La nueva autoridad será independiente y podría quedar adscrita a la Agencia de Protección de Datos o del Defensor del Pueblo
El Gobierno creará una autoridad independiente para velar por el derecho de los ciudadanos a acceder a la información de las administraciones públicas, en una ley que enviará al Congreso a principios de 2010, según fuentes gubernamentales consultadas por Europa Press.
No obstante, el Ejecutivo no ha decidido aún si será un órgano totalmente autónomo o si se adscribirá al Defensor del Pueblo o a la Agencia de Protección de Datos, tal como sucede en distintos países europeos cuyos modelos de transparencia están siendo estudiados en el Ministerio de la Presidencia.
El Gobierno prepara una ley de acceso a la información pública -anunciada hace más de un año el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero- pero lo más probable es que el Consejo de Ministros no pueda aprobarla este año. Las fuentes consultadas confiaron en que el texto llegue al Congreso en febrero.
Ayer, representantes de este Ministerio se reunieron con miembros de la Coalición Pro Acceso, formada por una treintena de entidades que llevan años reclamando una ley que permita a quien lo solicite saber, por ejemplo, cuántos extranjeros fueron expulsados de España a lo largo de un año. Esta es una de las preguntas no respondidas por el Ejecutivo que la Coalición pone como ejemplo en su web.
Fuentes de esta Coalición consultadas por Europa Press apoyaron que haya una entidad independiente que vele por el derecho de acceso a la información y que esté "dotada con los recursos y poderes necesarios".
A su juicio, esto es más relevante que el hecho de que el nuevo órgano pueda depender del Defensor del Pueblo, que es el modelo de los países nórdicos, o de la Agencia de Protección de Datos, como sucede en Reino Unido, Alemania, Eslovenia, Hungría o Suiza. Eso sí, la Coalición cree que esta última modalidad "funciona bien" porque Protección de Datos puede "asegurar un buen equilibrio" entre el derecho a la protección de datos personales y el de acceso a la información pública.
La creación de un organismo que vele por la transparencia es el último de los nueve principios que defiende la Coalición Pro Acceso y que, según sus representantes, el Gobierno quiere poner en práctica.
Transparencia en nueve principios
El primero de ellos es que el derecho a la información es un derecho de todos, que se aplica a todas las entidades públicas, que realizar solicitudes debe ser sencillo, rápido y gratuito y que los funcionarios tienen la obligación de ayudar a los solicitantes.
El quinto principio es la "publicidad" de la información, de manera que "el secreto y la denegación de la información son la excepción". Así, las denegaciones de acceso "deben ser limitadas y estar debidamente motivadas" y toda persona tiene el derecho de recurrir las denegaciones de acceso o la no contestación a las solicitudes realizadas.
El octavo es que las entidades públicas deben publicar la información "básica y esencial" sin que sea necesario que algún ciudadano la pida.
Publicar información de oficio
También sobre este punto, la Coalición aseguró que los representantes de Presidencia estuvieron de acuerdo en que las administraciones públicas deben ofrecer información de forma activa, poniéndola a disposición del público "antes incluso de que se presenten solicitudes", especialmente a través de sus páginas web.
"España es uno de los últimos países europeos en adoptar una ley de acceso a la información por lo cual tiene la oportunidad de adoptar una ley progresista que refleje los estándares más altos", declaró Helen Darbishire, de Access Info Europe, uno de los miembros de la Coalición Pro Acceso.
La Coalición calificó la reunión de "muy positiva" pero pidieron al Gobierno que la futura ley deje claro que el acceso a la información es "un derecho fundamental incardinado dentro de la libertad de información". Este derecho no está recogido expresamente en la Constitución Española pero, según Pro Acceso, ya hay sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que han dejado claro que este derecho debe estar incluido en la libertad de expresión.
La Constitución española sólo menciona, en su artículo 105.b) que "la ley regulará" el "acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas".
Fuente: Europa Press
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