El juez en lo Civil y Comercial Horacio Alfonso le otorgó al holding la medida para impedir la adecuación de oficio a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
Nuestro periodista Gabriel Morini anticipó en La Mañana que el juez federal en lo Civil y Comercial Horacio Alfonso, a cargo del Juzgado número 1 de ese fuero, le otorgó al Grupo Clarín la cautelar para impedir la adecuación de oficio del holding a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
En diálogo con Víctor Hugo, Morini explicó que la medida "detiene el proceso de adecuación de oficio. El 31 de octubre, Alfonso le había otorgado una precautelar al Grupo y en ese momento la AFSCA alegó 'gravedad institucional' de concretarse la medida. Se da la curiosidad de que a las 13.20 de ayer la AFSCA concurrió al Juzgado para notificarse, pero les dijeron que no había novedades; sin embargo, 8 minutos después se notificó el Grupo Clarín", graficó.
La medida tiene una vigencia de seis meses, pero será apelada por el organismo que encabeza Martín Sabbatella.
El magistrado había concedido una medida previa en octubre, tras la impugnación de las resoluciones del AFSCA por parte de Clarín. El multimedios denunció que las decisiones de la autoridad de aplicación implicaban una “violación del procedimiento legal”, y el juez lo consideró verosímil. El magistrado señaló “aparentes deficiencias en el proceso de análisis, deliberación y el consiguiente proceso de conformación de la voluntad” en el directorio del órgano de aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
El directorio decidió rechazar el plan de división del Grupo Clarín en seis unidades operativas, tras encontrar lazos entre los integrantes de las sociedades que no están permitidos por la ley. Alfonso aclaró que resolvió la medida cautelar en base a “indicios” y no certezas, pero sostuvo que la resolución de AFSCA que dispuso la transferencia de oficio de esas licencias “luce fuera de márgenes razonables de proporcionalidad”. Calificó de “extrema” a la decisión administrativa y señaló la “gravedad e incidencia” de la resolución.
El magistrado del fuero civil fue el que declaró la constitucionalidad de la ley de medios ante los primeros planteos de Clarín. Ahora consideró que la adecuación de oficio “provocará una grave afectación patrimonial y operativa cuyas secuelas serían de muy difícil o imposible reparación”, y decidió suspenderla hasta resolver el planteo de fondo. El fiscal Miguel Ángel Gilligan había dictaminado en contra de la cautelar solicitada por el multimedios, pero el juez se apartó de la recomendación.
El ente que dirige Sabbatella cuestionó la decisión cautelar del juez, que puso en duda el consentimiento de los integrantes de su directorio. La decisión del cuerpo fue adoptada por el voto mayoritario de sus miembros, tras el proceso reglamentario de deliberación. Sostienen que la decisión judicial está sustentada en versiones periodísticas y no en los informes técnicos. En un comunicado, el titular de AFSCA insistió: “Dimos los pasos correctos para que el Grupo Clarín se encuadre a los límites establecidos en la ley 26.522, iniciando el proceso de adecuación de oficio después de probar que existen vínculos societarios en Nueva Zelanda, Panamá, Estados Unidos y Argentina, que son incompatibles con la ley”.
“Creemos que lo resuelto favorece directamente la actitud dilatoria que le ha permitido a Grupo Clarín seguir dominando el mercado de medios luego de 5 años de sancionada la ley”, informó el ex intendente de Morón. Y dijo que el fallo “privilegia el interés particular de un grupo hegemónico contra nuestra decisión de garantizar el cumplimiento de las leyes, la pluralidad, la diversidad y la libertad de expresión”.
El titular de AFSCA afirmó que “una parte importante de la Justicia está colonizada por los poderes económicos concentrados y tiene miedo de terminar con los privilegios”. Y dijo que “la Justicia debería preocuparse en exigir que las leyes se cumplan, no en darles herramientas a los grupos concentrados para que las eludan”. En la apelación harán referencia a la decisión del mismo juez sobre la constitucionalidad de la medida, en la que explicó que esta clase de medidas cautelares le corresponde decidirlas el fuero contencioso administrativo.
Alfonso no se pronunció sobre la constitucionalidad de la norma que dispone la transferencia de oficio, y aclaró que la cautelar “no implica juzgar ni prejuzgar los derechos de los accionantes ni la procedencia de su reclamo”. Después de cinco años de litigio, la Corte convalidó la constitucionalidad de la ley de medios en octubre del año pasado. Aun así, el multimedios más grande de la Argentina todavía encuentra cómo dilatar su adecuación a la ley, y sigue recurriendo al fuero civil para hacerlo.
Detalles del fallo
El fallo consideró que el grupo multimedios resultaría éstos afectados por los actos dictados por un órgano de la administración pública susceptibles de producir un daño "irreparable" tanto a intereses privados como de la sociedad.
