Cuando silenciar a la prensa se vuelve política de Estado

El año 2025 dejó un saldo sangriento para la libertad de expresión: periodistas asesinados, medios asfixiados y un poder que ve en la verdad a su principal enemigo, advierte La Opinión, el diario en español más leído de Estados Unidos, fundado en 1926 en Los Ángeles y la Agencia The Associated Press. Los ataques a la prensa revelan una estrategia global de silenciamiento que amenaza la democracia y deja a los ciudadanos indefensos frente al abuso del poder.

La libertad de prensa necesita más aliados

Quie­nes ama­mos la liber­tad de expre­sión debe­mos hacer­nos el firme pro­pó­sito de com­ba­tir y denun­ciar los ata­ques con­tra los medios de comu­ni­ca­ción, que tuvie­ron en 2025 uno de sus años más per­ni­cio­sos.

Desde las trin­che­ras de los con­flic­tos y las ofi­ci­nas de los gobier­nos así como desde la indus­tria misma, los gol­pes reci­bi­dos por los comu­ni­ca­do­res han sido devas­ta­do­res.

Afirma el Comité para la Pro­tec­ción de los Perio­dis­tas que por lo menos 126 per­so­nas vin­cu­la­das a los medios -85 de ellas debido a los bom­bar­deos en Gaza- fue­ron ase­si­na­das en 2025.

Esto, ade­más en un clima de casi total impu­ni­dad en donde los crí­me­nes come­ti­dos que no se pagan se con­vier­ten en el abono de nue­vas vio­la­cio­nes que tam­poco lle­ga­rán ante la jus­ti­cia.

En EEUU, la lle­gada al poder de una Admi­nis­tra­ción de corte fas­cista y con una enorme ten­den­cia a la cen­sura, ha con­ver­tido a los perio­dis­tas en su ene­migo público número uno, acu­sán­do­los de difun­dir noti­cias fal­sas cuando no siguen la narra­tiva ofi­cial y pre­sio­nán­do­los con la ame­naza de millo­na­rias deman­das por con­te­ni­dos que no se adhie­ren al gusto de Trump.

Dife­ren­tes reglas de juego en la cober­tura de ins­ti­tu­cio­nes clave como el Pen­tá­gono y mar­gi­na­miento de ser­vi­cios que se nie­gan a lla­mar al Golfo de México como Golfo de Amé­rica solo dan la idea de que el juego de la Casa Blanca sigue un libreto de corte dic­ta­to­rial salido de los mis­mos manua­les que se usa­ban en la Ale­ma­nia Nazi.

Parte de la pro­ble­má­tica con­siste en que la gente de la calle poco sabe de esta estra­te­gia demo­le­dora: según el Cen­tro de Inves­ti­ga­ción Pew, solo 36% de los esta­dou­ni­den­ses afirma estar al tanto de esta nociva rela­ción entre el Gobierno y la prensa.

Masi­vos recor­tes a medios públi­cos como la cadena NPR y un pano­rama eco­nó­mico rece­sivo en el que las inver­sio­nes publi­ci­ta­rias sufren la incer­ti­dum­bre creada por el vai­vén del tema tari­fa­rio impul­sado por la misma Admi­nis­tra­ción, com­ple­tan un pano­rama deso­la­dor.

Las reac­cio­nes de la mayo­ría de los medios y la socie­dad a los comen­ta­rios del pre­sen­ta­dor Jimmy Kim­mel tras la muerte del acti­vista de dere­cha Char­lie Kirk son ape­nas un rayo de luz en una noche de tinie­blas. La soli­da­ri­dad de los defen­so­res de la pri­mera enmienda gana bata­llas peque­ñas en medio de esta san­grienta gue­rra.

Un informe de Muck Rack y Rebuild Local News regis­trado por la agen­cia AP da cuenta de que en 2002 había 40 perio­dis­tas por cada 100.000 habi­tan­tes en EEUU, mien­tras que hoy esa cifra es ape­nas poco más de ocho.

Lo cierto es que quie­nes pier­den con una prensa ata­cada somos todos.

Sin unos medios inde­pen­dien­tes que fis­ca­li­cen los abu­sos, quie­nes estén mejor conec­ta­dos con los gobier­nos son quie­nes tie­nen carta blanca para hacer lo que mejor les parezca, desa­for­tu­na­da­mente y como ocu­rre muchas veces, en per­jui­cio del bien común.

Este año que ya comenzó defen­da­mos nues­tros medios, apo­yé­mos­los mani­fes­tán­do­nos y com­prando su con­te­nido. Solo ellos nos pro­te­ge­rán cuando los abu­sos de los pode­ro­sos ven­gan por noso­tros. Y cui­dé­mo­nos de la pro­pa­ganda del Gobierno.

