Clarín pidió, Milei propuso: el Gobierno busca derogar el Estatuto del Periodista

Según trascendió, la propuesta responde a un pedido del Grupo Clarín y tiene como propósito eliminar las protecciones con las que cuentan los profesionales de la información. La iniciativa ataca derechos de los trabajadores que forman parte de una serie de reivindicaciones históricas para el sector y que lo resguardan ante la arbitrariedad y las presiones de los poderosos

Por: Mariano Martín, @marianoemartin

El Gobierno propuso la derogación del Estatuto del Periodista, una institución vigente desde hace 80 años que establece los parámetros para el ejercicio de la profesión y que intenta proteger la tarea de los trabajadores de prensa. El planteo estuvo a cargo del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y fue enunciado en julio pasado en el ámbito de las deliberaciones del Consejo de Mayo. Aunque la iniciativa no volvió a tratarse, su sola mención exhibe la sintonía vigente entre la administración libertaria y los dueños de los principales medios de comunicación, en particular el multimedios Clarín, históricamente opuesto a la vigencia de la norma.

La iniciativa de Sturzenegger, en línea con el intento de eliminación del Estatuto del Viajante de Comercio y el espíritu de las reformas laborales del DNU 70/23 –frenada por la Justicia del Trabajo- y del capítulo específico de la ley Bases, no había trascendido hasta ahora por un acuerdo de confidencialidad implantado en las reuniones del Consejo de Mayo aunque nunca explicitado. De las tres reuniones que se realizaron hasta ahora el planteo fue expuesto sólo en la segunda, adonde se abordaron los proyectos de nuevas reformas laborales para 2026. La sugerencia del ministro de la motosierra encontró eco en el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, pero fue rechazada por el representante sindical de la mesa, Gerardo Martínez.

El Estatuto del Periodista Profesional fue creado en marzo de 1944 por el entonces secretario de Trabajo, Juan Domingo Perón, en el mandato de Edelmiro Farrell, y ratificado por la ley 12.908 dos años y medio después. Fija los mecanismos de matriculación de los trabajadores de medios de comunicación, establece la duración de las jornadas laborales, los descansos y las vacaciones, las categorías profesionales y sus regímenes salariales, y los mecanismos de ingreso. Pero el punto históricamente más cuestionado por las patronales de prensa es el de "Estabilidad; ruptura del contrato de trabajo".

Por tratarse de una profesión inherentemente sujeta a presiones de los poderes políticos y económicos, el instrumento da cuenta de la necesidad de dotar a los trabajadores de una protección extra a la del resto de los asalariados: "La estabilidad del periodista profesional, cualquiera sea su denominación y jerarquía, es base esencial de esta ley, siempre que no estuviera en condiciones de obtener jubilación completa y salvo las causas contempladas en la misma", señala ese capítulo en su introducción.

Frente a un despido sin causa, el artículo 43 del Estatuto obliga al empleador a:

• Preavisar con uno o dos meses de antelación (según la antigüedad).
• Pagar una indemnización sustitutiva de dos o cuatro meses de salario, según el tiempo trabajado.
• Abonar un mes de sueldo por cada año trabajado (o fracción mayor a tres meses).
• Además, según el inciso "d", el trabajador tiene derecho a una indemnización especial adicional de seis meses de sueldo.

La norma prevé como razones de despido con causa y sin derecho a indemnización provocar "un daño intencional" al empleador o producirle "un fraude o abuso de confianza establecido por sentencia judicial"; inasistencias "prolongadas o reiteradas"; sufrir una "inhabilidad física o mental o enfermedad contagiosa crónica" peligrosa para su entorno, y "desobediencia grave o reiterada". También los pone a salvo de suspensiones prolongadas y garantiza la continuidad laboral en caso de servicio militar o convocatorias excepcionales.

En caso de producirse un despido sin causa el artículo 43 del Estatuto obliga al empleador del trabajador de prensa a preavisar con uno o dos meses (de acuerdo a los años de trabajo) de anticipación; a pagarle "una indemnización sustitutiva equivalente a dos o cuatro meses de retribución, según sea la antigüedad)" y "de un mes de sueldo por cada año trabajado o fracción mayor de tres meses" ante una cesantía injustificada. El punto "d" le añade, sin perjuicio de los pagos ya garantizados, "una indemnización especial equivalente a seis meses de sueldo".

La idea coincide con el momento de máxima tensión entre el Gobierno y el periodismo por la difusión de audios que involucran a Karina Milei en un aparente entramado de coimas, así como el avance de otras causas que golpean directo al Gobierno y a Javier Milei como la de la criptomoneda Libra o el centenar de muertes por fentanilo contaminado. Y encuentra, circunstancialmente, en la misma vereda al mandatario libertario y a Clarín junto con otros multimedios, como Perfil, cuyas autoridades históricamente se manifestaron contrarias a la vigencia del Estatuto.

El portavoz en el Consejo de Mayo fue Sturzenegger a pesar de no figurar ningún tópico relacionado con la actividad de prensa en el decálogo de compromisos de los firmantes del Pacto de Mayo. Apenas quedó establecida la necesidad de avanzar hacia "una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal". Gerardo Martínez, representante de la CGT en el Consejo de Mayo y a cargo del sindicato de albañiles (UOCRA) desestimó la posibilidad de avanzar por consenso con esa derogación. El dirigente le hizo saber al funcionario que la central obrera no aceptaría ni avalaría una quita de un derecho consagrado por la norma vigente y que cualquier modificación en ese rubro debería explorarse en un ámbito de negociaciones entre las cámaras empresarias del rubro periodístico y los sindicatos de la actividad.

Tampoco consiguió mayor eco Sturzenegger en el equipo de funcionarios. El secretario de Trabajo, Julio Cordero (ex Techint), le hizo saber luego de la reunión que avanzar en una posible derogación del Estatuto del Periodista podría ser perjudicial no sólo en términos políticos para el Gobierno que para entonces se aprontaba para una doble instancia electoral (septiembre y octubre) sino que estaba destinada al mismo resultado que el intento de ponerle fin al instrumento similar que rige en el sector de viajantes, en donde a la indemnización regular prevista en la ley de Contrato de Trabajo se le añade otra por la pérdida de la cartera de clientes de cada trabajador. En ese caso el gremio de Viajantes consiguió rápidamente una cautelar que frenó la derogación incluida en el DNU 70/23. 

Fuente: El Destape

Pullaro apuntó contra Milei por las denuncias de corrupción y advirtió sobre "mordazas a la información"

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, exigió al Ejecutivo nacional que aclare con urgencia las denuncias por presuntos hechos de corrupción que salpican a funcionarios del Gobierno de Javier Milei, y se manifestó enérgicamente contra los intentos de limitar la libertad de prensa.

Durante su participación en el Santa Fe Business Fórum, en Rosario, Pullaro lanzó duras críticas al oficialismo por la falta de respuestas políticas ante la difusión de audios que involucran a funcionarios de alto rango en posibles maniobras irregulares.

"Es muy duro escuchar audios de un funcionario de primera línea del Gobierno nacional hablando con desparpajo de coimas y corrupción, y que no exista una respuesta política clara del Ejecutivo", sostuvo el mandatario ante empresarios y dirigentes.

Pullaro advirtió que lo que está en juego es la credibilidad de la Casa Rosada y la estabilidad institucional del país. En ese contexto, cuestionó también las medidas judiciales que restringen la publicación de los audios, al considerarlas un riesgo para la libertad informativa.

"Nadie puede, bajo ningún concepto, poner una mordaza sobre lo que podría ser información periodística. Mucho menos intentar llevarlo al terreno del espionaje. Lo que hay que hacer es explicar qué significaban esos audios y si realmente existen grabaciones de la hermana del presidente, Karina Milei. Eso debe aclararse", reclamó.

Sin prensa libre, Argentina retrocede siglos

El gobernador santafesino remarcó que el sistema democrático se sostiene en pilares como la libertad de expresión y de prensa, y alertó sobre los retrocesos que implicarían los intentos de controlar la circulación de información.

"Si no existiera una prensa libre, Argentina estaría retrocediendo muchísimos años y siglos", advirtió Pullaro, quien señaló que la falta de respuestas por parte del Gobierno nacional "erosiona la figura presidencial".

A pesar de haber acompañado varias políticas impulsadas por la gestión Milei, Pullaro fue enfático: "Lo que no puede tolerarse es la corrupción ni la opacidad en casos de esta magnitud", subrayó.

Repercusiones: Defendamos la libertad informativa con hechos

Las declaraciones de Pullaro fueron bien recibidas por sectores vinculados a la comunicación. El Sindicato de Prensa Rosario (SPR) y la Asociación de Prensa de Santa Fe respaldaron su defensa de la libertad de expresión, pero reclamaron hechos concretos.

