Libertad de expresión en Argentina
El Grupo Clarín soporta un persistente ataque gubernamental por su línea informativa crítica e independiente
El Gobierno invoca la ley del 2009 para sacar a subasta las licencias de operación de medios audiovisuales asignadas al conglomerado
Grupo Clarín, el conglomerado de medios de comunicación más grande de Argentina, es una empresa periodística independiente, crítica del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, como lo ha sido de otros gobernantes. Esa criticidad le ha valido un ataque persistente, montado, a la nueva usanza latinoamericana, sobre modificaciones legales hechas al amparo de transitorias mayorías cuyos líderes pretenden perpetuarse en el poder.
Hugo Chávez inauguró la tendencia en Venezuela. Consiste en confundir la democracia con el mero ejercicio del sufragio y, luego de triunfar en una elección, ajustar la legalidad para asegurarse victorias sucesivas. El método se aplica con diferencias en Venezuela, Nicaragua y Argentina, pero en todos los casos la prensa independiente es un estorbo, y las leyes de medios, el arma escogida para someterla.
Las reformas legales se hacen al amparo de argumentos inobjetables cuando se las considera en abstracto. La profundización de la democracia, la protección de la niñez, la veracidad, la tutela del honor, el pluralismo, la educación y la promoción de la cultura, entre otros. A la primera oportunidad, la tutela del honor se convierte en inmunidad del gobernante frente a la crítica; la educación y cultura, en adoctrinamiento y publicidad oficial; la veracidad, en lo que el Gobierno defina como tal; y el pluralismo se reduce ante la preeminencia de los medios oficiales.
La implantación del modelo es más perfecta en Venezuela, dadas sus particulares condiciones políticas e institucionales. En Argentina es posible recurrir a los tribunales, invocar garantías democráticas, y la gobernante no puede desentenderse de la opinión pública. Sin embargo, no puede disimularse el propósito de acallar la crítica y expandir la participación del kirchnerismo en los medios de comunicación.
Un transitorio de la ley aprobada en el 2009 limita el número de licencias asignadas a cada grupo empresarial para operar medios audiovisuales. El propósito pregonado de la ley es combatir las prácticas monopolísticas y promover el pluralismo. Sin embargo, se aplica con disparidad a amigos y enemigos, fomenta la influencia estatal en los medios audiovisuales, y pocos dudan de que el Grupo Clarín es su blanco principal.
Contrario al anunciado fin de estimular la diversidad, la influencia gubernamental se extiende a cerca del 80% de los medios audiovisuales. Ahora, la supuesta entrada en vigencia del transitorio de la ley del 2009 crea la oportunidad de subastar las licencias que el Grupo Clarín posee por encima del límite establecido en la normativa. El Gobierno anunció la intención de celebrar la subasta, pero la empresa defenderá sus intereses en los tribunales, donde ya obtuvo una importante victoria con la suspensión de los efectos de la ley.
Es legítimo discutir el número de licencias otorgadas a los operadores de medios de comunicación. También es lícito impedir las prácticas monopolísticas, pero la ley no debe estar hecha a la medida de un conglomerado en particular, ni los criterios de aplicación pueden ser antojadizos.
La manipulación del otorgamiento de licencias se presta para premiar a los amigos y castigar a los enemigos. Por esa vía, hay riesgo de fomentar el peor de los monopolios informativos: el del Estado. Cuando el Gobierno marca la pauta de los medios de comunicación, suprime la crítica y añade al ejercicio del poder la capacidad de imponer la agenda.
La “Declaración de principios sobre la libertad de expresión”, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aborda el problema en su artículo 13: “La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley...”.
El Grupo Clarín, más allá de la discusión sobre la cantidad de licencias asignadas, es objeto de castigo “en función de su línea informativa”, y la incompatibilidad de esas acciones con la libertad de expresión no amerita debate.
La Tercera, Chile:
Libertad de expresión en Argentina
El hostigamiento del que ha sido objeto el grupo argentino Clarín por parte de la administración de la Presidenta Cristina Fernández, en respuesta a sus cuestionamientos a través de recursos judiciales de la llamada “Ley de Medios”, debe ser motivo de preocupación ante la amenaza que supone para la libertad de expresión y el sano ejercicio de la crítica democrática en el país vecino.
La “Ley de Medios”, aprobada en 2009, contiene disposiciones controversiales, entre las que cabe mencionar la que promueve la “desmonopolización”, esto es, fijan límites a a la propiedad conjunta de medios, tanto en la cantidad como en el tipo de licencias. Este punto parece diseñado especialmente para afectar al grupo Clarín, que, al ser el mayor conglomerado de medios de Argentina, se vería obligado a desprenderse de múltiples empresas asociadas. El holding ha reclamado ante tribunales la inconstitucionalidad de la legislación, y mediante amparos ha conseguido postergar su aplicación, estando pendiente que la Corte Suprema se pronuncie.
Esta disputa judicial ha generado airadas reacciones del gobierno, incluso de la propia presidenta, llegándose al extremo de lanzar ataques en contra de periodistas o directivos pertenecientes a dicho conglomerado a través de cadenas nacionales. Estas cuestionables prácticas han sido reforzadas con la asignación arbitraria de abundante publicidad estatal hacia aquellos medios que se abstienen de realizar críticas al gobierno. El escenario descrito constituye una amenaza directa para el ejercicio de las libertades de prensa y expresión, cuestión que ha sido denunciada por instituciones como la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP), la cual recientemente alertó que en Argentina continúa habiendo graves inconvenientes para el desempeño libre del periodismo. Ello impide que la ciudadanía ejerza una adecuada fiscalización y control al poder constituido, lo que es un riesgo para el sano funcionamiento de su democracia.