Se trata de la autoridad de aplicación de la mentada norma, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), que entre Agosto y Octubre de este año emitió tres resoluciones por la cuales se disponen los activos de los demandantes y negando a la vez los proyectos de escisión de aquéllos, según publicó el Centro de Información Judicial del Poder Judicial este 16 de diciembre.
El magistrado a cargo de la causa radicada en lo Civil y Comercial Federal, Horacio Cecilio Alfonso, destacó esencialmente que se trataba de una medida que excedía el límite del respeto a las garantías constitucionales como la propiedad privada y la libertad de expresión y prensa, en un documento firmado el 9 de diciembre.
Fundamentos del Juez Alfonso:
El interés privado comprometido está expuesto a un daño irreversible, si bien aclara, “no existe compromiso y una afectación grave a los intereses generales y de las prerrogativas emanadas de la organización de los servicios de comunicación audiovisual”;
La enajenación y adecuación “compulsiva” de los distintos medios comunicacionales del grupo accionante, provocará a una “grave afectación patrimonial y operativa, cuyas secuelas (pérdidas económicas) –de materializarse- sería de muy difícil o imposible reparación”
Los actos administrativos que pretenden impugnar:
Resolución nº 193/2014, que aprueba la propuesta de adecuación;
Nota 640/2014, por la cual el organismo (AFSCA), intima a las actoras a que en el plazo de 10 días se desvirtúe la existencia de vinculaciones societarias entre los distintos fiduciarios de los “trust” propuestos en el proceso de adecuación en las unidades de servicios de comunicación audiovisual;
Resolución 1121/2014, que dispone dar inicio al “Procedimiento de Transferencia de Oficio”, a la vez que dicho acto emanado de la administración rechaza los procedimientos de escisión propuestos por las accionantes, así como la conformación de los trusts extranjeros y las transferencias propuestas por el grupo.
Argumentos de Grupo Clarín SA, Arte Radiotelevisivo Argentino S.A. y Radio Mitre S.A:
Las directivas que emanan de las resoluciones administrativas de AFSCA (la venta forzosa de activos físicos de su propiedad para la prestación de servicios audiovisuales y de internet), afectaría no sólo intereses económicos particulares sino que violaría otros derechos constitucionales más generales como la libertad de imprenta, prensa y expresión tanto suyos como de toda la sociedad.
Este proceso de adecuación a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales (coloquialmente conocida como Ley de Medios Argentina), excede al marco normativo de la misma, en tanto dispone un“desapoderamiento ilegítimo y forzoso, y la adjudicación de activos a quien el Gobierno considere más conveniente”;
Que dado que es un año electoral el que se viene, los candidatos de la oposición no podrían difundir sus ideas, pensamientos y propuestas, afectándose así el derecho del electorado a acceder a información libremente elegida.
Resolución del juez Alfonso:
Hacer lugar a la medida cautelar solicitada, por lo que dispone la suspensión de la Resolución 1121/2014 y, ergo, el “Procedimiento de Transformación de Oficio” iniciado por AFSCA respecto del grupo que demanda, por el plazo de 6 meses bajo caución real (garantía) de 1 millón de pesos argentinos.
Clarín usa una "multiplicidad de artilugios" para impedir la aplicación de la ley de medios
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, se refirió a la nueva medida cautelar de la justicia civil y comercial federal conocida ayer, que favorece al grupo y frena el proceso de adecuación de oficio dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA)
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, volvió a denunciar hoy que el grupo Clarín utiliza una "multiplicidad de artilugios" para impedir la "efectiva aplicación" de la ley de servicios de comunicación audiovisual.
Así lo afirmó el funcionario en rueda de prensa en Casa de Gobierno, al ser consultado sobre la nueva medida cautelar de la justicia civil y comercial federal conocida ayer, que favorece al grupo y frena el proceso de adecuación de oficio dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA).
"Hace 4 años y 2 meses, el Congreso aprobó una norma y el Grupo Clarín no procede respecto a lo establecido por la ley y utiliza una multiplicidad de artilugios legales para impedir la efectiva aplicación de la misma y del artículo 16 de la Constitución, que establece que todos los habitantes son iguales ante la ley", dijo el funcionario.
Para Capitanich, "si todos somos iguales debemos respetar la ley del Congreso y el fallo de la Corte Suprema, que es el máximo tribunal".
"La ley establece claramente que si no accede al plan de adecuación debe propiciarse la de oficio, y eso ha hecho la autoridad de aplicación", dijo, y añadió que "interponer un recurso de carácter judicial es simple y llanamente pretender dilatar una medida judicial, algo que no es compatible con la aplicación de la norma".
Fuentes: RadioContinental, InfoJusNoticias
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