Por: Rodolfo Barros
El Gobierno prepara una nueva ofensiva hacia el grupo Clarín. El primer ataque se producirá antes de que suene la pirotecnia de fin de año, y el segundo, a mediados de enero. Perfil pudo establecer que el objetivo en ciernes es golpear la base de los ingresos del principal multimedios de la Argentina: Cablevisión-Multicanal, de donde proviene el 61% de la facturación del grupo. Clarín lo sabe y por eso reunió a un grupo de expertos, encabezado por el ex secretario Defensa de la Competencia, Carlos Winograd, quien escribió un informe que apunta a destruir las objeciones regulatorias con las que Néstor y Cristina Kirchner lo amenazan. El informe fue presentado anteayer a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC).
Clic en la imagen para ampliarEl plazo del compromiso se terminó el lunes pasado, y ahora la CNDC, que depende de la Secretaria de Comercio Interior, comandada por Guillermo Moreno, decidirá si Cablevisión-Multicanal cumplió las condiciones del acuerdo.
Néstor Kirchner evalúa los pasos a seguir para que el compromiso se dé como no cumplido. La decisión sería inminente. De esta forma, la fusión podría quedar sin efecto, y la red de cable con más abonados de América latina debería ser desmembrada.
La idea en el Gobierno es que el compromiso firmado en 2007, cuando las relaciones entre Clarín y los Kirchner eran más que cordiales, “es de difícil cumplimiento”. Es complejo técnicamente, ya que establece, entre otras cosas, las capacidades de transmisión de datos que Cablevisión debía desplegar en las distintas localidades. La empresa, en cambio, afirma que sobrecumplió el acuerdo.
“El compromiso fue voluntario y no depende de él la validez de la fusión”, aseguró a Perfil Carlos Moltini, gerente general de Cablevisión. Pero la resolución de Moreno que aprobó la fusión en 2007, estableció en su artículo 1° que se aceptaba el compromiso ofrecido por Clarín “en forma irrevocable”, lo cual lo convirtió en obligatorio.
La desaprobación de la fusión por Defensa de la Competencia sería simultánea con la puesta en marcha de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), que reemplazará al ComFeR y aplicará la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que obligará a Clarín a desprenderse de buena parte de sus abonados, ya que no puede tener más de 35% del total que hay en el país. Hoy cuenta con más de 50% del mercado, según algunas estimaciones privadas.
De no mediar contratiempos hoy, el Gobierno espera que el Boletín Oficial de mañana contenga las resoluciones de creación de la AFSCA que sería presidida por el interventor del ComFeR, Gabriel Mariotto.
La segunda. El siguiente golpe a la fusión vendrá en enero, y el artillero volverá a ser Mariotto. La fusión debía ser aprobada por la CNDC, pero el ComFeR debía monitorear si por la operación, Cablevisión-Multicanal cumplía con la Ley de Radiodifusión en cuanto a la superposición de licencias. La compañía devolvió las licencias en las que había superposición, hace dos meses y medio el ComFeR dictaminó que ese desprendimiento fue “nominal”. Para Mariotto, la empresa, además de devolver “el papelito” que es la licencia, debió desafectar los bienes con los que ofrece el servicio, lo que significa desprenderse de redes y abonados.
“Esta interpretación es nueva y no es consistente con la experiencia de devolución de licencias hechas previamente por nuestras compañías y otras, en el pasado”, explicó Moltini.
Hace unos días Cablevisión le ratificó al ComFeR con qué licencias se queda. En un mes, vence el plazo para que le informe cómo se desprenderá de los bienes. En Clarín aguardan las decisiones del ComFeR para cuestionarlas en la Justicia.
“Sobrecumplimos”
Clarín reunió a un grupo de expertos para el contraataque
Advertido de los movimientos del Gobierno, el grupo Clarín reunió a un grupo de expertos en Defensa de la Competencia para que evaluara el compromiso que asumió cuando se aprobó la fusión Multicanal-Cablevisión. Las conclusiones fueron presentadas el viernes pasado ante la Comisión de Defensa de la Competencia.
El equipo fue integrado por Carlos Winograd, ex secretario de Defensa de la Competencia y reconocido experto en la materia tanto en América latina como Europa; Gabriel Bouzat y Diego Petrecolla, ex presidentes de la CNDC. Los datos financieros fueron auditados por Price Waterhouse y los parámetros técnicos por la compañía especializada en redes, Cisco.
“El grado de cumplimiento durante el bienio posterior a la concentración económica notificada a la CNDC fue del 100%, es decir 100% completamamente satisfactorio”, escribió Petrecolla. Por ello asegura que corresponde que la CNDC “proceda a dar por cerrado el período de supervisión de las acciones comprometidas”, indicó.
