Por: Irina Hauser
La maraña judicial que rodea a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual debería empezar a desenredarse esta semana, según las directivas que dio la Corte Suprema en su última resolución. Sin embargo, la única situación que podría tener algún efecto ante la llegada del 7 de diciembre, cuando vence la medida cautelar que por ahora exceptúa al Grupo Clarín de la obligación de desinvertir, sería que haya un fallo de la Cámara en lo Civil y Comercial, que tiene en sus manos la posibilidad de extender (o no) ese plazo, como pidió el multimedios.
A pesar de que el máximo tribunal exigió que el juez Horacio Alfonso dicte de “inmediato” una sentencia sobre la validez constitucional de la ley que regula el mercado de medios, es imposible que eso suceda en los hechos por los tiempos procesales propios del expediente y los pasos burocráticos que faltan dar. Llegue cuando llegue, esta decisión será la más importante porque tendrá –por primera vez en este asunto– la fuerza de una definición. En pocos días, de todos modos, se mezclará con los nuevos reclamos judiciales del grupo empresario que, todo indica, empezará a plantear en cuanto la AFSCA el Grupo Clarín le pidió a la Corte Suprema que extienda la medida cautelar a su favor más allá del 7D, al tiempo que denunciaba “privación de justicia” con el argumento de que eso mismo le había requerido a la Cámara, que no había podido fallar porque algunos de sus miembros fueron recusados por el Gobierno. La fundamentación presentaba una paradoja, ya que el propio multimedios desde octubre de 2009, cuando pidió la primera cautelar (aun antes de que se votara la ley), hizo todo lo posible, a fuerza de inacción, por evitar un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de la obligación de desprenderse de licencias en un año y de los límites a la concentración. Los expedientes civiles, a diferencia de los penales, sólo avanzan cuando la parte demandante –en este caso la empresa– les da impulso, algo que por los tres años transcurridos no parece haber sido la norma.
El máximo tribunal firmó dos resoluciones la semana pasada, en las que no habló de la falta de iniciativa del grupo empresario. Eligió poner el énfasis en el papel de los tribunales. En uno de los fallos rechazó el pedido del multimedios por “inadmisible” ya que –señalaba– previamente debería pasar por la Cámara, a la que a la vez le indicaba que resolviera sus problemas de integración que le impedían avanzar. En el otro, ordenó “dictar una sentencia de fondo, y no cautelar” y recordó lo que ya había dicho en mayo, al poner la fecha del 7 de diciembre: que las medidas cautelares no pueden durar hasta el infinito, si no se transforman en sentencias anticipadas de hecho. En esta línea, ahora la Corte le dijo al juez Alfonso que tiene que fallar en forma inmediata sobre la constitucionalidad de la norma discutida y, a la Cámara, que designe conjueces del fuero contencioso administrativo para salir de su parálisis. Para agilizar, los supremos ordenaron habilitar fines de semana, feriados y vacaciones.
La orden judicial de actuar de “inmediato” suena fuerte, pero es relativa. La AFSCA ya anunció que cuando llegue el 7D (que en rigor será el 10D ya que hay un fin de semana en el medio), como habrá caído la medida cautelar que “protege” a Clarín, comenzará a actuar de oficio, con la tasación de los medios que posee y que exceden los límites establecidos por la ley. Pero nada de lo que pueda ocurrir es tan taxativo. Varios caminos se abren.
La Sala I de la Cámara en lo Civil y Comercial es la que tiene a su cargo el caso Clarín, y la que recibió hace un tiempo el pedido de extensión de la medida cautelar. Pero uno de sus jueces renunció (Martín Farrell), otro (Francisco de las Carreras) está recusado y sólo María Susana Najurieta está en condiciones de fallar. Otra camarista que había sido nombrada como sustituta, Graciela Medina, también fue recusada por el Ejecutivo. El martes último fueron nombrados dos subrogantes de otro fuero, el contencioso administrativo, para reconstituir la sala. Es factible que eso ocurra esta semana, a menos que los jueces acepten producir pruebas sobre las recusaciones que pidió el Gobierno, que evidentemente apuesta a hacer tiempo para que Clarín no consiga una prórroga. Por ejemplo, pidió datos sobre un viaje a Miami de De las Carreras a un evento sponsoreado por Cablevisión, que según la denuncia de jefatura de gabinete le pagó el Grupo Clarín.
