La licitación tiene el objetivo de contratar un servicio de consultoría para desarrollar un esquema de costos en la materia, lo que generó suspicacias porque el proyecto es ambiguo respecto de la libertad de las empresas para establecer los precios.
El martes pasado salió publicado en el Boletín Oficial el llamado a licitación pública internacional 24/2014 de la CNC. El objeto es contratar un “servicio de consultoría y asistencia técnica para el diseño, construcción y desarrollo de modelos de costos de operadores de telefonía fija, telefonía móvil y acceso fijo a Internet de banda ancha, así como de un operador móvil virtual”.
La licitación podría servir si el Estado contase con una empresa pública dedicada a prestar esos servicios, pero no es el caso. En telefonía móvil, por ejemplo, el Gobierno intentó lanzar la firma Libre.ar, pero fue un fracaso. Así, especialistas en la materia consideran que el objetivo del Gobierno sería tener un sustento técnico para fijar los precios de telefonía móvil e Internet una vez que esté en funcionamiento la nueva ley.
El proyecto Argentina Digital establece en su artículo 48 que los licenciatarios de servicios de TIC (tecnologías de la información y las comunicaciones) “fijarán sus precios”, y aclara que deberán ser “justos y razonables”. Pero el segundo párrafo abre signos de interrogación cuando sostiene que las tarifas de aquellos servicios “que determine la Autoridad de Aplicación por razones de interés público, podrán ser reguladas por ésta”. Y el artículo 1 del proyecto declara como de “interés público” todo lo vinculado con los servicios de telecomunicaciones.
La iniciativa se encamina a convertirse en ley el martes próximo en la Cámara de Diputados con el apoyo del bloque kirchnerista y los tradicionales aliados. El debate estará cargado de polémica, no sólo por el contenido del texto –que para la oposición favorece a las empresas telefónicas– sino también por el trámite legislativo. El proyecto se votó en el Senado el miércoles por la noche y apenas unas horas después, el jueves, ya estaba siendo presentado en la Comisión de Comunicaciones de Diputados, donde lo defendieron tres funcionarios, y el oficialismo consiguió las firmas necesarias para tener dictamen.
Mala señal
- Sectores de la oposición creen que la aplicación de la nueva ley será impugnada en la Justicia, como sucedió con la Ley de Medios.
- Gerardo Milman, director por la oposición en la AFSCA, afirmó que la iniciativa es “inconstitucional”.
- “Al ser una ley que fija contribuciones, tendría que haber sido tratada previamente en la Cámara de Diputados, como lo establece el artículo 52 de la Constitución”.