2025, un año difícil para los periodistas, con pocas esperanzas de mejora

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con reporteros antes de embarcar en el Marine One, en la Casa Blanca, el 19 de diciembre de 2025, en Washington

Por: David Bauder, AP

Desde casi todas las perspectivas, 2025 ha sido un año difícil para cualquiera que se preocupe por la libertad de prensa.

Es probable que sea el año más letal jamás registrado para periodistas y trabajadores de medios de comunicación. El número de agresiones a reporteros en Estados Unidos casi iguala el de los últimos tres años juntos. El presidente de Estados Unidos reprende a muchos de los que le hacen preguntas y llamó "cerdita" a una mujer. Y las filas de quienes realizan este trabajo continúan reduciéndose.

Es difícil pensar en una época más oscura para los periodistas. Así lo afirman muchos, como Tim Richardson, exreportero del Washington Post y director del programa de periodismo y desinformación de PEN America. "Se puede afirmar con seguridad que el ataque a la prensa durante el último año ha sido probablemente el más agresivo que hemos visto en tiempos modernos."

Seguimiento de asesinatos y agresiones a periodistas

A nivel mundial, las 126 personas de la industria de los medios de comunicación asesinadas en 2025 hasta principios de diciembre igualaron el número de muertes en todo 2024, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), y el año pasado se batió un récord. Los bombardeos israelíes en Gaza causaron 85 de esos decesos, 82 de ellos de palestinos.

"Es extremadamente preocupante", dijo Jodie Ginsberg, directora general del CPJ. "Desafortunadamente, no se trata solo del número de periodistas y trabajadores de medios asesinados, sino también de la falta de justicia o de que se rindan cuentas por esos asesinatos".

"Lo que sabemos tras décadas de trabajo es que la impunidad genera impunidad", agregó. "Así que el fracaso a la hora de abordar los asesinatos de periodistas crea un entorno en el que esos asesinatos continúan."

El Comité para la Protección de los Periodistas estima que hay al menos 323 reporteros encarcelados en todo el mundo.

Ninguno de los fallecidos este año era de Estados Unidos. Pero trabajar en suelo estadounidense también ha sido peligroso. Se han reportado 170 agresiones a periodistas en el país este año, 160 de ellas a manos de las fuerzas de seguridad, según el U.S. Press Freedom Tracker. Muchas de estas denuncias proceden de la cobertura de las medidas de control migratorio.

Es imposible ignorar la influencia de Trump, que con frecuencia se enoja con la prensa al tiempo que interactúa con los reporteros más que ningún otro presidente que se recuerde, respondiendo con asiduidad a sus llamadas telefónicas.

"Trump siempre ha atacado a la prensa", dijo Richardson. "Pero durante el segundo mandato, lo ha convertido en acciones gubernamentales para restringir, castigar e intimidar a los periodistas."

Periodistas aprenden pronto que tienen una lucha entre manos

The Associated Press lo aprendió rápidamente, cuando Trump limitó el acceso de la agencia para informar sobre él después de negarse a seguir su iniciativa para renombrar el Golfo de México. Esto dio comienzo a una batalla legal que sigue sin resolverse. Trump también ha cerrado acuerdos con las televisoras ABC y CBS News en demandas sobre noticias que no le gustaban, y tiene demandas abiertas contra The New York Times y Wall Street Journal.

Molesto desde hace tiempo por lo que considera un sesgo contra los conservadores en los noticieros de PBS y NPR, Trump y sus aliados en el Congreso recortaron la financiación a la radiodifusión pública en su conjunto. El presidente también ha tomado medidas para cerrar organizaciones gubernamentales que transmiten noticias a todas partes del mundo.

"Estados Unidos es un gran inversor en el desarrollo de medios de comunicación, en medios independientes en países que tienen poco o ningún medio independiente, o como fuente de información para personas en países donde no hay medios libres", indicó Ginsberg. "La eliminación de Radio Free Europe, Radio Free Asia y la Voz de América es otro golpe a la libertad de prensa a nivel mundial."

Otros en la Casa Blanca siguen el ejemplo de Trump, como cuando su oficina de prensa eligió el día después de Acción de Gracias para lanzar una web para quejarse de los medios o reporteros que creen que son injustos.

"Es parte de esta estrategia general que estamos viendo en ciertos gobiernos, en particular en Estados Unidos, para tachar a todos los periodistas que no se limitan (a repetir) la narrativa del gobierno de noticias falsas, como dudosos, como sospechosos, como criminales", manifestó Ginsberg.

