El encuentro se realizó este viernes 11 de septiembre en el anexo de la Cámara de Diputados y fue convocado por legisladores opositores que integran la Comisión de Libertad de Expresión, ante la falta de funcionamiento del cuerpo que preside el oficialista Guillermo Montenegro.
Durante varias horas, periodistas de distintos medios, representantes sindicales y organizaciones profesionales describieron un escenario caracterizado por agresiones públicas, restricciones para acceder a funcionarios y dependencias oficiales, represión durante coberturas de protestas, denuncias judiciales, campañas de hostigamiento y un deterioro de las condiciones laborales.
La situación de los periodistas acreditados en la Casa Rosada, la política de comunicación oficial y el destino de los recursos públicos destinados a medios fueron algunos de los principales ejes de la jornada.
La fecha también tuvo un componente simbólico: el 11 de septiembre se conmemora el fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, quien además de haber sido presidente fue escritor y periodista.
"El Congreso no puede mantenerse en silencio"
El vicepresidente de la Comisión de Libertad de Expresión, Nicolás Trotta, fue el encargado de abrir el encuentro. El diputado cuestionó al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, por la situación de la comisión y explicó que la reunión había sido convocada de manera informal ante la falta de funcionamiento del cuerpo.
"Es una reunión informal, porque al presidente de la Cámara no le gusta decir que nos autocovocamos ante la apatía y voluntad de clausura y no funcionamiento de esta comisión por parte del bloque mayoritario de LLA", sostuvo.
Trotta explicó que los diputados habían decidido convocar a medios, entidades de comunicación y periodistas que, según afirmó, vienen sufriendo "la agresión constante" del Poder Ejecutivo Nacional.
El legislador señaló que existen más de cien proyectos vinculados con la libertad de expresión presentados por diputados de distintos bloques, pero que permanecen sin tratamiento debido a la falta de reuniones de la comisión.
Para Trotta, lo que ocurre no puede interpretarse como una sucesión de episodios aislados.
"No estamos frente a hechos aislados, sino una clara estrategia de intimidación que quiere llevar adelante el Poder Ejecutivo frente a una enorme asimetría del poder", afirmó.
Según planteó, la sucesión de ataques genera un efecto que excede las redes sociales. "Ese nivel de agresión y nivel de violencia que pretende Javier Milei desatar deja el mundo virtual y se traslada al mundo real", sostuvo.
Por eso, consideró que el Congreso no puede permanecer al margen. "No convocar esta comisión implica un silencio cómplice a las agresiones", advirtió, y reclamó un compromiso que trascienda las identidades partidarias en defensa de la libertad de expresión.
En la misma línea se expresó la vicepresidenta segunda de la comisión, Lourdes Arrieta, de Provincias Unidas, quien planteó la necesidad de abordar el "constante agravio" no solamente contra periodistas, sino también contra quienes expresan opiniones diferentes a las del Gobierno.
Como comunicadora social, Arrieta remarcó la necesidad de discutir "la Argentina que queremos" y el modelo de democracia en el que se pretende vivir.
"Por estar en contra de alguna medida, no significa que somos enemigos", sostuvo, y propuso analizar hasta qué punto pueden instalarse discursos de odio contra quienes piensan diferente.
FoPeA: "Vivimos un momento particularmente crítico"
El vicepresidente del Foro de Periodismo Argentino (FoPeA) y periodista de La Nación, Claudio Jacquelin, fue uno de los primeros en tomar la palabra. Su diagnóstico fue contundente: la situación es "sumamente grave".
Jacquelin cuestionó la ausencia del bloque mayoritario y el intento de vaciamiento de un ámbito que, consideró, debería ser central para la defensa de la libertad de expresión, la libertad de prensa y el acceso a la información.
"Vivimos un momento particularmente crítico, porque han convergido una cantidad de situaciones que ponen a la libertad de expresión y de prensa en un estado de fragilidad demasiado profunda", sostuvo.
El periodista señaló que confluyen varios factores: un ataque sistemático contra las voces que contradicen el discurso oficial, una crisis profunda de la industria periodística y una creciente precarización del trabajo.
FoPeA realiza desde hace 16 años un monitoreo de la libertad de expresión. Según los datos expuestos durante la reunión, el año pasado se alcanzó un récord de agresiones contra periodistas, superando incluso el registro de 2013, y más del 60% de los casos tuvieron como origen al Poder Ejecutivo Nacional.
Jacquelin destacó que una parte sustancial de esas agresiones se expresa a través de ataques verbales y campañas de deslegitimación.
La secretaria de FoPeA, Paula Moreno Román, puso el foco en otro aspecto: el denominado "efecto contagio" hacia las provincias.