Esta mañana, en declaraciones a la prensa el gobernador Maximiliano Pullaro se manifestó enfáticamente a favor de la libertad de expresión. Dijo que el gobierno nacional tiene que aclarar con urgencia las denuncias por irregularidades en el área de discapacidad, y que "no se intente limitar la difusión de información”. Añadió que: “Nadie puede, bajo ningún concepto, poner una mordaza sobre lo que podría ser información periodística" y que: "Si no existiera una prensa libre, Argentina estaría retrocediendo muchísimos años y siglos".

"Las y los periodistas, representados por el Sindicato de Prensa Rosario y la Asociación de Prensa de Santa Fe, le pedimos al gobernador que en su rol de convencional de la reforma de la Constitución provincial impulse las propuestas que un amplio sector vinculado a la comunicación ha reclamado para incorporar al artículo 11 sobre la libertad de expresión, el derecho a la comunicación, el acceso a la información pública, el secreto de las fuentes, los medios públicos, medios cooperativos y comunitarios, la pauta oficial, entre otras consideraciones", señalaron en un comunicado.

Hoy, la libertad de expresión y el derecho a la información se ven gravemente afectados cuando el manejo de la pauta publicitaria oficial se utiliza como herramienta para condicionar a medios de comunicación y periodistas. Esto no solo distorsiona el debate público, degrada al periodismo, sino que también debilita el pluralismo informativo, tan necesario en una democracia. Lamentablemente, esto es precisamente lo que está ocurriendo en la provincia de Santa Fe.

Denuncias por corrupción. El gobernador @maxipullaro pidió al Gobierno nacional que “aclare las denuncias" y que no se pongan “mordazas” a la información. “Es muy duro escuchar los audios de un funcionario del Gobierno hablando de corrupción y no tener una respuesta política ante… pic.twitter.com/6xrRZp0aQ6

— Mario Galoppo (@mariogaloppo) September 2, 2025

Censura previa en el país de la libertad de Milei

El Gobierno logra que un juez prohíba la difusión de audios donde se escucha a Karina Milei, hermana del presidente

Karina y Javier Milei en Buenos Aires, Argentina, el domingo 25 de mayo

Por: Hugo Alconada Mon

Como decimos en la Argentina, el Gobierno "pisó el palito". Al pedir —y conseguir de manera preliminar— que la Justicia prohíba a los periodistas difundir cualquier grabación clandestina que haya de Karina Milei, solo logró reforzar las sospechas que rodean a la hermanísima presidencial. Si no, ¿por qué tanto afán en que no se difundan esos audios? Y desde la perspectiva jurídica y periodística, ¿qué diferencia hay entre esta iniciativa de la Casa Rosada y un acto de censura previa?

La encerrona en que se metió el Gobierno comenzó a gestarse hace meses, cuando alguien grabó al entonces titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, mientras vomitaba broncas y sospechas contra sus superiores dentro de la Casa Rosada a los que endilgaba presuntos actos de corrupción. Entre ellos, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y su mano derecha, Eduardo Lule Menem.

Esos audios comenzaron a difundirse el 19 de agosto, sin que Spagnuolo los desmintiera. Tampoco salió a aclarar que no fuera su voz la de esos audios, o que el contenido fuera falso o adulterado. Calló, ante el estupor, el temor y las sospechas crecientes de la Casa Rosada, que empezó a ver fantasmas por todos lados. Porque hay funcionarios que avizoran una zancadilla de los kirchneristas, sí, pero son más los que apuntan a las guerras intestinas que carcomen a los libertarios.

Si el panorama era ya agobiante para el Gobierno, la paranoia llegó a niveles estratosféricos cuando la semana pasada comenzó la segunda fase de las filtraciones. ¿Cuál? La que tiene como protagonista a Karina Milei. Circularon dos audios inofensivos —en los que ella remarca cuántas horas trabaja por día, por ejemplo—, pero lo importante fueron los audios en sí: todos supimos que alguien la había grabado y, encima, dentro de la Casa Rosada.

Llegado este punto, cabe una aclaración. En términos generales, las grabaciones pueden ser clandestinas o ilegales. ¿Qué las diferencia? Si las voces de Spagnuolo y Karina Milei las grabó alguien que, por ejemplo, almorzó con él o tomó un café con ella, esas grabaciones son reprochables desde la perspectiva ética —porque los grabó sin autorización previa—, aunque no son ilegales. Distinto es si un tercero grabó esas conversaciones, ya fuera "pinchando" teléfonos o "plantando" micrófonos sin orden judicial previa. En ese caso sí son ilegales.

Trazada la aclaración, el Gobierno reaccionó del peor modo. Le pidió a la Justicia que dicte una medida cautelar para impedir la difusión periodística de cualquier otro audio de Karina Milei, sin conocer su eventual contenido. Y un juez del fuero Civil y Comercial Federal, Patricio Maraniello, admitió el pedido de manera preliminar, tras aclarar que su decisión no debía interpretarse como un acto de "censura previa".

Pero así fue, precisamente, como lo interpretaron muchos. Entre ellos, el profesor de Derecho Constitucional Pedro Caminos. "La medida tendría como objeto proteger la intimidad y el honor de Karina Milei. Pero el juez no tuvo los audios a disposición como para evaluar tal cosa. Así que censura ‘por si acaso", estimó. "Las medidas previas son, como regla, inadmisibles y, en materia de libertad de expresión, rige el principio de las responsabilidades ulteriores", recordó. "Eso significa que ninguna autoridad, ni la judicial, tiene atribuciones para impedir la difusión de información. Si esa difusión provocara un daño (como una injerencia arbitraria en la intimidad), nace la responsabilidad. Siempre después, nunca antes".

La decisión de Maraniello —un juez que busca ascender a camarista mientras acumula denuncias por presunto acoso sexual, maltrato laboral y abuso de poder en el Consejo de la Magistratura—, trae recuerdos ingratos entre los argentinos memoriosos. En 1992, la jueza federal María Servini logró que una Cámara de Apelaciones prohibiera de manera preventiva toda mención a ella en el programa televisivo del humorista Tato Bores. ¿Conclusión? Fue peor. ¿Por qué? Porque Tato cosechó un amplísimo respaldo social contra la jueza a la que, para no nombrarla, el domingo subsiguiente él y sus docenas de invitados especial aludieron como Barú Budú Budía.

Así las cosas, el Gobierno se metió solo en un berenjenal. Si no conoce los audios de Karina Milei, ¿por qué procura evitar que se difundan? Si sí conoce los audios y son inocuos, ¿por qué evitar que se difundan? Y si sí conoce los audios y son incriminatorios —para ella, para Lule Menem, para el presidente Javier Milei o para quien fuera—, ¿puede evitar que se difundan?

La respuesta corta es o debería ser: no. Entre el interés de una persona —a la sazón, funcionaria pública— y el interés público, este último debe prevalecer. Así lo establece la Constitución Nacional, así lo ha remarcado la Corte Suprema de Justicia argentina y allí están los Pentagon Papers como estandarte y premisa para cualquier periodista. Ocurrió en Estados Unidos, cuando The New York Times accedió a documentos secretos del Pentágono sobre la guerra de Vietnam, la Casa Blanca procuró impedir su publicación y la Corte Suprema reafirmó en 1971 la prevalencia de la prensa a difundir información de interés público sin que ningún gobierno pueda impedirlo.

Dicho de otro modo, si un periodista argentino tuviera hoy o accediera mañana a audios en los que se escuchase a Karina Milei abordar cuestiones de interés público —ya fuera el presunto trasiego de sobornos, la campaña electoral o la salud presidencial, entre otras muchas opciones—, ¿debería autocensurarse o publicarlo, sabiendo que afrontará un proceso judicial que terminará en la Corte o, incluso, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos?

Por lo pronto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ya fijó su posición y, en rigor, la del Gobierno. ¿Cómo? Pidió a la Justicia que allane al canal de streaming y los domicilios de sus dueños y periodistas para secuestrar sus dispositivos electrónicos y documentación vinculada.

La ministra de Seguridad, cabe aclarar, de un gobierno que se dice "libertario".

Foto: Gustavo Garello (AP)

Fuente: Diario El País

La escuela 'Madres de Plaza 25 de Mayo', blanco de un operativo que vulneró derechos y sembró miedo

La comunidad educativa de la ESSO N°514 "Madres de Plaza 25 de Mayo" fue escenario, el pasado viernes 29 de agosto, de un operativo policial sorpresivo que incluyó la requisa de alumnos y alumnas —muchos de ellos menores de edad— sin orden judicial ni autorización formal. La intervención generó un fuerte rechazo por parte de organismos de derechos humanos y del gremio AMSAFE Rosario, que emitieron dos comunicados expresando su repudio, preocupación y solidaridad con la comunidad escolar.

