Una vez más, en forma inconsulta para con la opinión de todas las organizaciones que nuclean a los periodistas y trabajadores de prensa de todo el país, e incluso en grave violación a tratados internacionales celebrados por la Argen
tina, se observa el surgimiento de iniciativas legislativas que buscan amordazar a la prensa y domesticarla frente al poder político de turno.Tal es el caso del proyecto de Ley de Colegiación Obligatoria de Periodistas ingresado en los últimos días a la Legislatura salteña. Su análisis revela graves contradicciones con los preceptos constitucionales, con las normas de la Convención Americana de Derechos Humanos y entraña un atentado al principio de libertad de expresión, base del funcionamiento democrático.
La Comisión Nacional de Libertad de Expresión de la FeTraCCom-CTA expresa su sorpresa y repudio por esta iniciativa presentada por la diputada provincial Mónica Petrocelli, proyecto que de convertirse en Ley lograría que el acceso a los medios sea un privilegio exclusivo de una élite periodística, y no un derecho de todos. La información es un bien social y derecho humano accesible a todos y no puede ser reducida a una mercancía o bien transable producido por un grupo especial de personas autorizadas por el Estado a hacerlo.
Sabemos de las demandas ciudadanas de ética y responsabilidad en el ejercicio de la profesión periodística; conocemos que en nuestra actividad cotidiana no sólo nos corresponden el ejercicio de derechos, sino que también nos atañen deberes para con la comunidad. La capacitación es necesaria para cumplir con nuestra responsabilidad social, pero nunca puede dejar afuera al resto de la sociedad en los alcances del artículo 13 y 14º de la Convención Americana de Derechos Humanos que habla de los derechos del informador y del informado. La atención a estas necesidades de profesionalización y mejoramiento de nuestra tarea jamás pasará por la intervención estatal regulatoria, que sólo puede provocar un empeoramiento de las condiciones de ejercicio de la democracia en nuestras sociedades.
Así lo ha entendido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En noviembre de 1985, el Tribunal cuyos fallos son ley para nuestro país emitió una opinión consultiva (la Nº 5/85, en el asunto referido a la Colegiación de Periodistas en Costa Rica), que introdujo la cuestión social al reafirmar que la libertad de expresión necesita que el opinante no sea "menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento", pero implica también "un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno". Y así lo sostienen innumerables foros jurídicos, sociales, profesionales y sindicales del mundo, así como de nuestro país. Confiamos entonces en un pronto retiro de la propuesta legislativa, que entendemos no ha contado con un asesoramiento técnico solvente para su redacción.
Sin embargo, sabemos que detrás de estas iniciativas subyacen sordos intentos del poder político, que seguirán presentes más allá del retiro o no del expediente en cuestión. Están presentes en especial en las provincias del interior del país. Buscan amordazar a la prensa y a los trabajadores que en esta actividad nos desempeñamos. Domesticarnos para construir una democracia a su medida, y no a la medida que la sociedad está decidida a avanzar.
Exigimos entonces el rápido retiro del proyecto de ley, o su más inmediato repudio legislativo. Asimismo, instamos a los actores políticos y legislativos de todo el país a buscar nuevas formas de colaborar con la difusión pública de las tareas de gobierno y con un mejor desarrollo de la opinión pública en democracia.
