminación (pixelado) de los rasgos faciales de las entrevistadas, y la distorsión de sus voces”, pero prefirieron no hacerlo, resume la condena.

Fuente: Diario Tiempo Argentino

Liga Profesional de Fútbol: Gremios de Prensa elevan pedido a la AFA

Los gremios de prensa solicitan a la AFA la ampliación del número de periodistas habilitados para cubrir los partidos de la Liga Profesional de Fútbol. El pedido busca garantizar el acceso a los estadios a la mayor cantidad de medios, en especial, a los que provienen de las ciudades de los equipos visitantes.

Rosario, 25 de marzo de 2021.
Sr. Gustavo Lorenzo.
Gerencia de Relaciones Institucionales
Asociación del Fútbol Argentino
De nuestra consideración:
Los sindicatos de Prensa del país abajo firmantes, y la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, se dirigen a Ud. a fin de solicitarle tenga a bien considerar la posibilidad de que se amplíe la cantidad de periodistas que puedan cubrir los partidos de la Liga Profesional de Fútbol, conforme fuera dispuesto por el boletín 5879 de la AFA.

Se solicita esta ampliación del número de periodistas, ya sean de prensa escrita u oral o reporteros gráficos, por cada partido de la Liga Profesional de Fútbol.

Esto especialmente con miras a permitir la posibilidad de que los medios de prensa de la ciudad de origen del club visitante puedan cubrir esas contiendas, aportando la impronta local a la cobertura del partido.

Si bien entendemos que no está prohibida la asistencia de periodistas de otras localidades, es una constante que se ha registrado en la mayoría de los partidos disputados a la fecha, que los clubes locales no acreditan a periodistas de otras ciudades, con el argumento de que el cupo dispuesto alcanza solo a cubrir la demanda de medios locales y en algunos casos ni eso.

El presente pedido se funda en las siguientes consideraciones:

1. El Boletín AFA 5879 amplía la cantidad de personas que pueden estar presentes en las diferentes zonas de los estadios, en relación al anterior de fecha 11 de febrero de 2021, sin modificar la cantidad de periodistas autorizados a asistir a los encuentros.
2. El mismo boletín N° 5879 de AFA establece la posibilidad de ampliación del número de periodistas hasta el doble del estipulado, siempre que las condiciones del estadio lo permitan;
3. Actualmente, estamos en una etapa de DISPO, en la que la circulación de personas y las actividades permitidas se han ampliado notablemente, por lo que no existe una razón para, en términos de pandemia, no ampliar este número.
4. Se ha ampliado también, en el mismo boletín, la cantidad de personas que integran cada una de las delegaciones de los clubes visitantes en cada partido.

En función de lo expresado, solicitamos a la AFA incluya expresamente en su protocolo para los medios de prensa, una ampliación del número de trabajadoras y trabajadores de prensa, y que se encuentre especialmente destinado a periodistas y medios de comunicación orales o escritos de ciudades diferentes a las del lugar del partido, y que sea extendido al resto de las categorías.

Una vez más, recordamos la importancia de la cobertura periodística que se realiza en el lugar mismo de los acontecimientos, en esta ocasión, los estadios de fútbol, que permite acceder a los hechos de primera mano, y favorece el ejercicio del derecho a la comunicación de manera más completa y correcta.

La función periodística resulta de vital importancia para ciudadanías tan interesadas en el deporte, en especial el fútbol, lo que torna cualquier esfuerzo por ampliarla en algo fructífero y bien recibido.

A la espera de una respuesta favorable, lo saludamos atentamente.
Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPren)
Sindicato de Prensa Rosario
Sindicato de Prensa de Mar del Plata
Asociación de Prensa de Tucumán
ARGRA

El periodismo inaceptable

Organismos de protección de infancias publicaron un documento tras dichos de Viviana Canosa que vulneraron derechos

La periodista Viviana Canosa, duramente criticada por vulnerar derechos.

Por: Mariana Iglesias*
El Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia, la Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la Defensoría del Público y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia sacaron un comunicado por los dichos de Viviana Canosa, que dio detalles sobre la vida de la nena de 7 años secuestrada días atrás. Los organismos de protección consideraron "inaceptables" las palabras de la periodista, que "difundió información no oficial que revictimiza a la niña y a su entorno familiar".

Hay leyes: La 26.061, de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, plantea que los chicos que atraviesan situaciones conflictivas no sean expuestos en los medios, porque entorpece e impide su recuperación. La norma está incorporada a la Ley 26.522, de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Los niños, niñas y adolescentes no suelen tener voz ni una imagen positiva en los medios. En general aparecen si quedaron envueltos en un tema delictivo o judicial o si una nueva estadística los incluye. Las pocas notas “positivas” que protagonizan son las “historias de superación”, como caminar kilómetros para ir a la escuela, cuando no debería ser así.

