Nueve periodistas de los medios de la empresa pidieron que se suspenda la transferencia compulsiva de radios y canales de TV. Denuncian acto de censura indirecta. "Ese es un invento absurdo y temerario que forma parte de la estrategia empresarial para burlarse de la ley", respondió el titular del organismo, Martín Sabatella
La Justicia en lo contencioso administrativo de la Capital Federal deberá resolver una acción de amparo para que se suspenda la “transferencia de oficio” de radios y canales de televisión del Grupo Clarín, dispuesta por el Gobierno a través de la Administración Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA).
En la presentación judicial -caratulada “Ivnisky Blanck, Julio y Otros c/ AFSCA s/Amparo ley 16.986”- los demandantes solicitan frenar la aplicación de la resolución 1121/14 de AFSCA y cualquier otro acto administrativo similar, por consideran que se trata de censura indirecta.
Ante el juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Pablo Cayssials, recurrieron a través de un escrito los periodistas Jorge Lanata, Marcelo Longobardi, Magdalena Ruiz Guiñazú, Nelson Castro, Julio Blanck, Jorge Fernández Díaz, Alfredo Leuco, Joaquín Morales Solá y Eduardo van der Kooy. También respaldaba la acción el periodista Pepe Eliaschev, quien falleció antes de firmar los papeles patrocinados por los abogados María Angélica Gelli y Ricardo Gil Lavedra.
Los demandantes afirmaron que la resolución de AFSCA para que ese organismo subaste radios, canales de TV y/u operadores de TV por cable del Grupo Clarín, por la aplicación selectiva de la ley de medios, “es el corolario de una campaña de persecución y hostigamiento” que vienen sufriendo en los últimos años, destinada a silenciarlos, “por lo que constituye un acto de censura indirecta”, según los antecedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Joaquín Morales Solá dijo que la presentación “es importante, porque se trata de una situación que nos afecta como periodistas. Cuando este Gobierno presiona para la transferencia de medios de comunicación privados, esos medios terminan en manos de amigos del Gobierno. Si eso sucede nos quedaríamos sin los programas de radio y TV”, como ya les ocurrió a Longobardi y Lanata, entre otros.
“La estrategia del Gobierno consiste en instalar un clima de opresión, y sus formas son cada vez menos disimuladas y más intimidatorias. Para ello, se lleva a cabo una maniobra de pinzas, que busca amedrentar a periodistas, debilitar a los medios independientes, atacar su credibilidad y su independencia económica y, al mismo tiempo, fortalecer un universo de medios adictos, integrados por medios públicos o privados en manos de empresarios amigos”, señalaron en el escrito.
El caso más paradigmático y referente absoluto para este es el precedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos “Ríos vs. Venezuela”. Los periodistas venezolanos sostenían que el cierre del canal RCTV para el que trabajaban constituía la “concreción de la amenazas” que habrían tenido lugar desde finales del año 2006 (amenazas de revocatoria o no renovación del permiso o concesión de los medios de comunicación privados).
Coincidente con ello, los periodistas argentinos sostienen que la resolución 1121/2014 de la AFSCA es la culminación de esta campaña de persecución y hostigamiento de la que vienen siendo objeto en los últimos años. Agregan que a los periodistas venezolanos se los hostigaba y perseguía permanentemente, se los llamaba “jinetes del Apocalipsis”, “fascistas”, de tener una “campaña de terrorismo” y “estar concertados en una acción contra el gobierno de Venezuela, contra el pueblo, las leyes y la República y se los trataba de “perversos, mentirosos, inmorales, golpistas y terroristas”.
La CIDH entendió que era claro que los periodistas se habían visto enfrentados a situaciones amenazantes, amedrentadoras y que pusieron en riesgo sus derechos y que ellos implicaba un supuesto de censura por medios indirectos.
La AFSCA informó hoy que deberá ofrecer su descargo ante una acción de amparo presentada por periodistas del Grupo Clarín para frenar la adecuación de oficio del multimedio a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Se trata de una cautelar contra la resolución de la AFSCA que establece el vencimiento del plazo para la adecuación voluntaria del Grupo Clarín a la ley 26.522 y el inicio del proceso de transferencia de oficio de las licencias en las que se excede esa compañía.
El organismo que preside Martín Sabbatella fue notificado en este jueves del pedido y tiene cinco días para presentar su descargo ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Número 9, a cargo de Pablo Cayssials, se informó. "La demanda es otro disparate orquestado por (el CEO del Grupo Clarín, Héctor) Magnetto, con el único propósito de no cumplir con los límites de tenencia de medios establecidos en la ley", denunció Sabbatella.
De esta manera, el funcionario nacional rechazó la acción judicial interpuesta por los periodistas Nelson Castro, Jorge Fernández Díaz, Julio Blanck, Jorge Lanata, Alfredo Leuco, Marcelo Longobardi, Joaquín Morales Solá, Magdalena Ruiz Guiñazú y Eduardo Van der Kooy.
"Exigir que un empresario de medios cumpla con las leyes no afecta en absoluto a quienes trabajan en esos medios. Ese es un invento absurdo y temerario que forma parte de la estrategia empresarial para burlarse de la ley; sea quien sea el que lleve adelante esa estrategia", agregó el exintendente de Morón.
De acuerdo a lo expuesto en el documento entregado a la AFSCA, los demandantes piden que "sea declarada nula" la resolución 1121/14 por entender que "constituye un acto de censura indirecta; emana de un órgano que no es independiente como lo exige la Constitución Nacional y la Corte Suprema; ha sido dictada por un órgano sin competencia, pues dispone medidas que sólo pueden ser ordenadas por un juez; y viola la defensa en juicio y se basa en hechos falsos, aplicando arbitraria y discriminatoriamente la ley".
Fuente: Agencias DyN y Noticias Argentinas
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