En el informe se asegura también que:
La valorización del compromiso de inversión es de aproximadamente US$ 180 millones. “La inversión real ejecutada por Cablevisión en el período 2007-2009 es de US$ 632 millones”.
La extensión a desarrollar la red de fibra óptica de la compañía es de 3002 kilómetros habilitados y otros 2.335 kilómetros por habilitar, que suman 5.337 kilómetros. El compromiso hablaba de 2.844 kilómetros.
El compromiso incluía que 36 ciudades debían ser alcanzadas por la red. La fibra ya está habilitada en 62 ciudades y otras 22 están en proceso de habilitación.
Fuente: Diario Perfil
Se había comprometido a desembolsar US$ 180 millones y destino US$ 632 millones
CableVisión superó sus compromisos de inversión
A dos años de la aprobación de la fusión sin condicionamientos entre distintas empresas para conformar la operación de CableVisión, la compañía se presentó voluntariamente ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) para mostrar lo que hizo desde diciembre de 2007. La empresa, que se había comprometido a invertir US$ 180 millones en el período 2007/09, sobrecumplió ese objetivo y destinó US$ 632 millones. Fruto de esos desembolsos, logró una serie de mejoras en la prestación de servicios de televisión, conexión a Internet por banda ancha y la conformación de una red para brindar telefonía.
Para certificar el compromiso ofrecido por CableVisión, se convocó a un grupo de especialistas externos, reconocidos en su especialidad. De esa forma, Carlos Winograd (ex secretario de Defensa de la Competencia), Diego Petrecolla y Gabriel Bouzat (ambos ex titulares de la CNDC) corroboraron que el compromiso ofrecido al ente regulador logró un grado de cumplimiento del 100%, es decir "100% satisfactorio". Price Waterhouse realizó las certificaciones contables y Cisco aportó su expertise en cuestiones técnicas.
La fusión fue estudiada por 14 meses y obtuvo dictamen favorable de los tres miembros de la CNDC: José Sbatella, Humberto Guardia Mendonca y Diego Póvolo. Los tres suscribieron el artículo 13 de la ley 25.156, que establece una operación sin condicionamientos ni obligaciones de desinversión.
La empresa formuló un compromiso voluntario de inversión. "Luego de la firma del compromiso, teníamos que informar trimestralmente de su avance. Nunca tuvimos ninguna observación", detalló Carlos Moltini, gerente general de CableVisión. "Tras dos años, decidimos validar el cumplimiento de lo hecho con la opinión de distintas partes", explicó.
Más allá de las inversiones, CableVisión alcanzó otros hitos:
Extender su servicio de televisión paga y acceso a Internet: "Las compañías de cable, cuando dan banda ancha, empiezan a tener que transportar a través de las estructuras de las telefónicas. Como las redes de las compañías existentes no podían llevar datos de Córdoba a Buenos Aires en la forma que queríamos, implementamos la multiplicidad de servicios y la futura telefonía", precisa Moltini. CableVisión armó un backbone interurbano, una red de fibra óptica troncal. El compromiso era alcanzar una longitud de 2.844 kilómetros, con más de 1,8 millones de viviendas conectadas en 36 ciudades. Pero la compañía arrancará 2010 con 5.337 kilómetros y presencia en 2,34 millones de hogares, en 84 localidades.
Llevar la banda ancha a 45 localidades: Capital Federal, Gran Buenos Aires Sur, Norte y Oeste más una larga lista de ciudades tienen banda ancha.
Generar una evolución de las cantidades de Mbps ofrecidos en banda ancha: en 2007, el mejor servicio era de 10 Mbps. En 2010, estará ofreciendo hasta 30 Mbps.
Expandir el servicio digital: CableVisión lanzó más canales de audio y video, señales de alta definición, canales pay per view y DVR (para almacenar horas de grabación digital).
Garantizar los precios que se aplican en Buenos Aires a localidades del interior: Los únicos riesgos reales respecto a precios estaban en La Plata, Necochea, Santa Rosa y Casilda, donde la empresa era el único operador. "Y se cobra lo mismo que en Capital", asegura Moltini.
Prestación de una tarifa social: CableVisión prometió que entre el 5% y 10% de los abonados tendría acceso a una tarifa preferencial. Esa propuesta está disponible en 395.000 hogares (11% del área metropolitana de Buenos Aires).También brinda servicios en forma gratuita a casi 11.000 escuelas, hospitales y hogares de ancianos. La firma deja de facturar $ 1 millón mensual por este concepto, a perpetuidad.
Libre disponibilidad de señales propias para terceros. El temor de los reguladores era que las señales generadas por ArteAr (empresa del Grupo Clarín, que también es accionista de CableVisión), fueran usadas en beneficio de la compañía. Las señales de Artear sumaron muchos abonados por fuera de CableVisión. Por caso, Canal 13 tiene 282.480 más clientes que en 2007 y Todo Noticias agregó 433.107.