El valor de los medios
Los medios pueden ser muy útiles para mostrar lo que no funciona, o que funciona mal. Estos días denunciaron que en Formosa separan a algunas madres de sus bebés recién nacidos, que una niña fue dada en adopción frente a las quejas de la familia de acogida que la crio tres años, que otra niña debe volver a Francia con su padre a pesar de las denuncias de violencia de la madre, y que dos niños lloraron a los gritos al ser entregados a la fuerza a sus padres, denunciados por violencia y abusos.

¿Por qué en Formosa hay fuerzas policiales metidas entre embarazadas y bebés? ¿Por qué la Justicia demora tres años en resolver el futuro de una beba cuando debía hacerlo en tres meses? ¿Por qué no se modernizan los viejos tratados internacionales que sólo miran dónde nace un niño para decidir su vida? ¿Por qué la Justicia devuelve niños en patrulleros a padres denunciados por abusos?

Dice el comunicado: “Los medios de comunicación pueden contribuir a informar sobre conflictos y desigualdades sociales enfocándolos en su conjunto, investigando los factores que los causan y buscando fuentes que propongan formas de superarlos, una tarea necesaria para la ciudadanía que sin embargo no necesita avasallar los derechos de las personas involucradas”.

*Mariana Iglesias es la editora de Género de Clarín

Fuente: Diario Clarín

Dia de lxs trabajadores de prensa: aniversario del Estatuto del Periodista Profesional y del secuestro de Rodolfo Walsh

En el día en que se cumple el 44° aniversario (1977) de aquella pieza emblemática de la denuncia hacia la dictadura cívico militar que dio el golpe de 1976, la ‘Carta de un escritor a la junta militar´, y el ataque hacia su autor, Rodolfo Walsh, por un grupo de tareas que lo acribilló a balazos y lo secuestró, recordamos también la firma del decreto 7618 (1944) como base del Estatuto del Periodista Profesional. Ese decreto fue debatido y ratificado como Ley 12.908 en 1946 y lo propio ocurrió en ese año con el Estatuto del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas, ambos de tanta trascendencia para la vida gremial, que desde hace unos años se nombra al 25 de marzo como el Día de lxs Trabajadorxs de Prensa.

Rodolfo Walsh tuvo muchos ‘oficios terrestres’. El de escribir e investigar lo apasionó y hubo un punto en el que el periodista se fundió con el escritor y de manera inescindible con el militante, el político de reflexiones profundas que tuvo una poética de la denuncia, el que ensayó esa nueva narrativa sobre la base de la no ficción, en una fusión entre literatura y periodismo que dio surgimiento, justamente, a lo que conocemos con Nuevo Periodismo. Walsh no se resignó ni calló ante el silencio o la complicidad de muchos medios y periodistas con la dictadura y trabajó en la creación de otros instrumentos de información: uno de ellos fue Cadena Informativa (diciembre de 1976). Allí daba el fundamento político de la iniciativa con una invocación a un pase de manos: "…Reproduzca esta información, hágala circular…", decía, para concluir: "El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Haga circular esta información".

Por otra parte el EPP no es sólo la ley marco que dice quiénes son periodistas profesionales en la Argentina y protege sus derechos taxativamente laborales sino que contiene entre sus disposiciones algunas que podríamos llamar especiales y que tienen que ver con la característica esencial del trabajo con el mundo de las ideas. El EPP con el que muchos gobiernos intentaron terminar, en especial las dictaduras, contiene la protección de la libertad de pensamiento y de expresión, la del derecho a formar parte de la organización sindical o de un partido político sin ser perseguidx por esa razón, la libertad de tránsito y acceso a la información, todos aspectos relacionados con el derecho a la información de toda la sociedad contenido en tratados supranacionales incorporados a nuestra Constitución.

El Sindicato de Prensa Rosario saluda a todxs lxs compañerxs en este día con un fuerte compromiso de defensa del Estatuto, sobre todo en un momento de fuerte precarización de la actividad periodística como el que vivimos. Sin duda también es una fecha propicia para recordar al compañero Juane Basso, fallecido recientemente. Juane era trabajador del periódico El Eslabón, de la cadena informativa -cuyo nombre es un manifiesto walshiano- y de la Cooperativa La Masa y un incansable defensor de las prácticas éticas por el derecho a la comunicación.
Rosario, 25 de marzo de 2021
Sindicato de Prensa Rosario

Etchevehere y Grenón podrían quedar impunes en la causa por estafa y vaciamiento de El Diario

Los abogados de Walter y Viviana Grenón, los financistas que pergeñaron junto a los Etchevehere la maniobra de estafa y vaciamiento de El Diario de Paraná que terminó con 85 trabajadores en la calle, solicitaron al juez de primera instancia Carlos Ríos la prescripción de la causa y la exclusión de Dolores Etchevehere de la querella. Ríos les negó el pedido, pero los letrados apelaron y ahora la encargada de decidir será la jueza penal Carolina Castagno, la misma que ordenó el desalojo de Dolores Etchevehere y los integrantes de Proyecto Artigas de Casa Nueva. El próximo martes 23 de marzo será la audiencia en la Cámara de Apelaciones.

