Legisladores y académicos de América latina evaluaron la iniciativa del Gobierno; recomendaciones y sugerencias
Por: Jaime Rosemberg
Una ley "alejada de los tiempos y las urgencias políticas y electorales". Absoluta libertad de expresión, con control limitado de los contenidos que emiten los licenciatarios. Autoridades de aplicación "independientes" y medios de comunicación públicos "sin molestas interferencias del poder de turno".
Estas son algunas de las recomendaciones y sugerencias que legisladores y expertos de distintos países del continente expresaron en el seminario sobre medios de comunicación audiovisual realizado en el Senado el jueves último, el mismo día que la presidenta Cristina Kirchner enviaba el proyecto de ley de radiodifusión oficialista al Congreso. Un día después del seminario, y reunidos por La Nación, debatieron sobre el tema Lorena Donoso, integrante del observatorio de Medios Fucatel, de Chile; Fernando Flexa Ribeiro, senador del PSBD y titular de la Comisión de Ciencia y Tecnología de Brasil; Ara Minassian, integrante de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (ANaTel), que regula el ámbito de las telecomunicaciones brasileñas, y la senadora de la Coalición Cívica María Eugenia Estenssoro, organizadora del encuentro, que contó también con la presencia de otros expertos uruguayos y chilenos.
Se critica el momento elegido por el Gobierno para presentar la ley. ¿Cuál sería para ustedes el mejor momento para hacerlo?
Donoso: En Chile está clarísimo que éste no es un buen momento. Se discute hoy la ley para la TV digital, y las elecciones son en noviembre. Legislar sobre los medios con una elección encima no parece ser razonable. Hay que diferenciarlo de los avatares políticos.
Ribeiro: Estamos en un proceso muy avanzado. En lo que hace a la TV digital, el proceso estará culminado en 2016, con diez años de transición. Estamos discutiendo en el Congreso [de Brasil] la convergencia tecnológica, las plataformas, los contenidos, porque la legislación no acompañó el avance tecnológico.
Estenssoro: Me parece bueno el ejemplo de Uruguay, donde no se asignan licencias un año antes y hasta un año después de cualquier elección. Este período, con un Congreso elegido el 28 de junio que no asumirá hasta diciembre, no parece ser el mejor para una nueva ley. Tuvieron seis años y medio para hacerla y no la hicieron, la ley que proponen es más pasado que futuro.
La potestad de revisar licencias cada dos años también es cuestionada por la oposición. ¿Qué evaluación hacen?
Donoso: Se está debatiendo en este momento el tema de las licencias en Chile. En la televisión abierta, los plazos a nivel internacional están entre los ocho y los quince años. Revisar cada dos años no es bueno, para nada, aunque debería diferenciarse entre los que dan los contenidos y los que tienen en sus manos el soporte técnico.
Minassian: En Brasil, las concesiones de tevé son de 15 años y las de radio, de 10. De esa manera hay previsibilidad, y soy favorable a qué se haga una revisión técnica cada cinco años, no para presionar a los medios, sino para ajustar las nuevas tecnologías. Ustedes tienen que tener una ley inteligente, adaptable a cualquier tecnología.
Estenssoro: La autoridad de aplicación debe estar monitoreando permanentemente a las prestadoras. En la aplicación de sanciones debe estar muy claro cuáles son las instancias de monitoreo hasta llegar a la revocación de las licencias. Dos años es poco, cinco años parece razonable si las concesiones van a durar quince años.
La mirada sobre los contenidos
Los expertos reunidos en el Senado también se preguntaron cómo regular los contenidos de los medios masivos.
"Un precepto constitucional brasileño es la libertad de expresión, y nada que huela a censura debe estar en la legislación", dijo el brasileño Fernando Ribeiro.
A criterio de la chilena Lorena Donoso, "el consejo nacional de tevé tiene que dar explicaciones al Congreso de temas como contenidos y adjudicación".