El testimonio desde adentro: "Nos remonta a épocas oscuras"
En diálogo con el periodista José Maggi (RosarioI12), la docente y secretaria de Derechos Humanos de AMSAFE Rosario, Jésica Daloisio, relató con detalles lo vivido por docentes y estudiantes durante el allanamiento: "Todo ocurrió el viernes 29 de agosto a las 15:15 horas, en plena jornada normal, hasta que ingresaron unos treinta policías, entre ellos fuerzas especiales. No mostraron orden judicial ni documentación alguna que justificara su presencia. Dijeron que había una denuncia anónima por la supuesta presencia de un arma y que debían revisar todo el edificio".

El personal directivo fue apartado y el operativo se desplegó a lo largo de todo el turno tarde, con requisas en todas las aulas.

"Ingresaban al aula, hablaban con el docente a cargo y luego comenzaban a revisar mochila por mochila. Fue una situación de total avasallamiento. Tenemos divisiones desde primero a quinto año. Algunos chicos terminaron con ataques de pánico", relató Daloisio.

La docente también cuestionó la ausencia de protocolos claros y el accionar del Ministerio de Educación: "Consultamos a las autoridades ministeriales y nos dijeron que la policía actuó bajo normativa preexistente, pero nadie sabía cómo actuar. Quedamos helados. Esto nos remonta a épocas oscuras, cuando las fuerzas de seguridad ingresaban a las escuelas en los años más oscuros de nuestra historia reciente".

"La escuela debe ser un territorio de paz"
Desde AMSAFE Rosario manifestaron su profunda preocupación y repudiaron enfáticamente el accionar policial. En su comunicado afirmaron: "Esta acción generó un clima de miedo y ansiedad entre los estudiantes, el personal docente y no docente, y toda la comunidad educativa. Vulneró el derecho a un entorno educativo seguro y protegido".

También remarcaron que la intervención, basada en una denuncia que luego resultó infundada, debería haberse evitado: "La presencia policial en la escuela debe ser evitada en pos de proteger el bienestar emocional de los alumnos. Exigimos que se investigue lo sucedido y se tomen medidas para que no se repitan incidentes similares en el futuro".

"No a la militarización de las escuelas"
Por su parte, la Mesa de Organismos de Derechos Humanos Rosario, junto a otras entidades y colectivos, también emitió un comunicado en el que expresó su más enérgico repudio al operativo: "Este procedimiento, realizado sin orden judicial, se inscribe en la prepotencia e impunidad de las fuerzas policiales que avanza en nuestra provincia, de la mano del alineamiento del Gobernador Pullaro con los protocolos y planes represivos de la ministra Bullrich y el Gobierno Nacional".

El texto reafirma que las escuelas no pueden ser escenario de prácticas autoritarias: "Las escuelas deben ser espacios de formación académica y cultural, donde se protejan los derechos de niños, niñas y adolescentes. De ninguna manera es tolerable el ingreso de fuerzas policiales a los establecimientos educativos".

Finalmente, manifestaron su solidaridad con estudiantes, docentes, directivos y toda la comunidad educativa de la ESSO N°514.

Firman ese comunicado: Mesa de Organismos de Derechos Humanos Rosario – Ronda de la Plaza 25 de Mayo – Centro Cultural Madres de la Plaza 25 de Mayo – HIJOS Rosario – Nietes Rosario – Colectivo de Ex Presos Políticos Rosario – LADH Rosario – MEDH Rosario – Asociación Anahí Filial Rosario – Sitio de Memoria Biblioteca Popular Constancio C. Vigil – APDH Rosario – Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas Rosario

Pasado y presente: una escuela que enseña desde la memoria
En el año 2013, la comunidad educativa eligió nombrar al establecimiento como "Madres de Plaza 25 de Mayo", ubicada en pasaje Lejarza 5430 (Larrea al 3200), en barrio Triángulo de Rosario. La decisión fue el resultado de una votación interna, en la que ese nombre resultó el más elegido, en homenaje al ejemplo de resistencia, valor, conducta ética y respeto por las leyes de las Madres, así como por su compromiso cívico y dignidad frente al terrorismo de Estado.

En el acto de imposición oficial estuvieron presentes las Madres María Adela Panelo de Forastello, Elvira Finsterweld, Norma Birri de Vermeulen y Elsa Pozzi de Massa, acompañando con su testimonio y su presencia a toda la comunidad escolar.

Cuando Milei no quiere que hablen: censura al cartero

La Justicia ordenó silenciar los audios de Karina Milei, mientras la ministra de Seguridad admite que el gobierno está "en indefensión"

Por: Sergio Coria
En un nuevo capítulo de autoritarismo blando con ribetes de comedia negra, la Justicia federal —por ahora— impuso el cese inmediato de la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, que habrían sido grabados dentro de la Casa Rosada. La medida la dictó el juez federal Alejandro Patricio Maraniello (Juzgado Federal Civil y Comercial Nº 5), quien además ordenó notificar de urgencia al ENaCom para frenar su circulación en redes, medios escritos, audiovisuales y canales web.

 
Carnaval y periodistas en la mira
El centro del torbellino informativo fue el canal de streaming Carnaval, en su programa "Data Clave", donde el periodista Mauro Federico adelantó la difusión de más de cincuenta minutos de audios ("la puntita", según él) atribuidos a Karina Milei.

El gobierno los denunció como parte de "una operación de inteligencia ilegal" dirigida a desestabilizar al Ejecutivo en plena campaña electoral. En la denuncia también aparecen mencionados el empresario Pablo Toviggino, el conductor Jorge Rial y el abogado Franco Bindi como posibles partícipes de esta maniobra.

 
Y ahora quieren allanar al cartero
Pero la vieja lógica de "matar al cartero" continúa: además de la cautelar, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich —quien reconoció que "el gobierno está en indefensión" (aunque no consideró la posibilidad de renunciar)— pidió allanamientos a periodistas y el cierre del medio por lo ocurrido, lo que generó una catarata de repudios de organizaciones sociales y gremiales de trabajadores de prensa. Se cuestiona que, en lugar de asumir responsabilidad por las fallas de inteligencia, se persiga a quienes informan.

¿Censura previa encubierta?
Periodistas y colegas denunciaron que la medida judicial constituye una censura previa, algo expresamente prohibido por la Constitución Nacional. Como dice el artículo 14, nadie puede impedir la publicación de ideas: "publicar sus ideas por la prensa sin censura previa". Y el artículo 32 añade que el Congreso no puede dictar leyes que restrinjan la libertad de imprenta.

La jurisprudencia —especialmente de la Corte Suprema— refuerza esta prohibición: salvo riesgo inminente e irreparable, no hay lugar para impedir que la información circule. El mecanismo legítimo es la responsabilidad posterior, no el silenciamiento anticipado.

 
Credibilidad al borde del abismo
Este episodio no surge en el aire: se da luego de un escándalo por coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), revelado también en audios filtrados. En aquella crisis, el exfuncionario Diego Spagnuolo fue separado, se ordenaron 14 allanamientos y se secuestró dinero, pero Karina Milei, Menem y otros quedaron impunes —al menos por ahora—.

Además, en las elecciones provinciales de Corrientes el oficialismo se impuso cómodamente, pero el partido de Milei quedó relegado al cuarto puesto. Esa derrota abre interrogantes sobre el desgaste real del "relato libertario".

 
Menos micrófono, más responsabilidad
En plena campaña, el Ejecutivo prioriza amedrentar a quienes difunden en lugar de dar cuentas sobre cómo alguien grabó dentro de la Casa Rosada, o por qué falló la inteligencia estatal. Se aplica la vieja lógica de "matar al cartero", pero el problema está en el carterista de adentro: no hay quien responda por permitir que el espionaje doméstico ocurra bajo el manto presidencial. Y mientras tanto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, admite que el gobierno está "en indefensión" —sin renunciar—, y en cambio ordena represalias.

La Constitución y la Corte están del lado de una prensa que puede informar sin miedo. El gobierno, en cambio, pisa aquellos baluartes: silenciar ahora, investigar después —si llega—. El equilibrio democrático se tambalea. Y bien podríamos preguntarnos: ¿qué pasa cuando el poder no soporta que lo miren de frente?

Censura y allanamientos por los audios de Karina Milei: un fallo que desafía la libertad de expresión en Argentina

Diego Spagnuolo, con Karina Milei, Lule Menem y Martín Menem, en 2023

La Justicia Federal argentina ordenó frenar la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei. La medida fue impulsada por el Gobierno nacional, que calificó la filtración como parte de una "operación de inteligencia ilegal" para desestabilizar al Ejecutivo en plena campaña electoral.

Además del pedido de censura, el Gobierno, a través del Ministerio de Seguridad, solicitó el allanamiento de las oficinas del canal Carnaval Stream, responsable de la difusión, y de los domicilios de periodistas como Mauro Federico y Jorge Rial. La solicitud figura explícitamente en la denuncia judicial presentada por el abogado Fernando Soto, funcionario del área que dirige Patricia Bullrich.

