El máximo tribunal debe resolver sobre la denominada "cláusula de desinversión", el artículo Nº 161, que prevé la ley de medios
Horas antes de la manifestación frente a Tribunales, convocada por la Coalición para una Radiodifusión Democrática, los allegados al máximo tribunal restaron trascendencia a su contenido y descartaron que tenga incidencia en lo que decidirán, en fecha aún por determinar, los ministros del alto tribunal.
Las recientes críticas a la Justicia pronunciadas por la presidenta Cristina Fernández y su esposo y antecesor, Néstor Kirchner, y la manifestación frente a Tribunales en reclamo de la puesta en marcha definitiva de la Ley de Medios tendrá "cero influencia" en el fallo que la Corte Suprema debe adoptar sobre la denominada "cláusula de desinversión" que prevé esa norma.
Así lo dejaron trascender voceros del máximo tribunal, que además descalificaron nuevamente el proyecto de presupuesto presentado por el Ejecutivo al Congreso, que recorta fuertemente las partidas para la Corte.
Horas antes de la manifestación frente a Tribunales, convocada por la Coalición para una Radiodifusión Democrática, los allegados al máximo tribunal restaron trascendencia a su contenido y descartaron que tenga incidencia en lo que decidirán, en fecha aún por determinar, los ministros del alto tribunal.
Además, rechazaron que se trate de una discusión "monopolio versus Gobierno", porque "en la Corte no hay ningún expediente en el que se discuta una situación monopólica", señalaron las fuentes.
"Cuando la Corte falló dejando sin efecto una cautelar que frenaba la ley de medios era oficialista. Ahora es opositora porque algún diario dijo que va a fallar manteniendo la medida cautelar que frena la cláusula de desinversión en un expediente del grupo Clarín. Cada uno puede opinar lo que quiera, pero lo cierto es que la Corte no está ni de un lado ni del otro; es independiente", señalaron las fuentes.
El tribunal intentará en los próximos días una serie de contactos con la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Economía para explicar que el recorte que está previsto en el presupuesto, en lo que atañe específicamente a la Corte, generaría un parate en obras de significación como la informatización del Poder Judicial, la creación del archivo general y la puesta en marcha de la Oficina de la Mujer.
Si bien el recorte global del Poder Judicial está en niveles similares a años anteriores, los voceros se quejaron de que la Corte, específicamente, presupuestó 1.273 millones y en el proyecto de ley madre sólo tiene asignados 918.
"Ese recorte de más de 300 millones no responde a ninguna pauta objetiva. Son recursos propios; la Corte se autofinancia, pero el Poder Ejecutivo no la autoriza a gastar ese dinero si no es con una autorización especial de Jefatura de Gabinete. Este año llevamos diez pedidos de ese tipo desde enero y todavía no hubo respuesta", resumieron los voceros.
Fuente: Noticias Argentinas
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