El secretario de defensa de Trump, Pete Hegseth, ha retratado a los periodistas como figuras oscuras que merodean por los pasillos del Pentágono para descubrir secretos clasificados como justificación para imponer reglas restrictivas a la cobertura informativa.

Eso ha dado lugar al ejemplo más notable de la respuesta de los reporteros: la mayoría de los medios convencionales renunciaron a sus credenciales para trabajar en el Pentágono en lugar de aceptar las normas, y siguen publicando informaciones a pesar de no trabajar desde allí. The New York Times ha presentado un recurso para tratar de revocar las reglas. El periódico también se defiende públicamente cuando es atacado por el presidente, como cuando se quejó de la cobertura acerca de su estado de salud.

A pesar del esfuerzo más organizado contra la prensa, la población apenas lo ha percibido. El Centro de Investigación Pew dijo que el 36% de los estadounidenses reconoció a principios de año haber oído hablar sobre la relación entre el gobierno de Trump y la prensa, frente al 72% que afirmó lo mismo a la misma altura de su primer mandato.

Las encuestas muestran sistemáticamente que los periodistas nunca han sido populares, y es posible que susciten poca simpatía cuando su trabajo se complica.

"Realmente el daño recae sobre la población, ya que depende de los reportes independientes para entender y escrutar las decisiones que están siendo tomadas por la oficina más poderosa del mundo", explicó Richardson.

Algunos motivos para el optimismo

En su conjunto, el sector de la información lleva más de dos décadas en fase de reestructuración debido, en gran medida, a un colapso en el mercado publicitario, y cada año se multiplican las noticias sobre despedidos como consecuencia de ello. Una de las estadísticas más desalentadoras del año apareció en un reporte de las organizaciones Muck Rack y Rebuild Local News: en 2002, había 40 periodistas por cada 100.000 personas en Estados Unidos y, este año, la cifra se ha reducido a poco más de ocho.

Preguntados por si hay razones para ser optimista, tanto Ginsberg como Richardson señalaron la aparición de algunas organizaciones de noticias locales independientes, brotes de esperanza en un paisaje árido, medios como el Baltimore Banner, Charlottesville Tomorrow en Virginia y Outlier Media en Michigan.

Por mucho que sean ridiculizados en el Estados Unidos de Trump, el influyente director general de Axios, Jim VandeHei, señaló recientemente en una columna que los reporteros de los medios convencionales siguen trabajando duro y son capaces de establecer la agenda del país con sus reportes.

Como dijo a la AP: "Con el tiempo, con suerte la gente recuperará el sentido común y dirá: 'Oye, los medios, como cualquier otra cosa, son imperfectos, pero, hombre, es bueno tener una prensa libre'".

Fotos: Alfred Yaghobzadeh, Abaca Picture Alliance - AP Foto, Julia Demaree Nikhinson, archivo

Fuentes: Diario La Opinión, The Associated Press

Informar exige más que hablar: prensa, responsabilidad y justicia en el caso Loan

Frente a una investigación penal en curso por la sustracción de un menor, el autor, abogado de la querella familiar en el caso Loan, plantea la necesidad de reforzar los estándares de prudencia, responsabilidad y rigor profesional en la producción y difusión de información que impacta en la sociedad y en la administración de justicia

Por: Alejandro Vecchi
Este pronunciamiento no tiene por objeto la individualización de responsabilidades personales ni la atribución de nombres propios. Su finalidad es otra y de mayor alcance institucional: contribuir a la correcta orientación del debate público y jurídico en el marco de una de las causas penales más graves y sensibles vinculadas a la sustracción de un menor.

En ese contexto, resulta relevante advertir sobre la incidencia que la circulación de información no debidamente verificada puede tener en procesos penales complejos, especialmente cuando se encuentran en juego bienes jurídicos de máxima jerarquía y cuando la investigación se encuentra aún en curso. Ello impone un deber reforzado de prudencia, profesionalismo y responsabilidad en la producción, tratamiento y difusión de noticias, cuyo impacto trasciende el ámbito informativo para proyectarse sobre la sociedad en su conjunto y sobre la propia administración de justicia.

La educación del cuerpo social —en sentido amplio— constituye un presupuesto indispensable para la vigencia del Estado de Derecho. En la actualidad, dicho presupuesto comprende no solo la formación cívica tradicional, sino también la alfabetización informativa , entendida como la capacidad colectiva de distinguir hechos comprobados de hipótesis, datos acreditados de especulaciones y verdad procesal de construcciones mediáticas carentes de sustento probatorio.

