la norma que el Ejecutivo desea que sea la reemplazante del decreto ley 22.285, más conocido como ley de radiodifusión. Bajo la coordinación local de la Universidad Nacional de Cuyo, se concretó un foro abierto en el Teatro Universidad presentado por una mesa académica integrada por el gobernador Celso Jaque; el interventor del Comfer, Gabriel Mariotto; el rector de la UNCuyo, Arturo Somoza y la senadora nacional Marita Perceval. La reunión comenzó con tropiezos, pues los trabajadores de LV8 Radio Libertador expusieron en la puerta del teatro su bronca por los manejos administrativos de la emisora. Reclamaron por sus salarios atrasados, en una clara muestra que desde el Estado, y a pesar de las buenas intenciones, también se pueden generar despropósitos que atenten contra la comunicación pública. Con este ya se han concretado 10 foros en distintos lugares del país y relevado más de 500 testimonios que pueden enriquecer el anteproyecto antes de su tratamiento y sanción en el Congreso de la Nación. Todos los anfitriones hablaron de la necesaria actualización de la norma que rige los destinos de los argentinos en esta materia, haciendo hincapié en la discusión abierta, en la reafirmación de “la identidad y la inclusión ciudadana”, como consideró Perceval. La senadora hizo alusión concreta a que esta nueva ley generará “conflicto de intereses” y que para ello, además del “diálogo y el debate” es necesario el “sinceramiento” de todos los involucrados, al reafirmar la necesidad de un Estado que “regule, oriente e intervenga”. Además, estuvieron presentes representantes de asociaciones de consumidores, de organizaciones sociales, de derechos humanos, y de radios FM comunitarias, que tuvieron la oportunidad de exponer su propuesta u opinión durante siete minutos. Al respecto, la senadora Perceval, dijo que "en este país se pudo juzgar a los genocidas, se pudo anular las leyes de obediencia de vida y punto final, se pudo cambiar la constitución pero durante 25 años no se pudo cambiar la ley de medios de la dictadura". Es que el kirchnerismo parece haber necesitado un poco más de un lustro para darse cuenta que esta es una ley fundamental, necesaria y que además involucra poderosos intereses. Justamente, y tanto como virtud, pero también como defecto, tomó la decisión de avanzar sobre una ley tan particular en su peor momento político. Aún así, deja de lado –por ello se llama de “servicios de comunicación audiovisual”, a la prensa gráfica y a la difusión por vía pública-. ¿Y sobre Internet? Sobre el particular en el proyecto hay una idea fuerza que habla de las nuevas tecnologías como “una herramienta esencial para garantizar la pluralidad y diversidad de 
voces; se promoverá la universalización de su acceso para achicar la brecha digital”. Pero más allá de ello, se sabe que establecer regulación alguna a internet, en cuanto a porcentajes o cuotas es propiamente imposible. O lo que es peor y ya constituye una preocupación de los internautas argentinos: ¿por qué establecer una “tarifa social” (tal como se propone para los usuarios de la televisión por cable) y no para banda ancha? Obviamente, ello no obsta ni minimiza la decisión política de generar un instrumento superador de la actual norma que es de 1980. Más allá del anacronismo de esta ley y de su clara pertenencia al esquema ideológico de la dictadura, es tal su retrógrada concepción que cualquier intento será superador de la actual. Y ello, podrá leerse como un claro avance sobre la casi anómica situación del presente. En ese sentido, es válido además mencionar que esta propuesta toma como base la histórica demanda de entidades profesionales, sindicales y universitarias contenidas en la declaración de los 21 puntos de la Coalición para una radiodifusión democrática. Se trata de un reconocimiento por parte del gobierno de la tarea de especialistas e intelectuales que han pensado la relación entre comunicación y sociedad, sin más interés que el que comprende a todos, ese decir, el interés público. Esta iniciativa, que según Mariotto realizó su décimo foro en Mendoza y que ya lleva recopilados más de 500 testimonios, apunta a elevar el estándar de nuestra democracia en la que hay “libertad de expresión pero no pluralidad”, según definió. Entre sus principales puntos, incluye la participación en un 33% del espectro de radio y televisión a “personas jurídicas sin fines de lucro tales como, asociaciones, fundaciones, mutuales, etcétera”, en una clara señal antimonopólica. Aquí se apunta a limitar a 10 las licencias de servicios abiertos, ya sea de radio y televisión y se restringe la propiedad conjunta de licencias de tevé y empresas productoras de contenido. Asimismo, se pretende exigir el 70% de “producción nacional en las radios y el 60% en la tv”. También se ha previsto la participación y el control parlamentario en la evaluación y control de los medios públicos, el establecimiento de una cuota de pantalla para el cine nacional, “la parti
