La primera tarea fue combatir la discriminación y el racismo; falta garantizar el pluralismo y el derecho a la información verídica y contextualizada
La aprobación de la Ley contra el Racismo y su reglamento, que establecen sanciones disciplinarias o administrativas para quienes difundan mensajes e ideas racistas, constituye sólo el primer paso que da el gobierno en su cruzada por garantizar el derecho ciudadano a la información. El próximo reto es comenzar a trabajar una Ley de los Medios de Comunicación desde el 8 de enero de 2011, reveló el director General de la Administración Pública Plurinacional del Ministerio de Culturas Idón Chivi.
La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) entrevistó a Chivi y al presidente de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) de Bolivia Ronald Grebe López para que evalúen el proceso de discusión y aprobación de varias normas que atañen a la prensa, sobre todo la Ley 045 contra el Racismo y toda forma de Discriminación.
Grebe denunció que los representantes de la profesión fueron relegados varias veces de los procesos de discusión de algunas normas que tienen que ver directamente con su trabajo, y aseveró que la falta de concertación marcó la adopción de la Ley antirracista. Chivi lamentó la reacción corporativista y desproporcionada del gremio.
El dirigente de la ANP recordó que cuando se discutía la Ley del Régimen Electoral no se consultó a los gremios de la prensa, pese a que las campañas de publicidad electorales les conciernen directamente. En cuanto al proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública, los gremios hicieron llegar sus observaciones y sugerencias a las autoridades competentes, pero no se los convocó a la audiencia pública y la discusión del proyecto de ley quedó en nada.
Durante las consultas de la Ley 045, representantes de la ANP y de la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia fueron invitados al Palacio de Gobierno, pero de un día para otro. Pocos días después, el Presidente Evo Morales anunció que la ley se aprobaría sin modificaciones, incluyendo los artículos 16 y 23, los dos más polémicos.
Idón Chivi recordó que la ley y su reglamento son la consecuencia de acontecimientos que demostraron que “algunas élites mantienen actitudes racistas”. El 11 de enero de 2007 estudiantes y campesinos se enfrentaron en Cochabamba; el 24 de mayo de 2008 campesinos fueron vejados y humillados por estudiantes universitarios en el centro de la ciudad de Sucre. También es parte del contexto la masacre de 10 personas el 11 de septiembre de 2008 en Pando.
Según Grebe, la ley fue elaborada de manera muy acelerada. Incluso la propuesta original del diputado Jorge Medina, autor de la iniciativa de ley, fue modificada y dejada de lado. Esto generó una movilización nacional de periodistas y de medios de comunicación.
Chivi aseguró que algunos medios de comunicación destinaron hasta 16 horas diarias para criticar la Ley. “Esta discusión resultó un gran negocio para los medios que practican el racismo, pues el gobierno ha tenido que explicar la ley y responder a algunas alusiones con publicidad, precisamente en los medios de comunicación que más practican racismo”.
Informó que desde que entró en vigor la Ley 045, el 8 de octubre de 2010, se celebraron nueve jornadas de consulta para reglamentar la norma, una en cada departamento. “Hemos recibido unas 300 propuestas, orales y escritas, así como tres propuestas integrales que fueron presentadas por el Defensor del Pueblo, la Red de Derechos Humanos y la Red Erbol”.
El equipo técnico responsable de la reglamentación concentra su atención en dos puntos: “la difusión o autorización de mensajes racistas” y “el dolo o la intención manifiesta de difundir ideas racistas”. Se discute sobre todo el nivel disciplinario o administrativo, pues el otro ámbito, mencionado en el artículo 23 de la ley (incorporación de las disposiciones del Código Penal a la Ley 045), es administrado directamente por el Poder Judicial.
“Uno de los temas que discutimos es la suspensión temporal o definitiva de las licencias de radios y canales de televisión”, indicó Chivi. Se toman en cuenta las legislaciones de España, Argentina y de otros países que también sancionan la difusión de ideas racistas. Además, se atiende la recomendación del representante del Alto Comisionado de la ONU en Derechos Humanos Denis Racicot, quien subraya que la libertad de prensa no debe ser utilizada con fines de discriminación o racistas.
Chivi aclaró que el reglamento de la Ley 045 sólo establecerá sanciones administrativas para los periodistas que comentan faltas; en lo que se refiere a delitos, la responsabilidad de juzgarlos corresponderá a los fiscales y jueces.
Los gremios de la prensa decidieron no participar en el proceso de reglamentación de la Ley 045, que debería estar concluido el 8 de enero de 2011, porque el Senado no tomó en cuenta sus propuestas iniciales.
Apoyándose en el artículo 11 de la Constitución, relativo a la Iniciativa Legislativa Ciudadana, los periodistas organizaron una movilización con el lema “Un millón de firmas por la libertad de expresión”. “En realidad nunca hablamos de llegar a un millón de firmas o a 800 mil; hasta el momento, tenemos contabilizadas unas 400 mil”, confesó Grebe.
Según Chivi, los periodistas están divididos, pues algunos afiliados a la ANP participaron en el proceso de la reglamentación de la ley y muchos de ellos presentaron propuestas concretas. “Es evidente que los empresarios son los que deciden la línea editorial de los medios de comunicación privados y que los conductores de programas de televisión sólo son operadores políticos”, dijo.
“Sólo hemos dado un primer paso con la aprobación de la Ley contra el Racismo”, comentó la autoridad de gobierno y anunció que la próxima tarea será elaborar desde el 8 de enero de 2011 una Ley de Medios de Comunicación que regule el espacio mediático nacional.
Bolivia sigue los pasos de Argentina –que ya aprobó la ley SCA con el fin de garantizar el pluralismo y la desconcentración de medios de comunicación– y de Ecuador, que proyecta una la Ley de Comunicación cuyo objetivo principal es promover una “información verídica, oportuna y contextualizada”.
Hace poco, la productora estadounidense Nancy Hult Ganis calificó la privatización de los medios de difusión por los monopolios mediáticos como una de las principales trabas para difundir un mensaje objetivo. Comencé mi carrera en la televisión pública norteamericana, donde contrariamente a lo que piensan muchos gravita mucho el problema financiero, dijo la especialista en relaciones públicas y comunicación a la agencia Prensa Latina.
En criterio de RSF, sólo una ley puede definir y regular formalmente un marco mediático, “pero ninguna ley puede decidir el contenido y el valor de la información sin comprometer la libertad de expresión”.
El presidente de la ANP anunció que los sindicatos de la prensa continuarán en campaña por la libertad de expresión y apelando al derecho a la Iniciativa Legislativa Ciudadana. “Si esto no funciona, apelaremos a organismos internacionales”.
Fuente: Bolpress
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