En el caso concreto, el objetivo que debe orientar de manera inequívoca la actuación de todos los operadores institucionales es uno solo y no admite ambigüedades: el esclarecimiento de los hechos y la determinación del paradero del menor , con la expectativa legítima de que sea hallado con vida y en condiciones de integridad. Ese norte debe ordenar la actuación de la familia, de la sociedad, de los órganos de investigación, de los peritos, del Ministerio Público, de los jueces de las distintas instancias y, en su momento, de los tribunales de juicio y revisión.

Cualquier reducción relevante de dicho objetivo — especialmente cuando proviene de la difusión de afirmaciones no corroboradas o de hipótesis extremas presentadas como certezas — debe ser objeto de un escrutinio riguroso , atento al riesgo cierto de afectar la confianza pública en el proceso, condicionar indebidamente su desarrollo o generar daños irreparables en el plano humano e institucional.

No puede soslayarse, asimismo, que en causas de esta naturaleza suelen desplegarse estrategias de perturbación del proceso , consistentes en la generación deliberada de confusión, la deslegitimación anticipada de las actuaciones judiciales o la instalación de narrativas orientadas a erosionar la eficacia de la persecución penal. Frente a ello, la respuesta institucional no puede ser la pasividad, sino el fortalecimiento de los estándares jurídicos, comunicacionales y cívicos , preservando la legalidad del procedimiento y la serenidad del debate público.

Desatender estas circunstancias no es una posición neutral: implica exponer al proceso ya la sociedad a riesgos previsibles . Reconocerlas y actuar en consecuencia, en cambio, constituye una manifestación concreta de responsabilidad institucional y de compromiso con la tutela efectiva de los derechos fundamentales involucrados.

Este 31 de diciembre pasado, fecha en que muchas familias en Argentina se aprestaban a entrar con esperanza y alegría en un nuevo año -con familiares, seres queridos, amigos, como fuera -, en un pueblo correntino, unos padres y hermanos esperaban junto a la silla vacía donde estaba la foto de Loan, con la esperanza de que regrese vivo, sano y salvo. Nadie sabe, desde el 13 de junio de 2024, dónde está, cómo se encuentra ni qué hicieron con él sus secuestradores.

Ese mismo día, y en esos mismos momentos, padres y hermanos, y algunos lectores advirtieron que un medio de comunicación difundía una información nefasta, apostando por la peor de las hipótesis, sin aportar pruebas nuevas ni verificadas.

La pregunta que corresponde hacerse no es personal ni ideológica, sino estrictamente profesional: ¿qué interés público se satisface con esa publicación?, ¿qué utilidad concreta aportó a la búsqueda de la verdad?, ¿qué efecto produjo en una causa abierta y en una familia que aún espera respuestas ya su hijo vivo, sano y salvo?

Cuando una información no esclarece, no prueba y no contribuye, pero sí confunde y aquí, cabe preguntarse si su difusión fue eficaz, necesaria o socialmente responsable. En primer lugar, es justo decirlo con claridad: la prensa argentina, en su enorme mayoría, ha tratado el caso Loan con respeto, prudencia y humanidad . Gracias a ese trabajo, quienes ejercemos la abogacía junto a víctimas de crímenes impunes encontramos en los comunicadores públicos un vehículo indispensable para que la opinión pública conozca, comprenda y acompañe . Es a través de la prensa que la sociedad sabe quiénes somos, qué defendemos, qué hacemos a diario en nuestras vidas profesionales y cómo administramos la confianza que se nos deposita cuando están en juego la libertad personal, el patrimonio o los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Nuestra prensa y nuestros periodistas han respetado al niño, su vida, su dignidad y el dolor de su familia. Ese dato es innegable. Y ese estándar mayoritario merece ser reconocido y agradecido, porque constituye una barrera efectiva frente a los intentos de manipulación de una causa penal por parte de imputados y defensas poderosas , sostenidas muchas veces por recursos económicos significativos y por vínculos con estructuras de poder político, mediático o judicial que operan mediante la confusión deliberada, la especulación interesada y, finalmente, la búsqueda del silencio y de la anomia social.

Esa anomia – el desinterés colectivo – no es un fenómeno neutro: resulta vital y, en ciertos casos, fatal para una República que se precie de tal. Por ello, los letras independientes tenemos razones fundadas para estar agradecidos a la prensa: es ella la que amplifica la voz de los ciudadanos víctimas de delitos , muchas veces indefensos o desatendidos por la institucionalidad, y la que impide que el poder del hecho consumado se imponga por desgaste.