"Estas conductas del poder político central están haciendo mella en las provincias", advirtió.
Entre los problemas que enumeró se encuentran la publicidad oficial, la falta de transparencia en la distribución de fondos públicos y las dificultades para acceder a funcionarios.
Moreno Román sostuvo además que detrás de las restricciones al trabajo periodístico existe un intento por quitarle a los periodistas su función de intermediarios entre el poder y la sociedad.
"La no existencia de la repregunta en definitiva lo que hace es fomentar un discurso unidireccional", señaló.
La pauta oficial y los fondos de empresas estatales
Uno de los temas que atravesó las exposiciones fue la distribución de publicidad oficial.
Rodrigo Lloret, director de Perfil, reconoció que la Secretaría de Comunicación ya no distribuye la pauta de la misma manera que durante gobiernos anteriores, pero sostuvo que eso no significa que hayan desaparecido los recursos públicos destinados a los medios.
"Es verdad que la Secretaría de Comunicación ya no distribuye la pauta como hacían otros gobiernos, pero la gran pauta pública es distribuida por Santiago Caputo, a través fundamentalmente de YPF", afirmó.
Lloret cuestionó que esos recursos sean distribuidos de manera discrecional y reclamó acceso a la información que permita conocer cuánto dinero se destina y quiénes son sus beneficiarios.
El planteo fue acompañado por otros participantes, quienes reclamaron a los diputados que investiguen el destino de los fondos públicos canalizados a través de empresas estatales.
La discusión sobre la pauta se vinculó así con una preocupación más amplia: el acceso a la información pública y la posibilidad de controlar el uso de recursos estatales.
Los insultos presidenciales y la naturalización de la violencia
Los ataques públicos de Javier Milei contra periodistas ocuparon buena parte de las exposiciones.
Lloret cuestionó que la sociedad se haya acostumbrado a observar diariamente insultos del Presidente hacia periodistas de distintos medios.
"Es realmente impresionante acostumbrarnos a lo que nos hemos acostumbrado: ver todos los días en redes sociales al Presidente Javier Milei insultar a periodistas de todos los medios; normalizamos algo que es gravísimo", sostuvo.
El periodista cuestionó el tenor de algunos de esos ataques y consideró necesario discutir el impacto que tiene el discurso presidencial sobre el debate público.
Mónica Gutiérrez, en tanto, pidió no naturalizar la violencia.
La periodista sostuvo que la confrontación entre prensa y poder siempre existió, porque el periodismo cumple un papel de contrapoder, pero consideró que el nivel de tensión actual excede situaciones anteriores.
"Desde que se ingresa a esta profesión se sabe que el periodismo es contrapoder y en todo momento las tensiones entre la prensa y el poder han existido, pero ahora han llegado muy lejos", afirmó.
Gutiérrez advirtió además sobre el efecto que esos discursos pueden tener en la sociedad. A su juicio, el ataque constante al periodismo profesional puede terminar favoreciendo el abandono de fuentes periodísticas tradicionales en favor de influencers y contenidos sin criterios profesionales de verificación.
En ese escenario, alertó, una sociedad que pierde referencias confiables para informarse queda también más vulnerable desde el punto de vista democrático.
Casa Rosada: restricciones, cierre de la sala y aislamiento
La situación de los periodistas acreditados en la Casa Rosada fue otro de los capítulos centrales.
Fernando Ramírez, presidente de la Asociación de Periodistas de la República Argentina (APeRA), contó que estuvo acreditado en la sede gubernamental desde 1983 hasta el año pasado y que participó incluso de las primeras conferencias de prensa de Manuel Adorni.
Según relató, durante los primeros seis meses la relación fue correcta, pero luego "se fue todo a la deriva".
Ramírez recordó la implementación de un protocolo "muy estricto", que consideró antecedente del posterior cierre de la sala de periodistas.
"Para mí este es el peor momento que sufre la relación periodismo-gobierno", afirmó, extendiendo su comparación incluso a períodos no democráticos.
También cuestionó que el Presidente no haya brindado una conferencia de prensa durante su gestión y recordó que tampoco lo hizo durante su campaña electoral.
Gabriel Sanfilippo, periodista y locutor acreditado en Casa Rosada, también cuestionó las condiciones de trabajo.
Recordó que durante el gobierno anterior fue expulsado de la Casa de Gobierno y planteó interrogantes sobre la continuidad de las restricciones: "¿Este Gobierno vino a hacer el trabajo sucio de encerrarnos en la sala de periodistas? ¿De no permitir repreguntar en las conferencias de prensa?".
Sanfilippo preguntó además qué sucedería con estas prácticas si en el futuro cambiara el signo político del Gobierno.