Garantizar una ubicación en la grilla de programación a los proveedores de señales televisivas, sean o no de competidores de sus empresas controladas. "Aquí utilizamos el criterio de la Federal Communication Commission (FCC) que estableció que el 60% de la programación de Time Warner tiene que ser de terceros", manifestó Moltini. ArteAr aporta 6 señales y sus competidores 72: es decir, el 92% no tiene ninguna relación con el grupo Clarín.
Fuente: Diario Clarín
Desinformar, adoctrinar, obstruir
La Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico hizo lugar a un insólito pedido de los abogados de Cablevisión y permitió así una nueva dilación en el expediente que investiga la validez de la fusión entre las dos mayores firmas operadoras de cable del país: Multicanal y Cablevisión.
La Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico hizo lugar a un insólito pedido de los abogados de Cablevisión y permitió así una nueva dilación en el expediente que investiga la validez de la fusión entre las dos mayores firmas operadoras de cable del país: Multicanal y Cablevisión.
En un oficio fechado el 11 de diciembre, el tribunal le exige al secretario de Comercio de la Nación, Guillermo Moreno, que presente los originales del expediente que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia lleva adelante para estudiar la operación comercial entre las cableoperadoras.
En verdad, el funcionario ya había presentado los veinte cuerpos, unas 5.560 fojas, fotocopiados y autenticados por escribano público, tal como señalan los usos y costumbres. Sin embargo, los magistrados los rechazaron y conminaron al organismo a presentar en 48 horas la documentación original. Semejante pedido, con semejante cantidad de fojas de por medio, podría derivar en el cajoneo indefinido de la causa.
El oficio judicial aparece firmado por los jueces Edmundo Hendler y Juan Carlos Bonzón, a quien fuentes oficiales señalan como un magistrado de muy buenos vínculos con el grupo encabezado por Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto.
De esta manera, el Grupo Clarín llevó adelante una nueva manifestación de poder y logró interponer una vez más una maniobra dilatoria que le permite seguir adelante con una operación comercial dirigida a concentrar casi todo el mercado de la televisión por cable de la Argentina.
A través de Cablevisión, el Grupo Clarín opera una de las mayores redes de sistemas de televisión por cable de la Argentina y Latinoamérica. Según información del propio monopolio, su cableoperadora supera los 3.200.000 clientes en televisión y los 760.000 en el servicio de banda ancha.
La fusión entre los dos principales operadores de cable de la Argentina lleva varios capítulos. En un principio, en diciembre de 2007, fue aprobada luego de que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia diera su visto bueno pero siempre y cuando se cumpliera con una serie de condicionamientos. Entre ellos se encontraba el reemplazo del tendido del cableado aéreo por la instalación de fibra óptica y que ambas empresas respetaran las zonas de mayor influencia que cada una tenía previamente a la fusión.
Defensa de la Competencia, a través de la Resolución 106, ordenó una auditoría para verificar que estos y otros requerimientos fueran cumplidos por las cableoperadoras. Pero la investigación oficial demostró incumplimientos generalizados.
Fue el interventor del ComFeR, Gabriel Mariotto, quien anunció en persona, en el Congreso de la Nación, la denegación a la solicitud de operación conjunta de Cablevisión y Multicanal.
El funcionario había declarado que “la conducta de la empresa incumple incuestionablemente el régimen de multiplicidad de licencias, viola las cláusulas de titularidad, realiza prácticas monopólicas e incumple la prohibición de maniobras de simulación”.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 43 de la Ley 22.285 -la normativa sobre medios que estaba vigente en el momento en que solicitó la fusión y que es la que antecedía a la recientemente aprobada Ley de Servicios Audiovisuales de Comunicación- una misma persona física o jurídica sólo podía tener una licencia de servicios complementarios de radiodifusión en una misma localización. Pero a raíz de la fusión con Multicanal y de sucesivas absorciones previas, Cablevisión pasó a tener más de una licencia de cable en diferentes jurisdicciones.
La empresa había presentado una propuesta mediante la cual renunciaba a las licencias excedentes, pero el organismo oficial consideró que sólo se trataba de renunciamientos nominales porque la compañía -por diferentes procesos de absorción- continuaba manteniendo en su poder la estructura y la frecuencia de aquellos sellos de los que se desprendía.
El Grupo Clarín, entonces, solicitó una medida cautelar pidiendo la suspensión de la resolución. En primera instancia, la Justicia le dio la razón, pero luego los magistrados de la Sala III de la Cámara de Apelaciones Contenciosa Administrativa, Jorge Argento y Carlos Grecco, revocaron el fallo inicial y consideraron que tanto el ComFeR como la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia están facultados para convertirse en organismos de aplicación de las leyes de la competencia y de radiodifusión, respectivamente.
