Aunque el principal cliente de la ex Donnelley, Editorial Atlántida,sigue imprimiendo la mayor parte de sus revistas en la planta de Pacheco, los pagos por los últimos trabajos fueron retenidos por el síndico. El juez Santicchia, por su parte, se niega a liberar fondos de la cuenta corriente para los salarios (los trabajadores no han cobrado siquiera los días de agosto anteriores al cierre).
El ahogo económico es parte de la "extorsión" dirigida a imponer una "salida cooperativa" según los moldes que han seguido otras empresas: transfiriendo a los trabajadores el muerto de la quiebra.
Si bien la parte del personal que defiende la continuidad (la mitad aproximadamente repudió la ocupación y se retiró) se pronunció por la estatización, la urgencia de contar con alguna plataforma legal que permita facturar terminó imponiendo -como medida transitoria, aclaran- la formación de una cooperativa.
En estos días se informó que, después de algunas dilaciones, el INAES dio curso a la inscripción de MadyGraf (el nombre es un homenaje a la hija de Eduardo Ayala, dirigente de la fábrica), aunque faltarían ciertos"trámites administrativos".
Como se sabe "el diablo está en los detalles", así que habrá que seguir atentamente esos trámites que faltan; sin olvidar que la Justicia,el INAES y el organismo son engranajes de un único mecanismo (Orbaiceta, director del INAES, es un estrecho aliado de la Federación Gráfica) que actúa todo el tiempo para canalizar el conflicto en los marcos estrechos de la reformada ley de quiebras y minar la autonomía delos trabajadores.
Días atrás, el juez anunció que enviaría técnicos para ingresar a la red interna y tomar datos que necesita (aunque dispone de varias fuentes de consulta: ANSES, AFIP, los bancos o el sindicato), mientras el síndico intentó-sin éxito- ingresar a la planta acompañado de un ex jerárquico de la patronal.
A fines de este mes, la Cámara de Diputados de la provincia podría dar tratamiento al proyecto de ley de expropiación presentado por el Frente de Izquierda. Según Cristián Castillo, del PTS, el FpV apoyaría el proyecto, pero rechazando cualquier variante de estatización. O sea que la expropiación sólo podría avanzar en función de la transformación de la empresa en cooperativa.
Es necesario un plenario de delegados para discutir un plan de lucha de todo el gremio. La comisión de seguimiento que propusimos sería un polo de oposición a las maniobras estatales-burocráticas y un factor de movilización por la expropiación bajo control obrero, así como también para que sea el Estado el que asegure la continuidad de la producción y el respeto a todas las condiciones laborales y salariales.
Expropiación bajo control obrero.
Miguel Bravetti - Sebastian Rodriguez