La periodista Natasha Niebieskikwiat, de Clarín, fue igualmente crítica. Pidió que no se "institucionalice nada de lo que está ocurriendo" y aseguró que, pese a haber atravesado otros períodos de fuerte tensión entre gobiernos y medios, nunca había observado un deterioro institucional semejante.
"Yo estoy prohibida en Casa de Gobierno", afirmó.
Para Niebieskikwiat, el problema excede el enfrentamiento coyuntural entre un Gobierno y determinados periodistas: se trata del "desmantelamiento de todo el aparato institucional de prensa".
Represión y violencia contra trabajadores de prensa
La periodista Nancy Pazos, de Radio 10, participó de manera virtual y llevó a la reunión el reclamo de quienes cubren las movilizaciones que se desarrollan frente al Congreso.
Pazos sostuvo que desde hace dos años trabajadores de prensa sufren agresiones durante las manifestaciones de los miércoles y recordó que se presentó un habeas corpus para evitar que periodistas y reporteros gráficos fueran golpeados, gaseados o reprimidos mientras trabajaban.
Según relató, ese recurso lleva dos años sin resolución.
La periodista aseguró que más de 250 cronistas y reporteros gráficos fueron gravemente lastimados durante ese período mientras realizaban su tarea.
"No nos rompen el celular y la cámara solamente porque las Fuerzas de Seguridad reciben la orden de odiar lo suficiente a los periodistas, lo hacen porque esos ojos y esas lenguas transmiten información", sostuvo.
Pazos reclamó a los legisladores que actúen y pidió que una eventual actualización del Estatuto del Periodista incorpore un capítulo específico destinado a proteger el derecho a trabajar sin sufrir violencia.
El Estatuto del Periodista y la precarización laboral
La situación laboral de los periodistas apareció como otra de las preocupaciones centrales.
Jacquelin vinculó la precarización con la crisis general de la industria y señaló que el deterioro de las condiciones laborales profundiza las dificultades para sostener un periodismo profesional independiente.
Desde Tiempo Argentino, su presidenta, Malena Winer, puso el acento en la necesidad de preservar el Estatuto del Periodista.
"No hay periodismo profesional sin condiciones mínimas garantizadas", sostuvo.
Winer recordó que los trabajadores de prensa también son trabajadores y señaló que las credenciales y los chalecos que deberían funcionar como elementos de identificación y protección terminaron convirtiéndose, en algunos casos, en blancos visibles de agresión.
"No hay periodismo sin periodistas", remarcó.
También participaron representantes de organizaciones sindicales y profesionales, entre ellos Francisco "Paco" Rabini, secretario adjunto primero del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), quien señaló que Milei "insulta y agravia colegas día por medio, en una asimetría inmensa de poder".
Rabini planteó que el colectivo periodístico debe asumir una lógica de "autodefensa", no únicamente en protección de los trabajadores sino también por el papel que cumple el periodismo dentro de una democracia.
"Ni en dictadura se había cerrado la sala"
La intervención de Ramírez volvió a colocar en primer plano el cierre de la sala de periodistas de la Casa Rosada.
"Ni en dictadura se había cerrado la sala de periodistas", sostuvo, para luego insistir en que considera que la actual situación constituye el peor momento de la relación entre el periodismo y el Gobierno.
El planteo fue acompañado por otros testimonios que describieron restricciones al uso de espacios comunes, controles sobre los movimientos de los periodistas y dificultades para acceder a funcionarios.
FoPeA, además, incorporó otros episodios denunciados por el sector: agresiones físicas por parte de fuerzas de seguridad, hackeos, campañas de difamación, denuncias judiciales y el uso de mecanismos judiciales considerados abusivos para intimidar a periodistas.
Entre los casos mencionados estuvo el del fotógrafo Pablo Grillo, herido durante una movilización.
La organización sostuvo que estos hechos ya fueron denunciados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Una comisión paralizada y una disputa institucional
El funcionamiento de la propia Comisión de Libertad de Expresión atravesó toda la jornada.
Los diputados opositores denunciaron que el cuerpo permanece paralizado pese a la existencia de más de cien proyectos vinculados con la temática y recordaron que habían solicitado formalmente su convocatoria en distintas oportunidades, incluida una presentación del 24 de agosto que, según afirmaron, no obtuvo respuesta.
Entre los diputados presentes estuvieron Raúl "Rulo" Hadad, Marcela Pagano, Lourdes Arrieta, Sabrina Selva, Hugo Yasky, Kelly Olmos, Mónica Frade, Romina Del Plá, Adriana Serquis y Lorena Pokoik.