Un poco de contexto. La causa fue iniciada a partir de una denuncia de Dolores Etchevehere en el año 2013. Ella misma fue quien aportó documentación y pruebas a la causa que desde entonces, fue cajoneada. El pasado 30 de octubre, en el marco del conflicto en Casa Nueva, el juez Ríos activó la causa y llamó a indagatoria a todos los acusados: los hermanos Luis Miguel, Sebastián y Juan Diego Etchevehere, su madre, Leonor Barbero, Walter y Viviana Grenón, y los actuales dueños de El Diario.

Desde entonces, todos ellos han desfilado por los tribunales de Paraná en extensas declaraciones indagatorias que aún no terminaron. El primero fue Luis Miguel Etchevehere, quien sorprendentemente reconoció todas las maniobras fraudulentas. La última es Leonor Barbero Marcial que comenzó a declarar el viernes 12 de marzo y aún continúa.

En el medio, los Grenón pidieron la prescripción del delito y la exclusión de Dolores Etchevehere de la querella, lo cual significa un escándalo para la Justicia de Entre Ríos ya que fueron ellos mismos quienes cajonearon durante 9 años la causa, a pesar de la enorme cantidad de documentación y pruebas aportadas por Dolores Etchevehere y por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

La responsable de decidir si la causa prescribe o no es la jueza Carolina Castagno, quien ordenó el desalojo de Dolores Etchevehere y Proyecto Artigas de Casa Nueva que terminó con el encarcelamiento de la propia Dolores en un operativo que tuvo más de 150 efectivos policiales.

Recientemente, el dictamen del fiscal federal Federico Delgado dejó en ridículo aquel fallo de la jueza Castagno por dos motivos: en primer lugar, porque Delgado probó que la documentación que Castagno utilizó como argumento para ordenar el desalojo carece de validez jurídica y además, es apócrifa; en segundo lugar, porque Castagno ignoró la perspectiva de género que el juez Flores había tenido en su fallo de primera instancia –recordemos que había dictado medidas de protección para Dolores y restricción perimetral para los Etchevehere- y el propio fiscal Delgado ratificó el encuadre jurídico de género entendiendo que se trata de un caso de violencia de género del tipo económica.
Fuente: Proyecto Artigas

45 Años del golpe cívico militar, 45 Textos

Radio Reloj: la hora a cada minuto desde hace más de 70 años

Por: Fernando García

La emisora se fundó el 1 de julio de 1947. Y desde entonces repite su fórmula. Nada de música, nada de diálogos, fuera distracciones. Sólo noticias y la hora. La hora una y otra vez, cantada cada minuto. Lo único que ha variado es la orientación informativa. Las razones se comprenden al instante cuando ubicamos el medio. Baste decir por ahora que el estilo apenas ha variado desde 1959.

La lectura de las noticias se acompasa con un sonoro segundero que al principio era marcado por un metrónomo para músicos y ahora es una señal electrónica. Al llegar cada minuto exacto suena un pitido múltiple y rápido, como de morse.

Las reglas de locución de los textos son bien precisas. Primero: "Las cuartillas leídas a dos voces deben tener entre 15 y 16 líneas escritas, y las anunciadas a una voz, entre 13 y 15", dicta la norma. "Siempre que la información cumpla ese requisito y el locutor lea a un ritmo adecuado desde el comienzo, la lectura concluirá en el minuto exacto", añade el libro de instrucciones.

Y segundo: "Cuando la noticia se extiende por más de este tiempo -sesenta segundos-, justo antes de que transcurra el minuto el locutor debe decir: 'Continuará". Y al concluir dicha noticia en el minuto siguiente, dirá para finalizar el texto y avisar: "Conclusión...".

Al finalizar la noticia, y salvo que se trate de un comunicado oficial de la autoridad competente, se cita el nombre del redactor: "Reportó Orestes Eugellés Mena", por ejemplo (y el nombre es real). Al llegar la hora en punto al final de cada bloque (matinal, verpertino, nocturno), se nombra a los locutores. Y de vez en cuando se recita un refrán.

La máxima animación llega a mediodía y medianoche, cuando se da cuenta de la hora que es en ese momento en más de veinte capitales del mundo, una por una: "La una de la madrugada en Brasilia, Brasil. Las cinco horas en Madrid, España. Las siete horas en Moscú, Rusia...".

El noticiario continuo cubre todo el espectro de la información: local, nacional, internacional, deportes, el tiempo, reportajes varios. Predominan, eso sí, los informes sobre logros y "sobrecumplimientos" en el área productiva, así como las conmemoraciones y efemérides relacionadas con los episodios más gloriosos de la patria.