cipación institucional de las provincias como la protección a contenidos locales y regionales”. Se desea la regularización de los medios comunitarios, y en tono popular, indica la norma, se pretende que “los partidos de fútbol relevantes podrán verse por tv abierta”, entre otros aspectos. Entre las participaciones del público, quienes contaban con sólo 7 minutos para su exposición, llamó la atención la moción del diputado provincial del ARI, Néstor Piedrafita, quien luego de aclarar su apoyo general al proyecto, mencionó que la ley debería incluir precisiones sobre el otorgamiento de la publicidad oficial. En su alocución, mencionó el reciente fallo que condenó al Gobierno nacional por el caso Perfil, y dijo que en Mendoza “hay medios privados que son discriminados” por esta situación. El legislador, preguntó “¿cómo se asigna la publicidad oficial?”, “¿cuáles son los criterios?”, para finalizar denunciando que en Mendoza, “no se informa, como está previsto por ley, cómo se gasta ni de qué manera en publicidad oficial”. Su intervención motivó una respuesta fuera de programa por parte de los funcionarios del Comfer, quienes respondieron que este tema –central en cualquier política pública de comunicación- debería ser incluido en otra ley, no en ésta. Una elegante manera de decirle que no viniera con esos temas secundarios en esta ocasión tan relevante. Más allá de algunas intervenciones panfletarias, otras tantas procurando atender su interés específico como espectador, radiodifusor o profesional de los medios, y algunas pocas que con racionalidad y sentido común hicieron un breve aporte o acercaron alguna sensata opinión, el encuentro se convirtió en una necesaria movilización del avispero comunicacional local. Lejos de rigores académicos o de marcos técnicos, la ley apunta como un profundo remozamiento de las condiciones y (como ya se ha dicho) de las expectativas de una política pública que garantice “el derecho humano universal al derecho de la información y la libertad de expresión”. Habrá que ver ahora cuál es el destino final de una iniciativa que por los rigores de la coyuntura y el imperio de la política cotidiana, atraviesa su debate en un escenario electoral, y que probablemente será votado en el Parlamento casi sobre el filo del 28 de junio, siempre que consiga las suficientes voluntades para su tratamiento. De lo contrario, el resultado de las elecciones puede ser de vital trascendencia para una ley necesaria y también debatida con apresuramiento. Tal esfuerzo, no merecería el confinamiento en un cajón como ha sucedido con casi 70 proyectos anteriores. Una ley que parece establecer taxativamente cuáles son cada uno de los límites de los medios privados, pero que poco abunda (aunque mucho declame en pos de la pluralidad) sobre los límites y la credibilidad de los medios públicos, a menudo usados como botín electoral, o como voceros del gobierno de turno, merecería tal vez más reflexión y detenimiento. 
Tal vez y justamente porque esta ley considera a la comunicación como un “servicio” y no una mercancía, habrá que lamentar que su tratamiento se superpusiera con la lógica electoral; pero también que necesariamente se la asimile a la fábrica de legislación express que hoy conforman el Ejecutivo y los bloques mayoritarios de Diputados y Senadores. Especialmente, si la ley pretende evitar los condicionamientos de las corporaciones mediáticas que en el pasado han impedido discutir un nuevo modelo y que se presenta como un “proyecto de ley de la democracia”. En ese sentido, y pese a lo desgastado de la palabrita, el “consenso”, no se adquiere en una gira federal, sino en el involucramiento profundo de las diversas realidades y necesidades que una ley trascendental pretende subsanar. Allí debería estar también su fortaleza y no solamente, en el mero cambio de paradigma. El Grupo Uno vs. la Universidad El rector de la Universidad Nacional de Cuyo, Arturo Somoza, también se refirió al conflicto que la Casa de Altos Estudios mantiene con el Grupo UNO Medios por los terrenos pertenecientes a la UNCuyo, actualmente en disputa en la Corte de la Nación. “Tenemos el ataque de un grupo sobre el dominio público. Sufrimos de algunos medios, cuando no la ausencia, el desprecio o el ataque”, expresó Arturo Somoza. El rector también hizo referencia a la función de la Universidad como formadora de recursos humanos vinculados a la temática de la propuesta de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Fuente: Mdz OnLine, Los Andes