Un pedido de allanamiento que Bullrich negó al aire

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich protagonizó un episodio incómodo durante una entrevista televisiva, al negar que el Gobierno hubiese pedido allanamientos a periodistas. "Nosotros no hemos pedido nada", respondió al periodista Pablo Rossi. Sin embargo, cuando el conductor pidió leer el escrito judicial que ella misma había llevado, un columnista confirmó que en la página 18 de la presentación oficial se solicita expresamente:

"Ordénese allanamiento y secuestro en las oficinas y estudios de Carnaval Stream. Dispónganse allanamientos en los domicilios de Franco Bindi, Jorge Rial, Pablo Toviggino, Mauro Federico y todo otro interviniente".

A pesar de la evidencia, Bullrich insistió: "No. Estamos pidiendo la construcción de la prueba. La Justicia puede decidir lo que quiera". Luego volvió a cuestionar a los periodistas involucrados: "Estos no son periodistas. El periodista tiene otra construcción... hace años que defiendo la libertad de expresión. Estos no son periodistas".

No obstante, la propia denuncia se refiere al "el periodista Mauro Federico" y más adelante alude a "los periodistas del canal de streaming Carnaval", lo que contradice la postura pública adoptada por la ministra.

Qué dice la denuncia

La denuncia consta de 20 páginas y fue presentada en el juzgado federal de Julián Ercolini. Allí se solicita:

• Prohibir la difusión de nuevas grabaciones privadas.
• Allanar y secuestrar dispositivos en oficinas y domicilios vinculados a los periodistas.
• Exigir a medios de comunicación, prestadores digitales y personas físicas la colaboración para impedir nuevas filtraciones, bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia (artículo 239 del Código Penal).

Según el Gobierno, la maniobra constituye una operación de inteligencia ilegal con supuesta influencia extranjera. En el escrito se habla de una "campaña de desinformación" atribuida a "intereses rusos y bolivarianos", que incluiría al ciudadano ruso Evgueni Morozov, al abogado Franco Bindi (ligado al exSIDE Fernando Pocino), y a la diputada disidente Marcela Pagano.

Entre los señalados, además de Bindi y Pagano, figuran Jorge Rial, Mauro Federico, y el dirigente de la AFA Pablo Toviggino, como presuntos partícipes de una estrategia que incluiría "la captación clandestina, manipulación y difusión escalonada de audios privados manipulados" de Karina Milei y otros funcionarios.

Qué contienen los audios

Los audios no hacen mención directa al escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), aunque este contexto potenció la crisis. En ellos, Karina Milei habla de tensiones internas en el oficialismo, en lo que sería una reunión privada en la Casa de Gobierno. El canal Carnaval Stream afirma tener al menos 50 minutos de grabaciones, que seguirían saliendo a la luz.

Amnistía Internacional y antecedentes legales

Amnistía Internacional Argentina calificó el fallo como una posible amenaza a la libertad de expresión y el derecho a informarse. "Este precedente puede significar un ataque directo del Gobierno y el Poder Judicial a la libertad de expresión", publicó la organización en X.

El fallo judicial reaviva debates constitucionales. La Constitución Nacional (art. 14 y 32) y el Pacto de San José de Costa Rica (art. 13) prohíben expresamente la censura previa. La Corte Suprema, en fallos como Editorial Perfil S.A. (2011), ha dejado en claro que el interés público prima sobre la privacidad de funcionarios, siempre que no exista daño inminente o irreparable.

Casos comparables, como New York Times Co. v. United States (1971) sobre los Pentagon Papers, sostienen que solo puede impedirse la publicación cuando hay un peligro real y comprobable para la seguridad nacional, algo que no ha sido demostrado en este caso.

El Grupo Indalo repudia el intento de censura del gobierno de Javier Milei

Frente a la denuncia presentada por el Ministerio de Seguridad que solicita el allanamiento de medios y periodistas por la difusión de los audios de Karina Milei, el Grupo Indalo —propietario de C5N y Radio 10— emitió un comunicado enérgico donde repudia el accionar del Ejecutivo Nacional.

"Indalo Media repudia el intento del Gobierno Nacional de limitar la tarea del periodismo independiente a través de acciones judiciales que buscan censurar la publicación de información", comienza el texto.

El comunicado destaca que los pedidos judiciales impulsados por el Ejecutivo, convalidados por sectores del Poder Judicial, "implican una afectación directa al derecho a la información de la ciudadanía".

Sobre los periodistas involucrados, el documento sostiene: "Las denuncias penales destinadas a los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, que se desempeñan en nuestros medios de comunicación, significan una acción activa de amedrentamiento, incompatible con el Estado de Derecho".

El grupo cuestiona el rol de la Justicia en este contexto: "El acogimiento por parte del Poder Judicial del intento del Poder Ejecutivo de ejercer censura previa sobre contenidos ligados a presuntas maniobras de corrupción oscurece la labor del periodismo y socava los cimientos de la democracia con fines poco claros".

También reafirma su compromiso con el periodismo y la legalidad: "Indalo Media ratifica su compromiso con el ejercicio responsable del periodismo y su disposición a colaborar con las autoridades judiciales en el marco del debido proceso, manteniendo el irrenunciable derecho a informar sobre cuestiones de interés público".

Y finaliza: "La democracia se fortalece con más y mejor periodismo, que tiene la función de contrapeso del poder y de informar a la ciudadanía sobre los hechos de trascendencia pública".

Actualización: Gregorio Dalbón denunció penalmente a Patricia Bullrich por abuso de autoridad

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue denunciada penalmente este martes por el abogado Gregorio Dalbón, bajo la acusación de abuso de autoridad, tras haber solicitado allanamientos contra periodistas y medios de comunicación en el marco de la causa por la difusión de audios atribuidos a Karina Milei.

Dalbón presentó la denuncia ante la Justicia, advirtiendo que las acciones impulsadas por Bullrich buscan "amedrentar, censurar y restringir la libertad de prensa", constituyendo una violación directa a los artículos 14, 32 y 43 de la Constitución Nacional, así como a tratados internacionales con jerarquía constitucional, que protegen la labor periodística y el resguardo de las fuentes.

"Censura indirecta y masiva"

En su presentación, el abogado remarcó que el intento de allanar medios como Carnaval Stream, y los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, junto con el pedido de secuestro de equipos de trabajo y documentación, representan un acto de censura inaceptable en un Estado de derecho.

"La ministra no solo direcciona la persecución contra periodistas concretos, sino que pretende restringir a toda la prensa y plataformas digitales, lo cual constituye una forma de censura indirecta y masiva", sostuvo Dalbón.

Asimismo, denunció que la intención de prohibir la reproducción o difusión de los audios obtenidos en la operación cuestionada apunta a condicionar el acceso a la información pública y viola principios básicos de la libertad de expresión.

"Herramienta de intimidación"

Para Dalbón, el accionar de Bullrich configura una extralimitación de sus funciones como funcionaria pública: "El pedido de allanamiento de medios, el secuestro de material periodístico y, particularmente, la pretensión de prohibir la difusión de información, constituyen órdenes manifiestamente contrarias a la Constitución Nacional".

Finalmente, el abogado consideró que la denuncia penal fue utilizada por el Gobierno como una herramienta de intimidación política, destinada a condicionar a periodistas críticos, configurando un presunto delito de abuso de autoridad, tipificado en el Código Penal, y que podría acarrear consecuencias judiciales para la ministra de Seguridad.

La mediática senadora Florencia Arietto desconoce que el secreto de las fuentes periodísticas está protegido por la Constitución Nacional

El Foro de Periodismo Argentino (FoPeA) expresó su preocupación y rechazo ante las declaraciones de la senadora bonaerense María Florencia Arietto (La Libertad Avanza), quien solicitó que la Justicia cite a periodistas para que revelen el origen de audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

A través de sus redes sociales, Arietto sostuvo: "Hay que citar a los periodistas para que entreguen la fuente. Esa información les llega a ellos y también a narcos y terroristas. Es una cuestión de seguridad de Estado; si no lo hacen, cualquier cosa que le pase al Presidente o a Karina será responsabilidad también de ellos".

Desde FoPeA recordaron que el secreto de las fuentes periodísticas está protegido por la Constitución Nacional. El artículo 43 garantiza expresamente este derecho, lo que vuelve inconstitucional cualquier intento de obligar a los periodistas a revelar sus fuentes.

Además, destacaron que esta protección cuenta con respaldo en tratados internacionales a los que Argentina adhiere, como la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que establece: "Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales".

FoPeA advirtió que estas garantías no son un privilegio corporativo, sino una condición esencial para resguardar la libertad de expresión, un derecho fundamental en cualquier democracia. Si los periodistas o ciudadanos sienten que pueden ser forzados a revelar sus fuentes, se corre el riesgo de desalentar la denuncia de hechos de corrupción o delitos que afectan al interés público.

Como abogada y funcionaria con años de trayectoria en distintas administraciones públicas, Arietto no puede desconocer la vigencia de estas normas.