Aunque la emisora siga sin ser muy conocida en Europa, en el caso de España todo el mundo escuchó su soniquete y su nombre en la canción con la que Manu Chao la hizo famosa hace justo 20 años.

Fue, y sigue siendo, su composición de mayor éxito: Me gustas tú. "Qué horas son, mi corasón", arranca la melodía... Para poco después reproducir el sonido de la emisora a las "doce de la noche en La Habana, Cuba; las once de la noche en San Salvador, El Salvador", etcétera... Y para terminar con las voces de un pareja mixta de locutores: "Rrrrradio Reloj. Cinco de la mañana", anuncia él. "No todo lo que es oro brilla", añade ella, sin que sepamos a qué se refiere.

Radio Reloj nació como una versión depurada de la emisora mexicana XEQK, que daba la hora a cada minuto. Fue el comunicador Gaspar Pumarejo propuso crearla en el seno de la compañía de radio y televisión cubana CMQ.

Hasta el triunfo de la Revolución, en 1959, los avisos horarios se alternaban tanto con noticias como con anuncios en vivo. Era la Cuba del presidente Batista en su primer mandato. El Gobierno de Fidel Castro conservó la marca y la fórmula, cambió los anuncios por consigna... y reescribió la información.

El asalto de 1957
La Comisión Nacional de Monumentos del Gobierno cubano tiene declarado Monumento Nacional una vieja cabina de Radio Reloj “por sus valores históricos” en relación con los sucesos del 13 de marzo de 1957, fecha del asalto al Palacio Presidencia protagonizado por el Directorio Revolucionario. Aquel día, el líder de la Federación Estudiantil Universitaria José Antonio Echeverría encabezó la ocupación de la emisora para informar sobre el asalto. El joven dirigente, de 24 años, afirmó ante el micrófono que los asaltantes acababan de "ajusticiar revolucionariamente" al dictador Fulgencio Batista “en su propia madriguera”. La alocución quedó cortada cuando un empleado de la radio la interrumpió. Echeverría, al saber que ya no estaba en antena, salió huyendo a la vez que ametrallaba la cabina. A los pocos minutos, Echeverría “cayó acribillado a balazos" por la policía de Batista en las inmediaciones de la Universidad de La Habana

Fuente: Diario La Vanguardia

Declaran inconstitucional artículo que obliga a canales y radios a difundir publicidad electoral gratis

La jueza federal con competencia electoral en la Ciudad de Buenos Aires, María Romilda Servini, declaró inconstitucional un artículo de la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos que obliga a canales y radios a difundir publicidad electoral gratis de los partidos políticos.

El planteo había sido realizado por el abogado Tomás Pérez Virasoro en su carácter de apoderado de América TV S.A, de la Red Celeste y Blanca S.A y de Radio Libertad S.A (con participación accionaria en las radios Blue 101.7 y AM Belgrano). La resolución de la magistrada, según publicó Infobae, abre la posibilidad a otros grupos de medios a solicitar una decisión similar en la antesala de las elecciones legislativas nacionales que se realizarán este año.

El artículo cuestionado es el 43 quater de la ley 26.215, que establece: "De acuerdo a lo establecido en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522, los servicios de comunicación y de televisión por suscripción están obligados a ceder en forma gratuita el cinco por ciento (5%) del tiempo total de programación para fines electorales. A partir del año 2020, del porcentaje mencionado en el párrafo anterior, la mitad será cedida a título gratuito y la otra mitad será considerada pago a cuenta de impuestos nacionales".

La cuestión técnica gira en torno a los artículos 14 y 17 de la Constitución Nacional, que resguarda la propiedad privada. Tras analizar el planteo de los medios, la reconocida magistrada federal concluyó que la cesión en sí de los espacios no es inválida, pero sí resulta de "dudosa constitucionalidad" la ausencia de una contraprestación económica y además precisó que debería ser el Estado quien se haga cargo de estos costos y no las empresas privadas de radio y televisión.

"Entiendo que durante las campañas electorales, al verse obligadas a ceder espacios de su programación diaria gratuitamente –los que habitualmente serían otorgados a terceros, a título oneroso-, las empresas licenciatarias dejan de percibir una determinada suma de dinero y ello redunda en un perjuicio económico. Que dicho perjuicio haya sido conocido y aceptado en el momento mismo de ser concedida la licencia por parte del Estado, no obsta a que se las coloque en una situación de desigualdad respecto de los demás intervinientes en el proceso eleccionario", explicó Servini.

Y agregó: "En efecto, el perjuicio no es sólo afirmado por las demandantes sino también reconocido indirectamente por el Estado Nacional, cuando al reformar el artículo 43 quater de la ley 26.215 se dispone que aquella originaria cesión del 10 por ciento, completamente gratuita, se reducirá al 5 por ciento y que, a partir del año 2020, este porcentaje disminuirá en un cincuenta por ciento mientras que la otra mitad será considerada un desembolso a modo de cancelación, a cuenta de impuestos nacionales".