En ese marco se inscribe el trabajo de Editorial Perfil , una casa periodística atravesada por un antecedente extremo: el asesinato de su reportero gráfico José Luis Cabezas a manos de una organización criminal mafiosa, que —mientras el hecho era investigado judicialmente— continuó amenazando, querellando y denunciando a sus profesionales como forma de escarmiento por su trabajo en el periodismo de investigación.

Desde ese lugar, y con esa memoria institucional, Perfil se ha hecho y se hace eco de los movimientos judiciales probados, concretos y legítimos del caso Loan. Lo hace con un criterio innegociable, sostenido a lo largo de los años y fundado en una práctica coherente: evitar amplificar operaciones turbias, aceptadas o incomprensibles, y poner a la sociedad en contacto directo con la voz de los tribunales competentes, de sus autoridades y con la palabra de los padres y hermanos de Loan. Le guste a quien le guste.
Incluso — y esto no es un dato menor — habilitando en su propio espacio la publicación de opiniones y comentarios que expresan un desacuerdo frontal con su línea editorial. Libertad de expresión en su estado más puro , ejercida con responsabilidad, pluralismo y sin abdicar del rigor.

Para Voltaire , la libertad de expresión debía ser defendida como un resguardo frente al poder y el fanatismo , nunca como una coartada para abdicar de la responsabilidad moral de la palabra . La palabra también es un instrumento de poder; y todo poder exigir un uso cuidadoso, proporcional y responsable. Desde ese estándar, resulta pertinente formular una reflexión serena cuando, en el marco de una investigación en pleno desarrollo — con intervención policial, del Ministerio Público Fiscal y de la Justicia Federal — se difunde información periodística no verificada , que no aporta datos nuevos ni confirmados y que, sin embargo, instala públicamente hipótesis extremas en una causa abierta y aún desprovista de certezas fácticas.

Ello conduce a una pregunta inevitable: ¿qué lugar se asigna a quienes, frente a la ausencia de prueba concluyente, se resisten a clausurar anticipadamente la investigación y continúan esperando que el niño regrese con vida? ¿Se los presenta como negadores de la realidad, como voluntaristas sin comprensión de los hechos, o simplemente como ciudadanos que exigen que la verdad sea establecida por los canales institucionales y no por anticipaciones mediáticas?

Porque si la única alternativa ofrecida es asumir como verdad definitiva una hipótesis no corroborada, difundida además en un contexto temporal especialmente sensible, entonces el problema ya no es jurídico ni periodístico. Es otro. Y ese otro — el de justificar por qué se necesita extinguir la esperanza ajena antes de tiempo — difícilmente pueda resolverse desde el interés público, la ética profesional o el debate democrático.

Defender la libertad de expresión no implica abdicar de la responsabilidad social del periodismo. No son conceptos opuestos: son inseparables. La libertad de prensa existe para informar, para controlar al poder y para contribuir a la verdad; no para anticipar conclusiones que la Justicia — que actúa sin pausa desde aquel día — aún no ha alcanzado. Conviene recordarlo, porque a veces parece olvidarse lo elemental.

Ética periodística básica
Todo periodista serio sabe que:

• no se presentan hipótesis como hechos,
• no se revictimiza a familiares de personas desaparecidas,
• no se especula cuando no hay prueba,
• no se cambia la humanidad por clics,
• no se instalan certezas donde solo hay investigación en curso.

Cuando se escribe que un niño “estaría enterrado” sin prueba concluyente, no se informa: se modela una representación mental en la sociedad. Y eso tiene efectos concretos, medibles y graves: desaliento, confusión, resignación, desgaste social y —en el extremo— la naturalización de una muerte que nadie ha probado.

Eso no es neutral. Eso no es inocente.

El daño invisible (pero real)
Estas publicaciones:

• confunden a la sociedad,
• hieren a la familia,
• desorientan a personas de buena fe,
• erosionan la confianza en la búsqueda,
• Instalan como verdad lo que no pasó por ningún probatorio estándar.

Y lo hacen cuando más se necesita exactamente lo contrario : claridad, prudencia y responsabilidad.

Cuando la verdad todavía no apareció y cada dato serio vale como el agua en el desierto.
No se trata de censurar.
No se trata de llamar.
No se trata de atacar al periodismo.

Se trata de diferenciar hechos de conjeturas , investigación judicial de especulación mediática, información responsable de impacto vacío. Porque la libertad de expresión no se debilita cuando se ejerce con cuidado: se fortalece . Y el periodismo gana autoridad cuando decide no correr detrás del golpe fácil, sino sostener la búsqueda de la verdad con rigor, contexto y humanidad.

En el caso de Loan, eso es lo que la sociedad necesita. Sí, sobre todo, lo que Loan y su familia merecen.
Fuente: Diario Perfil