La demanda “se sustenta en las graves irregularidades acaecidas en las referidas reuniones societarias, donde se vulneraron los derechos de la minoría representada por la ANSES-Estado Nacional que detenta la titularidad del 9% del capital accionario de la citada sociedad”, indicaron los demandantes a través de un comunicado oficial.
En el mismo texto recordaron que “la ANSES administra los fondos de los trabajadores activos” por lo que se remarcó que los perjudicados por el accionar del grupo empresario “son los millones de jubilados y pensionados argentinos, por cuyo interés debe velar el Gobierno Nacional”.
La presentación judicial fue realizada por el abogado Jorge Sebastián Casero y recayó en al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 25, a cargo de Horacio Robledo.
Al presentar las presuntas irregularidades cometidas durante la Asamblea de Accionistas, el comunicado oficial indicó que “al Estado Nacional no se le permitió participar en la propuesta de los puntos que fueron tratados en la Asamblea”.
También se remarcó que “(Héctor) Magnetto, quien debió presidir la asamblea, tal como así se lo imponían el Estatuto Social y la ley, no asistió y no justificó la ausencia, atribuyéndose inconsultamente el señor (José) Aranda dicho cargo, el cual desempeñó de facto en la asamblea, sin haber sido elegido previamente por los asistentes al acto”.
Sobre la participación de Aranda se señaló que exhibió “una actitud de abierta hostilidad, profiriendo permanentes agravios hacia los representantes del Estado Nacional y efectuando falsas declaraciones en su ya inconsistente relato”.
También se remarcó que “el Estado Nacional mantuvo una férrea oposición al advertir arteras maniobras en las votaciones realizadas. Es así, por cuanto votaron personas que no se encontraban debidamente acreditadas en el Libro de Asistencia, con la anuencia de los accionistas privados y de la Comisión Fiscalizadora”.
“Este fue el caso de JP Morgan Chase Bank, Así funciona siempre la mayoría automática”, destacaron.
Sobre la impugnación de la reunión de directorio llevada a cabo el día 26 de abril se denunció que estuvo “viciada la distribución de los cargos efectuadas en el Órgano de Administración y en el Comité de Auditoría, pretendiéndose ignorar las anomalías ocurridas en la Asamblea del 25 de abril”.
También se observó “el tumultuoso acceso al recinto asambleario, estuvo signado por hechos de violencia, provocados tanto por los accionistas privados como el personal de seguridad afectado por esa empresa para vigilar a los representantes del Estado Nacional.
Hacia el final del comunicado, los denunciantes concluyeron que “el Poder Ejecutivo Nacional, a través de sus representantes tiene la sólida convicción que este es el momento oportuno de detener el daño que provocan unos pocos a todos los ciudadanos que se encuentran indefensos ante tamaña demostración de poder”.
Y remarcaron: “Constituye esta acción judicial, un eslabón más del camino ya iniciado por el Gobierno Nacional para desenmascarar las actividades corruptas de las Corporaciones, en el marco de los postulados de Memoria, Verdad y Justicia”.
Fuente: TelAm