A partir de la sanción de la Ley Audiovisual, la Dirección Nacional Electoral (DiNE) cede espacios gratuitos a partidos políticos en canales y radios: la distribución se realiza a través de un sorteo público. Las emisoras afectadas son de TV Abierta, TV por cable, señales nacionales, radios AM y FM habilitadas por ENaCom, quienes están obligadas a ceder el 5 por ciento de 12 horas de transmisión diarias, es decir 36 minutos por día.

Fuente: Noticias Argentinas

Lecciones de los Walsh para la era de la desinformación y el odio

La valentía y el humor de un periodista y una escritora enseñan a buscar la verdad y hablarle al poder en una época marcada por la mentira, el engaño y la banalidad

Al centro, Jorge Rafael Videla, en la Casa Rosada el 24 de marzo de 1976, día del golpe de Estado militar. Al año siguiente, el escritor Roberto Walsh escribió una carta abierta a la Junta Militar y fue desaparecido por la dictadura

Por: Roberto Herrscher

Ayer se cumplieron cuatro años del asesinato de la periodista mexicana Miroslava Breach. El 23 de marzo de 2017 recibió ocho disparos en la cabeza en la puerta de su casa. Había denunciado las alianzas entre el crimen organizado y la política. Un año y medio más tarde, el 2 de octubre de 2018, el periodista saudí Jamal Khashoggi fue asesinado dentro del consulado de su país en Estambul, después de haber denunciado la corrupción del príncipe heredero.

Estos son casos extremos, pero todavía el peligro sigue latente para los que investigan el poder: cárcel, censura, cierre de medios y amenazas de muerte son rutina en muchos países.

Sin embargo, las cosas han mejorado en el último medio siglo. En los años setenta, en las dictaduras latinoamericanas los que levantaban la voz contra las injusticias eran secuestrados, torturados, desparecidos o marchaban al exilio; sus obras eran censuradas, sus libros quemados.

Hoy predominan las democracias y los derechos. Pero han surgido líderes autoritarios que mienten a destajo, intereses corporativos que ocultan crímenes y infantilizan los temas serios, voces poderosas que ocultan lo importante, privilegian lo banal e instalan el miedo al cambio y el odio a los distintos.


Ante los peligros actuales, me parece útil volver la vista a dos valientes textos argentinos de hace casi medio siglo que daban pistas sobre dos aspectos de la era de las dictaduras: el por qué se cometían los crímenes, y las condiciones culturales que los hicieron posibles.

Me refiero a la “Carta abierta a la Junta militar” del cronista y novelista Rodolfo Walsh y a “Desventuras en el país-jardín-de-infantes” de la poeta y cantautora María Elena Walsh, quienes compartían el mismo apellido sin ser parientes.

Para los periodistas y los intelectuales argentinos la carta abierta de Rodolfo Walsh condensa la valentía de enfrentar al poder, contar la verdad y el mal en la cara del tirano. El 25 de marzo de 1977, un día después del primer aniversario del golpe de Estado que instauró una dictadura militar (1976-83), Walsh salió a meter copias de su carta en distintos buzones de Buenos Aires para que llegara a los diarios porteños cuando un Grupo de Tareas de la Armada intentó secuestrarlo; él se defendió a balazos y fue abatido en plena calle.

La historia la cuentan los autores de sus dos biógrafías, Eduardo Jozami y Michael McCaughan. Se llevaron su cuerpo agonizante, y desde entonces Walsh es uno de los miles de desaparecidos argentinos. Ningún diario publicó su carta, pero hoy se enseña en las escuelas de periodismo y se cita como ejemplo de lucidez y valentía.

El texto detalla con datos y ejemplos los miles de secuestros, las torturas y asesinatos, la maquinaria de la muerte. Presenta fuentes con la precisión y el estilo que caracteriza la obra más conocida de Walsh, la pionera novela de no ficción Operación Masacre, publicada en 1957.

Pero, cuando parecía que nada podía ser peor que el horror que estaba desvelando, es cuando comienza la lección más útil para estos tiempos.

“Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son sin embargo los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren”, dice el autor en su carta. Las muertes y torturas son el medio; el objetivo es la transformación económica del país para quitar derechos a los trabajadores y beneficiar a las grandes fortunas. Ese es el para qué.

Dos años después de la carta, Clarín publicó un alegato mucho menos famoso pero igual de potente, y que considero que hoy debe leerse junto con la carta de Rodolfo: se trata de “Desventuras en el país-jardín-de-infantes”, de María Elena Walsh.

Se trata de un divertido y firme argumento contra la censura de los medios, la prohibición de obras artísticas, la infantilización de todo un país. Dice María Elena Walsh en plena dictadura: “Hace tiempo que somos como niños y no podemos decir lo que pensamos o imaginamos. Cuando el censor desaparezca ¡porque alguna vez sucumbirá demolido por una autopista! estaremos decrépitos y sin saber ya qué decir”.