En la Casa Rosada hay cierto temor a que, más pronto que tarde, la Cámara prolongue la cautelar hasta que el juez Alfonso, emplazado por la Corte, resuelva la discusión de fondo, para lo cual no debería faltar tanto. Es una posibilidad existente. Pero en el Gobierno prefieren pensar que sería rebelarse contra la proclama de la Corte de que las medidas cautelares no deben ser eternas. El panorama es incierto: la Cámara podría tomar decisiones en cuestión de horas, o no.
Suponiendo que llegue el 7D sin avances en la Cámara y sin resolución de fondo, de acuerdo con una de las lecturas que circulan en tribunales sobre lo que dijo la Corte, Clarín podría reclamar judicialmente que no lo pueden obligar a desinvertir porque los jueces supremos postularon que mientras no haya un fallo sobre la constitucionalidad habrá privación de justicia. Desde esta perspectiva, si bien el máximo tribunal rechazó la pretensión del multimedios de que le extiendan la cautelar, le dejó una estrategia servida. Un clásico supremo: tratar de repartir y dejar a todos los interesados con algo. Lo que seguro pasará una vez que la AFSCA empiece a actuar, si judicialmente nada cambió de acá a una semana –como posiblemente suceda–, es que Clarín apueste a multiplicar sus denuncias y reclamos en tribunales.
La decisión que adopte el juez Alfonso al analizar si son constitucionales o no los artículos 161 (plazo de un año de desinversión) y 45 (límites a la concentración de licencias) de la ley de medios es de suma importancia, pero con tan sólo con mirar los tiempos que marca el Código Procesal se advierte que es algo imposible de concretar en unos pocos días. Tanto el Gobierno como Clarín lo dan casi por descartado. Sólo sería pensable si ocurriera el milagro de que las partes renunciaran a los plazos. Por lo pronto, todavía Alfonso tiene que definir si acepta a la AFSCA como parte, y debería también correrle vista al fiscal antes de su fallo final, aunque algunos juristas dicen que podría obviarlo. Luego, tiene que llamar a “autos para sentencia”, después de lo cual las partes tienen cinco días para plantear objeciones. Además, desde el momento en que inaugura esta etapa previa a la sentencia, se le conceden cuarenta días para anunciar su resolución final. De acuerdo con las normas procesales, esa sentencia no surtiría efectos prácticos mientras no la confirme un tribunal superior.
En estos tres años, el fuero civil y comercial falló casi en forma sistemática a favor de Clarín. En primera instancia, la mayor parte del tiempo el caso estuvo en manos del juez Edmundo Carbone, quien se jubiló a fines del año pasado, sin haber fallado sobre el dilema de fondo. En la Cámara, la Sala I, con Najurieta, De las Carreras y Farrell, perpetuaron la medida cautelar y se manifestaron en defensa del derecho de propiedad del multimedios. Nadie se anima a apostar qué hará Alfonso, un juez joven, que fue nombrado por Cristina Kirchner, el año pasado. Clarín atesora, ante cualquier eventualidad, la intención de recurrir a la Corte Interamericana, con el argumento de la privación de justicia. Para la empresa o el Gobierno, una herramienta es el per saltum, si se llegara a publicar y reglamentar (algo que no sucedió aún). El juez de la Corte Raúl Zaffaroni habló de la trascendencia pública del caso, lo que hace pensar que, llegado el caso, el tribunal podría considerar ese recurso.
Foto: Dafne Gentinetta
Fuente: Diario PáginaI12
