El presidente enviará el proyecto al Parlamento. Buscan una norma “lo menos conflictiva posible”. Ofrece plazos de adecuación más extensos que la ley argentina y no prohíbe la propiedad cruzada
Por: Facundo F. Barrio
Para evitar una versión charrúa de la batalla del 7D, el gobierno de José Mujica edulcoró el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que se discutirá en los próximos meses en Uruguay. A diferencia de la ley argentina, el borrador que tiene en su poder el Ejecutivo uruguayo –y que enviará al Parlamento en 2013– no modifica sustancialmente los límites actuales de concentración mediática y establece extensos plazos de adecuación para desinvertir.
Al menos, así surge de los detalles sobre el proyecto oficial que la revista uruguaya Brecha dio a conocer esta semana. Aunque el texto comenzó a discutirse hace más de dos años, el gobierno uruguayo aún no lo hizo público. En base a fuentes gubernamentales, el semanario reconstruyó los principales puntos de la iniciativa. El borrador mantiene casi inalterable la actual estructura de medios en Uruguay y otorga cinco años para adecuarse a la nueva situación.
El proyecto original no era exactamente así, sino que fue modificado cuando llegó a manos del Ejecutivo. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual había comenzado a debatirse en agosto de 2010, en el marco de un Comité Técnico Consultivo integrado por movimientos sociales, empresarios de medios, académicos, medios comunitarios, funcionarios y otros actores.
Según Gabriel Kaplún, presidente del Comité y director de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de la República, el borrador que ahora manejan Mujica y sus asesores no refleja algunas de las conclusiones a las que había llegado el Comité. “El proyecto de Presidencia es más tibio en lo referido a los plazos de las licencias. También deja dudas sobre los límites a la concentración. Y los tiempos fijados para desinvertir parecen ser otro punto problemático”, dijo Kaplún a PERFIL.
En contraposición con el famoso artículo 161 de la ley argentina, que fija un plazo máximo de un año para adecuarse a la nueva legislación, el proyecto uruguayo otorga cinco años. En cuanto a la “propiedad cruzada”, el borrador que estudia Mujica prohíbe ofrecer servicios de comunicación y al mismo tiempo de telefonía o telecomunicaciones, pero no impide el control cruzado de distintos tipos de medios (televisión abierta, televisión por cable, radio) como sí lo hace la ley argentina.
Además, el proyecto prácticamente no altera los límites de licencias para televisión abierta o radio actualmente vigentes. Por último, los plazos de duración de las licencias son más prolongados que en la legislación de la Argentina y no tienen efecto retroactivo.
¿A qué se debe la “timidez” del proyecto uruguayo? En opinión del experto uruguayo en medios Edison Lanza, el gobierno de Mujica prioriza una convivencia pacífica con los grandes medios de comunicación. “A diferencia de lo que ocurrió en la Argentina, el gobierno uruguayo encaró el proceso regulatorio a partir de una estrategia negociadora con los grupos mediáticos. Los cambios introducidos luego del informe del Comité no fueron producto de debates públicos, sino que se definieron en despachos ministeriales. Los medios, a su vez, se cuidan de no llevar una agenda crítica del gobierno, salvo en aspectos puntuales”, señaló Lanza, autor de La televisión privada comercial en Uruguay, donde se incluye el mapa de medios uruguayos más completo y actualizado.
Parlamentarios del Frente Amplio se excusaron de hablar sobre el tema ya que “el proyecto todavía no está en estudio entre los legisladores”. El Poder Ejecutivo tampoco hizo comentarios ya que el borrador aún no se hizo público.
No obstante, el propio Mujica dejó entrever su posición las pocas veces que se refirió a la ley. “Parte de la prensa, y fundamentalmente con un sentido opositor, tiende a tratar de asociar lo que se piensa y lo que se hace en esta materia en Uruguay con el fenómeno de gran tensión que es la Ley de Medios que se discute en la Argentina. Hay como una tentativa de emparentar cosas que son francamente distintas”, se quejó el mandatario meses atrás.
Antes del 7D argentino, la senadora y primera dama Lucía Topolansky manifestó que “nosotros no tenemos un grupo tan poderoso como el Grupo Clarín, y por eso veo con buenos ojos la Ley de Medios argentina”, aunque de inmediato aclaró que el objetivo del gobierno uruguayo es “ir a una ley lo menos conflictiva posible”.
En efecto, el mercado de medios en Uruguay se reparte entre tres grupos cuyos tamaños son incomparables con el de Clarín. “Aquí es otra escala –explicó Kaplún–. La mayor preocupación de los ‘grandes’ uruguayos (Canal 4, Canal 10 y Canal 12) es que se los proteja de holdings internacionales mucho más grandes. Esos tres grupos poseen los tres canales abiertos con mayor audiencia, tienen una red de televisión abierta hacia el interior del país y dominan el negocio del cable, que es lo que deja la mayor tajada”.
Los grupos que controlan Canal 4, Canal 10 y Canal 12 son socios en Equital, una empresa que vende paquetes de cable a Montevideo y al interior y de ese modo controla contenidos y recaudación en todo el país. La adecuación o no de Equital dependerá de la interpretación que se haga en la aplicación de la ley del concepto de “grupo económico”, que aparece en el proyecto pero de forma genérica y no claramente definida.
Se espera que Mujica presente en febrero el borrador al Consejo de Ministros, paso previo a la discusión en el Parlamento. La intención del oficialismo es que el proyecto comience a tratarse en el próximo período de sesiones ordinarias.
Para que la ley no naufrague, su aprobación debería concretarse el próximo año, ya que 2014 será año de elecciones presidenciales en Uruguay.
Otras Señales