Y termina así: “Todos tenemos el lápiz roto y una descomunal goma de borrar ya incrustada en el cerebro. Pataleamos y lloramos hasta formar un inmenso río de mocos que va a dar a la mar de lágrimas y sangre que supimos conseguir en esta castigadora tierra”.

María Elena Walsh era la más querida autora de canciones y libros para niños del país, como cuentan las biografías de Alicia Dujovne y de Sergio Pujol. No podían desaparecerla. Pero apenas salió el artículo, todas sus canciones fueron prohibidas en la radio y la televisión y sus obras expurgadas de los colegios.

Su artículo enfrenta al poder con ironía y humor, se centra en la censura cultural y denuncia la autocensura de la población, necesaria para el sostenimiento de cualquier régimen autoritario.

De estos dos textos, hoy convertidos en documentos de una época oscura, tenemos mucho que aprender y aplicar hoy: de la de Rodolfo Walsh, la importancia de investigar con denuedo y precisión los datos que el poder quiere esconder, combinar números con casos concretos que los acerquen y humanicen, y no quedarse en lo tenebroso de asesinatos y robos. Cuando el poder delinque es para obtener un fin: Walsh marcó el camino del “qué”, el “quién” y el “cómo” al “para qué”.

Los asesinatos de periodistas o de líderes ambientalistas, los pagos de empresas contratistas a políticos en paraísos fiscales, las maniobras ilegales para influir en la justicia que vemos en los diarios de hoy tienen una razón, un objetivo, una meta.

Y de la columna de María Elena Walsh, la importancia del humor inteligente, la ironía, la sutileza para hablar de la censura, la represión y el olvido de los oprimidos en su propia tragedia. No todo es violencia explícita ni todo el mal viene de gobernantes, magnates y grupos armados: el “país-jardín-de-infantes” requiere de adultos que aceptan ser tratados como niños, y que delegan en el poder su capacidad de procesar verdades incómodas y realidades complejas, que se infantilizan poniendo una “descomunal goma de borrar” en sus propios cerebros.

El resultado de obedecer a demagogos autoritarios que simplifican la realidad se está viendo en el desastroso manejo de la pandemia y las vacunas a lo ancho del continente. Y la burla a los que piensan distinto con pueriles argumentos de matón de escuela primaria está llevando a la imposibilidad de escuchar los argumentos de los adversarios.

Las cartas de Rodolfo y de María Elena Walsh están dirigidas a nosotros, como si las estuvieran escribiendo hoy.

En la época de los crímenes sepultados por torrentes de banalidad, las fake news, el tuit facilón y el efímero influencer, hay muchos periodistas valientes y lúcidos, como Khashoggi y Breach, que enfrentan al poder, explican sus causas y sus efectos, y nos alertan, como los dos Walsh, del peligro de los países-cárcel y los países-jardín-de-infantes.
Roberto Herrscher es profesor de periodismo en la Universidad Alberto Hurtado de Chile.

Fuente: The New York Times

Proponen una nueva ley de contenidos audiovisuales

El presidente de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado, Alfredo Luenzo, fue ratificado hoy al frente de ese cuerpo en una reunión en la que adelantó que el "gran desafío" a emprender en el nuevo año legislativo será "volver al marco regulatorio inspirado en lo que en algún momento fue la ley de contenidos audiovisuales".

El senador agradeció el acompañamiento de sus pares y trazó "una agenda activa" para el trabajo legislativo de este período ordinario. "Hay muchísimo trabajo que tenemos que hacer y creo que es un momento en el marco de la pandemia donde las tecnologías de la información son clave. De hecho, no estaríamos hoy funcionando si no es a través de este esquema. Pero más allá de estas posibilidades que son virtuosas, también hay otras cosas que el mundo está revisando", dijo a continuación.

En ese sentido, Luenzo señaló que "uno de los temas que tenemos en la Argentina es volver a recuperar un marco regulatorio que esté inspirado en lo que en algún momento se entendió como la ley de contenidos audiovisuales, pero en una propuesta de ampliar a los servicios emergentes. Lo que en definitiva estoy hablando es de las plataformas digitales", subrayó.

Al respecto, el legislador se mostró a favor de "retomar el espíritu de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522 en conjunto con la ley 17.741 de fomento de la actividad cinematográfica nacional y su modificatoria la ley 24.377 y todo el conjunto de políticas públicas que derogó o suspendió de hecho el gobierno anterior con el objetivo de que podamos reactivar la industria cultural nacional y generar trabajo argentino nuevamente".