En un nuevo intento de apelación que busca revertir la nueva sentencia, ahora la pelota pasó a la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones del Fuero Penal Económico, donde no se aceptan -parece- las fotocopias autenticadas por escribanos públicos que presentan los organismos oficiales.
Enojo de Miradas al Sur sobre el tratamiento que Clarín le da a los Kirchner
Sobre el arte de inventar noticias
Son acciones diarias del diario Clarín. Pero a menudo rompen los récords del asombro. El último viernes el diario publicó como segundo título en orden de importancia esta noticia presunta: "Seguirán investigando a Kirchner por el manejo de fondos". Como para darle mayor potencia a la información la bajada hablaba de "desvío de fondos de un fideicomiso de obras públicas hacia la Secretaría de Medios". Y otro dato más: "Habría sido en la campaña de 2005". El tratamiento elegido por La Nación fue más prudente: "Investigan fondos de Transporte". Sin embargo, de acuerdo a lo expresado por fuentes judiciales a este diario lo único real del caso es la reapertura por parte de la Cámara Federal de una causa por presuntas irregularidades detectadas por la Auditoría General de la Nación en el manejo de recursos del Estado en un período que va de 2001 a 2004. Es el ciclo iniciado durante la presidencia Duhalde en una causa que no contiene la menor alusión no sólo a Néstor Kirchner sino tampoco a Julio de Vido. La resolución se limitó a señalar que la investigación de la AGN debe seguir su curso. Pero lo investigado no tiene ninguna relación ni observación hecha sobre desvío de fondos entre secretarías ni campañas electorales. Y el lapso analizado por la AGN es muy anterior al de las elecciones legislativas del 2005.
La raíz misma del trámite judicial parece controversial: todo se originó en la denuncia efectuada por el abogado Juan Carlos Iglesias a partir de una nota publicada en Perfil relacionada con la auditoría de la AGN y sin alusión al tema de desvío de fondos para la campaña. Iglesias fue el que hizo asociación libre con la nota de Perfil.
El hombre es conocido como un multi iniciador de causas de todo tipo, un poco al estilo Ricardo Monner Sans, siempre con un recorte periodístico en la mano. Sólo que según los conocedores de Tribunales es un letrado de la derecha pura y dura. Al punto que fue defensor de Hugo Alberto Cáceres y Marcelo Anselmo Puyó, integrantes del escuadrón de la muerte de Don Torcuato durante la última dictadura.
Escuela Noble de formación de jueces
La invitación, formulada en lenguaje sobrio, distinguido, llevaba en el ángulo superior izquierdo el logo de una institución respetada: el Centro de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, entre cuyos fundadores se destacan Miguel Braun, hombre de la Universidad de Harvard y antiguo consultor del BID y el Banco Mundial, y Sonia Cavallo. En el centro, otro logo de una institución algo más opaca: la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura. Finalmente, a la derecha, el último isotipo en elegantes cursivas: la Fundación Noble, del Grupo Clarín.
Motivo de la invitación: un ciclo de charlas sobre Los desafíos de la Justicia, en el marco del compromiso por “alcanzar la excelencia institucional de la Argentina”. Los firmantes de la invitación expresan en ella “decidimos generar espacios para la capacitación, formación y reflexión por parte de magistrados, responsables de llevar adelante uno de los poderes pilares de la democracia y el Estado de Derecho: la administración de Justicia”.
Supongamos que hasta aquí todo suene más o menos razonable. Lo llamativo es quién firma la invitación y se dispone a capacitar, formar y hacer reflexionar a los jueces: Jorge C. Rendo, bajo cuya rúbrica puede leerse: Director Corporativo de Relaciones Externas. Grupo Clarín. El otro detalle no menor: la invitación anuncia que el primer curso se llevará a cabo en el auditorio del diario Clarín, Piedras 1743.
¿Cómo es la cosa? ¿El Grupo Clarín funciona como una escuela para la excelencia de los magistrados? Si se tratara de una vinculación entre funcionarios del Ejecutivo y un importante grupo económico, ¿no se hablaría con suspicacia de tráfico de influencias o relaciones non sanctas?
Escuela de formación de cuadros. La invitación tiene fecha 16 de mayo de 2007. Es lo que se llama construcción de estrategias. Con método, paso a paso. Tal como, ayer mismo, apurando el expediente, el gran diario argentino tituló, a partir de una movida del transparentísimo gobernador Alberto Rodríguez Sáa, Primer paso para que la Corte se pronuncie sobre la ley de medios.
Fuente: Miradas al Sur