También los expertos reunidos en el seminario indagaron sobre los monopolios. "En Brasil no hay posibilidad de hacerlos porque hay mucha diversidad. Ahora, es inevitable la concentración? de la audiencia, que decide libremente. No hay ninguna ley que pueda controlar eso", dijo Ribeiro.
El doble fondo de la política de medios
Por: Carlos Pagni
De repente, como ganados por una iluminación, los Kirchner han descubierto el verbo "desmonopolizar". Su significado, tan esquivo cuando se trataba de asignar obra pública, tendidos eléctricos o la explotación de los juegos de azar, se les volvió evidente en el caso de los "servicios audiovisuales". Nada que objetar. Uno de los desafíos principales de la democracia contemporánea es garantizar la transparencia de la comunicación. Sin pluralidad de voces, sin fuentes diversificadas, los ciudadanos están condenados, como aquellos prisioneros de la caverna de Platón, a vivir entre falacias.
Sin embargo, los antecedentes de los Kirchner como defensores de la competencia son tan defectuosos que obligan a estar alerta aun ante los argumentos más nobles. Por un lado, llama la atención que una verdad por la que ahora cabe dar la vida haya sido descubierta tan tarde. Desde su prehistoria santacruceña, la Presidenta y su esposo vienen fomentando todos los monopolios: el político, el sindical, el comercial. Por otro lado, casi todas las veces que el Gobierno levantó la bandera de la libre competencia fue para forzar la venta de un paquete accionario a favor de alguna empresa amiga. Así ingresó Electroingeniería en Transener o la familia Eskenazi en Repsol.
Esa propensión a subordinar la capacidad regulatoria del Estado al armado de una estructura de negocios que tiene en Kirchner su cabeza política obliga a mirar dos veces la flamante cruzada a favor del correcto funcionamiento del mercado de las comunicaciones. Cuando se lo hace, aparece una desmonopolización con doble fondo.
Hace una semana, Lotería Nacional debió suspender, por orden judicial, una licitación por el servicio de recolección electrónica de apuestas en las 1200 agencias que posee en la ciudad de Buenos Aires. Uno de los competidores denunció que los pliegos habían sido confeccionados como un traje a medida para el empresario kirchnerista Cristóbal López.
Daniel Scioli está por convertir ese episodio en un detalle irrelevante: la Lotería bonaerense acaba de renovar el contrato por el mismo servicio a la empresa Boldt, de Antonio Tabanelli, por contratación directa, es decir, sin licitación. La extensión de esta concesión a Boldt fue uno de los últimos actos administrativos del anterior titular del instituto provincial de juegos, Luis Peluso. El convenio representa unos 300 millones de pesos por año. En la provincia las agencias de lotería son 4000. La comisión por el relevamiento de las apuestas es del 8% sobre el monto jugado.
Tabanelli, el beneficiario de la concesión de Scioli, es un empresario de bajísimo perfil que tuvo su mayor desarrollo cuando en la provincia de Buenos Aires reinaban Eduardo Duhalde y Carlos Ruckauf.
La Legislatura provincial guarda silencio sobre el pacto entre Scioli y Boldt. Una nueva complicidad de esa institución con los empresarios del juego. La última fue haber excluido a los locales de entretenimientos con más de 400 metros cuadrados -bingos y casinos- de la ley que prohíbe fumar en lugares públicos. La excepción casi estalla en un escándalo, sobre todo cuando se detectó la sospechosa visita de un conocido binguero del conurbano a varios legisladores que discutían la norma.
¿Qué relación existe entre la disputa por la captación online de los juegos de azar y la cruzada desmonopolizadora de los Kirchner? Sencillo: uno de los objetivos de la estatización del fútbol televisado fue la habilitación de un fenomenal negocio de apuestas deportivas, que provocará un aumento llamativo en los ingresos de las empresas que realizan el relevamiento electrónico.
Entregado el primer cheque a la AFA, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández se concentró en encontrar una conexión entre el fútbol y la industria del juego. Ya mantuvo un par de reuniones con Julio Grondona y con José Luis Meiszner, el secretario general de la AFA. Los quilmeños Fernández y Meiszner son íntimos amigos.
Prode con más variables
El nuevo negocio suele discutirse en Brandsen, en el campo de Grondona. Para las empresas de juego, lo ideal sería habilitar el sistema que existe en Europa. Allí, los apostadores pueden aventurar el resultado de los partidos, la identidad de los goleadores, el número de goles y hasta el momento en que son realizados. El juego se abre 72 horas antes de cada match y la recompensa que ofrece un equipo va mutando según cómo esté integrado, si se lesiona o no algún jugador crucial, etc. La empresa Bwin, que controla la red principal, habilitó modalidades tan extravagantes que después de la muerte de Juan Pablo II se tomaban apuestas sobre la duración del cónclave y la identidad del nuevo papa.
Grondona le viene explicando a Fernández que no hay que ser tan ambicioso. Un régimen muy sofisticado demandaría una ley especial, con la adhesión de todas las provincias, que el oficialismo no está en condiciones de conseguir. Igual que en la reforma de la ley de radiodifusión, Fernández debe trabajar con premura. Como si el 10 de diciembre llegaran a casa los nuevos dueños.
Grondona calcula que sería mejor reducir las apuestas digitales a un Prode con más variables, sin demasiado esfuerzo parlamentario. Hace una década, él ya impulsaba esta iniciativa a través de Scioli, por entonces diputado menemista.
Los empresarios del juego están revoloteando, ansiosos, sobre esta nueva cantera. No sólo López y Tabanelli, cuando pelean por la captura de apuestas. También está Codere, que administra la más importante cadena de bingos de la provincia de Buenos Aires. Cuatro de ellos están en Mar del Plata. Los gerencia Jorge Bosco, el presidente de la Liga Marplatense de Fútbol. Bosco es una especie de álter ego de Grondona, con quien organiza los torneos de verano. Los competidores de Codere temen que Grondona, clave ahora en los juegos de azar, imponga alguna ventaja para esa empresa.
Las apuestas electrónicas han hecho estallar el fútbol europeo, sobre todo el italiano, en el que decenas de jugadores y árbitros fueron procesados por realizar fraudes con los resultados de los partidos. ¿Permitiría Grondona semejante deformación en la Argentina? La fe antimonopólica, que pretendía salvar al fútbol, abrió la puerta a nuevas explotaciones que podrían echarlo a perder.
La pasión oficial por la libertad de mercados tuvo la semana pasada otra manifestación: la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia le dio a Telecom Italia 60 días para vender su participación en la Telecom local. La estrategia oficial sería que la Secretaría de Comercio -Guillermo Moreno- designe a un "desmonopolizador", que fijará los pasos del procedimiento y, de modo indirecto, el precio de venta.
El caso sería menos escandaloso si no fuera porque un grupo de amigos de Kirchner está esperando quedarse con la empresa. Lo integran Eduardo Eurnekian y Ernesto Gutiérrez, de Aeropuertos Argentina 2000. Dos directivos de Telecom Italia escucharon decir a Julio De Vido: "Si hablan con la gente de Aeropuertos, les podemos resolver el problema de la venta". Contra Gutiérrez y Eurnekian compite el Grupo Clarín.
La presión sobre Telecom podría ser una prueba piloto para la desmonopolización que prevé el proyecto de ley de "servicios audiovisuales" que acaba de llegar al Congreso. No sólo porque el texto permite a las telefónicas convertirse en medios de comunicación. También establece que muchas empresas tendrán que desprenderse de radios, canales de televisión o los tendidos de TV-cable para cumplir con los nuevos límites a la propiedad de medios. ¿Habrá también un funcionario desmonopolizador? ¿Se pondrán plazos perentorios de venta para bajar los precios? ¿Debutará Moreno en la industria periodística? ¿Habrá amigos de Kirchner preparándose para juntar las frutas que caigan del árbol?
Demasiadas incógnitas para una sola certeza: ahora se entiende por qué la desmonopolización, además de tardía, se ha vuelto urgente.
Fuente: Diario La Nación
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