"La industria audiovisual de la República Argentina está sufriendo una asimetría cada vez más profunda y por eso tenemos que trabajar en iniciativas para la promoción de la generación de contenidos nacionales y su exhibición en las diferentes plataformas. El esquema actual perjudica a nuestra cultura, el empleo argentino en este sector tiene recursos humanos reconocidos a nivel internacional y hoy no tienen la posibilidad de estar trabajando o se encuentran en desventajas", explicó.

Internet y redes sociales
Por otro lado, Luenzo sostuvo que "el otro tema es el gran debate que hoy está abriendo el mundo y es la regulación de las plataformas digitales".

En ese marco, propuso a sus pares presentar un documento desde la Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión del Senado en la Audiencia "Moderación de Contenidos en Internet y Libertad de Expresión en las Américas" organizado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se celebrará este jueves 25 de marzo durante el próximo periodo de sesiones de la CIDH.

"Les elevé una propuesta a la comisión que ya está circulando para que impulsemos un documento en la sesión de este jueves de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en al área de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión fijando una postura para un tema que se abre ahora como debate que es la Libertad de Expresión en las Plataformas", explicó al respecto el legislador.

Luenzo contó que "la Relatoría va a funcionar en Washington" y que "está conformando un grupo de trabajo justamente para analizar la moderación de contenido que hoy está en manos solamente de las corporaciones, de remover contenidos, de editorializar y de avanzar con criterios que no era la internet que en algún momento imaginamos".

"Ha dejado de ser una internet abierta, inclusiva, democrática, sin intervención. Por el contrario, la autorregulación ha sido un fracaso y lo que vemos hoy son plataformas que están regulando contenido de acuerdo a un criterio subjetivo que no es transparente y afecta muchas veces a la libertad de expresión", continuó.

Al respecto, recordó además que "la Comunidad Económica Europea ha avanzado mucho desde el año 2010" y que "inclusive tiene observatorios acerca de la desinformación o fake news que son observatorios de la sociedad civil, pero creo que también dentro del ámbito de lo público ponerlos en debate".

Finalmente, el titular de la comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión propuso "trabajar en un proyecto de ley en los términos del DNU 690/20" que "garantice la conectividad como un derecho humano esencial" y que "brinde herramientas al ENaCom para terminar con los que se quieren hacer los distraídos y cobran cualquiera cosa en las boletas".

Fuente: Parlamentario

Propuesta para federalizar y democratizar la distribución de la pauta publicitaria

Con la intención de impulsar una distribución justa, federal y equitativa de la Pauta Pública Oficial desde julio pasado diversas federaciones, redes y sindicatos de la comunicación del país llevan adelante encuentros en el marco de los cuales se redactó un documento que será presentado el próximo 30 de marzo, en la Plaza del Congreso de 16 a 18 hs. .

Esta propuesta pretende ser el origen de una Ley que permita la distribución de la Pauta Pública Oficial de manera que este sistema garantice el derecho a la información de los ciudadanos y las ciudadanas con un criterio de equidad y transparencia entendiendo además que los medios de comunicación cooperativos y autogestivos tienen una importante incidencia en sus comunidades.

Consideramos necesario legislar la asignación de Publicidad Oficial. Se trata de dineros públicos, por lo que proponemos que se establezcan criterios claros de asignación de esos recursos. Consideramos importante también que la ciudadanía conozca la distribución de esos fondos. Creemos que la asignación de la publicidad oficial debe ser transparente y equitativa.

Entendemos que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Nº 26.522 es un avance sustancial en orden a la necesaria democratización de la Comunicación. La Ley establece la exigencia para los medios audiovisuales de publicar en la “Carpeta de acceso público” la pauta publicitaria oficial. Art 72 Inc. e. “(viii) La(s) pauta(s) de publicidad oficial que recibiera el licenciatario, de todas las jurisdicciones nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, detallando cada una de ellas”.

A su vez, en el Art. Nº 76, se afirma que “la autoridad de aplicación dispondrá, previa consulta al Consejo Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, los topes de publicidad oficial que podrán recibir los servicios de carácter privado comercial o sin fines de lucro atendiendo las condiciones socioeconómicas, demográficas y de mercado de las diferentes localizaciones. Para la inversión publicitaria oficial el Estado deberá contemplar criterios de equidad y razonabilidad en la distribución de la misma, atendiendo los objetivos comunicacionales del mensaje en cuestión”. Estos artículos de la Ley están en vigencia aunque no se cumplen por la disolución del Consejo Federal de Comunicación.

Los mismos criterios establecidos para los medios audiovisuales podrían extenderse a los gráficos y digitales.

Sostenemos que la Pauta Publicitaria Oficial debería promover la diversidad y pluralidad para llegar a toda la población asegurando la libertad de expresión y el derecho a la información. Es obligación del Estado evitar el creciente proceso de concentración de la información y la comunicación. Tal concentración que se da en la propiedad de los medios, en la asignación de recursos públicos y privados y en su localización geográfica.