Hay que citar a los periodistas para que entreguen la fuente. Esa información les llega a ellos y también a narcos y terroristas. Es una cuestión de seguridad de estado; si no lo hacen, cualquier cosa que le pase al Presidente o a Karina será responsabilidad también de ellos.

— María Florencia Arietto 🇦🇷 (@florenciarietto) August 31, 2025

Bancamos a la Secretaria General de la Presidencia @KarinaMileiOk , hermana del Presidente @JMilei de la mayor operación política que tenga memoria la democracia. Sabemos quiénes están detrás, no cedemos ni un tranco y responsabilizamos a los periodistas que están publicando los… pic.twitter.com/WoCd2vypL6

— María Florencia Arietto 🇦🇷 (@florenciarietto) August 31, 2025

Una cosa son grabaciones ilegales sobre supuestos ilícitos que tienen interés periodístico, otra cosa es mostrar un audio de un alto funcionario del Estado sin ningún objetivo más que vulnerabilizar al Presidente de La Nación. Esto es violar la SEGURIDAD DEL ESTADO.

— María Florencia Arietto 🇦🇷 (@florenciarietto) August 31, 2025

Foto: Vera Rosemberg, Revista Crisis

¿Dónde está Valentín? Nueve años de silencio, impunidad y encubrimiento

El 13 de noviembre de 2016, Valentín Ezequiel Reales, un joven de apenas 15 años, desapareció en el barrio perecino (es decir, del municipio de Pérez), situado en el límite oeste de Rosario, en un hecho que sigue marcado por la incertidumbre y el dolor. Casi nueve años después, su paradero sigue siendo un misterio, y la causa permanece activa en la justicia federal. El caso, calificado como desaparición forzada, está bajo la supervisión de la Oficina de Criminalidad Económica, Trata de Personas y otros delitos del Área de Investigación de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Rosario, a cargo del fiscal Andrés Montefeltro. Además, la Fiscalía General, encabezada por Javier Arzubi Calvo, dispuso una recompensa de 10 millones de pesos para quienes puedan brindar información que permita esclarecer lo sucedido.

La comunidad de Cabín 9, el barrio donde desapareció Valentín, se encuentra atravesada por la falta de recursos, problemas sociales y la presencia de bandas criminales que operan impunemente. Pese al paso del tiempo, el caso de Valentín ha sido uno de los pocos que logró captar algo de atención pública, aunque la cobertura mediática fue limitada.

En ese territorio —disputado por bandas como Los Cuatreros, Los Stifler, Los Sosa y Los Camargo— Valentín, amante de los caballos, inquieto y rebelde, estableció vínculos con el grupo liderado por Roberto "Narigón" Cabrera, conocido por sus actividades delictivas: tráfico de drogas, armas, sicariato y usurpaciones violentas.

Carlos del Frade, quien ha seguido de cerca el caso, señaló que Valentín estaba involucrado con una banda narcopolicial que explotaba a jóvenes como él. A pesar de que la justicia provincial había detenido a varios miembros del grupo, poco se hizo para proteger al adolescente. Su desaparición y la violencia que lo rodeaba reflejan las tensiones entre las estructuras criminales barriales y las fuerzas de seguridad locales. Del Frade reafirma su apoyo a la familia en la Legislatura y sostiene que la causa es una herida abierta.

En Señales, revista semanal de Aire Libre Radio Comunitaria, la madre de Valentín, María de los Ángeles Reales, compartió su dolor y su incansable lucha por encontrar respuestas. A su lado estaba Antonella, la hermana de Valentín. Ambas contaron cómo era el joven antes de su desaparición.

María de los Ángeles lo recuerda como un chico rebelde, pero respetuoso, que disfrutaba de momentos familiares, jugaba con sus hermanos y tenía una vida normal para su edad. Sin embargo, su destino cambió cuando se involucró con la delincuencia organizada. Hoy, ella dirige un comedor comunitario llamado Asociación Civil Valentín, en honor a su hijo. En ese espacio se brindan alimentos a más de 150 personas, principalmente niños y niñas, como forma de mantener viva su memoria.

María recuerda el último día que vio a Valentín: el 13 de noviembre de 2016, cuando estuvo en su casa durante un encuentro familiar. Al día siguiente, le pidió que pintara una puerta como una manera de mantenerlo ocupado. Pero fue la última vez que lo vio. Tras su desaparición, comenzó una búsqueda desesperada, y más tarde se presentó la denuncia ante la policía. Un mensaje anónimo indicaba que su cuerpo podría estar en un terreno de Pérez, conocido como el campo de Braulio. La familia, junto a algunos amigos, acudió al lugar, pero la respuesta policial fue nula. A pesar de ello, persistieron.

Esa madrugada, con las luces de los celulares, la familia logró encontrar una zapatilla y una media que pertenecían a Valentín, pero no su cuerpo. La policía, que inicialmente se negó a intervenir, luego volvió, pero para entonces ya no había rastros. Para la familia, la intervención policial y el accionar de las bandas criminales siguen siendo piezas clave en este rompecabezas.

El abandono del Estado y la constante lucha de la familia

La búsqueda de justicia ha sido una lucha no solo por respuestas, sino por lograr que el Estado se involucre. La familia sintió abandono e indiferencia por parte de las instituciones. En una conversación con el entonces Ministro de Seguridad de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, María de los Ángeles le preguntó si la policía tenía alguna responsabilidad en la desaparición. Su respuesta fue: "quédese tranquila que si la policía tiene algo que ver, se va a saber". Pero ya han pasado casi nueve años, y la familia sigue esperando. Pullaro, hoy gobernador, aún no ofrece respuestas.

El intendente de Pérez, Pablo Corsalini, fue uno de los pocos que mostró preocupación por la seguridad de la familia. Logró que se les otorgara una vivienda en otro barrio debido a las amenazas y ataques que recibían. Sin embargo, la falta de apoyo real en la investigación sigue siendo una fuente de frustración.

Antonella relata cómo, a pesar de las amenazas y agresiones, lograron salir de esa situación de peligro y encontrar un lugar donde vivir en paz. Sin embargo, ese respiro no les devolvió lo más importante: a Valentín. A pesar de las recompensas ofrecidas y las investigaciones en curso, no hay respuestas claras. La causa podría prescribir en 2026, cuando se cumplan diez años de la desaparición.

Tanto María como Antonella insisten en que el sistema judicial nunca supo cómo abordar los casos de jóvenes como Valentín. A pesar de los intentos de ayuda, las respuestas fueron siempre insuficientes. "Nos preguntaban si quería volver a la escuela, como si eso resolviera todo", recuerda Antonella. Pero Valentín, ya en una situación crítica, no encontraba salida. "Ni con muletas se quedaba quieto", cuenta su hermana, sobre una vez en que se fugó de la casa estando lesionado.

Violencia, abuso policial y un sistema que no responde

La situación en la casa se volvió insostenible. Valentín desafiaba las reglas familiares, y su comportamiento se agravaba. A pesar de todo, su madre insiste: "Nada de eso justifica lo que le pasó". Valentín fue víctima de un sistema que lo dejó a la deriva.

Además, el accionar de la policía dejó marcas profundas. Antonella cuenta cómo los agentes ingresaban a su casa sin orden judicial, generando un clima de constante vulnerabilidad. "Nos sentíamos expuestos, sabían todo, y no hacían nada".

Tiempo después de la desaparición, un comisario fue a la casa donde vivían antes y preguntó dónde estaba viviendo ahora la familia. ¿Por qué quería saber eso? Nadie supo responder. Para Antonella, fue otra señal de que alguien sabía más. "Policía, política… hay algo groso que no se está destapando", asegura.

La denuncia internacional, las pistas ignoradas y el tiempo que corre

El caso de Valentín llegó a instancias internacionales. La ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos activaron protocolos de urgencia ante la denuncia de la Cátedra de Criminología de la UNR, la Fundación Igualar y el abogado Jorge Barbagallo. Se pidió al Estado argentino garantizar la búsqueda e involucrar a la familia.

El Comité de la ONU también expresó preocupación por las reiteradas detenciones previas que sufrió Valentín, muchas sin intervención del sistema de Niñez ni del fuero de Menores. Eso refuerza la hipótesis de participación estatal en su desaparición.

La causa, que en un comienzo estuvo en la justicia provincial, fue trasladada al fuero federal bajo la figura de desaparición forzada. El nombre del fiscal Guillermo Apanowicz genera desconfianza en la familia. "Salía con más dudas que certezas", recuerda María. Además, Apanowicz ya había intervenido en los casos de Franco Casco y Gerardo "Pichón" Escobar, también relacionados con desapariciones forzadas en Rosario.

El hallazgo de una zapatilla y una media ensangrentadas fue el único indicio material. Cerca del lugar, un móvil policial fue visto antes del operativo. ¿Qué hacía allí? Nadie pudo explicarlo. El campo, conocido como el campo de Braulio, estaba asociado a bandas, Allí, en una tapera se juntaban Los Cuatreros a desarmar motos, a llevar las cosas que robaban. Para la familia, esa coincidencia no fue casual.

Hoy, con una recompensa oficial de 10 millones de pesos, la causa no muestra avances. "Ni una llamada, nada", repiten madre e hija, con una mezcla de frustración y tristeza. La esperanza está puesta en que alguien, al menos de forma anónima, se anime a hablar. Porque "Cabín 9 no es tan grande", dicen. "Todos saben algo".

"Nos dejaron solos": negligencia, pistas ignoradas y una búsqueda sin respuestas

Aquel 15 de noviembre, la subcomisaría 18ª de Cabín 9 tenía solo un agente de guardia, pese a los conflictos barriales. Los refuerzos de Pérez se retiraron tras pinchar una rueda y no regresaron. "Nos dejaron a la deriva", repite María. "Quizás si hubieran estado con nosotros, lo encontrábamos esa misma noche".

Porque había pistas. Tierra removida. Un pozo. Una rama encima. Y un mensaje de texto que decía que Valentín estaba ahí. Pero ese mensaje desapareció. Ya nadie lo tenía. "Desapareció como desapareció Valentín", dice Antonella.

El tiempo que se perdió en esas horas fue clave. ¿Quién necesitó ese margen para mover el cuerpo? ¿A quién se protegía?

También se habló de una posible denuncia de Valentín contra la banda. Pero su madre lo desmiente: "Él nunca me dijo que quería salir". Sin embargo, sí saben que había dejado de vincularse con Los Cuatreros y se acercaba a un grupo rival. Eso pudo haber desencadenado represalias.

En 2016, el fiscal Fernando Dalmau describió a Los Cuatreros, liderados por Roberto "Narigón" Cabrera, como una organización dedicada al narcotráfico, el robo de ganado, sicariato y usurpaciones. Se enfrentaban con Los Stifler, Los Camargo y Los Sosa, en un escenario de violencia e impunidad.

"Todos saben quiénes son", repiten vecinos y familiares. "La policía también. Pero no hace nada".

La causa hoy y el tiempo que se agota

Actualmente, el caso está en manos del fiscal federal Andrés Montefeltro, dentro de la Unidad Fiscal de Rosario especializada en delitos complejos, trata de personas y crimen organizado. La recompensa fue autorizada por el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, y se enmarca en el Programa Provincial de Protección y Acompañamiento de Testigos y Víctimas.

Las personas que deseen aportar información pueden comunicarse al correo fisdistrito-ros@mpf.gov.ar o dirigirse a la sede del Ministerio Público Fiscal (MPF), Unidad Fiscal Rosario, Mitre 601. La identidad será preservada de manera confidencial.

Para la familia Reales, el tiempo apremia. En 2026 se cumplen diez años de la desaparición, y con ello, la causa podría prescribir. Por eso, claman por respuestas.

"Sabemos que Valentín estuvo ahí", insisten. "Lo que no sabemos es por qué lo sacaron. Quién lo sacó. A quién están encubriendo".

Porque Valentín tenía solo 15 años. Porque su familia sigue viviendo con miedo, con bronca, con la impotencia de no tener un cuerpo ni una verdad. Porque nadie desaparece así nomás.

Casi diez años después, el paradero de Valentín sigue siendo un misterio. "El problema de la droga no lo quieren parar porque el negocio es grande. Y Valentín sabía mucho", asegura su madre, que hoy sostiene un merendero como forma de resistir al abandono y la violencia. Tres de sus otros seis hijos fueron baleados en diferentes episodios vinculados a la defensa de su hermano.

En Cabín 9, todos saben quiénes mandan.

Todos saben que falta alguien.

Falta Valentín.

Escuchá la entrevista completa:

Rodrigo Abd: fotógrafo y testigo incómodo del mundo

Rodrigo Abd, premio Pulitzer, busca siempre la foto de autor, sea en Ucrania, Siria, Afganistán o Haití, trabajando para AP - Foto: Martin Mejía

Por: Fernando García

Conversando a una distancia muy corta, los ojos negros de Rodrigo Abd (Buenos Aires, 1976) se convierten por momentos en lentes certeras. Es el indisimulable mecanismo humano detrás de la máquina de fotos con la que alcanzó el estatus de Pulitzer cubriendo la vida en tiempos de guerra en Siria (2013) y Ucrania (2023) para la agencia de noticias Associated Press. Después de casi veinte años se está reinstalando en la ciudad y eso hace que acaso sea más fácil pedirle recomendaciones por cómo moverse en Guatemala o Kabul antes que por algún barrio fuera del centro de Buenos Aires. Mientras hablamos, muy cerca de Plaza de Mayo esperan por abrirse las puertas de Arthaus, el flamante centro cultural donde cuelgan las imágenes de su exposición Desvío. Lo de cuelgan es literal ya que las fotos flotan en el ambiente en dípticos sin referencia alguna. El asombro que provocan estas imágenes se completa con una publicación (revista antes que catálogo) en la que Abd se encarga además de los textos. La experiencia queda entonces en un terra incógnita entre la brutalidad descarnada del mundo y la sublimación estética del arte. "En Arthaus me dieron libertad para exhibir las fotos como quisiera. Si esto es percibido como arte o no está fuera de mi preocupación. Hice muestras en Guatemala, en Lima y aquí en Buenos Aires en distintos espacios y siempre fue la misma idea", dice el fotoperiodista.

¿Hay una fotografía que usted hace para el circuito de AP y otra pensada para el arte y las exposiciones?

No, para mí es lo mismo. No fotografío de una manera para AP y de otra pensando en que voy a hacer una exposición. Siempre traté que mis fotos dentro de la agencia no se limiten a registrar un evento sino que busco agregarle capas de sentido a la imagen, que salgan fotos menos obvias para una audiencia global.

Bucha, Ucrania - Rodrigo Abd

¿Entonces la foto de una pareja intentando hacer arrancar un auto en Ucrania después de un ataque ruso es tan documental como un registro de trinchera?

Exacto. Y yo siempre busqué eso, siempre me propuse no fotografiar como fotógrafo de AP aun cuando sé lo que AP necesita. Desde que empecé con esto en marzo de 2003 quise que mis reportes fueran mi mirada, mi opinión sobre lo que estaba viendo en Guatemala, en Venezuela, en Puerto Príncipe o en Argentina. Y eso a veces es muy difícil de sostener.

¿Por qué?

Porque vivimos a las corridas y los cambios tecnológicos están modificando nuestro trabajo. Estamos trabajando a una velocidad en la que se nos dificulta poder pensar. En este contexto trato de mantener la mirada reflexiva y procesar en otro ritmo.

¿La agencia de noticias no privilegia zonas del mapa en lugar de otras?

Los medios tienen agendas y en esa agenda también entramos nosotros. Pero yo busco temas periféricos. A veces pueden ser los mismos conflictos pero con otro tiempo. Llego tarde a las noticias, lo cual parece un contrasentido para un fotoperiodista, quizás estoy en el lugar dos meses después. Y pasan otras cosas, que son las que más me interesan. Pero que no haya tenido ni media bajada de línea es porque siempre tuve la fuerza y voluntad de generar otras historias que cuentan el mismo conflicto.

Kiev

En esta exposición es interesante que las fotos no tengan nada que informe sobre la imagen hasta que se llega a la publicación.

Yo creo que en esta muestra hay una intención de provocar. El objetivo es mostrar cosas que cuentan que las cosas no son tan lineales. Hice de todo, desde breaking news a series más producidas, pero también fotografías panorámicas de la Amazonia peruana y la destrucción de la selva por los buscadores de oro. Pero todo siempre dentro del fotoperiodismo.

Y sí, nadie espera ir a una exposición suya para ver imágenes desenfocadas.

Una sola vez hice una muestra llamada "Palimpsestos" que son triples exposiciones y es lo más arty que llegué. Tampoco le pido a la gente que pose. Jamás.

¿Pero no están posando quienes se fotografían con un papa Francisco de cartón en La Paz?

¡No! Ellos posan para otro fotógrafo que llevaba esa réplica de Francisco para que la gente se sacara fotos durante la visita del papa a Bolivia. Y ellos se quedaban después con esa foto. En Afganistán hay unos fotógrafos callejeros que andan por la calle con flores de plástico. Y esto porque a los afganos les encantan las flores pero no las tienen porque viven en un desierto. Y entonces podés ver a los talibanes con sus ametralladoras haciéndose fotos con las flores de plástico. La noticia de la visita del papa ya había pasado, porque no teníamos acceso a la cárcel donde Francisco estaba limpiando los pies. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, hay que salir a buscar temas.

Caracas

¿Si la pintura tuvo que reinventarse después de la foto y del cine, lo mismo debería hacer la fotografía en tiempos de la duplicación digital de la vida?

Se viene reinventando hace tiempo. Si vos miras los concursos del World Press Photo poco tiene que ver una foto ganadora de 1996 con las de los últimos años. Hoy se premia mucho más la foto autoral que la documental.

¿La foto de Capa en Normandía, 1944, no ganaría el concurso hoy?

No sería una novedad porque al lado de Capa habría cuatro o cinco fotógrafos más con el agua hasta las rodillas registrando el desembarco. En ese momento era solo él. Dicho esto, la foto de Trump en el atentado con el puño levantado y el rostro ensangrentado que hizo Evan Bucchi era muy buena y merecía el Pulitzer. No lo ganó porque los jurados tuvieron la idea errónea de que premiar esa foto era hacerle campaña a Trump.

Como si la foto valiera por el personaje y no por la imagen en sí.

Exacto.

Protesta de Piqueteros y Sindicato del Neumático

Un caso de corrección política…

Una estupidez. Se trata de estar en el lugar de los hechos en el momento adecuado y el jurado castigó a un fotógrafo por resolverlo de la mejor manera posible. Bucchi fue compañero mío en un embedded en Kandahar. En esa cobertura él hacía videos. En España le llaman “empotramiento” (dentro de una unidad militar) y es de la manera que Capa consiguió la famosa foto de Iwo Jima.

¿Estando “empotrado” en el ejército americano sintió esa contención?

Por supuesto. Más que nada por ser latino. Los soldados son casi todos mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos, entonces hay una camaradería. Para mí fue extraordinario estar “empotrado”. Yo hice muchas fotos de la cotidianeidad de las bases que es mucho más interesante que cualquier combate. Ves a los afganos que les van a vender artesanías, a los que cocinan que son de Bangladesh; ves las montañas de botellas de agua mineral que usan para bañarse.

¿Estar más pendiente de esos detalles lo salvó de no caer de un balazo perdido?

No, me hizo comprender mejor los hechos. Entender que las cosas son bastantes más complejas de lo que nos presentan los gobiernos y los titulares de las noticias.

¿Cómo queda después de pasar meses en esos lugares?

Y… un poco golpeado. Creo que lo que me ayuda es no cubrir el frente de guerra todo el tiempo. Después de Ucrania me tocó un concurso de Abuelas en Guatemala o un festival de payasos de Centroamérica, que es otro drama pero no es la guerra.

Caracas

¿Hay quienes cubren solo el frente?

Sí, claro. Recuerdo en Afganistán cuando esperábamos para que nos asignaran un batallón y había figuras legendarias como Jon Lee Anderson o la inglesa Marie Colvin, una cronista inglesa de leyenda que había perdido un ojo y la mataron en Siria en 2012. En Kiev conocí a James Natchway, de 74 años, que viene cubriendo conflictos desde Nicaragua a principios de los 80. Estuvo al borde de la muerte en Iraq. Eso no te deja tener una vida normal. Yo nunca fui un corresponsal de guerra puro, no estuve toda la vida expuesto a las balas. Lo mío es más lo que se ve en esta exposición. No me interesa correr por una primicia.

Buscas el lado B. Como esa foto de Caracas que muestra una fiesta en un rascacielos.

Bueno es que eso es contar cómo es posible que en Venezuela con una hiperinflación galopante y una crisis política histórica sigue habiendo gente que está encerrada en una suite presidencial durante tres días comiendo sushi y tomando whisky importado. Porque esta imagen puede contarnos si estos son los chavistas que hicieron negocios con el Estado o son los ricos de toda la vida que también hicieron arreglos para subsistir. Esto ayuda a entender la complejidad de la sociedad venezolana.

¿Cómo conseguiste esa foto?

Casi no había luz en Caracas y en los hoteles donde los fotógrafos y periodistas habíamos parado toda la vida casi no tenían comida. El Holiday Inn era el único lugar capaz de autoabastecerse y por ahí pasaba toda la vida social de la clase media alta. Casamientos, cumpleaños de 15, fiestas. Y yo también estaba ahí porque era el único lugar con Internet para mandar las fotos a la agencia. Una noche mientras dormía me tocan la puerta a los golpes, creí que era la policía secreta. Y no, eran unos chicos que iban a una fiesta y se equivocaron de puerta. Me invitaron como casi una disculpa. Así entré. La imagen muestra lo que yo hago. Venezuela se cubre siguiendo los movimientos de Maduro, sí, pero también entrando en una fiesta desaforada como esta.

El lado B de Uruguay

¿Qué tipo de cobertura se imagina haciendo en Uruguay?

Me gustaría retratar historias que de alguna manera contradigan esta verdad establecida sobre Uruguay como un refugio de sensatez. Iría a ver qué hay debajo de la alfombra. Porque no deja de ser un país latinoamericano. Un país por donde pasa parte del narcotráfico que se va para Europa. Me gustaría retratar el lado B de Uruguay.

Fuente: Diario El País

La justicia alemana investiga a Elon Musk: lo que está detrás de la indagatoria sobre X, su red social

Tres directivos de la plataforma están acusados de impedir que se identifiquen usuarios responsables de amenazas, difamación e incitación al odio. El caso marca un precedente en la regulación de redes sociales en Europa.

La plataforma X, antes conocida como Twitter y propiedad de Elon Musk, enfrenta un desafío legal sin precedentes en Alemania. La Fiscalía de Göttingen inició un procedimiento contra tres directivos de la red social por presunta obstrucción a la justicia. La investigación surge tras meses de denuncias sobre la negativa de X a entregar datos de usuarios involucrados en delitos graves, incluyendo amenazas, difamación e incitación al odio. La falta de cooperación impide que los responsables de delitos sean identificados y procesados.

La situación refleja un conflicto entre la política de la plataforma y la legislación alemana. Desde la compra de Twitter en 2022 y su transformación en X, Elon Musk promovió un enfoque que prioriza la libertad de expresión, incluso frente a la legislación nacional. Esto incluye el regreso de usuarios suspendidos por discursos de odio y la reducción del personal de moderación y verificación de hechos.

Investigación sin precedentes en Alemania
La Fiscalía de Göttingen confirmó que la investigación se centra en tres directivos de X, acusados de impedir intencionalmente que las autoridades identifiquen a usuarios que cometen delitos en la plataforma. El procedimiento comenzó tras una denuncia presentada por un usuario cuya denuncia original se archivó debido a la imposibilidad de identificar al autor. Posteriormente, este usuario elevó el caso contra X por obstrucción a la justicia.

En Alemania, la obstrucción a la justicia puede implicar penas de prisión de hasta tres años o multas. La situación en X podría ser un precedente, ya que nunca antes se investigó a responsables de una red social por este tipo de delito. El caso se centra en un conflicto directo entre la libertad de expresión promovida por la empresa y las leyes nacionales de protección contra el odio y la violencia en línea.

Dificultades de las autoridades para acceder a los datos
Desde el verano de 2024, las autoridades alemanas enfrentan dificultades para obtener información de X. La fiscal Miriam Margerie, portavoz de la Fiscalía de Colonia, señaló que las respuestas de la plataforma a las solicitudes de datos se volvieron cada vez más escasas desde esa fecha. La plataforma alega que ciertos datos están protegidos por políticas internas y la defensa de la libertad de expresión.

Los casos más complejos involucran usuarios que actúan de manera anónima, usando nombres falsos y fotos generadas por inteligencia artificial. Plataformas como X, TikTok o Meta poseen información relevante como números de teléfono y correos electrónicos, que las autoridades pueden solicitar para investigaciones penales. Sin embargo, X rara vez entrega estos datos desde mediados de 2024.
Un ejemplo concreto involucra una publicación con un símbolo nazi y posibles difamaciones. X clasificó la publicación como problemática y la bloqueó para los usuarios en Alemania, pero se negó a entregar la información del autor. La Fiscalía de Göttingen debió archivar temporalmente el caso. Este tipo de situaciones ilustra cómo la negativa a colaborar retrasa o impide la persecución de delitos en línea.

Política de X bajo Musk y sus repercusiones
Elon Musk adquirió Twitter en octubre de 2022 por EUR 44.000 millones, renombró la plataforma como X y promovió la libertad de expresión como valor central. Esto incluyó el regreso de usuarios suspendidos por incitación al odio, como Donald Trump y varios extremistas europeos. Musk despidió a más de la mitad del personal de moderación y verificadores de hechos, según informes de medios especializados como The Verge y Reuters.

Estas decisiones provocan tensiones con autoridades nacionales, que dependen de la colaboración de las plataformas para investigar delitos. Expertos en derecho digital advierten que la negativa de X a entregar datos podría generar un efecto dominó, alentando a otras plataformas a seguir un enfoque similar y complicando el cumplimiento de la ley en Europa.
Fuente: Argentinisches Tageblatt

FoPeA repudia las agresiones a periodistas durante una caminata proselitista de Karina Milei y Martín Menem

Iñaki Gutiérrez empujó a un camarógrafo mientras otros militantes lo retenían impidiéndole su trabajo

El Foro de Periodismo Argentino (FoPeA) repudia las agresiones sufridas por los periodistas Antonio Conesa y Cecilia Conesa, del canal A24, y Denise Oziel y Santiago Méndez, de Noticiero 9, mientras realizaban la cobertura de una caminata proselitista en Corrientes, encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, en la ciudad de Corrientes, en el marco de la campaña electoral de La Libertad Avanza.

Según se observa en las imágenes del hecho, los periodistas y camarógrafos fueron agredidos por miembros de la custodia de ambos funcionarios cuando intentaban obtener declaraciones durante el cierre de campaña.

Cecilia Conesa relató: "Un custodio de Karina Milei, de camisa celeste, me agarra del cuello, me empuja y me da un rodillazo. Ese custodio inicia los disturbios. Termino contra una vidriera, con una mujer diciéndome que me quería llevar presa". Tras este episodio, otros custodios y simpatizantes del espacio político agredieron al camarógrafo que intentó defenderla, así como a otros dos periodistas que intervinieron para detener la violencia.

FoPeA manifiesta su solidaridad con los colegas agredidos y condena enfáticamente la violencia ejercida, que impidió de manera injustificada el ejercicio de una cobertura periodística legítima sobre un hecho de evidente interés público.

Asimismo, el Foro exige a Karina Milei y Martín Menem que asuman su responsabilidad sobre el accionar de sus custodias y los instruyan en el respeto al trabajo de la prensa. El contacto con periodistas y el derecho a hacer preguntas forman parte esencial de una democracia y del deber de rendición de cuentas de los funcionarios públicos.

FoPeA registra este caso como un ataque a la integridad física de los periodistas y como una obstrucción a la labor informativa en un espacio público.

ATA repudió el ataque al equipo de Canal 9: "La violencia contra periodistas es un grave ataque a la libertad de expresión"
La Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA) emitió un comunicado este viernes, un día después de las agresiones sufridas por los equipos de Noticiero 9 y A24 durante el cierre de campaña de La Libertad Avanza en Corrientes.

El comunicado condenó enérgicamente los ataques a los periodistas Denise Oziel y Santiago Méndez, del equipo de Noticiero 9 de Canal 9 “Imagen del Nordeste”, así como a Antonio y Cecilia Conesa, de A24. Los periodistas fueron agredidos y amenazados en la peatonal Junín, mientras cubrían la caminata encabezada por Karina Milei y Martín Menem.

ATA expresó su “plena solidaridad con los trabajadores de prensa y con la empresa Canal 9 ‘Imagen del Nordeste’” y remarcó que la violencia contra periodistas es un ataque directo a la libertad de expresión, un derecho esencial en cualquier sistema democrático. Además, subrayó que el trabajo periodístico es fundamental para garantizar el derecho a la información y fortalecer la convivencia institucional.

El repudio se conoció tras los testimonios de las víctimas. Oziel relató que militantes de La Libertad Avanza la empujaron y tironearon para impedirle trabajar, mientras que Cecilia Conesa fue tomada del cuello por un custodio. Las imágenes de las agresiones rápidamente se viralizaron, generando gran indignación en el ámbito periodístico y político.

Finalmente, ATA exigió el “inmediato esclarecimiento de los hechos y la adopción de medidas que garanticen la libertad de prensa y la seguridad de los periodistas”. Esta declaración se suma a los pronunciamientos de rechazo de colegas y asociaciones de periodistas, que insisten en la necesidad de proteger la labor informativa en un contexto político cada vez más tenso e intolerante.

Todo sigue igual de mal en La Voz

Todo sigue igual de mal en La Voz. O peor. Desde mayo, cuando en una carta abierta quienes trabajamos en el medio denunciamos una situación de malestar y desconcierto, nada ha cambiado. Es más, empeoró: el diario ahora se imprime en Santa Fe y los empleados de la planta impresora quedaron en la calle. Las autoridades dijeron que era "un avance" porque la tendencia es tercerizar la impresión. El lugar ahora se usa como depósito de paquetes de China y pañales del Pami.

Cuando la Legislatura de Córdoba, por unanimidad, votó su preocupación por la situación en La Voz, las autoridades periodísticas y gerenciales se mostraron dolidas. No por el texto, no por las palabras, no por la realidad inocultable, sino porque desnudó ante la comunidad cordobesa una situación que preferían mantener en secreto, como si eso fuera posible.

A lo largo de su historia, La Voz del Interior defendió el valor de la palabra y de la información. En los últimos años, incluso, lideró pedidos de acceso a la información y les pidió a sus periodistas que utilizaran esta herramienta para la producción de contenidos. Puertas adentro, sin embargo, hace lo opuesto, sus autoridades no son capaces de dialogar con los empleados. Paradójico, pero cierto.

El último ejemplo es el más ejemplificador: "El silencio también es una respuesta", respondió el responsable de Recursos Humanos cuando se le pidió una reunión para negociar un bono, tickets, algo que engrose los salarios. ¿Miedo? No. ¿Vergüenza? Menos. ¿Coherencia? Cero.

Nuestro salario de indigencia

El salario básico actual de las y los trababajadores de La Voz es de $701.000. Hay compañeros que incluso cobran menos que eso y un periodista con 20 años de antigüedad cobra poco más de $900.000 al mes: apenas por encima de la canasta de indigencia.

Es por esto que, en el marco de la Expo Parques Industriales Córdoba 2025 –evento del que La Voz es parte de la organización–, queremos reiterar que no se olviden de nosotros. Queremos decir que la situación es tan desesperante que nos vemos obligados a pedir ayuda a todos los funcionarios, empresarios, gerentes y responsables de comunicación del sector privado reunidos en el Centro de Convenciones.

Nos sentimos incómodos, nos apena, pero no tenemos otras formas de visibilizar nuestra realidad.

Los responsables de La Voz, gerenciales y periodísticos, por duro que sea, no tienen herramientas para enderezar el barco. La situación parece haberlos desbordado y el resultado de escenarios así –ustedes lo saben, porque están al frente de firmas exitosas– nunca es el mejor.

Queremos a La Voz, queremos que La Voz salga de esta situación, queremos volver a ser el medio insignia de Córdoba que lidere la comunicación de calidad en la región. Eso, con la humillación del salario que el diario les paga a su gente, es imposible.

Lo dijimos en mayo y lo reafirmamos ahora: si el medio más importante del interior del país no puede pagar salarios decentes, que lo hable con honestidad. Seguramente la comunidad cordobesa, junto al Gobierno, empresarios capaces como ustedes, y nosotros, trabajadores comprometidos con la marca, podremos encontrar una puerta de salida. Tapar la realidad no soluciona nada: la agrava.

Reforma constitucional en Santa Fe: alertan por riesgos a la libertad de expresión y distribución equitativa de la pauta oficial

El Sindicato de Prensa Rosario (SPR) y la Asociación de Prensa de Santa Fe (APSF) manifestaron su preocupación ante el dictamen de mayoría que obtuvo el Artículo 11 en el marco de la reforma de la Constitución Provincial. Según indicaron ambas organizaciones, el texto aprobado contempla sólo parcialmente las propuestas presentadas por una amplia gama de entidades sindicales, académicas y de medios comunitarios.

Estas organizaciones habían elevado una redacción amplia, pluralista y abarcativa que defendía de manera integral la libertad de expresión y el derecho a la información. Si bien el dictamen de la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías incorporó aspectos como el secreto de las fuentes periodísticas y el acceso a la información pública, desde los gremios consideran que la redacción actual es insuficiente y no garantiza de manera plena los derechos comunicacionales que sustentan una democracia sólida.

Las entidades esperan que el Artículo 11:

• Establezca la libertad de expresión y el derecho a la información como valores centrales de la democracia.

• Incluya políticas de fomento a medios de comunicación privados sin fines de lucro.

• Regule la distribución de la pauta oficial de forma transparente y equitativa.

• Prohíba de manera explícita los discursos de odio basados en género, nacionalidad, credo, raza o cualquier incitación a la discriminación, hostilidad o violencia.

• Garantice el acceso amplio e irrestricto a la información pública, sin necesidad de acreditar interés para solicitarla.

• Establezca que las restricciones legales al derecho a la información sean sólo las indispensables para proteger la intimidad, el honor, la salud o la seguridad pública.

Tanto el SPR como la APSF recordaron su compromiso con el derecho a la información como un derecho humano y bien social, y reivindicaron la búsqueda de la verdad como eje de la labor periodística, en línea con los principios de ética profesional que rigen la actividad.

"La libertad de expresión y el derecho a la información veraz y plural son las banderas de la democracia que defendemos", remarcaron. Y concluyeron con un llamado a las y los constituyentes de Santa Fe: "Apelamos a su responsabilidad y compromiso cívico. Tienen ante sí la oportunidad histórica de elaborar un texto que respete los derechos de quienes los votaron. Escuchen las propuestas de la ciudadanía. No defrauden a la sociedad. Defiendan la democracia".