Frade cuestionó que se haya naturalizado tanto la agresión como la utilización de "la mentira flagrante en las más altas autoridades".
"Nos acostumbramos al insulto brutal por parte del Presidente y algunos integrantes del oficialismo, que ya son la manera habitual de dirigirse a medios, legisladores y, finalmente, a la sociedad", afirmó.
También cuestionó directamente al presidente de la comisión, Guillermo Montenegro, por no convocar al cuerpo.
"El titular de la Comisión, Guillermo Montenegro, se niega a abrirla y no podemos dictaminar nada en torno a este problema", sostuvo, aunque aseguró que la oposición continuará reuniéndose.
Un reclamo común entre periodistas de distintas posiciones
La jornada reunió a periodistas de distintos medios y con trayectorias y posiciones editoriales diversas.
Participaron Paula Moreno Román, Stella Hernández, Francisco "Paco" Rabini, Julia Cravero, Natasha Niebieskikwiat, Gabriel Sanfilippo, Sebastián Lacunza, Mariano Obarrio, Rodrigo Lloret, Malena Winer y Nancy Pazos, entre otros trabajadores de prensa que expusieron experiencias personales de agresiones, restricciones y dificultades para ejercer su profesión.
Uno de los aspectos destacados por varios participantes fue precisamente la posibilidad de compartir una misma mesa pese a las históricas diferencias existentes dentro del periodismo argentino.
Niebieskikwiat lo expresó al recordar que durante otros períodos había mantenido fuertes diferencias con colegas por las posiciones editoriales de los medios en los que trabajaban.
En ese sentido, afirmó que el actual contexto terminó acercando a periodistas que antes estaban enfrentados.
La coincidencia que atravesó la jornada fue que las diferencias editoriales o políticas no deberían poner en discusión el derecho de los periodistas a trabajar y de la sociedad a recibir información.
"Falta que actúen"
El cierre de las exposiciones estuvo a cargo de José Ángel Di Mauro, vicepresidente de APeRA y director de la revista Parlamentario.
Di Mauro pidió no naturalizar los discursos y las agresiones contra periodistas y recordó el episodio ocurrido en la sesión de Diputados del miércoles, cuando el oficialismo aplaudió luego de que Trotta formulara una cuestión de privilegio en la que enumeró ocho insultos de Milei contra trabajadores de prensa.
"Es gravísimo y lamentable. El Presidente de la Nación nos representa y no puede hacer eso", sostuvo.
Di Mauro también realizó un recorrido histórico por la conducción de la Comisión de Libertad de Expresión y señaló que durante las últimas dos décadas estuvo mayoritariamente en manos de la oposición, con algunas excepciones.
Según explicó, la situación actual comenzó en 2024, cuando La Libertad Avanza, pese a contar con una representación parlamentaria minoritaria, quedó al frente del cuerpo.
Su crítica estuvo dirigida también hacia los bloques opositores que permitieron esa distribución.
"No se quejen tanto. Es uso y costumbre que las comisiones de gobernabilidad las maneja el oficialismo y las de control las maneja la oposición. La entregaron", afirmó.
Al finalizar el encuentro, Trotta agradeció a los participantes y, especialmente, a quienes permanecieron hasta el cierre.
El diputado sostuvo que la defensa de la libertad de expresión exige un "compromiso de dos vías": por un lado, el de los legisladores que decidieron convocar la reunión y continuar con estos encuentros; por otro, el de los periodistas y organizaciones del sector para visibilizar las situaciones denunciadas.
El objetivo, explicó, es impedir que las agresiones se conviertan en parte natural del escenario político.
"Vamos a seguir convocando", afirmó.
Y resumió el desafío que, según los organizadores, enfrenta ahora el Congreso: evitar que el deterioro de las condiciones para ejercer el periodismo sea aceptado como una nueva normalidad.
"Para ponerle un freno tenemos que llamar a la conciencia y construir la conversación pública de otra manera", concluyó Trotta.
El encuentro retomó, además, un reclamo que ya había sido planteado meses atrás, cuando una reunión de características similares abordó la prohibición de ingreso de más de medio centenar de periodistas acreditados a la Casa Rosada.
En aquella oportunidad, representantes del sector ya habían advertido que las restricciones al acceso, la falta de respuestas oficiales y las agresiones contra trabajadores de prensa no podían analizarse como episodios independientes.
Ahora, con nuevos testimonios y denuncias, el reclamo volvió al Congreso: que la libertad de expresión, el derecho a informar y el derecho de la ciudadanía a estar informada no queden subordinados a la disputa política de turno.
Fuentes: Tiempo Argentino, FoPeA, Parlamentario, Señales