Resulta evidente que el Estado al pautar anuncios y mensajes dirigidos a la población no puede utilizar criterios de Mercado. Al sector publicitario privado, le interesa la franja demográfica denominada ABC, que representa el 80% del consumo, pero sólo el 52% de la población.

1. Entendemos por “Publicidad Oficial” a toda comunicación, información, anuncio o campaña comunicacional que realice cualquier organismo o empresa con participación mayoritaria del Estado Nacional en forma paga en cualquier tipo de medio de comunicación.

2. Los objetivos de la Publicidad Oficial son garantizar el principio republicano de publicidad de los actos de gobierno y el derecho a la información pública, promover el ejercicio de derechos y obligaciones ciudadanas y promover la participación ciudadana, los Derechos Humanos, la diversidad de culturas locales y regionales, la cultura nacional y los valores democráticos. Por tanto, la Publicidad Oficial, será distribuida en forma transparente, justa y equitativa, entre los diferentes medios garantizando la libertad de expresión, el derecho a la información y el pluralismo informativo.

3. Por lo antes expuesto señalamos que la distribución de Publicidad Oficial no puede regirse por criterios de mercado. No se trata de vender un producto o servicio a clientes o consumidores. La publicidad comercial tiene un objetivo muy concreto: promover el consumo de un bien o servicio. Sus mensajes se dirigen a un consumidor al que se trata de convencer. La lógica es comercial y se buscan beneficios puramente mercantiles. En el caso de la Publicidad Oficial la perspectiva es distinta: el Estado no se dirige a un consumidor, sino a un ciudadano. El gobierno no vende un producto o un servicio, busca informar y educar a ciudadanos. En otras palabras: La comunicación gubernamental en las sociedades democráticas se funda en el derecho de los ciudadanos a ser informados y en el deber del Gobierno de informar, transparentar su acción y rendir cuentas.

4. De igual forma entendemos que la Publicidad Oficial no debe promocionar directa o indirectamente la gestión personal de funcionarios, ni de ningún partido político.

5. El órgano de aplicación de la Ley debería ser la Agencia Estatal TelAm S.E. (como establecía la Ley de creación de la Agencia) y por tanto que toda la publicidad de los diversos organismos y empresas del Estado, se realice a través de la Agencia estatal TelAm. Dicha Agencia debería mantener un Registro Único y público de proveedores de publicidad en el que se inscriban los medios que aspiran a recibir publicidad. En ese Registro estarán incluidos los titulares de medios. Sólo podría ser rechazada la inscripción o eliminado del Registro el medio que falseara datos en su inscripción, incumpliera obligaciones fiscales o la legislación laboral en forma reiterada.

6. La Publicidad Oficial debe ser contratada directamente y solamente a los titulares de cada uno de los medios. Esto resulta indispensable para evitar la duplicación o multiplicación de facturación de un medio a través de distintas figuras jurídicas, “productoras” o agencias de publicidad.

7. A fin de promover y garantizar la pluralidad de medios de comunicación proponemos que la Ley establezca que un medio o los medios de un mismo grupo económico podrán recibir un máximo de 3% del monto total de la publicidad oficial.

8. En igual sentido y a fin de asegurar la distribución equitativa de publicidad en los medios de todo el territorio nacional con un criterio federal proponemos que la Ley establezca cupos por provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires siguiendo los mismos criterios con los que se asigna la coparticipación federal de impuestos.

9. Con igual criterio proponemos que la ley establezca un cupo de no menos del 33 % de la Publicidad Oficial a ser adjudicada a medios de titularidad de entidades sin fines de lucro.

10. Para hacer posible la transparencia y el control ciudadano sobre las contrataciones de publicidad de organismos del Estado entendemos necesario que la Ley establezca la obligación de publicar en un sitio público en internet todos los contratos publicitarios, indicando medio, empresa titular del medio, tipo de anuncio (espacio, cantidad de menciones y tiempo de emisión según sea el caso) y monto de la contratación.

11. Compartimos la idea de crear un Consejo Federal asesor en materia de publicidad y de invitar a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a legislar en el mismo sentido.

12. Finalmente establecer como criterio excluyente para el otorgamiento de pauta publicitaria estatal que el medio privado comercial que la perciba cumpla con las normativas convencionales y los salarios acordados en paritaria con los sindicatos de actividad, en consonancia con el Art. Nº 64 de la Ley 12.908 (Estatuto del Periodista Profesional).

La actividad frente al Congreso es organizada por la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPren), Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCo), Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos de la República Argentina (FADiCCRA), Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas (CONTA), Asociación de Revistas Culturales e Independientes de Argentina (AReCIA), Federación Gráfica Bonaerense (FGB), Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), Sindicato de Prensa de Rosario, Red de Medios Digitales (RMD), Diario Tiempo Argentino y El Ciudadano ambos integrantes de la Red de Diarios Recuperados, Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas (SiVenDia) y Circulo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba.